Qué pasó con los derechos humanos en la pandemia
POST, el nuevo libro presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), presenta un recorrido sobre lo que el año 2020 hizo con nosotros. Desde una perspectiva de derechos humanos, POST invita a repensar las problemáticas que se vieron incrementadas por la pandemia.
Marcela Perelman, directora del Área de Investigación y co-editora junto a Ximena Tordini del libro, explica que para el armado se dio un proceso de intercambio en discusiones plenarias de manera virtual sobre problemáticas que estaban observando en pandemia. Siempre manteniendo como eje el cruce de pandemia y derechos humanos. Algunos capítulos tienen una mayor carga de coyuntura que otros, en este sentido Perelman resalta que “de la relación con otros grupos y organizaciones con las que estábamos trabajando para intervenir en esta coyuntura fueron apareciendo temas, que también cruzan distintas de nuestras agendas temáticas. (La ocupación de) Guernica, por ejemplo, es un capítulo sobre un acontecimiento, pero pone en relación cuestiones de hábitat, de represión, de intervención judicial y criminalización. En torno de un acontecimiento se pueden desplegar diferentes perspectivas de derechos humanos”.
La problemática de la vivienda o de la situación habitacional es un eje bastante recurrente a lo largo de distintos capítulos. De lo sucedido en Guernica a los problemas para pagar un alquiler en la zona de Almagro, a la situación habitacional que afectaron a las personas trans, travestis y no binaries; sumándose también los temas de alimentación y empleo que afectan, desde varios ejes, a distintos sectores. “Para nosotros era importante mostrar que algunas problemáticas cuya manifestación más aguda se ve en una situación extrema como la de Guernica no están desconectadas de la situación de otro segmento o sectores sociales. El mercado inmobiliario es uno y cuando analizas los problemas del mercado inmobiliario de sectores medios eso hace que vaya encadenando problemáticas que se observan con mayor crudeza en migrantes, personas trans o personas que alquilan informalmente”, aclara Perelman.
Siguiendo con alimentos, y según se plantea en el capítulo “Nuevo acuerdo popular entre el campo y la ciudad” se expresa que “el eje se corrió de la capacidad de acceso individual a los alimentos a la capacidad estatal y social de garantizarlos». Marcela Perelman explica que, por un lado, hay dificultad para proveer alimentos a la población en este contexto pandémico pero, por otra parte, esas dificultades que derivan de un modelo alimentario concentrado y monopólico pueden observar algunos cambios, quizás hasta de manera positiva. Como lo fue la organización y la dinamización de la agricultura, como se desarrolla en uno de los apartados del capítulo, en la pandemia. “Tanto alimentos como hábitat muestran situaciones que se manifiestan en su forma más cruda para los sectores más empobrecidos pero que son problemáticas muy amplias y extendidas en la sociedad”, agrega.
El libro abarca también temas de salud mental y la dimensión judicial. El acceso a la justicia, no en su totalidad pero en parte, es en lo que en el texto llaman “la máquina rota”. Se trata de zonas del Estado, que no solamente por el contexto de pandemia, sino por sus características generales, no pudieron responder o hacer frente a un año de confinamiento. “En la introducción del texto, titulado ¿Y ahora qué pasa?, como también en la comunicación del libro, hay una frase que dice, al mismo tiempo que se extendían algunos brazos de protección del Estado, otros funcionaban a media máquina o trabados con efectos contrarios a la defensa de derechos humanos”, explica.
Otro tema Interesante en POST es el análisis sobre la situación de encierro para la población en manicomios. Mientras que para muchos el aislamiento propuesto para hacerle frente a la pandemia fue toda una novedad, para esta población es algo habitual. Perelman cuenta que Tres puntos para cambiar la política de salud mental es un capítulo en donde se muestra una problemática más crónica. Si bien se destaca que durante la pandemia se agravó la situación de aislamiento y que a la restricción ambulatoria con la que viven se le sumaron mayores restricciones debido a la prohibición de visitas o la circulación interna en hospitales monovalentes, hay cuestiones que son de orden económico y social. “Hay personas que tienen una internación de muy largo plazo que finalmente no pueden salir de esa internación por no poder resolver su situación económica y habitacional, no necesariamente por una necesidad clínica psiquiátrica” y advierte “se necesitan políticas públicas específicas para ese sector, no puede ser que la población permanezca de forma crónica en hospitales monovalentes porque no pueden resolver la vivienda y entonces permanecen como si tuvieran una necesidad psiquiátrica que además se la va generando”.
La editora del libro comenta que hay algunos hilos que atraviesan los capítulos que tienen que ver con una precariedad social y económica cruzados por nuevas formas de vulneración de derechos particulares. “No es lo mismo lo que le pasa a una mujer internada en un psiquiátrico que lo que le pasa a una mujer trans que no le quieren alquilar la vivienda. Son cosas diferentes, no llegan al mismo punto, pero sus derechos están restringidos por limitaciones que son similares, que son análogas. Te encontrás con problemas estructurales que después tienen manifestaciones específicas según cómo se crucen con la situación particular de distintas personas o de distintos grupos y necesitan respuestas específicas y abordajes particulares”, agrega.
