Oct 17, 2017 | DDHH, inicio
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició ayer su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. El legislador fue víctima de un operativo de la última dictadura cívico-militar, comandado por Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Luego del secuestro, el 16 de febrero de 1977, el diputado y su secretario Juan José Fernández fueron arrojados al río, simulando un accidente automovilístico, en marzo del mismo año. Juana comenzó su declaración con lo más íntimo de su historia, en la que lleva 40 años pidiendo justicia. «Cuando tenía 8 años entré a la Escuela de Ballet del Teatro Colón. Mi papá me decía que iba a bailar como Margot Fonteyn, ya me veía como primera bailarina del ballet de Londres. Él hacía planes para que yo viajara y pudiera hacer mi carrera allá. Cuando tuve mi primera función, a los 10 años, entró un señor al camarín, que compartía con mis compañeras, con un ramo enorme de claveles rojos con una tarjetita que decía: ´Lo más maravilloso que tengo en este mundo, papá´. Así era mi papá y así fue los 15 años que lo tuve conmigo y tal vez esto explique porque yo estoy acá», contó conmovida.
Como era una figura pública, la desaparición de Diego Muniz Barreto no pasó inadvertida. «El Parlamento europeo, la prensa internacional pero también el diario Buenos Aires Herald y la Agencia de Noticias Clandestina de Rodolfo Walsh pedían por mi papá, además de mi familia. Por lo tanto, mi papá era una carga para ellos porque tenían que devolver su cuerpo, no lo podían dejar desaparecido. Por eso se tomaron ese trabajo, no es tarea sencilla devolver un cuerpo sin marcas después de haber estado semanas en un centro de concentración, después de no haberle dado de comer tantos días que se le caían los pantalones. Se tomaron el trabajo, lo hicieron con mucha precisión y una planificación rigurosa y detallada. Sin embargo, les falló porque a Fernández, el compañero y amigo de papá, no le hizo efecto la inyección (n. de r.: para sedarlo) y logró escapar», resumió Juana.
Después de que Fernández fuera liberado tras ser apresado como sospechoso del homicidio de Diego Muniz Barreto, fue a pedir auxilio y refugio a su amigo Salvador Viale, un escribano que vivía en Cuba. «A mí me emociona mucho pensar que hubo gente que tuvo el coraje de recibir y dar auxilio a un amigo. Salvador le dio de comer y cuando Fernández se recuperó le contó el horror que había vivido y cómo había vuelto de la muerte», relató Juana.
Según lo que recuerda la hija de Muniz Barreto sobre el testimonio de Fernández –quien falleció años después, exiliado en España-, Salvador le aconsejó que escribiera lo que había sucedido porque lo iban a estar buscando y si le llegase a pasar algo nunca se sabría la verdad. «Escribió a muy pocos días de los hechos un testimonio que tiene un valor extraordinario por lo preciso y detallado, con la memoria completamente fresca. Cuando en los 90 se conoció ese testimonio fue desgarrador, pero al mismo tiempo se transformó en la guía de la investigación», explicó Juana.
El juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader inició su segunda audiencia con el testimonio de Juana, la hija del diputado nacional, Diego Muniz Barreto. Foto registrada el pasado martes.
Luego, la hija del diputado asesinado rememoró el testimonio del ex sargento Víctor Ibáñez, también clave en el juicio: «Yo estuve presente cuando Ibañez declaró que López Fader pidió por mi papá, por el diputado, para que se lo llevaran al Comando de Institutos Militares el 5 de julio a las 3 de la mañana, allí Fader los recibió. Días después de la transferencia, Ibáñez comprobó que mi padre era el diputado que mencionaron porque pegaron en la cartelera, próxima a la sala de torturas, recortes de diarios que daban cuenta del fraguado accidente de mi padre». Para Juana, el testimonio de Ibáñez coincide con el de Fernández, quien también escuchó voces que dijeron que la hora del traslado era las 3 de la mañana. Según señaló de Fernández, el día del traslado, a las 11 de la noche, mandaron a buscar a Muniz Barreto y a Fernández y les hicieron cortar la barba igual que como la tenían al llegar al «Campito» (el Centro Clandestino donde los tuvieron cautivos hasta el 6 de marzo de 1977, cuando fueron arrojados al río). Además, llevaron los documentos de ambos hasta Entre Ríos y antes de tirarlos al agua se los colocaron en los bolsillos. «El objetivo era que cuando encontraran el auto, la policía pudiera identificar fácilmente los cuerpos y así poder devolvérselos a la familia», conjeturó Juana. Otros dos datos que dan cuenta de la planificación de los hechos son, por un lado, que taparan la patente del auto del padre de Juana y, por el otro, que les vendaron las muñecas y tobillos para que las cadenas no los lastimaran y así no dejaran marcas. «El que los vendo sabía lo que hacía. Según Fernández, esa persona vendaba caballos. Y López Fader era de caballería», agregó Juana.
El tono de Juana evidenciaba el dolor, la voz se le quebró en cada frase pronunciada, pero aun así continuó con su relato: «Fernández escuchó la voz de mi papá preguntando: ´¿Nos van a matar?´A lo que alguien le respondió que no. Por un lado se ilusionaban con que los iban a liberar y, por el otro, los amenazaban con que los iban a matar. ´No me cuesta nada pegarte un tiro, no te hagas el loco, no te hagas el héroe´, les decían. Al momento de meter a Fernández en el baúl le dijeron lo mismo: ´Te vamos a encadenar, a meter en un baúl de un auto, no quiero héroes, no te hagas el loco, porque no me cuesta nada pegarte un tiro y tirarte en una zanja´”. No me voy a meter en el horroroso calvario que le hicieron sufrir a mi papá y a Fernández, con el calor insoportable en un baúl tantas horas sin recibir siquiera agua». Cuando llegaron a Entre Ríos, Fernández identificó tres autos estacionados de culata en un semicírculo, dos Falcón, uno color ladrillo y el otro blanco, y un Fiat. Además vio a los tres sujetos responsables debido a que les sacaron las capuchas, porque los iban a matar y ya no importaba si los reconocían. Uno de ellos era Domínguez, alias «Escorpio», que ya ha sido condenado. Los otros dos eran un señor de remera amarilla y el otro era López Fader, que llevaba el torso desnudo y a quién describió como un hombre de unos 33 años, cabello rubio oscuro, estatura mediana, ojos claros, cutis blanco, contextura normal. El de remera amarilla le sacó las vendas con una hoja de afeitar y luego se las pasó a López Fader, quién las quemó. Ese de torso desnudo es quién los había vendado a la mañana y quién luego Fernández señala como el jefe por la forma de hablar que tenía. «Mi papá le pidió por favor que le dieran agua y López Fader le respondió que se quedara tranquilo que ya iba a tener todo el agua que quisiera. Después mi papá les preguntó què hacían ahí, qué estaban esperando y este mismo sujeto le dijo que estaban esperando el camión que los iba a trasladar a la Penitenciaria y mi papá le preguntó si ahí iba a poder recibir la visita de sus hijos. Y eso es lo más precioso que me llevo de toda la investigación, que él en sus últimos minutos pensaba en sus hijos», dijo Juana sollozando. Inmediatamente después lo vuelven a encerrar en el baúl, el auto se alejó, pusieron la radio a todo volumen y procedieron con el asesinato de Barreto. «A mi papá lo mataron, no le dieron una inyección, murió desnucado. Fernández se dio cuenta que lo estaban matando por eso la música fuerte para que no oyera sus gritos», dijo Juana. Después lo inyectaron a Fernández y lo acomodaron en el asiento del acompañante, mientras que a Barreto, quién ya estaba muerto según la autopsia, lo tiraron en el asiento de atrás. A Fernández no le hizo efecto la inyección y se escapó por el agujero del parabrisas.
