Ago 11, 2021 | Comunidad, Novedades
“No sería la primera vez que se hacen exploraciones sísmicas en Argentina, ya se han realizado y como ellos (Equinor, compañía de origen noruego) bien dijeron, esto se hace en muchos países del mundo, pero eso no es una justificación válida”, afirma Belén Silva, que es ingeniera química y escribe sobre ciencia, medio ambiente y cambio climático. “Las cosas que se hacen hace mucho tiempo y en muchos lugares son las que están generando la situación climática que tenemos hoy. Quieren descubrir nuevos pozos de petróleo cuando los que ya están descubiertos ni siquiera se terminaron de usar. Esta empresa tiene más de seis proyectos en Argentina, offshore y onshore en Vaca Muerta. La Agencia Internacional de Energía dijo que con los pozos que hay en explotación ya nos alcanza. Hoy esa plata tiene que ir a proyectos de energías renovables o, al menos, limpias”, señala.
La Agencia, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aseveró en un reporte de mayo de este año que para alcanzar emisiones cero netas para 2050 no debe haber inversiones en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles. Las emisiones de gases de efecto invernadero provienen en más de un 70% de su uso para la producción de energía, sostienen Daniela Keesler y Gabriel Blanco en el informe “Lo ambiental debe ser política de Estado” de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El equipo de investigación del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) plantea la necesidad de descarbonizar todos los sectores de la vida económica y productiva, pero también repensar el modelo de desarrollo para mitigar el cambio climático.
Con intereses en Vaca Muerta y en la plataforma continental nacional, Equinor lleva adelante actividades de exploración de hidrocarburos y extracción no convencional en Argentina desde 2017. En mayo de 2019, tras el llamado a Concurso Público de la entonces Secretaría de Energía de la Nación, se adjudicaron permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en 18 áreas del ámbito Costa Afuera. Uno de los espacios menos explorados del territorio nacional hacía brillar los ojos de los funcionarios del Ministerio, luego convertido en Secretaría, que avizoraban una lluvia de inversiones, funcionarios que casualmente habían ocupado cargos gerenciales en empresas petroleras.
Equinor, compañía de capitales noruegos con presencia en 30 países, obtuvo permisos para cinco bloques como operador y para dos más en los que se asoció con otras empresas. Entre ellas, YPF, con la que en 2019 firmó un acuerdo para adquirir el 50% de la titularidad del bloque CAN 100, que habilita un período exploratorio de cuatro años en un área de 15 mil kilómetros cuadrados. Posteriormente, YPF y Equinor se asociaron con Shell para su exploración. En total, fueron ocho los bloques de exploración que adquirió la compañía noruega repartidos en la Cuenca Argentina Norte (CAN) y en las Cuencas Austral (AUS) y Malvinas Oeste (MLO).
Dando lugar a la instancia participativa que forma parte del procedimiento para identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto puede causar al ambiente, en junio de este año el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación convocó a una audiencia pública. Con el objetivo de que la ciudadanía ejerza su derecho de conocer y expresarse respecto a la documentación que presentó Equinor sobre su proyecto “Campaña de adquisición sísmica offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)”, la audiencia se extendió a lo largo de tres jornadas. Allí expusieron 350 personas, algunas en representación propia, otras como parte de una organización, y en representación de personas jurídicas. Además, se sumaron 23 personas que dieron su opinión de forma escrita.
De los 373 participantes, sólo 12 se expresaron a favor: representantes del rubro petrolero como YPF y Equinor que plantearon las consabidas ideas de “generación de oportunidades de desarrollo y crecimiento” y “bienestar económico”. “Los que defienden esto son los que tienen intereses y a quienes se les llenan los bolsillos. Es momento que el Estado demuestre que va a defender a la gente que está del otro lado pidiendo que cuide nuestro país. Los mismos interesados dijeron que esto va a traer la soberanía que necesitamos, que es para todos los habitantes. La verdad es que no, porque tenemos más de 50 pozos en explotación en el sur onshore y no somos un país que brilla por su riqueza. Este modelo de extracción de recursos naturales de empresas extranjeras evidentemente no funciona”, manifiesta Silva.
La ingeniera química subraya el descontento que compartió con el resto de los disertantes: la instancia pública se convocó con el proyecto de Equinor bastante avanzado, y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se presentó a tan sólo tres semanas de la audiencia, un tiempo insuficiente para verificar datos, revisar la bibliografía y poder dar argumentos sólidos. El procedimiento evidencia conflictos de interés y pone en cuestionamiento la objetividad del estudio, ya que es la misma compañía la que contrata a otra empresa para que elabore el EsIA sobre la adquisición sísmica.
