Jun 22, 2016 | inicio
Al igual que muchos otros sectores de la economía social, cooperativas de trabajo agrupadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Federación Argentina de Cooperativas y Trabajadores Autogestionados (FACTA) y la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), entre otras, reclaman desde hace varias semanas a los Ministerios de Energía y Minería y de Trabajo por los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas. Según los cooperativistas, estas medidas del gobierno nacional ponen en riesgo sus fuentes de trabajo.
“Nosotros no vamos a bajar la persiana, no le vamos a dar el gusto a nadie”, sostuvo con seguridad Julio César Fuque, presidente de la cooperativa textil Kbrones, que pagaba $800 de energía eléctrica y ahora la factura ronda entre $3.500 y $4000. Kbrones fue creada en 2009 en la Unidad Penal 12 de La Plata con el fin de permitir la reinserción laboral de ex convictos, a los que luego se sumaron personas liberadas de talleres clandestinos. Situada en el barrio porteño de Barracas, hoy la cooperativa produce ropa de trabajo y está compuesta por 24 asociados. Sin embargo, entre los aumentos de tarifas e insumos y la apertura de las importaciones los ingresos han disminuido y algunos integrantes decidieron buscar otras alternativas laborales. “Nosotros los entendemos. Estaban acostumbrados a llevarse un retiro muy bueno y ahora que bajó el trabajo tiene que ser equitativo y llevarnos una monedita cada uno a casa para poder pagar la olla. Hay otros compañeros que no están acostumbrados a eso”, se lamentó Fuque.
En el caso del Hotel Bauen, la factura de luz pasó de los 24 mil a los 100 mil pesos mensuales, mientras que la de agua era de 65 mil pesos bimestrales y ahora es de 218 mil. La factura de gas todavía no llegó. Federico Tonarelli, presidente de FACTA, dice que desde el Bauen se hicieron gestiones con los directivos de AySA y, de las dos boletas que tienen, van a pagar en cuotas sólo una, a la espera de que salga alguna resolución que revoque los aumentos. Tonarelli asegura que es imposible trasladar este aumento a los precios del servicio del hotel y que los ajustes que han hecho no afectan estructuralmente su situación. Una de las medidas que han tomado fue cerrar el espacio del segundo piso donde servían el desayuno a los huéspedes y atenderlos en el bar abierto al público que da a la avenida Callao.
Las cooperativas presentaron recursos de amparo. Sin embargo, Araceli Ferreyra, diputada nacional del Frente Para la Victoria (FPV-PJ), advierte que la presentación fragmentada de recursos es “jugar con fuego”. “Si el juez no ordena a la empresa prestataria que haga una nueva facturación, vos tenés la factura y si no pagás te cortan el servicio”, advirtió Ferreyra. Respecto a la gravedad de los aumentos, la diputada señaló: “Por primera vez, un tarifazo pone en crisis la situación de la economía. (…) Es la primera vez que los empresarios no pueden trasladar un aumento a los precios por la magnitud”. Ferreyra presentó un proyecto de ley que propone la derogación del esquema tarifario sancionado por el macrismo y que el Congreso establezca nuevos criterios para un aumento del costo de servicios.
Plácido Peñarrieta es impresor y hace 14 años trabaja en la cooperativa Artes Gráficas Chilavert, empresa recuperada y autogestionada desde 2002, ubicada en Pompeya. Peñarrieta aseguró que no se puede trasladar el aumento de tarifas y de insumos al producto:“Quedamos afuera del mercado”. En la cooperativa la factura de luz era de $3.000 y aumentó a $15.000. Con el fin de achicar gastos, tomaron diversas medidas: “Ya no prendemos la luz del galpón, literalmente estamos a media luz. Tampoco damos aumentos desde enero y tuvimos que achicar gastos de terceros, como remises y fletes. Intentamos hacerlo todo nosotros, en la medida de lo posible”. También han perdido clientes. “Esto nos achica la esperanza”, dijo Peñarrieta afligido.
Restaurant La Casona, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Archivo ANCCOM
Para Tonarelli, es fundamental no hablar de “tarifas sociales” porque algunas cooperativas como Bauen, Cerámicas FaSinPat (ex Zanón) o la Gráfica Patricios son empresas muy grandes y quedarían por fuera de ese criterio. “Lo que hay que hacer es decir que va a haber una tarifa diferencial para la industria, que muchísimas veces tiene a cooperativas de trabajo como parte del conjunto. Algunas empresas, como Zanón, son muy grandes y superan la categoría de PyMES por la cantidad de trabajadores y niveles de facturación. Entonces es imposible pensar en una tarifa social para una empresa que gasta lo que gasta Zanón en gas, por ejemplo”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es retrotraer todo y buscar porcentajes de aumento que sean racionales y que las empresas estén en condiciones de afrontar”.
