Ago 1, 2019 | Comunidad, Novedades
“Se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar la deuda del Paseo del Bajo», denuncia Barry.
“La Villa 31 no se vende”. La pancarta, que estuvo presente en la sesión de la Legislatura porteña el 4 de julio pasado -cuando por 41 votos los bloques de Cambiemos, Evolución, Partido Socialista y Mejor Ciudad aprobaron la ley de venta de dos hectáreas de la villa- sigue presente en el espíritu del barrio: los vecinos rechazan la “entrega”.
La ley habilita la enajenación de 12 predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seis de ellos ubicados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica. “El jueves 4 de julio se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar deuda, en especial la deuda del Paseo del Bajo. Como fue denunciado por las propias vecinas y por nosotros en el recinto, desde el bloque del Frente de Izquierda, esto tiene que ver con un gran negociado donde el principal beneficiario es el primo del presidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra”, explica Alejandrina Barry, directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. “Es una política expulsiva de los sectores más humildes de la Ciudad. El día de la votación fue muy fuerte, porque se dio en un marco en el que todos estábamos muy sensibilizados por la muerte de gente en situación de calle, como Sergio Zacaríaz. Hubo siete muertos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, la única medida que tomó el gobierno es vender sus tierras y sus casas a los sectores más humildes”, continúa Barry.
Las idas y vueltas con respecto al Barrio Padre Carlos Mugica se remontan hasta más de diez años. La infinidad de reclamos por parte de los vecinos se había terminadode materializar en la Ley 3334 del año 2009, donde se dispone “la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis” para destinarlo a “viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario”. Desde entonces los gobiernos de Mauricio Macri y su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, se vanaglorian de ser los primeros en comenzar la urbanización de un asentamiento con más de 80 años de historia. No obstante, el devenir de los hechos iría resquebrajando las promesas del oficialismo.
Las habitantes de la villa señalan que las casas en las que el Gobierno quiere relocalizarlas son de chapa.
Pasaron nueve años hasta la promulgación de una nueva normativa. El 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley 6129, donde se establecen los diferentes mecanismos para llevar a cabo la “solución habitacional” de los vecinos del barrio. Pero los vecinos se opusieron rotundamente a la norma. El artículo 47 establece el cargo de que “el destino y/o uso de la unidad sea siempre de vivienda única y definitiva”, pero es en los artículos subsiguientes donde se develan las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Según el artículo 53, aquel posible comprador del inmueble (que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica) que no acredite residencia en el barrio por más de dos años deberá abonar, para acceder al mismo, “tres veces el valor de la hipoteca establecido al momento de la primera escrituración y valuada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)”. En cambio, un residente puede adquirir las propiedades sin pagar impuesto alguno. No se establece, en ambos casos, un límite de viviendas que puedan ser compradas . En otras palabras: se habilita de esta forma la compra de los terrenos por parte de terceros, quienes podrán disponer de su uso para otro tipo de actividades y así arrojar estas tierras al libre flujo del mercado inmobiliario. Ahora, el reciente proyecto de Ley 671 viene a reforzar este panorama con la posibilidad de la venta por parte del Gobierno de la Ciudad de aquellas tierras que ya se encuentren deshabitadas y otras tantas que no lo están pero cuyo destino es más que incierto.
“Tiene que ver con hacer un corredor que siga a Puerto Madero -explica Berry-. Son tierras muy caras. Myriam Bregman había comentado sobre una entrevista que le hizo Mirtha Legrand a Gabriela Michetti donde, así como charlando entre amigas, le preguntó: ‘¿Por qué tanto con los terrenos de la Villa 31?’. Y Michetti le contestó: ‘Porque son tierras realmente muy costosas y queremos que se transforme en un barrio de clase media’. En verdad, es un lugar muy bueno para los sectores financieros. Tiene que ver con una política de expulsión de los sectores más humildes de la Ciudad. Es una política clara del macrismo”.
Por detrás de la cartelería amarilla y los ríos de discursos optimistas empieza lentamente a oírse el sonido de las topadoras. Los vecinos se agrupan para resistir.
En el plan de pago que propone el Gobierno, si un vecino se atrasa en tres cuotas puede perder su casa.
Las guardianas del Bajo Autopista
Lesli Rojas tiene 28 años y hace 16 que reside en la villa. De chica vivió en un departamento alquilado en Villa Crespo, pero la muerte de quien les salía de garante los obligó a irse. Sin garantía ni dinero para la cuota inicial, alquilar en otro lugar era imposible. “Teníamos un familiar en el barrio al que veníamos a visitar ocasionalmente”, cuenta Lesli. “Veíamos que la villa era linda, dentro de todo. Antes no había tantas construcciones, era más espacioso y no había tantos pasillos. Tampoco había tanto peligro. Nosotros veníamos a la mañana, nos íbamos muy de noche y salíamos tranquilamente por acá”. La conclusión fue evidente: “Estaba dentro de lo que mis papás podían pagar”. Y así es como llegaron a la Villa 31. Luego Lesli se pondrá en pareja y decidirá irse a Formosa. Como allá no había muchas posibilidades de progreso laboral ni profesional, se volvieron a la 31. Ahora estudia enfermería y su pareja, electricidad. “Y, de pronto, viene todo este proceso de que nos tenemos que ir. Hicimos mucho esfuerzo en construir nuestra casa, invertimos un montón. Irnos sin que nos lo reconozcan no nos cabe en la cabeza. Por eso que llevamos a cabo esta lucha”, afirma Lesli, quien es una de las referentes entre los vecinos organizados del sector que reside debajo de la Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, a la vez uno de los terrenos próximos a relocalizarse para cumplir con el proyecto de ley de enajenación.
En noviembre del año pasado Lesli y una vecina suya, Mirta, comenzaron a asistir a las reuniones de la Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa, un espacio de discusión abierto entre los vecinos del barrio. Allí se enteraron de que el desalojo del sector Bajo Autopista era inminente. “Le dije a Mirta ‘¿qué hacemos? Hagamos algo. Tenemos que decirle a los vecinos que nos van a sacar de acá, que a donde nos van a llevar no nos conviene’. Así empezamos a tocar puerta por puerta y se fueron sumando de a poco dos, tres, cuatro vecinos, hasta llegar a ser bastantes” recuerda Lesli. Sin embargo, muchos desconfiaban de ellas. “Nos decían que nosotras estábamos mintiendo, que esas casas eran todas de material, que eran re grandes”. El Gobierno de la Ciudad, en efecto, invierte mucho dinero en propaganda hacia adentro del barrio a través de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), conducida por el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández. “Todo eso es lo que les venían diciendo los de la Secretaría. El día en que los vecinos fueron a visitar las viviendas se llevaron una gran decepción. Se encontraron con que era tal cual como nosotras decíamos. Y ahí es donde nos empiezan a acompañar”.
Según un estimativo hecho por los propios vecinos, en el sector residen aproximadamente 1.300 familias. Su relocalización está prevista en el “sector YPF”, que se encuentra detrás de la sede del Ministerio de Educación que se está construyendo dentro del barrio. Es un edificio imponente, con una vereda idéntica a aquellas que suelen encontrarse en el resto de los barrios porteños: baldosas brillantes con pequeños canteros de cemento donde sentarse y el cordón de la vereda delimitado por unas pequeñas “balas” de acero que demarcan la circulación de los vehículos.