Cuando Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y querellante contra Eduardo Alfonso, le preguntó a Juana por las fuentes que consultó además de Fernández e Ibáñez ella respondió que leyó una infinidad de libros y artículos e hizo mención a uno en particular: «Operación bananas» publicado en la revista El Porteño, escrito por Juan José Salinas en el que se describía un encuentro entre López Fader y el Capitán José Luis D’Andrea Mohr en el regimiento de Neuquén en el año 1978. Allí tuvieron una conversación en la que López Fader se jactaba de tirar muchos subversivos al río y para evitar que los cadáveres flotaran los destripaba para que así se fuesen al fondo.
Foto de la audiencia por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader, del martes 10 de octubre.
Juana dijo que hay una coincidencia en todo lo que relató Ibáñez y lo que escribió Fernández. Para ella, queda clara la responsabilidad de López Fader, no sólo en el Comando de Institutos Militares, sino en el lugar del hecho como jefe. Además tuvo una activa participación en los actos de represión, en los años de terrorismo de Estado. «En nombre de salvar la civilización occidental y cristiana y a la familias argentinas, destrozaron miles de familias, humillaron a sus Fuerzas. Ellos hablaban de civilización y cometieron el hecho más bárbaro, que es matar a dos personas indefensas. Mi padre fue el más maravilloso que podría haber tenido y que tengo, por eso espero, ni más ni menos, una sentencia justa. Sé que el jurado se guía por pruebas pero no me puedo quitar de la cabeza a esos otros que siguen desaparecidos, que no tienen causa ni querella porque no flotaron, porque los destripó. Espero que puedan hacer justicia también por ellos», dijo Juana entre lágrimas.
Después de la declaración de Juana Barreto se prosiguió con los testimonios que aportan pruebas al juicio contra el ex General de Brigada Eduardo Alfonso, por su participación en el asesinato de Antonio Domingo García y la desaparición de Beatriz Recchia, embarazada de 5 meses, en el marco de un operativo que se llevó a cabo, el 12 de enero de 1977, en la casa del matrimonio, en Villa Adelina. Con ellos estaba su pequeña hija Juliana, quien -ya adulta- declaró la audiencia anterior. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, lleva adelante en este juicio unificado dos causas –que han sido acumuladas, pero no tienen conexión entre sí, salvo la impunidad de ambos imputados durante 40 años.
Eva Gloria García, vivía en frente del departamento de Villa Adelina en donde se llevó a cabo el operativo contra la familia García Recchia. Ella observó por entre medio de las persianas de su casa lo sucedido. «Hubo dos operativos en frente de mi casa en 1976, con seis meses de distancia. En el segundo episodio mataron al padre de Juliana y se llevaron a la mamá, que estaba embarazada. Había personas con uniformes militares, policías y gente particular. No pude ver como fue el enfrentamiento porque era a la madrugada y ellos estaban dentro del departamento, y hay un portón delante. Yo vi que alguien había sido herido porque lo atendieron en la casa que está al lado de la mía, creo que fue en el abdomen. Pascual Florencio lo atendió, un médico vecino. Hubo otro herido, según me enteré después era policía. Recuerdo que había un Falcón fuera de la casa, también. A la mamá de la nena -Juliana- la taparon con una frazada, la envolvieron con una soga como un matambre, la metieron en el Falcón y se la llevaron. Eso lo vi porque dejaron el portón abierto. En el barrio se comentaba que los militares decían que se los llevaron porque eran subversivos», contó Eva Gloria.
Durante el cuarto intermedio, Alfonso que asistió sonriente a la audiencia, charlaba animadamente con sus familiares y amigos, con las manos en los bolsillos. Las personas que presencian el juicio destacan el bronceado del imputado y comentan: “Claro, si están en Campo de Mayo jugando tenis y golf todo el día”, en referencia a la cárcel de privilegio que aloja a genocidas.
Luego fue el turno de tres peritos que examinaron las heridas de Alfonso que lo incriminan en la participación del operativo de Villa Adelina. El primero, Luis Horacio Márquez, perito oficial y médico forense, habló de su participación en el peritaje efectuado en el 2009. Hizo mención a que se encargó de verificar si Alfonso tenía heridas, describió las características de las mismas y estableció el posible orificio de entrada y salida de bala. Luego se limitó a repetir las conclusiones de sus compañeros. El segundo, Walter Jorge García, perito especialista en balística, fue quién realizó las pericias en el 2009, por pedido de la defensa de Eduardo Alfonso. Dijo que se hizo un análisis descriptivo de Alfonso –a quien curiosamente se refirió como la víctima-, donde se reunió junto a otros tres peritos. En ese análisis evaluaron la cicatriz que tenía Alfonso en la parte superior del glúteo izquierdo. «La cicatriz que presentaba era indicativa de un orificio de entrada circular, es decir, que la trayectoria fue perpendicular al piso. Por lo cual la herida podría haber sido hecha desde una butaca de motocicleta, porque generaría una impronta horizontal. Si una persona hubiera estado acostada no hubiera dado tal impronta y si una persona hubiera estado parada la única posibilidad de que ese orificio fuera circular sería que el disparo se hubiese efectuado desde la cadera lo cual reduce la certeza del tiro». Todo eso para abonar a la teoría de Alfonso, quien dice que en el mismo momento del operativo de Villa Adelina, él estaba en otro contra un motociclista, que le disparó. Curiosamente, el único episodio que registra la prensa de la época, es el de la casa del matrimonio García Recchia.