A nivel nacional se han presentado dos proyectos que pretenden resolver específicamente el problema de la suba de tarifas para las cooperativas. Por un lado, el de Myriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), propone que las cooperativas de trabajadores de fábricas o empresas recuperadas no paguen los servicios públicos por un plazo de dos años. Por su parte, Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados del FPV-PJ, presentó otro proyecto en el que se propone establecer “tarifas diferenciales” para las cooperativas y empresas recuperadas.
Actualización 21/06/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Ajustes en los presupuestos de programas sociales y cooperativos, aumento en la demanda de alimentos de los grupos vulnerables y pocas respuestas oficiales. Las organizaciones que nuclean a los sectores más golpeados por los tarifazos y las restricciones en inversión social coinciden en esos tres grandes ejes de diagnóstico para describir los primeros seis meses del gobierno de Cambiemos.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista Combativa (CCC), el Frente Popular Darío Santillán y las organizaciones Tupac Amaru y Barrios de Pie dialogaron con ANCCOM para repasar las demandas de sus bases -en muchos casos protagonistas de protestas callejeras, cortes de calle y ollas populares en las últimas semanas- y caracterizar el vínculo propuesto por la administración de Mauricio Macri.
Dina Sánchez es dirigente del Movimiento Darío Santillán que, junto a otras siete organizaciones, integra el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). El espacio aglutina a cerca de mil trabajadores de cooperativas. Ella viaja todos los días desde Glew, provincia de Buenos Aires, a Capital para trabajar, junto a 250 cooperativistas, en limpieza e higiene urbana. “Nosotros siempre firmábamos los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad a principios de año, a esta altura ya habíamos renovado y teníamos definidos los aumentos y la cantidad de puestos de trabajo. Ahora tardaron hasta para negociar, igualmente no dejamos de trabajar porque si no se les hace más fácil echarnos diciendo: `Estos no quieren trabajar´. Seguíamos con el mismo sueldo desde junio del año pasado hasta ahora, que nos impusieron un aumento del 23%. Igual, de más puestos de trabajo, ni hablar”, grafica.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
El coordinador de Barrrios de Pie, Daniel Menéndez, advierte sobre un escenario negativo para los sectores más vulnerables. «Todo el arco social, político, y religioso coincide en que estamos en una situación marcada por el deterioro. Este escenario se agudiza por la inflación y la generación de nuevos pobres que según las mediciones del Observatorio Social de la UCA ya rondan el millón y medio de personas”, subraya.
Para Menéndez, ese nuevo estado de cosas se muestra sin disimulos en el aumento de la demanda por alimentos en los comedores, una pintura que también coinciden en realizar los intendentes del conurbano bonaerense. “Es algo distintos a los últimos años, la situación empeoró y ahora están haciendo estallar los comedores a los que se acercan un montón de chicos por un plato de comida. Incluso Margarita Barrientos reconoció que aumentó un 50% la asistencia a los comedores, y por eso también se abren nuevos. A la vez, hay preocupación por el aumento del 20% del salario, porque siguen estando atrasados, y los programas de empleo terminan siendo un complemento de las changas de los trabajadores en negro, como por ejemplo en la construcción o el de las mujeres que hacen trabajo doméstico”, explica.
Julia Rosales es dirigente de la CCC Zona Norte (Capital), la organización que nació junto al movimiento de trabajadores desocupados en el año 2001 “cuando se vino el mundo abajo y quedó un montón de gente afuera del sistema”.
En la actualidad, la CCC de esa zona impulsa cooperativas de trabajo que se ocupan principalmente de la higiene y limpieza urbana, a la vez que promueven comedores sociales que reciben en su mayoría a los vecinos del Barrio Mitre. “Antes venían 40 familias, ahora vienen 100, y cuando hay hambre también se nota porque la gente se pelea más por las porciones. Hay menos trabajo y mucha inflación. Si antes las capas medias tenían alguna trabajadora doméstica ahora, frente al aumento de tarifas, ya no la contratan y esa mujer queda sin trabajo y viene al comedor”, dice Julia.
Archivo ANCCOM. 18 de enero de 2016.
La organización cuenta con 150 personas en cooperativas de trabajo. “Son principalmente mujeres para las que es muy difícil volver al sistema cuando ya se cayeron, porque son grandes, con hijos, sin dientes”, retrata.
Y puntualiza. “Tenemos que ponernos firmes sobre la base de que somos útiles. Acá trabajamos en cuatro cuadrillas, algunas en el Parque Sarmiento, y también tenemos otras cuatro en centros de primera infancia. Esto es en nuestra zona, pero en el resto de la Ciudad hay más. Esa es la mitad de la gente que viene a nuestros comedores, pero la mayoría no tiene trabajo”.