A lo largo del libro podemos encontrarnos con relatos de distintos casos e historias personales a la hora de describir las distintas temáticas planteadas, más allá de las cifras y estadísticas. Sobre esto, Perelman expresa que tiene mucho que ver con cosas profundas que los atraviesan como organización y con repensar el vínculo entre el caso y su dimensión estructural. “Nosotros estamos pensando críticamente en esa relación. Que el caso no aparezca instrumentalizado, que tenga su propio desarrollo, sus propias voces y un acento más intrínseco y personal. Tiene su peso propio y se puede pensar en una dimensión más amplia, pero hay un vínculo que no es el mismo que el tradicional. Creo que eso se ve en la exposición y en la redacción, pero refleja otras discusiones del modo de vinculación del CELS como organización con las personas”.
De todas las problemáticas y limitaciones que ya existían y que se incrementaron durante el 2020, Perelman afirma que ninguna de ellas es una novedad, sino que se agravaron y se tensaron. “No hay revelaciones de la pandemia. Lo que hay son los problemas estructurales tensionados, trenzados, con manifestaciones más crudas. En el caso de alimentos también muestra dinamización de algunas posibilidades, para mostrar algunas cuestiones positivas. La organización en torno a la provisión de alimentos de calidad mostró novedades buenas. Por el lado de la organización social, que no es nueva, se pudo ver el dinamismo de algunas organizaciones sociales. Por ejemplo, en el capítulo de la población trans o en el de alimentos se ve. En el de Guernica también. A pesar del desenlace negativo que tuvo como acontecimiento y como conflicto, mostró un tejido asambleario a lo largo de la toma y la forma de toma de decisiones y de resoluciones que fue muy positiva”.
Hábitat, alimentos, alquiler y deuda, salud mental, violencia institucional, búsquedas y desapariciones, seguridad, democracia, movimientos de derechos humanos, son las temáticas que se nos presentan a lo largo del índice de POST. Perelman señala que de las situaciones y temáticas que se plantean en el libro el tema de la vivienda podría ser central este nuevo año. “El endeudamiento es un rasgo que se agravó en la pandemia y la burbuja que creció entre alquiler y deuda o entre vivienda y deuda me parece un problema de un volumen enorme” y agrega que “atado a la vivienda vos tenés las posibilidades de educación, de trabajo, tenés el proyecto de vida de un hogar. En el capítulo de inquilinos se caracteriza como la “tormenta perfecta”. Ese horizonte está ahí y está claro, es imposible de ignorar. Lo que puede haber ahí es la posibilidad y la voluntad de tomar la política para apostar o morigerar esta situación que es gravísima”.
Sobre los últimos capítulos señala que intentaron escribirlos de la forma más abierta posible. “Son un poco de discusiones internas del movimiento de derechos humanos y que es interesante ponerle atención porque estamos tocando temas que no están muy discutidos. Que son desafiantes. El último, por ejemplo, sobre el lugar del castigo en la lucha de derechos humanos y el de Bolivia. Son discusiones que podrían ser hacia adentro de lo que se llama movimiento de derechos humanos pero que nosotros estamos buscando que tengan una resonancia más amplia. No son de diagnóstico de la situación social, son de otro orden”, cierra.
POST se presenta como una “demanda a las instituciones y los poderes que no estuvieron a la altura, una constatación de la potencia que anida en las organizaciones territoriales y en el activismo de las redes de solidaridad y, también, una invitación a discutir el futuro de los derechos humanos”.
¿La fábrica Campomar fue un centro clandestino de detención?
El 20 de diciembre de 1976 dos soldados vestidos de civiles interceptaron a Antonio Vargas cuando volvía del trabajo. Le pidieron su documento y sin ninguna delicadeza lo metieron en un Chevrolet 400 de color naranja con cuatro puertas y una carrocería baja y rectangular de líneas simétricas.
Una capucha negra tapó sus ojos por la fuerza. Apenas pudo registrar el transporte de adelante: una camioneta del Ejército. Mientras el auto avanzaba, un soldado lo desnudaba. Después de unas pocas cuadras, Vargas y sus secuestradores se bajaron del auto para pisar tierra en un lugar todavía incógnito. La capucha imposibilitaba su visión para evitar cualquier capacidad de reconocer dónde se encontraba. Sin embargo, bajó los ojos hacia el fin de la tela negra que apretaba su cabeza y distinguió unos borceguíes policiales. Minutos después comenzó el simulacro de fusilamiento. Un procedimiento de carácter ficticio que hizo tambalear la existencia de Vargas por unos segundos.
La primera declaración de Antonio Vargas fue en 2011 en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad de la Provincia de Buenos Aires. El 31 de octubre del 2012 se sentó otra vez en el tribunal a contar la misma pesadilla. Después del simulacro de fusilamiento, lo obligaron a subir unas escaleras hasta el salón de la picana. La represión militar durante la última dictadura en Argentina tenía muchas caras. Su principal intervención hacía foco en la generación de un dolor físico inmensurable a través de la aplicación de corriente eléctrica en el cuerpo. Un castigo corporal prolongado.