“Las exploraciones son la primera etapa en lo que va a ser la explotación del pozo en sí. El objetivo principal es verificar la posición exacta de los combustibles fósiles para que una vez que tengan la localización puedan hacer las perforaciones. Un barco con diez cables de ocho mil metros -ocho kilómetros, son larguísimos- que tienen sensores, van a captar las ondas cuando el mismo barco vaya lanzando tiros de aire comprimido hacia el suelo marino. De esa manera, van detectando distintas señales de onda y en función de las que reciban, van a poder determinar la posición donde se encuentran los combustibles para después hacer los pozos”, detalla Silva.
Equinor estima que la prospección sísmica puede durar de tres a cinco meses y funcionaría de manera ininterrumpida. “La frecuencia de las emisiones sonoras que se van a generar es el triple de lo máximo que podemos detectar en nuestro oído. Están diciendo que eso no va a afectar a los animales y que para prevenirlo van a ir aumentando las emisiones acústicas progresivamente. Pero están en su hábitat y por más que se alejen un poco los van a dañar en su sistema auditivo. Los peces se van a alejar obviamente y esto va a afectar la actividad de la gente que se dedica a la pesca en las costas de Mar del Plata. Estas exploraciones se hicieron en Chubut y allá los pescadores estuvieron sin actividad casi un año. Imaginate un barco bombardeando el suelo marino tres meses durante 24 horas, siete días a la semana”, grafica Silva.
Como puntualiza Equinor sobre el relevamiento previsto de sus licencias, se haría costa afuera a 300 kilómetros al sudeste y 400 kilómetros al sur de la ciudad de Mar del Plata. Darío Socrate, gerente del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), comenta que lo que generan no está identificado porque se han hecho exploraciones pero no se hizo ningún estudio del estado previo al inicio de las actividades. “Existen referencias concretas de que ha generado inconvenientes en otros lugares del mundo. Lo que pretendemos como sector no es oponernos a la actividad petrolera, sino que se analice cuál es el impacto que se va a generar sobre la pesca”.
La preocupación se centra en el impacto sobre los peces ya que son la materia prima de la cual depende su actividad, que involucra millones de dólares de exportación anuales, 23 mil empleos y alrededor de 200 empresas. “Nosotros cuestionamos la falta de estudio y de participación del sector en la discusión de este proyecto antes de su inicio. En el bloque de al lado al que está en estudio, en la misma Cuenca Argentina Norte, se trabajó el año pasado haciendo sísmica sin haber hecho la audiencia pública. Nadie se tomó el trabajo de ver cuál fue el impacto que hubo efectivamente sobre las poblaciones de peces que existen en esa zona. En 2009, Pan American Energy hizo tareas similares dentro del Golfo San Jorge y los pescadores artesanales de merluza sufrieron la desaparición de su materia prima por largos meses. Como resultado, la provincia de Santa Cruz prohibió las exploraciones sísmicas dentro del golfo”, remarca Socrate.
“Como sector no hemos sido considerados ni tenidos en cuenta en esta discusión y le hemos pedido al Estado en montones de oportunidades participar, contar con información, y las respuestas han sido prácticamente nulas. Pretendemos que haya información más concreta sobre la zona en donde se va a desarrollar la actividad y sobre este tipo de mar. Porque el impacto que provoca en peces depende de un montón de variables: el tiempo de exposición, la profundidad, la salinidad del mar, la temperatura del agua, la época del año, qué tipo de especies hay y en qué etapa evolutiva. Abajo del mar las comunicaciones son básicamente por sonido. Por lo cual, la aparición de un sonido extremo fuerte en lugares donde no existía, por lo menos genera perturbaciones y en algún caso espantamiento. No hay estudios para los datos de nuestro mar. Lo que presentó la empresa se ha hecho con una recopilación bibliográfica, no con información del terreno”, se queja el representante de CEPA.
