Nov 2, 2017 | Comunidad
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”. La frase de Sergio Maldonado retumbó en los oídos de las más de 120 mil personas que se congregaron ayer en Plaza de Mayo para que el Estado dé respuesta sobre lo sucedido aquel primero de agosto, en la comunidad mapuche de Cushamen, Chubut.
La convocatoria a la movilización había sido realizada por la familia de Santiago y por organismos de derechos humanos bajo el lema “justicia por Santiago Maldonado, el gobierno es responsable”. El punto central de la jornada se vivió frente a la Casa Rosada, donde la foto del joven volvió a copar cada rincón de la Plaza de Mayo, aunque además se realizaron manifestaciones en distintas ciudades del país. Pasadas las cinco, la multitud, con carteles y banderas, cantaba por la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, mientras esperaba al único orador del acto, Sergio Maldonado, el hermano de Santiago.
A las seis en punto subió al escenario Sergio, junto a su esposa, Andrea Antico. Acompañándolo estaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de derechos humanos. Sergio sostuvo que “parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago, olvidándose de todo lo que pasó en estos meses. Y quieren olvidarse del marco donde ocurrieron hechos en que una fuerza de seguridad del Estado, en este caso la Gendarmería, tiene que dar cuentas de su accionar”.
“Parte de la sociedad, incluyendo medios de comunicación, quieren cerrar el caso de Santiago», dijo Sergio Maldonado.
Pese al dolor que vive tras la muerte de su hermano, tras permanecer desaparecido por 78 días, Maldonado advirtió: “No cuentan conmigo para sembrar odio ni división de la sociedad. Porque desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido obtener la verdad y tener justicia sin distinciones partidarias ni especulaciones electorales como quieren instalar”.
Sergio además pidió verdad y justicia por todos los desaparecidos en democracia. Al momento de hablar de Santiago, su voz se quebró. “Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte y de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte”.
Entre tanta gente, agrupaciones y organizaciones, ANCCOM conversó con representantes de diferentes sectores políticos. El diputado nacional por el Frente para la Victoria Héctor Recalde sostuvo que “la historia continúa hasta que no se indague bien los causales de la muerte de Santiago. Vamos a seguir insistiendo porque queremos verdad y queremos justicia. No hay ninguna duda de la responsabilidad de la Gendarmería. Si no hubiera reprimido hoy Santiago estaría vivo”.
“Santiago era un pibe de paz, y en su memoria una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte», expresó Sergio Maldonado.
Por su lado, Nicolás Del Caño, diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) denunció que lo de Santiago fue un crimen de Estado. “Santiago no estaba allí ni paseando ni pescando sino que estaba resguardándose, huyendo de una represión ilegal por parte de Gendarmería. A tres meses de su asesinato, venimos a gritar bien fuerte juicio y castigo a los culpables de su asesinato y también del encubrimiento que se dio durante todo ese tiempo”.
Para Hugo Yasky, actual secretario general de la CTA, Santiago fue víctima de una desaparición forzosa. “La Gendarmería y el encubrimiento del Gobierno nacional forman parte de la trama que más temprano que tarde va a terminar de explicar qué ocurrió con Santiago Maldonado”.
Néstor Pitrola, del Partido Obrero, coincide en la responsabilidad del Estado ante este hecho. “Pasaron 90 días de un crimen de estado y aún no hay esclarecimiento de los hechos. Santiago es un manifestante que fue muerto en ocasión de una represión de Gendarmería. Vamos a luchar hasta el final para que paguen las cuentas la Gendarmería y el Gabinete nacional”
«Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz”, sostuvo Sergio Maldonado.
ATE, en tanto, fue unos de los gremios que tuvo una fuerte presencia en la movilización. Su Secretario General de la seccional Capital, Daniel “El Tano” Catalano, manifestó que “la responsabilidad ejecutora es de la Gendarmería y que hay una responsabilidad política que es del Gobierno nacional, así que venimos a la plaza a reclamar justicia”.
