Acusado de cometer crímenes de lesa humanidad y prófugo de la justicia argentina, Teodoro Gauto vive en Haifa, al norte de Israel, bajo el nombre de Yossef Karmel. A pesar de las denuncias del periodista argentino Sergio Shlomo Slutzky en 2015 y de una orden de captura emitida por la Interpol, el exintegrante del centro clandestino platense “La Cacha” goza de plena ciudadanía en el país que aún se niega a extraditarlo.
En febrero del año 2003, Gauto y su familia se instalaron en Israel gracias a las posibilidades migratorias que el país ofrece a través de su Ley de Retorno. Esta legislación otorga ciudadanía a los miembros de la comunidad judía dispersos por el mundo en necesidad de residencia. Sin embargo, la falta de investigación sobre el pasado de Gauto llevó a que recibiera ciudadanía y ayuda económica del Estado a pesar de las acusaciones que lo comprometen.
Mientras sus compañeros son juzgados y condenados en el juicio por el CDC «La cacha», Anibal Gauto disfruta de su libertad.
“A principios del 2011, a medida que avanzaban los juicios contra las personas implicadas en La Cacha se pidió interrogarlo y se dieron cuenta que él no estaba en Argentina”, explica a ANCCOM el periodista argentino radicado en Israel Shlomo Slutzky. Su familiaridad con la causa yace en el pedido de justicia por su primo, el médico Samuel Slutzky, que fue, según testigos, torturado en el centro clandestino en el que Gauto trabajó. Samuel aún permanece desaparecido.
Cuando Slutzky descubrió que uno de los acusados y potenciales responsables del destino de su primo vivía a kilómetros de él con una nueva identidad, decidió contratar a alguien para investigarlo. El fruto de sus averiguaciones derivó en una nota que se emitió en el programa Mabat Sheni el 19 de febrero de 2015 en la televisión local israelí. En el programa, Gauto reconoce –con ciertos matices- que integró el Batallón de Inteligencia 601.
Si bien intenta minimizar su accionar al aclarar que su trabajo se reducía a confeccionar carpetas con datos, esta información significaba una “sentencia de muerte” para quien estuviera en esa lista, según Slutzky. “No tengo ni tuve ideología”, niega Gauto en la entrevista telefónica que concedió al periodista. “Tenía 20 años, me interesaba tener el auto nuevo, la pilcha nueva y esas boludeces. Por eso entré a trabajar ahí”.
En la misma conversación telefónica, Gauto confiesa: «Mientras yo esté en este país y medianamente pueda estirar el tema, es decir, jugar con el tema de que no hay extradición, seguiré acá. Si yo voy a Argentina y me presento me van a encerrar en un calabozo y yo, obviamente, no estoy preparado para eso».
Esta especulación nace de una paradoja burocrática que entorpece la quita de ciudadanía del argentino prófugo. Al respecto, Slutzky aclara que “el problema es que no hay acuerdos de extradición entre los países. Desde el Ministerio de Justicia me explicaron que si fuese requerido para ser juzgado, Israel lo entregaría. Pero ahí está lo que yo llamo La trampa Gauto: en Argentina no puede llevarse a juicio a alguien que no fue investigado previamente”.
Esto permitió a Gauto vivir en libertad por 14 años y, bajo su nueva identidad, entablar relaciones en Israel al ocultar su pasado. Un ejemplo de estas relaciones es el de Ricardo Jramoy, que en la nota producida por Slutzky explica: “Hablábamos de nuestro pasado en Argentina y nuestras historias pero siempre hasta ahí. Entonces me daba sospecha”.
Slutzky lidera la batalla pública y judicial para quitarle a Gauto la ciudadana ganada por engaño y extraditarlo a Argentina.
A su vez, Shlomo Slutzky descubrió otro crimen que compromete al ex oficinista de “La Cacha”: “Descubrí, además, que fuera de las cuestiones de Derechos Humanos, Gauto se venía escapando de una orden de captura por estafa al BCRA desde 1998”. Al pasar por alto este dato, Israel desacató la orden de captura que emitió Interpol en el 2003 a causa de la defraudación de fondos efectuada por Gauto.