Socrate explica que, en teoría, cuando se va a realizar una actividad que puede generar un impacto en el ambiente, se tiene que hacer un estudio previo para ver las condiciones dadas antes de empezar, un estudio durante para ver cómo está impactando, otro posterior y, en caso de resultados negativos, análisis periódicos ulteriores. “Nada de eso está previsto. Estamos muy preocupados y vemos que por parte del Estado hay una doble vara. Cuando se hace un análisis de impacto ambiental que produce la pesca, que existe y estamos dispuestos a dar la discusión, el enfoque es ecosistémico. Pero con las exploraciones, que no se sabe qué impacto tienen, no hay un mismo interés ambiental. Hoy está en tratamiento en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para la creación de un área marina protegida que se llama Agujero Azul. Los propios redactores dijeron en una reunión informativa que el proyecto fue modificado reduciéndolo precisamente para contemplar la exploración petrolera. No se puede pescar en el área marina protegida, bajo ningún concepto, pero sí se puede achicar para desarrollar estas exploraciones. Creemos que no se está aplicando el mismo criterio”, dice el gerente de CEPA.
Silva explica que las consecuencias directas recaen sobre los animales y también sobre los microorganismos, problemática que estuvo ausente en el EsIA. “Hablan sobre los animales que habría en la zona, todo es hipotético pero no fueron a ver exactamente cuáles hay en ese lugar. Todo lo hicieron a nivel teórico, no práctico. Les faltó analizar los microorganismos que hay en el océano marino porque son los responsables de almacenar gran parte del dióxido de carbono que emitimos por los combustibles fósiles. Los océanos almacenan el 30% del dióxido de carbono generado a partir de fuentes fósiles”, señala Silva y explica que, de esta manera, se está afectando directamente la capacidad del suelo de almacenar CO2, lo que derivaría en un aumento de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera.
Si las exploraciones sísmicas se realizan, el paso siguiente para la compañía consiste en analizar los datos recolectados y preparar, en función de estos, el equipo que van a instalar para las perforaciones. “Se trata de plataformas offshore que capturan el petróleo desde el fondo marino, perforan el suelo y con presión bombean el petróleo para conducirlo a la superficie. Después, con cañerías o barcos, lo transportan hacia la costa. Un estudio de la Universidad del Centro afirma que en este tipo de operaciones el riesgo de derrame es de un 100%. Si existe este riesgo, que seguro va a afectar a la flora y la fauna, es algo que no podemos aceptar. Cuando ya conocemos fuentes de energías limpias, cuando ya sabemos que los combustibles fósiles no van más, es un riesgo innecesario. El Estado tiene que empezar a representar los intereses de los que vivimos acá”, dice Silva.
La noticia reciente sobre una fuga de gas en un oleoducto del golfo de México que provocó una combustión en el medio del mar, dejó indicios de los efectos que este tipo de operaciones puede producir. El daño ambiental, producto de negligencias o de accidentes contemplados, con frecuencia es negado por las compañías responsables y los gobiernos avalan y apañan sus acciones. “El problema es que hoy este tipo de delitos ambientales que afectan a la naturaleza, no son penalizables. En la mayoría de los derrames o accidentes de este tipo no se ha nombrado a los culpables, que en muchas ocasiones no han tenido ni que pagar porque siempre salen impunes. No hay una ley internacional que avale a los derechos del planeta por sobre los intereses de estas empresas. Lo que pasó en México pasa todo el tiempo, incluso hay accidentes en los que mueren personas que están trabajando en esas plataformas porque es una actividad muy riesgosa. Así como también hay derrames de petróleo que han dejado islas turísticas completamente devastadas, que han acabado con toda la flora y la fauna de la zona costera, pasó en la Isla Mauricio el año pasado”, cuenta Belén Silva.
Para cumplir con la meta de ser un mundo de cero emisiones de carbono en 2050, Silva explica que es necesario plantear un modelo de transición energética, lo que implica invertir en nuevas formas de producir energías. “En teoría se está haciendo, pero con mucha lentitud. Eso no significa que no emitamos nada, pero lo que emitamos lo vamos a tener que compensar si queremos evitar que esto sea una catástrofe, que ya lo está siendo, pero que sea muchísimo peor de lo que nos esperamos”. Una prueba más de la inconsistencia de los documentos presentados por Equinor es que no mencionaron acciones para mitigar las emisiones que van a generar sus combustibles fósiles.
Silva refiere que se siguen destinando presupuestos a la investigación de tecnologías para la explotación de petróleo y a evaluaciones de impacto, en lugar de estudiar las fuentes de energías renovables. “En Argentina lo que tenemos es energía eólica, solar, hidráulica renovable, biomasa, biogas y también se está investigando la tecnología del hidrógeno. Lo importante es diversificar la matriz y no depender de un único combustible como hoy del petróleo”.
