Jun 30, 2021 | Géneros, Novedades
Pasaron ya seis meses de aquella vigilia que terminó en una de las principales conquistas impulsada por los movimientos feministas. El 30 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), mientras una marea de pañuelos verdes acompañó el proyecto desde las calles y plazas de todo el país.
Se trataba de resolver una de las deudas más importantes de la democracia: el derecho de las personas a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Desde la mañana del 29, la avenida Rivadavia comenzó a vestirse de brillos y pinturas verdes y violetas, intervenciones callejeras, bailes, bombos y canciones de protesta. Por supuesto, estaba el símbolo de lucha: el pañuelo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todas las voces se unían en un sólo grito: ¡Que sea ley!
Sin etiquetas ni discriminación de edades, las mismas personas con capacidad de gestar, que en 2018 se fueron de la Plaza de los Dos Congresos con un sabor amargo, recuperaron el tiempo perdido. Esta vez con un contexto atípico: barbijos, alcohol en gel y en medio de una pandemia. Así, el Senado votó con protocolo a favor del proyecto.
La sesión comenzó a las 16:08 de aquel 29 de diciembre. Empezaba una jornada histórica. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito cumplió en 2020 su 15º aniversario. ¡Brazos arriba a pesar de los proyectos cajoneados! En noviembre del año pasado, por primera vez, el Poder Ejecutivo impulsó el proyecto para que finalmente el aborto sea ley, sin criminalizar a quien lo solicite.
Se contaban los votos de a uno. El llamado “poroteo” invadía las redes y la expectativa aumentaba. Para las 23 y con los números a favor, en las calles ya se sentía, poco a poco, el deseo en ley. Más de 1.700.000 personas siguieron la sesión por Youtube. Por whatsapp replicaban: “Parece que esta vez sale”.
Más de doce horas y 58 discursos durante la noche y la madrugada del 29 al 30 de diciembre. “Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, se convierte en Ley y se gira al Poder Ejecutivo”, fueron las palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a las 4:12 de la madrugada.
Panorama sobre la aplicación de la ley
Según un relevamiento publicado en mayo 2021 por el Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (GEDESyR – UNSAM), la línea telefónica de consultas ( 0800-222-3444 ) del Ministerio de Salud para el acceso a la IVE o ILE indicó que las llamadas se duplicaron luego de la aprobación de la Ley.
“Según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2020 se recibieron más de 19.900 llamados a la línea. En el primer cuatrimestre del año 2021, el número de llamadas contabilizó un total de 12.010, de las cuales 7.542 generaron secuencias. En este período, 7.185 fueron consultas por IVE/ILE (95,3%), 210 por métodos anticonceptivos (2,8%) y 147 por otros motivos (1,9%). Los datos muestran el aumento sustancial en el uso de esta herramienta para la atención de IVE/ILE”, amplía Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir.
La Ley también genera un impacto al interior del sistema de salud. “Al 31 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaba que la cantidad de efectores del subsistema público de salud que habían comunicado la realización de interrupciones legales del embarazo (ILE) eran 907. Cinco meses después -el 31 de mayo-, ese número contabilizaba 1164. Es decir, alrededor de un 30% más”, explica Morillo.
En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud.
El informe de GEDESyR ofrece una mirada federal de la ley y arroja datos de diversas provincias. En Entre Ríos, la IVE es practicada por el 70% de las y los efectores de salud. Asimismo, en Córdoba 100 centros de salud realizan IVE. En la provincia de La Pampa, Maternidad e Infancia explicó que se garantiza la gratuidad de los medicamentos; así como en San Juan, el Hospital Marcial Quiroga afirmó que garantizará la IVE. En la provincia de Jujuy aún no se cubre el misoprostol.
En Tierra del Fuego, el Ministerio de Salud informó las vías de acceso para la IVE en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande y, según GEDESyR, esta última localidad inició la capacitación de personal. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también mostró predisposición a la implementación de la Ley mediante el lanzamiento de una guía para el acceso a IVE, mientras que CABA subió información a su página web sobre cómo acceder a un aborto con o sin causales.
