May 9, 2017 | Comunidad
A 31 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche se localiza Villa Mascardi, una localidad ecológica con 74 años de existencia, cuyo principal objetivo desde su fundación es la defensa del territorio nacional en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hoy, las familias que habitan el lugar no cuentan con suficiente apoyo de Parques Nacionales y parecería que queda en sus propias manos la regulación del turismo, el control de los fuegos, la limpieza del parque y la protección de la foresta ante los inminentes peligros que acechan al bosque.
“Parques cierra los espacios en lugar de controlar y nosotros no queremos que pase eso”, explica Brígida Altamirano, quien vive hace 25 años en la zona. El objetivo de los pobladores de Villa Mascardi -expresa- no es cerrar el paso a los turistas ni privatizar el parque, sino generar un sistema de control y educación constante que permita conservar el estado del bosque y fiscalizar el problema de la basura, el acampe ilegal y, uno de los peligros más graves, los fuegos.
“Si el cartel dice prohibido hacer fuego,” señala Susana Pena, pobladora de la zona hace quince años, “es que no se puede hacer fuego. No puede ser que los propios vecinos tengamos que salir de noche a controlar si hay fogones porque los guardaparques no lo hacen. No tenemos autoridad para controlar, ni tampoco deberíamos tenerla, para eso están los guardaparques”.
Las familias de Villa Mascardi no cuentan con suficiente apoyo de Parques Nacionales y parecería que queda en sus propias manos la regulación del turismo, el control de los fuegos, la limpieza del parque y la protección de la foresta ante los inminentes peligros.
Los problemas del acampe ilegal, el fuego y de la basura se gestan, según explican los vecinos, por la falta de control de Parques Nacionales. Como indica Pena, los bosques deben ser accesibles para cualquier persona, sin excepciones. Pero dicha entrada debe conllevar las vigilancias necesarias para que no se destruya el paisaje y se respete la naturaleza. “Es un problema cultura -asegura Altamirano, otra lugareña- pero mientras este problema persista, hay que subsanarlo con controles más estrictos para que el bosque no sufra”.
Desde el lado de Parques Nacionales, la respuesta encuentra voz en el jefe de guardaparques Ramiro Aráoz, quien no desconoce en absoluto la falta de control y las fallas en la gestión de Parques, pero dice que se hace difícil cooperar con los vecinos debido al poco número de efectivos en la zona y su escasa autoridad legal. “El primer problema es el número,” explica Aráoz, haciendo hincapié en la falla de gestión. “No puede ser que haya solo dos guardaparques encargados de una zona -agreg-. No dan abasto, no pueden cubrir todos los turnos.” Sin dudas, hay una cuestión económica de fondo, ya que un mayor número de guardaparques implica más salarios, más casas que los alojen y, por lo tanto, aumento presupuestario. Por otro lado, si bien las condiciones llevan a cerrar ciertas zonas del parque, Aráoz sabe que “el parque es para todos, no solamente para algunos”.
El problema del acampe ilegal no es sencillo, ya que normalmente va de la mano con el peligro del fuego: quienes acampan, la mayor parte de las veces acompañan su estadía con un fogón para hacer asado, mantener la temperatura, etcétera. El fuego es un factor de alta peligrosidad en los bosques del sur, han existido durante años incendios forestales que destruyen completamente la naturaleza. Aráoz deja en claro que antes los guardaparques tenían una mini bomba para poder controlar el foco, mientras se esperaba a los brigadistas, pero hoy no tienen ninguna herramienta para luchar contra los incendios más que un llamado a los bomberos. “Brigadistas no somos -indica Aráoz-, entonces no estamos autorizados para tener un autobomba. Muchas veces, si se logra controlar el foco, se puede evitar el incendio”.
Para hacerle frente al problema, centrándose en el acampe ilegal como una de sus causas, fueron los mismos vecinos quienes actuaron. Organizados en una Comisión de Fomento, con Guillermo Morixe como presidente, se realizó una donación de materiales para la construcción de cinco lugares de camping agreste gratuitos con las tareas de mantenimiento de limpieza, desmalezado y cortes de pasto permanente y retiro de basura dejada por los turistas.
Villa Mascardi está a 31 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Es una localidad ecológica con 74 años de existencia.
