Ene 2, 2018 | DDHH, Novedades
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci, ex Secretario histórico del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y ex asesor de la Secretaría de Culto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proyecto de reconciliación impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -dice- tiene que ver con una postura clara sobre lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico militar en ese sector de la Iglesia. “No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión”, asegura. Pero advierte que la memoria no sirve sólo para no repetir, sino para conocernos y entender qué pasó: “No solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles”, reflexiona.
¿Cómo lee usted el proyecto de reconciliación de la CEA?
Lo que plantea el Episcopado no es algo que ocurre ahora, a raíz del fallo (de la Corte a favor del 2×1), sino que los miembros tienen un lineamiento acerca de la reconciliación que se confunde mucho con la impunidad. Si bien salieron a decir que no hay que entenderlo de esa manera, a través de las actitudes y de los gestos que tuvieron, la charla se presta para eso. No es que ellos no sepan cómo explicarlo, sino que tienen una postura clara. Están a favor de que se alivien, de la mayor manera posible, las penas a los que participaron del terrorismo de Estado. Esa es una intencionalidad que se les nota. Los militares que participaron del terrorismo de Estado lo hicieron convencidos de que eso era lo mejor para salvar a la patria y contaron con el apoyo de grandes sectores de la Iglesia. Entonces en nombre de Dios había que aniquilar a la subversión de cualquier manera, incluso muchos obispos avalaron eso.
¿Cómo es la lucha al interior de la CEA?
No sé si llamarla lucha, pero si hay una discrepancia dentro del Episcopado. Por ejemplo, tenemos a Santiago Olivera -obispo castrense- y a Víctor Fernández -obispo y rector de la UCA- en la misma línea planteando que el fallo de la Corte Suprema fue inoportuno e inconveniente y que tanto la ley como la pena deben ser cumplidas. Mientras que en el otro extremo tenemos a Héctor Aguer -titular del Arzobispado de La Plata- que sostuvo públicamente su acuerdo con el 2 x1 y dijo que los miembros de la Corte actuaron según el derecho. Hay una problemática interna que saltó, siempre estuvo pero nadie decía nada hasta ahora que todos salieron a opinar. Era una barbaridad lo que estaban haciendo algunos miembros de la CEA, parecía que estaban respaldando el 2×1. Y después dicen no, eso no lo quisimos hacer.
El obispo Santiago Olivera dijo en declaraciones a la prensa que la reconciliación no implicaba el olvido, sino que supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lo que dijo el obispo Olivera se acerca mucho a lo que planteo, no es una cuestión individual. Es una expresión de sacerdotes y laicos que hace tiempo estamos detrás de este tema, desde que hubo terrorismo de Estado siempre estuvimos defendiendo a las víctimas y proponiendo que los victimarios tenían que reconocer lo que habían hecho, declarar y pedir perdón. Esas son las características de una auténtica reconciliación, pero ellos nunca lo hicieron. Los militares no han reconocido nada, entonces que ahora vengan a presionar porque tienen un gobierno afín para que les reduzcan las penas me parece una gran injusticia.
¿Por qué en la carta que escribió y circuló hasta llegar a los medios describió a la Iglesia Argentina como un problema más que como una solución a la violación de los derechos humanos?
La iglesia como institución no. La Iglesia no son los obispos y la jerarquía, sino que somos todos los bautizados. El Episcopado no representa al conjunto de la Iglesia, tiene una opinión que pesa e importa, pero esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con lo que propone. En Argentina, la Iglesia se presenta como que no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Es buena gente que mira hacia todos lados y va por ahí tratando de arreglar las cosas que no funcionan. Es una estructura muy paternalista esa, creerse que está por encima de todos, y que puede decidir lo que hay que hacer. Mientras que, en realidad, es parte del problema, porque ellos intervinieron en la dictadura, participaron y fueron cómplices. Primero tienen que arreglar su situación, ellos son parte del problema de por qué no hay memoria, verdad y justicia hasta hoy. Ellos presionan para que se les disminuya la pena a los militares o bien el gobierno los consulta y ellos dicen: “Sí, es verdad, están viejitos, corresponde”. Pero nunca dijeron nada de los que torturaron y desaparecieron. Nunca sacaron la cara para decirle a los militares pónganlos presos y que cumplan sus condenas en las condiciones que correspondan. Ellos son co-responsables de lo que sucedió, no están al margen.
En el sitio Abuelas de Plaza de Mayo se publicó un comunicado que definió como restringido al protocolo para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura presentado por la CEA. ¿Cuál es su postura?
Estoy totalmente en desacuerdo con el protocolo, porque después de tanto tiempo lo que corresponde es que se abran todos los archivos que se puedan. No sólo de los que se habla ahí, hay muchos otros archivos que no se mencionan, provenientes de distintos organismos de la Iglesia que ayudarían a entender y comprender lo que pasó y cómo pasó. Creo que la palabra que usaron las Madres está bien, puesto que es muy restringido el acceso. Estos papeles no van a decir prácticamente nada nuevo, porque en general son cartas y reclamos que mandaron los organismos al Vaticano. Eso ya lo saben los organismos. Lo que se trata de saber es lo que no se sabe. Hay mucha gente que intervino y eso no está en el Vaticano sino en otros lados: diócesis o nunciaturas. Hay muchas otras denuncias y documentos que quedan fuera del protocolo y que aclararían lo que pasó en tal cárcel, en tal centro clandestino y con esto que propone la CEA no se llega. Entonces están restringiendo y ocultando archivos. En eso estoy de acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci.
