La ausencia de personal sanitario en las residencias, junto con la falta de insumos de protección y pruebas diagnósticas para residentes y trabajadores han provocado un aumento significativo de contagios en diversos hogares de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, son 1947 los infectados y 201 los fallecidos que residían en esas instituciones.
Una oleada de casos en AMBA a principios de la pandemia, impuso a los gobiernos de Ciudad y Provincia de Buenos Aires la elaboración de protocolos específicos para residencias de adultos mayores. El del Ejecutivo porteño fue lanzado a mediados de abril, pero la persistente propagación al interior de los geriátricos exigió una actualización a fines de junio.
Uno de los establecimientos afectados fue la Residencia Del Arce, ubicada en Roosevelt 5570, en el barrio de Villa Urquiza. Durante mayo, se registraron 45 casos de coronavirus, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores, según informó el Ministerio de Salud de la Ciudad.
En diálogo con ANCCOM, el titular del establecimiento, Flavio Asch, explica: “En un primer momento, el Gobierno de la Ciudad no sabía cuál era la mejor manera de trabajar junto con los geriátricos. El protocolo no era claro y en muchos casos no se cumplía, más allá de las restricciones de ingreso que se establecieron inicialmente. Hoy, a la residencia viene una médica que revisa los lugares comunes y controla el protocolo de ingreso del personal permanentemente. Se ha mejorado el trabajo gracias a que los protocolos se han ido adecuando”.
Con el aumento de casos, los geriátricos se ven obligados a adquirir recursos sanitarios, lo cual no estaba previsto: “Cuando surge un problema, tenemos teléfonos para llamar, mails con consultas e información, pero le hemos pedido al Gobierno ayuda para la compra de insumos”, afirma Asch.
“Mandamos mucho personal a hisopar. Al principio funcionó, pero hay mucha demora en la atención de las ART», dice Asch.
El protocolo actualizado al 24 de junio establece que se deberá efectuar un control de temperatura y síntomas sugestivos de infección por covid‐19 a cada persona que ingrese al establecimiento. A su vez, la institución debe disponer de un área de vestuario para el personal, donde se realizará el cambio de ropa y calzado de calle por la de trabajo. Además, está previsto que frente a un caso sospechoso se proceda a su aislamiento, para luego dar aviso a la cobertura de salud a la que pertenezca el residente o al SAME si depende del sistema público.
En relación al hogar de Villa Urquiza, Asch asegura que se notificó al Gobierno porteño y se siguió el protocolo correspondiente. La situación mostró, también, la saturación de las aseguradoras de riesgo laboral: “Mandamos mucho a hisopar al personal. En un primer momento funcionó bien, pero hay mucha demora en la atención de las ART, y también en los tiempos que requieren las altas médicas. Incluso hay muchos a quienes todavía no les hicieron el hisopado”. Para el titular de la residencia, esto implicó contratar personal nuevo y capacitarlo, ya que, a pesar de que los empleados no prestan servicio en otros hogares, se han contagiado en sus casas y en el transporte.
De todas formas, las medidas de prevención en el establecimiento se han intensificado. “Todas las personas que tienen contacto con los residentes tienen que usar barbijos, máscaras, y, en algunos casos, guantes y camisolín”, subraya Asch. Los exámenes médicos ahora implican dos controles diarios de temperatura y saturación en sangre, dado que “muestran los síntomas más claros de existencia de covid-19”. Si aparecen, se activa el protocolo y se llama a la obra social del residente, para la derivación al centro de salud y la realización del hisopado.
Las preocupaciones exceden lo referente a gastos económicos y de organización. Durante este tiempo, los mayores solo han podido ver a sus familias por videollamadas. El efecto del aislamiento social o tener que mantenerse alejados de sus familias, sin ninguna actividad, también ha impactado en su calidad de vida.
“La pandemia modificó todo –señala Asch–. Primero, el ingreso de los familiares. Desde el 19 de marzo está prohibido, lo cual afecta emocionalmente a todos los residentes. Intentamos reemplazar esto con zoom y colocamos un intercomunicador en la puerta de vidrio para que puedan verse y conversar. Ese fue el primer cambio fuerte que tuvimos”.
“Tenemos muchos recuperados de covid que vuelven en una situación clínica crítica. En los hospitales están aislados, no tienen contacto con familiares, solo con médicos, quienes tampoco tienen tiempo para acompañarlos. En cambio, en la residencia se los incita a comer y a levantarse. Sabemos que el hospital no tiene los suficientes recursos, pero cuando regresan, algunos que caminaban ya no caminan, por lo tanto, tenemos que empezar de cero con ellos”.
En mayo, en la Residencia del Arce se registraron 45 casos de Covid 19, de los cuales 30 eran residentes y 15 trabajadores.
Hogares porteños
El Gobierno porteño cuenta con un servicio para adultos mayores que funciona bajo la supervisión del funcionario Mauricio Damiano, director General de Dependencias y Atención Primaria. “Nuestros hogares son de puertas abiertas y sus residentes son autoválidos. Es decir que no necesitan asistencia para alimentarse, asearse, o moverse. Hay atención geriátrica, pero principalmente ofrecemos respuesta a la vulnerabilidad de aquellas personas que tienen problemas habitacionales. Estos hogares, además, son gratuitos y poseen todas las prestaciones de recreación, alimentación y atención de la salud”. Del cien por ciento de las personas que viven en estos lugares, el 78 es autoválido y el 22 restante es dependiente y necesita una asistencia o más.
