Dic 5, 2017 | Comunidad, Novedades
El pasado 1º de diciembre se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y en Argentina, uno de los países más avanzados de Latinoamérica en cuanto al diagnóstico, análisis y tratamiento del virus del VIH, las cifras médicas indican que hay aproximadamente 120.000 personas que lo poseen, pero se calcula que un tercio de esa cantidad desconoce esa situación. ANCCOM dialogó con especialistas en la temática, a 35 años del primer caso detectado en el país y con un proyecto de ley congelado en el Congreso.
Lorena del Valle, miembro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos (RAJAP) afirma que “El VIH no es una enfermedad. Tienen que pasar muchas cosas antes de que uno llegue a la etapa de SIDA, por desconocimiento o por propia voluntad de no llevar adelante el tratamiento”. Esta situación favorece el desarrollo de enfermedades “oportunistas” (infecciones o tumores) que aparecen aprovechando la caída de las defensas. Del Valle agrega: “Las enfermedades oportunistas siempre atacan de forma muy fuerte y muy violenta”. Según la edición 2016 del Boletín Epidemiológico de VIH-SIDA difundido por el Ministerio de Salud, 17 personas por día se infectan el virus y en el 90% de los casos, la vía de transmisión son las relaciones sexuales sin preservativo.
Dicho Ministerio, a través de la Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), promueve el acceso universal a la prueba de VIH en forma gratuita, voluntaria y confidencial. Se recomienda hacerse el test de VIH a las personas que tuvieron relaciones sexuales (orales, vaginales o anales) sin preservativo; a las que compartieron agujas, jeringas o máquinas de afeitar con otras personas o a aquellas que desean tener un hijo de manera de evitar posibles transmisiones del virus al bebé. Por otro lado, a partir de la Ley Nacional de SIDA, sancionada en 1990, se garantiza el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito de VIH y otras enfermedades asociadas. El Estado brinda, además, todos los estudios de seguimiento a quienes se atiendan en el sistema público de salud.
“Argentina tiene uno de los índices más altos de personas que acceden al tratamiento antirretroviral. Por la ley vigente, el tratamiento se entrega gratuitamente al 100% de los pacientes, ya sea a través del sistema público como los de las obras sociales y de las prepagas”, sostiene José María Di Bello, secretario de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y miembro del secretariado de RedAr (Red Argentina de Personas Viviendo con VIH-SIDA).
Desde el año 2007 y como medida de prevención, el Estado pone a disposición de la población puestos de distribución de preservativos, ubicados en espacios públicos de gran circulación. Soledad Sequeira, abogada y miembro del Área de Derechos humanos de la Dirección de SIDA, ETS y HEP virales resalta que “además hay que tener acciones de prevención precisas y estratégicas que lleguen a esos lugares donde son necesarias. La prevención tiene que llegar a todo tipo de lugar y de cultura. La información tiene que estar adecuada a cada autonomía y cada identidad”. Otra de las políticas públicas que se lleva a cabo es la se entrega de leche maternizada para bebés recién nacidos de mujeres con VIH en hospitales de todo el país.
Gracias a los tratamientos actuales, cada vez son más las personas que tienen VIH sin desarrollar SIDA. Más allá de las políticas de salud adoptadas por el Estado, las personas con VIH-SIDA sufren estigmatizaciones y discriminación. Lorena del Valle resalta que “existe algo que nosotros llamamos ‘la enfermedad social’ que tiene que ver con la segregación que sufrimos. Todavía se tiene un concepto muy antiguo de lo que es vivir con VIH. Se lo asocia con la muerte, con drogadicciones o con promiscuidad y hoy ya no es tan así”. Y agrega: “En caso de que lo fuera, nadie tiene autoridad como para cuestionar la manera de vivir del otro”.
José María Di Bello considera, justamente, que “el obstáculo más grande para frenar el VIH-SIDA sigue siendo el estigma y la discriminación. Es una realidad contundente en nuestro país como en otros. Sobre esto no había mucha materia de legislación y, a decir verdad, la ley de los años 90 es buena pero se encarga exclusivamente de los aspectos biomédicos”. Por eso, desde el año 2014, se viene gestando un proyecto de actualización de la normativa que contempla los determinantes sociales y cuestiones ligadas a los derechos humanos. En esa propuesta trabajan ONGs, la comunidad científica y la Dirección Nacional de SIDA.