¿Qué postura cree que tiene el gobierno con respecto a los derechos humanos?
La posición es la de (Mauricio) Macri, que cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, aseguró que de acceder al Gobierno con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, ahí está todo dicho. El gobierno quiere desmerecer, despreciar y banalizar todo lo que pasó y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Quiere anular todo y de la mejor manera posible. Y estos tres de la Corte Suprema reforzaron esa posición aunque posteriormente se dio un debate en el Congreso y el PRO votó por la limitación al máximo del 2×1. Después del repudio de la sociedad y de que todos fuimos a Plaza de Mayo. La postura oficial frente a los derechos humanos es que es una mentira exagerada que no da cuenta de lo que pasó.
¿Cree que el Papa podría intervenir más en el asunto?
No creo que pueda hacer algo y tampoco creo que corresponda. Después de 40 años el Papa recibió a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini y les prometió lo de los archivos. En medio de esta polémica hubo un intercambio de cartas entre el Papa y Hebe. Si bien, no dice intervengo, pero deja ver su opinión de esa manera. Siempre le dice a Hebe «a una madre que le mataron dos hijos no se les puede reclamar nada». Bueno ahí le está diciendo que él no le puede exigir a Hebe perdoná a los que mataron a tus hijos. Al enviar esas cartas no está diciendo que comparte todo lo que hicieron los hijos, ni todo lo que hizo ella. Sí comparte su preocupación, su dolor y su lucha. Para estos tiempos creo que es bastante y no hace falta que haga nada más. Estos del Episcopado son tan buenitos con los militares, pero nunca recibieron a las Madres que fueron a pedir y a rogar por sus hijos. Eso desde el punto de vista cristiano es muy embromado, porque significa no tener compasión ni misericordia. Los obispos no la tuvieron, no era darles la razón solo escucharlas. Recibir o no a alguien, contestar o no cartas o comunicados, son gestos. Así es como se manejan en El Vaticano; no sólo con Argentina, sino con todos los países. En ese sentido creo que ha tenido gestos positivos con los organismos y eso deja trascender que la Iglesia Argentina tiene que cambiar su actitud. El Papa tampoco le puede decir al Episcopado qué hacer o qué pensar, porque cada Episcopado tiene autonomía. No obstante, sí tiene cierta influencia, porque los que están en nuestro país lo consultan, pero no puede dar la voz oficial. Los que tienen que enfrentar la situación son los obispos que participaron del terrorismo de Estado, no el Papa.
La Nación publicó un editorial en el que denuncia una supuesta “asimetría entre el ´ni olvido ni perdón´ a quienes cometieron delitos con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los guerrilleros que hoy no gozan del ´2×1´, sino de una infinita impunidad”. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así como lo cuenta La Nación. Metieron preso a muchos y a los que no metieron preso fue porque los mataron y desaparecieron. ¿Qué más quieren que le hagan? Hay presos 800 y los que murieron, según ellos son 7.000. Aunque no crean en los 30.000, igualmente son un montón. Los que murieron no tuvieron un juicio, no se pudieron defender y tampoco los pusieron en cárceles. A estos -los genocidas- les respetaron todas las leyes que hay frente a un acusado. Así que han sido los privilegiados. En La Nación siempre vinieron sosteniendo lo mismo, es demasiado lo que hicieron con los militares y poco lo que hicieron con los subversivos.
¿Qué pueden hacer los movimientos como el de los Curas de Opción Por los Pobres (OPP) frente a los obispos que aún siguen promoviendo la Teoría de los Dos Demonios?
Pueden hacer lo que venimos haciendo hace un montón, decir lo contrario. Ahora yo escribí una carta interna, no la mandé a publicar. La hice sintetizando muchas cosas y se la envié a mis amigos y a los curas OPP. Un periodista de Página 12 se enteró y me llamó para preguntarme si podía publicarla, le contesté que sí. Los obispos ya la conocen mi opinión, ni me llamaron la atención. Con los curas pasa lo mismo,con movimientos ecuménicos y muchos organismos laicos que sacaron declaraciones. Todos venimos sosteniendo lo mismo hace 40 años, no hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico. Nadie nos va a contradecir, porque saben que la nuestra es una postura coherente y seria. No buscamos convencer a nadie, puesto que es muy difícil. Se tienen que convencer ellos mismos ante la realidad. Si no quieren ver la cantidad de gente que fue a las distintas plazas de argentina a reclamar es imposible cualquier intento. El retroceso del 2×1 fue una batalla que perdieron frente a la movilización.
¿Cree que es posible el perdón a los genocidas?
