Nov 13, 2019 | Novedades, Trabajo
El conflicto docente en Chubut lleva más de cien días.
Después de cuatro meses de paro, el conflicto docente en Chubut podría empezar a destrabarse. El lunes, pasadas las 18 de la tarde, se reunieron en Rawson parte del Ejecutivo Provincial y los gremios docentes. Se labró un acta en donde el Gobierno provincial se compromete a “la devolución de los descuento efectuados (con relación a los salarios percibidos y no percibidos de acuerdo al pago escalonado), reliquidándose los salarios a la fecha de pago de acuerdo al rango original”.
En el mismo documento también se estipuló que “aquellos alumnos que sufrieron pérdida de contenidos por el conflicto suscitado, recuperarán los mismos durante el primer semestre del ciclo lectivo 2020 a través de los Talleres de Apoyo Escolar desarrollados en horario extraescolar (TAEs)”.
Con respecto al Plan de Reparación y Mantenimiento de Escuelas, el Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, se comprometió a enviar el avance del plan vía correo electrónico a las entidades gremiales. Por último, el Gobierno reiteró que cumplirá con todo lo acordado en las paritarias salariales y, los sindicatos, exigieron la no aplicación de sanciones disciplinarias y la no criminalización de la protesta.
En diálogo con ANCCOM, Daniel Rosales, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) en la Regional Oeste expresó: “Ya tuvimos otras propuestas en las que reconocían la deuda pero no sabían cómo la iban a pagar. Veremos si los compañeros aceptan esta propuesta o no. Las últimas fueron rechazadas. El conflicto se destraba si ellos plantean un plan de pago. Este Gobierno ha propuesto muchas cosas pero nunca ha hecho nada para cumplir su palabra”. Y advirtió: “El Gobierno argumenta que no tienen recursos, que Nación les toma mucho de la coparticipación… Hay una presión para que se instalen determinados procesos productivos en la provincia que hasta ahora han sido motivo de lucha para los chubutenses, como la minería”.
El conflicto comenzó hace más de cien días cuando el Gobierno provincial dispuso el pago escalonado de sueldos. Luego, se agudizó ante el no reconocimiento de las paritarias firmadas en febrero. Desde el Ejecutivo, justificaron la medida argumentando que Nación les daba la coparticipación en cuotas. Sin embargo, Nación declaró que se entregaron casi 1.300 millones de pesos en adelantos aunque el gobernador Mariano Arcioni desmiente haber recibido dicha suma.
El momento más trágico de esta lucha se vivió el 18 de septiembre cuando dos docentes, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, murieron en un accidente de tránsito al regresar de Rawson a Comodoro Rivadavia tras una marcha en reclamo de los salarios adeudados. A raíz de este hecho, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA) convocó a un paro de 24 horas en todo el país. Un día antes, Arcioni había presentado un proyecto de ley para aumentarse un 100% el salario a pesar de la gran crisis que atraviesa la provincia.
El último paro nacional fue el viernes último, con su punto más álgido con la detención del Secretario General de ATECH, Santiago Goodman, en el marco de una represión policial mientras participaba de las protestas en Casa de Gobierno en contra de los descuentos masivos que se aplicaron tanto a los docentes que hicieron paro como a los que no. “Los descuentos son ilegales, de hecho el viernes lo entendió así el Poder Judicial, dando lugar a un amparo que fue presentado por el sindicato. Hay que devolverle los días de paro a los trabajadores que fueron cargados irregularmente, por ejemplo, hay compañeras que están con licencia de maternidad”, remarcó Rosales.
Goodman fue liberado horas después, ya que el juez Sergio Piñeda no encontró fundamentos para sostener la detención. Como resultado de los incidentes producidos renunció el ministro de Educación Paulo Cassutti y fue reemplazado por Andrés Meiszner, quien se convirtió en el cuarto ministro de Educación en lo que va del año.
Los maestros Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, murieron el 18 de septiembre en un accidente de tránsito al regresar a Comodoro Rivadavia tras una marcha en reclamo de los salarios adeudados.