Junto al programa de hogares permanentes, Damiano también es el encargado de la Asistencia Gerontológica y los Centros de Día. La importancia del primero, asegura, radica en ser “la mano del Estado asistiendo en el domicilio”. Este programa constituye una de las instancias previas de atención, para que el adulto mayor no necesite acudir a una institución geriátrica. El funcionario también remarcó el apoyo económico a estas personas: “Se les otorga una ayuda a través del programa ‘Vivir en casa’, mientras cumplan con ciertos requisitos, que en algunos casos sirve para que puedan pagar el alquiler, servicios e impuestos”.
Los Centros de Día son lugares donde los adultos mayores pueden concurrir durante el día, y se les brinda alimentación, recreación, talleres y actividades culturales y de cuidado de la salud. No obstante, a causa de la pandemia están cerrados: “La primera acción que tomamos, una semana antes de que se decrete el aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue cerrar estos centros, porque son lugares vinculantes, es decir, adonde los adultos mayores concurren y comparten actividades en un mismo espacio. Mantuvimos esos centros para otorgar otras prestaciones de emergencia, como el retiro de viandas. Además, realizamos un seguimiento telefónico a los participantes del programa”, asegura Damiano.
Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno de la Ciudad.
Al igual que en las instituciones privadas, en los hogares de residencia permanente se establecieron protocolos sanitarios, en base a disposiciones del Ministerio de Salud, para que el adulto mayor pudiese salir a cobrar y concurrir al médico. “Implementamos áreas de aislamiento para llevar a cabo las salidas y el sistema de cobro; y tuvimos que establecer un sistema de compras para que algún encargado del hogar vaya y compre. Además, como muchos residentes se valen por sí mismos, algunos salían a trabajar antes del aislamiento”, afirma Damiano. La restricción absoluta de visitas también se aplica desde el primer día, aunque para el director del programa “la pandemia nos obliga a un aprendizaje constante, por lo que estamos en un proceso de mejora continua”. Alrededor de 1.800 adultos mayores viven en los cinco hogares de que dispone el Gobierno.
En los programas también trabajan personas mayores de 60 años o con alguna enfermedad preexistente. Damiano asegura: “A quienes les correspondía tramitar la licencia lo hicieron y están prestando servicio desde su casa. El trabajo que se realiza en todos los programas de asistencia a la tercera edad es de máxima esencialidad, y es una de las actividades contempladas dentro de las excepciones al aislamiento, pero se logró llegar a ese consenso”. En cuanto al vector económico, el funcionario aclara que “debemos remarcar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que otorgó un bono de 5.000 pesos a quienes están en los hogares de residencia permanente”.
En los hogares del Gobierno porteño, cada área de enfermería toma la fiebre regularmente al ingresar al edificio y lleva un registro de historias clínicas. En caso de detectar síntomas, se llama al sistema de salud y este determina los pasos a seguir. Todos los elementos de protección personal son exigidos y proporcionados por el Gobierno. “Fomentamos un uso racional de los insumos y que se usen adecuadamente”, aclara Damiano.
Los positivos de covid-19 en estas residencias han incluido a trabajadores y residentes. “Hace dos semanas estamos testeando al personal con tests rápidos en hogares –informa Damiano–. Esto nos permite seguir semana a semana la situación. Son tests serológicos, es decir, permiten determinar si la persona testeada tiene anticuerpos, en caso de haber tenido la enfermedad. Si da positivo para esta prueba, se hace el PCR y Salud se hace cargo de allí en adelante, como en los casos sintomáticos”.
El testeo periódico es una diferencia fundamental entre los hogares públicos y las
instituciones privadas. Sólo las instituciones estatales están obligadas a realizar las pruebas PCR ante la existencia de síntomas compatibles con Covid 19.
El caso sueco
A principios de mayo, cuando Alberto Fernández anunció la flexibilización de la cuarentena en casi todo el territorio argentino (con excepción del AMBA), describió dos ejemplos de países que adoptaron medidas contrapuestas frente a las crisis sanitaria y económica. En Noruega, la cuarentena se aplicó de forma rígida desde el principio de la pandemia. El gobierno sueco, en cambio, optó por un confinamiento voluntario, apuntó a la cooperación de los ciudadanos y mantuvo bares, gimnasios y centros comerciales abiertos.
Muchos “anticuarentena” se apuraron en exaltar la estrategia de Suecia, con el argumento de que era posible atravesar la pandemia sin una caída significativa de la actividad económica. Semanas más tarde, sin embargo, Anders Tegnell, el epidemiólogo que dirige la estrategia sanitaria del país, reconoció haber equivocado el enfoque. La elevada tasa de mortalidad, especialmente en la población de tercera edad, llevó al especialista a esta conclusión. La mitad de las muertes por covid-19 se han producido allí en residencias de adultos mayores, y un 25 por ciento entre ancianos que reciben atención domiciliaria, según datos de la Agencia EFE. Annika Linde, quien antecedió a Tegnell en el puesto hasta 2013, criticó duramente la medida oficial y señaló que la idea del gobierno sueco de proteger a los ancianos en las residencias se trataba de “un sueño con poca base de realidad”. Esto se debió, según la infectóloga, a que se dejó en manos de empresas privadas la regulación de esos establecimientos.