Pero las viviendas que les ofrece el Gobierno son completamente distintas. “La parte externa de las paredes es de chapa. Después hay madera y fibra de vidrio, unos metales cada un metro y luego el durlock. El piso es cemento liso” describe Lesli. “Les ponen un zócalo de madera que tiene una diferencia con el piso de 0,6 milímetros, por que lo que tampoco podés baldear porque el agua entraría por ahí y se pudre toda la madera y el durlock”. Por otra parte, la canalización de los cables de luz son externos (a diferencia de las actuales viviendas de los vecinos, que instalaron los cables por dentro de la pared) con el riesgo que conlleva respecto a roturas. Las habitaciones son de 2,6 por 2,8 metros. Por el tipo de construcción, no podrán contar con instalación de gas natural ni podrán utilizar garrafas ya que, sencillamente, se podría incendiar todo el complejo. Y, como remate, no se garantiza que las familias con chicos puedan tener una habitación por hijo. “Volvemos al tema del hacinamiento pero en condiciones peores, porque estas casas no van a durar”, se lamenta.
Se están construyendo 500 viviendas menos que la cantidad de familias relocalizadas. Nadie sabe qué pasará con ellas.
El artículo 36 de la Ley 6129 es claro al respecto: se garantiza la entrega de “unidades de iguales o superiores características respecto de la original”. Evidentemente se trata de un asunto pasado por alto de una forma no muy elegante.
“Yo estoy acá desde el 2008. Y esto lo hemos construido trabajando mi marido y yo. He sido la primera mujer en esta calle en ayudar a trabajar a su marido. Yo le ayudaba a subir arena, los ladrillos…yo trabajé a la par de él” cuenta Sonia, de 55 años, otra de las vecinas organizadas en defensa del Bajo Autopista y quien brindó un espacio de su propia casa para organizar las reuniones semanales donde discuten los objetivos a seguir. Su caso se repite por miles a lo largo y ancho del Barrio Padre Carlos Mugica. Otro vecino, Nicolás, recuerda: “Tres años estuve para hacer mi casa, sin poder dormir casi. Y ahora que está toda linda, que la estaba disfrutando, me dicen que me tengo que ir. Haber gastado tanta guita y tanto tiempo de mi vida, y que lo hubiese podido disfrutar yéndome de vacaciones o algo así no es justo. Encima es una mierda la casa que nos dan. Yo hice la mía a mi gusto, como debe ser. Con albañiles amigos que me recomendaron los mejores materiales para que los caños y las instalaciones eléctricas sean las mejores”. Recorriendo las calles y los pasillos del barrio se encuentran miles de rostros y de historias de las más variadas, pero todas coinciden en un punto: son personas que llegaron hasta la Villa 31 buscando un hogar donde vivir de forma digna, construyéndolo lentamente con sus propias manos,
También son numerosos aquellos que acechan esos terrenos y muchísimos los artilugios que van apareciendo para lograr quearse con ellos. Quizás el más grotesco sea el modelo de escritura que empezó a circular por el barrio, y que fue acercado a este medio por mano de los vecinos. Incluso ellos mismos crearon un pequeño documento comentando este contrato, con el fin de concientizar sobre las cláusulas leoninas de las que está plagado. “No sabemos ni cuánto vamos a pagar. Nos tiran precios, pero no está en la escritura” se lamenta Sonia. Lesli agrega: “Nos cobrarían $8.400 aproximadamente de suelo y $11.300 de construcción por metro cuadrado. O sea, pagaríamos once mil pesos por la chapa y el durlock. Te da un total de casi veinte mil pesos por metro cuadrado”. Esas son algunas de las cifras arrojadas desde “la secretaría” y que no dejan de ser rumores que deambulan por el barrio. El reclamo de las vecinas y vecinos de Bajo Autopista es claro: que el valor del metro cuadrado no supere los $3.037, precio tasado en 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para esos terrenos.
Las aberraciones se amontonan en esas casi diez hojas que ocupa la escritura. Se puede leer que, al firmar, se establece un “pacto de preferencia” que le da prioridad a “la Secretaría” durante 5 años para comprar las viviendas entregadas en caso de que su nuevo propietario quiera (o se vea en la necesidad al no poder afrontar los gastos) venderla, sin la obligación de que su uso posterior sea para vivienda social. El plan de pagos es a 360 meses, pero en la segunda cláusula de la sección “Hipoteca por saldo de precio” figura que “la parte deudora” (o sea, el vecino o vecina) puede perder esa facilidad de pago al adeudar tan sólo tres cuotas. La cláusula tercera, por su parte, autoriza la ejecución de la vivienda por falta de pago, mientras que la décima establece la posibilidad de remate de la propiedad. Todo esto en detrimento del punto 6 del artículo 2° de la ya mencionada Ley 6129, que claramente dice: “Se brindará a la totalidad de las/os habitantes del barrio seguridad en la tenencia de las viviendas que ocupen. En ningún caso la incapacidad de pago será un obstáculo para garantizar este derecho”.
¿Es realmente necesario relocalizar a las familias de Bajo Autopista? Según Lesli, “una de las condiciones por las cuales nos quieren reubicar es porque dicen que no está garantizada la entrada de aireación e iluminación en las viviendas. Quizás hay muchas casas en las que es verdad. Pero, por ejemplo, las casas frentistas sí tienen garantías de luz y de aire. ¿Por qué relocalizarlas entonces? Si arriba va a desaparecer la autopista y van a poner un corredor verde”. Puede vislumbrarse el camino trazado desde el Gobierno de la Ciudad para los vecinos del barrio: del desplazamiento al endeudamiento; del endeudamiento a la expulsión.
El corolario de las irregularidades, finalmente, se encuentra en el número de viviendas construidas en el “sector YPF” para recibir a las 1.300 familias. Nadie sabe qué sucederá con las 500 familias restantes.
Quizás el último reclamo de las vecinas y vecinos no sea tanto con respecto al Gobierno sino más bien a quienes habitan en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos sensibilizar un poco a la gente también”, reflexiona Rojas. “Porque dicen ‘encima que les dan una casa nueva y no van a pagar nada, no se quieren ir’. Queremos transmitir que no nos están dando nada gratis. Al contrario, se trata de pagar por algo por lo que nadie pagaría. Nadie pagaría por una casa de chapa o con una escritura como la que nos ofrecen”.
Ciudadanas y ciudadanos
“La 31 tiene una característica única. Nuestros hijos pueden caminar tranquilamente por el barrio. No sé si allá por Palermo o Recoleta pueden hacer lo mismo. Por otro lado, yo a la vecina la conozco pero no nos hablamos, e igual nos respetamos. Acá conviven diversas nacionalidades y respetamos eso también. O hay gente que viene de las provincias: tucumanos, jujeños, entrerrianos…convivimos acá todas las nacionalidades y todas las provincias. No es que todo el tiempo suceden hechos de violencia. En el barrio hay códigos de convivencia y cada uno respeta eso”.
De esta manera presenta a la Villa 31 Marta Mamani, una de las mujeres que lleva adelante lo que ella misma describe como “la resistencia”. “Llegué hace 20 años al barrio. Vine más que nada a cuidar a las sobrinas de mis hermanas mayores. Y después me quedé acá”. Luego se pondrá en pareja y tendrá cuatro hijos. Como casi todos en el barrio, construyó su vivienda junto a su familia: “Somos nosotras las que hemos edificado nuestra casa. Así, literalmente cargando ladrillos. Yo y mi hijo de 17 años preparábamos el material para poder levantar las paredes”, recuerda Marta.