Si bien este pedido caducó en el año 2009, es otra prueba de la ilegalidad de la que el represor se valió para ingresar a Israel. Dicha situación irregular fue reconocida una vez que Slutzky elevó el reclamo a la Suprema Corte de Justicia, apelación que él mismo firmó como denunciante.
Slutzky concluye: “Decidí esperar. Mis compañeros querían llevar a cabo escraches, pero yo siempre preferí mantenerme en la vía judicial”. La espera de Shlomo se dilatará hasta el 10 junio de 2018. Hasta entonces, la Suprema Corte de Justicia de Israel ordenó que el Ministro del Interior revise el caso y tome, finalmente, una decisión.
Si no hay justicia, hay escrache. Sábado y domingo millares de personas se movilizaron al Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, para repudiar al genocida Miguel Etchecolatz en el mismo lugar en donde cumple la prisión domiciliaria. Los manifestantes colocaron siluetas de cartón en medio de las arboledas, en homenaje a los 30.000 desaparecidos. Los organismos de derechos humanos y vecinos que se movilizaron desafiaron otro importante e intimidatorio operativo policial.
Es 22 de octubre de 1977. Varias mujeres giran alrededor de la Pirámide de Mayo, como lo hacen todos los jueves desde el 30 de abril de ese mismo año. Piden por sus hijos. La dictadura genocida, en boca de Jorge Rafael Videla, les dirá dos años más tarde que ellos “no están ni vivos ni muertos; están desaparecidos”. Lo cierto es que ese jueves y todos los jueves sus hijos les faltan y nadie las escucha.
Una madre decide apartarse de la ronda y pregunta: “¿Quién está buscando a su nieto o tiene a su hija o nuera embarazada?”. Doce mujeres responden “yo”. Si bien al comienzo se llamaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, la historia hizo que hoy las reconozcamos en Argentina, y en el mundo, como las Abuelas de Plaza de Mayo.
Estela Barnes de Carlotto se incorporó en agosto de 1979, luego de que le entregaran el cuerpo sin vida de su hija Laura, que estaba embarazada de dos meses cuando la secuestraron. Hoy, Estela es la presidenta de la institución.
En su larga historia, las Abuelas lograron cosas que ni los gobiernos, ni la ciencia, ni nadie, hubiese imaginado alcanzar: impulsaron la investigación que logró desarrollar el “índice de abuelidad”, que lleva ese nombre en su honor; crearon un Banco Nacional de Datos Genéticos sin igual en el mundo; fomentaron la formación del mejor equipo de antropología forense y, sobre todo, encontraron a 122 nietos, a quienes le restituyeron su verdadera identidad. Aún les falta encontrar a más de 300, pero no se rinden ni se cansan de luchar. Por eso, ahora también piden desesperadamente por la aparición con vida de otro joven: Santiago Maldonado.
Sanmartiniano Painefil lleva adelante la organización de su pueblo desde que tiene memoria. En los ´80 estuvo junto a las comunidades de la “Línea Sur”, a través del Consejo Asesor Indígena (CAI), y hoy, en Bariloche, en el Espacio de Articulación Mapuche (EAM), una organización abierta a comunidades, familias, agrupaciones y todas las personas que se acercan, ya sean mapuche o huincas (personas no mapuche). Painefil fundó el EAM en 2010, con el objetivo de preservar, difundir y reproducir el conocimiento de la cultura mapuche, además de fortalecer la organización para el reclamo por las tierras, que quedaron en manos de grandes empresarios internacionales.