—Casi me perforan el pene, me pusieron un fierro en el oído y perdí el conocimiento. — declaró Antonio Vargas en 2012. El único medio que lo publicó por entonces en testimonio fue Tres Líneas de La Plata.
Vargas fue trasladado a un lugar que no recuerda, hasta terminar en la Comisaría Tercera de Lanús. Lo que sí recuperó fueron las distancias breves entre cada recorrida. En su testimonio asegura que el lugar de su tortura fue el predio abandonado en dónde se encontraba la fábrica textil Campomar antes de su quiebra. A unas pocas cuadras de la Comisaría Tercera.
El juez Antonio Pacilio insistió en conocer los indicios que llevaban a Vargas a esa idea. Antonio todavía recordaba los ruidos de las máquinas y el apellido de uno de los represores: Moreira, un oficial que prestaba servicio en aquel predio. Antonio Vargas también denunció a tres oficiales de la policía bonaerense que actuaban en la Comisaría Tercera. Lepez, Lamagna y Velázquez fueron sus torturadores, del segundo lugar de reclusión.
El sobreviviente de la dictadura Antonio Vargas declaró que lo llevaron secuestrado a la fábrica Campomar.
Campomar
En el siglo pasado, en Valentín Alsina, partido de Lanús, funcionó una de las fábricas más emblemáticas del conurbano bonaerense. Fundada a finales del siglo XIX por Juan Campomar, albergó en sus años de mayor producción a más de tres mil trabajadores. Don Campomar —como solían conocerlo— y su esposa María Scasso de Campomar, recalaron en la Provincia de Buenos Aires, luego de emigrar al país desde Mallorca, España. Comenzaron un viejo telar que años más tarde se convirtió en una fábrica de casi seis hectáreas sobre la Avenida Remedios de Escalada.
Durante la década del treinta, la fábrica alcanzó su auge mediante la producción de telas y lana, abasteciendo a la demanda local y también a la internacional. Al amanecer, emergía desde la fábrica el sonido de una fuerte sirena. Era hora de levantarse para comenzar la jornada laboral. Elvecindario, que en ese entonces ya era un barrio fabril, acogió a Campomar como su principal fuente de trabajo.
Unos años después, Campomar S.A. expandió su producción y abrió dos nuevas plantas (en Avellaneda y en Belgrano) en donde trabajaron cerca de cinco mil personas. A partir de los años sesenta, la inestabilidad económica que vivía el país inició el declive de la fábrica: se declaró en quiebra en 1972 luego de una estafa acusada por la familia y adjudicada a los hermanos Abraham e Isaac Torres.
La planta de techos altos y ventanales extensos que aún hoy recubren casi todas las paredes, es un punto de referencia para los vecinos del barrio. Sus ambientes gigantes, abandonados y tomados por los pastizales, solo funcionan como un espacio de disputa entre los vecinos, el sector privado y el Estado. Sus techos oxidados pueden verse desde las seis calles con las que tiene intersección el terreno desde la Avenida Remedios de Escalada: Darragueria, Lomas Valentina, Yatay, Valparaíso, Coronel Murguiondo y Armenia.
Sobre la calle Yatay, tres cuadras al norte, se ubica la Comisaría Tercera de Lanús. En las paredes color ladrillo de su entrada un cartel con letras blancas indica: aquí se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado. Desde allí, como desde las demás intersecciones, Campomar se asoma por su gigante estructura, sus rejas altas y sus paredes blancas y resquebrajadas. Casi un siglo después de la fundación de Campomar, la cronología de su historia tiene un vacío marcado. Lo que sucedió después de 1972 hasta el retorno de la democracia, es una incógnita que aún permanece.
La Comisión de Vecinos de Campomar se opuso a que se realice un desarrollo inmobiliario en el predio.
Vecinos
La mañana del martes 26 de junio de 2012 el anuncio del intendente Darío Díaz Pérez encendió las alarmas de los vecinos de Lanús. Un acto daba comienzo a la construcción de dos mil quinientos departamentos en el predio abandonado de Campomar con la inversión de la empresa ElectroIngeniería y el Banco Nación.
Unos meses después, se formó la Comisión de Vecinos por Campomar. Una organización vecinal que pedía la investigación y justicia por los hechos ocurridos años atrás en esos terrenos. “Algo teníamos que hacer con las cosas que sabíamos, porque en las investigaciones y en los organismos de derechos humanos Campomar no existía”, cuenta Juan Ayala, fundador de la Comisión. Los vecinos de Lanús se organizaron bajo una misma causa y recuperaron historias, rumores y el testimonio del sobreviviente Antonio Vargas. En treinta días pasaron de ser cuatro integrantes a 50.
