May 25, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093 en 2006, debía vencer el 12 de mayo último, y el oficialismo busca consenso en la Cámara de Diputados para tratar un nuevo proyecto de ley. Desde hace un año, algunos sectores promueven la renovación de la norma, en especial quienes conforman la Liga Bioenergética de Provincias: Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta. De hecho, en octubre la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad su extensión hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque desde entonces nunca llegó a debatirse en Diputados.
Entre tanto, apareció una nueva iniciativa, encabezada por Máximo Kirchner, presidente del interbloque del Frente De Todos (FDT) en la Cámara Baja, que propone un nuevo marco regulatorio, algo que descolocó a propios y ajenos. Juntos por el Cambio y el interbloque Federal convocaron a una sesión especial a fines de marzo para extender la legislación vigente, pero quedaron lejos del quórum. Se ausentaron oficialistas y, además, representantes del Pro y la Unión Cívica Radical (UCR) de provincias petroleras que decidieron no estar en su banca ni conectarse de manera remota.
Con la presión del tiempo y de los reclamos encima, un día antes de su vencimiento, el Gobierno Nacional prorrogó el actual régimen de biocombustibles por un plazo de 60 días o hasta que entre en vigor un nuevo marco regulatorio, según dicta el decreto 322/2021. De esa manera, estableció su vigencia hasta el 12 de julio del corriente, que puede ser reemplazado en el caso de que se apruebe otra legislación, por lo que toma en cuenta la existencia de proyectos con estado parlamentario. La medida busca asegurar un “adecuado análisis y debate” permitiendo la continuidad temporaria de la normativa actual.
La norma vigente estipulaba que los biocombustibles deben tener una participación del cinco por ciento en los combustibles líquidos derivados del petróleo. Distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, elevaron a diez y a doce por ciento el corte de biodiesel y bioetanol, respectivamente. Esto impulsó su desarrollo en provincias en las que se producen soja, maíz y caña de azúcar, bases de los combustibles alternativos.
El proyecto consiguió dictamen en el plenario de comisiones de la Cámara Baja.
El proyecto de Máximo
La iniciativa del diputado Kirchner, que lleva la firma de otros quince legisladores, establece una nueva regulación con plazo hasta 2030, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional la prorrogue por cinco años por única vez. El proyecto señala a la Secretaría de Energía, a cargo de Darío Martínez, como autoridad de aplicación para regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable. Además, otorga un rol más relevante a empresas no exportadoras y busca frenar la salida de divisas y promover la industrialización, sustituyendo la importación de combustibles fósiles con biocombustibles. En diálogo con ANCCOM, Martínez consideró que la nueva legislación “enfatiza el resguardo de las PyMEs, de las fuentes de trabajo y del bolsillo”, atendiendo a “cuestiones que eran reclamadas”. Para el secretario, a su vez, otorga la “previsibilidad que necesita cualquier actividad” con un enfoque “participativo y federal”, que se evidencia “en la comisión especial de análisis y seguimiento” que ordena crear.
El texto reduce de diez, según la ley actual, a cinco el porcentaje mínimo de biodiesel sobre la cantidad total de la mezcla con gasoil y/o diésel oil. Con respecto al bioetanol, mantiene el corte en un doce por ciento y en un seis tanto los que son elaborados a base de caña de azúcar como de maíz. La autoridad de aplicación podrá, en el caso del biodiesel y del maíz, disminuirlo hasta un tres. Marcos Cleri, diputado oficialista de Santa Fe, expresa que la baja sería “para que no aumente la nafta y las plantas sigan produciendo” pero que también “puede subir si se aplica el régimen de sustitución de importaciones”. Por último, continúa la eximición del pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono, que en el caso de ser mezcla recaerá sólo sobre el componente fósil.
El martes 18, después de varios intentos frustrados por falta de acuerdo, el proyecto consiguió dictamen en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Omar Félix, diputado mendocino del FDT y presidente de la primera comisión mencionada, evaluó que “da previsibilidad al sector y cumple con los compromisos internacionales”. Además, indicó, en coincidencia con Martínez, que “protege a las empresas, a la actividad y, por sobre todo, al bolsillo de los argentinos”.
Juntos por el Cambio y el bloque Córdoba Federal son quienes más se oponen al marco propuesto. Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti, advirtió que si se aprueba “se pueden perder muchas fuentes de trabajo”. En igual sentido se pronunció Mario Negri, presidente del interbloque de la principal fuerza opositora, alegando que “atenta contra la economía de diez provincias” y acusando al proyecto de “anti Córdoba”. Su par provincial pero oficialista, Eduardo Fernández, cree en cambio que “expresa la experiencia acumulada del sector” y que con la intervención estatal “la industria tendrá más equilibrio”.
