Foto Archivo ANCCOM: La marcha por el No al UNICABA, en mayo de este año.
El proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad pretende desmantelar prácticas profesionales y pone en riesgo las fuentes de trabajo.
Mirá el video de ANCCOM con imágenes de algunos de los 29 Institutos y Escuelas que están en riesgo:
Todos los gremios universitarios resolvieron no iniciar el segundo cuatrimestre
Los pasillos están vacíos, las aulas con las luces tenues, sin susurros ni voces estridentes. En las entradas, algunos que otros desprevenidos miran alrededor sorprendidos de tanta soledad en fechas donde el bullicio es moneda corriente. Otros comprenden que están más acompañados que otras veces. Porque el alcance de la medida de fuerza esta vez es casi absoluto, como si alumnos, docentes y no docentes se hubieran percatado que la realidad tomó un tinte más oscuro de lo normal. El ajuste presupuestario, las paritarias irrisorias, y el ataque permanente tanto práctico como simbólico a la educación pública en general, y a la educación superior en particular, fueron (y son) el caldo de cultivo para una reacción del ámbito académico pocas veces percibida.
Este año, las universidades recibieron unos 4.000 millones menos de presupuesto, los docentes percibieron apenas un cinco por ciento de aumento y la ejecución presupuestaria en el actual ciclo lectivo aún no llegó al 30 por ciento.
Este año, las universidades recibieron unos 4.000 millones menos de presupuesto
“Aquí el acatamiento del paro es muy alto, y creo que de alguna manera expresa la preocupación general por la situación que estamos atravesando”, expresa Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El descontento de la comunidad universitaria es notorio, por lo que Morgade entiende que el paro sólo es el comienzo de la contienda. “Todo se encamina hacía una movilización en las calles, de esta forma la lucha podría complementarse de una manera más eficaz, ya que el Gobierno no entiende razones. El vaciamiento de las instituciones, en particular de la educación estatal, es uno de sus objetivos.”, dice.
Claudia Baigorria, secretaria de formación de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), asegura que “Alejandro Finocchiaro (Ministro de Educación de la Nación) es el ministro más ausente desde que asumió, a tal punto que nosotros no lo conocemos personalmente, jamás se ha interiorizado en las problemáticas de las universidades nacionales ni convocado a los gremios docentes universitarios ni preuniversitarios para conocer nuestras dificultades”. Y Carlos De Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que tras la marcha multitudinaria al Palacio Pizzurno realizada el 7 de agosto, Finocchiaro por primera vez se comprometió a recibir a los gremios para tratar el tema salarial. “Es un triunfo de la movilización”, sostuvo el líder sindical.
Esta semana el silencio de los edificios es directamente proporcional al sonido intenso del reclamo en las calles
La multiplicidad de obstáculos para el funcionamiento idóneo de la educación superior no solo es consecuencia de la negligencia gubernamental, sino también de un bombardeo, desde distintos ángulos, contra aquel sector. Gabriela Diker, rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento, expresó sus inquietudes a ANCCOM, argumentando que “desde el 2016 se viene sosteniendo una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que tanto para Mauricio Macri como para María Eugenia Vidal, la educación es un gasto más. Quieren instalar la idea de que la universidad es un privilegio para unos pocos, y no un derecho para todos”. Tal vez por eso, esta semana el silencio de los edificios es directamente proporcional al sonido intenso del reclamo en las calles.
El ataque permanente a la educación, es el caldo de cultivo para una reacción del ámbito académico
Si bien la medida de fuerza se originó, en gran parte, debido la paupérrima oferta de aumento salarial emitida por el Gobierno, la situación es mucho más compleja. Antonio Roselló, secretario adjunto de CONADU Histórica, estableció cuatro ejes para abordar el conflicto. “El primer punto es la terrible crisis presupuestaria. El segundo punto es la terrible crisis salarial, somos 190 mil familias que dependen del sueldo universitario para llevar el sustento al hogar. El tercer elemento es la defensa de nuestras jubilaciones, ya que la reforma previsional implementada en diciembre, bajo un marco de represión y violencia institucional, estipuló, entre otras cosas, que los investigadores dejen de percibir el 82% y el 85% móvil una vez retirados de su actividad. Finalmente, queremos poner en relieve que hoy día hay 20 mil docentes ad honorem que no cobran por trabajar”.
