Ene 31, 2020 | Novedades, Trabajo
El 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito despedidos.
Una larga planilla contiene la lista de 82 nombres. Son los agentes despedidos. Junto a ellos, las razones por las que ya no pertenecen al Cuerpo de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. En una sala de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Lucas Dávolos y Silvio Piera leen por primera vez los motivos que, aparentemente, justifican sus desvinculaciones y la violación de la medida cautelar emitida por la jueza Patricia López Vergara, de noviembre pasado, que impedía al Gobierno de la Ciudad despedir a cualquier trabajador de es repartición. “Tuvo cuatro suspensiones, fue informado en tres ocasiones, debe destacar que desde el día 8/9/19 el agente no labró acta alguna”, lee Dávolos con incredulidad y una sonrisa que enuncia sorpresa: el enojo y la impotencia ya se superaron. Su trabajo consistía en ser chofer. “Tengo una sola suspensión, que me la hicieron en estos casi cuatro meses de lucha. Me la hizo un coordinador que, además, es delegado del gremio. Cuando empezó el conflicto, aprovecharon a los que tienen nivel jerárquico dentro del Cuerpo y que también pertenecen al sindicato para justificar medidas disciplinarias y poder rescindir el contrato, darnos de baja o echarnos.”
Los despidos comenzaron poco antes del 1 de enero y fueron notificados como no renovación de contratos. Llegadas tarde, ausentes injustificados y falsificación de certificados médicos fueron los motivos que el Gobierno alega para violar la cautelar. Sin embargo, los trabajadores niegan que estos argumentos sean las verdaderas razones: “De los 82, más o menos 55 fuimos los que impulsamos los reclamos y tratamos de asesorarnos con otro gremio, ya que el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) siempre se comportó bastante funcional al Ejecutivo y de una manera violenta y agresiva hacia con los trabajadores. Y en ese grupo estamos los referentes, delegados normalizadores de ATE, y nuestros amigos y personas cercanas”, sostiene Dávolos, quien llevaba cuatro años en el Cuerpo.
El caso de Silvio Piera es similar: con seis años de monotributista para el Gobierno de la Ciudad y realizando los estudios para su pase a planta permanente fue notificado por teléfono que su vínculo con Tránsito había cesado. El motivo: no haber realizado multas, incluso cuando esa no era su función. El verdadero motivo: político, tal como se lo confesó su supervisor. Los despidos fueron la última represalia para los que decidieron organizarse por sus derechos, y un mensaje para los agentes que quedaban dentro de la Dirección de Tránsito.
Frente a esto, Rodolfo Arrechea, secretario gremial y parte del Consejo Directivo de ATE, aseguró que acudirán al INADI: “Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral, y porque una patota que agredió a las mujeres, mandada por una organización sindical empresarial que es la que sostiene al Gobierno de Larreta. Presentamos la denuncia en la comisaría y acá la respuesta fue ‘los echamos a todos’
Por otra parte, el pasado 27 de enero la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad la reincorporación de la totalidad de los agentes de Tránsito desvinculados del Cuerpo con posterioridad a la cautelar de López Vergara, en un nuevo capítulo de esta saga.
“Vamos a ir al INADI a presentar una denuncia por discriminación ideológica y persecución laboral», dice Arrechea.
La situación que atraviesan los agentes del Cuerpo de Tránsito dista mucho de ser la ideal desde hace mucho tiempo. Su precaria situación laboral se conoció luego de que en la madrugada del 8 de septiembre de 2019, Cinthia Choque muriera durante su horario laboral tras ser atropellada por Eugenio Veppo, quien también hirió de gravedad a otro agente, Santiago Siciliano. “Esa noche, Cinthia y Santiago ya no estaban parando autos porque se habían cortado los controles desde supervisión: ya no había lugar en las playas de acarreo”, cuenta Dávolos, quien también era amigo de las víctimas. “Pero los chicos quedan ahí parados en la calle, no los dejan ni subirse al móvil ni subirse a la vereda. Se tienen que quedar ahí como una especie de campaña de márketing”, agrega. Una exposición que es doblemente peligrosa cuando los trabajadores no cuenta con ningún tipo de cobertura por parte de la Dirección de Tránsito: ni ART, ni obra social, ni posibilidad de licencias médicas debido a su condición de monotributistas, es decir, de trabajadores sypuestamente“independientes”.