Una de las organizaciones más afectadas por el cambio de gobierno fue la Túpac Amaru, cuya líder, Milagro Sala, aún permanece detenida en Jujuy. El coordinador nacional del espacio, Alejandro «Coco» Garfagnini, describe la nueva realidad. “Muchos compañeros pasaron de ser cooperativistas a desocupados. Ahora el desafío nuestro es empezar a organizarlos. En los diez años de avance que tuvimos como organización popular logramos agrupar, a partir del trabajo, a un montón de compañeros, no sólo desde las cooperativas de obra pública sino también de fábricas y emprendimientos. Pero hoy la gran mayoría, sobre todo los de obra pública, están desocupados porque el programa se cerró”, dice Garfagnini en referencia a uno de los principales planes de construcción de vivienda, el Programa de Integración Socio Comunitario (ex Emergencia Habitacional), creado en el año 2003 por el Ministerio de Planificación Federal y con el que se construyeron cerca de 56 mil viviendas, según indicó el dirigente. “Era un programa que generaba casi 70 mil puestos de trabajo en todo el país y se terminó porque el gobierno nacional querrá hacer negocios con empresas y no con las cooperativas. En la misma situación están los compañeros de la CNCT que también tenían cooperativas de obra pública. Todos los que integrábamos el programa llegamos a ejecutar en 2015 el 15% del presupuesto de viviendas nacionales”, remata.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Las cooperativas de trabajo comenzaron a multiplicarse en Argentina a partir de la crisis del 2001. Desde entonces, el sector “ha inventando trabajos para poder vivir”, dice Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) que agrupa a sectores como cartoneros, empresas recuperadas, cooperativas populares, campesinos, vendedores ambulantes, constructores, y pequeñas unidades productivas, entre otros. El derecho de agremiación es una de sus principales demandas: “Sabemos que el desarrollo del capitalismo hace que se concentre la economía y que los trabajadores ya no se vuelven a incorporar a ese lugar una vez que quedan afuera, pero nos cuesta que las centrales sindicales nos tengan en cuenta. Vamos siempre a acompañar al sector formal pero es hora de que como trabajadores de la economía popular tengamos personería gremial para contar con obra social y aportes”.
Diálogo con el gobierno
Junto con las crecientes demandas sociales, las organizaciones enfrentan también el desafío de interactuar y reclamar ante un nuevo gobierno. “Hay diálogo pero para discutir giladas. Nos hablan de la herencia, y sólo hay excusas, no canales que permitan resolver los problemas. Nosotros reclamamos por alimentos y por programas de empleo porque están desactualizados, más en este contexto de emergencia social por el ajuste brutal que estamos viviendo. Creemos que tiene que haber un aumento del 50% de los ingresos porque no es suficiente lo que nos pretenden imponer”, subraya Menéndez, desde Barrios de Pie.
Julia Rosales coincide con esa apariencia conciliadora de Cambiemos porque “diálogo con el gobierno hay, pero con pocas respuestas”. Y sentencia: “Son dialogadores pero después migajas. Somos como tercerizadas para el gobierno y no les conviene que nosotros le cobremos barato porque frente a las auditorías después tienen que justificar por qué las cooperativas del PRO –que funcionan en las Comunas como pequeñas empresas- les cobren mucho más”.
En el Frente Popular Darío Santillán marcan como un hito del nuevo vínculo la toma del edificio de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que se realizó el 11 de mayo pasado junto a otras organizaciones. “Nos recibieron el vicejefe de Gabinete Juan Pablo Graña y el Jefe de Gabinete Social, Juan Ignacio Maquieyra, quienes se comprometieron a conservar los 250 puestos de trabajo, pero no a aumentarlos y nos dijeron que nos iban a dar un incremento de nuestros ingresos cercano a nuestro reclamo. Una semana después fuimos al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, donde nos dijeron que desconocían aquel acuerdo, como si nosotros estuviésemos locos. Mirá si vamos a levantar un acampe, a las tres de la mañana, porque se nos da la ganas”, puntualiza Dina Sánchez.
La CTEP da cuenta de los acuerdos firmados. «Nosotros logramos unas 16 unidades ejecutoras, donde el gobierno va a hacer que podamos coordinar el dinero que es para obras. En un principio era una cantidad de plata pero ahora es bastante menos. También hicimos un acuerdo por el tema de viviendas, otro por problemas alimentarios, también trabajo autogestionado, y para fábricas recuperadas”, explican desde la organización.