A pesar de las deficiencias previas en el sistema de salud y en la atención de la tercera edad, Argentina fue uno de los países que afrontó con mayor celeridad el problema en la región. No obstante, alrededor del 80 por ciento de los fallecimientos fueron de ancianos. En Brasil, el segundo país en cantidad de muertes a nivel mundial, se estima que más de un 70 por ciento. Chile, el país con más muertos cada cien mil habitantes de América (37 cada 100.000), reporta un 80 por ciento. Lo concreto es que la salud de los adultos mayores depende de la protección que pueda brindar el Estado, aún la de aquellos que viven en establecimientos privados.
Cada 15 días, en la Escuela Nº 51 de Berazategui, los maestros entregan cuadernillos y reciben las tares de los estudiantes.
A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio determinado por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo, la educación debió desarrollarse en un plan de emergencia y mutó hacia a una práctica a distancia. Con esta nueva modalidad, los docentes han tenido que desarrollar nuevas estrategias para llevar a cabo la enseñanza, lo que implicó una gran versatilidad y temple ante una situación inesperada.
“A nosotros nos agarró de imprevisto una pandemia y tuvimos que resolver sobre la marcha un montón de cuestiones a las que estábamos ajenos, sin contar con la capacitación o las herramientas necesarias”, comenta Cintia Ferrier, 28 años, docente de tercer grado de primaria en la Escuela Nº20 de la localidad de Villa Elisa.
Luego del decreto del aislamiento, la suspensión de las clases tradicionales era un hecho, y con ello apareció un nuevo abanico de incertidumbre. Lo que comenzó solo como una medida paliativa para sobrellevar lo que se pensó como transitorio terminó siendo más prolongado. Esto conllevó a la toma de acción por parte de muchos docentes que se vieron obligados a la autocapacitación en aplicaciones y herramientas digitales como Zoom, WhatsApp, Padlet, Edmodo, Classroom, Blended, Google Drive, entre otras.
Ferrier cuenta que “a medida que se iba alargando el tema de la cuarentena nos dieron diferentes instrucciones y sugerencias, tanto desde la institución, como también desde la Dirección Departamental de Escuelas y el Gobierno de la provincia.”
Sandra Herrera, 49 años, profesora a cargo de materias de Proyecto Organizacional y Elementos de Micro y Macroeconomía, quien desempeña su labor como docente en la instituto Seminario Franciscano, en Moreno, menciona cuál fue la manera que implementó para desarrollar el contenido pensado para sus alumnos: “Se trata de tomar del programa habitual lo más central y presentarlo de manera accesible para que los chicos puedan entender los temas más importantes dentro de esta realidad fuera del aula.”
Por su parte, Alejandra Maffone, de 53 años, es docente de Literatura en tres establecimientos privados, también ubicados en la localidad de Moreno, narra cómo fue el comienzo con esta nueva modalidad: “Las sugerencias de cómo planificar las clases aparecieron con el tiempo. En un primer momento fue todo intuitivo y se trató de implementar de modo virtual lo que se hacía en las aulas. Así pasó en las primeras semanas, después nos fuimos dando cuenta que eso no alcanzaba, que no era suficiente y tampoco era la manera de llegar a los chicos; así que había que pensar de otra forma”.
Cuando reciben las tareas, los docentes entregan un bolsón de alimentos para reemplazar el servicio del comedor escolar.
Reiterados son los casos de docentes que intentaron consensuar horarios para las clases virtuales con sus estudiantes, pero esto por la imposibildad de coordinación se pasó a los propios tiempos de la cursada regular. Un claro ejemplo es el de Ferrier: “Las clases virtuales, en un primer momento las organizamos para el horario de la tarde, a pesar de que mi turno sea de mañana.”. Esta forma en donde los docentes tenían en cuenta la organización de cada hogar para lograr un intercambio mejor, fue algo común entre todos los testimonios sobre las primeras semanas del aislamiento. “Las clases con mis alumnos las pautamos para las 19 horas, fue un acuerdo dado que la mayoría de los chicos, disponía de acceso a internet en ese horario y en otros se les resultaba más dificultoso”, expresa en tanto Herrera. Con una situación similar se encontró Maffone, que por la alteración de la rutina y horarios de los alumnos, “en un principio las clases que daba eran pautadas por los preceptores y los directivos. Después tuvimos que empezar a reprogramar las clases por Zoom, ya que notamos que a la mañana no se podía llevar a cabo eficazmente porque todos los chicos duermen hasta tarde y se conectan muy pocos.”
La distribución de roles entre docentes y directivos es también una de las actividades que se vio modificada con la educación virtual, los preceptores comenzaron a ejercer su rol de mediadores entre docentes y alumnos, directivos y padres. El vehículo más común para desarrollar esta labor es el WhatsApp. Rita Acosta, de 56 años, preceptora de la ESB Nº 6 de Ituzaingó, explica que le tocó hacer un relevamiento para saber si los alumnos realizaban los trabajos prácticos y si tenían acceso a internet y agregó que “hay casas que no tienen computadora, hay un solo celular, y se colapsa al descargar tantos archivos, o a veces es difícil poder bajar las tareas.”