Silvana Olivera, por su parte, nació en la Villa 31. Su madre llegó cuando tenía tan sólo 17 años y el barrio era prácticamente campo. Vivieron con su abuelo hasta que juntaron el dinero suficiente para comprarse otra casa en la zona de Güemes. “Yo nací acá y me crié acá”, cuenta Silvana. “Tengo a mis hijos acá, hice mi familia. Y ahora veo que todas estas modificaciones que se están haciendo nos están cambiando la forma de vida. Este es un barrio muy tranquilo. Nuestros hijos juegan en la calle, cosa que no pasa en la Ciudad. Allá si no van a la plaza no pueden jugar. Bueno, esas cosas son las que estamos perdiendo de a poco. Se están metiendo en el barrio y están modificando nuestra vida” se lamenta.
La batería de cambios que se van imponiendo a partir de la “reurbanización” (como gusta decir al actual Jefe de Gobierno) no traerían aparejados aquellos beneficios que tanto suelen publicitar los spots oficiales. “Nosotros sabemos, porque hemos ido varias veces a la Legislatura, que la idea de aca a unos años es construir la continuación de Puerto Madero” explica Marta. De a poco, el barrio empieza a ser rodeado por imágenes vivas de lo que el Gobierno pretende para todos estos terrenos. “Ya terminaron el Paseo del Bajo y la nueva Autopista Illia. Nos metieron un banco (el Santander) y nos van a meter un Mc Donald’s. Y cuando esté la estación nueva del San Martín, cuando remodelen la terminal, que hasta va a tener un hotel de pasajeros, cuando hagan el relleno costero y sigan así con todas las modificaciones, van a cambiar nuestra forma de vivir” enumera Silvana.
No son los únicos proyectos que la inteligentzia inmobiliaria tiene planificados. El más sugestivo es la bestia modernista bautizada “Distrito Quartier”. “Emplazado en una ubicación excepcional, sobre el nuevo Paseo del Bajo y conformando la proa de Puerto Madero, se conecta directamente con la Autopista Illia, la Costanera Norte, la Estación Retiro y la Plaza San Martín” anuncia con pompa su sitio web. Será un complejo de tres edificios (uno de ellos sobre la estructura del antiguo Hospital Ferroviario) para viviendas y oficinas, sumado a un gran paseo comercial. Si se presta atención, en algunas de las maquetas del proyecto se puede ver, al fondo y algo fuera de foco, las viviendas del Barrio Padre Carlos Mugica.
“Además está el Polo Gastronómico. Ahí solamente van a vender empresarios y cinco familias del barrio” agrega Silvana. “Primero nos dijeron que iba a ser para las familias, para la gente de la feria. Y resulta que no va a ser así, que eligieron sólo a cinco familias por sorteo”. Lo perverso aparece cuando se recuerda que uno de los principales sustentos de quienes habitan el barrio es justamente la venta de comida. Continúa Silvana: “Ese Polo Gastronómico y el Mc Donald’s le van a quitar el ingreso a la gente que vive de preparar comida acá. ¿Cómo van a hacer para subsistir? Si viene un empresario y te lo vende más barato, todos van a ir a comprar ahí. Aparte, yo no le puedo decir a mi hijo ‘no te vayas al Mc Donald’s’, porque ellos quieren ir. Así están jugando con nosotros”.
La estrategia del Gobierno (como rostro visible de los intereses privados) se asemeja a un movimiento de pinza donde los vecinos del barrio se ven atacados por todos los frentes. “Esto no fue una decisión de un año, sino de mucho tiempo atrás” reflexiona Marta. “Todo está armado para que, de una manera u otra, no podamos sostener el pago por nuestra vivienda. La ley de urbanización, por ejemplo, no dice qué tarifa vamos a pagar. Acá las tarifas de luz y agua son altas. Y las familias tienen un ingreso de 10 mil, 20 mil pesos, ponele. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que pagar la tierra y no sabemos cuánto va a costar. No sabemos si vamos a tener una tarifa social. Vamos a pagar ABL e impuestos. Yo misma no voy a poder conservar mi casa y voy a ser expulsada económicamente de acá. Está todo armado de una manera monstruosa para garantizar que estas tierras sean de la clase alta, y no nuestras”.
Sin embargo, la aparente omnipotencia del gobierno y sus aliados económicos no acobarda a quienes habitan el barrio. “Cuando empezamos a ver todas estas modificaciones, comenzamos a juntarnos. De a poquito nos fuimos enterando. Nos metimos en el tema. Somos personas comunes. Vecinos, la mayoría mujeres. Muchas no tenemos estudios terminados y aún así empezamos a investigar lo que son las leyes y a darnos cuenta lo que estaban haciendo. Hablamos con abogados para que nos asesoren y nos expliquen, porque hay cosas muy técnicas que por ahí no entendemos”, rememora Silvana.
En las marchas, en las conferencias de prensa, las asambleas, las entrevistas con distintos medios, en Bajo Autopista y en cualquier sector; en la Mesa Rotativa y Participativa, salta a la vista aquello señalado por Silvana: quienes se movilizan constantemente en defensa del barrio son en su mayoría mujeres. Es Marta quien explica las razones con sencillez: “Como los hombres se van a trabajar temprano y vuelven a eso de las 19 o 20 horas, somos nosotras las que nos hacemos cargo en los tiempos que nos quedan libres”.
Más de 80 años de historia carga este barrio que supo recibir innumerables nombres: “Barrio de los Inmigrantes”, “Villa 31”, “Barrio 31” (el predilecto del Jefe de Gobierno) o, como le pusieron sus propios habitantes, “Barrio Padre Carlos Mugica”. “La 31 resistió a [Osvaldo] Cacciatore (intentente de facto de la Capital Federal durante la última dictadura cívico-militar). Vinieron con topadoras acá. Incluso tenemos una vecina que estuvo ahí. Se llama Eulogia y tiene 78 años. Cuando ella lo cuenta se pone a llorar y dice ‘a mí me llevaron en un tren y me tiraron en la provincia’. Se la llevaron con sus hijos y todas sus cosas. Acá se quedaron alrededor de 50 familias. Presentaron documentos, la pelearon legalmente y lograron quedarse. Al enterarse de esto, Eulogia volvió al barrio. Ella resistió. Y sigue resistiendo. Es más, va a la Legislatura con nosotros. Y dice: ‘Yo he resistido tanto y ahora tengo que seguir resistiendo. Pensé que me iba a morir en paz y tranquila. Yo pensé que les iba a dejar la casa a mis hijos, pero ahora siento que no va a ser así’” cuenta emocionada Marta.
Ignoradas por los medios de comunicación, despreciadas por la política y miradas de reojo por una parte de la sociedad, ellas no conciben otro camino que el de la lucha. Contra los estereotipos, contra la miseria, contra las picardías de los inversionistas, contra la injusticia. “Esta es una villa donde murió un Padre, Carlos Mugica dio su vida por esta villa. Él lloraría al ver que aprobaron una ley que no garantiza la radicación definitiva, porque él peleaba por eso. Peleaba por los derechos de los que menos tienen y nosotros somos los que menos tienen. Pero no renegamos de lo que somos”, enfatiza Marta y subraya: “Yo no quiero ir por la calle con mi letrerito de ‘yo vivo en una villa pero trabajo’. Queremos que dejen de mirarnos de esa manera tan horrible. Somos parte de la Ciudad. Somos ciudadanos de la Capital Federal”.
Jun 4, 2019 | Entrevistas
Sandra Raggio es categórica en sus definiciones. Y no se puede ser de otra forma. Directora general en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en las áreas Organización Pública Autónoma y Autárquica, cuyos objetivos apuntan hacia la defensa de los Derechos Humanos, actualmente pasa sus días entre La Plata (sede de la Comisión) y San Miguel del Monte, aquel pueblo de alrededor de 21.000 habitantes que se vio convulsionado por la persecución policial del 20 de mayo último que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y la internación con graves heridas de una niña de 13 años.