El modelo extractivista de nuestro país no conduce a la riqueza. Por el contrario, genera un pasivo ambiental que tiene consecuencias desastrosas también en el aspecto económico. “Los daños a mediano y largo plazo son muchísimo más caros que la retribución que estos proyectos puedan dar en el momento. El cambio climático está afectando a todo el mundo. En Argentina estamos luchando para que no dejen pasivos ambientales como derrames de petróleo en el medio del mar, aguas contaminadas con cianuro por las mineras y glaciares derretidos, campos con soja transgénica que dentro de cinco años ya no van a servir para cultivar porque van a estar destruidos. Como las tierras que quieren usar para hacer las mega granjas factorías de China”, concluye Silva.
Después de un mes donde la participación ciudadana y los reclamos de la sociedad se multiplicaron en defensa de la biodiversidad y de un planeta que pueda ser habitable para el presente mismo, se espera una toma de decisión por parte del Ministerio de Ambiente, que podría solicitar mayor información a Equinor, otorgar la autorización para la ejecución del proyecto o finalmente rechazarlo.
Ago 10, 2021 | Deportes, Novedades
Las argentinas Erika Mercado y Bianca Farroil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En diciembre de 2009, se sancionó la ley 26573, que permitió la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). El proyecto fue impulsado por la secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino (COA), con el objetivo de apoyar el desarrollo de deportistas. Los cambios posteriores en la ley han provocado el desfinanciamiento de esta área y afectaron al deporte nacional.
La ley de 2009 establecía que el ENARD sería financiado a través del impuesto del 1% sobre la facturación del servicio de telefonía celular. “Fue una ley que rápidamente demostró su eficacia, porque el deportista de alto rendimiento pudo tener una beca más digna y le permitió a diferentes atletas entrenar, en mejores condiciones y competir en certámenes internacionales”, señala Claudio Morresi, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y ex Secretario de Deportes de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez.
“La creación del ENARD fue muy importante para los deportistas”, explica el gimnasta Federico Molinari. Antes de la creación del organismo, las únicas becas posibles eran aquellas otorgadas por la Secretaría de Deportes y por las provincias. En ocasiones, muchos deportistas debían financiar sus viajes para poder competir en los certámenes tanto nacionales como internacionales y luego la Secretaría devolvía esos montos en pesos, meses después, aunque los gastos hubieran sido en dólares. “La creación del ENARD nos permitió proyectar y planificar a largo plazo, participar en más competiciones. Las becas mejoraron y la obra social nos permitía tener tranquilidad”, destaca Molinari. En la misma sintonía, Morresi señala que previo a la creación del ENARD, “no había ni el presupuesto necesario ni la velocidad administrativa para acompañar a los seleccionados y a los deportistas individuales”. Por otro lado, Molinari ponderó el accionar de la entidad para la resolución de los problemas de los deportistas durante el proceso de olimpíada.
A las becas del ENARD solo pueden acceder quienes tienen posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos. Florencia Lamboglia, atleta que se desempeña como velocista, señala que esta medida “deja afuera a muchas promesas y a una gran cantidad de deportistas que aspiran a participar de los certámenes olímpicos”.
Lucas Lautaro Guzman representante argentino en taekwondo.
Tanto Lamboglia como Molinari explican la dificultad del atleta argentino para sostener su actividad. “Definitivamente, no alcanza para vivir con los montos de las becas. Podés tener distintos apoyos, sean provinciales o municipales, pero mayormente los deportistas deben tener un trabajo o tener una familia que los mantenga”, explica Molinari. Lamboglia, por su parte, cuenta: “Me acompañan marcas y tengo un apoyo de la Secretaría de Deportes, pero sé que es difícil tener apoyo y poder vivir de este deporte o del deporte en general en Argentina”.
Qué pasó con la ley
En 2017, la secretaría de Hacienda impulsó una reforma impositiva, con la idea de atraer inversiones y reducir la presión impositiva. Una de las consecuencias fue la eliminación del Artículo 39 de la ley 26573 para eliminar el impuesto que financiaba al ENARD, que pasó a ser subvencionado por partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo Nacional.
Varios atletas, alertados por la situación, buscaron una explicación por parte de las autoridades que estaban al mando: “Básicamente era apoyar eso o desaparecia el ENARD”, señaló Federico Molinari. Luego de la decisión de eliminar el impuesto a los celulares, un grupo de deportistas con integrantes del Comité Olímpico Argentino se reunió con el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, en busca de una solución para este inconveniente. En un primer momento, se acordó un monto de dinero que se estimaba, inicialmente, sería superior a los ingresos que se obtenían a través de los impuestos a la tarifa del celular, pero que la devaluación del 2018 y 2019 redujo significativamente y dejó desfinanciada a la entidad. Morresi apunta a la administración Macri por el desfinanciamiento del ENARD, de los clubes de barrio y resalta que “muchas entidades debieron suspender disciplinas por temas presupuestarios” algo que, según él puede generar consecuencias nocivas para el futuro del deporte nacional.
