Ago 25, 2021 | Entrevistas
Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”.
¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?
Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.
¿Y sobre su salida del mismo?
Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.
En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?
Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.
¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?
Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.
¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?
Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.
¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?
Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.
En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?
Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.
¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?
Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.
¿Qué expectativa tiene ante la elección?
La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.
¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?
Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.
¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?
Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.
¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?
En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.
¿Y la de Florencio Randazzo?
El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.
¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?
La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.
May 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Se recortarán los espacios publicitarios gratuitos en la televisión, se destinará pauta publicitaria a las redes sociales y se permitirán aportes de empresas privadas a las campañas.
“Como trámite express” fue la expresión utilizada por Nicolás Tereschuk, politólogo y magister en Sociología Económica, para ilustrar cómo había sido el debate de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, aprobada el pasado jueves en Diputados. Fueron 148 los votos a favor, 69 en contra pero sólo cuatro las horas en las que se discutió en la Cámara un proyecto que incide ni más ni menos que en cómo se financiarán las próximas campañas electorales. Un spoiler: las empresas podrán ser aportantes.
Si en la vorágine de los diputados por aprobar la ley alguien no alcanzó a leer el proyecto, la nueva normativa posee tres puntos que son clave para delimitar el sistema de financiamiento. Por un lado, se bancarizan la totalidad de los aportes. Esto significa que ya no podrán realizarse contribuciones en efectivo a los partidos ni a las campañas. Sobre este punto no ha habido objeción alguna. La identificación de cada aportante incide de manera directa en la transparencia del sistema y en la veracidad de la campaña, lo que parecería no menor en un país donde los escándalos por aportantes truchos no son un mero invento de la ficción. Hasta aquí, la ley pareciera ser prometedora.
No obstante, es el segundo punto el que ha generado mayor controversia. En su artículo cuarto se establece que las personas jurídicas (léase empresas) podrán realizar aportes a los partidos y campañas. Sobre esto, Carlos Castagneto, diputado del Frente para la Victoria (FpV), en diálogo con ANCCOM gráfica: “Vos sos una empresa, yo soy candidato, vos me aportás y mañana legalmente (y enfatiza), legalmente, vos me ganaste una licitación en un lugar. ¿Qué van a decir? Te estoy devolviendo lo que vos me pusiste”.
Ahora bien, ¿cómo saber si las empresas no estaban ya financiando a los partidos con aportes ilegales y en efectivo? Resulta paradigmático que la misma ley que reglamenta la transparencia del sistema, aprueba también el aporte de las personas jurídicas, que incluye a las empresas pero no a los sindicatos ni a las fundaciones, tal como recuerda el diputado del FpV. Y en este sentido cabe la pregunta: ¿tienen todos los partidos las mismas posibilidades de lograr un aporte empresarial? ¿O deberían haber tenido los sindicatos la potestad de realizar también dichos aportes? “La posibilidad de permitir los aportes de las empresas a las campañas también está argumentada por quienes lo impulsaron y aprobaron en función de esta idea de transparencia, es decir, pensando que si había aportes en negro que antes se hacían, ahora se transparentan. Pero yo creo que un sistema de financiamiento de campaña también tiene que tener en cuenta la cuestión de la equidad, la equiparación de la competencia. Y me parece que va a haber sectores que van a tener más posibilidad de acceder a ese financiamiento empresario”, afirma Nicolás Tereschuk.
Se entiende entonces que la ley no debería velar únicamente por la transparencia, sino también por la equiparación de la competencia. Quien también lo remarca es Daniel Arroyo, diputado por Red por Argentina, opositor a la ley: “Hoy la política es una cancha inclinada en la Argentina. Algunos tienen más recursos que otros. Y esto haría mayor la disparidad, porque es evidente que hay un espacio político que tienen mucho más apoyo de las empresas que el resto”.