Cuando hay una pelea entre dos personas se pide perdón a nivel personal. Como lo que sucedió, en este caso, afectó a toda la sociedad no basta el perdón de uno. No sirve que los que fueron a la reunión del Episcopado digan yo los perdoné. El conjunto de las víctimas no tiene ninguna obligación de perdonarlos. Desde el punto de vista cristiano tienen la obligación de no tener rencor, ni odio, ni sentimientos de venganza. Los militares hicieron algo que ofendió a las familias y a la gente que ellos secuestraron y desaparecieron. El perdón es un gesto personal, por eso nadie te puede obligar a que perdones a esa persona que te hizo daño.
¿Qué aspectos positivos puede destacar del debate que se abrió a raíz del pedido de reconciliación?
Hay que reconocer más que lo que dijeron algunos obispos, los logros de la sociedad y la organización que está teniendo para defender sus derechos. Dentro de la Iglesia ha habido cambios importantes. Actualmente hay distintas posiciones, antes había una sola postura y si no acatabas lo que decían los obispos estabas fuera de la Iglesia. Eso es un avance enorme para la institución y para los cristianos en general. El peso que tenía el obispado lo perdió porque se posicionó mal. En Campo de Mayo había una maternidad improvisada, había monjas y capellanes, no pueden decir que ellas y los obispos no sabían lo que hacían con las madres de los chicos después de que nacían sus hijos. En la E.S.M.A también había capellanes y no pueden decir que no sospechaban cuando veían entrar y salir camiones lo que allí sucedía. ¿No escuchaban los gritos que salían de los sótanos? No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión, y que los chicos debían ser criados por familias más honorables, lo cual es un aberración.
¿De qué sirve la memoria?
Algunos se escudan en que no hay que echar más leña al fuego para que la gente no se pelee y por eso hay que dejar de recordar el pasado. Recordar no es solo una forma de no repetir los errores. Dejar pasar lo que ocurrió es lo más grave que se puede hacer, porque es parte de nuestra historia. ¿Por qué los militares se pusieron en esa posición? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo fuimos capaces de hacer semejante barbaridad? Porque no solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles. Para entendernos a nosotros mismos es necesario saber lo que fuimos, lo que somos y por qué actuamos de la forma en que lo hicimos. La verdad y la memoria siempre ayudan en este sentido. La justicia es fundamental, no podemos dejarlos si un castigo. Hay una ley que dice que tienen que pagar sus culpas, los militares nunca lo hicieron. Ahora que están detenidos y están pagando, de acuerdo a la ley que ellos no aplicaron para los subversivos, se quejan.
Actualizado 23/05/2017
Dic 14, 2017 | DDHH, Novedades
El colectivo Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía reúne a hijas, hijos y familiares represores por la memoria, verdad y justicia. “Liliana Furió (hija de un militar) me contactó por las redes sociales en mayo del año pasado y empezamos con esto juntas”, recordó Analía Kalinec, la hija del condenado a prisión perpetua Eduardo Emilio Kalinec, conocido como el Doctor K. “Pensamos que nadie más estaba pasando esa situación”, señaló.
“Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo”, dijo Pablo Verna.
Junto con Liliana, Analía comenzó a buscar a otros hijos e hijas de militares en las redes sociales. “Laura Delgadillo comentó en la nota de la hija de Etchecolatz, de la revista Anfibia, y es ahí donde la contacté”, recordó.
El 7 de noviembre pasado, el colectivo presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de reforma a los artículos 178 y 242 del Código Penal Procesal de la Nación “para que las prohibiciones, de esos artículos, de declarar y denunciar en contra de nuestros familiares, no corran para los crímenes de lesa humanidad”, explicó Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército. “Esas prohibiciones entran en conflicto con la obligación internacional que dice que en los crímenes contra la humanidad los Estados partes están obligados a investigar, juzgar y sancionar”, expone Verna y aclaró: “Si el Estado en su normativa interna tiene normas que prohíben y nulifican medios o fuentes de prueba debe cambiarlo, en esa medida se está incumpliendo”.
“Vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, dijo Analía Kelinec sobre la política de DDHH actual.
El padre de Analía fue oficial ayudante de la Policía Federal. En 2015 quedó firme la condena a perpetua por participar en interrogatorios y torturas en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. “Crecí en una ignorancia total”, confesó la hija del Doctor K. La primera vez que el padre de Analía quedó detenido fue en 2005. “Hasta ese momento jamás lo había relacionado con la dictadura, estuve dos años diciendo que era todo mentira”, resaltó y agregó: “La última vez que lo vi, en Devoto, lo increpé, fue en 2008. Le dije que leí la causa y los testimonios y le pregunté si fue parte. Él me respondió: No, bueno fue una guerra y no es así como dicen, fueron siete mil. ¿Qué me estás diciendo?, le dije. No bueno, pero vos imaginate, nosotros sabíamos que alguien había puesto una bomba en un lugar y le teníamos que sacar información para salvar más vidas, dijo, intentando justificar las torturas. A partir de ahí no lo vi nunca más”.
En mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de aplicar lo que se conoce como “ley del dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad. Otros en la misma condición, como Luis Patti, con doble condena a perpetua o Antonio Musa Azar, ex jefe de Inteligencia de la policía de Santiago del Estero, cuatro veces condenado, recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria. “Nos convocó el cambió de sentido en materia de derechos humanos que se viene impulsado desde el Gobierno”, enfatizó Analía Kalinec. “Nosotros vemos que hay una intencionalidad política y un cambio de dirección en lo que se venía haciendo y en los logros que se fueron consiguiendo”, opinó. Kalinec definió el fallo del dos por uno como un “intento fallido de una amnistía encubierta”. Pablo Verna define la situación como “el Happy Hour del horror”.