“No fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un hecho fortuito, sino todo lo contrario. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que ya venían sucediendo”, explica en relación a lo que ella califica como la “masacre” de San Miguel del Monte. Masacre que se llevó las vidas de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años) y Aníbal Suárez (22 años), quienes viajaban en el Fiat 147 que terminó colisionando contra el acoplado de un camión estacionado luego de haber sido perseguido (balacera mediante) durante varios kilómetros por la Policía Bonaerense. Rocío Guagliarello (13 años) es la única sobreviviente, todavía internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
El relato de Raggio vierte una lluvia de nombres que se amontonan junto al polvo de “20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura” en la provincia de Buenos Aires y en todo el país: Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, Alejandro Granados y Patricia Bullrich son algunos de los avatares que fueron apareciendo sobre este fondo que mezcla a la exclusión social junto a la represión sin eufemismos que realiza el Estado. “¡Lo que pasa es que ahora el presidente los recibe!” se indigna Sandra al hablar de la “doctrina Chocobar” y el incremento desmedido de la violencia estatal llevada adelante por el actual gobierno de Mauricio Macri.
Impulsora desde el año 2002 del programa “Jóvenes y Memoria” (destinado a alumnos de colegios secundarios, donde se les ofrece la posibilidad de contar sus experiencias personales o las de su comunidad en relación a la violencia simbólica e institucional), Raggio hará hincapié en la responsabilidad ineludible del Estado en todos los casos de violación a los Derechos Humanos: “Siempre las comete el Estado, porque es el garante de todos nuestros derechos”.
¿Ya había sucedido algún hecho similar en San Miguel del Monte?
Hemos relevado múltiples hechos anteriores que ahora saltan a la luz. Por eso se entiende por qué la comunidad de Monte salió rápidamente a desmontar la versión policial. Esa policía no contaba con la buena opinión de la comunidad. Nosotros estuvimos relevando distintos casos de abuso policial: desde causas armadas, torturas en las comisarías, detenciones ilegales, amenazas. De todo. Involucran a buena parte de los oficiales que hoy están detenidos. Lo de Monte no fue un accidente. No fue una tragedia ni un hecho fortuito. Lo que sucedió fue una masacre. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que venían sucediendo y terminan en este episodio, y que si la policía y las instituciones actuaran como tienen que actuar, no debería haber ocurrido nunca. Hay episodios que narraron los chicos que están en la plaza, que son los amigos de Gonzalo y Danilo, donde cuentan cómo eran hostigados permanentemente por la policía. El propio Danilo había estado detenido ilegalmente. ¡Un niño de trece años había estado detenido!
¿Cómo fue eso?
Eso fue claramente un episodio de arbitrariedad policial. Estaban en la plaza, una noche. Ellos rapeaban, andaban con sus skates y hacían parkour. Antes, en las plazas había jueguitos infantiles. Había hamacas y toboganes. Hoy un chico de 13 años no se hamaca, sino que anda en skate o rapea. Es un espacio de recreación de los jóvenes y así lo usan, en su derecho de uso del espacio público. Sin embargo la policía estaba permanentemente hostigándolos, tratando de sacarlos de la plaza. Al parecer las plazas tienen que estar vacías para que haya seguridad. Entonces, hubo un episodio en que uno de los chicos conecta el celular en el enchufe de los tomacorriente de la plaza, hay algún desperfecto y se cortan las luces. Después desenchufa el celular y las luces vuelven. Y a partir de ese momento viene la policía y empieza todo. También había pasado algo con un skate y un cartel que había ahí en la plaza y, bueno, les preguntan quiénes son, cómo se llaman y decidieron llevarse a algunos a la comisaría. Lo que le dicen después a la madre es que a Danilo se lo llevaron “por jetón”. Porque Danilo les dijo “soy fulano de tal” y otras cosas. Ni siquiera fue un enfrentamiento, digamos. No admitió el bardeo, puso un límite. Y por eso se lo llevan y estuvo detenido alrededor de cinco horas en la comisaría. Un niño. Los niños no pueden ser retenidos por la policía. Pero se lo llevaron y eso está en el registro de entrada de la comisaría.
¿Esta forma de actuar de la Policía en San Miguel del Monte es análoga a cómo se comporta en toda la provincia?
Sí, en toda la provincia. Y en muchas otras policías provinciales también. Lo que pasó en Tres de Febrero, un día antes, que con la masacre de Monte no está teniendo repercusión pública. Es un caso donde a un hombre (Diego Cagliero) lo fusilan. Él levanta las manos y lo fusilan. Y esto no sucede sólo en el Conurbano. Hay una idea de que las policías sólo son bravas en el Conurbano porque se lo asocia con el delito. Pero no, también sucede en estos pueblos, que tienen diez o veinte mil habitantes y donde no hay problemas de inseguridad. Cualquiera que vaya a Monte se da cuenta. Están las bicicletas sin atar en la vereda y no las roban. Todos están con la puerta abierta. En Monte no hay nada que justifique la saturación policial que se lleva a cabo. Hasta había llegado el grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
¿Y a qué se debe eso?
Las distintas gestiones creen que la mejor promesa que le pueden hacer a la gente es la seguridad, que haya más patrulleros y más policías. Es parte de las campañas políticas. Cuando se fue (Daniel) Scioli (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires), dejó casi 100.000 agentes policiales. Cuando entró había 60.000. ¿Qué problemas de inseguridad se resolvieron? Ninguno. Los índices de delito en la provincia de Buenos Aires siguen aumentando. En Monte, creo que el hecho de inseguridad más grave de su historia es el que ocurrió este 20 de mayo. Y lo ejecutó la policía. Cuatro homicidios y lesiones gravísimas a una chica. Entonces, es momento de replantearse de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Esto que sucedió es resultado de 20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura. Y en eso se inscribe sin ninguna duda la “doctrina Chocobar”, que es la que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a nivel nacional. Ahora no es necesario dar la voz de alto para disparar. Bueno, eso pasó en Monte.
Más allá de las promesas electorales, ¿cuáles creé que son las causas de la impunidad de la Policía Bonaerense?
En gran medida es también porque la política criminal, la persecusión del delito, está en manos de la policía y no de la justicia. El 90 por ciento de las detenciones que convalida la justicia son aprensiones que realiza la Policía Bonaerense en situaciones de flagrancia. O sea, no son órdenes judiciales. En la Constitución Nacional se dice que nadie te puede detener sin una orden previa de un juez. Bueno, en el 90 por ciento de los casos te detiene la policía. Porque le parece que sos sospechoso, porque vio que estabas haciendo algo, porque llamaron al 911. La mayoría de los fiscales convalidan lo que hace la policía. Y en eso convalidan causas armadas. En Monte, un montón de denuncias que tenemos son por causas armadas que hacían los policías.
¿Por qué funciona de esa forma?