En esta extensa lucha, los docentes cuentan con el apoyo de muchos estudiantes. Así, se constituyó en Esquel la Asamblea Permanente de Estudiantes Autoconvocadxs (APEA) que ocupó pacíficamente el edificio de la Supervisión Seccional de Escuelas Región III durante 52 días. “Surgió de un momento para el otro -explicó a ANCCOM Marco Nahuelanca, integrante de APEA-. Hacía tres meses que teníamos cortado el TEG (Transporte Estudiantil Gratuito) y ahí nació la idea de ocupar el edificio de Supervisión. Entonces, se formó APEA y ahí varios como yo empezamos a militar por los derechos de los estudiantes”.
Ahora, para saber si se destrabará el conflicto resta esperar el resultado de las asambleas. En principio, el paro está declarado hasta el sábado. Carlos Magno dirigente de ATECH Sur (Comodoro Rivadavia) contó a ANCCOM cuál es la situación: “Se está analizando en las escuelas lo que el Gobierno ofreció. Hay una diversidad de posturas al respecto. Incide lo prolongado que es este proceso de lucha y la merma, en algunos casos, de la fuerza en cuanto a la adhesión a la medida. También, está la insatisfacción en relación a lo que el Gobierno plantea, porque de ninguna manera repara el incumplimiento de la ley que al día de hoy se sigue implementando. Por ejemplo, en cuanto al pago escalonado no hay ninguna modificación que plantee tan siquiera una fecha estimada de normalización del pago de los sueldos. Está todo en promesas, nada más”.
Por el momento, en Chubut hay más incertidumbre que certezas.
Sep 11, 2019 | DDHH, Novedades
«Hay que seguir insistiendo», dice Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
“La investigación no se encuentra agotada”, indicó el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que reabrió la causa el viernes pasado. A 23 meses del hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en el río Chubut, el Poder Judicial aún no sabe qué sucedió.
Sergio Maldonado, hermano de Santiago y querellante en la causa, contó a ANCCOM cuál fue su reacción al conocer la sentencia: “Fue una noticia positiva. Pero después, leyendo el fallo, fue una victoria a medias. Hay que seguir insistiendo y pidiendo que haya un grupo de expertos independientes que pueda garantizar la investigación.”
El fallo de los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez tuvo lugar siete meses después del pedido de apelación por las querellas de la familia, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El recurso de apelación fue presentado contra el fallo del juez Gustavo Lleral que, en noviembre de 2018, cerró la investigación eximiendo de responsabilidad al gendarme Emmanuel Echazú tras la represión que llevó a cabo la fuerza seguridad el 1º de agosto de 2017 en un corte en la ruta 40, a la altura de la estancia Leleque, en el que un grupo de mapuches identificados con el lonko Facundo Jones Huala reclamaban por su liberación.
“Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o por alguna instancia internacional», advierte Sergio.
Para Sergio Maldonado, la reapertura del caso el viernes pasado, en coincidencia con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no fue casual: “Todas las veces que se movió la causa fue ante el plano electoral o ante alguna instancia internacional. También, quiero destacar el acompañamiento de la gente que no deja que esto quede impune. Es otro paso más gracias al apoyo popular.”
Para la familia Maldonado el fallo es muy contradictorio, ya que al mismo tiempo que desestima la desaparición forzada, sostiene la necesidad de profundizar la investigación de otras hipótesis delictivas. “No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
La Cámara advierte la existencia de cuatro puntos en el informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación: la data de la muerte; la presencia de polen adherido en las ropas; el informe sobre la identificación de algas que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión; y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.
“No podés descartar la desaparición forzada si no hiciste la investigación”, remarcó Sergio.
Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich también celebró el fallo. En su cuenta de Twitter aseguró que “ahora se investigará el abandono de persona: los últimos que los vieron con vida fueron sus compañeros. La verdad es incontrastable”. Sin embargo, en el texto de la sentencia nunca se menciona la carátula de abandono de persona, sino que se habla de la necesidad de valoración de “algún posible nexo causal entre cualquier omisión del personal de Gendarmería o de quienes se introdujeron en el río con Maldonado”. A su vez, los camaristas afirmaron que “nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos, por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos”.
En diálogo con ANCCOM, Sergio Maldonado se refirió a los dichos de Bullrich acusándola de querer instalar un abandono de persona por parte de los mapuches. “En realidad, lo mapuches estaban en las mismas condiciones que Santiago, estaban escapando de una represión ilegal. Un civil o alguien que está escapando no puede hacerse cargo de algo que debe hacerse cargo el Estado”.