El aporte de las personas jurídicas no es, sin embargo, ilimitado. El artículo dieciséis restringe dicho aporte hasta un dos por ciento, que, si bien para quienes no están interiorizados en las finanzas de una campaña podría parecer un número bastante bajo, Daniel Arroyo insiste en que no es así: “El 2% es mucho dinero porque las campañas son muy costosas. Pero además de ser mucho dinero, está permitiendo que una empresa aporte a determinado candidato. Y es probable que eso tenga que ver con intereses particulares. Acá hay una cancha inclinada, que se va a inclinar más. Y lo que tiene que hacer la Argentina, la legislación, es equilibrar la cancha, no hacerla cada vez más despareja”. Castagneto encuentra incluso una falencia en este artículo: “Un dos por ciento es el aporte máximo, tanto de personas físicas como jurídicas. El problema ahí es que no está bien especificado. Porque vos podés hacer aportes para el desenvolvimiento del partido en sí y para la campaña por otro lado. Entonces podría alcanzar hasta un cuatro por ciento, lo cual es un montón”. El diputado del FpV enumera otras disconformidades sobre la ley, como por ejemplo, que se prohíbe el aporte de personas imputadas -siendo que debería decir procesadas, conforme a la presunción de inocencia-, que se autoriza a un juez a abrir la cuenta de cada Alianza y que esta cuenta puede incluso ser abierta en un banco privado. “La política es la actividad pública por naturaleza, debería hacerse a través de bancos públicos”, agrega Daniel Arroyo. La preocupación de Tereschuk pasa, por el contrario, en si ese tope del dos por ciento se va a respetar realmente, siendo que hay países, como Estados Unidos, que implementaron el tope y rápidamente lo levantaron.
El aporte empresarial tiene un límite del dos por ciento. Sin embargo, algunos ya prevén posibles interpretaciones que permitirían duplicarlo.
Finalmente, el tercer punto clave de la ley es el relativo a los espacios publicitarios en medios audiovisuales. Se achica del diez al cinco por ciento el espacio de publicidad en televisión y radio y se contempla la publicidad en medios digitales. El argumento de los Diputados que apoyaron dicha normativa está asentado en que las personas ya están cansadas, en tiempos de campaña, de ver tanta propaganda política. No obstante quienes dialogaron con ANCCOM lo refutan: “El hecho de achicar la pauta es muy negativo porque es la única chance que tiene esa persona de saber quiénes son los candidatos, qué proponen, para qué. Achicar la pauta amplía la disparidad entre los partidos grandes y los partidos chicos”, menciona Arroyo. Destacan además que se considere a las redes sociales como espacio para ejercer la pauta. Sobre ello, adelanta Castagneto, el 30 de mayo en la Dirección Nacional Electoral hay una reunión de presidentes y apoderados de partidos para ver cómo se reglamentará el uso de las redes.
En síntesis, la ley aprobada de manera “express” transparenta los aportes pero se permite como aportantes a las empresas, reduciendo la equidad. Recorta la pauta en medios tradicionales y se considera a las redes como nuevos espacios de difusión. “Muchas veces me da la impresión que esta ley está muy pensada en función de lo que quieren las empresas y no tanto en función de lo que quieren los partidos políticos”, agrega Tereschuk. El politólogo, que habló en la Cámara de Senadores previo al tratamiento de la ley, trae otro punto a considerar: “El otro tema a tener en cuenta es la experiencia regional. En Sudamérica,los países vienen haciendo lo contrario que nosotros en los últimos años. Es decir, aquellos que permitían el financiamiento de empresas a las campañas lo están prohibiendo. El caso de Chile, de Brasil de Perú. Argentina está yendo en caso contrario. Tenía prohibido los aportes y ahora los está permitiendo. Y entonces yo me preguntaría qué es lo que pasa ahí. Qué sería aquello que hace que la Argentina tenga que ir en sentido contrario a lo que está haciendo toda la región con gobiernos de distinto sentido político”. Y termina: “Para mí esta ley es un retroceso desde el punto de vista de la igualdad en la competencia, la equidad, la experiencia regional y deberíamos plantearnos si las empresas tienen que tener derechos políticos. Es un retroceso, pero el Congreso consideró otra cosa, lo cual me parece fantástico porque así funciona la democracia. Ahora hay que ver cómo sigue”.