Santiago Maldonado, el joven que se encuentra desaparecido hace casi un mes, acompañaba los reclamos del pueblo mapuche cuando Gendarmería Nacional reprimió la manifestación. El 11 de agosto pasado, miles de personas en distintas ciudades del país, se movilizaron por su aparición con vida. En Bariloche la cita fue en el Centro Cívico. Allí, los manifestantes taparon con una gran bandera la estatua de Julio A. Roca, líder del genocidio a los pueblos originarios de la Patagonia. “Que hoy Santiago Maldonado este desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y que el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y que hoy existimos y nos deben un reconocimiento real”, denuncia Painefil en diálogo exclusivo con ANCCOM y en referencia a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la comunidad mapuche.
¿Cómo fue su primera experiencia de organización junto al pueblo mapuche en Río Negro?
Mi primera experiencia fuerte fue con la Federación de Cooperativas, que se conformó después de la nevada de 1984, cuando casi todos los pobladores se quedaron sin animales, sin nada. Acostumbrados al intercambio, las familias vendían la lana en valores que no eran para nada rentables, y la situación se hacía cada vez más difícil. Primero armamos la Federación, y después se conformó el Consejo Asesor Indígena (CAI), porque se estaba discutiendo la Ley de Comunidades Indígenas en el Congreso y queríamos participar del contenido. En el CAI había referentes de cada comunidad, y el objetivo era aparecer en el documento, que diga explícitamente que las tierras usurpadas deben ser restituidas. También reclamábamos para que se especifique “pueblo mapuche” porque el proyecto de ley solo decía “comunidades indígenas”. En 1985 se sancionó la ley, y los diez años siguientes estuvimos trabajando para que se implemente, pero las leyes no cambian las cosas: los terratenientes estaban con el Gobierno, como ahora.
En una entrevista reciente con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que el Gobierno no aceptará una “república mapuche” que desconozca al Estado argentino, ¿qué significa para el pueblo mapuche?
Nosotros no planteamos la creación de una república ni desconocemos al Estado argentino, lo que se reivindica es la autonomía y la libre determinación de las personas mapuche. Antes decían “malones”, ahora nos dicen “terroristas”. Lo que están buscando es crear un enemigo real para generar un rechazo hacia el pueblo mapuche, para que la gente piense que somos peligrosos.
Sin embargo hay quienes, como Santiago Maldonado, acompañan la lucha, ¿qué implica su desaparición?
Que hoy esté desaparecido habla de que mañana puede desaparecer otra persona y el Estado no va a hacer nada, porque son los mismos funcionarios los que dicen que no van a aceptar una nación mapuche dentro del territorio argentino, pero lo que no dicen es que el pueblo mapuche es anterior al Estado argentino, y no sólo en la Patagonia sino también en Santa Fe, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires. Somos un pueblo que existe y eso es lo que les molesta, que acá estamos y nos deben un reconocimiento real.
Y en la actualidad, ¿en qué situación se encuentran las comunidades de la “Línea Sur”?
En el campo la situación sigue siendo la misma, de abandono: en muchos lugares no hay caminos, no hay servicios. Por eso los más jóvenes, los que pueden, se van a las ciudades, a Bariloche, Neuquén o Viedma. En los últimos diez años hubo un vaciamiento terrible en el campo, ya casi no hay animales, no hay proyectos ni hay un sostén desde el Estado para que se mantenga la actividad rural. La gente se va empobreciendo, desgastando, y los recursos no llegan. Y encima están los fenómenos de la naturaleza que hay que afrontar, como hace unos años fue con las cenizas.
A principios de mayo de este año, realizaron una movilización hacia Viedma para exigirle al gobernador que frenara el nuevo Código de Tierras en Río Negro. ¿Por qué se rechaza esta normativa? ¿Recibieron algún tipo de respuesta al respecto?
