Jun 1, 2017 | inicio, Vidas políticas
“¿Qué es aquello que te apasiona? ¿Qué necesita el mundo? ¿Qué es aquello por lo que te pagarían?”, decía Alejandro Melamed en una charla en el auditorio de la «Expo Empleo Jóven» que se realizó en La Rural el 30 y 31 de mayo último. Fuera del auditorio, en la sala principal, había 200 mesas con promotores y personal de recursos humanos de cada una de las empresas que participaron de esta propuesta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prometía 10.000 puestos de trabajo en su campaña publicitaria.
La multitud de jóvenes ilusionados que se acercaron al predio y las longilíneas filas que se armaban parecieron desnudar uno de los grandes problemas de la actualidad socioeconómica: los crecientes índices de desocupación, en los cuales los universitarios ocupan la mayor porción.
Al preguntar para dejar el currículum en la empresa Exxon, la respuesta fue que buscaban dos áreas específicas. Al repetir la pregunta en YPF, sólo señalaron el e-mail al que había que enviarlo. Después de cada larga fila, compuestas por centenas depersonas, las respuestas se asemejaban.
Falsa expectativa: muchos jóvenes salieron desilusionados por no obtener una entrevista.
Por los pasillos de la Feria se encontraba Fabián Pereyra, el Director de Políticas de Juventud, organizador de la exposición. «Las empresas en este momento están atendiendo jóvenes que se están acercando. Si les dijeran sólo que carguen virtualmente el currículum, no habría ningún joven en la fila. Entiendo la polémica, que algunos dicen que hay precarización laboral, pero acá están las principales empresas del país generando 11.000 puestos de trabajo», dijo Pereyra en diálogo con ANCCOM. Sin embargo, agregó: «¿Cuántos abogados o periodistas pueden trabajar de lo que estudiaron? Es un mundo muy cerrado, esta feria sirve para que los chicos despierten otra vocación. Pienso también que hay que darles herramientas a los jóvenes para generar emprendimientos propios. Queremos que los chicos cumplan sus sueños».
Largas colas en las afueras del predio de La Rural de Buenos Aires para ingresar a la Expo Joven 2017.
Momentos más tarde, en la mesa de la marca de ropa 47 Street, la encargada de recursos humanos le dijo a una mujer: «Ah, pero vos sos de La Plata. ¿Viajarías a Capital todos los días?» La mujer contestó un “sí” rotundo. Su presencia en la Feria se debía a que hace seis meses que está sin empleo. “Vine porque no hay trabajo por ningún lado, y acá se ve mucho gasto de plata en los stands, en la folletería, en el espacio, para que después sólo te digan que tenés que entrar a la web de la empresa o enviarlo por e-mail», expresó a ANCCOM. Un grupo de chicos entre 18 y 19 años esperaban en otra larga fila para realizar un entrenamiento de entrevista laboral. «En las mesas nos trataron bien, fueron amables», dijo uno de ellos. El amigo agregó «yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”. Un joven de 28 años se acercaba a la salida porque tenía que asistir a su clase universitaria. Había estado tres horas en la cola para entrar a la feria, ya adentro, tuvo que hacer más filas, en muchos casos, para recibir folletos y bolsas de promoción.
«Yo criticaría que nos sacaban como si fuese un trámite, había mucha gente y sólo nos daban un e-mail”, explicó un joven mientras se retiraba del predio.
«Había otras expectativas, los jóvenes pensaban que muchas de las empresas harían las entrevistas acá, en las mesas, pero no», dijo un promotor de la marca Coca-Cola. Sólo en algunos casos se daba la selección en el momento. La gerente de recursos humanos de 47 Street separaba currículums y hacía marcas con lapicera, según ciertas respuestas de disponibilidad o residencia: «Me parece mejor que vengan y tener el cara a cara para la selección». En la mayoría de los casos la búsqueda laboral no se diferenciaba de la que cualquier joven podría hacer desde su casa, enviando currículums por mail. El objetivo de la Feria parecía ser ampliar la base de datos para cuando surgieran propuestas en las empresas, más que incorporar nuevos empleados.
El despliegue de múltiples stand y merchandising no alcanzó para cumplir con las expectativas reales de estudiantes y jóvenes trabajadores.