Daniel Arroyo no es tan optimista: “Es una mala ley y estructuralmente arma un esquema de financiamiento muy desigual. No creo que tenga un impacto significativo en las elecciones de este año”. No obstante, la ley está aprobada por ambas Cámaras y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo. Si alguien se encuentra en desacuerdo con alguno de sus puntos, llegó tarde al debate: las empresas ya pueden aportar a las campañas presidenciales.
Mar 22, 2019 | DDHH, Novedades
“Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia».
“Este megaproyecto tiene busca sostener y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Acá no estamos hablando de partidos políticos, esto tiene que ser transversal a todos los diputados de este parlamento. La famosa grieta en materia de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad no tiene que existir porque somos humanos, defendemos lo humano, queremos sociedades mejores y entendemos que no puede haber sujeto que justifique ningún acto que hayan cometido los genocidas en esos momentos”, lanzó Horacio Pietragralla, diputado de Unidad Ciudadana en el marco de la presentación del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y a Justicia, redactado por Abuelas de Plaza de Mayo y presentado el jueves por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del 43 aniversario de la última dictadura cívico militar.
En la presentación del anteproyecto también expusieron los diputados Daniel Arroyo (Red x Argentina), Brenda Austin (UCR) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), ya que se trató de una convocatoria amplia con la intención de afianzar consensos en materia de derechos humanos. No pudo faltar tampoco la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Buscarita Roa, a quienes Pietragalla agradeció profundamente: “Ellas saben que yo les debo parte de mi vida porque si no se hubieran organizado para preguntar por sus nietos muchos de nosotros no podríamos tener la posibilidad de recordar a nuestros seres queridos”.
Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas, fue el encargado de abrir la presentación del anteproyecto de ley y explicar cada uno de sus nueve capítulos con el objetivo de abrir el debate y generar consensos. El anteproyecto busca institucionalizar algunas de las conquistas del movimiento de derechos humanos, revertir medidas regresivas en la materia e instalar la agenda de Memoria, Verdad y Justicia en el debate electoral que se desarrollará durante este año. Entre los ejes que aborda se incluyen diversas temáticas como la educación para la memoria, la prevención del negacionismo, la preservación de archivos y material documental, así como la aceleración y difusión de las causas judiciales en curso, entre otras.
Rosa Roisinblit, Abuela de Plaza de Mayo.
Sobre la educación, el anteproyecto propone en su Capítulo IV que en todos los establecimientos educativos del país, ya sea públicos o privados, se realicen prácticas educativas en los niveles primario, secundario y terciario con el objetivo de reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Este eje se encuentra en sintonía con los otros que buscan prevenir y erradicar las prácticas que nieguen tales hechos históricos. Tal es el caso del Capítulo VIII que le otorga facultades esenciales al INADI, que pasaría a llamarse “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo”. En la misma línea, el Capítulo IX establece que si bien las expresiones negacionistas no son penalizadas, sí se agravan los delitos que son cometidos con el objetivo de minimizar, justificar o negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Otro de los pilares del anteproyecto se encuentra en el Capítulo I que instaura que los jueces deberán darle prioridad a las causas judiciales que tengan por objeto investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad respecto de las referidas a delitos comunes. Por último, el Capítulo III le otorga carácter intangible al material que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que no podrá alterarse ni destruirse.
Si bien todos los presentes coincidieron en que el anteproyecto es un trabajo prometedor que surgió como resultado del esfuerzo y la lucha del colectivo de los derechos humanos, también convinieron en que no será fácil su aprobación. En este sentido, Pietragralla recalcó el grave retroceso en materia de derechos humanos que predominó en los últimos años y alertó por el no funcionamiento de las comisiones del Congreso de la Nación, como la de Derechos Humanos, lo que impidió que causas como la de Rafael Nahuel pudieran avanzar. Daniel Arroyo, en cambio, trató de tranquilizar a los presentes: “Yo llevo poco tiempo en el Congreso, pero me di cuenta que las leyes salen por insistencia y no hay otra manera. Tenemos que hacer mucha fuerza, convocatoria y articulación con varias instituciones para que pueda salir. Creo que nos merecemos una ley de este tipo porque tiene un valor trascendente para los próximos 30 años de la Argentina y va a haber un montón de gente que la va a leer y referenciar”.