Juliana Inés García Recchia en la audiencia del 10 de octubre por el juicio a los represores de la dictadura Eduardo Alfonso y Rafael Félix López Fader.
Cuando la querella cuestionó al perito y preguntó si la bala que recibió Alfonso no podría haber provenido de una persona en posición “arrodillada a tierra”, el perito se negó a responder porque no podía precisarlo por falta de datos. Tampoco quiso responder cuando plantearon si Alfonso podría haber sido herido, mientras se descolgaba de una pared, saliendo del patio de la casa en que habría asesinado a Antonio Domingo. Sin embargo, sí aseguró que el disparo efectuado desde una butaca de una motocicleta era factible, aún sin tener los datos de la altura del vehículo ni del tirador. Por último, la perito Silvia Bufalini aseguró que el informe se contestó desde la generalidad de los casos en balística y de los datos que se tenían en ese momento –orificio de bala y distancia al suelo-, porque había datos que no tenían como la altura del tirador y de la moto, si el vehículo estaba en movimiento o estático.
La última en declarar fue Stella Segado ex integrante del Equipo de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, quien reafirmó lo que ya había declarado en la etapa de instrucción: el legajo de Alfonso contiene una condecoración por su participación en el operativo de Villa Adelina, la madrugada del 12 de enero de 1977. La noche que él dice haber perseguido una moto, sus superiores lo premiaron por su desempeño en la tarea «antisubversiva».
Las audiencias de este juicio por ambas causas acumuladas continuarán el próximo martes a las 9.30 de la mañana en el Tribunal de San Martín. Alfonso pidió que para esa audiencia no se lo trasladase, ya que el juicio girará más en torno al caso López Fader y sus testigos.
Actualizado 18/10/2017
Sep 20, 2017 | DDHH
El Tribunal Oral Federal de Tucumán (TOF) dio a conocer, el viernes 15 de septiembre, el veredicto de la mega causa “Operativo Independencia”, abierta contra 17 represores acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra 271 víctimas, entre febrero de 1975 y marzo de 1976. En el histórico juicio que se llevó a cabo en esa provincia, declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas- sobre los hechos ocurridos durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. El proceso que comenzó el 5 de mayo de 2016 finalizó, luego de que el Tribunal -integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga- leyera la sentencia que incluyó seis condenas a cadena perpetua, tres de prisión superiores a los diez años, una de apenas cuatro años y siete sorpresivas absoluciones. La sesión cerró con algunos fallos divididos y con la sensación de ausencia de justicia.
El pedido de los fiscales Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, que habían requerido la pena de prisión perpetua para diez de los imputados -Roberto Heriberto (El Tuerto) Albornoz, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez, Miguel Ángel Moreno, Jorge Omar Lazarte, Enrique José del Pino, Manuel Rubén Vila, Néstor Rubén Castelli, Jorge Gerónimo Capitán, y Omar Edgardo Parada- solo se dictaminó de manera parcial, ya que únicamente los seis primeros recibieron ese castigo. En cambio, tres de los cuatro restantes recibieron penas inferiores -Vila fue condenado a 10 años de cárcel, Castelli, a 18 años, y Capitán, a 16 años- mientras que Parada fue absuelto de todos los cargos pese a la gran cantidad de pruebas presentadas en su contra que adjudicaban su responsabilidad a decenas de casos de privación ilegítima de la libertad, torturas, vejaciones, delitos sexuales y homicidios, entre otros crímenes. Por su parte, el ex militar Pedro López, por el cual la fiscalía había solicitado 13 años, finalmente recibió cuatro –pena que fue conmutada por considerarse ya cumplida-, sirviéndole como atenuante su servicio en la Guerra de Malvinas en 1982. Por último, a pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a José Ernesto Cuesta, Ramón César Jodar, Camilo Orce, José Luis del Valle Figueroa, Alberto Svendsen y José Roberto Abba.
En el histórico juicio declararon 455 testigos -entre sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención y familiares de víctimas-.
En diálogo con ANCCOM, Agustín Chit, fiscal de la causa, relató los hechos vividos durante el cierre del juicio. “De los 17 imputados, 10 fueron condenados, de los cuales sólo seis recibieron prisión perpetua. Y hubo siete absoluciones. Sobre los 10 primeros, se determinó que son culpables por crímenes de lesa humanidad, y por ende, se acreditó que hubo un plan sistemático de exterminio de personas opositoras. De este modo se tiró por tierra uno de los argumentos de la defensa, que decía que había habido una guerra durante el Operativo Independencia”, expuso Chit y, mostrando su disconformidad con el fallo del tribunal, agregó: “En relación con los imputados, advertimos una serie de inconsistencias en los veredictos. Porque algunas de las absoluciones fueron mencionadas con algunos criterios que a nosotros nos llaman la atención, porque no se condicen con las otras condenas que se dictaron. Entonces estamos expectantes para ver cómo el tribunal va a fundamentar la decisión de absolver a siete personas, no sólo por las pruebas que había en su contra y las penas que nosotros habíamos pedido -que eran muy elevadas- sino porque habiendo condenado a perpetua a otros imputados que quizás tuvieron el mismo rol o se desempeñaron en funciones similares, no entendemos por qué absolvió a unos y condenó a perpetua a otros”, desarrolló y advirtió: “Este va a ser un punto por el cual nosotros vamos a ir a Casación para impugnar este fallo. En el caso de las seis condenas a perpetua, no tenemos objeción acerca del fallo, porque eran las penas que nosotros habíamos pedido, pero algunos de los otros condenados obtuvieron penas inferiores a las que solicitamos. Este también va a ser un punto de impugnación en la Casación.”