La reapertura de la causa aún no trae certezas. Después de 25 meses de aquel primero de agosto de 2017, en el que desapareció Santiago Maldonado durante un operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, no hay culpables ni responsables condenados.
Jul 11, 2019 | Entrevistas, Géneros
Después de Érica Borda, doce mujeres se anotaron en el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo.
Érica Borda logró ser chofer de la Línea 130 después de una batalla legal de ocho años. Finalmente, el Poder Judicial falló a su favor exigiéndole a la empresa que el 30 por ciento de su plantel sea femenino. También obligó al Gobierno nacional que tuvo que crear el primer Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (REMACC). Una historia de lucha -sobre ruedas- por la paridad de género.
Son las 12 del mediodía en la cabecera de Boulogne de la línea 130. Hay siete choferes terminando de almorzar en el comedor cuando entra Érica, que lleva la misma campera y camisa azul que sus compañeros.
– Pero mi camisa es más femenina, tiene pinzas- dice Érica que también tiene los ojos delineados con negro y usa un pañuelo rosa, aunque tiene el que le dio la empresa, con rombos celestes y verdes, guardado en la cartera.
Borda saluda a sus compañeros, uno por uno, mientras guardan sus tuppers y se van levantando. Érica toma una servilleta y empieza a juntar las migas que dejaron en las tres mesas del comedor. Los demás la miran. Hay un chofer que sigue sentado, pero cuando Érica limpia su mesa, se levanta y afirma entre risas:
– Esto es lo que les toca a las mujeres.
– ¡Qué hijo de puta!- dice alguien desde el fondo.
«No aceptar a las mujeres sería retrógrado», afirman los compañeros de trabajo de Érica Borda.
En un terreno en el que las mujeres fueron históricamente excluidas, Érica abrió camino. Y no es esta la primera vez. Ya había sido conductora de la línea 140 durante doce años hasta que la echaron sin motivos, en 2011. Entonces, buscó trabajo en otras líneas pero la respuesta era siempre la misma: “No tomamos mujeres”. Cansada de la discriminación, presentó junto a la Defensoría General de la Nación una acción de amparo contra el Estado Nacional y tres empresas de colectivos: Los Constituyentes SAT; Transportes Avenida Bernardo Ader S.A. y Transporte Escalada SAT.
Borda tenía dos pretensiones: la primera de naturaleza individual, reclamaba la protección del derecho subjetivo a obtener trabajo como chofer de colectivo; y la segunda, de dimensión colectiva, con el fin de que las empresas readecuaran sus políticas de selección y contratación de personal, de forma tal que cesaran con las prácticas discriminatorias hacia las mujeres. También, solicitó la anulación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), ya que no contempla a las mujeres como trabajadoras. En el texto se refiere a ellas como las esposas de los trabajadores o quienes alumbran a sus hijos o hijas.
– Inicié el proceso para las que venían, no para mí. No quería que otra mujer sufriera lo mismo que yo- explica Érica que tuvo que buscar otra profesión para mantener a sus cuatro hijos. Estudió enfermería y ejerció durante dos años.
– El trabajo de enfermera es diferente porque implica un esfuerzo físico y mental muy grande. Hay que atender al paciente y contener a la familia. Además, el sueldo de enfermera es casi la mitad que el de un colectivero.
Borda señala que los 15.000 pesos que cuesta el curso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte es prohibitivo para una mujer.
La defensa de las empresas demandadas se estructuró sobre la base de que los hombres son quienes conducen porque han sido casi los únicos que se postularon para desempeñar esa tarea. Esta afirmación da cuenta de la desigualdad estructural que sufren las mujeres en un mercado laboral sesgado por estereotipos de género.
Recién en octubre de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una sentencia definitiva que dio lugar al reclamo colectivo. Condenó a las tres empresas demandadas a que confeccionaran un Protocolo de Buenas Prácticas en la selección de personal y les exigió la contratación, en el futuro, de personal femenino hasta alcanzar el cupo del treinta por ciento. También, el Tribunal instó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que adopten medidas apropiadas para revertir la discriminación por género.