En el proyecto se planea crear el Observatorio contra el Estigma y la Discriminación Asociados al VIH-SIDA y las Hepatitis Virales. La propuesta legislativa tiene artículos que sancionan específicamente situaciones del ámbito laboral, educacional y sanitario, como poder multar a aquellas empresas privadas u organismos públicos que pidan el test como condición para acceder a un trabajo. Además, el proyecto incluye a las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, gonorrea, clamidiasis, herpes, hepatitis B y C, VIH y VPH.
El proyecto de ley fue presentado en el Congreso en el año 2016. “El 13 de junio de 2017 se logró un dictamen favorable en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde esa fecha, debía pasar por la Comisión de Legislación General y la de Presupuesto y Hacienda, pero lo cierto es que no ha pasado nada” expresa José María Di Bello. Los días y meses pasaron acompañados de movilizaciones pero la propuesta no recibió el tratamiento necesario y con el cierre del año legislativo perdió estado parlamentario. Por lo que, como el Juego de la Oca, el tratamiento legislativo deberá volver a empezar.
Actualizado 05/12/2017
Nov 16, 2017 | inicio, Trabajo
Encabezados por los trabajadores despedidos de
DyN -la agencia de noticias que acaba de ser
cerrada por sus accionistas, Clarín y La Nación- los trabajadores de prensa realizaron el pasado
martes un “camarazo” de protesta frente al Congreso de la Nación, donde presentaron un
proyecto para que se declare la emergencia laboral en el sector.
El proyecto elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (
SiPreBA) y la
Asociación de
Reporteros Gráficos de la Argentina fue entregado a Remo Carlotto, titular de la Comisión de
Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, quien se comprometió a analizar cómo la
Legislatura puede colaborar en mejorar la situación de los trabajadores de prensa que, según las
entidades gremiales, perdieron 3.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
Mirá la cobertura de ANCCOM:
Actualizado 16/11/2017
Sep 16, 2015 | inicio
Un equipo multidisciplinario de setenta y cinco expertos y expertas de cuarenta países de América, Europa y África, presentó los “Principios de Madrid-Buenos Aires”, en el marco del II Congreso Jurisdicción Universal de siglo XXI desarrollado en el Teatro Nacional Cervantes durante el 9 y 10 de septiembre. El eje del documento es la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales que, por su gravedad, dejan de concernir a un Estado soberano en particular, para afectar a la humanidad en su conjunto.
“Lo que estamos buscando es una protección integral de los ciudadanos y ciudadanas del mundo y de la propia naturaleza, no pedimos ni más ni menos”, expresó el juez Baltasar Garzón, máximo impulsor y director del Congreso organizado por FIBGAR, la fundación internacional que lleva el nombre del magistrado español y que trabaja por la defensa internacional de los derechos humanos. “Estas iniciativas –completó el anfitrión- tienen también un efecto de prevención, de educación, de aprendizaje, de pedagogía, de saber que el lenguaje común de toda la humanidad es el de los derechos humanos”.
“Cuando los Principios de la Jurisdicción Universal del siglo XXI se pongan en circulación a partir de mañana, comenzaremos su defensa palmo a palmo, país a país, institución a institución, un año, dos años, tres años, los que sean necesarios, al final ganaremos esa partida, porque es la partida de la humanidad”, prometió Garzón y rescató la incorporación en el documento de nuevos delitos de persecución universal, como aquellos que atenten contra el medio ambiente o que son de naturaleza económica y violan sistemáticamente los derechos más básicos de la sociedad civil.
Los Principios Madrid-Buenos Aires también contemplan como crímenes de lesa humanidad al genocidio, a los crímenes de guerra, a la piratería, la esclavitud, la desaparición forzada, las torturas, el tráfico de seres humanos y las ejecuciones extrajudiciales.
Baltasar Garzon, juez y presidente de FIBGAR
Entre las distintas actividades que se desarrollaron a lo largo de las jornadas se destacó la conferencia La protección jurídica del medio ambiente, que estuvo a cargo de Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado de la Corte Suprema de Argentina. El magistrado expresó que los actuales estándares de consumo son insostenibles y que estamos muy cerca a una situación de no retorno. Advirtió que el mercado funciona aumentando el consumo de ese 30 por ciento que son los que más tienen, mientras que el 70 por ciento de la población mundial no posee lo indispensable para sobrevivir. En declaraciones exclusivas a ANCCOM señaló el camino a seguir para que estos delitos económicos y medioambientales se tipifiquen y lleguen a ser aplicados en todo el mundo: “Es necesario que alguien los haga parte de un proyecto en el plano internacional, en Naciones Unidas, y que con el correr de los años se haga un tratado y luego que los congresos lo ratifiquen. A medida que vayan pasando catástrofes vamos a ir haciendo estas cosas”.