“A mi familia no le interesa escuchar lo que yo pienso sobre la última dictadura”, remarcó Kalinec. Y expresó que el mandato familiar es “aceptar lo que hizo su papá, que estuvo bien y defendió a la patria” o negar y “hacerte la tonta” y ratificó que ella no podía seguir ninguna de esas dos opciones.
“Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas”, cuenta Bibiana Reibaldi.
Distinta es la historia de Bibiana Reibaldi. La dictadura-cívico militar comenzó cuando ella tenía 20 años y estudiaba Psicología en la Universidad de Buenos Aires. “Ya tenía un criterio formado, que no se parecía al de mi papá”, recuerda. Su padre, Julio Reibaldi, fue oficial de Inteligencia y analista. “Era el que ubicaba a las personas que después iban a secuestrar y organizaba los grupos que hacían esos trabajos”, detalló Reibaldi. En 1978 ella comenzó a estudiar psicopedagogía en la Universidad del Salvador. “Ya para esos años me daba mucha vergüenza explicar a qué se dedicaba mi padre”, agrega. “Me fui oponiendo a él a medida que pasaban los años y sucedían circunstancias muy dolorosas que ameritaban que yo tomara una posición contraria a su accionar”. Julio Reibaldi murió en 2002 sin ser juzgado penalmente.
Desde el colectivo luchan contra el mandato de silencio que sufrieron en la dictadura, y ahora en democracia continúa con la imposibilidad de denunciar penalmente a sus padres. “Era muy fuerte, no se hablaba en la familia de lo que pasaba”, señala Reibaldi. Para dejar de lado ese mandato, buscan reformar los artículos 178 y 242 del Código Procesal Penal de la Nación para poder aportar, judicialmente, a la memoria, la verdad y la justicia.
Actualizado 12/12/2017
Nov 30, 2017 | Comunidad, Novedades
“Cuando los policías vieron que se cayeron heridos, inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos: dispararon a matar y se fueron”. Es el relato de María Nahuel, tía de Rafael Nahuel, el joven de 22 años que el sábado fue asesinado con un balazo de plomo, por la espalda, disparado por un prefecto del Grupo Albatros. El sábado pasado, esta fuerza en conjunto con la Policía Federal, reprimió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lago Mascardi. Las mismas fuerzas ya habían protagonizado el jueves un desalojo en el que violentaron y detuvieron a cuatro mujeres y cinco niños, luego del cual unas diez personas lograron escapar y refugiarse en la espesura del bosque. Durante dos días estuvieron internados en la montaña, sin comer y sin dormir, hasta que finalmente el sábado fueron sorprendidos por un grupo de uniformados que, camuflados entre los árboles, les comenzaron a disparar balas de plomo cuando estaban descansando. Una de esas balas fue la que ingresó por el glúteo izquierdo de Rafael Nahuel y terminó con su vida. Fausto Jones Huala y Lautaro González terminaron detenidos cuando bajaron el cuerpo de Nahuel, y recién ayer a la noche fueron liberados. En diálogo con ANCCOM María Nahuel, tía de Rafael; Romina Jones, vocera del Pu Lof Cushamen; la abogada Sonia Ivanoff y el periodista de Bariloche, Santiago Rey, reconstruyeron lo que ocurrió durante la última semana en en esa localidad patagónica.
Jueves
El proceso de recuperación del territorio en las cercanías del Lago Mascardi comenzó hace dos meses y medio. Durante todo ese período, Rafael Nahuel estuvo presente en Lafken Winkul Mapu junto a su prima, a su tía y a otros compañeros y amigos. “Rafael era una persona muy tranquila, buena y con un buen corazón –recuerda María Nahuel, que también forma parte de la comunidad-. Llegó a nosotros porque quería ayudar, quería hacer su casa allá, vivir en el campo, tener animales; quería vivir vida mapuche. Y también quería trabajar, porque era una persona que trabajaba. Cuando nos instalamos en el campo estuvo con nosotros. Sólo que estaba yendo y viniendo porque trabajaba en Bariloche de distintas cosas”.
En este territorio, los mapuches estaban llevando adelante el desarrollo y la formación de una autoridad ancestral que denominan “machi”: Se trata de la principal figura médica, religiosa, consejera y protectora del pueblo mapuche. “Estaban haciendo una recuperación totalmente pacífica”, subrayó por su parte Romina Jones, vocera de la comunidad Pu Lof Cushamen, de Chubut, que se solidarizó con la recuperación del territorio Lafken Winku Mapu. “Después de la Conquista del Desierto y de las diferentes campañas genocidas que sufrió el pueblo mapuche se encargaron de desaparecer principalmente a nuestras autoridades, entre ellas a los machis –agregó-. Hacía muchos años que de este lado de la cordillera no se levantaba una machi”. Para llevar adelante ese proceso, detalló Jones, el territorio es fundamental, ya que no es posible realizar ese tipo de actividad en la ciudad. “Ningún Gobierno se ha ocupado en cumplir lo que dice su propia Constitución: garantizarnos un territorio amplio y suficiente para desarrollarnos”, agregó.
