Abr 28, 2022 | Comunidad, Destacado 3, slider
En medio del debate sobre los folletos publicados por el Municipìo de Morón que indicaban cómo consumir psicoactivos, Silvia Inchaurraga, Secretaria General de ARDA, analiza la campaña pública y las críticas de la oposición.
El 24 de abril se llevó a cabo el festival cultural, solidario e inclusivo “La Minga”, organizado por el Municipio de Morón, gobernado por el intendente Lucas Ghi. En uno de los puestos instalados en el predio fueron distribuidos folletos informativos dirigidos a usuarios de drogas con el fin de promover algunas recomendaciones sobre el consumo.
La pieza informativa se enmarca en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales que lleva adelante el Morón junto al Sedronar y la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). El programa está avalado por una ordenanza municipal sancionada por unanimidad en junio de 2021 y su finalidad es promover un accionar estatal que busque reducir las consecuencias negativas del consumo en los usuarios.
Este material fue puesto en circulación en Twitter mediante capturas de pantalla de una historia de instagram subida por la Dirección de Jóvenes del municipio. Varios dirigentes de la oposición cuestionaron la campaña desde sus cuentas personales acusándola de hacer apología a las drogas o incitar al consumo. Entre ellos se contaron varios diputados nacionales de Juntos por el Cambio, como Diego Santilli, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy y Mariana Zuvic, y Carolina Píparo de Avanza Libertad. La polémica continuó en las redes con un hilo de ARDA.
¿En qué consistió la campaña?
El Municipio de Morón convocó a ARDA para gestionar la inclusión del Programa de Reducción de Riesgos y Daños que proponen e incentivan. El mismo consta de estrategias como el trabajo en terreno con equipos profesionales previamente formados, por ejemplo, instalando consejerías. También desarrolla diferentes tácticas comunicacionales e informativas, como las realizadas en el festival “La Minga”.
Los folletos en cuestión forman parte de una serie de estrategias articuladas y complementarias. Son una herramienta utilizada con un fin específico dirigida a una población determinada, en este caso, los usuarios de drogas. Silvia Inchaurraga, doctora en Psicología, Directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogodependencias de la Universidad Nacional de Rosario y actual Secretaria General de ARDA, sostiene que «el folleto, para nosotros, es un gancho para lograr acercar al usuario de drogas, para lograr contactar población que no llega tradicionalmente al sistema de salud, con un mensaje amigable y diferente. Es un material focalizado. No se habla de todas las drogas a todo el mundo. Se ha sacado de contexto el espíritu de la intervención y el material”.
En relación a este último agrega: “Vivir en tiempos donde todo se viraliza puede ser uno de los factores que llevan a tergiversar el modelo. La consecuencia positiva es que permite que la sociedad argentina profundice y conozca más sobre qué es la reducción de daños”.
El modelo de reducción de daños pretende reducir las consecuencias negativas de las drogas sin que necesariamente se interrumpa el consumo, porque el adicto no quiere o, simplemente, no puede. La propuesta consiste en pensar estrategias lo menos invasivas posibles.
Cuando se comenzó a implementar este modelo, los principales daños tenían que ver con la hepatitis y el VIH/sida. ARDA, desde una perspectiva actual, entiende que la problemática es más amplia: no se trata solo de los daños en el campo sanitario (desde enfermedades hasta muertes por adulteraciones o sobredosis), sino también los daños sociales vinculados a la actual Ley de Drogas o a la estigmatización de los usuarios.
En este sentido, la asociación entiende que es de máxima importancia realizar un abordaje interdisciplinario y focalizado en el sujeto y no en la droga en sí. Desde un abordaje terapéutico, indagar en las causas de ese consumo: ¿qué función está cumpliendo la droga para el sujeto?
El abordaje de reducción de daños puede trabajar en consonancia con dispositivos asistenciales, pero es importante remarcar que tiene validez sea que intervenga, o no, un dispositivo asistencial. De hecho, puede oficiar de puente con el sistema sanitario. Alguien, a partir de recibir un material informativo o contactar con un agente de salud, puede llegar a pedir ayuda.