En primer lugar, el Código fue conformado sin consultarnos. La razón es muy simple: así es más barato. Si nos hubieran avisado, cada comunidad hubiera querido que el Estado vaya y vea cómo son las cosas allí. Y también opinar, debatir. Pero todo eso es muy costoso, entonces prefieren hacerlo puertas adentro. En segundo lugar, el Código califica como fiscales las tierras que son ancestrales, que son del pueblo mapuche. Una vez que figuran como fiscales, las venden o dan la concesión para mega proyectos económicos. Nosotros creemos que en la tierra existe un determinado equilibrio: si vos le sacás algo, tenés que devolverle otra cosa. La forma que las empresas tienen para explotar la tierra, desequilibra ese estado. En la reforma que propone el Gobierno, se prioriza el capital y nosotros, que no somos rentables, nos quedamos sin tierras.
En Bariloche, ¿cómo es la situación en las distintas comunidades mapuche?
Acá la mayoría de las comunidades están todavía dentro de territorios del Ejército, es decir, territorios mapuches que fueron tomados por el Ejército. Y las que no están tomadas por el Ejército, dependen de Parques Nacionales. Lo peligroso de esto es que si llega a haber algún conflicto, las personas quedan en manos de una u otra institución, ambas pertenecientes al Estado. En una época, el Ejército usaba el espacio junto a una de las comunidades, para hacer las prácticas de tiro, ahí mismo, junto a las viviendas de la gente. También sucede que algunas, a pesar de anotarse en el Registro de Comunidades Indígenas y obtener la personería jurídica para tener el derecho legal sobre la tierra, quedan dentro de loteos que se venden salteando el derecho de la comunidad que lo habita. ¿A quién le vamos a reclamar respuestas si los reclamos son contra el mismo Estado? La lucha por el territorio es larga y muy agotadora.
Dentro de las distintas organizaciones que hay en la Patagonia, una de ellas, el movimiento Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) es criticado por sus métodos, ¿Qué opina sobre esta organización?
Nosotros no compartimos la acción de RAM porque preferimos no generar violencia sabiendo que hay un Estado que permanentemente es violento, que nos criminaliza y nos persigue. Hoy tenemos detenido a un peñi, un compañero, Facundo Jones Huala. Más allá de las diferencias, yo exijo su libertad porque está preso injustamente. Es muy fuerte la agresión que hay por parte del Estado, incluso desde las palabras, las declaraciones también son parte de la violencia que hay. Todo esto genera miedo en el pueblo, hay temor de hacer y de hablar, entonces creemos que lo mejor es salir a las calles y estar organizados. No hay otra opción: si combatimos la violencia con más violencia, no llegamos a nada.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci, ex Secretario histórico del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y ex asesor de la Secretaría de Culto durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El proyecto de reconciliación impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) -dice- tiene que ver con una postura clara sobre lo que ha ocurrido durante la última dictadura cívico militar en ese sector de la Iglesia. “No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión”, asegura. Pero advierte que la memoria no sirve sólo para no repetir, sino para conocernos y entender qué pasó: “No solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles”, reflexiona.
¿Cómo lee usted el proyecto de reconciliación de la CEA?
Lo que plantea el Episcopado no es algo que ocurre ahora, a raíz del fallo (de la Corte a favor del 2×1), sino que los miembros tienen un lineamiento acerca de la reconciliación que se confunde mucho con la impunidad. Si bien salieron a decir que no hay que entenderlo de esa manera, a través de las actitudes y de los gestos que tuvieron, la charla se presta para eso. No es que ellos no sepan cómo explicarlo, sino que tienen una postura clara. Están a favor de que se alivien, de la mayor manera posible, las penas a los que participaron del terrorismo de Estado. Esa es una intencionalidad que se les nota. Los militares que participaron del terrorismo de Estado lo hicieron convencidos de que eso era lo mejor para salvar a la patria y contaron con el apoyo de grandes sectores de la Iglesia. Entonces en nombre de Dios había que aniquilar a la subversión de cualquier manera, incluso muchos obispos avalaron eso.
¿Cómo es la lucha al interior de la CEA?