Por muchas cuestiones. Una tiene que ver con la estadística, con el número de resolución de casos. Cuantas más detenciones hacés, mejor controlás el delito. No hay una política de seguridad racional, que apunte a desarmar las redes criminales. Cuando hablan de la persecusión al narcotráfico, ¿qué es lo que termina siendo? Un montón de detenciones y aprensiones por narcomenudeo. O a consumidores. Entonces, quienes organizan el mercado de la droga y el narcotráfico no están presos. Lo están los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Otra cosa: la baja de la edad de imputabilidad. Acá tenemos el resultado de lo que implica la persecusión y criminalización de los chicos. Termina en tres niños muertos en Monte. Los policías deberían haber estado cuidando a esos chicos. Eso es lo que queremos, que los cuiden. Que cuando están en la plaza esté el Estado cuidándolos, porque es un espacio público. El Estado tiene la obligación de cuidarnos en el espacio público. La mano dura tiene buena prensa. Acá teníamos a (Alejandro) Granados (ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), al que le decían “El Sheriff”, que hacía unas escenas donde sacaba un revolver y decía cómo perseguía a los delincuentes. Y ahora tenemos a Bullrich que hace alarde de su dureza y genera dispositivos y programas en el Ministerio de Seguridad de la Nación para proteger a los policías acusados de violación a los Derechos Humanos. ¿Por qué los policías creen que pueden encubrir? Porque se sienten impunes. Porque hay un discurso público que los habilita. En la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, para que sea el Ministerio Público Fiscal el que controle a la policía. Está la ley y nunca se crearon. Si existiera esta política, los vecinos y vecinas de Monte hubieran denunciado mucho antes lo que pasaba. Hoy hay un miedo muy grande allí. Los vecinos que tuvieron la valentía de declarar ahora tienen miedo a las represalias. Porque además la policía actúa corporativamente. Si todos estos hechos se hubieran denunciado a tiempo, si hubiera actuado la justicia, si hubiera actuado el Ministerio de Seguridad, si hubieran actuado las autoridades de Seguridad del municipio, esto no hubiera ocurrido. Si las cosas fueran como deben ser, si el Estado funcionara cumpliendo con la ley, esto no hubiera ocurrido.
Hay una política de seguridad ineficiente, como usted relata, y que tiene estas consecuencias. ¿Por qué se sigue haciendo entonces?
Es una gran pregunta. Incluso, y es una opinión personal, creo que ni siquiera les da rédito político. Ni siquiera ganan elecciones con esto. En verdad, tiene que ver con la forma de gobernar a ciertas poblaciones que se consideran “poblaciones excedentes”, digamos, y que son producidas por el mismo sistema. Porque las políticas más duras se acrecientan en nuestro país al calor de las reformas neoliberales. Y la respuesta que tiene un Estado que expulsa por sus propias políticas macroeconómicas a ciertos sectores de la población es controlar. ¿Cómo controla? A partir de la política criminal. Esas poblaciones son posibles criminales. ¿Qué hace en los barrios pobres? No hace unidades sanitarias, no asisten ni nada de eso. Patrullero y control. ¿Qué hace con los pibes que están en la periferia? Que no vengan al centro, que no generen problemas. Construye la idea de que el expulsado del sistema es peligroso. Cuando es al revés: es la víctima de la producción de esa desigualdad. La pregunta que hay que hacerse es por qué, por ejemplo, durante gobiernos que promovieron los Derechos Humanos y la inclusión, se siguieron sosteniendo políticas de seguridad de mano dura. En la provincia de Buenos Aires, Scioli las sostuvo. Las profundizó en los últimos años de su gestión, supongo que porque creía que era una demanda social. Pero no le dió resultado, porque perdieron las elecciones. (Carlos) Ruckauf, que fue el gobernador de la mano dura en la provincia, desapareció de la política. Él hizo campaña y ganó las elecciones en el 99 diciendo lo mismo que Bullrich. Él fue el inventor de la “doctrina Chocobar”. Un adelantado. Él decía “¿Qué le diría a un policía si está persiguiendo a un delincuente? Meta bala, mate al delincuente”. Bueno, acá estamos.
La “doctrina Chocobar” es entonces una continuidad.
Es una continuidad. ¡Lo que pasa es que ahora el presidente lo recibe! La ministra de Seguridad de la Nación lo premia y lo felicita. O sea, han corrido un poco más el límite. Y también se ha corrido el límite de las prácticas policiales: se sienten más impunes. Porque hay que entender el hecho de las cuatro muertes, pero también hay que pensar por qué todos ellos creyeron que lo iban a poder cubrir. Porque muchas veces lo hacen. Los encubrimientos lamentablemente son exitosos y, en muchos casos que nosotros conocemos, es imposible llegar a la condena porque ya encubrieron. Destruyen pruebas, amedrentan a los testigos, plantan armas. Y las fiscalías a veces miran para otro lado.
¿Cómo está el ambiente ahora en San Miguel del Monte entre la gente, la policía y la intendencia?
Es un ambiente complejo. Fue un hecho que rompió con la tranquilidad del pueblo. En sentido metafórico, porque evidentemente no había tranquilidad en el pueblo. Emergió todo lo que estaba pasando. Hay mucho dolor, porque todos conocían a los chicos y a sus familias. De lo único que se habla en Monte es de lo que pasó. También hay mucha movilización, a pesar de ser un pueblo chico. Y en algunos sectores hay un cuestionamiento de las autoridades políticas de la comunidad. Pero bueno, son diferentes interpretaciones que se hacen. Lo cierto es que hoy vas a Monte y ves que la municipalidad está vallada de policías. Eso es no haber entendido que el problema no es la comunidad, sino quiénes la están custodiando. Al poder político le cuesta entender que ese no es el camino, que hay que reconocer que se equivocan. En el mejor de los casos se equivocan, porque uno a veces puede terminar pensando que saben muy bien lo que están haciendo. Pero démosle la posibilidad de que se estén equivocando y se den cuenta. Y sobre todo es importante que la sociedad se dé cuenta y no avale más este tipo de cosas. Que exija políticas de seguridad serias y no demagogia pura.
¿Cuál es la función de los organismos de Derechos Humanos ante estos casos?
Por suerte en nuestro país tenemos una trayectoria de organización en torno a los Derechos Humanos. Desde lo que pasó durante la dictatura militar, la emergencia de estos organismos se erigió como un lugar de denuncia, de resistencia, de disputa con los relatos oficiales. En ese sentido, los organismos de Derechos Humanos tenemos la obligación de acompañar a las víctimas y a sus familiares, y de demandar al Estado. Demandarlo penalmente, pero también demandar al Estado por la responsabilidad política que tiene en lo que ocurre. Siempre los organismos de Derechos Humanos debemos tener una mirada desconfiada del Estado, porque es él quien provoca esas violencias. Nosotros somos un organismo público. Somos parte, de alguna manera, de la estructura del Estado, pero funcionamos de forma autónoma y autárquica. Y reivindicamos ese lugar. Creemos que lo que hacemos es lo que el Estado tiene que hacer. Sin embargo, no respondemos a la línea gubernamental. Nunca. Tenemos independencia. El presidente de la Comisión es Adolfo Pérez Esquivel, está Norita Cortiñas también. Todos los miembros de la Comisión pertenecen a la sociedad civil y al movimiento de Derechos Humanos, y con esa lógica actuamos. Pero, de nuevo, nos reivindicamos como organismo del Estado y hacemos lo que el Estado tiene que hacer. Patrocinamos a las víctimas porque creemos que el Estado tiene que hacerlo.
Lo están haciendo ahora en Monte.
Lo estamos haciendo ahora en Monte, con la familia de Danilo y la de Camila. También estamos patrocinando a los familiares de las masacres en las comisarías de Esteban Echeverría y Pergamino. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. No hay dispositivos de acompañamiento a las víctimas de violencia institucional. No hay una política seria con respecto a eso. Los papás de los chicos están devastados. Alguien tiene que acompañarlos, asistirlos. ¿Quiénes van a ser? ¿El servicio de salud mental? En el hospital, cuando fueron a retirar los cuerpos les dijeron barbaridades. A Yanina (madre de Camila), el médico le dijo: “Ah, acá está la mamá…si se le puede decir madre”. Al papá de Danilo le dijeron: “¿Para qué tenés diez hijos si no podés cuidar a uno?”. Eso es el Estado también. Creo que esa brutalidad es también responsabilidad del Gobierno. Por los discursos que enuncia. No desresponsabilizo al sujeto que lo hace, de todas formas. Pero, por otro lado, hay un discurso que lo habilita. Los medios de comunicación, muchos periodistas, reproducen esos discursos. Enseguida buscan la responsabilidad en las víctimas y en las familias. Pero en dónde hay que mirar, es al Estado. Un policía tiene un arma reglamentaria, que se la pagamos todos. Balas, que se las pagamos todos. Patrulleros, uniforme, sueldo. Responden al Estado. Son parte de su función pública. Entonces, el Estado está comprometido absolutamente. No es un problema de nombres propios, no son trece (la cantidad de detenidos por la masacre de Monte) los responsables. Penalmente, sí lo son. Pero hay responsabilidades políticas de las que el Estado se tiene que hacer cargo.