Maffone cuenta que en su caso también ocurría algo similar, ya que algunos padres se contactaron con el cuerpo docente para informales que contaban con un solo teléfono para varios hijos, entonces tenían que hacer todas las actividades de los alumnos en un mismo dispositivo. A partir de esta situación dice: “Ahí nos dimos cuenta que tampoco se puede planificar tanto la clase, porque no se puede pensar actividades para algunos alumnos sin tener en cuenta a los que no se pueden comunicar y que también son parte de la escuela”.
Los maestros de Berazategui también hacen docencia sobre las medidas de prevención para enfrentar el coronavirus.
El desempeño y la evolución de los chicos es un tema no menor, y en este aspecto diferentes realidades emergen. Cómo han retratado varias docentes, las imposibilidades materiales afloran y se evidencian grandes asimetrías en un contexto como este.
Respecto de la posible implementación efectiva y a largo plazo de la educación virtual en nuestro país Maffone considera que “la única manera en donde me parece en que podría ser una práctica más satisfactoria, sería si al volver a las aulas esto pase a ser un acompañamiento que no sea obligatorio; porque está demostrado que los chicos no pueden acceder siempre a estas tecnologías o la conexión”. Lo mismo señala Ferrier, quien expresa, que esta problemática atraviesa a un tercio de sus alumnos, los cuales pertenecen a una ciudad pequeña rodeada por mucho campo y con muchas escuelas en zonas rurales y en el cual el internet no es bueno o tampoco llega.
Por otra parte, tenemos perspectivas como las de Yésica Andino, 28 años, psicóloga y docente del Colegio San Carlos Diálogos, de Olivos, quien ve en la educación virtual un modo de acercamiento para alumnos que viven a muchos kilómetros de una escuela y considera que “es necesario empezar a utilizar este tipo de desarrollo, de actividades y planificaciones que incluyan la virtualidad”.
En todos estos testimonios encontramos un firme punto en común, todas las entrevistadas opinan que todavía no se podría adoptar eficazmente la educación virtual en nuestro país, ya que primero hay muchos factores de fondo por resolver, tanto económicos, geográficos y sociales. Solo de esa manera existiría una aplicación homogénea.
Samanta Alonso prefiere hablar de gordoodio y no de gordofobia. “Decir que es una fobia es patologizarlo”, explica.
Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó una nueva normalidad limitada al interior del hogar. Esto hizo que tome fuerza la idea de que otra pandemia está al acecho: la obesidad. Así lo evidencian los memes que inundaron las redes sociales anunciando que de la cuarentena “vamos a salir rodando”.
Jesica Lavia, nutricionista y coautora del libro Pese lo que pese, explica: “A mí me molesta mucho cuando se habla de obesidad como pandemia porque la obesidad no es una enfermedad contagiosa, así que es imposible que sea una pandemia”. Lavia plantea que la obesidad no es una enfermedad “sino que es un factor de riesgo para otras enfermedades”. Y remarca: “Es importante correr el foco puesto en el peso. Tenemos tanto el ojo puesto en el peso que nos olvidamos de todo lo demás. Lo único de lo que hablamos es de hacer dietas para adelgazar y no para tener una alimentación saludable. Me interesa hablar de una alimentación saludable más allá del tamaño de nuestros cuerpos, porque una alimentación saludable en la diversidad corporal es posible”.
Para Lux Moreno, profesora en Filosofía y activista gorda, es interesante que en una situación de emergencia sanitaria aparezca como una preocupación central la posibilidad de engordar. “Lo que pasó con el aislamiento fue un refuerzo de las normas sociales sobre los cuerpos que implican que no sólo tenés que cumplir con la cuarentena, sino que también tenés que cuidar tu cuerpo y no subir de peso. Porque lo primero que te puede llegar a pasar es subir de peso. Entonces, ¿por qué le tenemos más miedo a engordar? El miedo a engordar tiene que ver con ser visible socialmente, con el éxito social. Y un cuerpo fuera de la norma es un cuerpo que no es productivo ni cumple con las expectativas de mercado”, afirma Moreno.
“No solo hay que cumplir con la cuarentena, sino que hay no subir de peso en ella», dice Moreno.
El miedo a engordar se conoce con el nombre de gordofobia. Aunque la Real Academia Española no reconozca el término, se lo entiende como el rechazo hacia las personas que no tienen un cuerpo hegemónico. Sin embargo, desde el activismo gordo prefieren hablar de gordoodio. “Decir que es una fobia es una manera de patologizarlo”, explica Samanta Alonso, activista gorda y directora de la agencia de modelos de talles grandes Plus Dolls. “La discriminación y las violencias que se ejercen tienen que ver con una construcción social de lo que implica ser gordo o gorda en un mundo pensado solamente para personas flacas. Se asocia la gordura con algo negativo y con una persona enferma, quedada, que no es atractiva. Y llevar todo eso a un contexto de cuarentena, trae esta cuestión de ‘si no podemos hacer nada, comemos. Y si comemos vamos a terminar gordos’. Eso habla del vínculo que tenemos con la comida, hay mucha gente que le tiene miedo. ¿Cómo hay gente que no pueda disfrutar de tomar mates con medialunas?”, se pregunta Alonso.