Esteban Herrera es hijo de Abel Herrera, víctima del Operativo Independencia: “Es un fallo que deja un sabor muy amargo por la cantidad de absoluciones, sobre todo en casos muy emblemáticos, como el de Omar Edgardo Parada, que era el máximo responsable del Centro Clandestino de Detención Santa Lucía, cuya responsabilidad estaba suficientemente probada. Las absoluciones fueron tremendas porque, de alguna manera, están negando la condición de las víctimas de crímenes por los cuales no hay ningún condenado. Hay víctimas que han sido doblemente estigmatizadas, por las causas fraguadas en aquella época y ahora al negarles la condición de víctimas”, manifestó. Su madre, Georgina Simerman, fue secuestrada embarazada en 1977 y permanece desaparecida, Esteban busca a su hermano o hermana nacido en cautiverio. “Por otro lado hubo seis condenas a perpetua, en varios casos a represores que ya estaban condenados por otras causas, y algunas penas que superan los diez años. Mi padre -que militaba en el frente de propaganda del ERP- está entre las 271 víctimas y en el juicio declaré como testigo a partir de la reconstrucción que pude hacer acerca de la militancia de mi papá”, recordó y apuntó: “Por su caso hubo tres condenados. Se comprobó que fraguaron una persecución y dijeron que había sido abatido en un tiroteo. En realidad, lo secuestraron el 16 de septiembre (de 1975) en la vía pública y recién el 6 de octubre entregaron su cuerpo junto a los de otros cinco compañeros. Hicieron pasar sus ejecuciones por un enfrentamiento, a pesar de que eran evidentes los signos de tortura y los balazos a quemarropa con los cuales fueron ejecutados. Por el caso de ellos condenaron a perpetua a Albornoz, a Lazarte y a Del Pino por tormentos agravados y homicidio triplemente agravado.”
A pesar de los reclamos de las víctimas, los familiares de desaparecidos y de los organismos de los derechos humanos presentes en la audiencia, el tribunal dictó la absolución a siete de los imputados.
En la misma línea se expresó el militante de H.I.J.O.S Tucumán Iván Jeger, cuyo padre, el librero Maurice Jeger, fue secuestrado el 8 de julio de 1975 junto a su pareja Olga Cristina González, y permanece desaparecido. “Este fue el decimosegundo juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán, y es la primera vez que hay tantas absoluciones”, refirió Jeger. “De los que recibieron condenas a perpetua, la mayoría ya habían sido condenados, aunque también hubo algunos que recibieron perpetua por primera vez. Entre ellos está Enrique Del Pino, que estuvo implicado en la causa de mi papá. Pero también hubo muchos absueltos, como Camilo Orce, que integraba la patota del (ex comisario) Malevo Ferreyra en Tucumán. Fue bastante duro el fallo. Además, en esta causa se está juzgando un operativo que ocurrió durante un gobierno constitucional, con Isabel Perón en la presidencia. Hay muchos políticos responsables -entre ellos la misma Isabel Perón-, que no estuvieron en el banquillo de los acusados y que, si bien fueron propuestos como imputados, fueron separados por el tribunal”, reflexionó el hijo de Jeger, que como Esteban busca un hermano o hermana nacido en cautiverio. “Lo tremendo de las absoluciones es que la gente que testificó contra los imputados ahora está con justificado temor, porque los represores a los que acusaron quedaron libres. No queda la sensación de que se haya hecho justicia”, aseguró. Luego recordó que la pareja de su padre, Olga Cristina, estaba embarazada de cuatro meses al momento de su secuestro. Ella también continúa desaparecida e integra una lista de 15 mujeres embarazadas que fueron secuestradas en el Operativo y de cuyos destinos, al igual que el de sus hijos por nacer, jamás se supo nada.
“Para nosotros, como fiscales, este juicio fue un enorme desafío. Y sobre todo lo fue para las víctimas y los testigos, que apostaron nuevamente a la Justicia, luego de 42 años, para declarar y contar los horrores que vivieron. Se trata en su mayoría de personas de condición muy humilde, del interior de la provincia de Tucumán, que en muchos casos se acercaban por primera vez a un tribunal. Y creo que el tribunal no estuvo a la altura de sus circunstancias para mensurar y dimensionar las exposiciones de las víctimas”, expuso el fiscal Chit, describiendo la causa en estos términos: “Fue un juicio histórico por la cantidad de casos -por el momento, es el juicio más grande que hubo en Tucumán- y por la cantidad de imputados, muchos de los cuales fallecieron en el proceso y otros a quienes les garantizaron impunidad. Pero incluso con 17 imputados, fue un juicio de enorme relevancia para Tucumán, que de alguna manera intentó retratar una explicación, sin salirse del marco jurídico-penal, de lo que vivió la provincia desde la década del 60 en adelante”.
Una de las principales particularidades del denominado “Operativo Independencia” es que, a diferencia de muchos de los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la década del 70 por el terrorismo de Estado, este se dio en el marco de una democracia, meses antes del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Isabel de Perón e instauraría en Argentina la dictadura autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”. Se estima que del total de desapariciones forzadas cometidas en la provincia de Tucumán, en el periodo comprendido entre 1975 y 1983, cerca del 30 por ciento tuvieron lugar en este operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de Acdel Vilas y de Domingo Antonio Bussi. Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino y la antesala del plan sistemático de desaparición forzada de personas y de exterminio que más tarde se extendería a todo el país y sería implementado por la dictadura de la Junta Militar a escala nacional.
Historiadores, políticos y expertos en el tema describen al “Operativo Independencia” como un ensayo del sistema represivo clandestino.
Sobre este punto, el fiscal Chit manifestó: “Sabemos que en las sentencias que se dictaron en las otras once causas por delitos de lesa humanidad en Tucumán, desde el tribunal se afirmó que el terrorismo de Estado había funcionado en Tucumán antes del golpe de Estado de 1976. A partir de esos antecedentes, se entiende que el tribunal consideró que Tucumán fue un tubo de ensayo en relación a la sistematicidad de la aplicación del terrorismo para lo que posteriormente sería el terrorismo de Estado ampliado sobre todo el territorio nacional. Si el tribunal es consecuente con sus propios antecedentes, y habiendo calificado los hechos en las condenas como crímenes de lesa humanidad, no creemos que se pueda apartar de este criterio, de que el Operativo Independencia efectivamente fue la prueba de lo que sería luego el terrorismo de Estado a nivel nacional durante la dictadura.”
Ante el desconsuelo de las víctimas por las absoluciones, todavía queda pendiente la instancia de Casación, que tendrá lugar en noviembre tras la lectura de los fundamentos de los magistrados respecto a sus leves sentencias. Allí, la fiscalía y los querellantes apelarán las decisiones del tribunal e intentarán revertir los resultados con sabor a injusticia con los que concluyó la Megacausa.
“El próximo paso es leer los fundamentos, el 8 de noviembre, y luego vamos a hacer una presentación ante la Cámara de Casación Federal para que revise aquellos puntos que nosotros consideramos que fueron tratados incorrectamente y que creemos que han sido una equivocación por parte del tribunal”, declaró Chit, y agregó: “También existe en el TOF otro juicio del Operativo Independencia con nuevos imputados por causas de lesa humanidad y que tendrá lugar el próximo año, con lo cual este juicio va a funcionar como un precedente. Por eso va a ser importante que la Casación revise con mucha celeridad estas sentencias”.