A partir de ese momento, lo que antes fueron quejas aisladas y puntuales se convirtió en un reclamo organizado. Comenzaron las movilizaciones, las asambleas y la unidad para denunciar las condiciones en las que trabajan. Sin embargo, en medio de una campaña electoral y con bastante presencia de los medio de comunicación, la respuesta del “Ejecutivo” -las autoridades de la Dirección de Tránsito- no se hizo esperar: “Primero nos sacan de la calle con la excusa de que durante una negociación no se podía cortar la calle”, relata Piera. “En la primera mesa de trabajo nos prometieron un montón de cosas, estábamos todos felices. Pero antes de que se lleve a cabo la segunda mesa, renuncia el director y asume el que hasta entonces era jefe de Operativos, que también es delegado de SUTECBA. Ahí hacen un negocio para ellos y a nosotros nos dejan afuera.” Lo que sigue, cuentan, es una serie de persecuciones y aprietes tanto en el ámbito laboral -suspensiones, cambio de horarios y funciones, acoso- como por fuera de éste e incluye amenazas de muerte, patotas y golpizas.
Verónica Báez, trabajadora en planta permanente que también forma parte de la lucha en contra de la precarización laboral, recuerda que anteriormente “otros compañeros intentaron organizarse en un sindicato distinto, pero fueron amenazados violentamente.” La frase “SUTECBA o muerte” logró disuadir a los demás agentes por un tiempo. “Nosotros teníamos muy en claro que no podíamos organizarnos. Pero todo tiene un límite, y la muerte es un límite. Cuando te dicen ‘SUTECBA o muerte’ era literal, nuestra compañera murió. Eso fue el detonante para querer organizarnos”, sostiene Báez. La afiliación en ATE no fue una opción hasta que, agotados todos los recursos propios y habiendo hablado con todas las personas posibles, el asesoramiento legal y laboral que ya recibían del gremio se convirtió en su base de resguardo.
La presión siguió en aumento, al punto que supervisores y coordinadores acudieron durante su horario laboral -como si estuvieran cumpliendo sus funciones- a una reunión de los trabajadores en Parque Chacabuco, en la que sacaron fotos y filmaron. “Se lo dije al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, porque esta cuestión es gravísima en el marco de la democracia, y dijo que iban a averiguar”, dice Arrechea. Pero esa averiguación prometida culminó en una lista de despedidos en la que se encuentran todos los fotografiados aquella tarde. “Ahí te das cuenta que en esa lista no está el justificativo. El justificativo es todo lo que venimos aguantando y que expusimos”, argumenta Dávolos. Los despidos fueron tan solo el paso final.
La lucha por la reincorporación no es menor, pero los trabajadores no quieren que esta situación corra del eje central la cuestión más importante: la precarización laboral. “Estamos en el año 2020 y estamos pidiendo derechos del 1900. ¿Cómo puede ser que a esta altura en la Ciudad de Buenos Aires -no un lugar perdido en el mundo-, un trabajador no tenga obra social, y no tenga una ART o el derecho a pasarse un médico?,” sostiene Báez.
Piera sostiene que “ya de por sí la condición de contratado es violencia pura porque la gente no sabe si al otro día va a tener trabajo o no, hay dependencia total de la persona que te contrata y así no se puede proyectar nada.” Por otra parte, y si bien el Cuerpo de Tránsito aporta el mayor caudal de ingresos al gobierno después de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), los trabajadores de esta dirección son los peores pagos entre los trabajadores municipales de la Ciudad, tal como sostiene Arrechea. A esto se le suma que pueden llegar a no cobrar durante enero, febrero, marzo y, en ocasiones, abril. “Interrumpen la facturación, que es por una cuestión fiscal para que no salte la relación de dependencia encubierta”, explica Dávolos y añade: “Si facturás los doce meses durante cuatro años, como es mi caso, claramente hay una relación de dependencia. Estás completando el ciclo anual de facturación al mismo ente una y otra vez y seguís siendo monotributista.”
Según Báez, también “hay que ver lo político y lo económico en cómo está armado el Cuerpo de Tránsito para que las cosas no cambien”. Desde lo político, “algo importante es qué hace el gobierno de la Ciudad, por qué decide contratar”. “No es solo una cuestión burocrática, es una manera de presionarte, diciéndote y amenazándote con que no te van a renovar el contrato. Entonces, si a vos te piden hacer mil multas, lo vas a hacer por el miedo de quedarte sin trabajo. Es una pistola en la cabeza”, expresa la agente.