El acto contó también con la presencia de nietas y nietos restituidos, diputados, funcionarios, miembros de organismos de derechos humanos, fiscales y jueces, entre otros, quienes también hicieron aportes, como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, las diputadas Marcela Passo y Verónica Mercado, y el juez Daniel Rafecas.
El proyecto busca promover la educación para la memoria, la prevención del negacionismo y la preservación de archivos y material documental,
En diálogo con ANCCOM, Estela de Carlotto destacó la importancia que tiene el anteproyecto para Abuelas y para el país: “Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia. Ha tenido mucho éxito y es muy importante la presencia de los diputados que realmente coinciden. Para nosotros es un acto más de construir un camino de seguridad para que no se vuelva a repetir lo que sucedió”. También expresó la necesidad de la unidad, esencial para que el anteproyecto avance, pero aclaró que el mismo no está motivado por la venganza: “Tenemos que unirnos a pesar de las diferencias, las cuales pueden manifestarse pero no como enemigos. Abuelas es un organismo alegre aunque parezca mentira, se festeja la vida todo lo que se puede. Los nacimientos, los casamientos, los cumpleaños y cada encuentro de nietos es una algarabía. Esto es así porque buscamos sin rencor y sin odio, no hay revancha. Si no tenés malos sentimientos entonces estás bien con vos mismo”, finalizó Carlotto.
Ene 6, 2019 | Novedades
«La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna», dice Arroyo.
Las transitorias oficinas de Alberto Fernández, ubicadas en Puerto Madero, son el escenario de múltiples reuniones en las que se definen los lineamientos de la nueva gestión. En el séptimo piso del imponente edificio ubicado en Encarnación Ezcurra 365, el protagonista es Daniel Arroyo, quien recibe allí a los especialistas y técnicos que conforman el plan “Argentina contra el Hambre”, anunciado el pasado 7 de octubre por el Presidente electo.
Si bien al cierre de esta nota no hay ningún integrante del gabinete confirmado, en una entrevista radial, el propio Alberto Fernández expresó que “difícilmente” Arroyo no ocupe el cargo de Ministro de Desarrollo Social. El actual diputado nacional tiene amplia experiencia en el área, de hecho entre 2003 y 2007 fue viceministro de esa cartera.
El diagnóstico es impactante: según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Macri terminará su mandato con un 38% de pobres, es decir más de 17 millones de personas. Son cinco millones que en 2015, cuando Cambiemos llegó al poder. Los más golpeados son las niñas y niños de hasta 14 años: el 52,6% de ellos son pobres. El estudio “Pobreza Multidimensional 2010-2018″, también publicado por la UCA, consigna además que el 7,9% de la población padece de inseguridad alimentaria severa.
Arroyo, quien también fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2013, dedicó buena parte de su vida a investigar sobre la pobreza y el hambre en la Argentina. Politólogo de profesión, una de sus principales tesis es la división de la Argentina en cuatro esferas sociales: “En primer lugar, hay una Argentina de la pobreza estructural, que tiene un piso del 25%. Luego se encuentra la Argentina vulnerable, muy asociada a los sectores de la construcción y el textil, que cuando se cae la economía se ve extremadamente afectada. En tercer lugar está la clase media, la Argentina del trabajo formal. Y por último la clase alta, que es menos del 5% y tiene altos niveles de consumo”. El gran problema, sostiene, es que las cuatro esferas están desintegradas y desestructuradas y “el gobierno de Macri profundizó la brecha entre ellas”.
«Hay que atacar el hambre, desendeudar a las familias y vincular a los planes sociales con el trabajo», señala Arroyo.
¿Qué balance realiza de la gestión de Cambiemos?
