May 18, 2016 | inicio
«Mi nombre no siempre fue así», aclaró Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit al inicio de su declaración en la tercera audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de sus padres, Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez Rojo, desaparecidos desde el 6 de octubre de 1978. Dio su testimonio a sala llena ante el Tribunal Oral Criminal Nº 5 de San Martín presidido por Alfredo Ruiz Paz. Estaban presentes su hermana Mariana y su abuela Rosa, y también su esposa, quien llevaba en sus brazos a Helena, la menor de sus tres hijos, que nació hace apenas tres semanas. En el recinto también estaban los tres imputados: su apropiador Francisco Gómez, Omar Rubens Graffigna y Luis Tomás Trillo, custodiados por el Servicio de Penitenciaría Federal.
Dos horas y media duró la declaración de Guillermo, el nieto recuperado nacido en la ESMA que supo acerca de su verdadera identidad recién en el 2000, cuando su hermana lo fue a buscar al trabajo para comunicarle que probablemente era hijo de desaparecidos. Durante 21 años de su vida, según su DNI, su nombre era Guillermo Francisco Gómez, hijo único de Francisco Gómez y Teodora Jofré. «¿Podés vivir el resto de tu vida sin saber si tenés o no una hermana?», le preguntó su jefe en el patio de comidas en que él trabajaba en ese entonces. Esa misma tarde, Guillermo se dirigió a la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y él mismo se pinchó el dedo gordo para dar su muestra de sangre.
Durante su testimonio, Guillermo contó las dificultades que encontró para dar cauce a ese impulso inicial que lo movilizó a averiguar más sobre su verdadero origen. En principio decidió ocultarle a su apropiador el hecho de que había ido a visitar a las Abuelas de Plaza de Mayo, pero le expresó sus dudas. Luego de varios encuentros, Gómez decidió decirle la verdad en un viaje en auto: rompió en llanto y le confesó que era hijo de una “montonera judía estudiante de Medicina y un montonero”, le relató que su madre había pasado el último mes de su gestación con los ojos vendados en una habitación de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA), y que él, que en ese momento trabajaba en el lugar, le había suministrado alimentos a escondidas y a veces la sacaba a pasear por el jardín para que tomara aire.
Guillermo afirmó que conoce el lugar donde estuvieron cautivos sus padres porque ocasionalmente acompañaba a Gómez a su lugar de trabajo durante sus primeros años de vida. Recordó cómo de niño jugaba con el tambor de la pistola de uno de los oficiales. A veces algunos de ellos, incluso, lo llevaban a tomar helado. Las visitas a la RIBA finalizaron cuando él y su apropiadora huyeron de Gómez luego de reiterados episodios de violencia doméstica, que incluyeron amenazas con cuchillos y golpes a la mujer. «¿Por qué un simple jardinero de la RIBA tenía en su casa armas y balas?», se preguntó en voz alta.
«A tu madre no le hicieron daño mientras estuvo embarazada, pero tu papá no corrió la misma suerte», le dijo Gómez en su confesión dentro del auto. Guillermo le explicó al juez que en ese momento la intensidad de lo que estaba escuchando lo bloqueó y no quiso saber más, pero que hoy, quince años después, se siente preparado para tener más detalles de lo que ocurrió con sus padres. “Necesito encontrar sus restos y hacer todo el ritual, para dejar de duelarlos”, afirmó al final de su declaración.
«Mi infancia no fue feliz», afirmó Guillermo varias veces durante su declaración. Además de los episodios de violencia doméstica, Gómez no mostraba muestras de afecto hacia él, ni siquiera cuando Guillermo lo iba a visitar a la prisión de privilegio en la que se encontraba mientras se llevaba a cabo el juicio por su apropiación. “No sé si iba por obligación, por algún tipo de lealtad o por culpa», planteó. El último encuentro con su apropiador tuvo lugar en 2003, cuando Gómez lo amenazó con asesinar a sus dos abuelas, a su hermana y a él cuando cumpliera su condena. Esa última conversación lo hizo cambiar de parecer al respecto de las contradicciones que le generaba la transición hacia su verdadera identidad. Aseveró también que entre 2002 y 2004 fue víctima de reiteradas amenazas para que no declarara en contra de sus apropiadores.
Guillermo aportó fotografías de sus cumpleaños infantiles a la causa, en la que se lo ve al lado de Ezequiel Vázquez Sarmiento, el nieto recuperado número 102, ahora Ezequiel Rochistein Tauro. El apropiador Juan Carlos Vázquez Sarmiento, suboficial de la Fuerza Aérea que se encuentra prófugo desde 2003, también aparece en una de las imágenes.