De igual manera se llevaron adelante muchas otras acciones gracias a la iniciativa de los vecinos y sus donaciones, como recuerda Bárbara Morixe: paradores, arreglo de la capilla de la zona, charlas sobre el hantavirus (peligro inminente en la zona, por ser una enfermedad viral transmitida por ratones), donación de cartelería, entre otras. Y son los mismos lugareños que, si ven un fogón ilegal, se paran a alertar a los turistas sobre su prohibición y apagan el fuego.
En Villa Mascardi, los vecinos suplen a Parques Nacionales y a la autoridad gubernamental. Pero no todo es fácil, ya que, como explica Carlos Frey, es plata que sale de los propios bolsillos. “Cuando hay que hacer una obra dice-, se hace una reunión vecinal y se piden donaciones a los vecinos. Pero no siempre los vecinos pueden contribuir, y es entendible,” aclara. Por otro lado, también son cautelosos en recibir ayuda del Gobierno: no quieren que la lucha se partidice.
Sin dudas, el respeto por la naturaleza comienza, antes que en los turistas, en cada vecino y los pobladores lo saben. “Las casas construidas acá siempre respetaron el bosque”, explica Reynaldo Cervini, dueño de una extensión de terreno de fraccionamiento original. “No tiramos árboles, mantenemos la arquitectura de las casas de madera para que se integre al paisaje, tenemos todos los sistemas de depuración de aguas servidas y nos encargamos de la contención de la basura. Para realizar una obra, hay que pedir autorización a Parques Nacionales. Ser vecino de acá es una responsabilidad muy grande, y todos la tomamos con seriedad y orgullo”.
Villa Mascardi, desde su fundación en el año 1943, con el decreto N°149719, ha sido un lugar de total respeto por el bosque nativo y defensa del paisaje natural. La lucha vecinal continúa día tras día, recogiendo evidencia de fogones, documentando acampe prohibido y recogiendo basura, para poder sumar elementos a los recursos legales que amparan el interés del parque.
Una lucha implica la defensa del turismo responsable, el bosque nativo y el respeto completo por el territorio nacional. Lo mejor que se le puede dejar a las generaciones futuras es el bosque autóctono, cuidado y libre.
Actualizada 09/05/2017
Abr 27, 2017 | Trabajo
“He expuesto los que creía justos reclamos de la clase obrera, he defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y los frutos de su trabajo”, declaraba Albert Parsons minutos después de ser sentenciado a muerte. Junto a él, George Engel denunciaba: “Aquí he visto a seres humanos buscando algo con qué alimentarse en los montones de basura en las calles. Desprecio el poder de un gobierno injusto, sus policías y sus espías”. Samuel Fielden afirmaba: “La Constitución, cuando dice ‘el derecho a la libre emisión del pensamiento no puede ser negado’, da a cada ciudadano, reconoce a cada individuo, el derecho a expresar sus pensamientos. Yo he invocado los principios del socialismo y de la economía social y sólo por esta razón me hallo aquí y soy condenado”. Michael Schwab agregaba: “Un movimiento social no es una conspiración, y nosotros todo lo hemos hecho a la luz del día”. Parsons, Engel, Fielden, Schwab y otros dos condenados más a la horca son recordados hoy como “los mártires de Chicago”, y sus alegatos, que datan de 1886, cumplen este 1° de Mayo 131 años.
La injusticia de aquel día daría origen, en todo el mundo, al Día del Trabajador, cuyo significado ha ido cambiando con el tiempo. Al principio, los anarquistas se inclinaban hacia la conmemoración y los socialistas hacia la celebración. Según el historiador y experto en sindicalismo argentino, Santiago Senén González, el que movió la balanza en nuestro país fue Perón. “Durante su primer y segundo gobierno se hizo un festejo hasta con un himno y desfiles”, cuenta, y pone el acento en la dignidad reparada: “El trabajador, al ver cumplidos muchos de sus reclamos, vio en el 1º de Mayo un día más bien festivo”. Luego de este período, sostiene Senén González, “se volvió, hasta hoy, a la conmemoración como lucha”.