La problemática, que atenta contra el normal funcionamiento de las universidades en todo el país, es todavía más grave en el Noroeste argentino. “Nosotros no tenemos dinero ni para la tinta de las impresoras, la quita de recursos lleva varios meses”, detalla el investigador Reynaldo Castro, adjunto de cátedra en el seminario “Memorias de la represión dictatorial y de la violencia política” de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Jujuy (UNJU). “No iniciamos las clases porque, además de la cuestión presupuestaria, aquí también están violentadas las libertades individuales, en abril del año pasado las fuerzas policiales se llevaron a la rastra a dos alumnos de la facultad de Ciencias Agrarias y hace meses que las Fuerzas Armadas están instaladas en las fronteras buscando enemigos internos”, aseguró.
Antonio Roselló estableció 4 ejes; crisis presupuestaria y salarial, defensa de las jubilaciones y reclamo por docentes que continúan trabajando ad honorem.
No inicia el segundo cuatrimestre en las universidades públicas de todo el país. Sorpresivo y no a la vez. La emergencia salarial y presupuestaria llevó a los gremios a tomar una medida de fuerza que no se realiza desde hace muchos años. Aunque la inflación se estime del 30% la propuesta salarial para los docentes continúa siendo de un 15% a pagar en cuotas, sumada -o restada- a un achicamiento del presupuesto universitario que ronda los tres mil millones.
ANCCOM dialogó con Federico Montero, secretario general de FEDUBA; Gabriela Mariño, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Avellaneda; y Octavio “Tato” Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata, para comprender el entramado de este momento crítico. Todos coinciden en que del 6 al 10 de agosto no habrá clases.
“Analizando cuáles son las condiciones económicas y el programa económico al que el gobierno se ha comprometido con el FMI, es muy difícil pensar que este conflicto pueda tener una resolución favorable porque la inflación se disparó, estando muy por encima de las previsiones que teníamos. Y, en paralelo, hay una política de ajuste del gobierno nacional que se expresa muy particularmente sobre el Estado”, explica Montero. En esta línea, más allá de una crisis económica transversal, los entrevistados acuerdan en que la priorización en las negociaciones está con el sector privado. “Hay una lealtad con muchas partes del sector privado donde hay paritarias del orden del 25% y 27%. Ahora hace falta que el Estado también se haga cargo de la inflación que ellos mismos están generando para que haya algún acompañamiento salarial de este despilfarro en términos de política económica”, explica Miloni.
Por más que el reclamo salarial es lo urgente, los sindicatos también demandan, desde hace cinco cuatrimestres, la irrenunciable defensa del sistema de educación superior público. “También defendemos los puestos de trabajo, luchamos por la apertura de paritaria de los trabajadores no docentes, vamos por la implementación de un sistema de becas para la permanencia de los estudiantes y por un aumento del presupuesto universitario”, explica Mariño.
El presupuesto es uno de los frentes más preocupantes, ya que hubo diez universidades nacionales que han declarado emergencia presupuestaria, expresando que quizás no pueden sostener su funcionamiento hasta fin de año. Hay un caso que es extremo, el de la Universidad Arturo Jauretche, por la que hay una seria preocupación sobre sus posibilidades de cursada. “Esta universidad tiene gastos corrientes y de funcionamiento que no le da capacidad de espera. Por eso, el 13 de agosto habrá un abrazo a la universidad, y vamos a ser solidarios para participar junto con nuestros compañeros y compañeras. No es así el caso de la Universidad de La Plata porque tiene otros recursos, y respaldo para sostener adversidades de estas características”, argumenta Miloni. ”Lo que sostenemos los docentes es que todas las cosas van de la mano, no hay aumento del presupuesto si antes no hay uno paritario para los y las docentes”, agrega Mariño, explicando que la paritaria docente es la base sobre la que se construye todo lo demás.