La delegación argentina, encabezada por los abanderados regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli.
Una investigación efectuada por el periodista Ernesto Rodríguez, fallecido en 2019, explica que entre el 2016 al 2019 el presupuesto de la Secretaría de Deportes descendió un 62% durante las gestiones de Carlos Mac Allister y Diógenes de Urquiza en la Secretaría de Deportes. La causa es la subejecución de la partida presupuestaria que afectó especialmente al área de alto rendimiento. “La falta de presupuesto genera que se deba participar en menos torneos, además de que debe apoyar a menos deportistas y que los montos de las becas no se aumenten”, explica Molinari.
El 30 de enero de 2019 se firmó el decreto 92/2019, que establece la transformación de la Secretaría de Deportes en Agencia. Amparándose en las premisas como “ordenamiento normativo para la toma de decisiones”, la Agencia centraliza la toma de decisiones del ámbito deportivo. Uno de los puntos a destacar del decreto fue la modificación del Artículo 15 de la ley 20.655, más conocida como Ley del Deporte, que establece modificaciones sobre los ingresos de fondos para la Agencia, entre las cuales se incluían la rentabilización de las instalaciones y permitía la venta de bienes muebles y servicios de la entidad. “El pasaje de Secretaria a Agencia tenía como fin vender toda la tierra pública del Centro Nacional de Alto rendimiento deportivo (CENARD) y de algunas instalaciones de Ezeiza para fines inmobiliarios”, señala Morresi. En tanto, Molinari considera: “La agencia tuvo como fin destrabar la burocracia de la Secretaría de Deportes, agilizar trámites y tener apoyo de entidades privadas” y enfatiza: “En el deporte debés tener mayor velocidad en la organización. Un deportista no puede pagar un viaje y esperar que se lo devuelvan de acuerdo a los términos de la burocracia”. En 2019, con el cambio de gestión, Deportes volvió a tener el rango de Secretaría. Durante el 2020 y 2021, el deporte de alto rendimiento se vio afectado por la pandemia de Covid 19, que no solo limitó las posibilidades de entrenamiento a partir de las medidas de restricciones locales como internacionales, sino también con el desarrollo de competiciones internacionales, que se vieron disminuidas debido a la situación pandémica. “Esto fue complejo: entrenaba en casa, en las escaleras y un mini gimnasio que monte en el balcón. Después nos habilitaron para poder salir a hacer actividad física y eso fue mejor”, explica Lamboglia. En tanto, Molinari considera que “Los meses que los deportistas estuvieron parados, afectó mucho en su desarrollo, lo cual impactó en que muchos no pudieron mantener el rendimiento previo a la pandemia”.
Abigail Magistrati en la competencia de barras asimétricas de gimnasia artística.
En mayo de 2021 se suscitó un conflicto por los atletas que debían participar en el Sudamericano de Atletismo que se disputó en Guayaquil. Semanas antes del evento, el ENARD anunció la reducción de la comitiva de deportistas que competirían en el certamen sudamericano. Solo estarían aquellos con posibilidades de podio o con chances de asistir a los Juegos Olímpicos. Esto generó un conflicto entre la secretaría de Deportes y el ENARD por la situación de los deportistas, que alertados por este hecho, buscaron por todos los medios posibles alguna solución para poder participar en el torneo debido a su importancia, no solo por los puntos del ranking para acceder a nuevas competiciones, sino también para mantener las becas. “Hay deportistas que entran dentro del ámbito del ENARD y otros de la Secretaría de Deportes. En ese momento hubo una disputa interna, en donde la Secretaria quería hacerse cargo de algo que no le correspondía”, señaló Molinari.
Los atletas afectados pudieron participar de la compentencia debido al apoyo de Santiago Maratea, un influencer local quien realizó una colecta para solventar sus viajes. “El plan no era comunicarse con Santi, no era el fin. Sólo se dieron las cosas y pudimos avanzar. Se leyeron los tuits y las historias de las redes sociales y llegamos por ahí”, destaca Lamboglia, quien fue una de las caras visibles del reclamo.