Por su parte, Jeger afirmó: “En noviembre van a leer los fundamentos de la sentencia y se va a hacer una apelación en Casación porque, tanto en las absoluciones como las condenas menores a las que se había pedido, uno de los jueces, Juan Carlos Reynaga, siempre votó en disidencia; por ejemplo en algunas absoluciones él había votado perpetua. Al ser un fallo dividido, nos habilita para apelar. Desde el punto de vista personal, teniendo en cuenta cómo está la situación del país y quienes nos gobiernan, yo no tengo muchas esperanzas de que se reviertan los fallos. Pero aun así vamos a utilizar todos los medios que están a nuestro alcance. Nosotros siempre sostenemos que estos tipos son juzgados por un tribunal pero son condenados por la sociedad.”
“Yo sigo repitiendo que, con el clima político que tenemos en la actualidad, no quiero que la familia de Santiago Maldonado tenga que esperar 40 años para obtener justicia. Durante la sentencia también pedimos por su aparición”, concluyó Herrera, haciendo referencia al reclamo que se hizo presente en la audiencia por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que lleva 50 días desaparecido.
Actualizada 20/09/2017.
Jun 20, 2017 | DDHH
En septiembre de 2010 la agrupación HIJOS realizó una convocatoria ante la prohibición de fotografiar a los responsables de la última dictadura cívico-militar en los juicios de lesa humanidad que los tenía como acusados: “No se los puede fotografiar. Pero se los puede dibujar”, decía el llamado de la organización de derechos humanos. Tiempo después nacía Dibujos urgentes, una iniciativa novedosa integrada por Eugenia Bekeris y María Paula Doberti, cuyo objeto es dibujar a todos aquellos que asistieran a las audiencias en los juicios por crímenes de lesa humanidad. En tándem desde hace seis años, llevan realizados centenares de dibujos que han expuesto sobre todo en universidades y actualmente trabajan en un libro. Su especialidad: retratar asesinos genocidas.
Preparan el equipo. Un bloc de hojas, un puñado de lápices y alguna que otra goma. Están al acecho, van de cacería. Trabajan contra reloj: afinan el trazo, aprietan el lápiz y lo dejan hacer. No se detienen en el detalle. Los miran de reojo y tratan de plasmar en el papel toda su oscuridad. El tiempo, aquí, resulta una variable clave. Lo urgente tiene una doble acepción. “Por la urgencia de la temática y el modo en que trabajamos”, cuenta Doberti, quien llegó a los tribunales de Comodoro Py en 2010, acompañada por sus alumnos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). “Dibujos testimoniales además de urgentes. Hay que escuchar los testimonios, estar ahí. Vivir un momento histórico, darle difusión a los juicios de lesa humanidad”, agrega.
Dibujos urgentes es una iniciativa novedosa integrada por Eugenia Bekeris y María Paula Doberti (FOTO), cuyo objeto es dibujar a todos aquellos que asistieran a las audiencias en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Dibujan lo que ven, sin filtros ni virtuosismos. No hay lugar para agregados. Lo que sale queda en el papel. Son retratos paridos de la inmediatez, de una lucha constante entre el pulso para sostener el trazo y el temperamento para contener las emociones.
“Fuimos aprendiendo a despojarnos de los lugares más cómodos y seguros, porque ahí no hay posibilidad de decorar. Desde el punto de vista de la ideología de la forma, decorar una forma con un contenido tan atroz es totalmente bizarro. Lo que hemos logrado es una ideología de la forma que contiene algo que no sería obsceno”, asegura Bekeris, convocada a los juicios como artista, quien en 1995 inauguró El Secreto, una muestra en homenaje a sus familiares asesinados en la Shoah.
“El beneficio del dos por uno que la Corte otorgó a los represores me parece aberrante -resalta Bekeris-, absolutamente obsceno. Un quiebre en el sistema institucional. Dejar a estos genocidas libres es intolerable. Imposibles ser indiferentes ante tanto agravio. Tenemos que evitar que esto se profundice”. “Nosotros no nos reconciliamos con asesinos, con violadores y apropiadores de niños –añade su compañera-. No hay reconciliación posible para eso. Hay cuestiones que están fuera de discusión”.
Para Bekeris y Doberti, el lápiz y el papel son una herramienta de lucha. Y su trabajo una tarea militante. “Es nuestra manera de crear imágenes en donde no pueden entrar las cámaras”. Por eso creen que desde Dibujos Urgentes deben redoblar la apuesta. “Vamos a seguir yendo hasta el último juicio, a seguir acompañando a las víctimas. Consideramos que nuestro trabajo tiene que ver con una actitud de confrontar contra el intento de invisibilizar los juicios, contra quienes buscan encubrir a estos pedófilos, violadores y torturadores a los que tienen como protegidos”.
Posiblemente, ambas sean de las últimas personas que vieron con vida al personaje más nefasto de la historia argentina. El 14 de mayo de 2013, tres días antes de su muerte en el penal de Marcos Paz, Jorge Rafael Videla se apersonó en los tribunales para declarar en la causa por el Plan Cóndor. Fue su última declaración pública. “Entró descompensado, había tenido una descompostura y estaba deshidratado. Lo llevaban de los dos lados, pero estaba impecable igual. Su traje, su pelo, su piel”. Bekeris lo dibujó sin pausa durante cuatro horas. “Provocaba una sensación ambigua. Veías un anciano vulnerable, hecho bolsa. De repente empieza a balbucear y luego su discurso cobra vuelo. Y dice exactamente lo mismo que dijo siempre, sin cambiar un punto o una coma. Entonces ahí pensás que esta gente ya no tiene arreglo”.
En una ocasión similar a la declaración de Videla, Doberti recuerda el testimonio de Julio Alberto Poch, uno de los pilotos de los “vuelos de la muerte”. “Fue muy particular. Es un tipo relativamente joven, con pinta. Entró con un discurso muy armado, excéntrico. Pasaron tantas horas que el relato se le fue desarmando y físicamente se fue cayendo. Me dio mucho miedo, nos estaba seduciendo a todos”.
«Lo que hemos logrado es una ideología de la forma que contiene algo que no sería obsceno”, asegura Bekeris, convocada a los juicios como artista.
Luego de haber presenciado infinidad de declaraciones, aseguran que han escuchado más víctimas y testigos, “porque los genocidas no siempre declaran”. A pesar de esto les sigue impresionando su perfil. “No son portadores de cara. No tiene cuernos ni cola de demonio, son tipos comunes pero profundamente negadores de los crímenes perpetrados. Apelan siempre a la reconciliación nacional y al orden. Sólo a través de los testimonios de las víctimas y los testigos empezás a redimensionarlos, a ver quiénes son”.