Lo que hizo la cuarentena fue poner en relieve problemáticas sociales ya existentes. “Aumentó la intensidad de la discriminación -indica Alonso-. Quedó en claro que el miedo a la gordura es real, no queremos ser gordos. Y haríamos cualquier cosa por no serlo”. Desde la ONG Anybody, una de las impulsoras de la Ley Nacional de Talles, advierten que los cuerpos que no encajan con los estándares de belleza son cuerpos en peligro de extinción. Por eso, plantean la necesidad de visibilizar la diversidad corporal. “No tenemos por qué normalizar nuestros cuerpos en pos de alimentar una industria que se llena de dinero con nuestras inseguridades y que trae problemas alimenticios en muchas personas, sobre todo en la adolescencia. Cada vez son más jóvenes las personas que registran que su cuerpo no está bien, que no es el deseado”, expresa Mercedes Estruch, integrante de Anybody. Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria, según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia (ALUBA).
«Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa. Porque la salud también es mental», dice Alonso.
Frente a la viralización de discursos discriminatorios durante la pandemia, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) ha publicado un informe sobre gordofobia, en el que se invita a reflexionar sobre “los resultados violentos y excluyentes que generan los discursos gordofóbicos”. También, se indica que la obesidad y el sobrepeso se ubican en el segundo lugar dentro de los tipos de discriminación más mencionados. Sin embargo, la discriminación por el aspecto físico suele ser minimizada. Alonso explica que muchas veces se tilda a los activistas de exagerados: “Nos dicen que ya no se puede hacer chistes con nada, pero cuando un chiste hace daño deja de ser un chiste”. En línea con esto, Moreno plantea que “los memes gordofóbicos son replicantes culturales. Esto quiere decir que de forma masiva expanden sistemas discursivos gordofóbicos. Con los memes expandemos situaciones de violencia y la reproducción de esa violencia es sostenida como algo que está bien. Burlarse de una corporalidad específica tiene que ver con señalar que esa corporalidad no es normal, y no sólo que no es normal, sino que no es deseada. Eso permite el gordoodio, la violencia sobre los cuerpos diferentes”.
A su vez, la expansión de los memes tuvo su correlato con el aumento de la opinión sobre el cuerpo de los otros. “Hay un recrudecimiento de los dispositivos de vigilancia, de los policías de los cuerpos en las redes sociales- advierte Moreno-. Pero no nos ponemos a pensar sobre algunos privilegios, como el espacio físico para hacer ejercicios o el privilegio de la alimentación. No todo el mundo tiene acceso a los alimentos y eso lo vemos con el creciente trabajo en los barrios vulnerados con los operativos de bolsones de alimentos”.
“Los memes gordofóbicos son replicantes culturales», señala Lux Moreno.
Para ponerle un freno a la gordofobia, tanto Moreno como Alonso coinciden en que se puede empezar cambiando conductas en lo cotidiano, como dejar de naturalizar los memes. “Creemos que tenemos el derecho de opinar sobre el cuerpo de otra persona y la realidad es que no. Con la opinión uno puede hacer un daño. Muchos hablan en nombre de la salud, pero en verdad no les importa nuestra salud. Porque hablar de salud también es hablar de nuestra salud mental. Entonces, la opinión en el bolsillo”, concluye Alonso.
La cuarentena llegó para resguardarse del coronavirus y quedarse por un buen tiempo. Por eso, la medida provocó también que el bolsillo de los ciudadanos se vea afectado, golpeando a los más vulnerables, aquellos que necesitan trabajar día a día y no pueden relajarse. Entre ese grupo están los vendedores ambulantes: ¿qué sucede estos días de aislamiento con ellos y su trabajo?
A raíz de la pandemia que tiene al mundo alerta, la cuarentena obligó a que muchísimos argentinos desistieran de concurrir a sus trabajos para evitar un posible contagio. Como consecuencia de la falta de circulación en los cascos urbanos, muchos comerciantes están sufriendo de gran manera, y uno de los sectores más invisibilizados son los vendedores ambulantes, principales exponentes del empleo informal.
La situación de este sector es crítica, ya que vivir con el dinero que ganan en el día, su situación se tornó gris, al menos en el AMBA. Antes de la cuarentena, el sector seguía creciendo a gran velocidad: ya a principios del año 2019 el Sindicato de Vendedores Libres calculaba más de 10.000 personas viviendo de las ventas ambulantes en la Ciudad de Buenos Aires, una cifra que aumentaba de manera constante.
“La situación está difícil, no sabemos cuándo vamos a poder volver a trabajar y parece que va a seguir para largo, me tiene preocupado” expresa Omar Gutiérrez, vendedor ambulante de Berazategui. Gutiérrez, quien ofrecer indumentaria deportiva, comenta que la solución temporal encontrada para darle una vuelta a su trabajo es la venta online: “Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y contactarse con el comprador, y yo voy a llevar la mercadería, siempre cumpliendo el distanciamiento social y con uso de barbijo”.