Manifestación en contra de los despidos en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
En 1890, cuatro años después de la condena a los mártires de Chicago, en Buenos Aires se distribuyó un manifiesto que decía: “¡Trabajadores! Compañeras, compañeros: ¡Salud! ¡Viva el 1º de Mayo: día de fiesta obrera universal!”. Se trató de la primera conmemoración de la fecha en la Argentina, que incluyó un acto en el Prado Español, ubicado por entonces en la actual avenida Quintana, pleno Recoleta, entre Ayacucho y Junín. Allí se reunieron anarquistas y socialistas para debatir acerca del programa a seguir y su proceder práctico e inmediato. Al día siguiente, el diario La Nación ninguneaba la manifestación: “El hecho no puede tener gran importancia porque aquí ni hay cuestión obrera, ni subsisten las causas principales que le han dado importancia en Europa y los Estados Unidos”. Y la crónica del mitin terminaba consignando: “Habló primero un señor alemán. Enseguida hizo uso de la palabra un francés, luego tres italianos y un español. Había, en la reunión, muy pocos argentinos, de lo cual nos alegramos mucho”.
El manifiesto distribuido en nuestro país fue el de la Segunda Internacional, que se reunió en París en 1889, y en el que se leía: “No se mueven nuestros hermanos para obtener pingües aumentos de salarios, casi siempre inútiles porque se elevan después los artículos de primera necesidad, sino en demanda de que las ocho horas de producción no sean más que ocho”. Senén González explica que, en el primer punto de su documento, el congreso obrero pide “crear leyes protectoras y efectivas sobre el trabajo para todos los países con producción moderna. Para lograr eso, considera la organización de la clase obrera por todos los medios que sean posibles y también la manera de verificar las pretensiones para su emancipación”.
Hoy, a días de la represión contra los trabajadores de la educación frente al Congreso de la Nación y a menos de un mes del contundente paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri, parece que para algunos no ha cambiado nada desde aquella infame condena a los mártires de Chicago. El 6 de abril último, por ejemplo, el diario de los Mitre publicaba una nota con esta bajada: “En una recorrida por el microcentro, se ven locales abiertos, taxis circulando y estacionamientos casi completos; testimonios de quienes decidieron no parar”. Al día siguiente, en la edición impresa, un artículo de opinión se titulaba: “Un paro flaco y tristón empujado por zurditos”.
Marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo (agosto 2016), en la que miles de personas marcharon para reclamar por la situación laboral.
Con el conflicto docente, el ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas se apresuró a declarar que, ratificada la vigencia de la conciliación obligatoria, “las medidas de fuerza devienen entonces ilegales”. Ante la falta de respuestas, los maestros intentaron instalar la Escuela Itinerante frente al Congreso y allí fueron reprimidos por las fuerzas policiales. “Nos llevaron esposados como si fuéramos unos terribles delincuentes”, relató Miguel Acuña, docente de la Escuela 19 del Bajo Flores. “Si no les gusta que nosotros nos manifestemos públicamente, que vayan y discutan con sus diputados en el Congreso y que se animen a modificar el artículo 14 bis que habla del derecho a la protesta y de nuestro derecho como trabajadores”, desafiaba Acuña en diálogo con ANCCOM.
“Los trabajadores saben que su rol es el del reclamo”, opina Senén González, “es parte integrante de la esencia del sindicalismo”. “Y deben seguir por la vía del reclamo en el Congreso -agrega-. Así el sistema se va erosionando y cambiando, por eso se obtienen las ocho horas, los convenios colectivos, y tantos otros beneficios”. Senén González es escéptico y realista: “El Palacio de Invierno ya cayó, la Bastilla no existe más, y la mejor arma es la que hizo famosa (Augusto Timoteo) Vandor: pegar y negocia.“El contexto sociohistórico del país lleva a reclamar y seguir reclamando. Esas son las reglas de juego, y por eso la lucha continúa y debe continuar”, concluye.
Cooperativa SUBPAGA (Subproductos Ganaderos Argentinos) de Berazategui.
Actualizada 26/04/2017
Abr 26, 2017 | Comunidad
Un oficial armado ingresó en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas N°2 Mariano Acosta, en el barrio porteño de Balvanera, el jueves último. El hecho provocó el temor y la preocupación de los padres y docentes del colegio, pero también el repudio de amplios sectores de la sociedad que ven, en esta y en otras acciones, el hostigamiento a los trabajadores docentes y a los estudiantes que reclaman por sus derechos.