Con respecto al número de interrupciones voluntarias no hay datos estadísticos que puedan reflejar todavía el impacto de la Ley. Sin embargo, el informe muestra que en enero, en la provincia de Neuquén, ya se habían aplicado 10 IVE en el Hospital Heller. También, entre enero y marzo, La Rioja indicó que a la fecha se habían practicado 55 IVE. En el mismo período, se habían realizado 42 interrupciones voluntarias del embarazo en el Hospital Materno Infantil de Salta. También la provincia de Río Negro garantizó 88 interrupciones en General Roca y en Cipolleti.
Sin embargo, a seis meses de la aprobación de la Ley 27.610, en Argentina no hay una efectiva implementación. Durante las últimas semanas, diversos grupos antiderechos presentaron acciones judiciales para frenar que en nuestro país se lleven a cabo abortos ya amparados por la ley.
Río Negro ya garantizó 88 interrupciones de embarazos en General Roca y en Cipolleti.
Soledad Vallejos, escritora y periodista especializada en género, plantea que “lo que tenemos por delante y va a durar bastante es la aplicación cabal en todo el territorio, que haya igualdad para mujeres de todas las provincias argentinas y de todas las jurisdicciones respecto al acceso. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado”, y luego sentencia: «Una vez que lográs la Ley, empieza la peor parte, porque hacer cumplir la ley es la peor parte».
Morillo aporta datos concretos: “Hay más de 30 presentaciones judiciales a nivel local y federal en 13 provincias de nuestro país. Once de esas presentaciones han sido rechazadas por carecer de sustento y no contar con legitimidad procesal alguna”. Las restantes están en trámite.
Vallejos analiza el fenómeno de las reiteradas causas judiciales y explica que, con la legislación aprobada en diciembre del año pasado y promulgada en enero de este año, quienes se oponen a la ley pierden posibilidad de acción en el terreno legislativo; por lo tanto, acuden al territorio judicial de manera deliberada.
Según la periodista, esta es una de las estrategias del sector conservador para obstaculizar la implementación de la Ley. Lo que buscan estos sectores es volver a poner en debate temas sobre los cuales ya existen consensos sociales, como lo es el aborto, que es ley por amplia mayoría. “Todavía estamos viendo estos meses toda la resistencia organizada que sigue intentando boicotear lo que el Congreso sancionó de manera soberana, por abrumadora mayoría, de forma muy sólida”, describe.
Morillo coincide: “Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social y de un debate político-democrático sin precedentes en nuestra historia y en cuyo fundamento se recogen normativas sancionadas con anterioridad, como son las leyes de Protección a la infancia, de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, la ley de Derechos del paciente, el Código Civil y Comercial vigente y distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
Vallejos explica que este accionar no es nuevo sino que también ha ocurrido con leyes sancionadas en el país con anterioridad. Casi como si armara una línea temporal del último siglo, ofrece como ejemplos el voto de Julieta Lanteri en 1911, el sufragio femenino en los años cincuenta y el matrimonio igualitario hace una década. La periodista sintetiza la resistencia a la ley con una frase contundente: «Ante cada avance de derechos, siempre hay una reacción».
“Es inadmisible que un juez pretenda frenar una norma nacional surgida del consenso social», dice Morillo.
Sean eternos los derechos que supimos conseguir
Para las personas gestantes, esta conquista significa mayor libertad sobre sus cuerpos. “No sólo el derecho a la vida de las mujeres”, decía Pino Solanas en la sesión del Senado en 2018. “El derecho a poder decidir por sus cuerpos, y por qué no, el derecho a gozar de la vida y a gozar de sus cuerpos”. Finalmente, algo más de dos años después de su discurso, el derecho al goce es ley.
Argentina es vanguardia en América Latina en materia de derechos. El pasado 24 de junio se sancionó la Ley de Cupo Laboral Trans-Travesti del 1% en el sector público del Estado. Además de las leyes de género, Argentina forma parte de la lista de los únicos seis países en América latina en los que hoy existe aborto legal: Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico.
En 2005 el cantautor argentino León Gieco hacía referencia al caso de Romina Tejerina para poner en debate el acceso a un aborto seguro. “Vamos a bailar que yo ya te perdoné aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez”, cantaba Gieco. A seis meses de la madrugada en que nuestros pecados fueron perdonados todavía no hay una implementación efectiva en todo nuestro territorio del derecho al goce, el derecho que supimos conseguir.