Otra cuestión de gravedad que denuncian es la utilización de los agentes de Tránsito como militantes políticos por parte del gobierno y del PRO. “Si superabas los 45 días por médico que tienen los monotributistas y, por alguna razón, tenías que faltar, te daban los días a cambio de que fueras a timbrear. Una persona que hacía política para el PRO o que es afín al gremio y al poder tiene franco”, cuenta también Báez, y Dávolos agrega: “Hay gente que se jacta de que recibió la planta permanente por estar siempre presente en el timbreo y de que ‘vos sos un boludo’, te lo dicen así.” Es de este modo que “una persona que va a timbrear los fines de semana y que entró hace dos años tiene más derechos que Cinthia, que falleció estando seis años y medio como monotributista.” “Hicieron clientelismo con los recursos que nosotros habíamos conseguido en nuestra lucha. Hay clientelismo y corrupción”, resume Piera.
Respecto de los motivos económicos, la recaudación supone el objetivo principal y la contracara de la presión sobre los trabajadores en términos de productividad. “Ellos no quieren funcionarios públicos, no solo por el tipo de contratación y la plata, sino porque no quieren personas que estén a favor del ciudadano y que ayude en lugar de recaudar”, sostiene Báez, una de las pocas agentes en planta permanente que no es administrativa, sino que trabaja en la calle.
Es por esto que, a pesar de que entre las funciones del trabajador de Tránsito esté el “aportar para cesar la falta y prevención de la falta”, es decir, participar en la educación vial más allá de lo meramente punitivo, desde el Gobierno y la Dirección están lejos de promover este tipo de acciones. “La política de los jefes es esconderte porque ellos lo que quieren es la multa, la plata”, sostiene Piera.
“Eso es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos llenó de luces la avenida Corrientes pero resulta que genera una ciudad profundamente injusta. Por afuera muchas luces y mucha sonrisa, y por dentro están los trabajadores en esta situación,” expresa Arrechea, para quien la situación está lejos de resolverse debido al cerco mediático: “A todo tipo de medios le aporta Larreta para poder sostener un gobierno como este.”
Por su parte, los trabajadores despedidos y los agremiados a ATE continúan en lucha, a la espera de que se cumpla del fallo de Liberatori. “Nosotros creemos que es prioridad el puesto de trabajo, más en un momento tan difícil como el que está atravesando el país, y aún más después de una relación de dependencia durante tanto tiempo, de manera encubierta, y con una limitación de derechos básicos que asquea”, sostiene Dávolos. También convocaron a una concentración el lunes 3 de febrero para exigir la inmediata reincorporación de los despedidos y continuar con los reclamos por mejora en los derechos laborales.
Sep 12, 2018 | Novedades, Trabajo
Cristian Manzano, trabajador precarizado de Rappi.
La empresa de delivery on line Rappi les ofrece a sus trabajadores ser sus propios jefes, manejar sus horarios y hacerles la vida más fácil. “Todo es mentira, nada de eso es verdad”, dice el rappitendero Roger Rojas, que hace algunos meses organiza la lucha contra los despidos y el incumplimiento de la independencia que la empresa propone.
“A veces nos salen viajes de 9 kilómetros por 40 pesos, y si no los aceptamos empiezan los problemas. De repente te asignan el pedido sin que vos estés de acuerdo y si lo cancelas quedas bloqueado, sin trabajar por una hora”, explica y asegura que si “en un día hacés eso dos veces, o tres en la semana, te eliminan de la aplicación, no podés trabajar”.
Uno de los despidos que más indignó a Roger fue cuando un compañero le reclamó a la empresa que le pagara las tres semanas de trabajo que no había cobrado. “Le dijeron que tenía que esperar, les alzó la voz y lo bloquearon de la aplicación”. Por este caso, entre otros, los trabajadores iniciaron una demanda ante el ex Ministerio de Trabajo.
“Lo que están reclamando en sede judicial es que se los reconozca como trabajadores en relación de dependencia y, dado que están siendo despedidos, se les abone la indemnización que corresponde”, aclara Juan Manuel Ottaviano, el abogado que inició la demanda.