No sé si llamarla lucha, pero si hay una discrepancia dentro del Episcopado. Por ejemplo, tenemos a Santiago Olivera -obispo castrense- y a Víctor Fernández -obispo y rector de la UCA- en la misma línea planteando que el fallo de la Corte Suprema fue inoportuno e inconveniente y que tanto la ley como la pena deben ser cumplidas. Mientras que en el otro extremo tenemos a Héctor Aguer -titular del Arzobispado de La Plata- que sostuvo públicamente su acuerdo con el 2 x1 y dijo que los miembros de la Corte actuaron según el derecho. Hay una problemática interna que saltó, siempre estuvo pero nadie decía nada hasta ahora que todos salieron a opinar. Era una barbaridad lo que estaban haciendo algunos miembros de la CEA, parecía que estaban respaldando el 2×1. Y después dicen no, eso no lo quisimos hacer.
El obispo Santiago Olivera dijo en declaraciones a la prensa que la reconciliación no implicaba el olvido, sino que supone verdad, justicia, reconocimiento de los actos graves y la reparación. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lo que dijo el obispo Olivera se acerca mucho a lo que planteo, no es una cuestión individual. Es una expresión de sacerdotes y laicos que hace tiempo estamos detrás de este tema, desde que hubo terrorismo de Estado siempre estuvimos defendiendo a las víctimas y proponiendo que los victimarios tenían que reconocer lo que habían hecho, declarar y pedir perdón. Esas son las características de una auténtica reconciliación, pero ellos nunca lo hicieron. Los militares no han reconocido nada, entonces que ahora vengan a presionar porque tienen un gobierno afín para que les reduzcan las penas me parece una gran injusticia.
¿Por qué en la carta que escribió y circuló hasta llegar a los medios describió a la Iglesia Argentina como un problema más que como una solución a la violación de los derechos humanos?
La iglesia como institución no. La Iglesia no son los obispos y la jerarquía, sino que somos todos los bautizados. El Episcopado no representa al conjunto de la Iglesia, tiene una opinión que pesa e importa, pero esto no quiere decir que todos tienen que estar de acuerdo con lo que propone. En Argentina, la Iglesia se presenta como que no tiene nada que ver con lo que pasa en la sociedad. Es buena gente que mira hacia todos lados y va por ahí tratando de arreglar las cosas que no funcionan. Es una estructura muy paternalista esa, creerse que está por encima de todos, y que puede decidir lo que hay que hacer. Mientras que, en realidad, es parte del problema, porque ellos intervinieron en la dictadura, participaron y fueron cómplices. Primero tienen que arreglar su situación, ellos son parte del problema de por qué no hay memoria, verdad y justicia hasta hoy. Ellos presionan para que se les disminuya la pena a los militares o bien el gobierno los consulta y ellos dicen: “Sí, es verdad, están viejitos, corresponde”. Pero nunca dijeron nada de los que torturaron y desaparecieron. Nunca sacaron la cara para decirle a los militares pónganlos presos y que cumplan sus condenas en las condiciones que correspondan. Ellos son co-responsables de lo que sucedió, no están al margen.
En el sitio Abuelas de Plaza de Mayo se publicó un comunicado que definió como restringido al protocolo para el acceso a los archivos relacionados con la dictadura presentado por la CEA. ¿Cuál es su postura?
Estoy totalmente en desacuerdo con el protocolo, porque después de tanto tiempo lo que corresponde es que se abran todos los archivos que se puedan. No sólo de los que se habla ahí, hay muchos otros archivos que no se mencionan, provenientes de distintos organismos de la Iglesia que ayudarían a entender y comprender lo que pasó y cómo pasó. Creo que la palabra que usaron las Madres está bien, puesto que es muy restringido el acceso. Estos papeles no van a decir prácticamente nada nuevo, porque en general son cartas y reclamos que mandaron los organismos al Vaticano. Eso ya lo saben los organismos. Lo que se trata de saber es lo que no se sabe. Hay mucha gente que intervino y eso no está en el Vaticano sino en otros lados: diócesis o nunciaturas. Hay muchas otras denuncias y documentos que quedan fuera del protocolo y que aclararían lo que pasó en tal cárcel, en tal centro clandestino y con esto que propone la CEA no se llega. Entonces están restringiendo y ocultando archivos. En eso estoy de acuerdo con las Abuelas de Plaza de Mayo.