En línea con el mandato judicial, en enero de este año, el Gobierno nacional creó el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) para que las empresas lo consulten al momento de convocar a nuevo personal. Borda fue le primera inscripta y hoy ya son doce. Sin embargo, Érica advierte sobre el problema que tiene el Registro: “Para anotarte tenés que tener el curso de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que sale alrededor de 15 mil pesos, más los tres mil de la licencia profesional. Antes del fallo, las mujeres no hacían el curso porque invertir 18 mil pesos era regalar la plata para un puesto de trabajo que no tenías. Y ahora, la mayoría de las mujeres que pueden inscribirse quedaron solas o tienen cargas de familia. ¿De dónde van a sacar 18 mil pesos?, se pregunta.
Por eso, aunque Borda ya cumplió su objetivo, sigue luchando para que se les pueda otorgar un subsidio a esas mujeres. También, se creó un listado alternativo para ellas que ya cuenta con 30 inscriptas.
– Mi deseo es que sea más natural ver a una mujer manejar el colectivo- confiesa Érica.
Para sus compañeros, que manejen hombres o mujeres es indistinto.
– No aceptar a las mujeres sería retrógrado- afirman.
– Yo sabía que me iban a recibir bien. No noté rechazo- asegura Érica.
– El tema es cuando se va, ahí sí le sacamos el cuero- agrega uno de los choferes y todos se ríen.
Para el delegado Ariel Martínez, las bromas y chicanas son “una forma de aceptación”. Sin embargo, Érica se encarga de dejar las cosas en claro:
– Yo no vine a ser conflictiva, pero voy a defender lo mío.
Y defender lo suyo también implica definirse como chofer o conductora, pero no colectivera:
– Dentro de este rubro decir colectivera es referirse a la acompañante, la “novia” del chofer. A mí no me ofende en realidad, pero prefiero aclararlo.
Desde que Érica se incorporó a la empresa, en abril, el único cambio que tuvieron que hacer los choferes fue en la forma de hablar.
– Ahora hay que tener más recaudo, pero es un lindo desafío que empiecen las mujeres acá- explica el chofer Martínez.
Ya hay otras tres mujeres en la Línea 130, una manejando y otras dos haciendo las prácticas.
Después de Érica, fue contratada Sabrina Gutiérrez y, actualmente, hay otras dos mujeres haciendo las prácticas. Los pasajeros ven la incorporación de las conductoras con buenos ojos. Explican que las mujeres frenan más suave y tienen más consideración. Según la Asociación Civil Luchemos por la Vida, las mujeres conducen en forma más segura que los hombres y se cuidan más (usan más el cinturón de seguridad y el casco). La tendencia de los varones a arriesgarse en las calles y rutas tiene como resultado que siete de cada diez víctimas de tránsito en el país sean hombres. Los datos demuestran la falsedad del dicho “mujer al volante peligro constante”.
– No sé si decir lo que dicen de los varones… – les comenta Érica a sus compañeros-. El otro día subieron acá, en Ader, dos mujeres y lo primero que dijeron fue: “Tenía que ser mujer para que arrimara al cordón”. Se ve que algunos no están bien vistos.
– Pero también estamos los buenos… yo estoy casado con una pasajera, así que tan mal no me porté- retrucó Martínez.
Ya son las 13, Érica tiene que partir. Pasa por el control, toma la planilla de los horarios y va al colectivo que comparte con el chofer de la mañana. Se abrocha el cinturón e inicia el recorrido.
– Me quiero comprar un parlantito porque si no tengo música me pongo a cantar sola. Es que con el tráfico te volvés loca- cuenta Érica riendo.
Ni bien sale de la terminal está la prueba de fuego: la curva de la Avenida Rolón.
El colectivo pasa con lo justo, pero Érica ya le agarró la mano.
– Hoy los colectivos tienen caja automática y sistema hidráulico. La única diferencia con un auto particular es la dimensión. Pensar que el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar colectivos es quedarse en el tiempo.
Unas paradas más adelante sube una señora mayor.
– A Munro- dice y apoya la tarjeta Sube en la máquina. Cuando está por pasar al fondo se detiene y le dice a Érica con una sonrisa:
– Nunca vi a una mujer chofer, la felicito.
– Ahora nos va a ver un poquito más- retruca Érica.
Es un día tranquilo, no hay tráfico. Érica va dos minutos adelantada. Si llega a la terminal de La Boca con esa anticipación serían dos días de suspensión.