Rosa Roisinblit llega al tribunal a las 10 de la mañana del 2 de mayo, día que inicia el juicio acompañada por su nieto Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit.
El último que los vio con vida
El último familiar que vio con vida a los padres de Mariana y Guillermo fue Marcelo Rubén Moreyra, primo de José Manuel. Durante su declaración contó cómo a sus 18 años recibió en la puerta de su casa en Olivos a una veintena de oficiales que se presentaron como miembros de «Coordinación Federal», algunos de civil y otros uniformados. «¡Abran la puerta o la tiramos abajo!», gritaron. Antes de abrir, encerró a su prima de 11 años y a su abuela en una habitación y salió a hablar con los militares, que le dejaron un moisés con Mariana, de quince meses de vida. Recordó la imagen de su primo con las manos atadas rogándole que la tomara. «Me la hubieras dado a mí», afirmó que le dijo un oficial a otro frente a él, en alusión a la beba. Uno de los presentes en el operativo era el prófugo Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apodado «El Colo». «Yo pude encontrar a mi hermano. ¿Cómo se les puede perder un colorado?», se había preguntado Mariana ante el juez durante la segunda audiencia en la que ella declaró como testigo.
Moreyra reconstruyó en detalle la escena de esa noche de 1978 en la puerta de su casa. A Patricia no la veía desde las fiestas de fin de año y no sabía que esperaba un bebé. “¡Estoy embarazada y me llevan…!”, llegó a gritarle a Marcelo desde el asiento de atrás de uno de los autos cuando el oficial que la acompañaba le tapó la boca. Luego, el testigo dedicó algunos minutos a contar cómo era la relación con su primo desaparecido, a quién recordaba como el “líder de las aventuras” en su infancia: «Nuestro vínculo se selló luego de una tarde en que hubo una importante discusión sobre política en casa, durante una reunión familiar». Aseguró que para él era natural ser vigilado por militares, que lo persiguieron desde 1974 hasta 1978: «Una vez salí de la casa de un amigo y me esperaba la camioneta que me seguía a todos lados. Me acerqué y les dije a los cabos ‘si me van a seguir, llévenme en el camión’, y me llevaron hasta casa».
Las próximas audiencias del juicio en las que declararán el resto de los testigos están pautadas para los días 26, 27 y 30 de mayo.
Actualizada 18/05/2016
May 5, 2016 | inicio
«He tenido una hija y no la tengo. Nietos tengo dos», afirmó Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante el presidente del Tribunal, Alfredo Ruiz Paz, cuando le preguntó si tenía hijos. Se trataba de una pregunta de rutina antes de comenzar con su declaración como testigo en el juicio por la privación ilegítima de la libertad de su hija Patricia y su yerno José Manuel Pérez Rojo, ambos desaparecidos desde octubre de 1978. La miraban y escuchaban con atención sus dos nietos: Mariana Eva Pérez -que contaba con apenas quince meses cuando fue secuestrada junto a sus padres-, y su hermano Guillermo Pérez Roisinblit, quien recuperó su identidad hace 15 años gracias a una denuncia anónima recibida en Abuelas. Ambos constituyen querellas por separado en la causa, la de Guillermo unificada con la de su Abuela Rosa -representados por Abuelas de Plaza de Mayo-, además querellan la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la misma cartera dependiente de Nación.
El imputadobOmar Graffigna , exjefe de estado Mayor de la FAA, de quien dependía la Jefatura de Inteligencia, a su vez responsable directo de la RIBA.
«¿Por qué quiere Mariana volver a escuchar lo que tengo para decir? Mi argumento es siempre el mismo, vengo repitiendo lo mismo desde hace 38 años», se preguntaba la abuela el lunes a la salida de la primera audiencia del juicio, cuando se enteró de que su nieta había solicitado estar presente cuando diera su testimonio el día miércoles. Su hermano también estuvo en la sala durante su declaración, gracias a un pedido especial que realizaron los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo el mismo día de la audiencia: «Decidí estar presente hoy ante todo porque tenía derecho por ser querellante, y también porque quería escuchar cómo Mariana había reconstruido la desaparición de mis viejos y porque quería que sintieran que a mí me interesaba, quería dar mi apoyo», explicó Guillermo durante el cuarto intermedio, luego del relato de Mariana ante el Tribunal que duró más de dos horas en las que contó cómo dedicó su vida a averiguar quiénes habían sido sus padres y qué les había ocurrido.
Rosa Roisinblit es recibida por Eduardo Jozami.