“No hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico”, reflexiona el sacerdote Domingo Bresci.
¿Qué postura cree que tiene el gobierno con respecto a los derechos humanos?
La posición es la de (Mauricio) Macri, que cuando todavía era candidato a la presidencia de la Nación, aseguró que de acceder al Gobierno con él se acabaría “el curro de los derechos humanos”, ahí está todo dicho. El gobierno quiere desmerecer, despreciar y banalizar todo lo que pasó y la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Quiere anular todo y de la mejor manera posible. Y estos tres de la Corte Suprema reforzaron esa posición aunque posteriormente se dio un debate en el Congreso y el PRO votó por la limitación al máximo del 2×1. Después del repudio de la sociedad y de que todos fuimos a Plaza de Mayo. La postura oficial frente a los derechos humanos es que es una mentira exagerada que no da cuenta de lo que pasó.
¿Cree que el Papa podría intervenir más en el asunto?
No creo que pueda hacer algo y tampoco creo que corresponda. Después de 40 años el Papa recibió a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini y les prometió lo de los archivos. En medio de esta polémica hubo un intercambio de cartas entre el Papa y Hebe. Si bien, no dice intervengo, pero deja ver su opinión de esa manera. Siempre le dice a Hebe «a una madre que le mataron dos hijos no se les puede reclamar nada». Bueno ahí le está diciendo que él no le puede exigir a Hebe perdoná a los que mataron a tus hijos. Al enviar esas cartas no está diciendo que comparte todo lo que hicieron los hijos, ni todo lo que hizo ella. Sí comparte su preocupación, su dolor y su lucha. Para estos tiempos creo que es bastante y no hace falta que haga nada más. Estos del Episcopado son tan buenitos con los militares, pero nunca recibieron a las Madres que fueron a pedir y a rogar por sus hijos. Eso desde el punto de vista cristiano es muy embromado, porque significa no tener compasión ni misericordia. Los obispos no la tuvieron, no era darles la razón solo escucharlas. Recibir o no a alguien, contestar o no cartas o comunicados, son gestos. Así es como se manejan en El Vaticano; no sólo con Argentina, sino con todos los países. En ese sentido creo que ha tenido gestos positivos con los organismos y eso deja trascender que la Iglesia Argentina tiene que cambiar su actitud. El Papa tampoco le puede decir al Episcopado qué hacer o qué pensar, porque cada Episcopado tiene autonomía. No obstante, sí tiene cierta influencia, porque los que están en nuestro país lo consultan, pero no puede dar la voz oficial. Los que tienen que enfrentar la situación son los obispos que participaron del terrorismo de Estado, no el Papa.
La Naciónpublicó un editorial en el que denuncia una supuesta “asimetría entre el ´ni olvido ni perdón´ a quienes cometieron delitos con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los guerrilleros que hoy no gozan del ´2×1´, sino de una infinita impunidad”. ¿Qué puede decir al respecto?
No es así como lo cuenta La Nación. Metieron preso a muchos y a los que no metieron preso fue porque los mataron y desaparecieron. ¿Qué más quieren que le hagan? Hay presos 800 y los que murieron, según ellos son 7.000. Aunque no crean en los 30.000, igualmente son un montón. Los que murieron no tuvieron un juicio, no se pudieron defender y tampoco los pusieron en cárceles. A estos -los genocidas- les respetaron todas las leyes que hay frente a un acusado. Así que han sido los privilegiados. En La Nación siempre vinieron sosteniendo lo mismo, es demasiado lo que hicieron con los militares y poco lo que hicieron con los subversivos.
¿Qué pueden hacer los movimientos como el de los Curas de Opción Por los Pobres (OPP) frente a los obispos que aún siguen promoviendo la Teoría de los Dos Demonios?