Jun 11, 2021 | Géneros, Novedades
El juez Alfredo Eugenio Lopez, del Juzgado Federal N°4 de Mar Del Plata, hizo lugar a una medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo declarándola inconstitucional por violar la protección integral de la vida desde la concepción. Ante este movimiento por parte de los grupos opositores a la norma, Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, anunció que el Estado nacional apelará el fallo por su inconsistencia y, más precisamente, porque es una ley profundamente debatida bajo todas las instancias democráticas.
Los grupos que se oponen a la efectiva implementación del derecho que garantiza esta ley siguen haciendo mella en el debate público con una línea de acción basada en mecanismos judiciales que buscan retrasar o anular el acceso al aborto en el territorio nacional.
Los recursos jurídicos utilizados se repiten a lo largo y ancho del país. Desde que la ley entró en vigencia el 24 de enero, se presentaron 31 acciones judiciales en su contra. Soledad Deza, presidenta de la organización Mujeres x Mujeres y abogada del caso Belén, en diálogo con ANCCOM explicó: “Apelan a la acción de amparo y a la acción declarativa de certeza. Hay un fundamento jurídico que se expresa en todas las demandas de forma uniforme porque surge de un laboratorio conservador judicial en todo el país.” Este sector busca someter al árbitro judicial la primacía del derecho a la vida intrauterina, por sobre el derecho a la autonomía, a la salud, a la dignidad, a la libertad sexual, a una vida libre de violencias y a la igualdad. “Todos estos derechos están comprendidos en el derecho a decidir abortar”, agregó Deza.
En San Luis, representantes del Partido NOS promovieron una acción declarativa apelando a la inconstitucionalidad de la ley. Lo mismo sucedió en Santa Fe: la Municipalidad de Roldán también apeló a este recurso. En Chaco, el 28 de enero la jueza Marta Aucar de Trotti logró suspender la vigencia de la ley de IVE hasta que el 18 de marzo las juezas Eloisa Barreto y Wilma Martínez revocaron la sentencia. En Salta, María Cristina Fiore Viñuales, una ex senadora del Partido Renovador de Salta y en Córdoba la asociación Portal de Belen en Río Cuarto, también presentaron medidas cautelares. En Corrientes, el recurso fue presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar. El último caso fue el de San Juan, en donde un hombre presentó una medida cautelar ante el Primer Juzgado de Familia para impedir que su ex pareja realizara una interrupción de su embarazo. El 24 de abril, la titular de este juzgado se declaró incompetente. Sin embargo, la cautelar consiguió su lugar en la Sala III de la Cámara Civil. Como consecuencia, el sábado 1º de mayo, dos jueces ordenaron que la mujer se abstenga de realizarse un aborto. De todas formas, la medida quedó sin efecto y la mujer pudo acceder al aborto. Todas las cautelares presentadas son intentos para volver atrás sobre un derecho ya conquistado.
“El caso de San Juan me parece que es fundamental porque incluso quedó en abstracto el fallo. Es decir, esta mujer se había aplicado la IVE, hizo uso de su derecho y cualquier judicialización o intento de frenar u obstaculizar de la justicia quedó totalmente por fuera. Abstracto, sin un fondo de la cuestión, sin un motor”, sostuvo Melisa García, abogada y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. “Entonces, se pone de manifiesto en el Poder Judicial, a través de sus diferentes resoluciones, un tinte muy adoctrinador y disciplinador sobre estas mujeres o personas gestantes que deciden hacer uso de un derecho adquirido: la interrupción voluntaria del embarazo”, concluyó García.
Uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso al aborto es la falta de difusión de la ley por parte de los gobiernos provinciales.” En San Juan, las autoridades se niegan a hablar del tema, mientras que sus funcionarios se pasean por las marchas y convocatorias anti- aborto y financian la publicidad de estos grupos”, detalló Luciana Manzuelos, de la mesa provincial de la Campaña por el Aborto Legal en San Juan, en diálogo con ANCCOM. “Nuestro trabajo desde la Mesa de la Campaña es la promoción de derechos, en las redes y en los medios. El acompañamiento que hacemos es muy de cerca, cuerpo a cuerpo, con la persona que va a interrumpir su embarazo. El debate para nosotres está agotado porque ya tenemos una ley”, enfatizó Manzuelos.