Ante la consulta sobre si hay diferencia sobre los ingresos de antes de la cuarentena comparados con los de ahora, Gutiérrez sostiene: “Tengo más llegada por Facebook, pero no es lo mismo, muchos preguntan para averiguar precios, pero muy pocos compran. Tengo la suerte que junto con mi esposa podemos mantener el hogar, pero tengo muchos compañeros que la están pasando mal”. La situación de los vendedores ambulantes es muy diferente a la de los comerciantes en Buenos Aires. “Ojalá se pueda conseguir un permiso, así como están haciendo con los comercios, para que por lo menos podamos salir en ciertas horas, manteniendo el protocolo y la distancia social, porque así es muy difícil seguir”, comenta.
La situación de Gutiérrez es similar en gran parte del territorio argentino. “Mechita” Suarez (como así prefiere que la llamen) es vendedora de indumentaria de temporada, como guantes, soquetes, medias. Expresa que no pudo aguantar más la situación en Santa Fe, después de estar tantos días sin trabajar y volvió a salir a las calles para ganarse su dinero: “El gobierno no nos ayudó, yo vivo con mi hija, ella cobró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) pero yo no, y así le pasó a muchos compañeros”, dice Suarez. “Mechita” no ve el panorama con buenos ojos: “La venta está muy fea, la gente está con miedo. En la calle no se te acercan y sobrevivimos a esto como podemos”.
“Vendo por Facebook, mi hijo me ayuda a publicar y yo voy a llevar la mercadería», dice Gutiérrez.
La razón de la falta de ventas es también causada por la falta de demanda. Hugo Delgado, comerciante de la ciudad de Marcos Paz, cuenta que solía comprar mercadería a los vendedores ambulantes, pero que ya no lo hace, ya que el momento económico no es el mejor: “Hoy no tengo dinero extra que me sobre para comprar cosas. Solo compro lo básico, como comida y limpieza personal”. Delgado considera que las ventas ambulantes son exitosas por su simplicidad: “Uno los cruza en la calle y simplemente ahí, en el momento, ocurre la compra. No soy de usar redes sociales ni de ir buscando productos. Antes quizás veía algo que me gustaba, consultaba el precio y si me parecía razonable, compraba en el acto”. Además de estas complicaciones, hay algo que no se debe pasar por alto: la gente también tiene miedo de contagiarse del virus. “Tampoco creo que sea indispensable en este momento comprar mercadería, no quiero comprometer a mi familia saliendo a buscar cosas que no sean indispensables, uno tiene miedo de contagiarse, el virus está por todos lados”, manifiesta Delgado.
Por otro lado, en un panorama completamente distinto, Roberto Quiroga cuenta que en Tucumán los vendedores ya tienen los permisos para poder circular y trabajar: “El gremio hizo una presentación en el COE (Comité Operativo de Emergencia) para que nos habiliten”. Roberto, que es secretario general del sindicato SIVARA (Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina) de Tucumán,dice con orgullo: “Hicimos un protocolo, siempre respetando las normas del Ministerio de Salud, así los compañeros van trabajando”.
Además de su rol como autoridad, Quiroga es quien maneja las redes sociales del sindicato, subiendo imágenes de las actividades que hacen para ayudar a los vendedores: cocinan, recolectan alimentos no perecederos y entregan barbijos junto con alcohol en gel a los vendedores para que siempre respeten el protocolo. Comenta que como autoridad de la organización que representa a los vendedores ambulantes de dicha provincia, organizaron diferentes actividades para poder ayudar a los vendedores en este momento difícil: “Estuvimos conteniendo a los compañeros, dándoles viandas y bolsones de mercadería en estos tiempos de pandemia, en la cual estuvieron parados 80 días sin poder trabajar”. También repite una frase, un mensaje, que suele compartir también en las redes sociales del sindicato: “De esta salimos todos unidos”.
Las agresiones de la policía, de trabajadores del Gobierno porteño y también de gente que pasa, son frecuentes. El pasado sábado una mujer fue quemada en Constitución, bajo la Autopista 25 de Mayo, donde tenía su colchón y sus pertenencias.
La presidenta de la organización Ciudad Sin Techo, Claudia Enrich, afirma que estas situaciones violentas son más frecuentes de lo que se cree: “Tengo la filmación de un compañero que vio cómo prendieron fuego a un colchón con la persona encima. Fue en pleno Almagro, hace quince días. Parece que más común de lo que uno quisiera. Él salió corriendo, pero se quemaron todas sus cosas”.
Los niños y niñas que viven en la calle son trasladados a dispositivos de la Dirección de Niñez y Adolescencia. “Se los sacan a las familias que están en calle y los llevan a hogares donde son maltratados y aparte ahora están contagiados. Cuando empieza el frío, empieza esa cacería de brujas”, señala Enrich.
A principios de la cuarentena, se conoció la triste noticia de un parador de Retiro con 79 personas contagiadas. Una trabajadora de otro parador del Gobierno porteño, a quien llamaremos L. para resguardar su identidad, sostiene que las condiciones sanitarias mejoraron después del incidente pero que “aún falta mucho”.