La recuperación de Lafken Winkul Mapu seguía su curso hasta que, alrededor de tres semanas atrás, comenzaron a merodear por el territorio personal de Parques Nacionales, de la Policía Federal y de otros organismos estatales. El jueves de la semana pasada, la zona fue completamente militarizada e ingresaron al territorio decenas de uniformados de la Federal y del Grupo Albatros. En este primer operativo se llevaron detenidas a cuatro mujeres y nueve niños: un bebé de un año, uno de dos, otro de tres y dos chicos de diez años. El periodista de Bariloche, Santiago Rey, que cubrió los hechos para el diario Página 12, explicó que “lo que hicieron el jueves antes del desalojo fue cortar la ruta bastantes kilómetros antes, de un lado y del otro, para que no haya testigos ni presencia de nadie que no fueran las propias fuerzas de seguridad. Fue imposible pasar esas barreras, con lo cual desde el punto de vista de la cobertura nos vimos muy limitados para contar lo que pasaba”.
Entre las mujeres que fueron detenidas durante esa jornada se encontraba María Nahuel: “Yo trataba de proteger a mi gente y me ponía adelante de las armas –relató-. Me cruzaban las balas por las patas; nos disparaban por ser mapuches. Yo creo que en ese momento los pu newen (energía del territorio sagrado) me estuvieron cuidando. Los lamien me dicen que arriba de la montaña le decían a mi hija: ‘A tu mamá la habrán matado’, porque veían que las balas me cruzaban por todos lados. Yo gritaba: ‘¡Hay niños, hay niños! ¡No disparen!’. Pero no les importó nada. A los niños los agarraban como muñecos, los tenían colgando”.
Sábado
Cuando el jueves se llevó a cabo el desalojo, Rafael Nahuel no se encontraba en el territorio. “Había ido a Bariloche a ayudar a la casa de su mamá y su papá porque él siempre los iba a ayudar a cargar leña, a hacer diferentes cosas –contó su tía-. Sobre todo volvía a Bariloche a trabajar. Por eso iba y venía. Cuando se enteró de lo que había pasado en Winkul Mapu, decidió a la noche volver para acompañar a los lamien que habían quedado en la montaña”. Los compañeros que quedaban en el territorio se resguardaron en un lugar elevado del cerro, y las horas que pasaron hasta el siguiente operativo fueron precarias. Jones describió que “el ataque del sábado se dio después de dos días en los que ellos estaban corriendo y escondiéndose por la montaña, resguardando sus vidas, sin comer, muy cansados y sin dormir. No sé de qué enfrentamiento están hablando los medios de comunicación y el Gobierno”.
Según contaron las dos mujeres, pasadas las 14 del sábado, la decena de personas que había quedado atrapada en la montaña estaba descansando, cuando se comenzaron a escuchar ruidos entre las ramas, gritos, y luego disparos. “Nuestros compañeros venían bajando, entre ellos estaba Rafael, hasta que fueron sorprendidos por efectivos del grupo Albatros que estaban camuflados en el bosque. Empezaron a gritar ‘¡Al piso, al piso!’ y abrieron fuego con balas de plomo”.
Nahuel relató que los uniformados “decían que tenían una orden de Buenos Aires o del juez, pero no tenían nada escrito. Les tiraron a matar y Rafael cayó. Empezó a sentir un dolor muy fuerte, me contaron los lamien. Otras dos personas cayeron al suelo por el impacto de las balas: Johana y otro lamien más. Cuando los policías vieron que se cayeron heridos inmediatamente se fueron. Una vez que les habían pegado los tiros no se acercaron para detenerlos. Dispararon a matar y se fueron”. Asustados, sus compañeros no sabían qué hacer y trataron de reanimar a Rafael, pero no lo conseguían. “Como no querían que pase lo que pasó con Santiago Maldonado decidieron bajarlo. Todos opinaron que había que bajarlo, nadie quería que muera, entonces ellos mismos lo bajaron corriendo el riesgo de que les meta otro balazo algún policía escondido”. Jones completó con el relato de esos minutos y detalló que “Fausto (Jones Huala) y Lautaro (González) bajaron con el cuerpo de Rafael a pedir ayuda, porque todavía aparentemente tenía signos vitales. En ese momento la policía les dijo que lo dejen en el piso y los esposaron”. Estuvieron detenidos hasta ayer por la noche, cuando fueron liberados. “La justicia decía que ellos habían abandonado a Rafa y es mentira –aseguró María Nahuel-. Ellos trataron de ayudarlo porque nosotros a nuestra gente la cuidamos”.
Cuando a María le avisaron que habían matado a su sobrino viajó lo más rápido que pudo al territorio en conflicto. “Llegué y vi que después de muerto a mi sobrino lo siguieron maltratando –denunció-. Los efectivos lo seguían pateando. A mí me volvieron a detener y me cagaron a palos. Vi que les estaban pegando a mis lamien y vi que a mi sobrino lo seguían moviendo de un lugar a otro. Cada vez que lo movían se les caía una prenda o algo y lo pateaban”, añadió.