Al cierre de su discurso. Sergio Maldonado agradeció a todos los que acompañaron a su familia en estos tres meses y prometió luchar cada día hasta que se sepa la verdad.“Hoy y cada día pedimos justicia por vos Santiago, solo así podrás y podremos descansar en paz” sostuvo. Mientras tanto, se siguen esperando los resultados de la autopsia para continuar con la investigación.
Actualizado 02/11/2017
Oct 25, 2017 | DDHH, inicio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en estos días lleva a cabo su 165º período de sesiones extraordinarias en Montevideo, Uruguay, recibió este martes a organismos de Derechos Humanos y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos. “Vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, manifestó Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, ante la Comisión. El Estado Nacional hizo su descargo representado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación, Jorge Szeinfeld. “Rechazamos toda malintencionada imputación de indiferencia, negacionismo y vaciamiento”, dijo el secretario y aseguró que el gobierno es “víctima de una campaña de desprestigio”.
La audiencia pública comenzó a las 9.45 en el Palacio Legislativo de Montevideo. Entre los impulsores de la reunión se encontraban la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA); los principales organismos de Derechos Humanos y decenas de agrupaciones sindicales. En primer lugar, se trataron cuestiones relacionadas a la situación de los derechos laborales y gremiales, donde representantes de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Asociación de Trabajadores del Estado-Capital (ATE-Capital), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri. Más tarde, se debatieron problemáticas sobre derecho a la memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Allí participaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CELS, H.I.J.O.S.- Capital, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), entre otros. A través de la lectura de un documento a cargo de Luz Palma Zaldúa, coordinadora del Área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS; Estela de Carlotto y Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de esa Abuelas, los organismos plantearon sus preocupaciones. “El proceso de juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina es una referencia a nivel regional”, comenzó Palma Zaldúa. “Sin embargo, este progresivo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia se vio fuertemente afectado desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri, pues desde entonces distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando al negacionismo, y se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo su correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema”, denunció la representante del CELS enumerando distintos casos que evidenciaban una situación de retroceso en materia de Derechos Humanos en los tres poderes del Estado.
La CIDH recibió a organismos de DDHH y asociaciones sindicales de la Argentina para evaluar denuncias sobre violaciones de DDHH cometidos en el país durante el actual gobierno de Cambiemos.
“El nuevo contexto político y los mensajes del Gobierno nacional también tuvieron eco en decisiones de la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación Penal y, en consecuencia, en algunos Tribunales Orales Federales”, continuó Iud. “El dato más relevante en este sentido es el fallo de la Corte, conocido como “Muiña”, que declaró aplicable a estos procesos la llamada “Ley del 2×1”. En ese fallo, la Corte omitió realizar el control de convencionalidad, violando así la prohibición de conmutación de penas para crímenes de lesa humanidad. El extendido repudio social forzó la rápida respuesta del Congreso Nacional y se dictó la Ley 27.362, una norma interpretativa que aclara que la regla del “2×1” no puede beneficiar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, expuso. Luego se refirió a problemáticas como la lentitud del avance de las causas judiciales, la concesión de beneficios a imputados por delitos de lesa humanidad, la absolución de represores y apropiadores, la utilización del procesamiento del ex Jefe del Ejército César Milani como un logro propio del Gobierno, la situación de hostigamiento sufrida por defensores de derechos humanos, el ataque a la independencia de los fiscales –con particular referencia al intento de remoción de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó-, y la falta de avances en la investigación por la desaparición de Julio López.
“Tal como hemos adelantado, estas regresivas decisiones judiciales o el debilitamiento de áreas clave del Poder Ejecutivo, no constituyen hechos aislados ni pueden comprenderse sin analizar el contexto en el que se producen”, prosiguió Carlotto. “Fueron resonantes las declaraciones de dos funcionarios públicos que relativizaron el número de desaparecidos y el alcance de la represión, con un discurso claramente negacionista. Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un “negocio”. Porque vemos con preocupación cómo desde las más altas esferas se promueve desandar el camino recorrido en estos 40 años de lucha, estamos una vez más recurriendo a esta Comisión buscando preservar lo conquistado y avanzar sobre lo pendiente”, concluyó, exigiendo que el gobierno de Mauricio Macri garantice la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
«La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos», dijo Alan Iud, abogado de Abuelas.