El diálogo, sin embargo, tiene doble vara. “Nosotros no tenemos ninguna instancia de diálogo con este gobierno”, explican los referentes de la Tupac Amaru. Con presencia en Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy, el único distrito que mantiene un diálogo institucional es Chaco. “Con el macrismo no te podes confiar. Nosotros nos dimos cuenta cómo eran al poco tiempo que asumieron cuando hicimos los acampes, por las actitudes que tuvieron y después cuando detuvieron a Milagro y a otros seis compañeros”, subrayan.
Manifestación de Barrios de Pie en el Obelisco el 10 de junio.
Perspectivas
“Hay un parate económico que va a seguir porque el gobierno tiene la voluntad de provocar una recesión para que los precios bajen. Tenemos que llevar adelante medidas que busquen menguar esas políticas económicas, por eso nos seguimos reuniendo con distintos sectores, incluso religiosos, como las parroquias, para que podamos convocar a un diálogo, y también pensamos movilizar a los hipermercados y continuar con las ollas populares”, describe el referente de Barrios de Pie.
Desde la CTEP, el diagnóstico incluye una mirada política sobre la región. “Hay un contexto de retroceso regional. Acá la transferencia de recursos que hizo el gobierno a los sectores más concentrados, indica que más allá de pelear por el trabajo autogestionado y las tarifas, vamos a estar en una situación muy dura”.
Julia Rosales cuestiona las promesas futuras de Macri. “El gobierno les dio a las mineras, a los exportadores, y hablan de la herencia pero eso lo puede decir unos meses pero después ya es la forma en la que ellos decidieron resolver la crisis. Hay gente que tiene bronca, sobre todo la clase media que es la que lo votó. Y ahora ya no hablan de la recuperación del próximo semestre, ahora dicen que va a venir el año que viene”, advierte.
Desde el Movimiento Darío Santillán, Dina remarca las contradicciones del gobierno de Cambiemos en la Ciudad. “Si un día se juntan con nosotros y después lo niegan, ya no podemos confiar en nadie. Por eso decimos hay que estar más alertas. Notamos que con este gobierno, a nivel nacional, las cosas fueron muy duras y muy seguidas. La opinión del conjunto de los compañeros de las asambleas que se hacen en los barrios es que vamos a luchar, porque no nos alcanza. Cómo se puede vivir con 4500 pesos si hay que pagar boleto, alquiler, luz, comida. Es una locura”.
La CTEP visualiza la articulación política como la principal herramienta para hacer frente a la nueva realidad y demandas crecientes. «Cuando sufrís una derrota en el campo popular, cada uno va por sus demandas pero hay que hacer un trabajo político, además de lo reivindicativo, y definir qué tipo de país queremos. Para afrontar la crisis necesitamos organizar a todos los sectores y pedir por el salario complementario. Hay un montón de necesidades y por eso tenemos que luchar por una política que yo llamaría defensiva de los derechos conquistados. Lo cierto es que la crisis no nos agarra desprevenidos, no estamos en el 2001», resume Castro.
La perspectiva de las organizaciones para los próximos meses en ningún caso prescinde de las manifestaciones, las ollas populares, las intervenciones frente a hipermercados, entre otras tácticas y métodos de lucha. “A pesar de que hay personas que dicen que no existen espacios de unidad, que estamos fragmentados, yo puedo decir que no veo eso, creo que hay un alto nivel de articulación en el movimiento popular en general. El tema de Milagro tuvo una reacción impresionante, fue muy rápida, tuvimos la solidaridad de más de 40 organizaciones sociales, sindicales y del campo popular”, expresa el coordinador de la Tupac Amaru.
Archivo ANCCOM. Movilización por la liberación de Milagro Sala en el centro porteño el 18 de enero de 2016.
La CTEP analiza una próxima movilización que exprese a todos los sectores de la economía popular para romper con el discurso de los `plancitos`y pelear por un salario universal complementario.
Más allá de las diferencias, las organizaciones apuestan a reinvidicar su lucha alrededor de la única consigna del derecho al trabajo. “Nadie nos regaló nada, lo que logramos lo hicimos con la lucha. La primera conquista es tener un plan social para no morir de hambre pero no nos van a comprar con bolsas de alimentos, con planes, nosotros queremos trabajo”, resume la dirigente de la CCC.
Actualización 15/06/2016
Jun 8, 2016 | destacadas
El debate público por el impacto del ajuste presupuestario y los tarifazos en los servicios en las Universidades eclipsó en las últimas semanas una consecuencia inmediata del ajuste en las unidades académicas del Conurbano bonaerense: la lenta pero sostenida deserción de jóvenes estudiantes que ya no pueden afrontar los gastos de traslados básicos para continuar con sus estudios.
Referentes educativos y estudiantiles de las Universidades Nacionales de La Matanza (Unlam), de Lanús (UnLa) y de Avellaneda (Undav) consultados por ANCCOM describieron el nuevo escenario y plantearon los desafíos de la comunidad académica para intentar retener a sus estudiantes. Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.