– No pasa nada, ya nos va a agarrar un semáforo o una parada con mucha gente y compensa.
En la parada neurálgica de Retiro hay una fila larguísima.
– ¡Cuidado la puerta por favor!- dice Borda y sigue.
Después de dos horas, llega a La Boca bien de tiempo. Tiene diez minutos para descansar. Come un sándwich, toma un vaso de gaseosa y arranca. A lo largo del día, dará dos vueltas completas, algo así como ocho horas y media.
– Ahora hay más tráfico, en un rato empiezo a cantar- comenta Érica.
En la siguiente parada sube una mujer que la mira sorprendida.
– Es la primera vez que tomo el 130 y hay una mujer, ¡bienvenida!- le dice tomándola del brazo.
Y Érica vuelve a responder:
– Ahora nos va a ver un poquito más.
Abr 30, 2019 | DDHH, Novedades
La identificación permanente y en tiempo real de cualquier persona que pase delante de una cámara dejó de ser ciencia ficción. El jueves pasado entró en vigencia en la Ciudad de Buenos Aires el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que procesa las imágenes en forma rotativa de 300 de las 7.000 cámaras que hay en la vía pública y las estaciones de subtes.
El funcionamiento del software de inteligencia artificial consiste en cotejar el rostro filmado con la base de datos a nivel nacional de las personas con pedido de captura. Si hay coincidencia aparece una alerta en el centro de monitoreo y se pone en acción el operativo policial. Para obtener las imágenes de los prófugos se firmó un convenio con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Según el vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, Diego Santilli, en las primeras dos horas y media de implementado el sistema se detuvieron a diez personas y aseguró que «es sólo para aquellas personas que están buscadas por la Justicia. Nadie va a querer que haya 30.000 personas con pedido de captura y no las podamos agarrar. En febrero agarramos a un tipo que tenía 10 años de condena por secuestrar personas. Lo que quiere la sociedad es que los agarremos”.
Sin embargo, el software debe observar a toda la población para detectar a los prófugos. Para la presidenta de la Fundación Vía Libre y especialista en temas de derechos humanos en entornos tecnológicos, Beatriz Busaniche, el sistema avanza directamente sobre la privacidad y la presunción de inocencia de las personas: “Todos estamos siendo monitoreados permanentemente en búsqueda de criminales, pero somos inocentes. Si nos pidieran permanentemente el DNI en la calle lo veríamos con malos ojos, como un estado autoritario. También, entra en riesgo el derecho de reunión y de libre circulación. Todas las acciones del espacio público podrían verse de alguna forma desincentivadas, como la movilización en una protesta callejera”.
Aunque el SRFP comenzó el jueves último, hace cuatro meses que se están realizando pruebas con el objetivo de perfeccionar el software. “Estas tecnologías tienen alto grado de inmadurez y fallan. Cuando se implementó en Gales, en un partido de la Champions League, hubo un 90% de falsos positivos”, explica Busaniche.
Cuando empezaron las primeras pruebas en enero, sin anuncios oficiales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inició una actuación administrativa pidiendo informes al Gobierno, a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). “No tuvimos respuestas más que de SBASE y CNRT. Dijeron que no estaban al tanto de la medida”, contó a ANCCOM María Julia Giorgelli, subcoordinadora del Centro de Protección de Datos Personales de la Defensoría.
“En la última Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Comisionados de Privacidad se alertó que el tratamiento de datos biométricos mediante sistemas de inteligencia artificial tiene que ser permanentemente auditado y se debe informar a todos los sujetos involucrados cómo se realiza. Hay en juego libertades individuales, no puede ser que uno no sepa cómo se manejan esos datos. El derecho a la información es uno de los primeros problemas que tenemos acá”, agregó Giorgelli.
Por otra parte, la Defensoría se pregunta por qué el SRFP no ha pasado por la Legislatura porteña cuando el artículo 80 de la Constitución de la Ciudad dice que le corresponde a ese órgano disponer en materia de seguridad pública. En esta misma línea, el bloque Unidad Ciudadana presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo solicitando detalles sobre la licitación de compra del sistema, las características técnicas, el área del Ministerio de Seguridad que será la encargada del funcionamiento y qué medidas se adoptarán para asegurar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. No obstante, en la sesión parlamentaria del 11 de abril la solicitud fue rechazada y regresó a la Comisión de Seguridad. La legisladora de Unión Ciudadana, Victoria Montenegro, expresó que esto es un problema porque “en lo que va del año, la Comisión nunca se reunió”.