En ambas audiencias, la de apertura del lunes y la testimonial de ayer, estuvieron presentes los tres imputados, que ingresaron a la sala con esposas acompañados de fuerzas policiales. Uno de ellos, Luis Tomás Trillo, presentaba vendas en sus manos a raíz de un accidente doméstico que había tenido días atrás. En el momento de la desaparición de Patricia y José, se desempeñaba como titular de la RIBA -Regional de Inteligencia de Buenos Aires, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina- reemplazando al comodoro Oscar Sende, ya fallecido. Fue en ese lugar, en el partido de Morón, donde la pareja estuvo secuestrada. Hoy la casa pertenece al municipio gracias a la gestión del entonces intendente Martín Sabatella junto con organismos de derechos humanos. Allí también trabajaba Francisco Gómez, el apropiador de Guillermo, otro de los acusados en este juicio. Al tercero, Omar Rubens Graffigna, se le imputa responsabilidad en la causa por haber sido Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea desde fines de diciembre de 1975 hasta enero de 1979, de la cual según las pruebas presentadas era dependiente la RIBA.
Guillermo Rodolfo Pérez Roisinblit espera la llegada de su abuela al TOF Nº 5 de San Martín.
«No se admitirán hechos desagradables en la sala», advirtió Ruiz Paz desde el primer minuto, como previendo algunos climas tensos que se generarían durante el proceso. Uno de ellos tuvo lugar durante la declaración de Mariana, cuando el defensor de Trillo y Graffigna -Guillermo Miari-, le preguntó, invocando las generales de la ley, si consideraba que los acusados eran sus enemigos. Luego de un breve tumulto en el público que fue censurado por el presidente, la testigo afirmó: «Nunca me lo pregunté en esos términos. Creo que yo y mi familia éramos para ellos un enemigo, destruyeron a mi familia y eso continúa hasta el día de hoy. Ustedes, en este juicio, no ven una familia feliz, ven una familia que llegó a esta instancia como puede, por eso creo que ellos nos han tratado a nosotros como el enemigo».
Luis Tomas Trillo, jefe de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires, (RIBA) imputado en la causa.
Mariana volvió a residir en el país hace pocos meses, luego de haber vivido cinco años en Alemania. Este es el primer testimonio que brinda en un juicio público acerca de cómo fue el proceso de averiguar acerca de la identidad de sus padres y su hermano, en definitiva su propia identidad: «Encontrar a mi hermano era el motivo de mi vida», le dijo al juez. Luego explicó lo difícil que le resultó buscarlo, y lamentó las dificultades que encontró para conectar con él: «Después me di cuenta de que una relación de hermanos no se puede militar como una causa, tenemos que construir una relación de verdad, de dos personas». A modo de cierre eligió leer una carta que Argentina, su abuela paterna fallecida en 2005, le había escrito a su hijo José.
Francisco Gómez, imputado, fue personal civil de Inteligencia de la RIBA.
Su declaración fue un recorrido que comenzó desde sus primeros recuerdos en casa de sus abuelos viendo fotos de sus papás a través del vidrio de un aparador: «Siempre supe que no estaban», aclaró. Contó cómo ese hecho la afectó en su infancia y marcó el rumbo de su vida. Aseguró que la búsqueda le llevó a postergar proyectos personales y le generó temores como no poder estar sola en su departamento con su hijo de dos años, así como ella había estado con su madre Patricia al momento del secuestro de ambas.
«Les arrebataron la vida pero también la muerte porque están desaparecidos», reclamó la nieta de Rosa sobre sus padres. Manifestó su descontento con el hecho de que a los acusados no se los esté juzgando también por tormentos por falta de pruebas: «Yo sé exactamente lo que le hicieron a mi padre», dijo con convicción. Explicó que para ella también se debería considerar tortura al hecho de que a su madre embarazada de nueve meses se la tuviera en cautiverio, con los ojos vendados y pasando hambre. Acusó a Gómez de mentir sobre sus tareas en la RIBA: «En su legajo decía que ‘colaboraba más allá de su función específica’. Luego agregó: «La RIBA parece que era un taller literario», en alusión al hecho de que en su indagatoria de abril de 2013, los acusados negaron que se hubiera torturado gente en ese centro de detención.
Luego del testimonio de Mariana se llamó a un cuarto intermedio. La esperaban su marido, amigos y representantes de organismos defensores de los derechos humanos para saludarla. La felicitaban. Se veía emocionada. Dos días atrás, antes de entrar a la primera audiencia, había dicho que no tenía registro de sentimientos, pero durante su relato ante el Tribunal se reconocieron emociones en ella y en el público más de una vez. Quienes no la conocían personalmente también se conmovieron.
Graffigna es trasladado por la custodia antes de ser llamado a declarar.