El panorama cambió. Ya no se trata de un Congreso dividido en dos colores, encendido por la chispa de un debate que parece no terminar hasta la madrugada. A cinco meses de la legalización, el escenario indica: por un lado, un debate ya saldado con una ley de aplicabilidad en todas las provincias y, por el otro, una resistencia que sigue buscando incidir en los espacios públicos con intentos que fracasan. Una resistencia que reacciona y que persiste. “Los tribunales se usan como un trampolín desde el cual reabrir debates que están clausurados democráticamente en el Poder Legislativo y eso es un obstáculo», sostuvo Deza, y agregó: “Porque más allá del efecto posible en los casos reales, no es menos cierto que generan discursos confusos en la opinión pública acerca de la aplicabilidad de ley”. La garantía del cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra dentro de un escenario de avance, retroceso, avance. El discurso anti-aborto sigue buscando permanecer en los hospitales y en los tribunales con un fuerte componente prohibitivo y punitivista. Ahora, lo que le queda a estos grupos opositores es movilizarse para prohibir un derecho, para negarlo, para revertirlo. Estos procesos judiciales tienen motivos y tienen consecuencias. Para Melisa García: “Con el intento de judicializar estos procesos buscan un efecto desestabilizador”.
A pesar del esfuerzo de estos grupos conservadores y su modus operandi a través del Poder Judicial, la ley se mantiene vigente y operativa. Sin embargo, todavía hay un desafío. “Necesitamos que el derecho a decidir abortar, por fuera de las causales y sin dar explicaciones, hasta la semana catorce, sea conocido por todas las mujeres y personas gestantes del país. Y no solamente por aquellas que tenemos acceso directo. Me parece que hay una deuda en términos de comunicación y de llegada de la ley a todas las personas”, evaluó Deza y concluyó: “Hay que hacer campañas fuertes de forma transversal, a nivel nacional y a nivel provincial”.
Mar 11, 2021 | Géneros, Novedades
Se publicó el primer registro centralizado de la provincia de Buenos Aires sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo en donde se informa que durante el 2020 se registraron 14.330 abortos. El 93.5% de ellos se realizó dentro del marco legal previo a la aprobación de la Ley Nacional N° 27610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad de causal prexistente. El informe de gestión señala que los números no son el reflejo total de las interrupciones que se llevaron a cabo, ya que la recolección de la información fue mejorando a lo largo del año.
Mariana Kielmanovich es psicóloga y trabaja en el Hospital Tornú y el Centro de Salud N° 33. Señala que, dentro de los circuitos que ya estaban establecidos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires con el acceso a la interrupción legal del embarazo, la nueva ley facilitó las derivaciones.
Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC N°33 y expresa que, en su caso, al ser un centro de atención ambulatorio, hacen atención a mujeres que estén hasta la semana 12: “A partir de la semana 13 el procedimiento se tiene que hacer en un lugar que tenga internación. En nuestro caso derivamos a hospitales”.
Dentro de las interrupciones registradas según el informe bonaerense, el 52% de las interrupciones de embarazos se realizaron en centros de primer nivel de atención y un 44% en el segundo, mayoritariamente en hospitales provinciales.
“En la Ciudad sigue dependiendo, en parte, de ´voluntades´. Si bien los diferentes actores y dispositivos ya saben que la ley se debe aplicar, no siempre lo hacen”, reflexiona Sandra Bernabó, psicóloga del Hospital Tornú y del CESAC N° 33.
La profesional trabaja en conjunto con Kielmanovich y destaca que se ha visto un mayor movimiento en obras sociales y prepagas con respecto a las interrupciones del embarazo, algo destaca como un gran paso. “Lo que sucede ahora es que hay un margen posible para exigir que se cumpla, que no era lo que teníamos antes del 29 de diciembre del 2020”, plantea. Ferrero, por su parte, comenta que, debido a la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria se esperaba un aumento exponencial de la la cantidad de mujeres que consultan de: “Hemos visto que fue bajando de a poco aunque por supuesto han pasado unos pocos meses de su promulgación. Nos pone muy contentas y es lo que veníamos esperando desde hace muchos años. Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE, entonces hay un montón de consultas que antes se absorbían por el sistema público, que hoy están dando respuesta desde otros efectores”. Además, advierte que es el panorama que observa respecto a provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
«Muchas obras sociales y prepagas están empezando a formar equipos de IVE», dice Kielmanovich.