Por su parte Héctor Sejenovich, Premio Nobel de Paz compartido con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 2007, profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre medio ambiente e intereses económicos. Declaró que hay una necesidad de reestructurar el concepto de desarrollo y de una intervención conservativa, ya que se necesita un desarrollo verdaderamente sustentable que no reduzca el activo ambiental. “La deriva actual del capitalismo pone en riesgo la supervivencia del planeta y nos lleva a la autodestrucción”, subrayó. Asimismo declaró a ANCCOM sobre el impacto que causaría lograr el consenso sobre los delitos económicos y medioambientales al ser considerados de lesa humanidad: “Sería casi como la creación de los derechos humanos. Pero, ¿la declaración de los derechos humanos sirvió para la lucha por los derechos humanos? Sí, sirvió, pero no por eso se aplicaron. Se concretaron por otras relaciones sociales progresivas que se impusieron en cada país, pero el hecho de tenerlos ya significó una mejora de la situación”.
Mencionó, además, la importancia que los abogados empiecen a conocer el tema ambiental: “Lamentablemente no tenemos un código ambiental, no tenemos una justicia ambiental, sino que es una justicia general”, reflexionó y agregó: “Es positivo que se incluya lo medioambiental como parte de los crímenes de lesa humanidad, pero hay que profundizar, porque no es solamente afectar a una especie, sino afectar a todo un sistema, a una cantidad de interrelaciones”. El Premio Nobel, a su vez, ejemplificó con el cultivo de la soja: “Está arrasando y ahí hay una afectación a los derechos humanos de las poblaciones que viven cerca, que han sido fumigadas y que tienen problemas de cáncer. Eso está en total colisión con estos principios, entonces de alguna forma se tienen que hacer cargo”.
Rigorberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la Fundación Rigoberta Menchú Tum y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Contra la impunidad
El periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky y Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado participaron en el panel Lucha contra la impunidad en Argentina. “Si no hay compromiso, militancia, participación, estos avances no hubieran pasado. Lo importante es denunciar las voces que hay detrás de los que quieren intentar la impunidad”, declaró Verbitsky.
Auat, a su vez, manifestó que la impunidad es la punta del iceberg de toda una estructura de injusticias que aparecen por debajo: “No hemos terminado con la impunidad, la justicia no es igual para todos, no es igual para el oprimido que para el opresor. Lo que está en juego es la moral de toda la humanidad”. El funcionario retomó conceptos del filósofo alemán Walter Benjamin y resaltó la importancia de cómo comunicar estas discusiones, de cómo usar el lenguaje y del modo de leer el pasado.
Información y privacidad
A través de una videoconferencia desde la embajada ecuatoriana en Londres, también participó de las jornadas realizadas en el Cervantes el periodista de investigación, programador, y ciberactivista australiano Julian Assange, autor del ya famoso sitio WikiLeaks. Desde la pantalla gigante expresó que los derechos básicos de la ciudadanía, como la libertad de información y la privacidad, están en peligro por la acción de algunos gobiernos de controlar los movimientos de sus ciudadanos. En relación a la criminalidad económica y su impacto en las condiciones de vida de millones de ciudadanos denunció: “Estados Unidos y los integrantes de la Unión Europea están impulsando un gran bloque de comercio mundial que se escapará a cualquier tipo de control democrático y no tendrá en cuenta el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos”.
El desafío
Sobre el tema Debate hacia un nuevo marco de Jurisdicción Universal, Hugo Cañón, ex Fiscal General de Bahía Blanca y ex presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, habló sobre los riesgos de las propuestas que se plantean y ejemplificó con el intento por parte de George W. Bush al asumir en 2002 de anular la firma de Bill Clinton sobre el Tratado de Roma para lograr la inmunidad de su país.
Al respecto de este nuevo marco de Jurisdicción Universal declaró a ANCCOM: “Ahora viene una etapa fundamental de difusión de los principios, de darlos a conocer en los ámbitos judiciales, en las fiscalías, en los claustros académicos y desde ahí comenzar una gestión ante las diversas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos para demandar en cada uno de los países la posibilidad de instalar normativas jurídicas que adopten estos principios”. Manifestó que es un trabajo a largo plazo y que se debe hacer eje en los países del cono sur, ya que en este momento tienen una gran potencia para confrontar con los poderes más fuertes del mundo: “Evidentemente van a poner obstáculos e impedir que exista esta posibilidad de juzgamiento a todo aquello que tenga que ver con crímenes económicos y la afectación del medio ambiente porque, en última instancia, los responsables de estas políticas son las grandes corporaciones económicas que están en los países centrales y no en nuestros países”.