Guillermo salió rápido del juzgado a buscar empanadas para que su abuela almorzara. Rosa había estado esperando a ser llamada a declarar desde las diez de la mañana. Su turno llegó recién a la una y media de la tarde, cuando ingresó a la sala con bastón, a paso lento pero con energía. «¿Jura decir la verdad?», le preguntó el Presidente del tribunal, a lo que respondió: «Juro. Nunca dejo de decir la verdad, es una característica mía». Luego, interrogada por su abogado Pablo Lachener, relató la desaparición y búsqueda de su hija, su yerno y su nieto desde su desaparición. «Antes de que mi hija diera a luz me llamaron y me dijeron que fuera preparando la ropita para el bebé, que me lo iban a traer cuando naciera», evocó. Cuando se dio cuenta de que eso no ocurriría -ayudada por un rabino- se contactó con las primeras agrupaciones de derechos humanos y comenzó a militar en la organización ‘Abuelas con nietitos desaparecidos’. «Después nos pareció que el nombre era demasiado largo y por eso lo cambiamos», comentó riendo.
Rosa denunció que el negocio de su yerno y su departamento fueron saqueados por fuerzas militares luego del secuestro: «En el departamento de Gurruchaga solamente quedó la cuna de Mariana». Reiteró varias veces que ella inició esta causa en 1979: «Como ya soy muy mayor, algunos detalles se me escaparon», bromeó y afirmó que va a seguir luchando por todos los nietos que faltan. En cuanto a la causa, reclamó la aparición de los restos de su hija y su yerno, y recalcó la responsabilidad estatal: «Vivos no lo voy a encontrar, pero que me lo diga el Estado». Destacó el hecho de que los acusados tenían una defensa: «Nuestros hijos no tuvieron la posibilidad de un juicio. ¿Quién los juzgó y los condenó?».
Una vez finalizada la audiencia, Rosa declaró a ANCCOM: «Yo no espero mucho. Lo único que me interesa en este momento es que haya justicia y memoria, no solo en mi caso sino en todos los casos. Pido trabajo para encontrar a los nietos». Luego se subió al auto de Alan Iud, otro de sus abogados, y fue llevada de regreso a su casa.
En la primera audiencia, los tres acusados se negaron a declarar pero debieron responder preguntas personales. «¿Tiene hijos?», le preguntó Ruiz Paz a Fernando Gómez, el apropiador de Guillermo. «Tenía uno», contestó. Cuando se le preguntó a Trillo si había realizado actividades luego de su retiro, afirmó haber desempeñado «tareas de beneficencia». En cuanto a Graffigna, de 90 años, sus respuestas no fueron llamativas pero en la segunda audiencia se tropezó y cayó al suelo, y el Tribunal debió llamar a la ambulancia por si acaso.
Se sabe a partir de las declaraciones indagatorias que Gómez niega haber conocido a los padres de Mariana y Guillermo, y que sostiene que sólo realizaba tareas de jardinería y mantenimiento en la RIBA. En cuanto a Trillo, desconoce haber estado a cargo del centro de detención durante el tiempo que la pareja estuvo secuestrada y Graffigna sostiene que la Regional no dependía de su jefatura. Las querellas han presentado pruebas para demostrar que mienten.
El juicio continuará el lunes 16 de mayo con la declaración de Guillermo Pérez Roisinblit, y las siguientes audiencias de testigos se prevén para el 26, 27, 28 y 30 de mayo. Por parte de la querella declararán sobrevivientes de la ex Esma que conocieron a Patricia -entre ellos Miriam Lewin que asistió a Patricia en el parto- y los familiares que estaban presentes el día que devolvieron a Mariana a la casa de sus parientes en Olivos. Por parte de la defensa, solo se conoce por el momento que se presentará a declarar Teodora Jofré, la ex-esposa de Gómez y apropiadora del nieto recuperado.