¿Qué políticas necesitaría la gente de Monte para comenzar a sentirse tranquila?
Ponerse a discutir la política de seguridad. Que le pregunten a la ciudadanía de Monte qué es lo que precisan. Pero además, que a las policías se las controlen. Que haya un control comunitario de la fuerza. Si las policías van a actuar en las municipalidades, si hay directores de Seguridad, también tiene que haber dispositivos de control y monitoreo. La policía tiene que rendir cuentas a la comunidad todo el tiempo. Nosotros hemos promovido consejos locales de prevención de la violencia institucional para darle atribuciones a ciertos sectores de la sociedad civil, para que puedan auditar a las policías. ¿Quién instruye a los policías? ¿Cuáles son los protocolos? Pidamos protocolos de actuación en la provincia de Buenos Aires. Y hay que discutir el tema del Estado policial. Porque, por ley, los policías tienen obligación de llevar el arma reglamentaria todo el tiempo. Están en estado policial las 24 horas. Muchas veces, las muertes por gatillo fácil son fuera de servicio. Alguien les intenta robar, entonces se defienden y matan. También hay femicidios. Nosotros registramos ocho por parte de policías con el arma reglamentaria.
¿Cuáles son los cambios que precisan la policía y el Estado para poder mejorar esta situación?
Hay que revertir absolutamente todo: profesionalizar las fuerzas, crear la policía judicial, o sea, separar a la policía de calle de la policía que investiga. Hay que crear las fiscalías de violencia institucional. Tiene que haber una dura política de control y transformación de las fuerzas de seguridad. Hay que tener una política de criminalidad que persiga a quienes controlan los mercados ilegales, que investigue el crimen organizado. Si vos vas a detener al que roba las ruedas del auto, pero no al que organiza el mercado de las autopartes, no vamos a resolver nunca el problema. Y muchas veces, en los que organizan ese mercado te encontrás con la policía. ¿La policía no sabe quiénes son los transas de un barrio? Sí, lo saben. Lo saben todos los vecinos. Lo sabe la policía, y los vecinos saben que la policía lo sabe. No van a ir a la comisaría a decir: “Che, a la vuelta de mi casa hay un transa”. ¿Qué podés hacer? ¿A dónde vas a denunciar? Estamos hablando de una democracia que se ha consolidado en Argentina, pero a la que le falta mucho para ser una democracia sustantiva. Hay una deuda pendiente muy grande con las políticas de seguridad, que no se han democratizado ni están al servicio de la construcción de la democracia.
Hace unos días, Patricia Bullrich fue entrevistada en un programa de televisión y, entre otras cosas, declaró que “antes, cuando la policía actuaba, aparecía un aparato ideológico como el CELS o Correpi, que lo condenaban por el simple hecho de ser policía”. ¿Qué opinión le merece?
Bullrich es una funcionaria importante en el gobierno nacional. Incluso se hablaba de cierta proyección de ella como candidata, por la buena política de seguridad que había tenido. La policía más dura, la mujer firme. Ella avaló a la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. No se admitió ninguna responsabilidad de su parte. En el marco de un operativo represivo, donde el Estado estaba presente, se produce ese hecho. Aún convalidando la versión judicial de los hechos de que el cuerpo estuvo en el río, aún aceptando esa verdad judicial, ¿la responsabilidad del Estado no existe? En su construcción narrativa sobre la Correpi y el CELS, es notable que para ella los Derechos Humanos sean un aparato ideológico. En buena hora, porque siente que estamos, que somos quienes los controlamos. Ahora, no creo que puedan sostener este discurso. Me parece que la gente vota otra cosa cuando vota. Por suerte. Si no te alcanza la plata para comer, si hay desocupación, si hay pobreza, por más que llenes las calles de gendarmes y policías…la gente no tiene para comer. En la provincia de Buenos Aires, las políticas de promoción de la niñez son el 0,37 por ciento del presupuesto. El Ministerio de Seguridad tiene asignado el 8 por ciento. Con esos dos datos ya tenés cómo se ubica el Estado. A ver si revertimos…bueno, no propondría una política tan radicalizada como decir “vamos a tener 100 policías en toda la provincia”, pero si estuviera más equilibrado ese presupuesto, si gran parte del presupuesto en seguridad se destina a políticas sociales, a protección de derechos, quizás tendríamos una sociedad mucho más segura. La violencia social se acrecienta cuando aumenta la desigualdad social. Esa es la madre de todas las violencias. Si el Estado no lo ve y sólo se le ocurre reprimir las violencias que producen las desigualdades con más violencia, estamos en un problema: hay que advertir que la democracia así corre peligro.
¿La democracia corre peligro hoy en día?
Sí. No en los términos de que haya un golpe de Estado, de que no podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero la democracia es la plena vigencia del orden normativo también. Acá se viola la Constitución todos los días. Si se violan los Derechos Humanos, se viola la democracia. Porque la democracia no es sólo un régimen, una forma de elegir a quienes nos gobiernan. Es otra cosa, tiene que estar vinculada con el acceso a derechos. No sólo los derechos políticos de votar, sino otro conjunto de derechos. No hay democracia plena sin plena vigencia de los Derechos Humanos.
May 1, 2019 | Novedades, Trabajo
Paro, Microcentro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 30 de abril de 2019. Fotos: Leonardo Rendo / ANCCOM
En la esquina de 9 de Julio y Corrientes, un patrullero estacionado con el baúl abierto. Agrupados a su alrededor, tres agentes de la Policía de la Ciudad charlan tranquilos, echando una mirada fugaz de vez en cuando a su alrededor. Uno de ellos se encarga de cebar el mate que pasa de mano en mano. La escena no representó la típica actitud policial durante el día de paro y marcha contra la política económica del gobierno de Cambiemos convocado por el Frente Sindical para el Modelo Nacional, y al que se plegaron las dos CTA, movimientos sociales y partidos de izquierda. La pasividad policial fue efímera. Al cierre de esta nota, los detenidos eran 39.
Justo enfrente de la escena de los policías tomando mate, debajo del Obelisco, concentraban desde temprano las numerosas columnas de la CTA Autónoma, ATE y otros gremios afines. El golpe acompasado de los bombos repercutía sobre las avenidas, escurriéndose fácilmente por cada calle. Había tránsito y personas caminando, pero en menor cantidad de lo que puede esperarse un día laboral. Desde Once a Congreso y de allí hasta la 9 de Julio los negocios estaban abiertos, pero los transeúntes (imposible saber si estarían trabajando o no) se paseaban con la languidez de un sábado a la mañana.