La Defensa, un diario digital del barrio de Lanús, publicó en 2013 el certificado de dominio del predio. En 1976, el terreno fue inscripto en el catastro 4417-Lanús (25) Partida 105249 A, como compra de SEGBA -empresa pública de energía- con hipoteca simultánea a favor de la Financiera AION. Una compra sin subasta ni licitación. Así, Campomar quedó custodiada por personal militar armado. La empresa eléctrica fue disuelta durante la presidencia de Carlos Menem y sus tareas quedaron divididas en tres áreas controladas por EDESUR, EDENOR y EDELAP. En noviembre de 1999, el Secretario de Obras Públicas resolvió la venta directa del inmueble. En el certificado del Registro de la Propiedad del 12 de diciembre del 2000 el inmueble -Campomar- pertenece al Estado. Catorce días después, se operó la venta e hipoteca a favor de la Financiera Raisin S.A. Una empresa constructora que forma parte del Grupo Chateau de la Corporación Puerto Madero. Esta corporación es una empresa estatal regida por el derecho privado comercial.
Desde el cierre de la fábrica hasta 1980, hay testimonios que aseguran haber escuchado gritos y disparos en sus alrededores. Cuando se hacía de noche, aterrizaban helicópteros sobre los escombros abandonados y entraban autos por el portón del frente. Las calles de la fábrica amanecían con los restos de la actividad desconocida que sucedía puertas adentro: ropa sucia y arrugada, con perforaciones de bala.
En 2012, el pedido de investigación de los vecinos fue elevado a la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo presidido en aquel entonces por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. El fin era hacer una presentación formal ante la justicia. El recurso de amparo fue presentado ante La Cámara Federal de Apelaciones Nº 2 de La Plata. Unos días después, bajo el expediente 2692/SU, se ordenó la detención de las obras por un plazo de treinta días y la intervención del Equipo de Antropología Forense (EAAF).
Entre los testimonios de los vecinos se sumó el de una docente de biología ya jubilada. En 1980, Teresa Piccolo realizó una excursión al predio con sus alumnos. La idea era tomar muestras de los materiales que se asomaban entre el barro y los yuyos crecidos, para después analizar en clase. Ese día, dos niños encontraron un cráneo. Un resto humano ya inerte de textura escamosa y un color crema oscurecido con la tierra y el tiempo.
Dentro del plazo dispuesto por la justicia se llevaron a cabo distintas investigaciones. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hizo su intervención en noviembre del 2012. Después de una visita a la fábrica, el equipo dio su respuesta: no parecía un lugar de inhumación de cuerpos. Sin embargo, en ningún centro clandestino reconocido hasta el momento se habían encontrado cadáveres enterrados, solo en el Pozo de Arana, en La Plata.
—En este lugar no se encontró ningún cuerpo porque no era la modalidad habitual de la represión enterrar en centros clandestinos de detención. Se utilizaban los cementerios municipales o los aviones que iban al Río de la Plata. — remarca Luis Fondebrider, presidente del EAAF.
En noviembre de 2012, el Equipo Argentino de Antropología Forense ya había realizado su trabajo. Su labor específica se reduce a las inhumaciones clandestinas, aunque este no haya sido el modus operandi de los asesinatos y desapariciones durante la represión militar. Por eso, el Equipo propuso que para realizar una investigación exhaustiva, era necesario utilizar aparatos de geofísica en zonas acotadas, explica Fondebrider. En consecuencia, Gabriela Domínguez, vecina de la Comisión por Campomar, denunció el 2 de mayo del 2013 ante InfoRegión, un medio de Lanús: “si se están buscando fosas comunes y no las hay, no las vamos a encontrar y entonces vamos a alentar la construcción. Pero eso no es concluyente sobre si esto fue un centro de detención o no”.
En ese momento, el juez Leopoldo Shiffrin tomó declaración a todos los vecinos de la zona. El informe final dictaminó que no se habían encontrado restos humanos enterrados en el terreno, por lo que el tribunal, ante la disidencia del juez Shiffrin, levantó el recurso de amparo por falta de pruebas.
Las vías para la construcción del megaproyecto inmobiliario quedaron otra vez abiertas pese a la apelación de la Comisión Provincial por la Memoria. “Nosotros creíamos que había que seguir indagando, pero para la cámara federal no fue suficiente”, cuenta Sandra Raggio, directora general de ese organismo. De todas formas, las viviendas nunca fueron construidas. “La decisión de no seguir con el proyecto inmobiliario luego de todo este proceso fue puramente económica por parte del banco y la empresa. No tuvo que ver con un logro judicial”, agrega Raggio.
Las obras se paralizaron a finales del 2012 y es al día de hoy, ocho años después, que la Comisión de Vecinos por Campomar sigue pidiendo que la justicia investigue lo ocurrido en ese predio durante la última dictadura: “En su momento, por conveniencias políticas, la investigación quedó parada. Existen múltiples testimonios de vecinos que declararon ante la justicia haber visto cosas: helicópteros, retenes militares, disparos. Lanús es un lugar que ha sido muy golpeado por las dictaduras. Muchos integrantes de alto rango salieron de acá, conocían el lugar a la perfección, los lugares que podían ser funcionales para secuestrar gente, torturarla y matarla”, agrega Raggio.