Las provincias de Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta conforman la Liga Bioenergética.
El escenario legislativo
El proyecto sorprendió a propios y ajenos porque la prórroga al régimen actual parecía estar encaminada. Sobre la media sanción del Senado se apoyan la mayoría de las críticas. Tanto la demanda de renovación, como la propuesta de un nuevo marco regulatorio, son transversales a las fuerzas políticas, sujeta a la lógica productiva de cada jurisdicción. Las que producen petróleo se quejan de la rentabilidad a costa del precio regulado por el Estado que las refinerías están obligadas a pagar. Las productoras de biocombustibles señalan que no hay forma de introducir energías renovables sin la participación estatal.
El interbloque Federal mostró cohesión interna a la hora de presionar en contra del proyecto oficialista, y también para impulsar el tratamiento de otras opciones, incluida la prórroga de la Cámara Alta a través de solicitudes para sesionar. Además, presentó su propia iniciativa para elevar el porcentaje de mezcla de bioetanol en naftas al 20 por ciento y de biodiesel en gasoil al 16. Alejandro Rodríguez, diputado bonaerense, resaltó que el objetivo es “sumar fuentes de trabajo e inversiones en la zona centro del país, con eje en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe». A su vez, brindaron su apoyo a la propuesta de una nueva Ley para el Desarrollo de los Biocombustibles, dada a conocer el año pasado por el cordobés Gutiérrez, también integrante del interbloque.
Con respecto al proyecto con dictamen, Rodríguez opinó que “no es bueno para la producción, para el medio ambiente y para las políticas públicas”. En la misma línea se expresó el salteño Andrés Zottos al marcar que, si bien “hace falta una nueva ley” y “se han escuchado todas las demandas de nuestra región”, hay que discutir que “no se bajen los cortes que ya hay porque causaría perjuicios”. Por otro lado, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo todavía no ha definido su postura, a diferencia de los monobloques Movimiento Popular Neuquino y Partido de la Justicia Social que sí decidieron, al menos, acompañar el tratamiento de la iniciativa de Máximo Kirchner.
En la Cámara Alta, dentro de la mayoría oficialista, hay pocas declaraciones luego de que quedara trunca la prórroga. En especial, no ha emitido declaraciones María de los Ángeles Sacnun, autora de dicha iniciativa parlamentaria, a la que también habría tomado por sorpresa la ausencia de la misma en el temario que el Ejecutivo ordenó para las sesiones extraordinarias. Quien sí tomó la voz fue Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El senador por San Luis pidió que la autoridad de aplicación sea el Ministerio de Ambiente y que “se respeten los pactos internacionales como el Acuerdo de París”.
Empresarios y medio ambiente
Rodríguez Saá se expresó en esos términos en una reunión virtual que mantuvo con la Cámara Panamericana de Biocombustibles de Avanzada (CAPBA), entidad que solicitó el encuentro por la situación legislativa actual. El principal foco de crítica a la nueva iniciativa pasa por el papel de la Secretaría de Energía, que también es responsable de la producción petrolera en el país, por lo que habría un conflicto de intereses para la prosperidad de ambos sectores.
En la reunión informativa de comisión, llevada a cabo hace más de un mes como puntapié inicial en el tratamiento del proyecto, varios representantes del empresariado habían mostrado su disgusto, en especial con respecto a la baja del corte de biodiesel. El diputado Cleri deslizó que “hubo consenso con las cámaras del sector, aunque es cierto que no consiguieron la totalidad de sus demandas”. Al mismo tiempo, el Centro Azucarero Argentino (CAA) manifestó su conformidad ya que “contempla los temas de interés”, por lo que espera el respaldo de los legisladores del noroeste argentino.
Por otro lado, el legislador mendocino Omar Félix volvió a destacar que “no se van a dejar de cumplir los compromisos internacionales” en materia de medio ambiente y que “no significa que esos valores vayan a estar fijos para siempre”. Por último, los diputados del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño y Juan Carlos Giordano, rechazaron la postura de sectores del oficialismo y de la oposición porque “benefician a las grandes multinacionales” y “ninguno de los problemas principales que sufren las mayorías populares se están poniendo en debate”. Una nueva piedra en el camino del oficialismo a nivel legislativo.