Implicó un gran retroceso en la política social. Lo que sucedió fue un ajuste brutal, con más pobreza, desocupación y desigualdad. Se le sacó a los que menos tienen y se benefició a los que más tienen. Se redujeron becas, apoyos, créditos, microcréditos y redes de comercialización: estos sistemas se desarmaron y, en cambio, se entregaron bolsones de alimentos. La política social tiene que dar pescado, enseñar a pescar y garantizar que haya peces en la laguna. Durante la gestión de Cambiemos hubo un retroceso a lo primero, dar pescado: es decir, entregar bolsones de alimentos, lo que generó situaciones más críticas. De esta forma, se agravaron tres problemas: el hambre, hoy muchas personas se saltean comidas; la malnutrición, sobre todo los alimentos que se comen en los comedores, que generalmente son harinas, fideos y arroz, y se profundizó el problema de la educación nutricional respecto a la promoción de productos saludables. La medida del gobierno de quitar el IVA, en medio de una devaluación del 30%, provocó que todavía nadie sepa la influencia que tuvo en los precios. Además, el programa “Precios Esenciales”, 64 productos que conformaban una minicanasta básica, no tenía carne, fruta ni verdura. Tampoco era federal.
Usted afirma que “en la gestión hay cosas que hacés de entrada o no las hacés”, ¿cuáles son las medidas más urgentes?
Son tres. La primera es que todos tienen que acceder a la canasta básica de alimentos, y aquí la iniciativa “Argentina contra el hambre” cumplirá un rol fundamental. La segunda es desendeudar a las familias. Hoy las familias deben plata. El que tiene tarjeta de crédito paga el mínimo para tirar para adelante, pero con un 170% de interés anual se vuelve imposible. Esto se puede solucionar con un sistema de crédito no bancario a tasas bajas, del 2% ó 3% anual, para que puedan desendeudarse. Y la tercera es vincular planes sociales con trabajo, para lo cual es vital enfocarse en los cinco sectores que van a generar mano de obra intensiva y mover la economía desde abajo: la construcción, la producción de alimentos, el textil, el reciclado y la economía del cuidado. Estas cinco cadenas productivas van a generar el vínculo entre planes sociales y el trabajo. En conclusión, nuestros tres pilares serán generar trabajo, desarrollo local y restituir derechos.
Mencionó la economía del cuidado, un sector compuesto mayormente por mujeres, ¿qué políticas se pueden implementar para mejorar su situación?
La economía del cuidado tiene varias dimensiones: una es el cuidado de personas, de adultos mayores o personas con discapacidad. Constituye gran parte del desarrollo de la industria de servicios y requiere capacitación. Hay un montón de gente que lo está haciendo en Argentina y hay que apoyarla. La segunda dimensión está constituida por las actividades comunitarias: jardines maternales, comedores, merenderos. Las trabajadoras de estos lugares son principalmente mujeres. Se debe fortalecer y capacitar para generar los instrumentos y dar cobertura. Necesitamos cubrir el jardín maternal y los primeros años de la infancia en todo el país. El gobierno de Macri había planteado crear tres mil jardines. Construir tres mil edificios. Pero el tema no es hacer los edificios sino tomar lo que hay, que es mucho, fortalecerlo y cuidarlo, mejorando la infraestructura que ya existe y formulando nuevos protocolos.
«No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer», exige arroyo.
¿Qué desafíos le esperan a la nueva gestión?
Alberto Fernández tiene dos características que lo van a convertir en un gran presidente: es un hombre de diálogo, está en su ADN, y tiene capacidad de gestión e integración. Argentina tiene que ponerse las medias y después los zapatos. Ahora Alberto está pensando en ponerse las medias, que sería solucionar el problema del hambre, este es el principal desafío. Otro desafío será reconstruir la matriz productiva y generar trabajo. Es una situación muy difícil en la que tenemos que trabajar todos. Vamos claramente hacia un gran gobierno, integrado, que va a ser para las cuatro Argentinas.
¿Cómo va a funcionar “Argentina contra el Hambre”?