Según Roger, la postura de la empresa parece ser siempre la misma: “Ellos nos esquivan, no quieren negociar. ´Si no les gusta se van´, nos dicen. Eso no es así porque tú estás ante un derecho y la misma ley dice que los derechos son irrenunciables”.
Julio Olivero y Cristian Manzano, trabajadores de Rappi.
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, sostiene que “se considera nula una renuncia de un trabajador a un derecho de la Ley de Contrato de Trabajo porque es la relación de desigualdad y la necesidad de trabajar la que lo lleva a aceptar. No son dos partes iguales en un contrato cualquiera”.
Para Cremonte, los mensajeros de Rappi, por más que trabajen para una empresa de plataforma digital (como Uber o Pedidos Ya), cuentan con el respaldo de la Ley de Contratos de Trabajo y los artículos de la Constitución Nacional. “El problema que hay está vinculando al fraude laboral. La forma en que se los recluta y se les propone cuál va a ser la forma de relación de trabajo, tratándolos de micro emprendedores, enmascara una relación de engaño”.
Ottaviano sostiene que la relación laboral sí es de dependencia porque “cumplen horarios, una prestación determinada por la empresa que fija un precio a pagarle a los mensajeros, establece los controles para el cumplimiento de la prestación, e inclusive las sanciones”.
“Lo que nosotros pedimos es ser trabajadores independientes, como nos propone la empresa, pero para eso nos tenemos que sentar a negociar con ellos. No puede ser que ellos fijen cuánto cobramos y cuánto pedaleamos, y que si no acordamos nos bloqueen”, argumenta Roger.
Los trabajadores de Rappi reclaman contra la precarización y los despidos llevados a cabo por la empresa.
Roger llegó a Argentina hace seis meses, es venezolano. Allá se recibió de abogado, en estos días está esperando que le acepten la revalidación del título para poder ejercer acá. “Es increíble que estas empresas ya tienen ganancias exageradas y quieran incrementar sus fortunas mil veces más y los trabajadores quedamos siempre por debajo, es una gran injusticia”, comenta.
¿Te respaldan los otros rappitenderos?
Sí, nosotros somos un grupo grande. Respaldo por lo menos. En este movimiento somos muchos. El 90 por ciento está inconforme y todos los días son víctimas. Hay algo llamado miedo, te apoyan pero no quieren dar la cara. Temen a que sean despedidos, a que no les paguen. Así aceptan todas las condiciones de la empresa, y por eso se aprovechan.
¿Vos tenés miedo?
No, eso es lo que me lleva a estar donde estoy. Y ahora hay muchos detrás de esto.
Sin éxito, ANCCOM intentó comunicarse con representantes de la empresa en Buenos Aires. Nadie contestó a las inquietudes.
Sep 6, 2018 | Novedades, Trabajo
El fenómeno de los trabajadores sobre ruedas creció exponencialmente en los últimos meses en la Ciudad de Buenos Aires. Con sus vestimentas flúo, en motos o bicicletas, sus particulares cajas coloridas para transportar objetos y/o comida poblaron las calles de la Capital Federal a partir de la emergencia de numerosas aplicaciones de delivery como Rappi o Glovo.
La irrupción de estas startups en el país llegaron con el debate sobre si estos puestos de trabajo vienen a suplir una demanda insatisfecha del mercado o, simplemente, representan otra arista de la precarización laboral por la modalidad de contratación que adoptan para con sus empleados. Algunos economistas, inclusive, bautizaron a estas prácticas como la “uberización” de la economía.
En este sentido, la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) denunció la situación laboral de los trabajadores de Glovo, la aplicación de capital español que opera bajo el nombre jurídico de Kadabra SAS, e incluso realizó escraches a la empresa. Según la página de la app, se ofrece trabajar de forma independiente, con compensación por pedido y con “total libertad” como autónomo. También destacan la “flexibilidad” del trabajo para generar ingresos en los tiempos libres.
“Básicamente lo que hacen estas aplicaciones es retrotraer la situación de los trabajadores a la previa de la conformación del sindicato, cuando todos trabajábamos bajo el modelo de fraude laboral y trabajo a destajo. A esto le agregan el factor tecnológico. Los trabajadores no tienen un lugar puntual para realizar una protesta. Se encuentran con una aplicación virtual, con un algoritmo; son trabajadores que, para hacer algún reclamo, tienen que mandar un mensaje a centros de atención que están en otros países”, aseguró Maximiliano Arranz, secretario adjunto del sindicato en diálogo con ANCCOM.