“Estamos muy preocupados, parecen temas menores pero estamos hablando de nuestra seguridad. El índice de delitos en la ciudad aumentó y la cuestión no es la fuerza de seguridad, sino la política. Los objetivos no están claros. Hay más policías, más presupuesto y más tecnología, pero también más delitos”, concluyó Montenegro. Habrá que esperar para saber si viviendo permanentemente monitoreados se tiene una ciudad segura.
Abr 10, 2019 | Novedades, Trabajo
Los 450 despedidos llenaron de colchones la sede de Palermo Soho.
Entre los bares y restaurantes de Palermo Soho, en Gurruchaga al 1776, se encuentra la base de PedidosYa, la sede logística de la compañía online de envíos de comida, ocupada desde el 26 de febrero por sus trabajadores que denuncian el despido de 450 empleados. El cartel de la fachada ahora dice “despidos ya” y, en la vereda, hay un grupo de repartidores sentados en las sillas de plástico de la empresa. A un costado, tienen una garrafa con mechero para cocinar. Luna, trabajadora despedida, revuelve el guiso en una olla y les sirve en bandejitas descartables a dos vecinos en situación de calle. Las ollas populares se organizan todos los días.
“La decisión de la toma fue súper espontánea -dice Luna-. Estábamos todos concentrados en la calle porque nos habían despedido y no sabíamos por qué. Nos bloquearon en la aplicación sin notificación previa. Pedíamos que saliera a hablar un coordinador, y nada. Estaban las puertas cerradas, pero un venezolano logró entrar y con él entramos todos. Hicimos una asamblea y dijimos: ´Nos quedamos acá hasta que nos den una respuesta´. Entonces, los dos coordinadores desaparecieron por la escalerita de la terraza.”
La respuesta nunca llegó y lo que empezó como un acampe se convirtió en una ocupación pacífica que ya lleva más de un mes. Hubo tres conciliaciones fracasadas y la posibilidad de desalojo está latente. “A veces vienen de la fiscalía y todas las noches aparece un patrullero que se queda un rato en la puerta”, cuenta Néstor, repartidor despedido y bombero voluntario que sigue vistiendo la chomba y campera rojas de PedidosYa.
Los trabajadores despedidos denuncian precarización laboral y el abuso ante las necesidades laborales de los inmigrantes.
La empresa, nacida en Uruguay hace diez años y vendida en 2014 a la compañía alemana Delivery Hero, dejó un guardia privado al cuidado de los bienes de la sede que se mantiene casi intacta. Permanece la extensa fila de estanterías con las grandes mochilas rojas y cuadradas que se usaban para hacer los envíos. Hoy, los que continúan trabajando en PedidosYa son los monotributistas que alquilan la mochila y se la llevan a sus casas. En las paredes siguen pegados carteles con instrucciones: “Toda persona que se lleve la bicicleta con la numeración que no le corresponde va ser amonestada”, advierte un letrero. La gran diferencia con un mes atrás es que ahora, en el piso, hay varios colchones desparramados y los repartidores pueden usar el baño y las duchas. Antes, eran de uso exclusivo para los coordinadores.
Los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (A.Si.M.M) consideran que la fecha elegida para el despido masivo no fue aleatoria, sino que tuvo lugar 48 horas antes de la primera votación de delegados. También, denuncian que el objetivo es reemplazar a los trabajadores en blanco por monotributistas, ya que la compañía no se declaró en quiebra.
“Se aprovechan de los extranjeros para esclavizarlos”, explica Josué, inmigrante venezolano y repartidor despedido sin causa. No cobró indemnización, ni aguinaldo, ni vacaciones. “La empresa no pone plata, eso es lo terrible. Tienen un sistema en el que el envío sale 55 pesos, de los cuales 40 los paga el cliente y 15 el restaurante”, dice Luna.
Los despedidos subsisten vendiendo alfajores caseros y alimentándose de ollas populares.