Actualizado 05/05/2016
Jun 10, 2015 | inicio
Juan Carlos Lavia es médico cirujano. Compartió guardias hospitalarias durante la dictadura cívico militar en el sanatorio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) de Haedo con Aldo Clemente Chiappe, el médico militar que le permitió acceder a la tenencia de Florencia Laura Reinhold Siver. Para esa época Chiappe participaba en la ESMA donde Susana Siver, la madre de Florencia, estuvo secuestrada. El médico entregó a la beba en una calle del barrio de Belgrano a fines de enero de 1977. Luego Lavia, junto a la complicidad y el consentimiento de su mujer Susana Marchese, se quedaron con la niña y la inscribieron como propia, mediante la falsificación del certificado de nacimiento. Lavia pidió a un amigo suyo, el médico Francisco De Luca, que firmara el documento que sellaba ilegalmente la mentira sobre el origen de la niña. Según el matrimonio, ellos desconocían totalmente la situación que atravesaba el país, desconocían la actividad de Chiappe y no se preguntaron sobre la identidad de Florencia, hasta que tuvo 21 años. A pesar de que desde chica le habían confirmado que era “adoptada”, fue en la mayoría de edad cuando le confesaron las dudas sobre su origen y le delegaron la búsqueda de su verdad. Por su cuenta, y con grandes dificultades, Florencia se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo y pudo descubrir, recién a los 33 años, que sus padres eran Marcelo Reinhold y Susana Siver, dos militantes secuestrados y desaparecidos por los militares en 1977. Adriana Reinhold, tía paterna de Florencia, había dicho durante su testimonio ante el Tribunal que le parecía “perversa” la actitud de Lavia al revelarle todo a Florencia y dejar que averigüe sola: “Podrían haberla ayudado a buscar a su familia”, había expresado Adriana.
Tras las cuatro audiencias de debate oral y público, el lunes pasado el Tribunal Oral Federal 5 estableció la pena de ocho años de prisión para Lavia y seis años y seis meses para su esposa Susana Serafina Marchese, por considerarlos coautores responsables en la “retención y ocultamiento de un menor de diez años” y “falsificación ideológica de documentos públicos que acreditan la identidad”. Además los jueces Oscar Hergott, Daniel Obligado y Adriana Pallioti condenaron al médico Francisco Vicente De Luca a cinco años de prisión, más la inhabilitación para ejercer la profesión por ese mismo tiempo, por participar como coautor en el delito de “falsificación ideológica de documentos”.
Familia Reinhold escuchando el fallo.
Durante los alegatos del 1 y 2 de junio, la querella, en manos de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Pablo Lachener, había solicitado diez y ocho años de prisión para Lavia y Marchese respectivamente, y seis años para el doctor De Luca, resaltando la necesidad de considerar los delitos bajo la tipificación de “lesa humanidad”. Los abogados hicieron hincapié en la culpabilidad del matrimonio y frente a las justificaciones que habían presentado los imputados, para argumentar su inocencia –como el supuesto desconocimiento, la ausencia de vínculo entre Lavia y Chiappe, a pesar de los turnos de guardia compartidos, y la supuesta falta de sospechas sobre la situación– los abogados de Abuelas calificaron su conducta como “ceguera voluntaria”: “No se trata de un simple desconocimiento, sino de un desconocimiento voluntario, decidido por el agente. La no ejecución de determinadas medidas de esclarecimiento se debe a que deciden no indagar, prefieren no saber”. Esta actitud voluntaria implica responsabilidad, y por tanto, culpabilidad en el delito. Aunque por otro lado, el fiscal Miguel Palazzani, también había asegurado, durante los alegatos: “Que no hubo tal ceguera sino que había un claro conocimiento de la situación”, y esto debido a que sabían cómo realizar cada paso para “adoptar” de manera ilegal a la beba. Además, el fiscal había remarcado que Lavia pretendía mostrar “un estado de angelización” de su parte, y que su declaración era extraña ya que admitía haber “sentido miedo por su familia” durante los primeros años de la democracia, con lo que justificaba su inacción. “¿Pero no sintió miedo durante el Terrorismo de Estado cuando cometió el delito?”, contrapuso el fiscal. Para Palazzini la culpabilidad de los imputados es irrefutable. “Configuraron un daño de imposible reparación ulterior y debe determinarse una pena que contribuya a terminar con la impunidad”, había concluido en su alegato el fiscal.
Posteriormente, la defensa había intentado excluir la categoría de lesa humanidad, y proponer la imprescriptibilidad de los delitos, afirmando que “las adopciones ilegales han sido moneda corriente”, “las limitaciones informativas hacían que fuera imposible saber lo que estaba sucediendo” y que con la recuperación de la identidad de Florencia Laura “ya se ha hecho justicia”.
Tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el Tribunal –que presentará los fundamentos de la sentencia el 15 de junio– fue contundente en su veredicto. Finalizada la lectura, la numerosa familia biológica de Florencia Laura Reinhold Siver, que se encontraba detrás de la puerta vidriada de la sala Amia, aplaudió con fervor a la justicia. Entre abrazos y llantos se felicitaban mutuamente y en especial a Adriana Reinhold, que encabezó la búsqueda de verdad y justicia. Alan Iud y Pablo Lachener también se acercaron para saludar afectuosamente a Adriana. La satisfacción por la sentencia fue generalizada, ya que según Adriana: “Esperábamos menos pero realmente fue un triunfo, uno más. No es ni muy grande ni muy chico, es un triunfo nuestro y de la justicia”. Luego, al salir de la sala Adriana dijo: “Ahora empieza otra historia entre nosotros, sería como el principio del fin, es la historia de volver a vincularnos a partir de que ella [Florencia Laura] ya sabe la verdad”.