La comunidad educativa del Mariano Acosta presentó una denuncia ante la Asesoría Tutelar del Menor, a cargo del fiscal Gustavo Moreno, para que se investigue a los uniformados de la Policía de la Ciudad que formaron parte en la intimidación y amedrentamiento de los alumnos. Además el viernes, en una asamblea, los padres y docentes de la escuela decidieron presentar una acusación en la Procuraduría Contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y planean presentar una nota firmada por los responsables de los menores al ministerio de Seguridad de la CABA para exigir una explicación por haber enviado agentes al instituto. Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, destacó la sensibilidad de la comunidad educativa en diálogo con ANCCOM: “En esta escuela hubo sesenta y cinco desaparecidos por la dictadura y hoy estamos preocupados. La situación es muy compleja, no recuerdo una democracia como ésta. Este proyecto de país que proponen no cierra sino es con represión, porque si la gente tiene hambre, no tiene acceso a la salud, al trabajo y a la educación va a salir a protestar para defender sus derechos”. Por su parte, Alina Conde, madre de un estudiante de la escuela, presente en la asamblea del viernes advirtió: “No es la primera vez que pasa. El 23 de marzo algunos alumnos estaban haciendo banderas y la policía estaba en la vereda del colegio observándolos. En la zona hay robos casi todos los meses y ellos no aparecen, pero para vigilar a los chicos sí”.
La preocupación de docentes y padres se extiende a los estudiantes, que también se organizan para defender la educación pública. Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sumó a lo ocurrido en su escuela otros hechos: “En la Técnica Número 27 ocurrió la misma situación. Se acercaron policías diciendo que había una marcha y entraron al edificio”. Recordó además un hecho aún más grave ocurrido en la escuela de música Juan Pedro Esnaola. “Requisaron a un chico de 17 años a la salida de una reunión. Le pidieron el documento, abrieron su mochila, inspeccionaron la funda de la guitarra, le sacaron fotos -siendo menor de edad- y sin darle ninguna explicación. El chico quiso llamar a su mamá y no lo dejaron, retuvieron su celular. Después de revisarlo dos veces lo dejaron ir”, describió Agustín.
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta: «Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué».
La lista de intimidaciones a las escuela comprende también a los estudiantes del Carlos Pellegrini: el mismo día que se inauguró la Escuela Itinerante realizaron una clase pública en la puerta del establecimiento en solidaridad con los docentes reprimidos en Congreso. Desde la vereda de enfrente, ocho policías miraban atentamente todo lo que pasaba.
No parece casual las intimidaciones policiales durante las actividades solidarias de los estudiantes con los docentes en su lucha por el llamado a paritarias nacionales. El 17 de abril a las 18.12, el director de Escuelas Primarias de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Bruno, envió un mail a los inspectores escolares para que adviertan a los directores de las escuelas que las actividades vinculadas a la realidad social “tengan en claro cuáles son los objetivos pedagógicos dejándolos plasmados por escrito en una secuencia de actividades encuadradas en los lineamientos curriculares del Área Formación Ética y Ciudadana y respondiendo al proyecto institucional”.
El viernes por la tarde, en un acto realizado en la Escuela Itinerante para repudiar los hechos del Mariano Acosta, el Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, se refirió a la situación: “Este gobierno está desconociendo lo que son los derechos básicos de los trabajadores: tener una paritaria para discutir tanto mejoras salariales como mejoras en las condiciones laborales. Es un gobierno que asumió por el voto del pueblo pero que está tomando un cariz autoritario”. Además expresó que con la represión en la escuela Itinerante, en la Universidad de Jujuy y con la entrada de la policía al Mariano Acosta se manifiesta el deterioro de la democracia: “Lamentablemente es una situación compleja en el que los trabajadores tenemos que seguir luchando por hacer valer nuestros derechos”.
En las puertas del Mariano Acosta, hay claros mensajes de preocupación de los alumnos y directivos por el hostigamiento policial.
El episodio del Mariano Acosta
Raquel Papalardo, rectora del Mariano Acosta, relató a ANCCOM lo sucedido el jueves en su escuela: “En el marco de los reclamos por las paritarias docentes los alumnos que conforman el Centro de Estudiantes nos pidieron realizar clases públicas en una plaza. Nos negamos porque nos pareció peligroso y decidimos hacerla en el patio”. Fue así que el jueves 20 de abril, a las 10 de la mañana, antes de comenzar la clase, le informaron a la vicedirectora, Viviana Fernández, que cuatro uniformados estaban frente al colegio. Fernández se acercó para preguntar qué hacían ahí y le respondieron que les habían dicho que habría una movilización. Ella respondió que solo se realizaría una clase pública en el patio de la escuela y los policías insistieron con que tenían que permanecer por si decidían cortar la calle. Entonces les consultó de dónde venían y contestaron: “del Comando”. Quince minutos más tarde llegó Raquel Papalardo, quien recibió la misma información por parte de los oficiales, a la que se sumaron algunas amenazas: “Yo les hice las mismas preguntas. Me contestaron socarronamente que tenían una orden de captura para mí. Les dije: ´Acá me tienen´. Después me aclararon que les habían informado que se haría una marcha. Agregaron que si queríamos podían cortar un árbol y prenderlo fuego para cortar la calle. Negué que hubiese una marcha planeada y ellos sostuvieron que tal vez los chicos se podrían desbordar y cortar la calle. Me pidieron que cerráramos las puertas de la escuela a lo que me negué. Cuándo interrogué sobre su procedencia me dijeron que venían de Operaciones”.