En las universidades llamadas del Bicentenario, las creadas en la década kirchnerista, la situación se agrava muchísimo, porque frenar las obras de infraestructura en instituciones que están creciendo es letal, según lo que explica Mariño con conocimiento de causa por ser parte de la Universidad Nacional de Avellaneda. “Tenemos carreras que están en su tercer año como Arquitectura y en su cuarto como Abogacía, y todavía nos quedan dos años por armar con una matrícula de docentes que están todavía cursando el tercer año de la carrera. Frenar planes de infraestructura, congelar plantas docentes, claramente dificulta el funcionamiento de universidades como la nuestra”, explica Mariño. Por estas razones, en esta comunidad universitaria se están movilizando y se declaran en estado de alerta reuniéndose todos los viernes de manera interclaustro: estudiantes, no docentes y graduados y graduadas; “El 21 de agosto vamos a hacer una gran jornada de lucha con toda la comunidad de la UNDAV y con la comunidad de Avellaneda, porque una de las características de nuestras universidades es que las organizaciones del territorio forman parte de la comunidad universitaria”, concluye Mariño.
Las distintas universidades no tienen la misma fecha de comienzo de clases, por lo que es complejo en cuestiones operativas, organizar una medida de fuerza en paralelo en la totalidad del país. ”Para hacerlo junto a todas las universidades del país, ese no inicio será a partir del 6 y hasta el 10 de agosto. Y luego vamos a hacer un Consejo Directivo de CONADU para evaluar los pasos a seguir, ver cómo fue la respuesta de nuestros compañeros y compañeras para el sostenimiento de una medida que es muy extrema, muy contundente”, explica Miloni. Lo determinante sobre las futuras decisiones es que el Ministerio de Educación abra el diálogo y les presente una propuesta superadora, lo que parece muy difícil teniendo en cuenta las experiencias que se vienen llevando a cabo. “Por supuesto que si el gobierno nacional decidiera reabrir la paritaria nacional docente la discusión se encausaría. De ninguna manera está cerrada por una mala actitud de los sindicatos. El que desconoce el escenario de paritaria nacional es el mismo gobierno, no nosotros”, expresa de forma contundente Mariño.
Para atravesar este camino con un enemigo tan fortalecido enfrente, la unión sindical -a pesar de sus diferencias- es una de las herramientas más punzantes que tienen las y los docentes. “Venimos construyendo muchos gestos que revierten un camino de fragmentación de los docentes universitarios de muchos años, que tampoco es fácil pero ha ido creciendo el nivel de conciencia de los compañeros y compañeras de los distintos gremios: lo que tenemos enfrente está más allá de los distintos matices de su caracterización”, explica Montero.
La unidad en la acción, especulan, permitirá medidas más contundentes. “Lo que está claro es que nos encontramos en la pelea cotidiana en cada uno de los lugares con las otras agrupaciones gremiales y valoramos eso. Tenemos la misma pelea por delante. En todo caso, lo que podemos discutir, los matices que tengamos de la etapa anterior, no nos impiden que podamos actuar juntos. Porque la unidad no es que no haya diferencias sino que, habiendo diferencias y respetándolas, igual podamos actuar juntos. Ese es un aprendizaje que se está llevando adelante”, concluye Miloni.
El futuro es incierto. Así y todo, los tres entrevistados afirman que más allá del cerco mediático y el desmerecimiento de la educación pública por parte del gobierno, por sobre todo de la educación superior, ésta tiene un gran prestigio social y es una luchadora incansable que no fue derrotada en la década neoliberal de los 90 y tampoco va a serlo ahora. La ventana de posibilidades está en la fuerza de los sindicatos, en su historia y su legitimidad social. “Según los números que manejamos la matrícula universitaria pública es del 80%, nada indica que la sociedad apueste allí a lo privado”, concluye Mariño.
Los estudiantes de séptimo año del Instituto Industrial Pablo Tavelli reparten estufas solidarias realizadas por ellos en uno de los talleres curriculares.
Detrás de un cálido tweet los estudiantes de séptimo año del Instituto Industrial Pablo Tavelli reparten estufas solidarias realizadas por ellos en uno de los talleres curriculares con el objetivo de acercar un manto de calor a la población del sur de Mar del Plata.