Rafael murió por el tiro que entró por un glúteo, dañó órganos internos y causó una hemorragia letal. La autopsia realizada el domingo determinó que la bala que lo mató era de 9 mm, el tipo de proyectil que utiliza Prefectura. Pero en su cuerpo, según contó su tía, aparecieron otras lesiones. “Cuando lo bajaron tenía solo un balazo, pero una vez abajo la policía le seguía pegando; no sé con qué le dieron pero le rompieron la parte de atrás de la cabeza. Fue muy duro ver todas esas cosas, ver los golpes que le daban a mi sobrino que ya estaba muerto”.
El accionar de la “justicia”
El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Justicia, Germán Gararvano, dieron una conferencia de prensa en Casa Rosada donde principalmente defendieron el accionar de la Prefectura: «El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no –dijo Bullrich-. El Gobierno ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial». El miércoles, el presidente Mauricio Macri, desde Tucumán, respaldó a la ministra, cuando tras reiterar sus prédicas en torno al “trabajo en equipo”, y al “diálogo”, dijo: “Todo lo contrario de lo que es la violencia, que nuevamente hemos visto cómo grupos minoritarios intentan llevarnos a esa agenda. Eso, por suerte para ustedes, está pasando muy lejos de acá, en el sur de la Argentina”.
Bullrich y Garavano también subrayaron que había sido un “enfrentamiento”, en el que los mapuches tenían «armas de grueso calibre», y terminaron por definirlos como «grupos violentos que han escalado esta situación; grupos que no respetan la ley”. En cuanto a esta conferencia de prensa, el periodista Santiago Rey señaló que le impactó lo dicho por los representantes del gobierno ya que, mientras transcurría esa conferencia, él se encontraba en el velorio de Rafael Nahuel. “Mientras los funcionarios del Gobierno nacional hablaban de la RAM, de enfrentamiento, de grupos tácticamente preparados para una guerra, yo estaba en el velatorio de Rafael, en una casilla muy humilde, en un barrio muy pobre de Bariloche. La distancia que había entre la realidad y lo que se estaba diciendo en esa conferencia de prensa era enorme”. El periodista destacó, además, que mientras en todos los canales transmitían en vivo la conferencia de prensa, en el velorio sólo estaban él y dos periodistas más de medios independientes. “Me parece que había una desmesura enorme en las posibilidades de comunicación”, subrayó.
La causa por el asesinato de Rafael quedó a cargo del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva. Romina Jones explicó que “es el mismo juez que mantiene ilegalmente detenido a Facundo Jones Huala. También es uno de los responsables de la desaparición de Santiago y el mismo que dio la orden de desalojo, y el que llevó a toda estas fuerzas armadas al territorio de Winkul Mapu. Él es el responsable de la represión que terminó con la vida de Rafael. Pero a la vez es él el que está investigando su muerte. O sea que se está investigando a él mismo”. La vocera opinó que “se están manejando con toda la ilegalidad porque tienen el aval del Gobierno nacional. Nosotros ya no sabemos cómo defendernos; todos los argumentos legales que podamos tener, con cualquier ilegalidad los echan para atrás”.
Por su parte, la abogada de Jones Huala y González, Sonia Ivanoff, señaló: “Ellos se entregaron con el cuerpo de Rafael y quedaron vinculados con la causa por ocupación ilegítima del territorio. Las dudas del juez eran acerca de si ellos habían sido responsables de la muerte de Rafael, por lo cual el expediente fue caratulado en principio como ‘NN muerte por causa dudosa’”. La abogada apuntó que “las personas que terminaron detenidas fueron las que se entregaron espontáneamente para ayudar a bajar a Rafael con una camilla improvisada con palos y algunas de sus prendas de vestir debido a que le habían pegado un tiro”. Sumado a esto, Ivanoff denunció que ambos detenidos fueron víctimas de múltiples hostigamientos: “El primer día, cuando se entregaron, estuvieron esposados cuatro horas al lado del cuerpo de Rafael ya fallecido. Esa es sólo una parte de la tortura que vivieron”.
Ayer a la noche, pasadas las 22, Jones Huala y González fueron liberados. Entre los estudios que se hicieron en el marco de la investigación, los especialistas no encontraron rastros del uso de armas de fuego en las manos de ninguno de los dos detenidos. “Hay una enorme coincidencia del manejo comunicacional del Estado en el caso Maldonado y en el caso de Rafael”, reflexionó Rey. “El silencio por una parte; la intención de desacreditar los testimonios y las fuentes directas de la comunidad por otra, y la instalación de la idea de convertir en victimarios a los propios integrantes de la comunidad donde estaban oportunamente Santiago y, en este, caso donde estaba Rafael”.
Actualizado 30/11/2017
Nov 2, 2017 | Comunidad
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”. La frase de Sergio Maldonado retumbó en los oídos de las más de 120 mil personas que se congregaron ayer en Plaza de Mayo para que el Estado dé respuesta sobre lo sucedido aquel primero de agosto, en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut.