Actualizada 01/06/2017
Oct 19, 2016 | inicio
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la empresa Arcos Dorados S.A. (McDonald’s) celebraron un convenio que, según se promocionaba, le daría trabajo a cinco mil jóvenes entre 18 y 24 años. A cambio, los nuevos empleados recibirían una retribución mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 pesos serían afrontados por el Gobierno nacional. Gracias al amparo presentado por las diputadas del Peronismo para la Victoria Araceli Ferreyra, Silvia Horne y Lucila de Ponti, junto con el secretario de Juventud de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Matías Zalduendo, la Cámara de Apelaciones ordenó frenar dicho convenio. ANCCOM indagó los pormenores del acuerdo.
“Nosotros pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral. No se cumplen los derechos mínimos de la Ley de Contrato de Trabajo y tampoco se respeta el Salario Mínimo Vital y Móvil”, afirmó la diputada de Ponti, y agregó: “Si se quiere llevar adelante una política para que se genere el empleo en el segmento juvenil, hay que hacerlo respetando los postulados mínimos de la normativa”.
En Argentina, Mc Donald’s ocupa el sexto lugar en el ranking de empresas empleadoras, con un total de 16.809 trabajadores. Esta información es la que la propia multinacional declara en las planillas anexadas en el convenio con el Gobierno nacional.
«Pedimos la nulidad de las Prácticas Clarificantes porque entendimos que, para los jóvenes beneficiarios, genera flexibilización y precarización laboral».
Daniel Arenaza, abogado interviniente en la causa y miembro del Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales, entiende que uno de los motivos que los llevó a intentar frenar el acuerdo es que el Salario Mínimo Vital y Móvil está pautado en 7.560 pesos, muy por encima de lo que establecía el convenio entre la multinacional estadounidense y el gobierno Nacional.
Un trabajador de McDonald’s, en su categoría más baja y sin antigüedad, actualmente cobra en Argentina por Convenio Colectivo de Trabajo cerca de 10.000 pesos por mes. Quienes iban a ingresar a través de las llamadas Prácticas Clarificantes -ahora suspendidas- hubieran cobrado menos de la mitad de ese monto. Aunque el Gobierno haga un esfuerzo significativo para instalar en el imaginario que son pasantías para el aprendizaje de un empleo, va saliendo a la luz que, en realidad, el funcionamiento es el mismo que el de una relación laboral tradicional, sólo que recibe otra denominación (y otra remuneración).
Respecto a la jornada laboral, también existen numerosas irregularidades. Arenaza explica que el acuerdo preveía que un trabajador cumpliera una carga horaria de 30 horas semanales, las cuales podían estar distribuidas entre fines de semana, feriados y horarios nocturnos. Un empleado regular de Arcos Dorados cobra un plus por una jornada laboral con estas características. Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características.
Los motivos que llevaron a la diputada correntina Araceli Ferreyra a impugnar el convenio son de índole personal. La legisladora recuerda que, en su provincia natal, conoció de primera mano a jóvenes trabajadores de McDonald’s y de su principal competidora, sometidos a una situación de precarización e inestabilidad. Los trabajadores son contratados a través de acuerdos temporarios, luego los despiden y no les abonan ningún tipo de indemnización. Además, Ferreyra recordó: “A mí me tocó a mediados de los ’80 y principios de los ’90 salir a buscar trabajo. En pleno fulgor del neoliberalismo los programas de empleo joven no servían para nada. Era creciente la desocupación juvenil. Esta era una manera que tenía el sector empresarial para bajar costos, sin garantizar ni capacitación, ni posibilidad al empleo. Sé por experiencia propia que estos programas no sirven para nada. De hecho, en España también hay este tipo de convenios y allí hoy existe un 60% de desempleo juvenil”.
Las tres diputadas, Arenaza y Zalduendo presentaron el pedido de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 76, a cargo del Juez Fernando Alfredo Vilarullo, quien rechazó de manera inminente la acción de amparo. El abogado actuante explicó que el juez “consideraba que, ni las diputadas nacionales que se presentaron en la causa, ni la CTA, representada en Matías Zalduendo, tenían la legitimidad para poder defender los supuestos derechos vulnerados. Este desconocimiento de la CTA como una organización que propende los derechos de todos los colectivos de trabajadores, más allá de este conflicto en particular, es uno de los motivos por los que decidimos apelar a una segunda instancia”.