Por último, la Secretaria General del ARDA aclara que «es importante remarcar que la reducción de daños de ninguna manera es un modelo que pretende incentivar, legitimar o hacer apología al consumo. No, parte de una cuestión realista que es que el consumo de drogas está instalado y es necesario que se lleve a cabo con los menores riesgos y daños posibles. Sin embargo, debe articularse con una política sanitaria e instituciones adecuadas que hoy lamentablemente, en mi opinión, escasean».
Una reforma legislativa e institucional
ARDA exige una política de drogas en Argentina y entiende que es fundamental modificar la Ley 23737 que penaliza la tenencia para consumo personal, criminaliza a los usuarios y demoniza las acciones de reducción de daños.
El abstencionismo y el aislamiento que se propone desde el Estado y ciertos centros de rehabilitación e instituciones médicas violan la Ley de Salud Mental al contraponerse a las políticas de promoción y reconocimiento de derechos de los usuarios de drogas.
En relación a este reclamo, Inchaurraga asegura que «lo que necesitamos es contar con una estrategia sanitaria donde los usuarios de drogas sean sujetos de derecho no solo en la letra de la ley o en el discurso de los funcionarios, sino en la práctica. Que puedan acceder a información verídica y pragmática en relación a su consumo, que haya instituciones ambulatorias donde la lógica no sea si no dejás la droga, yo no te atiendo«.
Para finalizar, Inchaurraga propone un cambio de paradigma: “Articular las instituciones donde puedan recibir ayuda aquellos que quieren dejar la droga y los dispositivos de reducción de daños para los que no quieren dejar la droga o no pueden. La prevención tiene que existir para que el que no ha iniciado el consumo no lo haga. Pero no puede ser la única labor. Esa modalidad de prevención ha fracasado».
Dino Schwaab, licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestrando en Literatura Comparada, considera que hay una serie de cuestiones que deberían ser consideradas para abordar una temática de carácter sensible como lo es el consumo de drogas. Estas cuestiones no se suelen tener en cuenta desde las reacciones mediáticas cuando se dice “vamos a condenar a quienes hicieron este folleto por hacer apología a las drogas”.
En primer lugar, no hay que perder de vista los límites del folleto informativo. Siempre debemos leerlo como una pieza inscrita en el marco de una campaña determinada. Nos invita a preguntarnos: ¿En el marco de qué estrategia se despliega ese folleto? ¿Quiénes son los destinatarios? En relación a esto último, la voz de los destinatarios de los folletos es importante a la hora de pensar en la efectividad del mensaje y de la campaña. ¿Sirvió la información brindada?
A modo de conclusión, Dino reflexiona respecto a la funcionalidad del folleto: «En principio diría que me parece un avance porque no moraliza ni al consumo ni a los consumidores. En la moralización del consumo, encontramos su contracara: la exaltación del consumo. Es parte del mismo proceso. En el momento en que tenés las posiciones sociales divididas entre sí o no, entonces: o rechazamos el consumo o lo festejamos. Sabemos que ninguna de las dos va por ahí”, cierra.
Mar 27, 2019 | Comunidad, Novedades
Con techos que se caen en plena clase, irregularidades en las remodelaciones y nuevas aulas que no alcanzan –de tan pequeñas– para albergar a la matrícula, el escenario de las escuelas bonaerenses se presenta igual de accidentado que el año pasado. A casi ocho meses de la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno, que causó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, la desidia y la falta de respuesta de las autoridades siguen siendo las mismas.