Mar 24, 2015 | inicio
Luego de haber recorrido un arduo camino en la búsqueda por mantener viva la memoria de lo ocurrido entre los años 1976 y 1983, en la lucha por descubrir la verdad y en la posibilidad de lograr juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado, la sociedad Argentina se acerca a la conmemoración de un nuevo 24 de marzo.
Los crímenes de aquella dictadura genocida se cuentan por miles en la vida de quienes ya no están más que en la memoria y en fotos sepia o blanco y negro de rostros que por siempre serán jóvenes. Pero también se evidencian en la vida de nietos y nietas que hoy tienen entre 35 y 40 y que aún no han recuperado su identidad. El modo en que el genocidio incide tanto en las subjetividades de sus víctimas, como en el imaginario colectivo de una sociedad ya no es cuantificable y, sin embargo, deja huellas en las construcciones presentes.
Las leyes de “Punto Final” y “Obediencia Debida” promulgadas en 1986 y 1987 permitieron que, luego del juicio a las Juntas Militares, se desprocesara a la mayoría de los imputados en causas penales por Terrorismo de Estado. Recién en 2003, el ex Presidente Néstor Kirchner promovió en el Congreso de la Nación la declaración de nulidad de ambas leyes y en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su invalidez e inconstitucionalidad.
Una nueva etapa se abrió en Argentina y la lucha sostenida durante 30 años de Madres, Abuelas, Hijos, Familiares, así como de otras organizaciones de derechos humanos, es reivindicada desde el discurso y el accionar oficial. Los juicios por delitos de lesa humanidad se reabrieron y el trabajo de los organismos de derechos humanos, hasta el momento realizado en forma sistemática pero silenciosa y con escasa visibilidad mediática, se puso a disposición de los procesos judiciales que buscan verdad y castigo. Una innumerable cantidad de prácticas culturales, sociales y arqueológicas se iniciaron y plasmaron en monumentos, museos, canciones, muestras, dramaturgia, películas, centros de memoria y espacios públicos que renuevan el ejercicio de la memoria colectiva a la vez que los procesos judiciales toman su rumbo en oficinas y salas tribunalicias.
Según información existente en la Procuración General de la Nación, desde el 2003 se judicializaron los casos de 11.941 víctimas y hay más de 900 imputados en las causas que aún no han tenido sentencia. Desde 1983 fueron condenados 588 criminales. En tanto que con la reapertura de los juicios a diciembre de 2014, se realizaron 136 procesos judiciales que arribaron a sentencias. En la actualidad hay 16 juicios en curso por los casos de más de 2000 víctimas y existen 120 causas a la espera del debate.
El fallo “Simón” 2, en 2006, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se convirtió en la primera sentencia desde la reactivación de las causas penales por delitos de lesa humanidad. Con anterioridad a 2010 la cantidad de fallos era menor a 10 por año, mientras que en los años posteriores se supera esa tendencia. A partir de 2008 se produce una importante reactivación que incide en la cantidad de juicios terminados, llegando a un pico de 25 sentencias por año en 2012 y 2013, que en 2014 logró 21 procesos finalizados con sus respectivos fallos.
Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Otro de los elementos importantes a la hora de balancear los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad es el que tiene que ver con la dimensión territorial. De los 21 juicios finalizados en 2014, se realizaron tres en Capital Federal, los denominados como “Primer Cuerpo del Ejército – Vesubio II”, “Plan Sistemático de apropiación de menores II – Hospital Militar de Campo de Mayo” y “Girbone – Caso Gaona”; San Martín fue sede de tres juicios: “Campo de Mayo IX – Caso Villavicencio”, “Campo de Mayo X – Juicio de los trabajadores” y “Caso Schaller”; en la provincia de Tucumán hubo dos catalogados como “De Benedetti” y “Villa Urquiza”; en Santa Fe también dos casos: “Brusa Asociación ilícita” y “Caso Caballero Silvio”; en Comodoro Rivadavia se llevó a cabo el juicio “Rodríguez Diéguez”; en Jujuy el denominado “Grupo de los siete”; en Neuquén “La escuelita III”; La Rioja: Caso “Angelelli”; en Santiago del Estero “caso Cantos”; Salta, “causas del Metán”; Rosario “caso Nast”; La Plata “La Nacha”; Mar del Plata “Máspero”; Corrientes el caso “Carril – Caso Losada” y en Olavarría “Monte Peloni”.