La iniciativa tiene el objetivo que todos puedan comer y acceder a la canasta básica. La principal herramienta será una tarjeta de alimentos destinada a las madres y padres con hijos menores de 6 años. La tarjeta no permite extracción de dinero sino solamente comprar alimentos, de la manera que prefieran. Vamos a realizar una campaña, un acompañamiento para determinados rubros y productos, relacionada con la educación nutricional-saludable. Esto va a suponer un apoyo a las economías populares, a la agricultura familiar, a las redes de comercialización, a mucha gente que produce alimentos y que hay que acompañar en cuestiones de inocuidad y en incrementar el volumen de comercialización de sus productos. El Consejo Federal “Argentina contra el Hambre” está formado por múltiples protagonistas de la sociedad: los que producen alimentos, las entidades del agro, las universidades, los supermercados, las iglesias, las organizaciones sindicales y sociales. De ahí se desprende, en primer lugar, un Observatorio que efectuará un seguimiento nutricional junto con un control de peso y talla, con la particularidad de que por primera vez en la Argentina se ejecutará un plan en tiempo real. Y en segundo lugar, todas las estructuras científico-técnicas: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Banco de Alimentos, colegios de nutricionistas, Red Solidaria, quienes generan investigación, estudios o acciones en torno al tema nutricional.
¿En cuánto tiempo se verán los resultados?
Se han anunciado demasiadas metas: “pobreza cero”, “el segundo semestre”… El plan arrancará el 10 de diciembre, aunque ya tuvimos las reuniones previas. Tenemos claro que en la Argentina no puede existir el hambre. Esto tiene que trascender al gobierno de Fernández. No es un debate, es una regla: en un país donde se producen alimentos, todos tienen que comer.
Durante los últimos 40 años la pobreza en el país se ha mantenido en cifras cercanas al 25%, ¿se puede perforar este piso?
La pobreza estructural quiere decir tres cosas. Uno, es intergeneracional: alguien es pobre, sus padres fueron pobres y sus abuelos también. Es una estructura que se reproduce y permanece en el tiempo. Dos, significa la no movilidad social, que una parte de la población no logra entrar al mundo del trabajo. Y tres, está asociada a problemas serios de infraestructura, como no tener piso de material o servicios básicos. Partimos de que la Argentina tiene 25% de pobreza estructural como base. El actual gobierno descuidó brutalmente la actividad económica y termina con un 38%. A su vez, la pobreza estructural se debe a tres causas. La principal es que el esquema de desarrollo económico no genera la cantidad de trabajo que necesita y, en consecuencia, crecen los planes sociales. La segunda es el grave problema de infraestructura: se necesitan más de tres millones de viviendas. La tercera tiene que ver con definir qué sectores productivos son socialmente relevantes. En mi opinión, esto lo definen los rubros donde trabajan jóvenes y mujeres. Estimular esas áreas rompería la pobreza estructural. Por ejemplo, la industria del textil, donde hay un 30% de desocupación. Hay que generar empleo a través de la obra pública para resolver estos problemas.
A lo largo de su trayectoria política, usted siempre ha ocupado cargos relacionados con políticas sociales, ¿por qué?
Vengo de la militancia católica desde que era muy chiquito pero me metí rápido en la política. Nací en Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense. Crecí en una familia de clase media e iba a misionar en los barrios populares de Castelar. En ese proceso, lo conocí al obispo (Jorge) Novak, que me llevó a Villa Itatí. Cuando conocí ese lugar dije: “Nunca había visto esto”. Ahí llegué a la conclusión de que debía trabajar sobre la pobreza y la exclusión social en la Argentina. Por eso, después del secundario me decidí a estudiar Ciencia Política. Después me especialicé, estudié y escribí sobre el tema. Hay una clave para entender lo que me lleva a seguir trabajando: a mí me duele el dolor del otro.
Jul 10, 2018 | Entrevistas, Te puede interesar
¿Cómo ve las políticas de desarrollo social del Gobierno nacional y del provincial?