Previo a la tragedia, en junio de 2018, había trascendido un escandaloso audio de WhatsApp del –por entonces– director de Infraestructura Escolar de la Provincia de Buenos Aires, Mateo Nicholson, dirigido a una colaboradora, donde el funcionario hablaba de inventar presupuestos y de inflar valores para las obras en las cocinas escolares, justo antes de una reunión con María Eugenia Vidal. Nicholson debió tomarse licencia y, más tarde, el 24 de agosto, renunció, tras ser denunciado por fraude en perjuicio de la administración pública por la senadora de Unidad Ciudadana María Teresa García. En medio de este bochorno, el 2 de agosto, una garrafa en mal estado terminó con las vidas de Sandra y Rubén. Dos meses después, la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo archivó la denuncia contra Nicholson por “falta de pruebas”.
Frente al abandono estatal, se formó la comisión “Familias por la Escuela Pública de Moreno”. En diálogo con ANCCOM, Gustavo Azas, miembro de la agrupación y padre de dos alumnos de la Escuela N° 36 del Barrio La Victoria, comenta: “En septiembre ya querían abrir las escuelas como estaban, como las habían cerrado al momento de la explosión. A los días se detectó que en la mayoría de los establecimientos educativos de Moreno había fugas de gas y fallas edilicias así que por eso se suspendieron las clases. Y ahí nos pusimos al tanto de la paritaria docente que se había firmado en 2011, que incluía doce puntos de habitabilidad que empezamos a exigir que se cumplan a rajatabla”.
La escuela N49 de Moreno, un mes después de la explosión de 2018.
Ese mismo mes, la Provincia se comprometió a realizar obras en las escuelas y se creó un comité de emergencia para su seguimiento conformado por representantes de los gremios ATE, SUTEBA, UDOGBA, padres, directivos y docentes. “Era algo inédito que las familias participen en la mesa de discusión de la educación pública –recuerda Azas–, cada referente exponía la situación de su zona. Seguimos durante el verano todos los sábados por la tarde haciendo difusión, repartiendo folletos entre los vecinos para mostrar cómo estaba la situación de las escuelas de Moreno por la hermeticidad que había”.
“El año 2018 –prosigue Azas– terminó sin clases en Moreno, salvo el jardín N° 60 y la secundaria N° 77 de la Perla que habían sido construidos en 2017. Los docentes se manejaron con continuidad pedagógica. Es decir, los chicos iban a buscar a las escuelas fotocopias una vez por semana y las completaban en sus casas. Ya que los chicos necesitaban contacto con los maestros para llevarlas a cabo, se dieron casos de clases en plazas o en los patios de los colegios que estaban en condiciones, ya que otros están en peligro de derrumbe”. La mayoría de los establecimientos morenenses comenzaron este mes el ciclo lectivo, aunque alrededor de 20 primarias permanecen cerradas.
Azas se refiere a la Escuela N° 36, a donde van sus hijos: “Se otorgó la habilitación por mail el domingo 10 de marzo. El lunes a la noche había llovido, entonces el martes cuando fuimos a la reunión para comenzar las clases detectamos filtraciones en el techo y los padres presentes firmamos un acta rechazando la habilitación hasta que se termine la obra. La empresa que estaba trabajando tenía solamente dos obreros, al otro día vinieron dos más, también para la secundaria N° 76 que está al lado, es el mismo edificio”. Hace poco se contrató a otra pero las deficiencias continúan. “Les pedimos que por favor refuercen las trabas en las puertas. El año pasado se instalaron seis ventiladores y se robaron tres. Los que quedaron los sacamos y los pusimos a resguardo. Han sustraído material didáctico, elementos de sonido, lo que encontraban a su paso”, se lamenta Azas.
Escenario repetido
El último 14 de marzo tres niños resultaron heridos en clase por la caída de mampostería en la Escuela Primaria N° 25 que comparte edificio con la Secundaria N° 33, en el barrio Los Cachorros, Del Viso, partido de Pilar. Fabián Domínguez, docente del establecimiento, relata: “Ese salón tenía ya una grieta hace rato, dentro de esa estructura que cayó había ladrillos. Son chicos de 6 años, estuvieron en observación, eran tres. A uno le lastimó el pie y los otros en la cabeza. A uno le dieron un par de puntos. La escuela está cerrada desde entonces. El viernes 15 de marzo hubo un abrazo simbólico con la presencia de dirigentes gremiales de todas las áreas y en todo el distrito se decretó un paro. Nos dijeron a los docentes del secundario que armáramos un plan de contingencia para entregar fotocopias y que los chicos hagan tareas en sus casas, que la escuela iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso”.