En tanto, existen juicios en curso en Capital Federal, Bahía Blanca, Córdoba, Jujuy, La Plata, La Rioja, Mendoza, Paraná, Rosario, Salta, San Luis, San Martín y San Rafael.
La denominación de dictadura “cívico militar” comenzó a imponerse en los últimos años y da cuenta del avance de la justicia hacia la complicidad e incluso la participación activa de la sociedad civil en delitos de lesa humanidad perpetrados por personas cuyas profesiones o tareas no se encontraban bajo la órbita de las fuerzas armadas pero que, sin embargo, coordinaban con éstas su accionar. Un trabajo reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) da cuenta de la participación de civiles acusados por crímenes de lesa humanidad, según su área de trabajo o profesión. Entre los datos salientes se pueden mencionar que el 43 por ciento de los civiles imputados pertenecían al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, mientras que el 24 por ciento se encontraba empleado como personal civil de inteligencia. Personas de otras profesiones tales como el periodismo, la salud, el sacerdocio, el empresariado, la abogacía, entre otras también tuvieron participación activa aunque en menor medida que las primeras. Sin embargo, «es llamativo que justamente estas semanas se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad», afirmó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, a la prensa, en referencia a los fallos sobre las causas del Ingenio Ledesma, Papel Prensa y el Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca. En este sentido, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, convocó para el 8 de abril a una Mesa de Diálogo Institucional y Social con la intención de tratar, junto a organismos institucionales y de derechos humanos, estrategias para contrarrestar «una serie de fallos en distintas instancias que habilitan a sospechar una intencionalidad de poner un límite al avance de las causas en distintos puntos del país», informó. Y detalla los dictámenes que le generan preocupación: “Las excarcelaciones u otorgamientos de prisión domiciliaria de casi todos los condenados en los numerosos juicios realizados en la provincia de Tucumán; la negativa de la Corte Suprema a considerar los crímenes cometidos contra soldados durante la guerra de Malvinas como delitos de lesa humanidad; la falta de mérito del empresario de medios Vicente Massot en Bahía Blanca y del jefe de redacción de la Editorial Atlántida, Agustín Botinelli; el sobreseimiento del ex secretario del juzgado federal de Bahía Blanca, Hugo Mario Sierra; la falta de mérito que dictó la Cámara Federal de Casación en beneficio del empresario azucarero Carlos Blaquier y del ex administrador de la firma Ledesma, Alberto Lemos; la negativa del juez Julián Ercolini de llamar a indagatoria a los responsables del desapoderamiento de la empresa Papel Prensa; y las dificultades para avanzar en la investigación de las complicidades civiles en general”.
Civiles acusados por delitos de lesa humanidad Fuente: CELS
Medios de comunicación como operadores simbólicos de la dictadura
Dos recientes reveces judiciales dejaron sin efecto los intentos por profundizar las investigaciones a personas vinculadas a empresas de medios: Vicente Massot, directivo del Diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca; Agustín Bottinelli, quien dirigía la Revista Para Ti de la Editorial Atlántida en 1979, y a la cúpula de los diarios Clarín y La Nación por la sospechada apropiación ilegal de Papel Prensa S.A.
Mientras en Bahía Blanca la Unidad Fiscal, integrada por José Nebbia y Miguel Ángel Palazzani, adelantó a la prensa que están trabajando en la apelación del fallo que en los primeros días de marzo sobreseyó al empresario Vicente Massot, considerando la sentencia como «una reacción de la corporación judicial ante el avance de las responsabilidades civiles», en la Capital Federal el fiscal Gómez Barbella, que investiga la causa Papel Prensa, consideró que el peritaje de tasación histórica y contable solicitado por el Juez Ercolini, a cargo de la causa, “no desentraña el fondo del asunto”. Cabe recordar que el mencionado juez, entre otros elementos, desestimó el pedido de declaraciones indagatorias a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, porque “se encuentra en curso un peritaje de tasación histórica y contable, que aparece como muy importante, no sólo por el valor indiciario que podría arrojar, sino porque fue ordenado con el objetivo de probar o descartar una de las hipótesis principales de sospecha sugeridas por las partes accionantes, de que Papel Prensa S.A. fue vendida o adquirida a un precio vil o irrisorio”. Por otra parte, hace algunos días la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito para Agustín Bottinelli, quien dirigía la revista de la editorial Atlántida en 1979, cuando se publicó una falsa entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien entonces se encontraba cautiva en la ESMA y era presentada en una nota «como la madre de un subversivo muerto». La Sala II puso en duda la responsabilidad de Botinelli, quien en indagatoria sostuvo que la orden se la dio el fallecido dueño de la editorial, Aníbal Vigil. La resolución del tribunal revoca un embargo en su contra por un millón de pesos y ordena al juez de la causa, Sergio Torres, la realización de nuevas medidas de prueba antes de volver a decidir la situación procesal.