«Las Prácticas Clarificantes le sacaban al trabajador esa bonificación y tampoco contemplaban cargas previsionales o los aportes de otras características».
En cambio, la sala número VI de la Cámara Nacional del Trabajo revocó el fallo de primera instancia que había desestimado la demanda. Se admitió la acción de amparo y la medida cautelar, y se le ordenó al juez que resuelva sobre esta medida cautelar, sin posibilidad de rechazo o desconocimiento sobre el tema.
Por otro lado, se incorporó a la causa a la empresa Arcos Dorados S.A. Daniel Arenaza explica: “Nosotros presentamos el amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, contra el Ministerio de Trabajo, que es el administrador, la cabeza del convenio. Los jueces en segunda instancia quisieron que también incorporáramos a la multinacional”.
Este convenio supuestamente está dirigido a crear empleo en jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Matías Zalduendo, de la CTA, explica que existe un amplio desconocimiento entre estos sectores sobre los derechos laborales. Por tal motivo, afirma: “Un acuerdo anunciado con bombos y platillos, que pone en el centro de la escena a un joven que hoy en día está sin trabajo, que vive una situación difícil en su casa y quiere buscar un empleo para independizarse e ingresar al mundo laboral, puede ser visto por los receptores como una posibilidad. Nosotros tenemos que demostrarles a quienes quieren acceder al primer empleo que tienen derecho a un salario mínimo y a recibir aportes patronales. La idea es que el trabajo te dignifique, y no ser explotados”.
Los promotores del amparo se encuentran a la espera de que el expediente vuelva a la primera instancia, en donde van a tener que notificar al Estado nacional y a la empresa Arcos Dorados para que se presenten en la causa dando explicaciones o presentando los informes correspondientes. “Lo primero que el juez va a tener que hacer es resolver la medida cautelar. Luego, tenemos fe en que la Justicia va a seguir los lineamientos que ya demostró. Tenemos confianza de que vamos a tener una resolución favorable. Aunque eso ya es criterio de los jueces y nos excede”, afirmó Arenaza.
Frente a esta realidad, el secretario de juventud de la CTA menciona la falta de cobertura de los medios masivos de comunicación ante la noticia del amparo: “No lo cubrieron porque es el primer golpe para el macrismo. Es uno de los primeros fallos que se da en contra del Gobierno nacional. No salió en ninguno de los grandes medios. Es más, el ministro Triaca se llamó al silencio. Esto es algo que sólo ha sido difundido por los medios alternativos y los portales. Cobró relevancia en las redes sociales porque se le ha puesto un freno a una política que nosotros consideramos que perjudicaba a los sectores más vulnerables y a los jóvenes”. Además, aseveró: “Estamos convencidos de que en este asado, en esta fiesta de los patrones, los trabajadores no vamos a ser el carbón ni mucho menos. Vamos a tratar de frenar este momento para defender a la clase trabajadora que es lo que más nos importa”.
Actualizado 18/10/2016
Sep 20, 2016 | inicio
Es posible que alguna vez se hayan encontrado con un Carrefour Express, a la vuelta de sus casas o trabajos. No sería nada raro, ya que la empresa tiene instaladas, sólo en la Ciudad de Buenos Aires, más de 350 mini-sucursales, además de los Markets, Maxis e Hipermercados.
En los Express, ver empleados que limpian, cobran, reponen mercadería y atienden a proveedores, todo a la vez, es una experiencia cotidiana que los consumidores notan, alguna vez con fastidio por las demoras y falta de calidad en la atención.
Sin embargo, detrás de este escenario, que algunos pueden interpretar como si fuera una situación aislada de falta de personal, se esconde una mecánica naturalizada para las empresas de este rubro masivo.
El encargado de una sucursal de Carrefour Express ubicado en Villa Urquiza tiene 26 años. Por temor a represalias laborales decidió no revelar su identidad. Se podría pensar que un puesto así tiene grandes beneficios, pero la Multinacional N° 2 en el mundo en su rubro tiene a los encargados fuera de convenio. Son más de 700 trabajadores con responsabilidades múltiples sin representación gremial, que trabajan 54 horas a la semana, en vez de 48, porque cuentan con un solo franco semanal y no reciben pago de horas extras. Tampoco acceden al plus por presentismo, ni al cobro del seguro de caja, que es obligatorio.