El colegio pertenece a la Obra Don Orione que desde sus comienzos está comprometida con las comunidades más vulnerables de la zona y hace de la solidaridad un valor de aprendizaje en acción. Esta vez propuso construir estufas solidarias para familias del barrio El Basural.
El proyecto surgió a partir de un problema eléctrico que necesitaba solucionar la población local con un horno de cerámica que usan en sus microemprendimientos.
“Cuando volvimos (del barrio) quedamos conmovidos por la forma en que están viviendo y sentimos la necesidad de hacer algo por ellos”, cuenta a ANCCOM el profesor Fabio Braghette.
Pocos días después, el docente y arquitecto Marcos Teijeiro propuso al cuerpo de profesores la idea de construir una estufa con masa térmica, que, en dialogo con los alumnos del séptimo año, se ejecutó a lo largo de las clases.
Los alumnos fabrican estufas sencillas, eficaces, económicas y de fácil replicación.
Los destinatarios de la iniciativa son familias puntuales de las comunidades de El Basural que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. El colegio, a través de la obra Don Orione, se hace presente en dichas comunidades con actividades que van desde la donación de alimentos o vestimenta hasta las instalaciones eléctricas en casas. “Esta vez propuso algo diferente para combatir este frio”, contó a ANCCOM un alumno del colegio.
El desafío de los alumnos constaba en encontrar una manera de hacer una estufa sencilla, eficaz y económica y de fácil replicación para que esos planos se solidaricen en las redes y puedan ser realizados por otras personas e incluso mejorados.
El alcance y visibilidad que alcanzó en las redes demuestra cómo el trabajo de todos puede ayudar a muchos. “Subimos planos e instructivos de armado para que cualquier persona que necesite hacer una copia pueda replicarla con un costo muy bajo y con pocos conocimientos”, comentó el profesor.
Además de permitir que los prototipos de las estufas fuera mejorando, esta propuesta interpela a los estudiantes a trabajar con la realidad del otro. Y en este caso en particular, llevando a muchos hogares un manto de calor entre tanta frialdad.
El único instituto de derechos humanos de la región atraviesa un grave presente desde el funcionamiento de la nueva gestión interventora. Al vaciamiento del contenido pedagógico, la quita de recursos y las deudas con el equipo docente, se le suman 36 despidos: 29 docentes de Trabajo Social, dos por Derecho, tres por Historia y dos por Comunicación, las cuatro carreras que ofrece el IUNMA. La lucha gremial posibilitó la reincorporación de algunos profesores, pero aún quedan muchos conflictos abiertos.
La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo nació en el año 2000 con la intención de apostar por la educación popular, latinoamericana y transformadora. En 2014, la Ley Nº 26995 formalizó su funcionamiento y se convirtió entonces en el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (IUNMa). Con la asunción del Gobierno de Cambiemos fue intervenido por la gestión del Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano
Florencia Greco es politóloga, doctora en Ciencias Sociales, y secretaria general de ADIUNMa, el gremio docente de la Universidad de las Madres. Así relata sus inicios: “Comencé mi actividad en abril de 2010 como docente de la Carrera de Historia. Desde el comienzo me sentí muy cómoda dando clases, pude combinar las dos cosas que más me apasionan: mi interés por la historia argentina y mi pasión por la política. Desde una perspectiva anclada en la educación popular, nuestra práctica educativa es desde siempre una práctica para la liberación”.
La Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo existe desde el año 2000.
Alejandro Estévez es padre de tres hijos y psicólogo recibido en la UBA hace más de 25 años. Como tantos otros, llegó seducido por la historia de lucha y compromiso de las Madres: “El proyecto de la universidad me parece interesante, es audaz. Trabajé y milité muchos años en distintos lugares, y a su vez tengo amigos que son nietos recuperados y están en HIJOS”, comenta.
Belén Sarubbi es la presidenta del Centro de Estudiantes desde noviembre de 2016 por la agrupación Colectivo de Estudiantes. Llegó al instituto en 2010, su padre estaba estudiando allí la Carrera de Historia y se la recomendó. “Fue entonces que vi el programa de Derecho y me pareció muy interesante, y entendí que podía anexarse tranquilamente a mi profesión de periodista, que era mi formación original”, explica.