Por último, Lamboglia, Molinari y Morresi coinciden en que puede haber medidas para mejorar la situación del deporte en Argentina: “Se debe intentar a regresar a tener una financiación como antes existía” explica Morresi, refiriéndose a volver a implementar el impuesto del 1% sobre la facturación del celular. Para él, otras medidas necesarias son “la federalización del deporte, invertir más en infraestructuras, que haya planes para mejorar las condiciones de las federaciones para realizar más torneos en distintas zonas del país”.
Para Molinari, “el deporte debe ser una política de Estado y algo importante en el ámbito de la educación. Además de generar mejores centros de entrenamiento, fomentar el deporte a través de los clubes y sobre todo una mayor influencia del Estado para que haya más chicos que tengan la posibilidad de acceder a centros de entrenamiento”. En tanto, para Lamboglia: “Hay que seguir insistiendo en políticas deportivas para el futuro de los atletas, para que haya un semillero que esté incentivando. Para que los que están y se van, dejen otra generación y el deporte no muera”.
Ago 10, 2021 | Novedades, Trabajo
Argentina pisa fuerte en el mercado internacional de servicios informáticos: según un relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en 2020 se situó en el primer puesto de la región como exportador de software. Además, cuenta con cinco empresas “unicornio” -OLX, MercadoLibre, Despegar.com, Globant y Auth0- denominadas así por valer más de mil millones de dólares. Pero el cerebro colectivo detrás de estas grandes compañías y hasta de las pymes más pequeñas, son sus trabajadores: un sector que percibe salarios heterogéneos y es codiciado por las firmas extranjeras.
Se estima que, del total de trabajadores informáticos en el país, el 50% gana entre 77 mil y 151 mil pesos, un 25% gana más de 151 mil y el 25% restante puede rondar entre los 30 y 40 mil pesos. Los datos son respaldados por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).
“El trabajador informático nunca estuvo bien pago, y si en otros países empezaba a ser mejor remunerado cuando había más demanda, acá pasa lo contrario de lo que se podría esperar del esquema de oferta y demanda”, explica Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Las empresas y pymes se multiplican, pero desde el sindicato sostienen que los salarios no son competitivos en relación al crecimiento del sector.
La brecha cambiaria agudiza la situación. “A esos mismos trabajadores que pegan el salto en las empresas locales, los tratan de contratar afuera. Eso no está regulado y el trabajador está cobrando entre 3 mil y 8 mil dólares, según quién lo contrate de afuera, y las empresas de acá les están pagando 150 mil pesos”, ejemplifica Tosco. De esta forma, se produce lo que en la jerga se conoce como trabajadores de escritorio o freelance.
Con la transformación digital de los últimos años, sumado a la pandemia y la práctica extendida del home office, el trabajo a distancia entró en auge. Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) advierten que el empleo desde el extranjero “no está atado a las mismas reglas que pueden ofrecer las empresas argentinas de software. La ‘competencia’ ocurre por fuera del marco regulatorio, con plataformas que no pagan los costos laborales y que, de hecho, subsisten con diferentes formas de remuneración, a través de criptomonedas no fiscalizadas, y sin ofrecer beneficios sociales a sus talentos”, señala María Laura Palacios, CEO de G&L Group y vicepresidenta de la entidad.
Desde la CESSI, que reúne a gigantes como Globant, hasta las pymes y micro empresas, Palacios señala que las industrias del software y fintech tienen escasez de profesionales, además de que la oferta de trabajo supera la cantidad de egresados: “Históricamente suelen quedar unos cinco mil puestos sin cubrir, un número que puede crecer a quince mil si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales en otras industrias”.
Sobre este punto, Tosco está de acuerdo. Pero además de lidiar con la fuga de trabajadores de escritorio, señala que el problema está, muchas veces, en que “el sector empresario termina organizando toda el área de formación pensando más en el negocio de las empresas y de la concentración, que en el trabajo y el desarrollo de la persona”.
A principio de este año, un curso de programación que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la CESSI -el Plan Argentina Programa- se vio sobrepasado con más de 46 mil inscriptos, cuando el cupo establecido era para unos 10 mil estudiantes. Los cursos pueden representar una salida prometedora para aquellos que no tienen tiempo de hacer una tecnicatura o carrera universitaria, pero aún falta desarrollar su alcance.
Otra demanda de la Asociación Gremial de Computación es la necesidad de incorporar paritarias que incluyan en el aumento a todo el sector industrial informático. Uno de los ejes en que se apoya el pedido de paritarias de los gremialistas se basa en la exención impositiva que tienen las empresas a través de la Ley de Economía del Conocimiento sancionada en 2020. Esta ley ofrece beneficios para las que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentran la producción de nuevas tecnologías con valor agregado y el fomento de nuevos puestos de empleo y becas para los trabajadores. A cambio, se reduce el Impuesto a las Ganancias, se rebajan un 70% las contribuciones patronales y no se pagan derechos de exportación.