May 19, 2021 | Novedades, Vidas políticas
El gobierno nacional envió el lunes pasado al Congreso de la Nación el proyecto de ley conocido como “Emergencia Covid”, que busca crear parámetros epidemiológicos y definir las facultades de las diferentes jurisdicciones para establecer restricciones sanitarias. La iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ingresó por la Cámara de Senadores, donde el oficialismo tiene mayoría propia, y espera ser aprobada antes del 21 de mayo, cuando vencen las actuales medidas decididas al comienzo del mes.
La estrategia será avanzar en los consensos necesarios, de acuerdo a la postura que cada jurisdicción mostró en las últimas reuniones de los Consejos Federales de Salud y de Educación, en las cuales la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza quedaron aisladas defendiendo la presencialidad en las escuelas y rechazando las cuatro etapas de riesgo propuestas. La especulación pasa por el apoyo de los oficialismos provinciales del Frente De Todos, sumado a los mandatarios radicales de Jujuy y Corrientes.
El proyecto define los parámetros de situación epidemiológica según la cantidad de casos cada cien mil habitantes: bajo riesgo (50 a 150 casos); mediano riesgo (150-200); alto riesgo (250-500); y Alarma Epidemiológica Sanitaria (más de 500 y 80% de ocupación de unidades de cuidado intensivo-UTI), única instancia en que se suspende la presencialidad escolar. Además, avala la disposición de restricciones de acuerdo a la gravedad de cada lugar y aclara que las decisiones del PEN serán de “forma razonable y proporcionada”, previa consulta con la jurisdicción correspondiente. También brinda potestades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en empleos públicos y las limitaciones sobre el transporte, mientras que las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización.
La iniciativa sigue las variables ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 287/2021, que se encuentra vigente y dentro del marco normativo actual. Las etapas se definen por tres criterios principales, que son la incidencia y la velocidad de los contagios y la ocupación de camas de terapia intensiva. En diálogo con ANCCOM, Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Sanatorio Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), analiza que “frente a una situación epidemiológica que no ha mejorado lo suficiente y frente a la discrecionalidad que hay” se impone un instrumento que “pone pautas objetivas para la implementación” de medidas sanitarias. “Es importante definir taxativamente que estamos en un contexto de colapso” en el cual la “intubación fuera de UTI es un determinante independiente de mortalidad”, completa Dubin.
Primera parada: Senado
El martes, al día siguiente de la presentación del proyecto por parte del oficialismo, se realizó el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud de la Cámara Alta. María de los Ángeles Sacnun, senadora por Rosario y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales que condujo el plenario, indicó a ANCCOM que el proyecto “se funda en las facultades que otorga la Constitución Nacional (CN) en los Artículos 41 y 42 y en los pactos internacionales a los que se comprometió el país”. Además, agrega que “se basa en datos objetivos y la previa consulta sostiene el federalismo”, en línea con lo que apuntó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo sobre las clases presenciales.
La iniciativa, que no tuvo modificaciones, obtuvo dictamen favorable para ser tratada durante esta semana. Si bien el oficialismo cuenta con mayoría propia, resaltó la postura de Alberto Weretilneck, senador de Juntos Somos Río Negro y usual aliado, que adelantó su rechazo al sostener que la ley es “en respuesta al fallo de la Corte”. Está la posibilidad de que se apruebe con ciertos cambios para llegar con más apoyo a la Cámara Baja.
El rechazo de Juntos por el Cambio fue total y Humberto Schiavoni, senador por Misiones, expresó que “hay absoluta unanimidad dentro de la alianza en el tema”. El problema pasa por lo que entiende el oficialismo y toda la oposición por federalismo de concertación, en relación al acuerdo que debe haber entre Nación y cada provincia. Para Schiavoni, si la consulta “no es vinculante entonces es inconstitucional”, por lo que consideró que, de nuevo, se “entrará en un conflicto de poderes”.
Acuerdo o judicialización
Al igual que en la postergación de las PASO, el centro de atención está puesto en la Cámara de Diputados en la que el oficialismo depende del consenso con otros bloques para lograr su aprobación, sobre todo por el acelerado tratamiento que busca darle. En Juntos por el Cambio ya habían anticipado su rechazo y advirtieron que intenta otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica que se ocupó de la revisión de los fundamentos, lamentó la calificación y afirmó que el objetivo es “dejar atrás la herramienta del DNU y pasar a una ley como marco, donde el Presidente sólo pueda intervenir después de que una Gobernación haya adoptado medidas y chequeado su resultado”. Por su parte, Cecilia Moreau, vicepresidenta del Frente De Todos en la Cámara Baja, puntualizó que los criterios “no deben estar atados a la subjetividad y al uso político”. Sostuvo que “no toda la oposición es la misma” y que “una parte comprende la situación”.