El responsable del local, trabaja nueve horas diarias, eso implica estar a cargo de todo lo que pasa en la sucursal, que incluye supervisión del personal y tareas administrativas. Pero en la modalidad multitask que fomenta la empresa, también limpia, es cajero, repositor de mercadería y hasta realiza tareas de seguridad. “En la sucursal en la que estoy, en 15 días nos robaron dos veces a mano armada. Carrefour abre estos locales pero no configura las cámaras de seguridad, no coloca los checkpoints, ni pone personal de seguridad, por lo que los Express son zonas liberadas. No toma ninguna medida para resguardar a los empleados, estamos a la buena de Dios”.
Para evitar sanciones por parte de la Gerencia, ante las diferencias que se generan producto de los robos, el responsable de la sucursal apela a su creatividad para achicar la pérdida y guarda en los estantes que están detrás de él, los productos que los “mecheros” suelen robar más, como queso rallado, botellas chicas y desodorantes.
Sus compañeros que trabajan en puestos menos jerárquicos están nucleados dentro del Sindicato de Empleados de Comercio, pero tampoco están mejor; cumplen jornadas de 9 horas, con sólo media hora de almuerzo, y realizan horas extras que no se pagan como tales.
En todas las sucursales se da una sobrecarga de tareas, debido a falta de personal, el Express de Villa Urquiza, tiene tres empleados entre los dos turnos, cuando la cantidad -dicen los trabajadores- debería ser por lo menos el doble. Como actividad extra en la vorágine del día a día, los empleados luchan cuerpo a cuerpo contra las ratas que se instalan en los depósitos. “En la sucursal donde estaba antes, teníamos un nido terrible de ratas, nosotros mismos sacábamos las que quedaban atrapadas en las jaulas”, recuerda Joaquín.
Las condiciones laborales que se dan en estos negocios se contradicen con lo que recaudan: una facturación que oscila entre 40.000 y 60.000 pesos diarios, dependiendo de la zona, sin vender carne, verduras, ni frutas.
La cocina sucia de una tienda grande
La Comisión Interna Gremial de Falabella también acusa a la empresa de incumplir sistemáticamente el artículo 18 de la paritaria de 2011, que exige a los supermercados o afines, que tengan una facturación de más de 110 millones de pesos al año, el pago de un adicional al cajero por el manejo de valores. Este derecho alcanza a personal de entidades bancarias, financieras y algunas empresas de consumo masivo. Sin embargo, con el objeto de incumplir la ley, Falabella S.A., perteneciente al grupo empresario dueño de Sodimac y Jumbo-Cencosud, se escuda en la figura de “tienda departamental”, una calificación comercial que toma de la legislación de la casa matriz, en Chile, pero que no existe en la República Argentina.
La Comisión denuncia además el incumplimiento de la ley 26.088 de Régimen de Contrato de Trabajo, que impide al empleador modificar las condiciones esenciales en el contrato con el empleado.
Esteban Meret y Cristian Look, 26 y 36 años, son los delegados de la Sucursal de Falabella que está en el Shopping DOT y detallan: “El seguro de caja forma parte del sueldo obligatorio y encima que no lo cumplen, ahora agregan tareas que pertenecen al Centro de Cambios, como realizar cambios de cualquier producto, el control de garantías y realización de notas de crédito, entre otras. Esto implica que si un cajero pierde una documentación o si un cliente hace un desconocimiento de la compra, le descuentan al empleado el valor de la venta de su sueldo, porque no cuentan con este seguro”. Además, denuncian que los supervisores están bajo las mismas condiciones de contratación que los empleados rasos, porque la empresa no los categoriza. Por este motivo, los delegados de Rosario, que reclaman por las condiciones laborales de más de 80 cajeros, mayormente mujeres, se unieron junto a los del DOT y los de la sucursal de Florida y Perón y durante el mes pasado realizaron paros en las cajas de la sede que está a metros de Plaza de Mayo.