Raquel describe que las clases públicas se llevaron a cabo con tranquilidad, puertas adentro de la institución, entre las 12.15 y las 13.15, pero que más tarde ocurrió otro hecho alarmante: “A las 14.30 yo estaba almorzando en la Secretaría y un policía se presentó en los pasillos. Lo vi y le pregunté qué hacía en la escuela y quién lo había enviado. Entonces respondió que era de la comisaría séptima -a nosotros nos corresponde la octava- y que lo habían mandado porque había una marcha y tenía que saber si íbamos a cortar la calle. Al lado de él se encontraba un profesor de Historia quién me advirtió que estaba armado y empezó a pedirle al oficial que se retirara, porque no podía entrar armado a una institución educativa si no tenía una orden judicial. Entonces, se excusó diciendo que estaba cumpliendo con su labor”, relató Raquel consternada.
En la asamblea del Mariano Acosta el presidente del Centro de Estudiantes, Agustín Prieto, manifestó su preocupación: “Cuál es el límite, hasta dónde quieren llegar. No queremos esperar a que desaparezca un chico de nuestra escuela y no sepamos donde está. Somos pibas y pibes de entre 13 y 18 años, no el aparato represor del Estado. No tenemos armas, tenemos lápices y hojas. La palabra es nuestra única arma y la vamos a seguir usando para que deje de pasar esto”.
El repudio
“Bajen las armas, aquí solo hay chicos y chicas estudiando”, se leía en los carteles que sostenían los oradores de la asamblea que reunió a los docentes, directivos y estudiantes del Mariano Acosta como así también a representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y maestros de la Escuela Itinerante frente al Congreso el viernes último, luego de conocerse los hechos ocurridos en el colegio. Allí no sólo se debatió lo acontecido en Balvanera sino que se recordó que la semana anterior en Jujuy dos alumnos, Ignacio García y Joaquín Quispe –presidente del Centro de Estudiantes- fueron detenidos ilegalmente en la Universidad Ciencias Agrarias por la policía provincial.
Francisco Reydó, representante de CTERA, también opinó: “Lo que pasó en el Mariano Acosta es otra forma de intimidación a la educación pública como lo que ocurrió el jueves cuando se presentaron los empleados bancarios a manifestar su apoyo a la Escuela Itinerante y hubo un cordón policial de Infantería, en clara actitud de provocación e intimidación a una actividad conjunta de educadores y gremialistas. Creo que esto es muy peligroso porque quieren instalar una situación de normalidad y no es natural que eso suceda”. Por su parte, Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta advirtió sobre lo ocurrido en su escuela: “Supuestamente un vecino llamó a los oficiales. Pero viendo lo que pasó en distintas instituciones del barrio solo me queda pensar que los vecinos se están coordinando mucho o son los policías los que lo están haciendo para amedrentar e intimidar a la comunidad educativa”.
La policía, la noche de la represión a la protesta social, durante el armado de la carpa itinerante de los docentes.
Reydó expresó que no es aceptable que en un período democrático estén sucediendo estas cosas y advirtió: “Entendemos que disciplinar y condicionar a los trabajadores docentes hoy es condicionar y disciplinar al conjunto de los trabajadores de nuestro país”. En la misma línea, Marcelo Guagliardo, otro maestro de la Escuela Itinerante, declaró: “Nosotros tenemos mucha preocupación; por eso estamos movilizados desde antes que iniciaran las clases, porque veíamos que estábamos frente a un gobierno que se había corrido de sus corresponsabilidades en el sostenimiento de la educación pública. Y utiliza a las fuerzas policiales para reprimir las protestas sociales. Vemos que hay un retroceso a un tiempo que mucho nos costó superar. Las políticas de ajuste no se sostienen si no es con un aparato represivo fuertemente preparado por el Estado. Esto se puede observar en la compra millonaria de armas por parte del gobierno de Macri, debido a que la única hipótesis de conflicto que encontramos en la Argentina es el conflicto interno por la agudización de la crisis social”.