Los contagios se multiplicaron por la demora en aplicar protocolos de prevención, su posterior incumplimiento, la falta de insumos de higiene y las condiciones de hacinamiento. En tiempos normales, los paradores de la Ciudad funcionan durante la noche. Desde comienzo del aislamiento social y durante los meses del Operativo Frío, abren las 24 horas. El encierro permanente al que están obligadas las personas que permanecen en estos espacios contribuye al malestar y la proliferación de enfrentamientos violentos entre unos y otros.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores», dice González.
Los paradores son grandes espacios -como polideportivos- que se adaptan. “No están cien por ciento habilitados para que personas vivan ahí. Esta es una situación extrema y es entendible, pero no son hoteles. No es donde a nosotros, con nuestra casa, nos gustaría vivir”, dice L.
Decenas de personas malviven juntas en habitaciones generales, separadas entre varones y mujeres. El acceso a un parador durante la cuarentena significa un techo y comida. Sin embargo, la vida no es fácil. “Los procesos de convivencia son los que suelen generar conflicto. Las personas en la calle podían decidir con quién estar. Dentro del parador, a muchas les resulta difícil convivir con otras que muchas veces no pueden congeniar”, explica la trabajadora.
“La cuarentena dejó a la vista la desidia que hay en los paradores. Saltó a la luz lo mal manejada que está esta población. Cuando empezó la pandemia no hubo una bajada de protocolo para trabajar”, señala Eleonora González, operadora en el Centro de Inclusión Social Costanera Sur desde 2016.
El espacio, perteneciente al Gobierno de la Ciudad, tiene lugar para 140 personas y alberga familias en situación de calle, papás solos con hijos y chicas trans en casos excepcionales. Funciona las 24 horas y ofrece cuatro comidas diarias. Cuenta con un equipo de dos trabajadoras sociales y un psicólogo, tres coordinadores y operadores sociales. También dispone de un equipo de logística que distribuye insumos. En este momento, se quedan allí 52 personas.
Pero al comenzar la pandemia “no había jabones, champú, pañales, alcohol en gel ni barbijos. No había nada”, subraya González. Durante ese período se desbordó la capacidad del lugar. “Hubo fechas que tuvimos arriba de 160 personas. Si no hay camas, tenés que tirar el colchón y hacerlas dormir en el piso”.
«Muchas personas del Gobierno vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador», dice L.
Las cosas empeoran por la noche. Solo se quedan uno o dos operadores sociales y personal de seguridad. El parador solamente cuenta con el equipo profesional durante la mañana. “Nos arreglamos como podemos -admite González-. Son muy pocos. Muchos renuncian, no aguantan”. Es una constante en estos espacios. Claudia Enrich, quien trabajó dos años en parador donde vivían 120 hombres adultos, recuerda: “El mundo del parador a la noche, cuando se cerró la puerta y ya no podés salir, es terrible. Es una tumba”.
Para ambas, uno de los principales problemas de estos dispositivos es la falta de personal preparado para trabajar con la población, la cual frecuentemente presenta problemas psiquiátricos o casos de consumo problemático. “El trabajo colectivo es difícil ya que muchas personas del Gobierno de la Ciudad vienen de otras áreas y no están capacitadas para trabajar en el parador. Están cumpliendo un nuevo rol y hay quienes lo hacen lo mejor que pueden y otros que no. Suelen haber muchas desprolijidades, falta de empatía, y eso lo notan las personas que están alojadas y que vienen de situaciones tremendas”, expresa L.
“Es gente que necesita acompañamiento constante. Que los escuchen, que estén con ellos. También tenés que bancar que te puteen, son muy borderline. Tenés que negociar todo el tiempo”, remarca González. Ante la falta de profesionales especializados para tratar casos de consumo problemático, los operadores sociales del Costanera Sur asumieron la tarea de gestionar la enfermería del parador y entregar la medicación correspondiente. “Muchos salen de internación y pasan a paradores”, denuncia.
Previo al aislamiento, las personas asistían a los paradores por unas pocas horas durante la noche, básicamente para dormir y alimentarse. Actualmente, deben permanecer encerrados todo el día y la mayoría de las veces no se les permite salir. Este es otro de los puntos que genera tensiones. “Todas esas personas tenían una libertad de decisión en sus movimientos. Ahora tienen horarios, tienen alguien que los tiene que autorizar para salir a trabajar, hacer trámites” explica L.
El Costanera Sur es el único parador de la ciudad que permite salidas. En teoría, debe ser por cuestiones específicas como visitas médicas, para realizar alguna compra, o para cobrar la AUH o el IFE, siempre y cuando su profesional a cargo los autorice. “Eso es como debería ser”, sostiene González y agrega: “Pero la gente sale, y no vuelve, o vuelve a los dos días. Y los reingresan”.
En el Costanera Sur hubo tres casos de covid-19: dos de personal de cocina y uno de oficina. Cuando hay casos sospechosos, se intenta aislar a las personas en la ludoteca “pero la gente no respeta el aislamiento. Como están en el mismo predio salen, porque hay poca seguridad y pocas cámaras y se vuelven a entrelazar entre todos”, sostiene González.