Roberto García, 31 años y Ricardo Giménez, 27, delegados de la sucursal de Florida, exponen que los sueldos mínimos que paga la empresa contrastan mucho con los objetivos de ventas que imponen a sus empleados y con la ganancia de más de 500 millones de pesos al año, que ostenta la firma. “El mes pasado, sólo el sector de ropa femenina de Florida y Perón, vendió más de 11 millones de pesos, superó el 100% de presupuesto y el premio para mi compañera vendedora, que no para en todo el día, fue de 375 pesos”, comenta Giménez.
A los cajeros de 36 horas semanales les piden constantemente realizar 48, pero el pago de horas extras no llega y los francos acumulados por varias semanas se los dan cuando quieren. “Sin embargo, cada uno de ellos trabaja con la responsabilidad de un cierre de caja diario de 400.000 pesos, y más también. La base de recaudación diaria no baja de los tres millones de pesos”, describe García.
La tercerización en Falabella parece una política homogénea: en las 11 sucursales que tiene en el país cuenta con cientos de empleados por siete mil pesos cada uno, dos mil menos que lo que gana un empleado efectivizado en la planta. Esteban Meret detalla: “En el área de Cajas del DOT, además de los 18 efectivos, hay 10 empleados más tercerizados, a través de la Consultora Ser y Global Service. Los toman por cuatro o cinco meses, y después los echan para nunca efectivizarlos. El recambio es constante”.
Cristian Look, Roberto García, Ricardo Giménez y Esteban Meret
Cristian Look, su compañero delegado, siente que Falabella se llena los bolsillos a costa de los empleados: “Tenemos 20 sectores en nuestra sucursal y cada uno de ellos debe recaudar por mes tres millones de pesos”. Con dos hijos chiquitos a cargo, vive a diario este sistema de objetivos, armado para que un empleado arranque a comisionar a partir del millón de pesos en productos vendidos y solo se lleve dos mil pesos de comisión por encima del básico. “Por eso los empleados se esfuerzan tanto por vender intangibles, como extensiones de garantía o seguros, valen más para comisionar porque le dan una importante liquidez a la empresa. Es vender humo, son productos mentirosos”.
Para Roberto García, con el reciente fallo de la Corte Suprema que estipula que solo los sindicatos pueden llamar a medidas de fuerza, las empresas han avanzado sobre los trabajadores cada vez más, porque saben que la discusión queda sujeta al gremio de Empleados de Comercio: “Si no convoca a un paro, nos deja en la ilegalidad”, señala.
Hasta el momento han enviado una Carta al Ministerio de Trabajo con la denuncia de los incumplimientos, pero no han tenido ninguna respuesta. “Es una empresa negrera con ganancias extraordinarias, que podría tener a todos los empleados mucho mejor. Pero seguiremos reclamando y difundiendo, si es necesario parando cajas también. Unidos estaremos mejor”, cierra Meret.
Además, la ganancia de la empresa se hace concreta con prácticas que aun van más allá de la precarización. Durante 2015, Juan Luis Mingo, ex presidente de Falabella en Argentina, fue llamado a indagatoria y acusado de trata de personas y explotación a partir de una inspección en un taller textil clandestino, ubicado en Pergamino 1416, Ciudad de Buenos Aires, donde trabajadores hacinados y en condiciones tremendas de explotación, confeccionaban las marcas exclusivas de empresa: Mossimo y Americanino.
“Los dirigentes no se suicidan”
El abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, considera que “hay declaraciones muy sugestivas y claras, ya incluso de parte del Presidente de la República, sobre su intención de volver a la flexibilización laboral y, además, el tema se viene instalando en los medios. Impulsar esas políticas es ir en contra de la legislación de los derechos laborales. Buscan preparar un proyecto que plantee la locura de la negociación colectiva sin sindicato”.
¿Irán por la reforma legislativa o directamente será omisión de hecho por parte del Estado?
Se juegan ambas, flexibilización de hecho puede haber, y el caso más claro es cuando se incrementa la desocupación, por la debilidad en la que quedan los trabajadores empleados, a la hora de reclamar un derecho. Pero creo que también van a querer enviar algún proyecto de ley o avanzar mediante decreto, como viene haciendo este gobierno.