Melina Ceccato, psicóloga, trabaja en un centro de salud de primer nivel en Lugano y plantea que con la IVE -ahora incluida en el Plan Médico Obligatorio- es deber de las obras sociales y prepagas absorber parte de la demanda de esta práctica. Según cifras publicadas por REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro) el 84% de las ILE en CABA fueron realizadas en el primer nivel de atención y el 16% en hospitales. Y el 92% de las interrupciones legales realizadas en el primer nivel se realizaron con medicamentos.
Respecto al esquema de tratamiento e intervención, Ceccato describe que la intervención es la misma que la que se hacía con las interrupciones legales. “El abordaje médico sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que no hay que hacer un interrogatorio profundo respecto a las causales que habilitarían un marco legal para la interrupción”, agrega. Bernabó, a su vez expresa: “Eso que antes implicaba ubicar determinadas categorías o dar cuenta en conjunto con la mujer de cuáles eran sus razones para interrumpir, hoy no pasa”. Ferrero señala esta característica como uno de los avances que se lograron con la ley: “No tener que rebuscar en la historia de la persona para encontrar un motivo que justifique el acceso a la interrupción”, cierra.
En los centros de atención de primer nivel, el 98% de los tratamientos de interrupción fueron resueltos con misoprostol. El 88% de las prácticas de ILE registradas se resolvieron exclusivamente con un tratamiento de misoprostol, el 12% restante con AMEU -aspiración manual endouterina- u otro tratamiento instrumental o quirúrgico. Ceccato, por su parte, señala que es primordial para mejorar y continuar profundizando la capacitación profesional en las instituciones de salud: “Que haya equipos que estén formados en perspectiva de derechos y género para brindar adecuada atención en las consultas”. Resalta que es importante contar con la tecnología correspondiente, como el misoprostol, en los centros de salud, así como también con la AMEU. “Que se capacite en la técnica para poder contar con ella en el primer nivel de atención, que es a donde llegan la mayor cantidad de interrupciones del embarazo”, reclama.
“En CABA sigue dependiendo de voluntades. Los actores saben que deben aplicarla, pero no siempre lo hacen”, dice Bernabó
A partir de la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, las profesionales señalan que ha habido un aumento de consultas, pero que atienden como solían hacerlo cuando la normativa se enmarcaba por causales. “Sí, se han duplicado las llamadas que se reciben desde el 0-800 de salud sexual. Esto tiene que ver con el efecto de la difusión de la información que es un elemento primordial y necesario para la implementación de la Ley de IVE. Tener acceso a la información es la posibilidad que uno tiene de poder decidir de forma autónoma lo que quiere hacer con su gesta”, expresa Ceccato. Kielmanovich, al mismo tiempo, opina que gracias a la circulación de la información y todo lo que acompaña la implementación de la IVE, se logrará que ya no dependa únicamente de los equipos que se propongan garantizar la práctica de interrupción, aunque a nivel nacional aún falte “entiendo que estamos en un país que presenta una heterogeneidad muy grande -en términos de acceso a derechos sexuales y reproductivos para las mujeres- y va a haber que desandar miles de años de patriarcado, y trabajar mucho con los equipos de salud”.
Dentro del trabajo para lograr que efectivamente se cumpla con la interrupción voluntaria del embarazo en todas las jurisdicciones, Ferrero expresa que lo más importante es que hoy están todas las miradas puestas en los distintos fallos judiciales que surgen. Como fue el caso de la jueza Zunilda Niremperger de Resistencia, quien intentó rechazar la implementación de la Ley IVE. “Por más que algunos lugares se nieguen a garantizar la IVE, no lo van a poder sostener tanto tiempo. Lo que siento después de haber estado el día que se sancionó la ley es que algo se quebró y es que para atrás no volvemos. No vamos a permitir que esos fallos entren en vigencia”. Ceccato agrega que algo que ha tensionado la IVE es la relación con la discrecionalidad de accesibilidad a nivel nacional que había previamente con la ILE, como por ejemplo en San Juan o Mendoza, donde estaba prohibida la venta de misoprostol: “Son distintas acciones que van abriendo camino sobre distintos obstáculos que venían sucediendo ya con la implementación de la ILE”.
El avance en la aprobación de la ANMAT de la mifepristona, que es junto con al misoprostol, los dos medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para la atención de interrupciones de embarazos, es un tema central para la mejora de la atención, según expresa Ceccato: “Su incorporación haría que, en forma combinada con el misoprostol, aumentara la calidad de las interrupciones haciendo que disminuyan los efectos adversos, el malestar y aumente la efectividad al 97%”.