La convocatoria a la movilización había sido realizada por la familia de Santiago y por organismos de derechos humanos bajo el lema “justicia por Santiago Maldonado, el gobierno es responsable”. El punto central de la jornada se vivió frente a la Casa Rosada, donde la foto del joven volvió a copar cada rincón de la Plaza de Mayo, aunque además se realizaron manifestaciones en distintas ciudades del país. Pasadas las cinco, la multitud, con carteles y banderas, cantaba por la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, mientras esperaba al único orador del acto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
A las seis en punto subió al escenario Sergio, junto a su esposa, Andrea Antico. Acompañándolo estaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos. Sergio sostuvo que “parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago, olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Y quieren olvidarse del marco donde ocurrieron hechos en que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuentas de su accionar”.
“Parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago», dijo Sergio Maldonado.
Pese al dolor que vive tras la muerte de su hermano, tras permanecer desaparecido por 78 días, Maldonado advirtió: “No cuentan conmigo para sembrar odio ni división de la sociedad. Porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido obtener la verdad y tener justicia sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar”.
Sergio además pidió verdad y justicia por todos los desaparecidos en democracia. Al momento de hablar de Santiago, su voz se quebró. “Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”.
Entre tanta gente, agrupaciones y organizaciones, ANCCOM conversó con representantes de diferentes sectores políticos. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde sostuvo que “la historia continúa hasta que no se indague bien los causales de la muerte de Santiago. Vamos a seguir insistiendo porque queremos verdad y queremos justicia. No hay ninguna duda de la responsabilidad de la Gendarmería. Si no hubiera reprimido hoy Santiago estaría vivo”.
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte», expresó Sergio Maldonado.
Por su lado, Nicolás Del Caño, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) denunció que lo de Santiago fue un crimen de Estado. “Santiago no estaba allí ni paseando ni pescando sino que estaba resguardándose, huyendo de una represión ilegal por parte de Gendarmería. A tres meses de su asesinato, venimos a gritar bien fuerte juicio y castigo a los culpables de su asesinato y también del encubrimiento que se dio durante todo ese tiempo”.
Para Hugo Yasky, actual secretario general de la CTA, Santiago fue víctima de una desaparición forzosa. “La Gendarmería y el encubrimiento del Gobierno nacional forman parte de la trama que más temprano que tarde va a terminar de explicar qué ocurrió con Santiago Maldonado”.
Néstor Pitrola, del Partido Obrero, coincide en la responsabilidad del Estado ante este hecho. “Pasaron 90 días de un crimen de estado y aún no hay esclarecimiento de los hechos. Santiago es un manifestante que fue muerto en ocasión de una represión de Gendarmería. Vamos a luchar hasta el final para que paguen las cuentas la Gendarmería y el Gabinete nacional”
«Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz”, sostuvo Sergio Maldonado.
ATE, en tanto, fue unos de los gremios que tuvo una fuerte presencia en la movilización. Su Secretario General de la seccional Capital, Daniel “El Tano” Catalano, manifestó que “la responsabilidad ejecutora es de la Gendarmería y que hay una responsabilidad política que es del Gobierno nacional, así que venimos a la plaza a reclamar justicia”.
Al cierre de su discurso. Sergio Maldonado agradeció a todos los que acompañaron a su familia en estos tres meses y prometió luchar cada día hasta que se sepa la verdad.“Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz” sostuvo. Mientras tanto, se siguen esperando los resultados de la autopsia para continuar con la investigación.
Actualizado 02/11/2017
Oct 3, 2017 | Comunidad, inicio
Por la peatonal pergaminense caminan policías rumbo a “la Primera”. Dejan sus autos a un par de cuadras, llegan en transporte público o caminando. Son las 16:30 del lunes 2 de octubre y en una hora se inicia una marcha en la plaza para reclamar justicia por los siete jóvenes masacrados. Los policías arman dos vallas en las esquinas contiguas a la seccional mientras fuman, dialogan y se ríen.
Madres, padres, amigos, hermanas, hermanos, parejas, hijos, nietos, abuelos y grupos de jóvenes llegan a la Plaza Merced, a una cuadra del lugar de la masacre en la que murieron siete jóvenes detenidos tras el incendio de la Comisaría 1º de Pergamino, el pasado 2 de marzo. Con la Iglesia Merced y el Palacio Municipal como testigos, la columna empieza a tomar forma. Unos 70 carteles sostenidos por palos, colgados del cuello o colocados en las mochilas piden justicia, no olvidar y Nunca Más.
Silvia, madre de Fernando Latorre, uno de los fallecidos, afirma que “la gente de Pergamino no tiene conciencia de las cosas que pasan. Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, se lamenta y agrega: “Hay muchos que juzgan por el lugar en el que los chicos estaban (la comisaría). No decimos que sean inocentes, pero estaban al cuidado del Estado y queremos justicia por eso”.
La multitud permanece allí media hora exigiendo castigo a los culpables. “No es un policía, es toda la institución”, sostienen y el bombo que acompaña la marcha se escucha cada vez más alto. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio lindero a la comisaría, una mujer de camisón se asoma al balcón, mira, vuelve a entrar y cierra con fuerza la puerta ventana. Los transeúntes que “pasean” por el centro, al toparse con la manifestación, pegan la vuelta o apuran el paso hasta cruzar la concentración. Un hombre de unos 60 años sale del bar de la esquina, observa la escena con el ceño fruncido, niega con la cabeza, se mete de nuevo en el bar, se sienta de espaldas a la calle y pide un café.