Futuro por pasado
Las elecciones presidenciales de 2015 interrumpieron un proceso de construcción que, con altibajos, avanzaba. “Al cambiar radicalmente el proyecto de país en el que se enmarcaban la educación y la universidad pública en general, nuestra universidad padeció como pocas los efectos de las políticas regresivas que comenzaron a aplicarse, lo que implicó la reducción de nuestro presupuesto en casi un 80%”, enfatiza Greco.
Si bien la institución no fue cerrada (tampoco sería fácil hacerlo), se comenzó a gestar un verdadero proceso de vaciamiento producto de la quita de recursos, la inexistencia de un edificio apto para dar clases y el atraso con los pagos docentes. La situación culminó con el pedido de renuncia por parte del gobierno de Cambiemos del anterior rector organizador, Germán Ibáñez, designado en su momento por Hebe de Bonafini. En su lugar fue designado el actual rector, Javier Buján, ex interventor del INADI.
Greco sostiene que “si bien la comunidad educativa del IUNMA resistió la intervención desde el primer momento, lo que derivó en un largo mes de toma de las instalaciones ubicadas en 25 de Mayo 552 (ex Secretaría de Derechos Humanos), no nos quedó otro remedio que aceptar bajo protesta la designación de Buján debido a que como el proceso de institucionalización no fue finalizado por el anterior rector, es el Ejecutivo quien tiene la potestad de elección de la autoridad máxima de la institución”.
Juan Francisco Martinez Peria es abogado y doctor en Historia. Está vinculado con la universidad desde 2003, en principio fue estudiante y ahora es docente y delegado. Recuerda que “efectivamente se intentó resistir a esa intervención, pero fue en vano. En ese momento se realizó un acuerdo donde se prometieron muchas cosas, pero al poco tiempo se notó que todo era mentira. Así desgastaron a los directores de carrera que fueron renunciando, no pagaron las deudas que tenían en la mayoría de los casos, empezaron una persecución judicial contra el ex rector… lentamente empezaron a buscar también la forma de desgastar a docentes y estudiantes para que se fueran yendo”.
Durante este último verano, decidieron de manera abrupta expulsar a 36 docentes, entre ellos Martinez Peria. Estaba a cargo de 4 materias en IUNMa: Historia Argentina I, Historia Argentina General, Historia del Pensamiento Latinoamericano y Teoría de la Historia. “Fue una situación muy fea que tuve que vivir, injusta, en la cual no tuve reconocimiento de ningún tipo a pesar de estar allí durante varios años”, asegura con pesadumbre.
«Nuestra experiencia educativa es una práctica para la liberación», dice Florencia Greco, secretaria general de ADIUNMA.
El delito de pintar pañuelos
A excepción de la promesa del nuevo edificio (para este ciclo lectivo se consiguió agregar a la sede de 25 de Mayo 552, una nueva en Av. Pueyrredón 19, en el barrio de Balvanera), el resto de los puntos acordados con la gestión se incumplen de modo sistemático.
Un hecho grave sucedió luego de que los estudiantes pintaran pañuelos blancos, símbolo de su identidad como instituto, y las autoridades los amenazaran con un juicio y con dejar de darles clases, llamando “hechos vandálicos” a la acción artístico-política. Greco asegura que “en respuesta a esta clara persecución a nuestra identidad y a la memoria de nuestro pueblo, simbolizada en los pañuelos, colgamos por ambas sedes guirnaldas de pañuelos blancos, que obviamente también fueron quitadas”.
El contexto universitario, además, no es favorable. Las autoridades del Ministerio de Educación se niegan a cerrar un acuerdo paritario que vaya más allá del 15% y sin cláusula gatillo . “ADIUNMA no sólo pide que los salarios no se sigan degradando, sino que exige el inmediato pago de los sueldos adeudados y, por supuesto, poner fin a la precarización laboral que nos atraviesa, con el 100% del plantel docente en negro y con la amenaza de ser despedidos cuando el rector así lo desee”, afirma Greco.
Para el cierre, Sarubbi deja una reflexión: “Actualmente emprendemos una lucha continua por la reivindicación de la identidad como estudiantes de derechos humanos y que no nos transformemos en un profesional más que sale de la universidad pública al servicio de la burguesía”.