Por su parte, Ferrero opina que siempre habrá cosas por mejorar, pero que la gran deuda es poder brindar accesibilidad en cualquier lugar del país y no solamente en los grandes centros urbanos. Kielmanovich y Bernabó coinciden con que los dispositivos tienen que funcionar más amigablemente y que acompañen a las mujeres y personas gestantes en su derecho a decidir y a elegir qué hacer con sus cuerpos y maternidad: “No ser jueces de sus decisiones”, concluye Bernabó. A su vez, Kielmanovich resalta la importancia de trabajar con las instituciones de salud y sus trabajadores: “La premisa dentro del modelo médico hegemónico, que es el modelo dominante en salud, reproduce el patriarcado y la mirada en donde la mujer aparece como cuidadora o agente de cuidado de la sociedad y su familia, pero no como sujeto autónomo con derecho a decidir sobre su cuerpo”.
Dic 30, 2020 | Noticias en imágenes
Dic 30, 2020 | Géneros, Novedades
A las 4:12 de la madrugada se anunció en el recinto del Senado de la Nación, ante la mirada de gran parte del país que se mantuvo en vela, la aprobación de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Fueron 38 votos afirmativos, 29 negativos, una abstención y cuatro ausencias. En las afueras del Congreso, los gritos de alegría no se hicieron esperar tras las largas horas de vigilia. Con amplia legitimidad a partir de hoy el aborto en Argentina es legal, seguro y gratuito. En la misma sesión, fue sancionada la Ley de los 1.000 Días, que prevé el cuidado y la salud integral durante el embarazo y la primera infancia. Tras una extensa jornada de debates que inició a las 16 horas del martes, los resultados superaron las expectativas de todos. Ya que durante la jornada se hablaba de una paridad entre quienes aprobaban y rechazaban la norma, con cuatro indecisos y dos ausentes (entre ellos el ex presidente Carlos Menem), por lo que los resultados eran difíciles de descifrar en el inicio, y el debate parecía reñido.
Las calles, como cada jornada feminista, estuvieron colmadas por miles de mujeres de distintas edades con sus sonrisas, esta vez tapadas por los barbijos. La esperanza las convocaba y no fueron defraudadas: se hizo historia en Argentina. Las lágrimas corrían por las mejillas y los abrazos intentaban contener la emoción de generaciones de mujeres que por fin habían conquistado un derecho que reclamaban desde hace décadas. Las movilizaciones empezaron desde temprano y durante el transcurso del día distintas agrupaciones fueron rodeando el Congreso para pedir, una vez más, que se consagre el derecho a decidir sobre los cuerpos gestantes. La agitación era evidente, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. Algo parecido sucedió en 2018 cuando el proyecto se rechazó, pero esta vez, si bien las predicciones eran inciertas, los rumores sobre una leve ventaja alumbraban una esperanza que se iba incrementando a medida que transcurría el debate en el Senado.
La IVE legaliza la práctica del aborto durante las primeras 14 semanas de gestación. En el caso de las menores de 13 años, se deberá contar con un consentimiento informado y la asistencia de un padre o tutor legal. Otro punto sobresaliente fue la objeción de conciencia por parte del profesional de la salud, quienes tienen derecho a decidir si desean o no realizar la intervención, aunque no podrán negarse en caso de que la vida de la madre corra riesgo. Además, las obras sociales y prepagas deberán incorporar la cobertura gratuita. La ley busca también fortalecer el cumplimiento y correcta implementación de la Educación Sexual Integral, vigente desde 2006.
La despenalización del aborto es una conquista de la lucha feminista y es especialmente importante para los sectores más vulnerables, donde hasta ahora las mujeres se veían obligadas a recurrir una y otra vez a la clandestinidad. Nera Albornoz, representante de la Garganta Poderosa explicaba: “Las que corren más riesgos de morir en un aborto clandestino son las más empobrecidas. El aborto existió siempre en Argentina, las que tenían mejor acceso eran los cuerpos gestantes de clase media. Si tenías plata, podías tener un aborto en mejores condiciones. Si no tenías plata, corrías riesgo de vida”. La aprobación de esta ley busca disminuir la brecha de desigualdades sociales y de clase entre las mujeres. Todas las personas gestantes son ahora dueñas de sus propios cuerpos.