La dificultad de estudiar estos baldíos tiene que ver con la falta de precisiones, y en realidad, de investigar, se tendrían que investigar todos los baldíos de la Provincia de Buenos Aires, le explicaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense a Juan Ayala.
Circuito Camps
Dos investigaciones en simultáneo: mientras los Vecinos por Campomar se reunían con funcionarios del gobierno de Cristina Fernández para apurar la investigación, el 19 de septiembre de 2012 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata dictó sentencia firme a las condenas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el denominado Circuito Camps. Dieciséis militares fueron condenados a prisión perpetua, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz. Otros siete hombres recibieron sentencias entre veinticinco y doce años de prisión. En las noventa audiencias que duró el proceso judicial salieron a la luz hechos que involucraban a 280 víctimas y a seis de los veintinueve centros clandestinos que se conoce que conformaban el circuito.
“Aquí en la Argentina vivimos una guerra con todas sus características y formalidades. Por supuesto que en el combate hay muertos, hay heridos y hay desaparecidos”, dijo el entonces jefe de la policía federal, Ramon Camps, en una entrevista en 1982 en 60 minutos por el canal ATC. La red de centros clandestinos que funcionó en la Provincia de Buenos Aires entre los años 1976 y 1983 llevaba su nombre. Ramón Camps, era el encargado de decidir el destino de las vidas de los detenidos.
El Circuito Camps tenía sus bases en las dependencias de la Policía de la Provincia y funcionó en al menos nueve partidos del conurbano bonaerense. La Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría 5ta, o el destacamento de Arana son algunos de los centros clandestinos que más desaparecidos cargan en su historia. Cada centro cumplía una función específica dentro del circuito. El funcionamiento en red hacía que los detenidos fueran trasladados de un espacio a otro.
—La particularidad del Circuito Camps es que los lugares que se utilizaron como centros clandestinos de detención eran las propias comisarías de la provincia. Los detenidos eran llevados a brigadas, campamentos, lugares con policías, que además seguían funcionando como tales. Por eso, para las personas que estuvieron secuestradas en estos centros específicos fue más fácil el proceso de identificación visual. — advierte Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad.
La Comisaría Tercera de Lanús es una de las dependencias que la policía provincial utilizó como espacio represivo durante aquellos años. A solo tres cuadras de la ex fábrica Campomar, el característico operativo en red que utilizaba el ejército genera la necesidad de indagar sobre su posible relación. “Las reconstrucciones sobre aquellos lugares que no eran establecimientos oficiales deben hacerse a partir de testimonios de las personas que estuvieron ahí”, explica la abogada Godoy.
Algunos centros clandestinos mantienen hasta el día de hoy sus fachadas, sus entradas y sus puertas. “Siguen siendo bastante parecidos y siguen estando ocupados por la policía o por el ejército», explica Luis Fondebrider. Muchos -ex- centros clandestinos gozan de la impunidad de no ser descubiertos porque los cuerpos asesinados no fueron enterrados en sus cercanías. Entonces, el valor de los testimonios pasa a ser un factor fundamental para el comienzo de una investigación. Sin embargo, a veces insuficiente para el aparato judicial.
“La información sobre centros clandestinos en la Provincia de Buenos Aires se vincula con testimonios de gente que estuvo secuestrada en esos lugares y después salió en libertad y con investigaciones de la justicia”, explica Fondebrider, el presidente del EAAF. Con esa información se definió la existencia de lugares que seguían bajo control oficial. Algunos fueron más grandes y funcionarios varios años. Otros eran únicamente de paso y solo se decidía qué hacer con las personas secuestradas.
Pacto entre caballeros
En la jerga popular un pacto entre caballeros significa un acuerdo informal entre dos hombres. Es un arreglo tácito que implica el beneficio mutuo de los participantes en la medida que el pacto se mantenga. No requiere un contrato legal ni escrito, sino que prepondera la mutua confianza.
A 44 años del último golpe militar en Argentina hay genocidas que murieron antes de ser juzgados. Uno de ellos fue Ramón Camps. Algunos viven los últimos años de su vida en la cárcel o con prisión domiciliaria, y otros descansan sin que sus identidades hayan sido descubiertas. Hay militares genocidas de los que no se conoce la cara ni el nombre. Por eso, la tarea de verdad y justicia no prescribe con los años. Más bien, es un proceso que encuentra sus dificultades en los pactos de silencio y que enuncia sus victorias cuando una familia conoce la verdad sobre un hijo o un nieto desaparecido. Nora Hochbaum, directora del Parque de la Memoria explica: los espacios de memoria contribuyen a la reparación, no solucionan el dolor ni reparan las ausencias. Son lugares donde la sociedad puede encontrar de manera colectiva un espacio que no dé cabida al olvido.