Hacen hincapié sobre la difusión de sus trabajos, pero aclaran: “Darle visibilidad no es una cuestión de ego del artista, tiene que ver con darle visibilidad a las palabras de esta gente”. Además, resaltan la necesidad de concurrir a los juicios porque entienden que hay situaciones que no están narradas en ningún lado. “Hay cosas que ni siquiera están contadas, quedan en la memoria, por eso la importancia de ir a presenciar esos momentos”.
En la actualidad, la dupla Bekeris- Doberti trabaja en los juicios por encubrimiento en la causa AMIA y en el denominado ABO III (Atlético-Banco-Olimpo). También se enfocan en la preparación de su libro, en el que además de los dibujos piensan incluir todas sus vivencias. Han realizado muestras en Argentina y en países vecinos difundiendo sus trabajos. Casi siete años después, ante una coyuntura adversa y pujante, Dibujos Urgentes cobra más vigencia que nunca.
Actualizada 20/06/2017
Jul 14, 2016 | inicio
Seis horas duró la última audiencia testimonial del juicio por la privación ilegítima de la libertad y desaparición de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit en 1978. Antes de dar lugar a las esperadas declaraciones de los imputados, el juez Alfredo Ruiz Paz anunció la decisión del tribunal de rechazar la nueva pericia arquitectónica de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) solicitada por Guillermo Javier Miari, defensor de los acusados Luis Tomás Trillo y Omar Rubens Graffigna. Tampoco se aceptó el pedido de Alan Iud –representante de Abuelas de Plaza de Mayo- de adelantar las fechas de las audiencias programadas para agosto y septiembre, debido a la falta de personal judicial. No obstante esta resolución, el tribunal se comprometió a realizar gestiones para acelerar el proceso judicial.
Gómez: “Yo le debía todo a Sende”
La declaración de Francisco Gómez –apropiador de Guillermo Pérez Roisinblit, querellante en la causa- duró casi dos horas. “Yo solo me encargaba de hacer el jardincito y de hacer refacciones en el bañito -repitió más de una vez-. Ese era todo mi trabajo”. Explicó cómo conoció al comodoro Roberto Sende –jefe de la RIBA en 1978, ya fallecido- por medio de Teodora Jofré, su ex mujer. En 1977, el oficial le propuso trabajo como jardinero en la Regional por más del doble del sueldo que percibía hasta el momento como empleado de las Bodegas Giol. No solo le dio empleo en las Fuerzas Armadas, sino también –expresó Gómez, agradecido- le facilitó dinero para casarse con Jofré, le compró pasajes para irse de vacaciones a San Luis a conocer a sus suegros y le ofreció un hijo de manera ilegal: Guillermo Pérez Roisinblit. “Negro, tengo un chico ¿Lo querés para vos?”, recordó las palabras de su jefe en noviembre de 1978. “Sende nos quiere regalar un chico”, le dijo Gómez a Jofré y, luego de aceptarlo, contó que el Comodoro le dijo que solo hacía falta su firma en la partida de nacimiento para registrarlo como hijo suyo. “Yo le debía todo a Sende”, dijo dos veces durante su declaración.
“A Guillermo lo crié como un padre verdadero”, balbuceó y dedicó quince minutos a enumerar juguetes, cuidados y sacrificios que recordaba haber hecho por él. “Lo insto a que encarrile su declaración hacia el objeto procesal: la privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit –lo interrumpió el juez-. Esto no es una terapia para usted o para las partes”.
“A Guillermo (foto) lo crié como un padre verdadero”, balbuceó Francisco Gómez en la última audiencia.
Una vez finalizada su declaración, aceptó ser interrogado por los jueces del Tribunal, por la Fiscalía y por representantes de las cuatro querellas, compuestas por Abuelas de Plaza de Mayo, Mariana Eva Pérez –hija mayor de la pareja-, las Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la de la Provincia de Buenos Aires.
Ante las distintas preguntas de las querellas, la voz de Gómez se volvió más áspera y carrasposa cada vez que contestaba “no”, “nunca”, “no”, “no sabía”, “no”. “No sabía de dónde venía Guillermo, creía que era un hijo abandonado”, “nunca hubo personas detenidas en la RIBA”, “nunca entró una mujer a la regional, solamente había hombres”, “en donde hay un militar no se puede preguntar nada”, “de lo que pasaba adentro de la RIBA no sabía nada, yo siempre estaba afuera o en la cocina”, “nunca llevé a Guillermo a la Regional conmigo”, “no había armas ni autos en la regional”, “los militares no portaban armas”, “no recibí en casa a nadie que trabajara en la RIBA ni me saqué fotos con nadie que trabajara allí”. No le importó que las pruebas fotográficas presentadas por Guillermo en la tercera audiencia demostraran lo contrario. En aquella oportunidad exhibió, entre otras, fotos de Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea, celebrando un cumpleaños familiar.
En cuanto al “plus por actividades riesgosas” que figura en los legajos y recibos de sueldo de Francisco Gómez mientras perteneció a la Fuerza Aérea, afirmó que desconocía su significado: “Ni siquiera sabía lo que significaba la palabra ‘plus’”, dijo y agregó que lo siguió cobrando hasta 1997.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. “El juez le hacía preguntas técnicas y él sabía contestarlas”, señaló.
“Sabe mucho más de lo que dice, está actuando un personaje”, comentó Guillermo a ANCCOM durante el primer cuarto intermedio. Foto de archivo.
Trillo: “Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”
“Esta sí que es una actividad riesgosa”, bromeó Sergio Díaz Dalaglio –defensor de Gómez-, mientras esquivaba enchufes en la sala de audiencias, antes de que comenzara el segundo testimonio.
Luis Omar Trillo está acusado de haber estado a cargo de la Regional en el momento en que Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo estuvieron secuestrados allí. “La RIBA era una casa de familia y nadie pudo haber estado detenido allí”, afirmó el oficial, que en 1978 se desempeñaba como Jefe de la Dirección de Contrainteligencia de la Regional. “Estaba dormido cuando declaré en Comodoro Py –comentó acerca de su indagatoria en 2013-. Yo no era segundo jefe en la RIBA, era Jefe de Regional Accidental, como indica mi sello en los papeles. Solo los Comodoros pueden ser jefes. Yo era Mayor, me faltaban diez años”.