A continuación, hizo su descargo la comitiva del Estado Nacional. “El Presidente de la Nación ha puesto como faro a la verdad, en virtud de que es un valor supremo, y a la justicia como un bien social que debe funcionar de forma independiente, como no ha ocurrido en los 12 años que precedieron a nuestra gestión. La agenda de derechos humanos -que denominamos ampliada- tiene como sostén fundamental a la memoria, el respeto, el encuentro, el diálogo y la inclusión. Memoria, verdad y justicia es política de Estado, a la que honramos con indicadores de eficiencia mayores a los heredados”, comenzó Avruj. “Reconocer el contexto de violencia del que emergió el terrorismo de Estado perpetrado por la última dictadura no significa en ningún sentido avalar la Teoría de los Dos Demonios. Nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Los argentinos hemos demostrado en estos años de consolidación democrática, que no queremos volver a vivir el horror de la dictadura. Si se nos llama a responder sobre cifras, debemos reconocerle a la gestión anterior la creación en 2014 del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, el cual informa a la fecha 8.571 personas desaparecidas”, ratificó en justificación de la postura oficialista sobre la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura.
Por último, Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina, remarcó la necesidad de unidad y trabajo conjunto entre ambas partes. “Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas. Pero hay temas que son una verdad histórica, como la dictadura, las desapariciones y los crímenes de lesa humanidad. La Comisión está comprometida con eso y siempre lo estará. En ese sentido, es muy importante a partir de esta audiencia la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia.”
Representantes de CTERA, ATE-Capital, SIPREBA, entre otras, denunciaron violaciones a los derechos de los trabajadores y persecuciones hacia los gremios por parte del gobierno de Mauricio Macri.
Al finalizar la audiencia, el abogado de Abuelas, Alan Iud, manifestó en diálogo con ANCCOM: “Planteamos en esta audiencia que las decisiones judiciales sobre causas de lesa humanidad son una de nuestras mayores preocupaciones, particularmente la implementación del 2×1 como se dio en el “fallo Muiña”. La CIDH acaba de crear una Unidad para la Memoria, la Verdad y la Justicia como respuesta a las denuncias que planteamos. Esto quiere decir que va a hacer un seguimiento directo sobre estos temas. Esperamos que nos sigan escuchando y que sigan de cerca la situación de los Derechos Humanos en Argentina para que, como dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (de la CIDH), no haya regresionismos”, remarcó. Luego, en referencia a las declaraciones de funcionarios gubernamentales sobre la cifra de los desaparecidos, especialmente los recientes dichos de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, aduciendo que durante la década del setenta “ni los demonios eran tan demonios, ni los ángeles, tan ángeles”, agregó: “No deberíamos estar discutiendo estas cosas sino acelerando los procesos judiciales”. Y ante la creciente incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos en Argentina tras la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas, concluyó: “Las Abuelas y las demás organizaciones nos demostraron que, aun en los momentos más difíciles, se han sobrepuesto y han mantenido su lucha por la memoria, la verdad y la justicia”.
«Ante el aniversario del golpe de Estado, el bloque de diputados del partido de gobierno asimiló la actividad de los organismos de Derechos Humanos a un ‘negocio'», dijo Estela de Carlotto.
«Los ministerios públicos tienen el deber de investigar, y el Poder Ejecutivo no puede influir ni cambiar sus conductas», dijo Francisco Eguiguren Praeli, Presidente de la Comisión y Relator para Argentina.
Actualizado 25/10/2017
Abr 26, 2017 | DDHH
Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó el comunicado de la restitución del hijo de los desaparecidos Iris Nélida García y Enrique Bustamante, acompañada por la representante de Abuelas de Córdoba, Sonia Torres, la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Mariana Herrera, y familiares del nieto encontrado.