“Hoy, nuevamente, venimos a marchar en contra de este gobierno y en contra de este plan económico. Porque este plan económico nos está matando a nuestros pibes y a nuestros jubilados” denunció Alejandra Brillante, secretaria de Previsión Social de CTA-Provincia de Buenos Aires, y una de las dirigentes que encabezaba la cabeza de la columna que avanzaba por Diagonal Norte hacia Plaza de Mayo. “La provincia de Buenos Aires, una de las más ricas, hoy está endeudada por las políticas de María Eugenia Vidal. También quiso intervenir nuestra caja en el Instituto de Previsión Social, que históricamente da superávit. Ahora la está tirando a la baja para tener la excusa de intervenirla para seguirnos robando”, opinó sobre la situación en la provincia. “Nuestro pueblo debe entender que tenemos que ir hacia un gran frente común para derrotar a este gobierno y este modelo económico que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional”.
“¿Por qué paramos hoy? En defensa de nuestros derechos. El gobierno nos ha desoído. Ha violado la Constitución en materia de derechos laborales”, se escuchaba por los altoparlantes.
Las columnas avanzaban con cierto apuro: ya eran pasadas las 11.30 y resultaba necesario mantener un estricto orden en la manifestación de cara al acto previsto para las 13. Se podían ver a hombres y mujeres de chaleco (el color dependía de a qué gremio o central pertenecieran) con la inscripción “Organización” en la espalda. Llegado el caso, gritaban “¡avancen!” o “¡hasta acá!” con la pericia propia de la experiencia en la manifestación callejera. Todo debía salir perfecto y no era para menos. El día anterior, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había ofrecido una conferencia de prensa denunciando la quema de cinco colectivos en varias localidades del conurbano bonaerense. Dijo entonces: “Lo que ya estamos viendo, y que ya lo advertí, son actitudes mafiosas. Esta destrucción de capital por aquellos que llaman al paro por el trabajo, lo que hacen es destruir trabajo. Esto es contra lo que nosotros peleamos”. Si la ciudad parecía sumida en el sopor de un fin de semana otoñal, el centro se acalambraba de tensiones por el temor a una posible represión. Los oficiales de infantería parados en fila e inmutables sobre la vereda, armas largas en mano, eran un mensaje de advertencia muy claro.
Sin embargo, no todas las columnas eran voluminosas y ni se desplegaban con grandilocuencia. También podían verse pequeños contingentes, con una o dos banderas, yendo por las calles laterales. Por Bartolomé Mitre, los representantes de la delegación Lomas de Zamora de Sadop se arrimaban silenciosamente hasta la plaza. Su secretario general, Raúl Barboza, comentaba: “Este es un llamado a la unidad para poder salir de esta situación calamitosa que estamos viviendo. Hoy es un día donde todos los trabajadores tenemos que estar juntos”. Y con respecto a las perspectivas que caben esperarse del futuro cercano, dijo: “Lamentablemente, es un gobierno que no ha solucionado los problemas que ya teníamos. Queremos que termine, como todo argentino, pero también queremos políticas más claras. Queremos un gobierno con justicia social y que se acuerde de los trabajadores”.
Ya por Avenida de Mayo el movimiento era frenético. Entraban las columnas de camioneros, impactantes por su número, que avanzaban ensordecedoras con cantos, trompetas y redoblantes. Ocuparían el lugar central frente al palco que se erigía sobre la Plaza de Mayo, ya que el orador principal sería su secretario adjunto, Pablo Moyano.
Hugo Yasky llamó a la unidad de los sectores populares para derrotar a Cambiemos en las elecciones presidenciales.
Refugiados del sol bajo las columnas del Cabildo se encontraban los militantes del Frente Darío Santillán. Casi al lado, se alzaba la bandera de Udocba. Al frente, en la esquina del Palacio de Gobierno de la Ciudad, se mezclaban las banderas de la CTA con las del Sat-Said y con una infinidad de banderas de todos los colores: pequeñas, tipo estandarte, enormes trapos pintados con aerosol (“No al ajuste – PJ La Plata”) y otras más elaboradas que tapaban cualquier intento de asomarse para ver a los oradores.
Hacia las 12.30 se empezó a escuchar por los altoparlantes repartidos por toda la avenida la voz de la presentadora. Lanzaba frases esporádicas: “¿Por qué paramos hoy? En defensa de nuestros derechos constitucionales. El gobierno nos ha desoído. Ha violado la Constitución en materia de derechos laborales”. Y las columnas respondieron, porque rápidamente se fueron apiñando contra el vallado de contención puesto a unos metros del escenario donde se desarrollaría el acto central.
Horas después el gobierno intentaría minimizar el alcance del paro, alegando que, por ejemplo, la actividad de los bancos no se vio afectada. Sin embargo, por Diagonal Norte se podía ver una verdadera marea humana avanzando, con rapidez algunos y otros a los saltos, perteneciente a La Bancaria. Entre bombos y banderas se encontraba Pablo, delegado de la comisión interna del Banco Credicoop. “Son casi cuatro años de un gobierno neoliberal que nos está matando a todos de a poco –declaró-. La idea es mostrarle a este gobierno la disconformidad del pueblo. Y aunque no quiera verla, también es importante que sea la gente la que vea la movilización en las calles”. Como empleado bancario, también está al tanto de lo que implica el modelo económico tomado por el gobierno: “Los bancos no la están pasando mal. Están teniendo ganancias. Pero no por otorgar créditos a las pymes para adquirir capital de trabajo o créditos hipotecarios para que la gente se compre su casa. La plata de los bancos viene de las Leliq, que pagan un 70 por ciento de tasa de interés. Hoy en día las ganancias son por la timba y no por cobrar intereses genuinos y de financiamiento productivo. Pero esto es una burbuja. Tenemos que abrir los ojos y ver que esto en cualquier momento va a reventar. Y ahí vamos a reventar todos juntos”, enfatizó.
La marcha coincidió con la conmemoración del 42º aniversario de las Madres de Plaza de Mayo.
La voz del escenario volvió a aparecer, esta vez pidiendo no caer “en las provocaciones de Patricia Bullrich y los infiltrados”, que estarían buscando mostrar a los manifestantes como un grupo de violentos. Recordó entonces que, tres días antes, se había cumplido el aniversario número 40 del primer paro que hizo la CGT frente a la última dictadura cívico-militar, en 1979. “Tenemos una historia de paz. Pedimos paz, pan y trabajo”, dijo la voz latosa.
Al frente casi no quedaba espacio para moverse. Pero desde varios metros se podía ver a un hombre que pedía permiso y caminaba a contracorriente, con una caja bajo el brazo. “Este es un fondo de lucha para los compañeros y compañeras de la empresa “PedidosYa”. Es un conflicto testigo de este momento. Uber, PedidosYa, Glovo, las apps que se presentan como el futuro del trabajo, ya dieron cuenta que son la precarización absoluta en las condiciones laborales. No les pagan obra social, no tienen un seguro por accidentes. Y se trata de gente que está laburando todo el día en la calle, expuesta al rigor que eso implica. Por lo que ellos luchan es por el reconocimiento de la relación de dependencia. Acá, en el caso de PedidosYa, que era una de las pocas empresas que blanqueaba la relación de dependencia, se está comenzando a despedir gente para contratar monotributistas. Entonces, esta es una lucha contra el avance de la precarización”. Quien dice esto es Matías, docente del nivel medio, militante de Ademys y de la agrupación Democracia Socialista, que de esta forma iba de persona en persona pidiendo una colaboración para el fondo de lucha. Respecto a su situación particular como docente, comenta: “Yo trabajo en una escuela de la Villa 31 y ahí el ajuste se siente muy fuerte. Los chicos te dicen que no tienen para comprar hojas, lápices, lapiceras…para ir a la escuela. Ellos vienen con hambre y sólo esperan la hora del comedor. Tienen problemas con la policía, que los acosa en los barrios. Las mujeres tienen problemas con sus parejas, que las violentan. Hay como un clima de tensión, de saturación. Y así es realmente difícil trabajar. Toda la mierda sale a flote en este tipo de situaciones. Pero, al mismo tiempo, por suerte también sale la solidaridad. En las crisis se ven los dos extremos. Lo peor de la gente y lo mejor de la gente”. Y en disonancia con uno de los supuestos que parecen sostener quienes convocaron a la marcha y piden por la unidad de la oposición, Matías concluye: “El futuro ya está complicado de por sí, gane quien gane en las elecciones. El nivel de deuda que ha dejado este gobierno no es sólo una entrega hoy, es una miseria planificada a futuro. Creo que si uno quiere que la cosa cambie, el próximo gobierno tiene que desconocer el pacto con el FMI. Tiene que investigar la deuda externa, porque está llena de ilegitimidades. Y estamos siempre pagando la renegociación de la renegociación”.