“No nos alcanza la plata para cargar la sube”, afirmó Emiliano Grillo, estudiante de la carrera de Trabajo Social y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Lanús.
En el Conurbano, describió Grillo, la mayoría de los estudiantes “son hijos de laburantes, muchos son la primera generación de su familia que puede ir a la Universidad por lo que tienen recursos limitados”. Y subrayó: “Son laburantes, trabajan ocho horas y tienen que tomar dos o tres colectivos para ir a laburar. Y a eso se le suma el gasto del boleto para venir a la Universidad”.
Al fuerte aumento en el transporte, se le sumaron también las subas en materiales necesarios para poder estudiar como fotocopias y libros. “Muchos estudiantes se encontraron con una disyuntiva, en el análisis de ver qué hacen, si continúan o no estudiando, si cursan menos materias, si dan libres”, describió el referente estudiantil.
“Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar, por eso tuvimos una marcha en La Plata por el boleto educativo en la provincia de Buenos Aires. Frente a todo este tarifazo, principalmente en el transporte, lo mínimo que puede hacer el gobierno es pensar un poco en los estudiantes”, manifestó Grillo.
El boleto educativo en la provincia de Buenos Aires fue sancionado el año pasado por amplia mayoría parlamentaria y publicado en el Boletín Oficial bonaerense por Daniel Scioli al final de su mandato. La actual gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, debía reglamentarlo para su ejecución en febrero pasado, pero decidió ponerle un freno con el viejo argumento de la escasez de recursos presupuestarios.
Aunque las casas de altos estudios todavía no manejan estadísticas definitivas sobre el abandono, la caída de la matrícula ya está instalada como una tendencia que preocupa a las autoridades universitarias.
“Algunos alumnos ya empezaron a abandonar”, manifestó a ANCCOM Ana Moreno, docente de la UnLa y licenciada en Trabajo Social de esa casa de estudios. “Ya hay varios docentes que comenzamos a dar clases virtuales”, describió.
Ante esta situación, se sigue “promoviendo el sistema de becas que tiene la Universidad, un sistema de fondo solidario, que fue creado con la idea de acompañar a los estudiantes, para que puedan terminar sus estudios”.
La socióloga y docente Gabriela Mariño, referente de la junta promotora de la gremial docente ADUNA de la Undav, trazó un diagnóstico similar. “Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, puntualizó en diálogo con esta agencia.
Nicolás Lozza, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza y referente de la agrupación estudiantil La Demo, sostuvo que el aumento del boleto “afectó más a los estudiantes que los propios cierres de cursos y que el propio presupuesto que pueda recibir la Universidad”.
“Hablé con estudiantes que me dijeron que directamente no podían estudiar o que tenían que dejar materias porque no les alcanzaba para pagar el boleto, hay estudiantes que tienen que viajar una hora, tomarse uno, dos, hasta tres colectivos en muchos casos y no pueden afrontar el gasto, entonces, obligatoriamente tienen que dejar de cursar alguna materia”, remarcó ante la consulta de ANCCOM.
Durante los últimos años, la implementación de un conjunto de políticas inclusivas en Educación Superior como la creación de nuevas Universidades Nacionales o la ampliación del sistema de becas e incentivos económicos llevaron a un exponencial crecimiento de la matrícula universitaria.
En el último anuario publicado por la Secretaría de Políticas Universitaria, en el año 2013 las Universidades Nacionales de la región metropolitana poseían un total 540.485 alumnos, con una inscripción de 11.978 nuevos jóvenes y un total de 27.942 egresados.
En la UnLa, la cantidad de estudiantes registrados pasó de 5.971 inscriptos en el 2002 a 12.825 en el año 2013, un crecimiento del 7,9% anual, según el anuario. Un proceso similar se registró en la Universidad nacional de La Matanza, en donde la población universitaria pasó de 20.515 en el 2002 a 36.338 en el 2013, un incremento del 5,8 %.
En el mismo informe, se indica que las becas destinadas a la educación superior, pasaron de 2.452 otorgadas en el 2002 a 45.513 durante el 2013, de las cuales 16.669 corresponden a las dadas directamente por las universidades y 28.664 formaron parte de las Becas del Bicentenario, entregadas por el gobierno nacional.
Los ajustes y aumentos definidos por el gobierno de Cambiemos basados en el “sinceramiento” de la economía pusieron en jaque tanto el funcionamiento de las instituciones públicas como la posibilidad de ingresar, permanecer y finalizar los estudios superiores a sus estudiantes.