Iris, a quien su familia y amigos le decían “Susuki”, nació el 15 de mayo de 1952 en Mendoza y fue estudiante de Sociología en la Universidad Católica Argentina. Enrique, “Bebe” para los suyos, nació el 5 de junio de 1951. Compartieron la militancia en la organización Montoneros, donde los apodaban “Tita” y el “Lobito”.
“Conocí al Lobito en 1972 cuando la Juventud Peronista estaba en su momento de mayor efervescencia. Militábamos en una unidad básica que se llamaba Patria Grande. Teníamos una relación muy cercana. Hasta diciembre del 76, cuando tuvimos que dispersarnos, él vivió todo el tiempo con nosotros”, relató, durante la conferencia de prensa, Cristina Muro, amiga de la pareja. Con lágrimas contenidas, recordó el día que él le contó que Tita estaba embarazada: “Vino, me tocó mi panza, que yo estaba de siete meses, y me dijo: ´¡Voy a ser papá!´. Era un chico rígido, estructurado, y verlo ese día así, tan emocionado, es algo que me queda”.
Cristina, que forma parte de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y cuyo marido fue secuestrado por la dictadura, aportó los datos del Lobito a la Secretaría de Derechos Humanos cuando aún no estaba denunciado como desaparecido. Con la confianza que da la amistad, mirando a las cámaras que llenaron la sede de Abuelas, se dirigió al hijo del Lobito y Tita que no participó de la conferencia: “Me gustaría decirle a este ´niño hombre´ que hay muchas cosas muy lindas para recordar y contarle de los últimos cinco años de vida de su padre”.
Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó el comunicado de la restitución del nieto 122, junto a Mariana Herrera, del Banco Nacional de Datos genéticos.
Club Atlético
Iris y Enrique fueron detenidos el 31 de enero de 1977 por personal de la Policía Federal en la pensión en la que vivían en Tacuarí al 400, en el barrio porteño de Constitución. Por distintos sobrevivientes, se supo que fueron llevados al centro clandestino “Club Atlético”, en San Telmo, aunque Enrique también estuvo en algún período en la ESMA y luego, nuevamente, en el Atlético.
Ana María Careaga, ex detenida-desaparecida e hija de Esther Ballestrino, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo (asesinada por la dictadura), compartió su cautiverio en Club Atlético con el Lobo. Por entonces militante de la Juventud Guevarista, Ana María tenía 16 años cuando la secuestraron, embarazada, y la llevaron a ese centro clandestino. “Nosotros teníamos siempre los ojos vendados y grillos en los pies, él no, porque se encargaba de repartir la comida, limpiaba y sacaba la gente al baño. Les decíamos los ´destabicados´ porque no tenían grillos ni vendas. A veces, cuando no había nadie cerca, él hablaba. Y fue ahí que lo conocí”.
“A mí me secuestraron el 13 de junio de 1977 -recordó Ana María-, y él me dijo que desde enero de ese año estaba ahí junto a su mujer que se encontraba embarazada. También ahí me contó que ella ya no estaba en el Club Atlético. Le habían dicho que la llevaban a la ESMA ´a tener familia´ porque donde estábamos no existían las condiciones sanitarias para dar a luz”. A Iris, “la Lobita” para sus compañeros de cautiverio, la conoció únicamente por los relatos de Enrique.
“Cuando salí del campo, no sabíamos los nombres de nadie. Para mí, él era el Lobo. Recién cuando se fundó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), en 1983, íbamos a declarar y así nos fuimos relacionando. Y fuimos reconstruyendo las personas vistas, los testimonios del mismo lugar, los represores, fragmentos de memoria, y después nos terminamos enterando que él era Enrique Bustamante. Una vez pudimos saber dónde había vivido el padre y fuimos, pero no encontramos a nadie”.