Luego de su aprobación en Senadores, el proyecto será girado a las mismas dos comisiones de Diputados y, de esa manera, la fuerza oficialista entrará en una disputa voto a voto para llegar al quórum de 129 voluntades. Los principales cuestionamientos pasan por el consenso necesario con los gobernadores, los límites a la delegación de facultades y una temporalidad determinada. En el texto se establece que las medidas se revisen a los 21 días y establece su propia vigencia hasta el 31 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por los decretos 260/20 y 167/21. Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y del bloque radical, criticó que “puede durar hasta que termine la pandemia”, cuando el artículo 76 de la Constitución Nacional “exige que toda delegación tenga plazo fijado para su ejercicio”, mientras “el Ejecutivo viene decidiendo por DNU la duración de la emergencia sanitaria”.
A pocos días del vencimiento del DNU, acuerdan nuevas restricciones para el AMBA.
Negri considera que se “pretende actuar como si fuéramos un país unitario” y que los gobernadores, según establece el artículo 128 de la Constitución son “agentes naturales facultados para velar por su cumplimiento de la Carta Magna”. Juan Manuel López, que lidera a la Coalición Cívica, advierte que el Congreso “no puede delegar facultades que no le pertenecen” y su par del PRO, Cristian Ritondo, evalúa que “el presidente ya tiene bastante poder y se ha extralimitado”. De esta manera, los votos deberán ser buscados en el resto de las bancadas.
El poroteo
El interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón, pretende más claridad en los plazos y la terminología, cuestiones que ya fueron comunicadas. Si se resuelven, acompañaría la iniciativa y podría sumarse el apoyo de Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social de Tucumán. El interbloque Federal, presidido por Eduardo Bucca, continúa mostrando una postura heterogénea. Alejandro Rodríguez, y los otros dos legisladores identificados con Roberto Lavagna, adelantaron que rechazarán la medida. A Carlos Gutiérrez, de Córdoba Federal, le parece que el sentido es “sólo contradecir a la Corte” y también se mostró en contra. Por el lado del Socialismo, Enrique Estévez considera que, además del consenso y las limitaciones, “debe haber más elementos científicos”. Las mismas inquietudes son compartidas por el bloque Justicialista y el Frente Progresista Cívico y Social, que podrían contribuir con tres votos.
El oficialismo le estará prestando atención a los legisladores de aquellas provincias que lo acompañaron en los Consejos Federales, en especial a quienes representan a Jujuy y a Corrientes, y al diputado Luis Di Giacomo, que responde al senador Weretilneck. A él se suman las dos bancas del bloque Acción Federal, que conduce el riojano Felipe Álvarez, y el monobloque del Movimiento Popular Neuquino en manos de Alma Sapag.
Por último, restará saber que harán los dos representantes de la izquierda trotskista: Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas. El primero piensa que “no propone ninguna medida para cuidar la vida de los trabajadores” y que “cambia los parámetros de la Sociedad Argentina de Pediatría para suspender la presencialidad escolar”. El segundo deslizó que, si bien “el semáforo epidemiológico se puede considerar”, su partido “rechazó históricamente” los “superpoderes”. Otra vez, el tiempo le juega contrarreloj al Gobierno Nacional y la posibilidad de consensos disminuye, cuando todo debe resolverse en una semana o Alberto Fernández tendrá que apelar a la extensión de las actuales restricciones sanitarias.
May 13, 2021 | Comunidad, Novedades
La República Argentina cuenta con más de 45 millones de habitantes de los cuales el 42% se encuentran bajo la línea de la pobreza, tal como lo informó el INDEC el pasado mes de marzo. La comparación interanual es un dato que preocupa aún más cuando se observa el fuerte incremento en esos niveles que se registraron en el segundo semestre de 2020, con 6,5 puntos porcentuales por encima del 35,5% de igual período de 2019.
Cuando se realiza un análisis más segmentado sobre el informe que dio a conocer el INDEC, se puede vislumbrar que Gran Resistencia es el principal exponente de este crítico panorama, ya que registró un 53,6% su población sumergida en la pobreza, mientras que el Gran Buenos Aires, que tiene un 51% de sus habitantes en esas condiciones, está en segundo lugar. En ese triste ranking la tercera posición le corresponde al Gran Concordia (49,5%) y la cuarta al Gran Mendoza (44 %).