“La verdad es lo que nos falta todavía. Los militares nunca rompieron el pacto de silencio. Nunca dijeron nada. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con los desaparecidos? ¿Qué torturas impartieron? ¿Dónde están los registros de todo lo que hicieron?” se pregunta Hochbaum.
Un plan sistemático de represión implica la existencia de archivos, carpetas, expedientes, listas, y fotografías que organizaron de forma minuciosa el aparato represivo estatal. Todavía existen archivos confidenciales de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, agrega Luis Fondebrider. Los militares borraron sus huellas y escondieron las pruebas que los delataban. Se deshicieron de los cuerpos que mataron y de los lugares en los que actuaron.
Sin embargo, al calor de las exigencias de los organismos de derechos humanos y de la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, surgieron las políticas de memoria, verdad y justicia. En 1983, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y se realizó el Juicio a las Juntas. Más tarde, los Juicios por la Verdad durante la presidencia de Néstor Kirchner fueron el comienzo de más de 600 causas. Cada juicio por los delitos de lesa humanidad, trajo información, más causas, nuevos nombres de desaparecidos y de represores, explica Nora Hochbaum. “Antes la gente no se animaba mucho, pero cuando el Estado hace políticas de derechos humanos, poco a poco eso trae un ejemplo. La gente, familiares, amigos y sobrevivientes dan sus testimonios”, agrega.
El camino de reconstrucción de la historia deja preguntas sin respuesta. En el 2018, murió Luciano Benjamín Menéndez. Uno de los militares que condujo la represión en el Tercer Cuerpo Militar del Ejército y que fue condenado a prisión perpetua en Córdoba. Este hombre, como muchos otros militares, fue vinculado con al menos ciento treinta y nueve causas por delitos de lesa humanidad. Tuvo trece condenas y fue quien rompió el récord de prisiones perpetuas recibidas en la historia argentina.
Menéndez se sentó de manera sucesiva en diferentes tribunales sin exclamar ni una palabra. Llevó consigo un silencio incómodo y absoluto. Una cara sin expresión, sin palabras, sin detalles y sin respuestas. El hombre que pergeñó un pacto de sangre con sus colegas con el objetivo de salvar el honor militar y esconder atrocidades. Con su defunción, surgieron algunas dudas: ¿se rompe, de a poco, el pacto de silencio entre los militares?
Según el Proyecto Desaparecidos, hubo alrededor de 340 centros clandestinos a lo largo y ancho del país. Alrededor, al menos, aunque sea; esos son los números de lo conocido. No son cifras estáticas. Hay secretos militares escondidos bajo sus alfombras y sus lápidas que se enfrentan con una política de derechos humanos que es modelo en el mundo entero.
Es en ese limbo en dónde se encuentra Campomar: entre el pacto inquebrantable entre caballeros y la fuerza de quiénes se organizan todavía para seguir pidiendo memoria, verdad y justicia.
“Hablar de memorias significa siempre hablar de un presente”
“Cuando se dice memoria en singular significa que hay alguien que va a decir lo que se tiene que recordar y pensar, y yo estoy absolutamente en contra de la idea de que eso tiene algo que ver con la democracia”, lanzó Elizabeth Jelin para dar cuenta de su postura sobre el tema. Las memorias son plurales y diversas y se desarrollan en diferentes temporalidades, convirtiéndose en el foco de luchas sociales y políticas. Hablar de una memoria es antidemocrático. “Estoy en contra de todos los fundamentalismos, inclusive los de la memoria”, afirmó con contundencia. Una sociedad democrática permite que todos los grupos tengan el espacio para expresarse y los límites tienen que ver con la violencia, no con la censura o la limitación de la palabra. Jelin agregó: “La noción de democracia implica que hay un adversario, y que éste tiene los mismos derechos que yo en expresarse en la esfera pública”.
En su último libro, La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria social, Jelin dice que hablar de memorias significa siempre hablar de un presente. No se trata tanto del pasado, sino de la manera en que se construye un sentido del pasado, que se actualiza en el presente y también en relación al futuro deseado en los actos de rememorar, olvidar y silenciar. La historia se desarrolla con acontecimientos encadenados unos a otros, y las memorias también. “Lo que es significativo en un momento, puede dejar de serlo después, y a lo que nadie le prestó atención, puede ser importante luego. No hay manera de que podamos prever esto de manera clara, lineal y explícita”, advirtió Jelin. Y es que las memorias nunca son únicas, acabadas y definitivas, sino que, por el contrario, son disputadas, tanto las palabras como los silencios, en los debates políticos e ideológicos de sus épocas.
En este contexto, Jelin habló sobre lo que significaron los juicios a las juntas y la importancia del funcionamiento del aparato institucional: “Me parece importantísimo y central que haya habido juicios a los represores de la Argentina dictatorial, y en ellos, como en toda institucionalidad jurídica, hay un ritual, normas y penas graduadas. Y en algún momento la gente sale de la cárcel. Eso hace a las prácticas democráticas y ciudadanas”. No es un tema que presta a debate ni que debería preocupar, dice Jelin, sino que indica que las instituciones democráticas funcionan y juzgan por casos específicos, no por una especie de ley del más fuerte. “Celebro que funcionen, aún cuando odio la idea de encontrarme a un represor por la calle”, enfatizó. Los juicios van a terminar en algún momento, pero no así las penas, que pueden seguir por mucho más. Jelin cree que gran parte de los represores se morirá antes de las sentencias y entonces, lo que es preocupante es la lentitud de la justicia.