Por su parte, la compañía -que opera en nueve países de Latinoamérica- emitió un comunicado oficial refiriéndose: “Con el objetivo de mejorar la calidad de su servicio, el 25 de febrero de 2019, PedidosYa realizó una reestructuración que conllevó la desvinculación de 401 puestos de trabajo debido al incumplimiento de las tareas de ciertos repartidores y, además, una adecuación a los flujos de demanda de pedidos en la Ciudad de Buenos Aires”. También, la compañía argumenta que está en competencia desleal porque las otras dos aplicaciones de envíos más importantes del país, Rappi y Glovo, no tienen trabajadores en relación de dependencia.
Regular las plataformas virtuales para evitar la precarización de sus trabajadores parece impostergable. Estas empresas impulsan un nuevo modelo llamado economía colaborativa que consiste en conectar al cliente con el vendedor a través de una aplicación. Pero, en el medio, están los trabajadores que son atraídos por el eslogan “sé tu propio jefe” cuando, en realidad, hay una relación de dependencia encubierta. Según el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo se trata de una situación de fraude laboral, ya que los repartidores monotributistas ofrecen una prestación continua bajo la dirección del empleador, cumplen horarios y pueden ser sancionados o despedidos.
“Sos tu propio explotador más que tu propio jefe”, coinciden los trabajadores y amplían: “En PedidosYa, si tardás más de 20 minutos en llevar el desayuno no cobrás. Hay que pedalear, y lo más rápido posible”.
El crecimiento de las aplicaciones de envíos se debe a la evolución tecnológica y a la demanda de la gente que quiere cumplir el sueño de comprar cualquier cosa sin moverse de su casa. Sin embargo, también se nutre del desempleo; la necesidad de los inmigrantes; la insuficiente regulación estatal; la falta de infraestructura de transporte público; y el caos del tránsito.
“La empresa te dice ´sos mi socio´”, pero después uno está todo el día pedaleando en la calle solo, con una aplicación que te rompe la cabeza y el cliente ni te saluda. No sos nadie en la calle. Corrés riesgos de tener un accidente, de que te roben, o que te puteen”, expone Luna y añade: “El desgaste físico es tremendo. Pedaleás más que un atleta olímpico y tenés que lidiar con la calle”.
Para sostener la toma, los empleados implementaron distintas medidas, como crear una comisión interna de trabajadores despedidos que se reúne tres veces por semana. Además, venden empanadas y alfajorcitos de maicena hechos por ellos y ofrecen el servicio de reparación de bicicletas.
Por otro lado, buscan que los clientes tomen conciencia. Por eso, hicieron volanteadas por el barrio y realizaron tres intervenciones a restaurantes. Estas consisten en solicitar el bloqueo del posnet de PedidosYa por 30 minutos. “Si el gerente del restaurante no se solidariza, tratamos de convencer a los cadetes para que paren. Es difícil, porque los chicos necesitan la plata para comer o tienen miedo que los pongan en pausa”, detalla Néstor.
Estar pausado es la peor sanción para el repartidor. En un principio, las pausas las pedía el trabajador cuando, por ejemplo, necesitaba arreglar la cadena de la bicicleta. Pero después, la aplicación empezó a otorgar pausas de media hora aleatoriamente. Otro de los cambios fue que los repartidores dejaron de trabajar con horarios y zonas definidas. Tampoco sabían cuánto iban a cobrar a fin de mes. “Yo trabajaba ocho horas con mi bici y cobraba 16.000 pesos por mes. Pero sin motivos un mes me descontaron 3.000”, precisa Luna.
Frente a esas irregularidades, los trabajadores intentaron reclamar, pero fue imposible. Por teléfono hablaban con una operadora automática y en la sede ningún coordinador los atendía. Como los reclamos crecían, la empresa elaboró un sistema de turnos a largo plazo que no resolvía las necesidades inmediatas de los repartidores.
Ahora, los trabajadores esperan que se dicte la conciliación obligatoria y denuncian que se está empleando una estrategia dilatoria: “La empresa piensa que nos vamos a desgastar, pero nos ayudan a organizarnos cada vez más.”
Luchan por tres objetivos: la reincorporación de los despedidos, el aumento salarial que estipula la paritaria y el blanqueo de los monotributistas. Mientras la aplicación sigue anunciado “hacé tu pedido”, el conflicto en la base de Palermo Soho continúa.