ANCCOM dialogó con referentes territoriales y académicos de esas zonas que no son el Conurbano bonaerense, que es el más conocido, para escuchar su interpretación acerca de las causas intrínsecas de la pobreza en las periferias de esas ciudades.
Gran Chaco: soja y pobreza
Johana Duarte es secretaria General del Movimiento Evita en Chaco y vicepresidenta del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular de Chaco (IAFEP). En su militancia, y ahora como funcionaria de un organismo del Estado provincial, ha trabajado de cerca con los sectores de la economía popular y de la agricultura familiar. Sostiene que en esta reconfiguración del mundo laboral de los últimos años, hay un sector muy grande de trabajadores de la economía popular que ha sabido organizarse por fuera de los márgenes del sistema formal. Afirma que desde el gobierno es importante generar derechos que amparen a este sector desplazado del empleo privado y público.
Duarte atribuye los altos niveles de pobreza al vaciamiento que se dio en materia de asistencia social y de políticas de reactivación económica durante el macrismo. Asegura que las medidas que inyectaban dinamismo dentro de la economía popular se fueron deteriorando y que la contracara de esto fue la concentración económica en pocas manos, destruyendo el poder de intervención estatal.
“A partir del 2017 hay un fuerte crecimiento del trabajo informal. Ese sostenimiento que dejó de hacer el Estado impactó fuertemente en nuestra provincia porque nosotros somos pobres estructurales”, sentenció la referente del Movimiento Evita. Y explicó que la pobreza en esta región de la Argentina es la que más va a costar desentramar y más tiempo va a llevar cambiar esa realidad. Argumenta que el desmantelamiento del Estado y de las políticas públicas provocó que gran parte de los sectores medios y medios bajos hoy en día no tengan acceso a servicios básicos como gas natural, agua y electricidad.
Otra de las causas que atañen a la pobreza la adjudica a las migraciones internas que se producen hace ya varios años. “Los chaqueños y chaqueñas que no encuentran un futuro u oportunidad de desarrollo laboral en sus distintas localidades, y que antes vivían de tener su propia chacra, se vinieron a la ciudad a engrosar los números de los grandes cordones urbanos”, señaló. Parte de la población que antes vivía del trabajo rural ahora se encuentra en barrios populares, asentamientos o villas, viviendo “en condiciones infrahumanas con la esperanza de encontrar un trabajo formal”, agregó.
La vicepresidenta del IAFEP marca un camino posible para salir de esta crítica situación: la economía popular. Las provincias del NEA, como el Chaco, muestran a través del registro del RenaTEP (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) que la primera fuente de trabajo es la informal y en muchas familias, la única. “Este es un sector dinámico que ha generado trabajo donde el mercado dejó de generar”, precisa.
Duarte cuenta, como funcionaria de gobierno que si el propio Estado no posiciona a estos sectores como uno de los más activos de la economía será muy difícil una recomposición. Plantea tres eslabones para la recuperación: el fortalecimiento de la agricultura familiar, el impulso de las pequeñas obras de infraestructura social básica en los barrios populares y dar valor monetario a las tareas de cuidado.
En la misma ciudad hay varias organizaciones sin fines de lucro que buscan hacer frente a este escenario, una de ellas es la Fundación Amadeo Capital Humano. En diálogo con su presidenta y fundadora, Susana González, se ve una coincidencia en el argumento de que uno de los problemas estructurales de la pobreza en el Gran Resistencia, en particular, y en Chaco, en general, es la falta de fuentes laborales formales en el sector agrario, por un lado, y la ausencia de servicios básicos en los pueblos rurales, por el otro.
Su larga trayectoria con la Fundación le ha permitido observar que desde los gobiernos de turno hay una falta en la política territorial: “Si la gente tuviera un pedacito de tierra donde poder sembrar y, a su vez, volcar en el mercado su producción, no tendría que ir a la capital donde se amplía el cordón urbano”, ejemplificó. Otro factor que engrosa los números de pobreza, según González, es la sobrepoblación como consecuencia de una inexistente Educación Sexual Integral en los asentamientos urbanos. “Hoy las familias comienzan a gestarse de forma prematura”, indica.
Sobre las causas que motivan las migraciones populares del campo a la ciudad, explicó que se debe, entre otras razones, a la pérdida de las grandes plantaciones de algodón características de esta región del país. En ese entonces los productores podían tener su empleo sin necesidad de mudarse a la ciudad. “Ahora todo es verde de soja hasta la banquina de la ruta”, ilustra la presidenta de la Fundación.