Actualizada 25/04/2017
Abr 12, 2017 | Comunidad
“Somos ocho trabajadores, ocho familias se quedan sin trabajo”, son las duras palabras escritas en una cartulina azul pegada en la fachada de la histórica pizzería Mi Tío, ubicada en la esquina de Defensa y Estados Unidos del barrio San Telmo. En su interior, una placa colgada en la pared notifica que el Ministerio de Cultura reconoce el sitio como “testimonio vivo de la memoria ciudadana”. Pero aun así las puertas se cerraron para sus empleados.
El miércoles 29 de marzo a la mañana el maestro pizzero Juan Daniel Nieva se dirigía al local sin imaginar que no podría ingresar a trabajar. Los candados habían sido cambiados sin previo aviso. “Cuando llegaron mis compañeros llamamos inmediatamente a una de las dueñas pero no contestó el teléfono”, contó Nieva. “Intentamos ubicarla en su casa pero se había mudado tres días antes del cierre. Al no recibir noticias, nos asesoramos y decidimos entrar porque es legal defender nuestra fuente de trabajo”, explicó el mozo Adrián Fernández.
“El cierre no me sorprendió porque las cosas andaban mal, había pocas ventas y se compraba la mercadería justa para el día”, dijo Nieva. “La dueña mencionó algunas veces que tenía intenciones de dejar el negocio, pero nunca creímos que sería de esta manera. Nos propuso que alquiláramos el fondo de comercio y formáramos una cooperativa pero esto no sucedió, ya que ella no nos creía solventes ni capaces”, agregó Fernández.
“Somos ocho trabajadores, ocho familias se quedan sin trabajo”, las palabras escritas en una cartulina pegada en la fachada de la histórica pizzería Mi Tío, ubicada en de Defensa y Estados Unidos.
“La primera noche dormimos en las sillas. Al día siguiente la vecina de arriba nos prestó colchones”, describió Nieva. Desde el 29 hasta el día de la fecha los empleados realizan turnos rotativos de doce horas para cuidar sus puestos de trabajo. Mientras tanto, continúan atendiendo el local en su horario habitual, de 7 de la mañana a 2 de la madrugada.
En el gran reloj circular, las agujas marcaron las 12 y en la pizzería empezaron a desfilar vecinos del barrio, extranjeros que estaban de paso, así como también clientes de toda la vida. Las charlas, las risas, los cubiertos chocando con los platos inundaron el salón. Tres amigos reunidos comían una grande de muzzarella acompañada de unas cervezas, mientras Eugenio Navarro llevaba un humeante café con dos medialunas a un señor que leía el diario.
Navarro es uno de los trabajadores más antiguos, tiene 48 años y hace 30 que es parte de Mi Tío, más de la mitad de su vida. Tiene dos hijos y una nieta a su cargo. Según Navarro, hace seis años que la situación era complicada y fue empeorando: “Antes cobrábamos el jornal completo en blanco y después en el recibo comenzó a figurar solamente medio. Eso era lo de menos, nos empezaron a dar el sueldo en dos y hasta tres cuotas”. Navarro se atrasó en el pago de las tarjetas, los impuestos y el alquiler. “Cuando me enteré del cierre me sentí con mucha impotencia. Si no recupero este trabajo no creo poder conseguir otro a mi edad. Mis esperanzas están puestas en la formación de la cooperativa”.
“El cierre no me sorprendió porque las cosas andaban mal, había pocas ventas y se compraba la mercadería justa para el día”, dijo Nieva. Una vecina acompaña a los trabajadores, bajo la consigna «De Mi Tío no nos vamos».
“Marchen seis empanadas de jamón y queso”, se escuchó a Fernández. En una pequeña y calurosa cocina, Nieva acataba el pedido vistiendo un delantal azul, ligeramente manchado con harina. Tiene 43 años y hace 28 que trabaja en la pizzería. Es padre de tres hijos en edad escolar y sostén de su familia. “No tengo deudas porque siempre fui ahorrador, pero los ahorros no duran para siempre y ya se están acabando”, explicó.