El recorte presupuestario fue negado tanto por voceros como por el propio ministro de Educación nacional Esteban Bullrich quien, en declaraciones recientes a la agencia estatal Télam, sostuvo que “no hubo recortes ni desvíos de fondos de las universidades”, al referirse al envió de recursos a las provincias por unos 800 millones de pesos, los cuales tenían como objetivo primario, la inversión en educación primaria, secundaria y superior.
“Estamos teniendo deserción de estudiantes que no están pudiendo llegar a la Universidad para pagar su boleto”, dijo Mariño.
A las dificultades presupuestarias como consecuencia de las subas en los costos de los servicios públicos se sumó también la decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias de “congelar” las obras destinadas a ampliación o mejoras. Nuevas aulas en el campus de la UnLa, una sede descentralizada de la misma Universidad en la localidad de González Catán y un polideportivo que fue devengado del presupuesto pero cuya construcción, por la suba de los costos en materiales, está detenida, sólo son algunos ejemplos del cuadro actual.
“Al ser universidades jóvenes se caracterizan por estar todo el tiempo en obra, se están construyendo”, enunció Grillo.Y agregó: “Se están haciendo aulas pero las obras están frenados, porque no está el presupuesto destinado. Al aumentar todos los precios, varió el presupuesto para esa obra”.
Además, explicó, se detuvieron “por una decisión de la Secretaría de Políticas Universitarias del actual gobierno, que quiere hacer una revisión y saber para qué están destinados esos fondos”.
En este mismo sentido, Mariño expresó que las universidades nacionales del conurbano “recién nacen y necesitan de un empujón un poco más fuerte por parte del Estado. Tenemos cinco obras en las distintas sedes de la Universidad que están paradas”, graficó.
Nacidas con el objetivo de establecer un vínculo profundo con los lugares en donde fueron creadas, las universidades del conurbano pasaron de pensar e implementar políticas educativas a imaginar cómo subsistir, a como pagar los servicios y mantener su funcionamiento.
La Unla (1989) y la Unlam (1995) forman parte de las seis universidades que fueron inauguradas en el período 1989 y 1995, durante los gobiernos de Carlos Menem y bajo el paradigma neoliberal, que se plasmó en la ley de Educación Superior de 1995.
La Undav (2009) forma parte de segundo momento de ampliación de las Universidades Nacionales, constituidas por el nuevo vínculo que se estableció entre el Estado y las universidades en las gestiones kirchneristas. A partir del 2009, se crearon también las Universidades de Moreno, del Oeste con cabecera en el partido de Merlo, la Universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela, y la Universidad Nacional de José C. Paz.
La generación de recursos propios es una tarea en construcción. “La mayoría de las universidades del conurbano no tiene un recurso propio, no es que tienen fotocopiadoras como la UBA, no es que manejan comedores, las universidades del conurbano no manejan nada, no manejan un solo peso”, sostuvo Grillo.
“Nuestra Universidad tiene apenas recién años de vida. No trabaja con recursos propios, durante estos años nos hemos preocupado por implementar políticas públicas que siguieron sosteniendo una matrícula universitaria, que en nuestro caso es un 80 % de primera generación de universitarios, no estábamos preocupados en generar recursos propios, de todos modos la Undav si tiene una cooperadora”, aseguró Mariño.
Actualización 08/06/2016
May 4, 2016 | inicio
A 26 kilómetros de Capital Federal por la autopista Buenos Aires-La Plata, luego de cruzar avenidas, calles, semáforos, curvas y contracurvas de Berazategui, al final de un camino de tierra -y por las lluvias ahora también de barro- se levanta el frigorífico Subproductos Ganaderos Argentinos (SUBPGA), una cooperativa que, como tantas otras Pequeñas y Medianas Empresas, en las últimas semanas acusó el impacto del tarifazo en los servicios -en especial el eléctrico- definido por el gobierno de Cambiemos. En la Ciudad de Buenos Aires, una marca local de zapatillas, bolsos y carteras de diseño acusa la misma crisis. “Fue un aumento muy de golpe para las PyMEs y para las casas de familia. La gente no está comprando y también nosotros tenemos que aumentar a los empleados para que cubran la suba en sus hogares”, afirma Itatí Montechiani, creadora de Puro junto a Gabriel Pozner.
Luis Maidana, presidente de SUBPGA, recibe a ANCCOM en su oficina. Afuera golpea el primer frío del año. Después de los saludos comparte un video que retrata la preocupación del sector por los drásticos aumentos. Se trata de un video filmado con su celular que lo muestra junto a Eduardo “Vasco” Murua, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y otras tres personas en una cornisa de un piso alto del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en una medida de protesta por la suba de tarifas.
¿Si fueran una emrpesa privada ya hubiesen despedido gente?
Sí, acá (la zona de Berazategui) todos hicieron lo mismo. No te queda otra que achicar. No podés achicar el costo en otro lado. No podés decir ´no compro este tornillo´. Nosotros no, nosotros seguimos los mismos. Aunque se nos bajó el nivel de faena.