¿Qué crítica le haría al gobierno anterior en cuanto a no haber controlado más a las multinacionales que no respetan convenios y violan derechos del trabajo?
Creo que fue una época histórica, el período 2003 – 2015, donde primero se recuperaron derechos y luego hubo un incremento. No hubo solo recuperación sino que también hubo mejora. ¿Qué faltó? Posiblemente no daban las relaciones de poder como para avanzar todo lo que se quería. Pero yo soy un convencido de que los procesos políticos se evalúan en síntesis, no en medidas aisladas y, en síntesis, sin duda, fue un gobierno que mejoró mucho los derechos de los trabajadores.
¿Qué enfoques tendría que tomar el sindicalismo actual si quiere hacerle frente a las políticas que apuntan a la precarización laboral?
El sindicalismo de hoy ya vivió la década del 90, con lo cual no es lejano y creo que tiene que ser consciente de que la única posibilidad que tiene de resistir es oponerse rotundamente a estos proyectos, porque ya se vivieron las consecuencias de los ’90. Tengo la expectativa de que se opondrán, creo que los dirigentes no se suicidan.
Actualizada 20/09/2016
Jun 15, 2016 | inicio
Sentarse a esperar la llamada telefónica que los convoque a trabajar. Viajar hasta Zepita 3220 para llegar a la hora indicada. Firmar un contrato a ciegas que morirá a las 24 horas, y esperar tener suerte al día siguiente para que todo se repita. Así transcurre la jornada laboral de los trabajadores de una de las plantas impresoras del grupo Clarín. A pesar de que su estatuto determina que a partir de los 30 días de trabajo corrido los operarios deben ser efectivizados, en algunos casos llegan a trabajar como jornaleros trece años sin pasar nunca a integrar la planta permanente. Sin organización gremial consolidada debido a las constantes amenazas por parte de la empresa, en marzo de este año fueron elegidos delegados Alejandro Ontivero y Diego Bruschini, para defender sus derechos laborales. Durante los últimos dos meses Ontivero, que era contratado por día, espera, en vano, que el teléfono suene.
Zepita es la planta encargada de la impresión de los diarios Clarín, La Razón, Olé y Revista Genios, entre otros productos de Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA SA – Grupo Clarín). Si bien los empleados del otro edificio de la empresa –ubicado en la calle Tacuarí, sede de las redacciones y de administración– llevan adelante un reclamo por mejores condiciones laborales y un salario digno, los trabajadores de Zepita se encuentran varios pasos más atrás. No solo exigen un sueldo más justo, sino que buscan salir de un sistema de trabajo decimonónico y que no está contemplado por la ley. Según Diego Bruschini, delegado de Zepita por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), entre 30 y 40 personas se encuentran realizando tareas en calidad de “jornaleros”. Deben permanecer junto a los teléfonos expectantes a la llamada del patrón, llegar a tiempo al establecimiento –sin importar las distancias ni el horario en que les llegó el aviso– y firmar un contrato que no se les permite leer y que solo tiene validez por un día. “Yo lo firmo y ellos me lo sacan. No nos dejan verlo. Así como me pasa a mí le pasa a todos los compañeros que son contratados, es una manera en la que ellos se cubren”, explicó Ontivero, que hace 11 años trabaja bajo las reglas de este sistema con la promesa que de algún día ser efectivizado. Mientras que un empleado permanente cobra alrededor de 30.000 pesos, por los mismos días y horarios un contratado percibe menos de la mitad. “Un promedio de 800 pesos por cada jornada”, estimó Bruschini.
Alejandro Ontivero
“Este sistema es ilegal. Nuestro estatuto establece que a los 30 días la empresa está obligada a efectivizarte. De los 30 días a los 14 años está todo fuera de la ley. Pasa que es muy difícil meterle una denuncia al diario”, explica Francisco Rabini, delegado de la comisión interna de Clarín por SiPreBa. El diario tiene un programa de disciplinamiento: “Ellos son personas que a veces hace 11 o 12 años que no se toman vacaciones, porque si lo hacen no los contactan para trabajar durante dos semanas como represalia”, explicó. Y agregó: “Tenés que estar siempre pendiente, porque si suena el teléfono, no atendiste y ese día no fuiste a trabajar y pasas al último eslabón. Tenés que volver a pagar derecho de piso. Ni hablar si te quejás o intentás mejorar las condiciones de trabajo”.