Gran Concordia: salarios bajos y desempleo
Para una mirada local sobre los suburbios de Concordia, que junto con el Gran Buenos Aires es segundo conurbano más pobre del país, habla el responsable del comedor comunitario El Puentecito, Ramón Ernesto Sarmiento, que en su trabajo cotidiano observa un alto nivel de desempleo e inestabilidad laboral. “No hay contratos laborales por un periodo largo, son apenas por dos o tres meses”, apuntó. Por otra parte, hace referencia a las asignaciones sociales que perciben muchos entrerrianos por parte del Estado. “Los empresarios se encuentran que nadie quiere trabajar la tierra porque ganan más con las asignaciones que trabajando. La gente tiene miedo de perderlas si entra a trabajar en blanco”, dice. Y agrega que el salario de los jornaleros quedó totalmente desactualizado, cobran 1.500 pesos por día, por lo que la suma mensual no llega a cubrir la Canasta Básica Total para no quedar bajo la línea de la pobreza.
Gran Mendoza: tierra de desigualdades
Por su parte, Carmelo Cortese, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, hizo referencia a los dichos del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y su pretendida autonomía económica como provincia: “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente”, había manifestado el mandatario en una entrevista radial en junio del año pasado. Cortese aseguró que este discurso de independencia no se refleja en el preocupante aumento de la pobreza que registró la provincia en el último análisis interanual, con un 5.4% por encima del 38.6% del segundo semestre de 2019.
“Desde octubre del 2016 a octubre del 2017 hubo 7 puntos de aumento de la pobreza que coincide con la gobernación de Cornejo”, alertó el profesor universitario. También, en esos 4 años, la producción de Mendoza descendió, lo que derivó en una baja en la oferta laboral.
En esta región del país hay una desigualdad muy grande; “por un lado tenés a Valle de Uco, al norte de la provincia, que es el lugar donde están las mejores plantaciones de vino”, explica, y, “por el otro, se encuentra Gran Mendoza donde la pobreza y la desposesión es galopante”. Como investigador especializado en la composición social de este territorio, explica que los propios docentes de la provincia de Mendoza se encuentran bajo la línea de la pobreza: “Ganan alrededor de 29 mil pesos en mano con 10 años de antigüedad”, dice.
May 12, 2021 | Géneros, Novedades
La desigualdad de género tiene impacto en distintas áreas del conocimiento y el sector tecnológico no es la excepción. La situación actual coloca a las mujeres y las disidencias en una posición de desventaja con respecto a los varones.
Existen distintos indicadores que señalan la inequidad en el sector CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, o STEM, según sus siglas en inglés). Uno de ellos es el fenómeno conocido como «techo de cristal», el cual implica que las mujeres tienen más obstáculos para acceder a los puestos jerárquicos. Según el diagnóstico sobre la situación de las mujeres en Ciencia y Tecnología publicado por el Ministerio de esa área en febrero de 2020, sólo el 14% de los puestos directivos de los organismos bajo su órbita mostró mujeres al frente, mientras que el 86% de los cargos directivos restantes estaban ocupados por varones.
Delfina García Hamilton, coordinadora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad en ONU Mujeres, refuerza estas estadísticas: «Según ONU Mujeres y UNESCO, en América Latina y el Caribe, el 45% del total de las personas investigadoras son mujeres. Sin embargo, la segregación horizontal y vertical continúa siendo elevada: las mujeres investigadoras se encuentran aún subrepresentadas en los niveles más altos de las carreras profesionales y continúan siendo una minoría en diversos campos de las STEM».
Esta realidad se vincula con la denominada “segregación horizontal”. Las mujeres están sub-representadas en áreas tradicionalmente masculinas (Ingeniería, Tecnología, Ciencias Naturales y Exactas); mientras que, por lo contrario, están sobrerrepresentadas en otros campos como las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias Médicas y de la Salud, tradicionalmente femeninas y que refuerzan los estereotipos de roles de género.
Marta Maule, especialista TIC, docente y coordinadora en el Observatorio de Políticas Públicas en la Universidad de Avellaneda, enfatiza esta idea al expresar que “tendríamos que mirar cómo se involucra a les niñes en el conocimiento y la experiencia temprana de las CTIM. Allí tenemos el inicio de un proceso sostenido que, cuanto menos a las mujeres, nos excluye sistemáticamente de la posibilidad de siquiera soñar con ser matemática, programadora o científica en general”.
Maule es una de las fundadoras del espacio de estudio y análisis de Políticas TIC en la UNDAV, conformado íntegramente por mujeres profesionales que se interesan en el sector. «La iniciativa no se trata de retener un espacio sólo entre mujeres, se trata de demostrar una forma distinta de trabajar, pensar y analizar las tecnologías, haciéndolas propias y poniéndole nueva voz a la transmisión y generación de ideas y reflexiones sobre temas monopolizados por lo heteronormativo», explica.