¿Es posible insertarse en la llamada “sociedad del conocimiento»? Desde el gremio aseguran que hace falta mayor redistribución de las ganancias -sobre todo de las grandes empresas- para lograr una recomposición salarial en los sueldos de los trabajadores y evitar, en parte, que sean tentados con la posibilidad de trabajar para el exterior. Si bien el sector de servicios informáticos representa el tercer complejo exportador de la Argentina, aún puede potenciarse mucho más, siempre y cuando el Estado, las empresas y el gremio logren fomentar el empleo de calidad y retener a los trabajadores, para que produzcan valor agregado tecnológico en el suelo que habitan.
Ago 5, 2021 | Comunidad, Novedades
La bajante del Río Paraná se acentúa, y el agua brilla por su ausencia. Desde la cobertura de ANCCOM del año pasado, el problema no ha hecho más que agudizarse. En ese momento se hablaba de la peor bajante desde 1971, y ahora el arco se corrió a la de 1944, con miras a ser aún peor que aquella que marcó un hito hace 77 años. Los pronósticos no son alentadores, las causas aún son fuente de estudio y debate, las consecuencias pueden empeorar. Una cosa es segura, la bajante es histórica y no hay soluciones sencillas para un río, que pese a ser de los más caudalosos del mundo, es noticia porque se queda sin agua.
El Instituto Nacional del Agua afirma que la tendencia descendente a lo largo de todo el Paraná en territorio argentino continuará al menos en los próximos tres meses. La bajante es sumamente preocupante por su dimensión y también por su duración. El investigador de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA, Leandro Giordano, señaló a ANCCOM que no hay recarga hídrica en el Paraná (así como en el Iguazú, que es uno de sus afluentes) desde 2017, tendencia que se agudizó en 2019. En el río Paraguay, otro de los afluentes, la problemática data de mucho antes. El problema es la falta de lluvias. Actualmente estamos en estación seca, el excedente hídrico que alimenta al Paraná se genera en verano, pero lo que llueve en esa estación en los últimos años, no es suficiente. ¿Qué ocurrió el último verano? “Nuevamente predominó el déficit. Si bien hubo algunos eventos concentrados que dieron lugar a algunos repuntes, estos se acoplaron a la tendencia recesiva. No es la recarga que se debería tener para que se recupere el flujo de base, entonces se sigue agotando la reserva”, explicó Giordano.
Para que el caudal se normalice debería llover más de lo normal durante toda una estación. Sin embargo, para el verano se espera una “previsión de normal a debajo de lo normal”, según Giordano. Para el investigador: “Los dos años más semejantes fueron 1944 y 1934: en esos años los mínimos se dieron entre septiembre y noviembre, por lo que una hipótesis es que el mínimo podría darse en esa ventana de tiempo”. Es decir, se espera que la situación pueda empeorar. Lo que ocurrió en aquellos años críticos para que el río se recuperara fue que luego llovió más de lo usual. Algo que ahora no se espera en el corto plazo. Mientras, el agua en los reservorios subterráneos y en los embalses, se consume.
Las consecuencias de la bajante se ven en la captación de agua para consumo urbano, la navegabilidad, por lo tanto también en el comercio, en el ámbito productivo, en la fauna íctica, la estabilidad de márgenes. Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, señaló que “si persiste mucho tiempo la bajante puede afectar a la biodiversidad, a fauna que vive de los regímenes del agua que hay en los humedales. Al no tener los campos inundados, va a cambiar la estructura del suelo y la micro y mesofauna. Va a parecerse menos a un humedal y más a un pastizal”. Monkes puso paños fríos a la discusión que se viene dando en torno a las causas de la problemática: “Es muy apresurado decir que esto es a causa del cambio climático, cuando en 1944 hubo una bajante similar”, afirmó.