Más allá de las rispideces que genera el encierro, estos dispositivos dan acceso a derechos y contención a la gente en situación de calle. “Muchas veces es un oído lo que necesitan. Son personas que a lo largo de su vida no fueron escuchadas y valoran que alguien se interese por su historia, de dónde vienen y a dónde quieren ir. Esto les ayuda a proyectar. También, hay muchos que, aprovechando el aislamiento, tienen ahora la oportunidad de no drogarse y acompañar ese proceso por profesionales. Otras están pudiendo hacer trámites, por ejemplo, personas con discapacidades”, cuenta L, que trabaja en dar acompañamiento y asistencia en estos procesos.
A pesar del acceso a información y derechos, según ella, la situación está siendo “desaprovechada” por la falta de políticas integrales. “Podríamos tener a toda esta gente después de la cuarentena en una situación mucho mejor de la que está ahora. Podría haber talleres y capacitaciones en empleo, oficios, o darles más herramientas para que puedan proyectar un futuro mejor. Esto no se está haciendo. Simplemente, están ahí”, critica.
“Es gente que suele vivir un mes en el hotel, dos meses en la calle. Conseguir trabajo o acumular ingresos es lo que más les cuesta por obvias razones: es imposible que puedan ir a una entrevista laboral bien vestidos, bañados, sintiéndose bien, combatiendo la adicción. Tienen un montón de barreras, entonces terminan laburando en changuitas que nunca son suficientes ni estables”, detalla González.
Las personas en situación de calle pueden ser trasladadas a hoteles de la Ciudad llamando a la línea 108 Buenos Aires Presente. Para pagar el alquiler, existe la posibilidad de un subsidio habitacional. Sin embargo, no todas pueden cumplir con los requisitos, o bien el dinero no llega a tiempo y las desalojan. “A los dueños de los hoteles les importa un cuerno -asegura Enrich-. Para ellos, es un negocio. Si se va uno, tenés otro en la calle que va a venir”.
Con la pandemia, se estableció un protocolo que prohíbe los desalojos en hoteles. Sin embargo, los propietarios desoyen la medida. “Como no pueden salir a trabajar, y es lógico, no pueden pagar el hotel. Como no pueden pagar el hotel, los echan. El subsidio no llega a tiempo y al hotelero no le importa”, afirma.
Para acceder al subsidio, las personas necesitan DNI con domicilio en Capital, que demuestren que hace más de dos años que está en situación de calle, un informe realizado por un trabajador social y un presupuesto de hotel. Además, para obtener la ciudadanía porteña, las madres que cobran la Asignación Universal Por Hijo (AUH) deben renunciar a este beneficio. “Hay una trampa. Es una cosa o la otra. Es terrible, todo un armado bastante perverso”, denuncia Enrich.
Además, el subsidio es insuficiente para un alquiler. Mientras que el Gobierno de la Ciudad entrega 5.000 pesos a adultos solos y 8.000 pesos a quienes tienen hijos, los hoteles cobran alrededor de 12.000 por una habitación pequeña. “Las organizaciones sociales empezamos a hacer amparos hasta lograr que paguen el total. Si no, ¿con qué comés? Más en este contexto. Por eso ahora también a un par de hoteles estamos llevando comida a algunas de las familias que conocemos. No es lo que queremos hacer, pero el Gobierno de la Ciudad nos está obligando. No queremos reemplazar al Estado”, explica.
En los hoteles tampoco se aplica el protocolo de prevención. “El fin de semana fuimos a visitar a una familia de once personas que está viviendo en una habitación, como si fuera la piecita del fondo de tu casa, con niños muy pequeños y salieron a recibirnos sin barbijo”.
Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, el año pasado había 1.146 personas en la calle. Sin embargo, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (CPPSC) realizado durante mayo de 2019, demostró que había 7.251, 1.379 más que en 2017. El Primer Censo Popular de Zona Sur reveló, asimismo, que la mayoría quedó en la calle en los últimos tres años de la gestión de Cambiemos y que la mitad de ellos eran niños.
Para Claudia, uno de los factores que influye en esta diferencia radica en el procedimiento empleado para relevar. Mientras que las organizaciones sociales hacen los recorridos en todos los horarios con el objetivo de dar con personas que circulan en distintas franjas, “el Gobierno de la Ciudad hace un muestreo todos los años en abril, entre las 20 y las 8, en un solo día y en una sola camioneta. No vas a poder hacer un muestreo muy real”, destaca.
Erlich sostiene que incluso las cifras del Censo Popular no terminan de reflejar la población entera en situación de calle ya que, al momento del relevamiento, las personas son expulsadas por la fuerza del espacio público para evitar que sean censadas. “Cuando el Gobierno porteño sabe que vamos a salir a hacer el censo que les corresponde a ellos, sacan a la gente violentamente, las llevan a hoteles o a lugares periféricos. Entonces, encontrás menos de la que realmente hay. Hay más, que no quede ninguna duda”.
Tal es así que el año pasado, mientras hacían el recorrido, integrantes de Ciudad Sin Techo presenciaron uno de estos hechos. “Cuando llegamos a la plaza de Tribunales, vimos ochenta personas durmiendo allí y un colectivo negro de la policía sacándolos y despertándolos a palazos, diciéndoles que si no se iban, no sabían lo que les esperaba”, relata Erlich. Situaciones similares se replicaron en otras áreas de la Ciudad. “El número que dimos fue el que pudimos censar, pero estoy segurísima que faltan muchos”, concluye.