A las 13 Adrián Fernández, apodado el “Chino”, se retiró del local y regresó treinta minutos más tarde con sus dos hijos, una nena y un varón, que vestían guardapolvos blancos. Cumplió 45 años y hace 12 que trabaja en la pizzería. Su sueldo es el principal ingreso en su hogar y al igual que el resto de sus compañeros desde febrero no cobra. “No recibimos los dos aguinaldos correspondientes al 2016 ni las vacaciones, no obtuvimos aumentos no remunerativos, tampoco nos aportaron a la obra social, dejándonos sin cobertura médica y nos deben casi un año de aportes en ANSES”, denunció Fernández con los ojos cansados y tristes. La respuesta que les dio la dueña en ese momento era que más adelante se les iba a pagar lo que les correspondía, que tuvieran paciencia y apoyaran al negocio.
Federico Ezequiel Ledesma regresaba de hacer un reparto, tiene 27 años y hace solo 4 meses que trabaja en la pizzería. Cuando no hay pedidos se encarga de lavar los platos, vasos y utensilios. Vive de su sueldo y alquila. “Me costó mucho conseguir este laburo, por eso no quise dejarlo y abandonar a mis compañeros. Además, me gusta lo que hago y el ambiente de trabajo”.
“Intentamos ubicarla en su casa pero se había mudado tres días antes del cierre. Al no recibir noticias, nos asesoramos y decidimos entrar porque es legal defender nuestra fuente de trabajo”, explicó el mozo Adrián Fernández.
Una señora que pasaba caminando se asomó por uno de los ventanales y gritó: “Fuerza. Estamos con ustedes”. Los vecinos han sido actores esenciales en esta lucha, como Cecilia Calderón, redactora del diario El Sol de San Telmo, quien contó que los vecinos de su edificio formaron un grupo de Whatsapp con el “Chino” para estar alertas: “Los mozos nos contaban que la situación estaba complicada, que les adeudaban sueldos. Al principio lo usábamos para charlar y conocernos. Ninguno era amigo de antes, nos unió el cariño a este lugar que lo queremos como nuestro segundo hogar “. Fue por este medio que el “Chino” les avisó sobre el cierre e inmediatamente se pusieron a trabajar en conjunto. Crearon la página de Facebook “De Mi Tío No Nos Vamos” y el hashtag en Twitter “#DeMiTíoNoNosVamos” que empapela el local; contactaron a los medios para hacer visible el problema y también al Instituto Nacional de Asociativos y Economía Social (I.N.A.E.S.) para que los asesorara legalmente. “Quisimos ayudarlos porque creemos que todos tenemos que tener la posibilidad de trabajar y tener una vida digna, solo con el esfuerzo colectivo y el pensar en el otro tendremos una sociedad más justa”, dijo Calderón.
El viernes 7 de abril Héctor Villaroel, y María Marta y Rosauro Romero, los dueños de de Mi Tío, fue citada a una conciliación en el Ministerio de Trabajo pero no se presentó. “No vamos a bajar los brazos hasta que nos paguen lo que nos corresponde. Queremos formar una cooperativa y con las indemnizaciones sacar adelante el negocio. Hasta entonces seguiremos abriendo las puertas como todos los días, haciendo lo que mejor sabemos hacer nuestro trabajo”, expresó Fernández.
“Me costó mucho conseguir este laburo, por eso no quise dejarlo y abandonar a mis compañeros. Además, me gusta lo que hago y el ambiente de trabajo”, dijo Federico Ledesma.
“No recibimos los dos aguinaldos correspondientes al 2016 ni las vacaciones, no obtuvimos aumentos no remunerativos, tampoco nos aportaron a la obra social, dejándonos sin cobertura médica y nos deben casi un año de aportes en ANSES”, denunció Fernández, rodeado de vecinos.
Actualizado 12/04/2017
Abr 12, 2017 | Géneros
“Las paredes se limpian, las pibas no vuelven”, “Con short o pollera, el no es no”, y otra decena de consignas volvieron a cubrir ayer la Plaza de Mayo. El reclamo contra la violencia machista, las críticas al accionar judicial y la exigencia de políticas públicas efectivas volvieron a reunir a una multitud. Esta vez, la exigencia de justicia por el crimen de Micaela García, la joven violada y asesinada en Entre Ríos, amalgamó todas las voces.
Autoconvocados, organizaciones sociales y agrupaciones políticas -a pesar de que en las redes sociales la convocatoria había circulado con un pedido de no portar banderas partidarias- se reunieron para expresar el dolor por el caso Micaela y exigir justicia.