Con respecto a los valores en los que están asentados los 22 principios que conforman el documento promovido en el Congreso, opinó: “Toda esta política de Jurisdicción Universal está asentada en una ética sólida de defensa de la dignidad del ser humano. Somos personas y como tales merecemos el respeto y la dignidad que fue avasallada por las grandes tiranías, por los grandes negocios económicos, por ese poder concentrado que en última instancia apunta a la defensa de sectores minoritarios a nivel planetario”.
Antes de llegar al final del Congreso, disertó la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, fundadora y presidenta Vitalicia de la fundación que lleva su nombre y destacada dirigente en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y las mujeres.
La guatemalteca recordó una resolución de Naciones Unidas de 1979, en la que se advertía sobre las grandes violaciones a los derechos humanos pero en ningún momento se reconocía la reparación sobre las víctimas. En este sentido, aludió a los atroces hechos ocurridos en la masacre en la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980, donde fueron calcinadas 39 personas, entre ellos su padre. “Sabíamos todo eso y sin embargo parecía que nadie creía en las víctimas. Lo que pasó en Guatemala quizás pueda ser la esencia de la crueldad de los genocidas en todos los países del planeta y es la esencia de lo que son los delitos de lesa humanidad”.
Raúl Zaffaroni durante la lectura conjunta de los nuevos principios de Jurisdicción Universal en el cierre del Congreso.
Asimismo, explicó el contexto en el que se desarrollaron los delitos contra la humanidad en su país: “Por supuesto que se sabía que existía un plan que se llamaba Contrainsurgente y una estrategia de los militares guatemaltecos que tenía una relación con el plan global de estrategia de Estados Unidos en América Latina como es el Plan Cóndor”.
Explicó que el involucramiento de las víctimas en esta causa no es un tema personal sino que responde a una memoria colectiva que exigía un juicio de reconocimiento de la verdad, ya que siempre fueron acusados de farsantes. “Había una ofensiva ideológica para frenar las ideas de las propias víctimas, no es solo la verdad individual sino jurídica, institucional, de un tribunal que pueda dar un ejemplo del cumplimiento del derecho con el debido proceso: no sabíamos que había reglas que nos podrían defender y con este aprendizaje fuimos aportando en la doctrina de la jurisdicción universal”.
Menchú Tum describió que en su país hubo un gran debate entre víctimas y victimarios con respecto a si hubo genocidio o no. “Dijeron que todo lo que hacíamos era pura venganza y tuvimos que acudir a una investigación profunda, no sólo teníamos un derecho sino que debíamos fundamentarlo. Si queremos mirar hacia el futuro, tenemos que recuperar esa memoria de la justicia universal aplicada en el terreno de los hechos”.
Al respecto de la experiencia de violación de derechos humanos en América Latina expresó: “Cuando se pueden juntar las herramientas jurídicas y las técnicas de investigación con la verdad de las víctimas, hay un impacto extraordinario. En América Latina tenemos una experiencia inmensa y debemos legar a las nuevas generaciones, porque la lucha contra los delitos de lesa humanidad no tiene fin, porque se puede repetir en décadas”.
Mar 7, 2015 | destacadas, inicio
La victoria peronista emana de sus dedos. No vale cantar el himno si no se acompaña con la «ve» que forman los dedos índice y medio. Los aplausos son pura presencia, aquí estamos. Con el marco dramático de la llovizna, recorro la periferia de la Plaza del Congreso buscando imágenes que siempre son la misma: grupos de amigos, conocidos o familias enteras alrededor de una radio.
La ciudad despierta gris, el domingo es tan domingo que hasta entrado el centro porteño casi nadie se entera que el Kirchnerismo duro volverá a la calle para escuchar por última vez a Cristina inaugurando las sesiones ordinarias del Congreso. Siendo las once, la avenida 9 de Julio es cercada por micros estacionados y otros que llegan. Los encolumnados ya coparon prolijamente la plaza.
En la marcha, el clima contagia. Suena «Tengo», de Sandro, reversionado por Divididos; acompañan los bombos, banderas de Argentina y gorros, en este caso bandanas con diseños alusivos; hay miradas cómplices, abrazos por doquier y esa sensación que se conocen todos, o casi.