“La IVE es un derecho que toda persona con capacidad de gestar debería poseer, ya que es nuestro cuerpo, nuestro dolor, nuestras decisiones y planes de vida”, dice Agustina de 25 años, estudiante de Ciencia Política. “No penalizar a quien decide interrumpir su embarazo es fundamental, pero por sobre todo, se debe priorizar el acceso en condiciones salubres y acordes con una política pública, y no sólo para quienes pueden pagar una clínica privada sin riesgos de por medio”, expresó.
Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, el arte inundaba las calles. Pinturas, bailes, cánticos, y música de los tambores de las batucadas. Muy cerca del Congreso, el colectivo Actrices Argentinas, que siguió presionando con fuerza estos últimos dos años, esperaba desde muy temprano el resultado de la votación. La actriz Laura Azcurra, con su pañuelo asistió una vez más junto a sus compañeras. Para ella su rol como artista es también sumamente político: “Tenemos que informar y sacarnos las caretas. Poder hacerlo desde nuestro espacio sabiendo que la gente recibe nuestros trabajos, nuestros personajes, es importante poder dar una voz social a lo que estamos atravesando”, mencionó y agregó: “Venimos con las compañeras desde que empezamos a abrazar la lucha, a exponer y comunicar la importancia de esta ley. Esto sin dudas ha sido una conquista del movimiento de mujeres y de disidencias. Pusimos este tema en la agenda, en lo social, en la comunicación, y también en la política”.
Otras mujeres que también entienden la potencia y lo convocante del arte son las chicas y disidencias de Talleres Batuka. Después de tocar varias canciones de los tambores que hacen la espera un poco menos pesada. La gente se reúne alrededor para bailar a su ritmo y animar la escena: “Para nosotras los tambores son nuestra herramienta de lucha, nosotras vamos a la calle con los tambores a visibilizar. Las clases y los ensayos son un camino que transitamos solamente para estar donde hay que estar. Para nosotras el arte es el paso a poder estar acompañando todo esto”, planteaba “Cingui” representante del taller.
Cuando la música se detuvo, los argumentos comenzaron a volverse repetitivos luego de varias horas de debates. La votación se hacía esperar, pero la alegría invadía las calles cuando alguno de los indecisos confirma su voto afirmativo. Entre ellos se encontraban Lucila Crexell, quien se abstuvo en 2018. En su discurso pronunció ciertos cambios de perspectiva: “no cambié mis creencias personales, no cambié mi modo de pensar sobre lo que creo del aborto. Cambié el enfoque sobre lo que creo de cómo debe ser abordado” y despertó gritos de festejo entre todos los presentes. Más tarde fue el turno de Sergio Leavy, diputado por el Frente de Todos en Salta, quien habría votado en contra en 2018, pero tras una reunión con Alberto Fernández unos días antes, y por la convicción de dejar de lado sus ideas personales, votó finalmente a favor de la despenalización. También votó a favor Oscar Castillo, de quien se conocía una posible abstención, y Stella Maris Olalla, la mayor incógnita entre los indecisos, quien finalizó su exposición diciendo que “se trata de una cuestión de derechos y el Estado debe elegir la continuidad de un embarazo o no, de acuerdo a la autonomía de la mujer. Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino”.
El debate y los cambios de opinión de la sociedad en general y de los senadores en particular, fueron producto de la lucha feminista, que no dejó de recalcar la importancia de este derecho. Camila tiene 25 años, asistió a la movilización con la agrupación Puebla Fuerza Colectiva, y analiza algunas de las resistencias que se dieron años atrás: “Considero que las principales dificultades se encuentran en concepciones que son antiguas, que no responden a la sociedad de este siglo. Creencias que son obsoletas, y que la ciencia ha demostrado enormemente erróneas. La desinformación es, sin duda, la mayor dificultad”, sintetizó.
Luego de los abrazos, festejos y más bailes, aquellas chicas que pusieron su cuerpo durante estos años, que supieron hermanarse y que cantaron y vibraron al unísono, levantando sus pañuelos en alto, se alejaron de las calles para descansar, sabiendo que esta conquista es sólo el inicio de la lucha que continúa sosteniendo: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Esta vez, el grito resonó con la convicción de haber conquistado otro derecho.