Cóceres, Sánchez Capracio, Moizo, Leston Carranza, Herrera, Saremba, son los apellidos que Trillo mencionó como militares que trabajaban en la Regional. “También me acuerdo de Francisco Gómez, de maestranza, las costeletas las hacía bastante crudas”, recordó. En contraste con el testimonio que lo precedió, afirmó que no solo había armas dentro de la RIBA: “Había una pequeña salita con siete pistolas 1125, dijo y agregó que él siempre llevaba la suya encima. “Así no hubiera sido obligatorio hacerlo, yo hubiera portado el arma todo el día”, aseveró, y repitió la última frase en tono grave: “Todo el día”. Afirmó que los suboficiales no tenían permitido portarlas, pero más adelante en su declaración expresó que la seguridad en la RIBA era algo “automático”. “Nos cuidábamos, nos dábamos seguridad entre todos”, explicó sin dar más detalles.
Trillo aseveró que la Regional dependía del Estado Mayor General, pero dijo desconocer si los informes de inteligencia que se elaboraban en sus oficinas estaban en conocimiento de Omar Rubens Graffigna. Negó tener conocimiento del libro de terroristas editado por las Fuerzas Aéreas que el testigo Juan Taboada –oficial que trabajaba en la RIBA- mencionó en la quinta audiencia de este juicio como instrumento de trabajo dentro de la Regional.
“¿Sabe lo que es un interrogador?”, le preguntó Pablo Llonto, abogado de Mariana Eva Pérez. Luego de un par de segundos de silencio, el imputado respondió: “Es un especialista en un tema que puede llevar a un interrogado a decir la verdad. No sé si soy claro”, explicó. Sin que se lo pidan, intentó una segunda definición: “El trabajo del interrogador es poner al interrogado en una situación en la cual sí o sí tenga que decir la verdad. Cuando digo ‘sí o sí’ me estoy refiriendo al campo de lo verbal”. Inmediatamente aclaró que no hubo interrogatorios en la RIBA “porque no teníamos a quién interrogar”.
Tanto Gómez como Trillo omitieron mencionar a Juan Carlos Vázquez Sarmiento –prófugo desde 2003-, que también trabajaba en la Regional. Ambos afirmaron haberlo visto trabajar en la casa de Morón cuando las querellas preguntaron si conocían a una persona con ese apellido.
“Era muy común que Sende no estuviera en la RIBA”, afirmó Trillo durante su declaración que duró alrededor de una hora. Confirmó que él era quien le seguía en orden de jerarquía y, por lo tanto, firmaba sus papeles y asistía a reuniones como representante de la Regional. En cuanto a Pérez Rojo y Roisinblit, indicó que recién tomó conocimiento de que esa pareja había desaparecido cuando lo detuvieron en Casilda, con motivo de este juicio. También afirmó desconocer hasta hace tres años que Gómez se hubiera apropiado del hijo menor de la pareja por medio de Sende y había cumplido una condena por ello.
Luego de la declaración de Trillo, el presidente del Tribunal llamó a un cuarto intermedio de media hora para almorzar. A la salida, Guillermo saludó a los policías que custodian la sala en cada audiencia. “Al final, ¡parece que no te conocía nadie!”, se rió uno de los oficiales mientras le estrechaba la mano.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. En la foto, la madre de Patricia, Rosa Roisinblit. Archivo.
Graffigna: “El jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”
Durante la hora y media que duró su declaración, Omar Rubens Graffigna –quien se desempeñaba como Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea en 1978- se dedicó a leer citas textuales de actas secretas de las juntas militares que gobernaron al país durante la última dictadura. Se trató de información diversa de escasa utilidad para la causa: felicitaciones de Agosti –entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea- por adaptar la Jefatura 2 (J2) a la lucha contra la subversión; detalles de las calificaciones del Brigadier Francisco Salinas como jefe de la J2; palabras técnicas relacionadas al conflicto con Chile y por las Islas Malvinas; compra-venta de aviones; problemas de organización internos de la Fuerza Aérea, entre otro temas.
Entre la marea de tecnicismos, afirmó que “el jefe del Estado Mayor no es ejecutivo, es de asesoramiento”. Esa fue su estrategia de defensa. Los bostezos se multiplicaron conforme pasaron los minutos de su declaración. “Me perdí después de la primera vez que dijo ‘J2’”, comentó uno de los asistentes del público a otro.
Ninguna de las declaraciones aportó datos acerca de cuál fue el destino de José Manuel Pérez Rojo y Patricia Roisinblit. No obstante, el juez confirmó que los alegatos tendrán lugar el 5 y 22 de agosto.
Actualizado 14/07/2016
Jun 1, 2016 | destacadas
El 27 de mayo de 1977 a Daniel Mercogliano le sirvieron doble ración de comida. La noche anterior no había recibido nada, no alcanzaba para todos. “Ayer eran 200, hoy no son más de 120”, le dijo el compañero sometido a trabajo esclavo que se encargaba de repartir alimentos. Ese día, alrededor de ochenta personas fueron puestas en fila y “trasladadas” del ex Centro Clandestino de Detención Club Atlético. Sabemos lo que el eufemismo “traslado” significó en la dictadura cívico-militar argentina. Este 27 de mayo, treinta y nueve años después, son otros los detenidos, esta vez con todos los derechos y garantías que los militares negaron a los 30 mil detenidos desaparecidos: 17 represores fueron sentenciados por el Plan Cóndor, una asociación ilícita formada a fines de 1975 entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para eliminar a quienes consideraban sus enemigos. Aquellos que secuestraron, detuvieron, torturaron, y desaparecieron a cientos de personas en la clandestinidad, son hoy los que legalmente están siendo juzgados y sentenciados a prisión.
Las antorchas de la silueta que recuerda a los más de 1500 detenidos-desaparecidos que pasaron por “Club Atlético” en la dictadura militar fueron encendidas el pasado viernes, en un acto homenaje por el traslado masivo que tuvo lugar ese mismo día hace 39 años, fecha que pudo ser precisada gracias al testimonio de Daniel Mercogliano, ex detenido de ese centro clandestino. “Yo quiero hablar sobre el compañero Alberto Tomás Aguirre, un muchacho de 27 años, casado, albañil, correntino, militante de la Juventud Peronista, con tres hijos. Fue mi compañero de celda. Él fue secuestrado el día 22 y yo el día 19”, inició el relato Mercogliano. Y continuó, pese al temblor en su voz: “El 27 de mayo por la mañana nombraron celda por celda a cada uno de los que iban a ser trasladados en ese momento. Lo llamaron a mi compañero y yo en ese momento me alegré y hasta lo envidié. Fueron puestos en una fila, tomados todos por los hombros, y en trencito fueron llevados hasta un pasillo interno. Los represores les dijeron que iban a ser trasladados a una granja de recuperación en el sur y que iban a ser transportados en avión. Y que, para evitar inconvenientes, les iban a dar un tranquilizante. Alcanzaron una guitarra, pusieron música, y los obligaron a cantar y a bailar. Al poco tiempo el bullicio fue desapareciendo. Y no se escuchó más nada”.