Las veo mal. El objetivo del desarrollo social en cualquier país es que haya menos pobreza y desocupación. Pero la situación social está empeorando mucho. Se están recortando programas relacionados a los jóvenes y, si bien es cierto que queda mucha gente con programas sociales, se desacomodó la economía y ya no alcanzan. Esto empeora en la provincia de Buenos Aires, en esencia porque el sistema de salud se está complicando mucho, los médicos no tienen insumos. También empeora el sistema educativo. Yo siempre creo que el ministro de Desarrollo Social nació para pelearse con el ministro de Economía, para lograr los recursos necesarios. Eso hoy no está pasando, no hay una política social activa de verdad, que transforme. No veo, por ejemplo, por qué no se decreta la emergencia alimentaria. El resultado de esta política de Gobierno es más pobreza y más desigualdad.
¿Hacia dónde conducen estas políticas?
A mí me parece que el Gobierno imagina un país que es: soja, minería, sector financiero y salarios bajos. La Argentina es competitiva en lo que es tradicional, producción primaria, el mundo financiero que es fuerte y salarios bajos. Ese modelo deja veinte millones de personas afuera. Creo que no sólo es muy negativo en términos éticos y de valores, sino que es un gran error económico también. Porque, en realidad, el que no lo ve con el corazón, al que no le causa dolor y tristeza ver tanta gente afuera, debería verlo por la racionalidad económica: la persona que no tiene plata no consume y si no consume no mueve la economía local.
¿Cómo se podrá revertir ese proceso?
Va a ser muy difícil reconstruir este proceso. Porque además de ese modelo van a quedar muchas condicionalidades. El acuerdo con el Fondo Monetario va a dejar condicionalidades muy altas, van a quedar muy desacomodados muchos sectores productivos, la apertura de importaciones desacomoda un montón de sectores.
Viene un trabajo muy fuerte para hacer. La Argentina requiere de un tipo de políticas muy diferente. Creo que lo que viene después de esto es un gobierno de equilibrio, uno que pueda asegurar criterios, fijar algunas pautas de lo alimentario, que apunte a cortar la venta de droga en los barrios. Va a requerir de mucho consenso, por eso creo mucho en la unidad opositora. Este gobierno es irresponsable. No sólo deja a un montón de gente afuera, sino que construye absurdamente un modelo ingenuo de vínculo con el mundo. Es ingenua porque ahora además llegó (Donald) Trump y el mundo se cierra. Es una idea inviable.
Usted habla de la existencia de “las cuatro Argentinas”, tal como tituló su libro publicado en 2016, y de la fragmentación social como principal conflicto en el país. ¿Cómo se resuelve ese problema?
Las cuatro argentinas son: una Argentina de los más pobres, los que no tienen lo mínimo, una vulnerable de las changas, una de clase media y una de clase alta. La fragmentación es el peón de taxi que es vulnerable y cuando hay un corte dice: “Yo laburo todo el día, a mí no me regalan nada y a vos te dan todo”. El de clase media dice: “Yo pago todos los impuestos y todo va para allá”. Mi miedo es que las tres Argentinas de arriba entiendan que el problema es la Argentina de abajo y que se potencie aún más la fragmentación. Esta fragmentación consiste en que los distintos sectores se vean de forma contradictoria, el “soy yo o sos vos”, hay conflicto y tensión.
¿Y cómo se combate el núcleo duro de pobreza?
El núcleo duro de la pobreza tiene tres situaciones. Una de las más importantes es la pobreza intergeneracional, esto es que alguien nace pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y hay todas las chances de que sus hijos sean pobres. Segundo, hay un problema de infraestructura, de vivienda, de servicios básicos, hay mucha gente que vive en Argentina como en el siglo diecinueve. Y el tercer elemento es la falta de movilidad social, el no vínculo con el mercado laboral, más que una changa de vez en cuando. Por todo esto, en primer lugar hay que hacer tres millones de viviendas en Argentina. Es una gran política de derechos y es un gran programa de empleo, a la vez, dando laburo a mucha gente. Segundo, yo creo mucho en la obra pública de pico y pala, es mano de obra intensiva. La Argentina es un país de tres siglos: en el siglo veintiuno está el que le pone valor agregado a la soja, el mundo del conocimiento. En el siglo veinte está la señora que cose ropa en su casa, el gasista y el plomero. Y en el siglo diecinueve está el pibe sin secundario completo. Eso es el mercado laboral. Hay que hacer mucha obra pública y dar trabajo en ese sector, hay que cuidar la industria textil, hay que armar un conjunto de elementos que vayan sacando a la gente de la pobreza estructural.