Hubo grandes críticas a los dirigentes de la CGT que no adhirieron a la medida de fuerza.
Un poco pasadas las 13, dio comienzo al acto. La voz exclamaba que se enunciarán las estrofas del Himno Nacional. El ruido de los bombos bajaba lentamente. Muchos se apoyaban la mano en el pecho. Ya sobre el final, el aire se saturaba con los gritos del “oh, juremos con gloria morir” y muchos dedos en “V” se elevaban con euforia.
Fueron seis los oradores. El primero (presentado como “líder del Frente Sindical”) fue Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria. Su discurso fue en gran medida una respuesta a distintas acusaciones que hicieron medios de comunicación y funcionarios al respecto de la convocatoria. “Algunos hablaron de amenazas, de cortes, de mafias… amenazas son las que hacen ellos con las conciliaciones obligatorias (en referencia a las dictadas por la Secretaría de Trabajo este lunes a los gremios aeronáuticos, cerámicos y de actores, a las que hicieron caso omiso); amenazas son cuando pretenden amedrentar con descuentos al salario por parar; amenazas son cuando meten miedo en la sociedad diciendo que va a haber disturbios; cuando dicen que si no ganan las elecciones, el país va a estallar”. Como la mayor parte de los discursos, llamó a continuar con más movilizaciones y el armado de un plan de lucha. “Si quieren más paro, van a tener más paro. Y si quieren más gente en la calle, la multiplicaremos por miles”, exclamó enérgico. De todas formas, también dedicó unas palabras a los dirigentes de la CGT, a quienes reclamó que recapaciten en su posición. Finalmente, concluyó con una declaración puramente electoral: “No tengamos miedo de que el futuro es el problema. El futuro es hoy y ahora. Es necesario un gobierno nacional y popular en octubre y la unidad es la piedra basal del mejoramiento en la vida de los trabajadores”.
Luego habló Mariano Sánchez, en representación de los movimientos sociales. Las columnas de la CTEP, Barrios de Pie, la CCC y el Frente Darío Santillán se encontraban sobre la Diagonal Sur. Su discurso fue un llamado a la unidad, “un gran frente con todos. Tenemos que derrotar a Macri en las urnas o en la calle. Si no lo derrotamos en la calle, habrá que derrotarlo en las urnas”, fue una de sus frases más contundentes.
“Si quieren más paro, van a tener más paro. Y si quieren más gente en la calle, la multiplicaremos por miles”, exclamó Sergio Palazzo, de La Bancaria.
A su turno, Ricardo Peidró, de la CTA autónoma, destacó la diversidad de corrientes que ese día ocuparon la plaza. “Trabajadores precarios, desocupados, formales, jubilados: la verdadera unidad es esta”. Recordó también que el 30 de abril se conmemora el 42° aniversario de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo (motivo por el cual adelantaron el acto para que no entorpeciera la celebración que harían las Madres en esa misma plaza): “Queremos ser coherentes con los miles que siempre lucharon a lo largo de la historia”. Su cierre fue una declaración alineada a uno de los puntos en común más importantes que tuvieron todos los oradores: “¿Se creen que nos vamos a quedar cruzados de brazos hasta las elecciones? Los pibes se cagan de hambre hoy…Hoy es la lucha”.
Pablo Micheli (CTA) fue más duro con la dirigencia de la CGT. “Estos del binomio no sé si son boludos, están equivocados o son traidores. Hay muchos que intentan romper, como estos dirigentes que llaman a un paro el 1° de mayo cuando tendrían que estar acá”, remató Micheli. También se refirió al advenimiento de las elecciones cuando anunció que “son tiempos de lucha. Queremos que vuelva el peronismo, que vuelva un gobierno nacional y popular. Para eso hay que ganar la calle con más paros y más marchas, porque la victoria está en la unidad. Hay que acompañar el camino a la elección con el movimiento obrero, las organizaciones sociales y el pueblo en la calle”, concluyó.
“Recuerden esta fecha, hoy empieza una nueva historia para la clase trabajadora”, comenzó Hugo Yasky (CTA de los trabajadores y diputado nacional por el FPV-PJ) quien, luego de describir un panorama de crisis en el país, llamó a la unidad y la esperanza: “Este país sólo se puede hacer con la unidad del pueblo”.
Omar Plaini, del gremio de los Canillitas, tuvo la responsabilidad de leer un documento realizado en el Plenario de regionales de la CGT en SMATA. Se trató de un escrito basado en cinco puntos que podrían resumirse de la siguiente forma: 1) Rechazo de todo intento de reforma laboral, paritarias libres y aumento del salario mínimo, vital y móvil; 2) Cambio en la política económica, con protección a la industria nacional, el mercado interno y un repudio total al Fondo Monetario Internacional; 3) Retrotraer las tarifas de los servicios al 1° de diciembre de 2017 (de acuerdo a la ley votada en el Congreso y que luego fue vetada por Presidencia); 4) Derogación de la reforma previsional y aumento de emergencia a los jubilados y pensionados; 5) Defensa de la producción y mano de obra nacional.
La columna más numerosa fue la de Camioneros.
Por último, Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. Luego de que la presentadora lo nombrara, se escucharon estruendos de fuegos artificiales y las columnas del gremio se agitaron en algarabía. El comienzo fue un rosario de agradecimientos: a las 70 regionales de la CGT que decidieron unirse al paro, a la confluencia del Frente sindical con las CTA y los movimientos sociales y, en especial, a la agrupación interna de la UTA liderada por Miguel Bustinduy que provocó que no prestaran servicio casi un centenar de líneas de colectivos (en un gesto que muestra la fractura al interior del gremio transportista). Destacó entonces “los huevos” de los dirigentes que se encontraban aquella tarde en la Plaza de Mayo. Respecto a las conciliaciones obligatorias dictadas por la cartera del secretario de Producción Dante Sica, fue elocuente: “Que se metan las multas en el culo, a nosotros no nos aprieta nadie”. Como cierre del acto mismo, enfatizó: “Ellos ratifican el modelo económico, nosotros ratificamos que vamos a seguir peleando”.
Aunque muchos no estaban enterados, sobre la 9 de Julio la infantería había reprimido a manifestantes que atacaron las sedes del Banco Francés y el Banco Galicia. Terminaron detenidas 39 personas por estos hechos y, según explicó la Policía de la Ciudad, también por haber amedrentado a choferes de colectivos de las líneas que no habían parado.
Por eso, al terminar el acto, la presentadora volvió a llamar a la calma. Insistió en “volver en paz, con las banderas en alto, a nuestros hogares”. En ese intante comenzó a sonar Jijiji, la clásica canción de los Redondos que aparece siempre al finalizar las marchas, mientras las columnas se alejaban tranquilamente por las avenidas entre los puestos de bebidas y comestibles que ya empezaban a levantar sus tiendas.