La apropiación de niños y niñas
Dentro de los crímenes de lesa humanidad, los vinculados con la apropiación de niños y niñas fueron los únicos que, aún con obstáculos, prosiguieron el camino judicial durante los años de impunidad. Asimismo, en esta última etapa las investigaciones al respecto han sido dotadas de mayor estructura, a partir de la creación de la Fiscalía Especializada en casos de Apropiación, en octubre de 2012. Pocos días después de la puesta en funcionamiento de esa Unidad, la Procuraduría General de la Nación aprobó el Protocolo de actuación para causas por apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.
Hasta el momento 116 nietos y nietas han recuperado su identidad, “cada caso es único y particular”, insiste Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuando se la consulta por el caso de Javier Penino Viñas, actualmente en juicio oral por apropiación. El conocimiento de cada uno de los casos da cuenta de que el proceso de restitución de la identidad es complejo y diverso, individual e íntimo, por eso desde Abuelas se recomienda siempre el respeto a los tiempos y a las decisiones de quienes son víctimas de este tipo de delitos. En tanto, la Fiscalía Especializada durante el primer año de trabajo inició 51 investigaciones preliminares (IP), mientras que en el segundo año abrió 241, cifra que da cuenta de un crecimiento exponencial, sumadas a las 34 iniciadas en el primer año que continuaron su tramitación en el segundo, dan cuanta de 275 IP totales que se tramitaron durante el último año. Asimismo, es destacable que las denuncias formuladas por la Unidad se encaminan rápidamente hacia la materialización de la prueba fundamental en estos casos, el análisis genético. En lo que respecta al tiempo que va desde la presentación judicial de los casos hasta la obtención efectiva del ADN, se evidencia una marcada y constante disminución de ese tiempo, según el informe de gestión de dicho organismo “el tiempo promedio en todo el país es de menos de cuatro meses (3.8 meses)”. Según Alan Iud, abogado de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, consultado al respecto “se redujo mucho el tiempo de las investigaciones judiciales y ha permitido que se procesen más casos”. A su vez, en términos de perspectiva futura, Alan Iud manifestó que espera que “se profundice el trabajo a partir de nuevas fuentes de investigación, no sólo a partir de denuncias, sino del acceso a archivos tales como los expedientes de guardas y adopciones en poder del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los relevamientos en juzgados y otros organismos públicos que posean archivos sobre adopciones en aquellos años. De parte del Poder Judicial esperamos que no se retroceda en los criterios jurídicos logrados en estos años”.
Las violaciones sexuales como delitos de lesa humanidad
La reapertura de los juicios permitió que las investigaciones se profundicen, que nuevos sujetos víctimas del horror comenzaran a tener voz propia. Las violaciones como delitos de lesa humanidad están comenzando a ser identificadas de modo autónomo y juzgadas por esa particularidad. Ya en 2011 la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado elaboró las “consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado”. El informe da cuenta “del escaso avance registrado respecto de una de las facetas de ese fenómeno criminal: los delitos sexuales”, y continúa “pese a que el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad alcanza en la actualidad un importante desarrollo y a que en los últimos años se han producido numerosos testimonios sobre el tema, los delitos contra la libertad sexual todavía no han sido tratados en los procesos judiciales de un modo acorde con la verdadera dimensión que han tenido en la práctica”. La primera sentencia en este sentido es de 2010. El Tribunal Federal de Santa Fe emitió el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad en una causa donde la querellante, Amalia Ricotti, convivió con el secreto de la violencia sexual durante 32 años.
Este fallo fue seguido por otro similar en Mar del Plata, donde la Justicia condenó a prisión perpetua a Gregorio Molina, por homicidio agravado, violaciones reiteradas agravadas, privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados en el centro clandestino La Cueva. En 2011, un juez procesó a los represores Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi por las violaciones sexuales sistemáticas sufridas por una adolescente de 19 años en un centro clandestino de detención. De allí a esta parte existen seis sentencias nuevas. Romina Pzellinsky, responsable del Programa de Género del Ministerio Público Fiscal, en una nota publicada en la página oficial del organismo, subraya que “en estas resoluciones, se evidencia la ampliación del criterio de imputación. La imputación y posterior condena de la violencia sexual como delito autónomo y ya no subsumido en la tortura es un avance en sí mismo en términos de visibilización de la violencia machista que formó parte del terrorismo de Estado”.