Sin embargo, según pudo saber esta agencia, la gremial firmó en junio un acuerdo confidencial con Glovo bajo la supervisión de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio porteña para intentar regularizar la situación de los trabajadores.
El pacto, confiaron fuentes de la Ciudad, consiste en una serie de pautas a cumplir por la empresa en la que se incluye un cambio de modalidad de contratación para con los “glovers”. A partir del entendimiento, los trabajadores ya no estarán en condición de monotributistas, pero tampoco con una vinculación directa con Glovo. La aplicación se comprometió a contratarlos con empresas nucleadas en la Cámara de Empresas de Mensajería por Moto (CEMMARA) y/o empresas de mensajería que ofrezcan servicios a través de personal registrado en relación de dependencia por un lapso de tres años.
Desde la Cámara afirmaron desconocer el acuerdo, pero su presidente, Mario del Oriente, precisó a ANCCOM los cambios en el régimen de contrataciones que vinieron de la mano de las nuevas aplicaciones. “Glovo empezó a incorporar trabajadores en relación de dependencia bajo una aplicación que nace del seno de la Cámara, pero que es privada y se llama Envíos Ya. Está compuesta por 15 empresas de mensajería con todos los trabajadores en relación de dependencia. Después si tienen trabajadores monotributistas o en negro es otra cosa, y deberán hacerse las denuncias correspondientes”, puntualizó.
El acuerdo rige únicamente para la Ciudad de Buenos Aires y ambas partes sellaron una “cláusula de confidencialidad”, e instaron a mantener “la paz social, la buena fe y el diálogo”.
ANCCOM se comunicó con Glovo, pero la empresa decidió no formular declaraciones amparándose en la cláusula de confidencialidad del contrato. El sindicato, por otra parte, decidió no expresarse específicamente sobre el acuerdo. Mientras tanto, en las calles de Buenos Aires los trabajadores en dos ruedas se siguen multiplicando día a día.
Jun 26, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
El desempleo, la precariedad laboral y una creciente desigualdad en la distribución de la riqueza son males que aquejan a la economía mundial. El aumento de la desocupación se ve contrastado con el sobre empleo de los que tienen trabajo; los sistemas de previsión y seguridad social parecen desbordados. Ante este panorama, una vieja aspiración de aquellos que debaten sobre derechos económicos toma fuerza: la Renta Básica Universal (RBU). A diferencia de las tradicionales políticas de asistencia social, la RBU plantea un ingreso para todos los ciudadanos en forma incondicional e indiscriminada. Puede tener diversas formas, dependiendo de las posibilidades de cada país. La propuesta se aproxima más a un derecho como es el derecho al sufragio que a cualquier otra concepción. Busca que toda persona por el solo hecho de nacer tenga asegurada las necesidades básicas para vivir. Hoy, Finlandia lleva adelante un experimento con dos mil participantes en un período de dos años (2017-2018) y cuyos resultados comenzarán a analizarse en 2019.
En contacto vía mail con ANCCOM, el Director de Relaciones Comunitarias de Kela, la institución del seguro social de Finlandia, Olli Kangas, contó cuáles son los motivos que impulsaron la implementación del programa: “El objetivo del experimento es encontrar formas de remodelar el sistema de seguridad social en respuesta a los cambios en el mercado laboral. Se evaluará el efecto de un ingreso básico en diferentes grupos de población y producirá una estimación del costo total”.
“El experimento de ingresos básicos busca respuestas a las siguientes preguntas: ¿Cómo podría rediseñarse el sistema de seguridad social para abordar la naturaleza cambiante del trabajo? ¿Se puede reformar el sistema de seguridad social de una manera que promueva la participación activa y brinde a las personas un incentivo más fuerte para trabajar? ¿Se puede reducir la burocracia y simplificar el complicado sistema de beneficios?”
En este sentido, Kangas señala: “Es para obtener resultados confiables, sean cuales fueran, para mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencia y para producir datos, hechos para los debates muy acalorados sobre los pro y los contra de la RBU”. Ante el debate planteado, señala que “ahora los argumentos se basan en consignas ideológicas en lugar de hechos. Tratamos de producir hechos”. Como la Administración Tributaria finlandesa no participó en la redacción de la ley, no fue posible realizar ningún cambio en las disposiciones fiscales y la prueba tendrá un costo total de 20 millones de euros.