El número de contratados por día va variando de acuerdo a la tirada de ejemplares de cada jornada. Este sistema, según expresó Rabini, es una manera de hacerle pagar al trabajador un costo de fluctuación del que debería hacerse cargo la empresa: “Si el diario tiene problemas por imprimir más los fines de semana y menos en la semana es un tema suyo. No puede hacerle pagar eso a un tipo que no tiene laburo. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Londres, no es una pyme. Nosotros después hacemos notas en el diario sobre talleres clandestinos bolivianos en Flores y nos horrorizamos cómo los someten a esas condiciones. Bueno, nosotros tenemos algo muy parecido”, opinó.
Persecusión sindical
Ante la negativa de la empresa a convocarlo a trabajar desde que asumió como delegado -el pasado 31 de marzo-, Ontivero intentó acercarse para dialogar con Clarín y lograr un acuerdo, pero sólo se encontró con negativas. Por este motivo presentó un recurso de amparo en la justicia: “El que inició el amparo fue mi abogado Guillermo Gianibelli. El 3 de mayo salió una resolución donde le ordenan a la empresa mi reincorporación. La empresa aduce que no le llegó nada, desconoce el fallo, no hace caso a la justicia. Nos presentamos 10 días más tarde con mi abogado y con el escribano a la puerta y no nos dejaron entrar. Esto es claramente una persecución sindical. Porque desde que salí electo no puedo ingresar a la planta”, denunció Ontivero.
El jueves pasado la Justicia impuso una multa a AGEA, que comenzó a tener vigencia a partir de este lunes. Por cada día que la empresa no llame a trabajar a Ontivero, le deberá pagar 5000 pesos. Sin embargo, el trabajador considera que esta no será sanción suficiente para revertir la situación. “El problema es que la empresa lo va a pagar, porque no quiere la organización gremial. No quiere representantes genuinos. Nosotros fuimos elegidos por nuestros compañeros. Ellos no quieren eso, quieren delegados de la patronal, para poderlos manejar. Como ni a Diego ni a mí pueden controlarnos, eligieron este camino, la persecución”, explicó.
Desde la empresa no solo se le negó el trabajo a Ontivero luego de ser elegido delegado, sino que también Bruschini denunció persecución gremial. Aun conservando el puesto, ya que es efectivo, la empresa comenzó a exigirle una metodología de trabajo diferente: “A partir de la nota con Víctor Hugo Morales, el pasado miércoles a la noche, me quisieron cambiar los francos, el horario de entrada, y la jornada en general… ahora me la empezaron a complicar a mí”, reconoció. Asesorado por los abogados de SiPreBa hizo llegar a la empresa un telegrama alertando sobre esta situación ilegal. Hasta el cierre de esta nota no recibió respuesta.
Diego Bruschini
Sin actividad gremial consolidada durante los años previos, recién en 2014 los trabajadores de la planta Zepita convocaron su primera elección: “Siempre nos decían que la empresa echó mucha gente en el año 2000, entonces los compañeros tenían miedo. Es más, ahora tienen mucho miedo de hacer algo”, se lamentó Ontivero. Y agregó: “Lo que me está pasando a mí es una manera de asustar a la gente. Es dar un ejemplo. Ellos nos decían: ‘Al que se postule como delegado, la empresa lo va a echar. Al que quiera organizar una asamblea, la empresa lo va a echar’. Siempre recibimos amenazas. Los capataces se hacían llamar delegados”.