Pedazos de mampostería cayeron sobre tres chicos de seis años en una escuela de Pilar. Uno debió recibir puntos de sutura.
Mientras, terminando el mes, aún hay profesores que no conocen a sus alumnos. “Se corre el rumor de que se van a construir algunas aulas nuevas, necesarias ya que la dirección funciona como preceptoría, portería, sala de profesores y recepción. No sé si se van a construir esas aulas. Me llama la atención que aparezca la plata ahora y no durante estos tres años de gestión de este Consejo Escolar. ¿Ahora tienen recursos y antes no? Y si tenían, ¿por qué no los habían usado? ¿A dónde va el dinero?”, se pregunta Domínguez.
Como tantos maestros, Domínguez va de una escuela a la otra para completar su salario. Como docente también de la Secundaria N° 21 y la Primaria N° 16 “Islas Malvinas” del Barrio La Lonja de Pilar, cuenta que él “daba clase en el laboratorio, un lugar bastante incómodo porque eran muchos chicos”. “A la vez –señala– están construyendo aulas muy pequeñas donde entran veinticinco alumnos cuando hay cuarenta. Tenía un pizarrón nuevo hermoso que no podía usar porque los bancos estaban pegados, no había lugar para caminar”.
Sin obras sustanciales a la vista y con múltiples anomalías en el arranque de las clases en todo el Conurbano, nada parece haber cambiado mucho desde la tragedia de la Escuela N°49 de Moreno, que por otra parte está impune. Para lo que sí es diligente el Gobierno bonaerense es para perseguir a docentes, como Enrique Elías, Marité Arias y Gabriel Castillo, delegados de SUTEBA Moreno que participaron en las asambleas de octubre de 2018 y que todavía hoy tienen sumarios abiertos por reclamar condiciones dignas de trabajo.
Mural homenaje a Sandra y Rubén en la Escuela N49 de Moreno.
Ago 24, 2016 | destacadas
Colaboró Débora Campos
El cartel pegado en la pared despabiló al personal de la unidad sanitaria Nº 1 Dr. Springolo, de El Palomar, en la mañana del sábado. Con logo del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) y del municipio de Morón, comunicaba a los médicos que, “de acuerdo a las leyes vigentes deberá efectuar la denuncia policial obligatoria” ante la “sospecha de aborto”. En la comuna que gobierna el ex marido de la gobernadora María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, la directiva oficial despabiló, además, a organizaciones de mujeres, partidos políticos y sindicatos que rápidamente denunciaron la caza de brujas y lograron, tres días después, el apartamiento de dos médicos a los que se responsabilizó por la campaña.
“Prueban con estas acciones. Si pasa, pasa y lo formalizan con una norma. Si no, eluden las responsabilidades y dicen que fue un error”, explica Romina Pereyra, secretaria de Género de la CTA, zona oeste. Pero no fue un error.
“La directiva provino de un funcionario designado por este gobierno y expresa la decisión política de una administración claramente conservadora que busca, por todos los medios, retroceder en los derechos logrados durante los últimos años”, denuncia el concejal por el Frente para la Victoria de Morón Hernán Sabbatella. Además, el referente kirchnerista presentó un pedido de informes y una declaración de repudio que buscará que sean tratadas sobre tablas por el Concejo Deliberante moronense este jueves.
Las primeras reacciones, apenas horas después de la aparición de los carteles con la directiva oficial, fue la de los médicos y la de las organizaciones feministas del Oeste. “No existen leyes ni reglamentos que obliguen a hacer tales denuncias, que violan los derechos humanos de las personas que se atienden en el sistema de salud, garantizados por la Constitución Nacional y Provincial, Tratados Internacionales, las leyes de derechos del paciente, de violencia contra las mujeres, de protección integral de derechos de los/as niño/as, protocolos de atención, entre otras”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.