La Argentina tiene recursos económicos, humanos y naturales, produce alimentos para cuatrocientos millones de personas. Habla mal de todos nosotros, me incluyo, que tenga pobreza estructural.
«Lo primero que hay que hacer en la Argentina son tres millones de viviendas», dice Arroyo.
¿Cuál es el rol de las nuevas universidades en este aspecto?
Las nuevas universidades son un factor de movilidad social, por varias razones. Primero porque estás acercando el mundo del conocimiento y de la investigación a lugares alejados del centro, comprendido como la Capital Federal. Segundo porque el ochenta y cinco por ciento de los chicos son primera generación de universitarios. Impulsar una primera generación de universitarios en el conurbano para mí es de un valor impresionante. Y tercero, quienes en general critican no fueron, no vieron cómo funcionan. Estudiar abre cabezas, oportunidades, genera condiciones, brinda movilidad social ascendente. Soy muy amigable con la idea de las nuevas universidades, hay que potenciarlas. Me gusta mucho lo que están haciendo varias de esas universidades.
¿Cómo ve el camino hacia el 2019? ¿Considera posible una unificación electoral del peronismo?
Yo tengo un gran miedo y es que me parece que se está rompiendo el contrato social. La sociedad se está desenganchando del Gobierno. Yo fui electo diputado en 2017. Vi la campaña como una especie de matrimonio, que si bien no estaba andando bien, llevaba sólo un año y medio y había que esperar. Pero después el Gobierno planteó un conjunto de políticas brutales, quedó muy desnudo, muy desacomodado. Frente a eso la sociedad se desenganchó del Gobierno, pero no ve nada en frente. Esa sensación de vacío es la ruptura del contrato social, que el Estado no acompaña, que cada uno individualmente tiene que hacer lo que puede. Es crisis de representación, con el Gobierno y la política en general. En ese contexto, la unidad del peronismo no es opcional. Creo que lo vamos a lograr, trabajo mucho para eso. Mi idea es que el siglo veintiuno es el siglo de los frentes electorales, no de los líderes únicos. Tenemos que ir a una gran PASO, una gran primaria. Espero que nadie se tiente con las vanidades en este contexto. Fragmentados gana el Gobierno y de esa manera quedan veinte millones de personas afuera.
¿Visualiza una candidatura?
Quienes somos opositores tenemos la obligación tanto de construir la unidad como de llenar el vacío del Estado. En ese contexto quiero ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como uno de los que discuta en ese espacio para ir a las PASO.
Si llegase a asumir un gobierno peronista ¿qué considera que debería pasar respecto al acuerdo con el FMI? ¿Cuáles son las primeras medidas que deberían tomarse en términos de inflación y recesión?
Me parece difícil que en este Gobierno se cumpla el acuerdo con el FMI. Si ya no está cumpliendo las metas, se le disparó el dólar, usa los fondos para evitar una corrida bancaria que igualmente sucede, hay fuga y saqueo constantemente. Hay que hacer una apertura del mercado interno, todo lo contrario a recortar y endeudar. Hay que ver en un nuevo gobierno en qué consiste este acuerdo y avanzar. Pero lo que necesita la Argentina no es la línea que fija el Fondo. Lo peor que hizo el Gobierno hasta ahora fue liberar el precio de los combustibles y dolarizar las tarifas, eso es inadmisible. En términos de inflación, el Estado tiene que tener capacidad de regular, todo se está yendo a precios. Debería haber un secretario de Comercio de verdad, tener una mirada más keynesiana, generar un consejo económico y social con los trabajadores y definir metas de verdad de inflación, generar equilibrio. El gobierno tiene claro qué hacer con el mercado, pero no sabe qué hacer con el Estado.