Pueden hacer lo que venimos haciendo hace un montón, decir lo contrario. Ahora yo escribí una carta interna, no la mandé a publicar. La hice sintetizando muchas cosas y se la envié a mis amigos y a los curas OPP. Un periodista de Página 12 se enteró y me llamó para preguntarme si podía publicarla, le contesté que sí. Los obispos ya la conocen mi opinión, ni me llamaron la atención. Con los curas pasa lo mismo,con movimientos ecuménicos y muchos organismos laicos que sacaron declaraciones. Todos venimos sosteniendo lo mismo hace 40 años, no hubo dos demonios, sino uno solo y hubo terrorismo de Estado con un plan sistemático de exterminio unido a uno económico. Nadie nos va a contradecir, porque saben que la nuestra es una postura coherente y seria. No buscamos convencer a nadie, puesto que es muy difícil. Se tienen que convencer ellos mismos ante la realidad. Si no quieren ver la cantidad de gente que fue a las distintas plazas de argentina a reclamar es imposible cualquier intento. El retroceso del 2×1 fue una batalla que perdieron frente a la movilización.
¿Cree que es posible el perdón a los genocidas?
Cuando hay una pelea entre dos personas se pide perdón a nivel personal. Como lo que sucedió, en este caso, afectó a toda la sociedad no basta el perdón de uno. No sirve que los que fueron a la reunión del Episcopado digan yo los perdoné. El conjunto de las víctimas no tiene ninguna obligación de perdonarlos. Desde el punto de vista cristiano tienen la obligación de no tener rencor, ni odio, ni sentimientos de venganza. Los militares hicieron algo que ofendió a las familias y a la gente que ellos secuestraron y desaparecieron. El perdón es un gesto personal, por eso nadie te puede obligar a que perdones a esa persona que te hizo daño.
¿Qué aspectos positivos puede destacar del debate que se abrió a raíz del pedido de reconciliación?
Hay que reconocer más que lo que dijeron algunos obispos, los logros de la sociedad y la organización que está teniendo para defender sus derechos. Dentro de la Iglesia ha habido cambios importantes. Actualmente hay distintas posiciones, antes había una sola postura y si no acatabas lo que decían los obispos estabas fuera de la Iglesia. Eso es un avance enorme para la institución y para los cristianos en general. El peso que tenía el obispado lo perdió porque se posicionó mal. En Campo de Mayo había una maternidad improvisada, había monjas y capellanes, no pueden decir que ellas y los obispos no sabían lo que hacían con las madres de los chicos después de que nacían sus hijos. En la E.S.M.A también había capellanes y no pueden decir que no sospechaban cuando veían entrar y salir camiones lo que allí sucedía. ¿No escuchaban los gritos que salían de los sótanos? No se trata de que no supieran, sino que estaban política e ideológicamente convencidos de que eso que hacían estaba bien, era la manera de frenar la subversión, y que los chicos debían ser criados por familias más honorables, lo cual es un aberración.
¿De qué sirve la memoria?
Algunos se escudan en que no hay que echar más leña al fuego para que la gente no se pelee y por eso hay que dejar de recordar el pasado. Recordar no es solo una forma de no repetir los errores. Dejar pasar lo que ocurrió es lo más grave que se puede hacer, porque es parte de nuestra historia. ¿Por qué los militares se pusieron en esa posición? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo fuimos capaces de hacer semejante barbaridad? Porque no solo la Iglesia estuvo de acuerdo con lo que se hizo, sino también los medios de comunicación, periodistas, empresarios y civiles. Para entendernos a nosotros mismos es necesario saber lo que fuimos, lo que somos y por qué actuamos de la forma en que lo hicimos. La verdad y la memoria siempre ayudan en este sentido. La justicia es fundamental, no podemos dejarlos si un castigo. Hay una ley que dice que tienen que pagar sus culpas, los militares nunca lo hicieron. Ahora que están detenidos y están pagando, de acuerdo a la ley que ellos no aplicaron para los subversivos, se quejan.