La protesta del 20 de abril en el Ministerio que encabeza Juan José Aranguren se convirtió en saga. Los cooperativistas y pequeños empresarios amenazaron con el llamado a una “rebelión fiscal” en caso que el poder central no acepte revisar la decisión del tarifazo. El subsecretario de Coordinación Administrativa, Sebastián Scheimberg, debió firmar un documento que compromete a la cartera a la apertura de un registro para poder “evaluar caso por caso la incidencia de las tarifas eléctricas sobre los niveles de facturación”. Las cooperativas deberán presentar balances de facturación y facturas de luz que muestren los aumentos.
Historia, números y porcentajes
El Ministerio de Energía y Minería que encabeza el ex presidente de Shell Argentina declaró en diciembre pasado la emergencia energética y resolvió un aumento en las tarifas de luz y gas cuyos porcentajes y precios varían según los niveles de consumo y el tipo de usuario, si es industrial u hogareño. En el segundo caso subdividido, a su vez, en beneficiario o no de tarifa social.
Con siete nuevas categorías para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -muchos de los cuales perdieron subsidio estatal- las tarifas eléctricas sufrieron un aumento de hasta el 500 por ciento. En las últimas semanas, ese impacto comenzó a sentirse con fuerza en el sector PyMEs donde algunas facturas dibujaron un aumento del 600 por ciento. “Los aumentos cambiaron la estructura de costos. En algunas empresas la factura de energía eléctrica igualó o superó a la nómina salarial”, grafica Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME).
En diálogo con ANCCOM, Fernández no duda en utilizar la metáfora -gastada pero justa- del “cóctel peligroso”. Y enumera: “Los aumentos vienen con disminución de la producción, encarecimiento del crédito, disminución de venta, ingreso de artículos importados y con apriete de los organismos de recaudación que batieron récords de intimaciones y embargos en estos últimos dos meses”.
Aunque el aumento de gas aún no se reflejó de lleno en las facturas, las empresas pequeñas ya sacan cuentas negativas también en ese rubro. “Recién va a impactar a partir del 15 de mayo. Pero puede llegar a multiplicarse por diez, doce y, nos han dicho algunos especialistas, hasta quince veces”, advierte Fernández.
La búsqueda de la racionalización del consumo es uno de los argumentos con que se publicitan los aumentos tarifarios. Se incentiva con descuentos a aquellos consumidores que logren reducir el consumo respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, esta política que tiene sentido para el consumo hogareño es perjudicial para las PyMEs. “La nueva estructura de facturación contempla, irrisoriamente, que quien más consume en relación al año anterior o a períodos anteriores, paga más, tanto en gas como en energía eléctrica. Hay muchas de nuestras PyMEs que han invertido y establecido nuevas líneas de producción y eso deriva en un aumento lógico del consumo energético”, concluye Fernandez.
Datos de CAME
A principios de abril, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que “las PyMEs reciben las nuevas boletas de luz con subas promedio de 152 por ciento. Sin embargo, la organización sentenció: “La variabilidad es muy alta y hay casos, especialmente en la industria, donde el alza supera el 600 por ciento”.
Los datos derivan del “Monitoreo de impacto tarifario” realizado por CAME en base a 240 PyMEs de diferentes provincias y de la Ciudad de Buenos Aires al que tuvo acceso ANCCOM. De estas empresas, casi tres de cada diez tuvieron incrementos superiores al 200 por ciento, las otras siete, subas mayores al 100 por ciento.
Vicente Lourenzo, secretario de Prensa de CAME y vicepresidente de la Federación de Comercio de Buenos Aires (FeCoBA), advirte que el impacto de la suba de tarifas es doble. “Un vector es aquel que impacta directamente sobre los costos porque son aumentos que no estaban previstos”, explicó.
Para Lourenzo, el aumento hogareño “quita la posibilidad de consumo de la población en general”. Y concluye: “Esto también nos afecta a nosotros porque se traduce en caída de ventas”. En ese sentido, CAME argumenta que el reacomodamiento de “las tarifas generará un alto costo para las PyMEs porque las encuentra con caídas en las ventas, bajas en la producción y serios problemas de liquidez”. El informe detalla un caso similar al de SUBPGA. Se trata de un frigorífico de la provincia de Santa Fe cuya boleta de luz subió a cerca de 850 mil pesos, pasando a representar el 15 por ciento de sus costos de producción.
Los ejemplos se multiplican. Una pequeña imprenta que pagaba cinco mil pesos pasó a pagar 25 mil. Un parque industrial en Córdoba con cuatro empresas que pagaba 1.100.000 pesos, deberá afrontar una factura de 4.200.0000, grafica ApyME.