Por su parte, García Hamilton coincide en el rol que cumple la integración de las mujeres para evitar los sesgos en el área. «Dar a las mujeres igualdad de oportunidades para desarrollarse y prosperar en carreras STEM -dice- ayuda a reducir la brecha salarial de género, mejora la seguridad económica de las mujeres, garantiza una fuerza de trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos en estos campos y en los productos y servicios elaborados».
Medidas estatales para acortar la brecha
El mes pasado el Gobierno nacional inauguró el Centro de Géneros en Tecnología (Centro G+T). Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Innovación Pública que articula al Estado con empresas privadas. Tiene como objetivo la inserción de las mujeres y disidencias en el sector CTIM. Desde el sector privado, participarán Google, Nokia, Huawei, Globant, Claro, Microsoft y Facebook, entre otras.
El acto de presentación en el Salón Norte de Casa Rosada, disponible en Youtube, fue encabezado por la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm; la directora de ARSAT, Anabel Cisneros; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y, en representación del sector privado, Lilian Denicola, gerenta de Calidad para el Cono Sur de Nokia.
Según ONU Mujeres, en América Latina y el Caribe, el 45% del las personas investigadoras son mujeres.
El Centro maneja dos líneas estratégicas: por un lado, trabajará en la formación e inserción de mujeres y disidencias en el sector CTIM a través de capacitaciones y charlas; y, a la par, se encargará de generar espacios en donde se visibilice a referentes mujeres con el fin de motivar a más jóvenes a formar parte del sector.
La coordinadora en ONU Mujeres resalta la importancia de este tipo de políticas: “Para lograr la igualdad de género es clave la articulación público-privada, por lo que celebramos la creación del nuevo Centro de Géneros en Tecnología, lo que representa un avance para que el Estado y las empresas articulen para impulsar políticas con perspectiva de género en sectores profesionales muy masculinizados como STEM”.
En la misma línea, Maule entiende que “decir que todas las acciones positivas contribuyen a reducir esta brecha y a generar condiciones de equidad no sorprende a nadie, pero es cierto que acciones concretas como el nuevo Centro de Géneros en Tecnologías aporta significativamente en esta dura tarea de visibilizar y comprender las barreras y prejuicios propios de un sector muy masculinizado y, también, a poner en agenda la necesidad de motivar, inspirar y mentorear a futuros profesionales que hoy pertenecen a sectores tradicionalmente relegados en las tareas de estudiar y hacer ciencias ‘duras’ o ‘abstractas’”.
Acciones concretas
Este 22 de abril, con motivo del Día de las Niñas en las TIC, se realizó la primera mesa de trabajo. En la reunión, que fue virtual, se presentó el sitio web del Centro G+T. También se estableció la articulación con el programa Punto Digital, que suma más de 580 nodos de conectividad en el territorio nacional e implica una vinculación directa entre los ciudadanos y las tecnologías.
Con respecto al sector privado, la empresa Huawei anunció la entrega de 600 becas a mujeres y disidencias que sean docentes y/o tengan entre 18 y 35 años de edad para brindarles capacitaciones en Big Data e inteligencia artificial. Por su parte, Microsoft presentó una propuesta de trabajo de 12 meses para mujeres y disidencias.
“Creo que contar con un Ministerio que tiene por tarea transversalizar la perspectiva de género en todo el accionar del Estado es estratégico para avanzar en soluciones reales y sustentables”, opina Maule. “Va de suyo que no es suficiente este enorme trabajo, sino que debemos poner, cada uno desde el sector en el que se desarrolla, la lupa en acciones concretas para profundizar y afianzar esta tarea titánica que pudimos retomar, desde lo público, en diciembre de 2019”, agrega la especialista.
El Centro G+T apunta a constituir un factor determinante en las acciones del Estado para la reducción de la brecha de género en los sectores CTIM y, para ello, la participación del ámbito privado es fundamental en este proceso. Lograr una mayor diversidad de género en áreas tradicionalmente masculinas contribuirá a resultados con menores sesgos y a un desarrollo económico más equitativo.
Así las cosas, la coyuntura de la pandemia no ha impedido que las mujeres continuen con una agenda activa en el diseño de políticas públicas y acuerdos con el sector privado para romper ese “techo de cristal”, un eufemismo de la discriminación por género que se usa en el ámbtio letrado.