Según Ana María, los hijos e hijas de desaparecidos a quienes les mintieron su árbol genealógico “ahora deben reinsertarse en su propia historia de la que fueron arrancados. Es importante que sepan que fueron deseados por sus padres, que hubo un matrimonio que se amó y pensaron en tenerlos. Acá hubo una generación de jóvenes que estaba comprometida con la liberación, con la emancipación, y esto hay que saber transmitirlo”.
La conferencia de prensa por la restitución del nieto 122 fue en la sede de Abuelas de Capital Federal. En la misma, se le dio al mismo, la bienvenida a la verdad.
“Voy a volver”
En la rueda de prensa realizada ayer, la referente de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba, Sonia Torres, dio detalles de cómo encontraron al hijo de Iris y Enrique: “Habíamos recibido datos de un hombre que podía ser hijo de desaparecidos. Entonces trabajamos sobre eso, decidimos acercarnos y nos recibió calurosamente. Le contamos cómo era nuestra tarea y la de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y él accedió voluntariamente a hacerse los análisis de ADN. Después de un tiempo llegaron los resultados a Córdoba y dio positivo, es hijos de desaparecidos”.
La directora del BNDG, Mariana Herrera, afirmó que las tecnologías y métodos de investigación que tuvo y tiene el Banco dieron lugar a este resultado: “Esto abre una gran puerta de esperanza para las familias que siguen buscando a su nietos”, dijo. Herrera aprovechó para informar a los medios que este año, además de los 40 años de Abuelas, se cumplen 30 de la institución que ella dirige, y brindó por la identidad de los 122 nietos restituidos.
El nuevo nieto podrá conocer a su abuelo materno, Manuel García, de 92 años, quien luchó incansablemente para encontrarlo, y a otros familiares de su mamá que no estuvieron en la conferencia “por no estar preparados emocionalmente para afrontarla”, precisó la directora de la Conadi, Claudia Carlotto, “pero que están conmovidos con la noticia”.
Acto seguido, tomó la palabra una prima de Enrique, Blanca Bustamante, hija de Amado Bustamante, “tío del Lobo que aportó su muestra de sangre al banco de datos genéticos”. “Yo sé que mi padre está feliz, que estas gotas de lluvia en Buenos Aires son lágrimas de alegría, de las tantas viejas y viejos que se murieron esperando la llegada de sus seres queridos. La última vez (Enrique) vino a Burzaco, a la casa de su tío Amado, a dejarnos sus pertenencias, y le dijo: ´Tío, guárdamelas porque voy a volver´, y mi padre lo esperó toda la vida”. Y luego, le habló directamente al hijo de Enrique e Iris: “Vos que me estás viendo por televisión: podemos charlar, mostrarnos las fotos y que nuestras almas se comuniquen. Es mi ferviente deseo. Yo te quiero”.
A su lado, Ricardo Andrés Bustamante, primo hermano del Lobo, manifestó: “Es bueno poder cerrar una historia tan triste con un final feliz y saber que hay algo de ´Enriquito´ dando vueltas en Córdoba. Ojalá que algún momento se acerque a nosotros. Que él decida cuándo, que nuestros sentimientos están abiertos y así poder contarle la historia de su padre, de su abuelo. Estamos muy felices y ojalá que muchos más nietos se encuentren. Es un sentimiento realmente poderoso. Te das cuenta de la historia triste que vivimos, esas épocas oscuras que deseamos que nunca más se vuelvan a repetir”. Sonriendo, agregó: “Y esperamos conocer a nuestro sobrino”.
Tita estaría por cumplir 65 años y el Lobito, en dos meses, cumpliría 66. Hoy el hijo de ambos, nacido en julio de 1977 en la ESMA, puede decir y escribir el nombre de sus padres. Bienvenido a la verdad.
“Es bueno poder cerrar una historia tan triste con un final feliz y saber que hay algo de ´Enriquito´ dando vueltas en Córdoba. Ojalá que algún momento se acerque a nosotros», dijo Ricardo Andrés Bustamante, primo del nieto apropiado.
Actualizada 26/04/2017