Rubén Sosa, trabajador de la cooperativa Cooperativa Subpga.
¿Fin de la inversión?
La situación en el frigorífico SUBPGA es aún peor. el porcentaje de aumento de la tarifa eléctrica es superior al 450 por ciento de diciembre a la actualidad. A esto se suma la caída en las ventas y en la producción. “En 2013 y 2014, la faena llegó a un nivel de 4.500 animales por semana. Hoy ese número desciende a 2.400. La faena está bajando porque la venta está bajando, porque la carne está muy cara y la gente come menos”, explicó Maidana.
Para SUBPGA eso significa una baja en los salarios. Los trabajadores cobran un “retiro” por semana y dos veces al año un retiro mayor en que se reparten los excedentes de la cooperativa, excepto lo que han decidido invertir. “Nosotros cobramos según trabajamos. Y bajaron un poco los retiros. Un veinte por ciento. Los retiros de julio y diciembre sabemos que no los vamos a tener. La plata la estamos invirtiendo acá. Porque no llegamos con los costos”, explica.
Por cada cien pesos que factura la cooperativa, 32,5 van destinados a pagar los salarios, 27,5 se utilizan en el mantenimiento de la planta, y 20 constituyen esa suerte de aguinaldo que dos veces al año retiran los trabajadores. Los 20 pesos restantes van destinados a una serie de beneficios que la cooperativa ofrece a sus trabajadores: sala de atención médica y odontológica en planta, vacaciones, camping para los trabajadores. La última factura de luz se llevará 8,5 pesos por cada cien que factura el frigorífico, que se le deben restar a cualquiera de los gastos antes mencionados.
Juan Martin Carpenco asiste a la cooperativa en cuestiones administrativas. Aunque reconoce que “había una sensación de que iban a aumentar” los servicios, el cuadro adquirió una gravedad inimaginable. “Si a vos te dicen `te va a subir la luz´, ¿cuánto? se irá al doble… pero seis veces más, es algo que no te podés esperar”, grafica. Y suma: “Incluso desde un punto de vista financiero, aunque tengas el dinero, vos lo tenés colocado en otro lado. La plata en una empresa está en función de la empresa. Ningún tipo que esté analizando una medida como esa puede pensar que alguien puede subsistir”.
Desde Puro, una pequeña empresa con doce empleados y tres sucursales, explican que en su local de San Telmo la factura de luz pasó de 800 a 2.800 pesos en los últimos dos meses, y de representar un 8% del gasto del local, a más de un 25%. “Esto nos influye a la hora de tomar decisiones”, señala la dueña de la marca en diálogo con ANCCOM. Y completa: “Estamos por abrir un local más y esto nos influye para decidir, porque los gastos de luz son proporcionales al tamaño del local”.
Detrás de los aumentos de tarifas y de los procesos de inversión productiva que las PyMEs deben modificar o en muchos casos detener, hay, según ApyME, una “traslación de recursos, de capital de trabajo, de la pequeña y mediana empresa hacia el sector concentrado de energía”. Para los planes de inversión -cuenta Fernández- el nuevo cuadro tarifario “coloca al costo de la energía argentina, en el caso del gas, como el más caro de la región y uno de los más caros del mundo”.
Convertida en cooperativa desde 2011, después del abandono empresario a 500 trabajadores, el frigorífico de Berazategui enfrenta esos desafíos. “SUBPGA había logrado hacerse de una espalda como para empezar a respetar los niveles normales de producción, estamos tirando el caño de gas desde la avenida para acá”, explica Carpenco. El fuerte aumento en la tarifa de luz obliga a un cambio de planes. “Toda esa guita que estaba en movimiento para mejorar la calidad, para trabajar mejor, va para esa factura”, concluye.
Otros planes de ampliación, como la apertura de carnicerías, también entraron en un cono de dudas. “La idea era abrir diez bocas de expendio. Nosotros podemos dejar los precios diez o veinte pesos más barato por kilo que otra carnicería. Estábamos en eso hasta que llegó esto (señala la factura de luz). Estábamos en tres carnicerías, y nos tuvimos que frenar”, advirte Maidana.
Desde la CAME, el argumento de reclamo hace eje en un pseudo slogan de campaña de Cambiemos. “Lo que pedimos es gradualismo. Fundamentalmente porque estos aumentos nosotros no tenemos posibilidad de trasladarlo a precios, porque ya los precios no resisten mayores aumentos”, subraya Lourenzo y argumenta: “Algo de esto se veía venir. Todos los candidatos presidenciales lo habían dicho, pero la verdad es que no creíamos que iba a ser de esta magnitud, con mucha pérdida de ventas, con un fuerte impacto en la estructura de costos”.
Actualizado 04/05/2016