Los silencios, los olvidos y los baches también ocupan un lugar central en las memorias. En su libro, Jelin asegura que lo que el pasado deja son huellas en documentos y papeles y en el mundo simbólico. Estas huellas no constituyen “memoria” hasta que no son evocadas y ubicadas en un marco que les otorgue sentido. La dificultad, entonces, radica no sólo en los pocos registros, sino en los impedimentos para acceder e interpretar esas huellas, ocasionadas a veces por mecanismos de represión y desplazamientos. Los juicios tienen una doble importancia ahí, además de juzgar y condenar según las leyes, también se ocupan de investigar lo que pasó en casos específicos para descubrir lo que sucedió con personas con nombre y apellido. “Va a haber cosas que no se sepan, pasa en todos los ámbitos de la vida. Silencios hay siempre. El asunto es cuando esos silencios son históricos, que impiden conocer. A esta altura, por los juicios, evidencias, materiales de la reconstrucción de los sitios de clandestinidad, por documentos y testimonios, sabemos un montón de cómo funcionó el aparato represivo durante la dictadura”, afirmó Jelin. Quedan huecos, no se sabe qué pasó exactamente con personas específicas, pero se sabe el patrón, lo sistemático. La verdad histórica general está, lo que falta es la verdad “jurídica”, que se maneja a través de casos, porque no se puede condenar en abstracto, sino por crímenes determinados.
“La democracia implica libertad de palabra y de escucha”, afirmó Jelin. Libertad para escuchar diferentes voces y para expresarlas, donde toda censura es una limitación a los procesos democráticos. “La experiencia indica que prohibir ciertos discursos, llamados negacionistas, no garantiza nada. En cambio, en Alemania, Italia, España y Francia, los grupos de derecha están más fuertes que nunca. Muchos nos preguntamos si hay un efecto boomerang”, teorizó. En Argentina los discursos que relativizan la violencia de la dictadura no son negacionistas. No niegan lo que sucedió, sino que lo justifican o lo relativizan. “Si alguien sale a decir que no hubo vuelos de la muerte y se le prohíbe decirlo, ¿qué va a hacer? Lo va a gritar más fuerte”, explicó y puso un ejemplo: “Hace unos días vi una nota del que, para muchos, es el emblema de lo que llaman negacionismo, Darío Lopérfido. Decía lo mismo de siempre, que los derechos humanos son un curro. Si se le hubiese prohibido publicar eso, hubiese salido gritando y sería un escándalo. En cambio, así, pasó desapercibido”. El problema con la discusión sobre el negacionismo es que no se sabe claramente qué se dice cuando se habla del término. Es una zona gris de malentendidos, según la autora.
Los temas que más le preocupan hoy a Jelin están lejos del negacionismo y tienen que ver con los derechos humanos. A casi cuarenta años de la transición democrática, la noción sigue estando restringida a la dictadura. “A mí me preocupa muchísimo los chicos wichis que se mueren de hambre, la desnutrición, los femicidios, las violencias extremas que vivimos hoy y que también son parte de la historia”, relató. Las marchas feministas, como la del 8M, estuvieron vinculadas a temas de género y fue de una magnitud enorme que afecta a lo que se vive hoy. “Si tenemos instituciones que se preocupan por los derechos humanos, necesitamos políticas activas que tengan que ver con estas preocupaciones actuales”, insistió.
Hay continuidades con el pasado (el pañuelo verde y el blanco), desplazamientos de actores que han mutado (Nora Cortiñas en el escenario de la marcha del 8M), pero los dramas actuales son otros. Las muertes de mujeres por violencia de género, más de 70 en lo que va del 2020, embarazos no deseados, discriminación de diversidades sexuales, y más, son cosas que atañen a los derechos de las personas. “Por suerte tenemos una población que sabe movilizarse”, recalcó Jelin, aunque advirtió que pocas veces tiene resultados inmediatos y efectivos, y que sin embargo, hay que persistir. “La campaña del aborto tiene más de veinte años y recién hace uno se autorizó el debate”.
También hay otro debate que tiene que ver con el espacio público y de quién es, que se pone en juego cuando hay grafitis y pintadas, sobre todo de los movimientos sociales y feministas cuando marchan. “Siempre un derecho entra en colisión con otro. El debate se ve más claro con los piqueteros, que tienen su derecho a protestar, y los que reclaman su derecho a circular libremente”, mencionó. Los conflictos del espacio público se pueden poner en términos de comodidades cotidianas, por ejemplo un vecino escuchando música muy fuerte, o en términos de disputas políticas, que aparece en las marchas, las campañas electorales donde los partidos pegan sus carteles unos encima de otros. “Si el espacio es público, es para todos y todas”, concluyó.