“El movimiento de Mujeres del Oeste y Las Rojas salimos inmediatamente a hacer una campaña informativa”, completa Manuela Castañeira, militante de Nuevo Mas, ex candidata a presidenta en 2015 e impulsora de la lucha por el aborto legal en la Argentina. “Es importante insistir en que es ilegal obligar a los médicos a realizar una denuncia policial. Además, hay sobrada jurisprudencia en el país que protege la intimidad de las pacientes, impide la criminalización y señala que no se puede detener a una mujer que abortó”, agrega.
La referencia al caso Belén, entonces, es inmediata. Sobre todo, porque la directiva apareció pegada en las paredes apenas horas después de que la justicia de Tucumán liberara a la joven de 27 años que estuvo presa durante dos años por un aborto espontáneo. “Es claro que no se puede separar la ilegalidad de la interrupción de un embarazo y la criminalización de las mujeres. Este tipo de directivas cristaliza y evidencia la política del Estado”, remata Castañeira.
Apenas se conoció la comunicación municipal, las organizaciones de mujeres exigieron la inmediata renuncia de Alberto Daniel Araujo y Marco Marine, coordinador administrativo y coordinador médico del centro de salud de El Palomar, entre otros funcionarios provinciales. Tres días después, con una presión creciente y la repercusión en los medios que comenzaba a multiplicarse, Tagliaferro pegó un volantazo, se deshizo de dos funcionarios y le echó la culpa a la gestión anterior.
A través de un comunicado oficial, el Municipio informó que había inciado un sumario administrativo y separado de su cargo al coordinador médico del centro de El Palomar, el médico Mario Marine, sobre el que, aclararon, “se desempeña como profesional en el Municipio hace veinticinco años”. También el coordinador administrativo, Daniel Araujo, corrió la misma suerte.
Además de apartarlos, la administración del ex marido de Vidal se desvinculó de lo sucedido: “Esa política no representa las opiniones ni las políticas sanitarias del Municipio de Morón”, apuntaron y señalaron que el responsable de haberla impulsado no era otro que el coordinador médico Marine y su compañero Araujo.
Pero, además y en el mismo texto, buscaron explicar que los carteles “que instaban a denunciar las sospechas de aborto son parte de una burda operación política por parte de quienes, durante el gobierno anterior, no hicieron más que atentar contra la salud pública”. Es decir: la culpa es de los médicos nombrados por Tagliaferro y, además, de la oposición política. De todos juntos y al mismo tiempo.
Pero Romina Pereyra, de la CTA, amplía la mirada y explica que la política municipal de Morón es clara: ajuste y desguace de áreas y programas sanitarios y de inclusión. “Reduce el presupuesto y con eso achicaron las posibilidades de intervención de las consejerías (creadas en 2014) para reducir riesgos en situación de embarazo no planificado. Por primera vez, encontramos que vecinas de Morón vienen a atenderse a La Matanza cuando, tradicionalmente, el flujo era el inverso”, revela.
“Ya han tenido problemas porque esta es una gestión que no acepta los avances logrados en materia de derechos de las mujeres”, completa Sabbatella. “Despliegan políticas discriminatorias y estigmatizantes. Ante una situación de presunta violencia, en vez de seguir implementando el protocolo de atención a las víctimas se recurre a la denuncia compulsiva sin la intervención profesional pertinente”, cuestionó.
Mario Marine y Daniel Araujo están en sus casas suspendidos de sus cargos. El cartel fue retirado de la unidad sanitaria de El Palomar. Pero la organización Mujeres del Oeste denuncia que faltan anticonceptivos y misoprostol (necesario para garantizar las interrupciones legales del embarazo). Se está desmantelando el servicio de dudas en el Hospital de Morón, y no mandan médicos al consultorio de diversidad. Si pasa, pasa. Y en Morón, parece que son demasiados los derechos que quedan en el camino.
Actualizado 24/08/2016