Minutos antes de las doce, el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se moviliza por la avenida Callao ante la mirada y el aplauso de las familias. En las adyacencias de la plaza, se pierde la homogeneidad del centro de la escena, donde hasta minutos antes del discurso ya era imposible ingresar. La gente se escurre buscando, como todos, un buen lugar. Suena el himno, todos cantan.
Las victorias se llevan como remeras. El discurso durará más de tres horas. Ellos fueron a escucharla. En el centro, donde la masa se viste de fiesta, el silencio derriba todo, se bajan las banderas. En las adyacencias, todos miran al Congreso, su voz llena cada rincón. Nélida, una docente jubilada de 64 años cuenta en la marcha: «Estoy aquí por mis ideales, para defender la democracia y a una presidenta que hizo todo por el país».
Apoyada en la baranda, en una de las calles que bordean al Congreso, Magdalena (28) egresada de Sociología en la UBA, explica: «Como verás no estoy encolumnada, vine como ciudadana, siempre la seguí por tele y siendo el último discurso que va a dar sentí que era un momento histórico para estar», me dice.
Cristina habla, pero Magdalena se toma su tiempo para exponer su postura respecto al 18F: «Un comentario que había y lo vi por TN era de una movilización con gente de la tercera edad; mientras que esta, convoca a todas las edades. Me parece también que haya habido esa movilización es gracias a este contexto, creo que años atrás no se salía y ahora salimos nosotros, y salen los demás».
El discurso lleva más de una hora y son muchos los que aun esperan algún amigo o conocido para intentar acercarse al escenario. Entre ellos, Sergio (52), técnico de fútbol, en un tono firme me dice que el 18F marcharon «fiscales corruptos que no resuelven ningún caso y saben poco de casos resonantes como la AMIA o Rio Tercero», y agrega que «hoy se movilizó la familia, gente grande, pero también mucha juventud; en la marcha de los fiscales tenías que buscar con lupa a los pibes».
Tiene razón, los pibes están y los no tan pibes también. Sergio y Sebastián rondan los 40, son docentes, ninguno estuvo en la marcha del 18F, pero por lo visto en los medios, exponen su opinión: «Por lo que leí era una composición social más homogénea y no había tanta diversidad como acá. Más minoritaria, en términos políticos y de proyecto», me cuenta Sergio. «Hubo intereses muy claros por detrás de la marcha del 18F, fue mucho más que una movilización ciudadana. La composición social no la vi, tengo entendido que fue una franja etaria alta, cincuenta, sesenta años de promedio, poca juventud, niveles económicos medios y altos, eso habla de una franja de la sociedad», cierra Sebastián.
En el 1M no hay enojo, ni división. Son ciudadanos, como todos. Ellos se acercaron por un ideal y encontraron un respaldo. Otros, se agrupan detrás de pensamientos distintos sobre el país que anhelan, pero todos parecen convivir. La política es y siempre fue un inagotable debate, por más que para el negocio de algunos medios sea más rentable hablar de grieta.
Martín y Ana dejan el vallado, agotados, se sientan a un lado de la calle. Buscan un poco de aire, la necesidad de descansar. Son estudiantes, rondan los 24. Hablan poco y lento, vienen a dar apoyo y no consideran que el 1M sea una contramarcha, como se la calificó desde algún sector de la prensa. Reconocen la legitimidad del 18F, pero no caminarían sabiendo quiénes la convocan, sea con el fin que fuere.
La lluvia es cada vez más fuerte, la voz de Cristina se pierde. Un poco más lejos del escenario, dos banderas gigantes con los rostros de Néstor y Cristina bajan por los laterales del Congreso. El acto parece llegar a su fin. Alejandro y Leonardo son empleados en una fábrica, tienen 32 cada uno, «acá está el pueblo», me dicen y enumeran algunos de los logros del gobierno.
También hay milintantes: «Soy parte de este espacio político que gobierna a la Argentina desde 2003 y como militante de este proyecto político y de Kolina esta apertura de sesiones representan un momento histórico para la Argentina», cuenta Facundo, empleado, treintañero. Entiende que el 1M sirvió para «reafirmar el apoyo» y no polemiza con el 18F sino que lo ve como la posibilidad de un país «donde todos sienten que la democracia ha generado las condiciones necesarias para salir y movilizarse con total libertad y con plena garantía de sus derechos constitucionales y sin reparos».