Finlandia optó por experimentar y obtener información de campo antes de implementar un sistema. ¿Cómo se plantea el tema en nuestro país?
Uno de los precursores de estas iniciativas es el economista Rubén Lo Vuolo, director del Centro Interdisciplinario para el estudio de la Política Públicas. En 2001, Lo Vuolo fue parte del Frente Nacional Contra la Pobreza, donde tuvo su inicio el debate por la Asignación Universal por Hijo.
En primer lugar, Lo Vuolo considera que “ya no se puede confiar en que el empleo sea la relación social por la cual todas las personas puedan acceder a un ingreso que alcance para cubrir sus necesidades básicas”. La RBU puede ser un mecanismo que garantice un piso de ingreso para el conjunto de la población y por lo tanto actuar como estabilizador del consumo”.
Al igual que en la propuesta finlandesa, se plantea la necesidad de reformular el sistema tributario.
Lo Vuolo propone que la Renta Básica debe funcionar como un crédito fiscal, explica que “es decir, implica una reforma del impuesto a las ganancias y hacer una nueva tabla para que, a partir de un determinado ingreso, se tribute hasta el punto que se devuelva. Este concepto es muy importante porque algunos cuestionan que se les dé el ingreso ciudadano a los ricos y se lo damos porque es un derecho universal como el de votar o ir a una escuela pública. Estamos hablando de políticas que hacen a la conformación de un nuevo ethos social que implica este tipo de políticas”.
La propuesta requiere de múltiples discusiones. Conlleva conflictos de intereses que impactan en la política. Lo Vuolo considera que “el análisis de la coyuntura no tiene que trabar este tipo de propuestas. Y hay que ser claros, ninguno de los derechos se obtuvieron de la noche a la mañana. Hoy no es ni política ni fiscalmente posible, pero se puede establecer una gradualidad y discutir cual es el mecanismo para avanzar y no tiene que implicar una gran carga fiscal. Ahora, si la política va a seguir siendo favorable a las minorías obviamente una propuesta de este tipo no va a trascender ni va a ser posible de aprobarla”.
En coincidencia con Ollie Kangas, el economista argentino considera que se potencia la autonomía de las personas. “Con las políticas actuales hay un enorme clientelismo, son herramientas fundamentalmente de control social. Una persona que está permanentemente rindiendo examen para poder recibir un ingreso mínimo para poder vivir y sostener su familia evidentemente es una persona que no puede ni siquiera ejercer con libertad su derecho a voto. Esto se terminaría ya que nadie te podría quitar este beneficio”.
Dic 12, 2017 | Novedades, Trabajo
Hace un año, cientos de investigadores fueron rechazados para ingresar al Conicet, a pesar de que habían aprobado todas las instancias de evaluación correspondientes. Después de una toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de distintas negociaciones, el organismo se comprometió a reubicar a aquellos que había excluido en universidades nacionales desde el próximo año. Sin embargo, la solución parece no haber llegado a todos los casos y los científicos afectados denuncian precarización laboral.
Nadia Koziner, Doctora en Ciencias Sociales e integrante de Becarios Empoderados, contó: “En septiembre hubo una nueva toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque, luego de nueve meses, había habido muy pocos avances respecto del compromiso que habían firmado las autoridades del Ministerio. Al día de hoy, los avances en la inserción de investigadores son muy lentos». En tanto, Guido Giorgi, también Doctor en Ciencias Sociales e integrante de la Red Federal de Afectados-Conicet, expresó: “Originalmente éramos 498 en conflicto que habíamos sido aceptados para ingresar al Conicet, pero con un argumento presupuestario se decidió que no lo hiciéramos. Hubo 47 que ingresaron a la carrera de investigador por una reevaluación de la postulación, los que estamos en una situación de incertidumbre somos 451, de los cuales alrededor de 400 iríamos a universidades nacionales porque la opción del Conicet se cerró.” Dicha Red exigió esta semana que se resuelva concretamente la situación de los investigadores cuyo ingreso a las universidades no está asegurado, pese a la promesa oficial.
“Originalmente éramos 498 en conflicto que habíamos sido aceptados para ingresar al Conicet, pero con un argumento presupuestario se decidió que no lo hiciéramos», expresó Nadia Koziner, Doctora en Ciencias Sociales.