“Mucha gente piensa que hay una pedagogía de la memoria, que hay que transmitir lo que ellos creen que hay que transmitir”, afirmó Jelin. Lo que cuestiona la socióloga no son los mecanismos pedagógicos, o los debates que plantean cómo enseñar la historia; sino la idea de que enseñar o decir algo va a llevar inexorablemente a que la gente sienta y piense eso. “Se pueden dar herramientas, que es lo que se hace en una sociedad democrática, para pensar: películas, ejercicios o visitas, pero cómo se apropia la nueva generación de esas herramientas es incierto y nada lo garantiza”. No habría una linealidad que indique que los chicos en las escuelas van pensar lo que sus maestros les enseñen, y esto se ve, para Jelin, en los casos europeos, como Italia, donde los jóvenes han sido educados desde la posguerra y sin embargo, el fascismo crece de una manera enorme. “Esa es una preocupación muy grande, quiero saber qué es lo que pasó como para que todo un período histórico democrático termine con tal crecimiento de las fuerzas de derecha”, finalizó.
“Los derechos humanos deben ser una expresión activa y comprometida”
Unas 1500 personas participaron virtualmente del 4to. Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó el sábado 7 de noviembre. De las once mesas de debate conformadas por juristas, sociólogos y referentes sociales, las que tuvieron más convocatoria fueron las que analizaban la violencia institucional, los juicios de lesa humanidad e identidades, según informaron los organizadores.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, destacó que este espacio fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri “en contraposición al Consejo Federal de Derechos Humanos del neoliberalismo”, en un momento en el cual «no se podían articular políticas». El funcionario subrayó que es imperioso “recuperar los estándares de derechos humanos que tenía la Argentina. Este encuentro recupera una necesidad impostergable de poner al federalismo en primer plano», afirmó.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Otra de las intervenciones en la apertura estuvo a cargo de Nayla Bosch, secretaria de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, quien sostuvo que la generación de la que es parte, la “de las nietas”, está completamente atravesada por los feminismos. “Es algo que nos constituye: sabemos que no hay política de derechos humanos sin política de género”. La socióloga Dora Barrancos, retomó las palabras de Bosch para celebrar los avances en materia de políticas de género y equidad como el Plan Nacional contra las violencias con motivos de género y el programa Acompañar. Éste último otorga una prestación económica a mujeres y disidencias para cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias, al mismo tiempo que intenta fortalecer las redes de acompañamiento.
Dora Barrancos.
Sin embargo, Barrancos advirtió que “no se ganaría mucho con el plan sino hacemos una reconstrucción rigurosa de la justicia en este país. Uno de los problemas fundamentales está en la actual organización y administración de la justicia. No es novedad que el sistema judicial está en crisis”. En referencia a la deuda que mantiene el actual gobierno con el tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –cuyo envío al parlamento se anunció el lunes pasado–, recalcó la necesidad de que sea ley: “Necesitamos que este derecho sea conquistado porque se trata de resolver la autonomía fundamental de las personas gestantes. No puede haber derechos humanos consagrados en plenitud sin esta imposibilidad de autodeterminación”, aseguró.
Otro tema preocupante, reflejado en el Encuentro, es el aumento de la violencia institucional durante la pandemia. Según un informe realizado por Amnistía Internacional se registraron alrededor de 30 casos de maltrato policial. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reflexionó al respecto: “El neoliberalismo va totalmente a contramano de los derechos humanos y por eso cualquier cosa que hagamos para contener la violencia institucional va a ser mostrada como que estamos protegiendo delincuentes”, expresó. “Nos encontramos ante un fenómeno de reproducción de violencia y del delito –añadió–. En una sociedad donde un 30 por ciento están incluidos y un 70 por ciento excluidos, el delito es funcional porque mientras los barrios precarios reclaman más inclusión y se pelean entre ellos, se debilita el sentimiento de comunidad: no hay organización, ni resistencia. El control de la exclusión que se hace en América latina es a través de la introducción de contradicciones”.
La situación carcelaria también fue objeto de debate debido a las voces de alarma sobre la violencia penitenciaria durante el aislamiento, de hecho la semana pasada se vivieron motines en distintos penales de la provincia de Buenos Aires. Si bien el reclamo principal estaba orientado a la reanudación de visitas, el conflicto se desató a raíz de un cúmulo de demandas sin atender. Zaffaroni se refirió a la superpoblación en las prisiones y a las condiciones en que se encuentran en toda la región, que generan un orden interno en el que comienzan a jugar lógicas criminalidad y reducción a servidumbre.
Estela de Carlotto.
Al cierre del encuentro, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó la importancia que los derechos humanos no deben ser sólo una palabra sino una expresión activa y comprometida que involucre otros derechos: a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación y a vivir dignamente. “Debemos asegurarle esto a las personas que hoy son pobres en este país tan rico. Las Abuelas tenemos experiencia y nos ofrecemos para todo aquello que sea necesario participar colectivamente”, concluyó.