Abr 28, 2021 | Comunidad, Novedades
Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge en 2020 determinó que la energía anual que se necesita para gestionar la principal criptomoneda, el bitcoin, es más que la que consumen cerca de 50 millones de argentinos para moverse, producir, calentarse, iluminar sus calles y todo lo demás. Pero ¿a qué se debe este elevado consumo?
Una de las características fundamentales de esta criptomoneda, como ya explicó ANCCOM, es la descentralización del control, emisión y regulación por parte del Estado y otros actores económicos. Sin embargo, esta no es la única condición: estas transacciones necesitan de una base de datos distribuida, segura e inviolable generada por la tecnología blockchain o cadenas de bloques, que plantean problemas matemáticos cuya resolución requiere crecientes cantidades de energía.
Pero, ¿de qué se tratan estas cadenas? Las transacciones de criptomonedas se integran en bloques virtuales que generan una marca temporal y un código propio vinculado al bloque anterior pero también al siguiente, provocando una cadena: si un eslabón es modificado, se pierde la coherencia matemática de la cadena y se hace evidente que algo no está bien. Como explica Andres Rabosto, sociólogo y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, este proceso lo realiza el software de la criptomoneda automáticamente, el cual requiere ser verificado: “Esta validación la realizan las computadoras conectadas a la red de la criptomoneda y consiste en encontrar la respuesta a un problema criptográfico contenido en el propio bloque; aquella computadora que llegue primero a la solución cobra un premio en nuevas criptomonedas”. Esto genera que a mayor cantidad de máquinas minando (buscando la solución al problema criptográfico), menor es la probabilidad de resolver un bloque y por lo tanto, de obtener recompensas.
A medida que el precio del bitcoin sube, más tentadora resulta la competencia y por lo tanto el incentivo para utilizar máquinas más potentes y que consumen más energía eléctrica. Si no se hace de esa manera, la resolución lleva más tiempo y el premio es solo para el ganador. Todo el resto de la energía se pierde irreparablemente. Como detalla Rabosto, “la necesidad de más potencia implicó mayor inversión en infraestructura produciendo una industria concentrada e integrada verticalmente por productores de hardware”.
El bitcoin consume una cantidad de energía comparable a la que utilizan países como Holanda o Bélgica.
Actualmente, las principales estimaciones consideran que Bitcoin tiene consumos comparables a los de países como Holanda, Bélgica, incluso Argentina. Uno de los principales objetivos a largo plazo es que para 2025 todas las cadenas de bloques del mundo utilicen energía 100% renovable por el gran impacto ambiental que genera las huellas de carbono y desechos electrónicos. En la encuesta a grandes mineros realizada por la Universidad de Cambridge en 2020, los entrevistados indicaron que solo el 39% de su consumo total de energía provenía de energías renovables. Si bien el objetivo de reducir las emisiones entusiasma a los defensores de bitcoin, cabe preguntarse si no sería mejor dedicar esa energía a fines con impacto en la economía real y el bienestar de la población.
Para Rabosto hay otra cuestión clave: “La minería de criptomonedas se realiza con hardware especializado que se vuelve obsoleto muy rápidamente, aproximadamente cada un año y medio. Cuando termina su vida útil, ese hardware se transforma en una gigantesca masa de cables, fierros y placas electrónicas que van al basural”. Por esto la utilización aún si se utilizara energía renovable, bitcoin seguiría teniendo un impacto ambiental significativo.
Por otro lado, en los últimos meses empezó a difundirse por redes sociales y por las calles de Buenos Aires publicidades de criptomonedas. Respecto a este tema el investigador afirma que podría deberse al aumento de su valor: “Según creo, se debe a movimientos especulativos de corto plazo ya que, de hecho, muchos analistas esperan un movimiento correctivo a la brevedad”.
El uso y el funcionamiento de las criptomonedas no solo encendió el debate económico y tecnológico sino también trajo como problemática el impacto ambiental. Según Digiconomist, si estas monedas virtuales fueran países ocuparía el puesto número 41 en el ránking de naciones que más electricidad consumen de manera anual. En términos ecológicos, hasta el momento solo entidades reales podrían ocasionar CO2; esto nos lleva a preguntarnos si todo consumo energético implica necesariamente un impacto ambiental.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que bitcoin no puede contaminar por sí mismos, sí lo hace el consumo de energía y recursos que conlleva su gestión. No obstante, la problemática de esta tecnología no está únicamente en el consumo de energía y el aumento de su valor en el mercado financiero, sino también en lo que implica dañar el medio ambiente para no producir algo concreto.