La reubicación de científicos es una solución a un problema que ellos no generaron. “Nosotros nos preparamos y venimos trabajando durante 7 años para ingresar al Conicet y ese era nuestro deseo. Muchos ya pertenecemos a universidades nacionales, estudiamos y estamos trabajando en ellas. Nuestras becas se terminan en diciembre y las condiciones laborales que nos proponen son peores. La toma de septiembre nos permitió asegurar algunas cuestiones del contrato, pero otras cosas no. Tuvimos un año extenso con un saldo un poco amargo, porque no conseguimos que hubiera un piso salarial mínimo, para que todos ganáramos por lo menos lo que nos correspondía como investigadores del Conicet”, agregó Giorgi.
Los cargos en universidades implican que los científicos tengan que dedicar menos tiempo a investigar, que es para lo que se formaron y para lo que habían sido seleccionados. Tendrán una carga horaria de 40 horas semanales de trabajo, de las cuales 30 serán para investigar y 10 para dar clases. Este contrato podría no tener fecha de inicio segura. Agustín Barna, Doctor en Ciencias Antropológicas y también miembro de la Red Federal de Afectados por el Conicet, alertó: “Desde el primero de enero todos deberíamos estar ubicados en las universidades, pero es muy probable que, por las burocracias universitarias, en cuanto dejemos de cobrar en diciembre, no esté listo ese ingreso y eso recién se concrete en abril o en marzo del año que viene, teniendo un bache salarial bastante importante”.
Las nuevas condiciones laborales presentarán aspectos negativos para los investigadores, quienes no lograron que se les computen los años de becario. Por lo tanto, para quienes no tienen antigüedad docente, el salario va a ser menor. Mercedes Krause, de Jóvenes Científicos Precarizados, otra de las organizaciones de investigadores, afirmó: “Es un cargo de docente-investigador, por eso la dedicación es exclusiva para esa universidad. Como el salario docente depende mucho de la antigüedad, eso representa una caída del salario de hasta el 40 % en algunos casos”.
La reubicación de los investigadores en puestos docentes les implica menos horas de investigación a la vez que la pérdida de salario.
Para Barna, uno de los puntos más complicados que no lograron revertir es que ellos ingresan a las universidades con un cargo interino; para que ese puesto sea regular tiene que ser concursado según el reglamento de cada universidad, lo cual supone para ellos una desventaja, porque ya concursaron en el Conicet. Por otro lado, el puesto producirá conflictos interpersonales en las instituciones. “Las universidades en general están en un contexto muy complicado, con mucho ajuste. Eso también genera tensiones con otros colegas que quizás llevan cinco o seis años con un cargo a ad honorem”, declaró el investigador.
Las posibilidades de ingreso al Conicet se reducen y ya se pueden ver las consecuencias. El Doctor en Ciencias Biológicas Pablo Núnez, de Ciencia y Técnica Argentina, advirtió: “Lo que se hizo fue romper con una política pública que venía generando un incremento sostenido de la cantidad de ingresos en los últimos 12 años, diciendo que el Conicet tenía un techo de crecimiento en términos administrativos, aludiendo que era uno de los organismos que más planta permanente tiene del Estado.” En ese sentido, el científico advirtió sobre los primeras consecuencias de la actual política científica nacional: “Hoy en día se está viendo que los becarios jóvenes que están terminando sus carreras de doctorado o los becarios de carreras científicas, no ven lugares de ingreso posibles. Los estudiantes están volviendo a mirar al exterior como una salida laboral.”
El ajuste en el Conicet debe enmarcarse en un contexto mayor. Giorgi señaló: “Lo que está pasando es una reducción generalizada del sistema en ciencia y técnica que implica al Ministerio, a los distintos organismos de desarrollo científico tecnológico que van desde el Arsat hasta el desarrollo de reactores nucleares, el INTA, el INTI y la investigación en Universidades Nacionales. Si sumamos los recortes que se están hablando en todos esos niveles, lo que se viene es bastante preocupante. En sí, en la parte de ciencia y técnica en términos globales hay un aumento del 2% en términos nominales, pero con la inflación va a disminuir un 11% en términos reales”
“Lo que está pasando es una reducción generalizada del sistema en ciencia y técnica que implica al Ministerio», enfatizó Guido Giorgi, Doctor en Ciencias Sociales.
Actualizado 12/12/2017