“Vinimos porque creemos que si un juez decide dejar libre a un violador estamos todas en peligro y hay que exigirle a la Justicia que, justamente, haga justicia. Yo, como mamá tengo miedo por mi hija”, explicó Cinthia a ANCCOM. Junto a su hija Maitena, de 12 años, la mujer elogió la movilización, pero advirtió que “sería mejor que no se vieran banderas partidarias, eso no nos une”.
Bajo el paraguas del colectivo “Ni Una Menos” que, en el marco de la convocatoria, realizó una asamblea a cielo abierto, la movilización se “mezcló” con otra convocada por profesores y estudiantes universitarios en el marco del dilatado conflicto docente. Muchos de ellos se sumaron al reclamo por Micaela. “Esta es un tema que nos convoca a todos. El año pasado en la Plaza Houssay se vivieron muchos secuestros y acosos a mujeres. Esta es una realidad que se vive todos los días en todos los ámbitos”, le dijo a ANCCOM la presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Carolina Duarte.
La exigencia de justicia por el crimen de Micaela García, la joven violada y asesinada en Entre Ríos, fue la consigna de la convocatoria.
En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Bolívar un colectivo de mujeres pertenecientes a “Mujeres de Artes Tomar” agitaba sus pañuelos violetas al son de los bombos y el grito de “Vivas nos queremos”. Sandra Posadino, miembro del colectivo, expresó que “el empoderamiento de las mujeres es una herramienta muy importante para transformar la situación de violencia patriarcal que vive la sociedad”.
Además, manifestó que “el caso de Micaela es la representación de la peor violencia que puede sufrir una mujer: la violación seguida de muerte. Es un femicidio en el que el violador quiere demostrar que tiene poder sobre el cuerpo ajeno”. Y agregó: “El Estado debería sostener, desarrollar y dar lugar a la Educación Sexual Integral (ESI) ya que esa es la herramienta para generar otra conciencia en los niños y niñas y lograr un cambio cultural”.
Con un gran paño albiceleste como marca de identificación, la agrupación cristiana La casa del Alfarero llamó la atención de todos. “Que los gobernantes encuentren un camino mejor y nos ayuden a todos los argentinos. Debemos estar unidos”, explicaron los referentes del grupo después de advertir que estaban en la Plaza “por los argentinos”.
Bruno Salazar, un joven de Lanús que buscaba a dos compañeras entre los grupos de manifestantes, reflexionó sobre la poca convocatoria que tuvo la marcha en comparación a otras organizadas también para reclamar contra la violencia de género. “Estaba esperando que viniesen más personas. Este último mes hubo marchas todo el tiempo. Tal vez se está desgastando el recurso”, reflexionó en diálogo con ANCCOM.
¿Respuestas?
Ante el reclamo que actualizó el caso Micaela, el gobierno anunció la puesta en marcha de un organismo -en rigor la actualización de un área que ya tenía conformación institucional- que tendrá como objetivo la “elaboración de protocolos y guías de actuación” para las fuerzas de seguridad. El objetivo de esa mesa de trabajo será diseñar una “guía de actuaciones para las fuerzas policiales y de seguridad federales para la investigación de femicidios en el lugar del hallazgo”. Es decir, regular la operatividad del accionar policial. El esquema ya había sido anunciado por el gobierno de Cambiemos hace cuatro meses.
En paralelo, después de haber sido repudiada por sus dichos sobre la muerte de Micaela, el Ministerio de Modernización que dirige Andrés Ibarra echó a la abogada Maia Ferrua quien había vinculado el crimen de la joven con su militancia en el Movimiento Evita y la Juventud Peronista (JP). “ Hay que tener mucho cuidado con las amistades que se hacen en este tipo de… agrupaciones? si se le puede llamar así a esa manga de mafiosos y patoteros ignorantes (sic)», había escrito en su cuenta de Facebook la desplazada funcionaria.
Por el femicidio de Micaela está detenido Sebastián Wagner, quien se encontraba con libertad condicional después de haber sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones y el acoso a una menor de edad. El juez Carlos Rossi, quien dejó libre al sospechoso tres años antes de cumplir la condena, solicitó licencia mientras el ministro de Justicia, Germán Garavano, y otros funcionarios nacionales pidieron su remoción y juicio político.
Actualizado 12/04/2017