El “Club Atlético” funcionó como centro de detención, tortura y exterminio entre febrero y diciembre de 1977 en el sótano de la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal, un edificio de tres pisos ubicado en Paseo Colón, entre San Juan y Cochabamba. A finales de 1978 fue demolido para la construcción de la Autopista 25 de Mayo. Los detenidos-desaparecidos que aún seguían allí fueron trasladados a «El Banco», otro centro situado en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, y luego a “Olimpo”, en Floresta. El 20 de septiembre de este año comenzará la tercera etapa del juicio a ese circuito represivo: Atlético-Banco-Olimpo.
El 27 de mayo se realizó un acto homenaje en conmemoración por los 39 años del traslado de aproximadamente 80 personas desde el ex centro clandestino de detención El Atlético. Se cree fueron victimas de los «vuelos de la muerte».
Gracias al reconocimiento que hicieron los sobrevivientes de su lugar de cautiverio, y al acompañamiento de sus familiares y de organizaciones de derechos humanos, a partir de 2002 el Gobierno de la Ciudad inició las obras de excavación y rescate arqueológico. “Seguimos trabajando todos los días para encontrar más certezas y verdades. Aún queda mucho que descubrir del Atlético, con más del 90 por ciento de su superficie aún sin excavar. La recuperación de la arquitectura y los objetos que acá se hallaban enterrados sirven como prueba en los juicios a los delitos de lesa humanidad que se llevan adelante”, dijo la arqueóloga Laura Duguine.
El acto homenaje fue organizado por la Comisión de Trabajo y Consenso del Atlético y por el Espacio para la Memoria de este ex centro clandestino. Osvaldo Barros, ex detenido, explicó: “Los traslados hacia una granja en el sur fue el eufemismo utilizado para no tener oposición entre los secuestrados. Así sentíamos irse a los compañeros entre risas, llantos y el ruido de los grilletes”. Respecto a la conmemoración, Susana Mitre, del Área de Transmisión de la Memoria, dijo: “Este acto es muy particular porque es la primera vez que hacemos un homenaje a un traslado. Cada uno de los aspectos que vamos conociendo va saldando un trauma vivido en nuestra sociedad, que fue nada más y nada menos que un genocidio. Ese es el valor que tiene, la reparación personal de los individuos, pero también una reparación social”. Para Daniel Mercogliano, dar el testimonio que permitió conocer la fecha exacta del suceso es una manera de luchar contra el olvido: “Las mil doscientas o mil quinientas personas que han muerto acá no pueden ser olvidadas, para que la historia no se repita, para que queden vestigios de ellos de su paso por la tierra”, dijo.
“¿Por qué hablar de un traslado en particular cuando hubo más de una docena en general? ¿Por qué mencionar a un secuestrado cuando hubo más de mil?”, preguntó Laura Duguine refiriéndose al Atlético. Y respondió: “Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas. No sabemos el total de los traslados, las fechas en que acontecieron, y el total de la identidad de sus víctimas, pero sí sabemos que un día como hoy hace 39 años hubo un traslado masivo en el que junto a muchos otros estaba Alberto Tomas Aguirre. Esa es una pieza del rompecabezas que sí tenemos”.
Y son esos “pedazos de historia” los que permiten ir aportando pruebas a los juicios que a partir de 2003 vienen llevándose a cabo. Respecto al contexto actual del país, el ex-detenido Osvaldo Barros enfatizó: “Hoy, que corren peligro los avances logrados en la lucha contra la impunidad, que se pretende el olvido y la reconciliación, redoblamos nuestros reclamos de justicia por nuestros compañeros, saber su destino, dónde están, quiénes fueron los responsables. Exigimos la continuidad de los juicios. Seguimos reclamando reclusión perpetua, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas. Seguimos gritando: no habrá olvido, no habrá perdón, no habrá reconciliación”.
«Lo que sabemos sobre el terrorismo de Estado es mucho menos de lo que aún desconocemos. Armamos y reconstruimos el pasado como si este fuese un gran rompecabezas al que le vamos sumando piezas, pero aún nos faltan muchas», afirmó Laura Duguine.
Sentencia Plan Cóndor
Este viernes 27 de mayo, mientras Daniel Mercogliano se preparaba para detallar el traslado que había tenido lugar en el sótano de Paseo Colón años atrás, una sala llena en Comodoro Py escuchaba la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital por el “Plan Cóndor” y por el segundo tramo de la causa “Automotores Orletti”, en las que se investigan los crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. Si bien en total eran 32 los acusados en un inicio, solo se juzgó a 17 ex militares, 16 argentinos y 1 uruguayo, debido a que algunos murieron –entre ellos Jorge Rafael Videla– y otros fueron separados del juicio por razones de salud.
El tribunal integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), estableció para Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci 25 años de prisión. Además, fijó para Reynaldo Bignone, el último presidente de facto, 20 años de cárcel. Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos, y el resto fue condenado a penas que varían entre 8 y 20 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de agosto.
Una de las particularidades de este juicio fue que se probaron no solo los crímenes de lesa humanidad, sino la asociación ilícita entre las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil –con conocimiento y control de Estados Unidos– para reprimir y eliminar a aquellos que consideraron “peligrosos”. Entre los escritos que sirvieron de prueba judicial –documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, el “Archivo del terror” de Paraguay, y algunos expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros– fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. El Plan Cóndor consistió, en una primera etapa, en la creación de una base de datos sobre los posibles enemigos políticos; una segunda fase consistió en pasar a la acción, identificando y eliminando a estos opositores a nivel regional; y una tercera, fuera de la región, para encontrar y asesinar a aquellos que consideraban “peligrosos” y que se hallaban en otros países.
Antorchas por la Memoria
Con las antorchas de la silueta del Atlético aún prendidas y la conmoción por el acto recién finalizado, Daniel Mercogliano habló sobre la coincidencia de fechas del aniversario el traslado y la sentencia del Plan Cóndor: “Hay algo que es cierto: esto no puede ser nunca más. Por nosotros no puede ser nunca más. Pero también me indigna que si bien los represores han sido unos grandes hijos de puta, y son responsables de todo lo que pasó, hoy sean los únicos que están en el banquillo de los acusados. Los que realmente se beneficiaron de todo esto no dan la cara. No puede haber más un hijo de puta que disponga de otro, en ningún sentido”.
Actualizado 31/05/2016