A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“¡Mamá, vení rápido porque nos mata la policía!”, “Hagan quilombo porque nos matan”, los mensajes de texto que los chicos enviaron aquel 2 de marzo todavía resuenan en el corazón de sus madres, que los recibieron. La prima de Fernando Latorre, Ludmila Díaz, apunta al accionar de la policía: “Eran personas y los dejaron morirse, estaban afuera sintiendo los gritos de dolor, sintiendo cómo se quemaban, la peor manera en la que puede morir un ser humano”. Silvia, la mamá, se refiere al maltrato que padecen desde el primer momento: “Los canales nacionales estaban dando los nombres de nuestros chicos antes que nos enteremos nosotros”. Y también culpa a la Bonaerense: “Las pericias muestran que el incendio se inició en el pasillo, no en las celdas. Pasaron 40 minutos hasta que se dio aviso a los bomberos y no desde la comisaría. Lo que pasó en ese tiempo muestra su intencionalidad. Obstruyeron a los bomberos diciendo que habían perdido las llaves de las celdas con las que previamente las habían cerrado, incluso las que debían permanecer abiertas. Como mínimo podrían haberles habilitado el agua de las duchas de las celdas y no lo hicieron, por eso los cuerpos se encontraron todos amontonados en el baño”.
Del otro lado de las vallas, los familiares de las víctimas obtienen lo mismo que les ha dado el Poder Judicial y la Gobernación durante estos siete meses: silencio e indiferencia. Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, acusa directamente al Estado: “Tiene una intención claramente marcada respecto a las fuerzas de seguridad que a una la lleva a pensar en la época de la dictadura. Cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil algunos policías dijeron: `Acá hacen falta 15 gatillos fáciles más´. Esto lo único que genera es dolor y miedo porque sé que mis hijos y mis nietos están en peligro”. Y, en referencia al presidente Mauricio Macri, remata: “Habla de paz y pretende construirla con gente violenta en las calles”.
La marcha continúa hasta la avenida principal. Durante el trayecto, de la misma manera que la policía miraba de afuera cuando los siete pibes morían calcinados, los comerciantes y vecinos miran la escena, sin siquiera un aplauso o una palabra de aliento a las familias. Al llegar a la avenida, un hombre en moto quiere cruzar a través de la gente pero una joven lo frena para que no provoque un incidente. El motociclista, actuando indignación, protesta: “¿Te molesta que quiera pasar? ¡A mí también me molestan ustedes!”
«Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, dijo Silvia, madre de una de las víctimas.
Quizás para exorcizar el humo y el fuego que siete meses atrás se llevaron la vida de los siete pibes, que esperaban su condena alojados en condiciones infrahumanas, unas 40 antorchas se encienden y los manifestantes preguntan “¿Dónde está?” No preguntan por Santiago Maldonado –cuyo rostro los acompaña en carteles, pines y remeras–, sino por el principal responsable de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, prófugo hace más de seis meses.
Sobre la vereda, un padre sale de la mano con su hijo de una juguetería con una bolsa y un paquete en la mano. Se quedan parados un momento hasta que pasa la gente para retirar su auto estacionado. En la vidriera del comercio se ofrece un “kit de policía” compuesto por pistola, esposas, walkie talkie, gorra y garrote.
Al llegar a la Plaza 9 de Julio, la marcha se detiene y los familiares aprovechan para decir las últimas palabras e invitar a hablar a otras personas. La primera es Mirna Gómez, mujer de Andrés Núñez, uno de los primeros casos de gatillo fácil, allá por 1990. Recién este año comenzará el juicio oral al comisario Luis Raúl Ponce, acusado del asesinato de Andrés. Ponce estuvo prófugo 22 años. Mirna pide que tengan fuerzas porque “esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”.
Mediante una llamada telefónica, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre en el Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978, sostuvo que “hay que seguir luchando para que la sociedad deje de incorporar el relato policial de `motín´ ante estas masacres”. La última en dirigirse al público fue Andrea Álvarez, quien pidió no olvidar a su hijo Iván Álvarez, fallecido luego de un choque producto de una persecución policial iniciada por la brigada motorizada GAM del Comando de Patrulla, sin motivo determinado. “Basta de las carreras de la muerte contra los chicos, basta de las persecuciones de la policía motorizada”, reclamó.
Mientras el comisario Donza sigue prófugo, el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, le concedió arresto domiciliario a los cinco efectivos imputados que se encontraban detenidos con prisión preventiva: Sergio Rodas, Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Giulietti y César Carrizo.
La resolución fue apelada por el fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los familiares de las víctimas, pero aun así la Cámara de Apelaciones respaldó la decisión del magistrado salvo en un caso. Ahora mismo, los recursos interpuestos por la CPM y la fiscalía se encuentran bajo estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. El argumento de queja es simple: los acusados no pueden estar en sus casas vigilados por sus propios compañeros de fuerza. A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“Esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”, dijo Mirna Gómez , mujer de Andrés Núñez, víctima de gatillo fácil.
Se encendieron 40 antorchas para reclamar la aparición de Alberto Sebastián Donza, principal responsable de la masacre.
Actualizado 4/10/2017