Ese año, los representantes gremiales de Tacuarí, que renovaron su comisión interna, decidieron llamar a elecciones en Zepita, que carecía de organización sindical. Sin embargo, unos días después apareció en la planta un papel que convocaba a otra votación: “Esto lo manejaban los capataces de recursos humanos, que son los que aprietan y amenazan a la gente. Entonces al día siguiente fui a Zepita y empecé a juntar firmas en contra de ese llamado, que era muy trucho, sin los plazos y requisitos que son necesarios”, explicó Rabini. Luego de haber juntado 50 firmas en contra, frente a 15 que habían votado amenazados por la empresa, según contó este delegado, el gerente de Recursos Humanos dio por inválida la elección, permitiendo convocar una nueva. Sin embargo, tres días después llegó un telegrama de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) dando por válida esa elección, gracias a lo cual los capataces pasaron a ser los delegados. “La UTPBA es un sindicato totalmente vaciado, burocrático, que ha cometido todas las traiciones que se puedan cometer, razón por la cual nosotros participamos de la creación del nuevo sindicato, que es SiPreBa”, explicó Rabini. Y continuó: “Más bajo no podes caer como sindicato. La empresa defiende sus intereses, quiere pagar los sueldos más bajos posibles, lo entiendo. Ahora, la lógica del sindicato es defendernos a nosotros. Acá le dieron un aval a la esclavitud, al sometimiento de los tipos que ellos mismos tienen que defender”.
La lucha llegó a Zepita
Clarín no sólo desconoce la representación gremial de sus empleados sino que, según denuncian los delegados electos por SiPreBa, se encuentra en proceso de reducción de personal. El método utilizado es la tercerización de tareas realizadas en la Planta Zepita hacia otras empresas pertenecientes al mismo Grupo. Un ejemplo es el caso del sector Depósito: en octubre de 2015, la empresa presionó a los empleados para que firmaran un contrato bajo la denominación “Cesión de contrato de trabajo”, aceptando pasar a formar parte de Unir S.A y, a cambio, se comprometían a pagarles un resarcimiento como parte de indemnización, respetarles los años de antigüedad e, incluso, volver a su lugar de trabajo original si cambiaban de opinión: “Con ese movimiento bajaron línea: ‘Ojo con el que se organiza porque volás’. Lo dicen desembozadamente. Acá el que saca los pies del plato, el que arma quilombo, se va”, denunció Francisco Rabini.
Según la página web de la Asociación de Empresas de Correo de la República Argentina “Unir S.A. es una empresa del Grupo Clarín orientada al desarrollo de soluciones integrales en las tareas de Distribución Postal, Logística en general”. Tal como argumentan los delegados consultados por ANCCOM, Clarín no sólo cede a sus empleados en Zepita para realizar trabajos bajo la razón social de UNIR S.A, –empresa que también pertenece a ese Grupo mediático–, sino que aún habiendo sido trasladado a otra rama los empleados deben continuar realizando, en parte, tareas que corresponden al trabajo de la planta impresora. Cuando los empleados comenzaron a entender la situación pidieron a Clarín hacer uso de la cláusula que les permitía volver a sus antiguas funciones pero fueron desoídos por la Gerencia: “Como respuesta les decían que si ahora eran empleados de Unir S.A tenían que arreglar con esa empresa. Y les ofrecían como indemnización sólo la mitad de lo que les habían ofrecido antes de firmar”, explicó Bruschini.
Alejandro Ontivero lleva más de 70 días sin su llamado telefónico, más de 70 días sin trabajar, más de 70 días sin cobrar. “Yo tengo 9 hijos y me siento en una situación bastante complicada, bastante jodida. Hoy me cuesta mucho traer un plato de comida a mi casa, porque estoy sin trabajo”, contó a ANCCOM. Durante estos dos meses recibió ayuda de la comisión interna de Clarín, que hace colectas para aliviar su situación económica. “Ellos están peleando por un sueldo digno y sacan plata de su bolsillo para darme una mano a mí. Eso me enorgullece de mis compañeros. Además quiero agradecer mucho al gremio de prensa SiPreBa, porque está apoyando en todo momento, no solamente a mí, sino a todos los trabajadores”, dijo. Y concluyó: “Es tremendo lo que está pasando. Con mi familia no sabemos qué hacer para pasar el día a día. Pero lo que hicimos nosotros en la empresa con mis compañeros era lo que teníamos que hacer. Nosotros teníamos que elegir una comisión interna y pelear por nuestros derechos, que hace mucho tiempo que la empresa los pisa. Yo hoy estoy en mi casa, no tengo trabajo, pero tengo dignidad. No sabes el orgullo que me da haber peleado por mis compañeros, seguir peleando por sus derechos y los míos”.
Diego Bruschini y Alejandro Ontivero fueron elegidos delegados sindicales de la planta impresora «Zepita» del Grupo Clarin
Actualización 15/06/2016