Las causas de la falta de lluvias que afecta la bajante siguen siendo motivo de debate. Además del cambio climático, se pone la lupa en la deforestación (sobre todo por el Amazonas, de donde proviene la cuenca), lo que para Monkes no tiene una relación directa, ya que el efecto sería mucho más a largo plazo. Sin embargo, explicó que “la deforestación continuada en el tiempo, más habiéndose incrementando exponencialmente en el últimos años en el Amazonas, puede afectar los regímenes de precipitaciones”. La relación está en que “los ríos aéreos conectan el Amazonas de Brasil con nuestra cordillera, el agua evaporada viaja y al chocar con la cordillera precipita. Estamos en un periodo de sequía natural y eso está afectando toda la cuenca amazónica”. En ese sentido, también se pone el foco en el periodo climático de La Niña, caracterizado por ser más seco, del cual estamos saliendo y entrando en un periodo intermedio (ENOS). A nivel más general, el ambientólogo consideró que “uno de los desafíos del nuevo siglo es empezar a tenerle más respeto a la naturaleza y planificar urbana y productivamente en función de los ciclos del ecosistema”.
Por otro lado, en la cobertura del año pasado de ANCCOM se daba cuenta de un proyecto presentado en el Parlasur, dado que es una problemática regional, de declaración de emergencia hídrica y ambiental. “El proyecto lamentablemente no se pudo tratar”, consignó Julia Perié, una de las autoras, parlamentaria del Mercosur y vicepresidenta nacional del Partido Solidario. “De todos modos se mantuvieron las gestiones que permitieron que Brasil abriera las compuertas de las represas para que larguen más agua”, agregó. En los últimos días sin embargo, el gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Hídrica por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. “Me parece importante porque la situación sigue siendo muy grave”, opinó Perié, “seguimos viviendo una situación de emergencia ambiental que nos preocupa mucho”.
Así las cosas, poca agua sigue corriendo por el río, y su ausencia deja a su paso postales dramáticas, consecuencias inversamente proporcionales a su altura e incertidumbre de cuando finalmente se revertirá la situación, y llegará el alivio a sus costas.
Ago 3, 2021 | Comunidad, Novedades
Producto de la pandemia, la rutina y las actividades de la sociedad Argentina cambiaron rotundamente. El ámbito educativo no fue excepción. Y la materia de Educación Física sufrió una drástica transformación. Para investigar sobre esta problemática, diversos profesionales contaron cómo es enseñar esa asignatura en este contexto.
“En la escuela tengo diez burbujas de doce alumnos, en total repartidas entre el turno mañana y tarde. En jardín, tengo salita de cuatro y cinco años, en el secundario tengo primer, segundo y tercer año”, dice Leonardo Ibarra, profesor de Educación Física en el colegio Solar De Horneros ubicado en Merlo.
¿Qué tipo de actividades se realizan en una asignatura tan centrada en lo físico y en el contacto real con otros? “En el aula virtual les hago hacer actividad física que comprometa muy pocos movimientos, porque no sabemos el espacio que tiene cada uno en su casa. Les pido que realicen ejercicios de coordinación, equilibrio en el lugar; también uso videos cortos en donde charlamos y explico la actividad”, dice Ibarramuy entusiasmado.
La metodología de utilizar canciones para los ejercicios es algo muy estimulante y entretenido para los alumnos; “ellos se van muy contentos “, cree Ibarra. Hay formas de enseñar más tradicionales, como cuenta Camila Mayo, docente en las escuelas N.º 64 y EP N.º 62, de Merlo. “En clase trabajamos con las habilidades motoras básicas, anteriormente hago una explicación y demostración de la actividad“, agrega.
Otra variable que podemos encontrar es la teórica/práctica. “Realizamos actividades teóricas, lúdicas, recreativas, etcétera. Consisten en resolver diferentes desafíos, ya sea con el cuerpo, con algún elemento o de manera escrita”, señala Claudia Luporini, docente en las escuelas Nº 34 y Nº 11, también de Merlo. De manera tradicional o innovadora cada docente a su manera mantiene la esencia de la materia: hacer actividad física “En la clase hacemos ejercicios construidos, abdominales, flexiones y sentadillas”, informa, por su parte, Fernando Bengoechea, docente en la escuela secundaria N.º 34, también de Merlo.
Los profesores se vieron obligados a tomar examen por medio de la virtualidad. ¿Cómo hicieron?. “Los chicos me mandan los trabajos por correo y les doy una devolución “, afirma Fernando, para ilustrar un caso.
Con el inicio de las clases virtuales surgieron plataformas no tan conocidas para el público común, estas aplicaciones fueron un pilar fundamental en las clases online. “En el aula virtual lo que evalúo es la participación del Meet”, afirma Ibarra. Por otro lado, hay otros medios que ofrece el mundo digital como es el ejemplo de Zoom, dispositivo que tuvo una gran importancia para padres, alumnos y docentes el año pasado. “Para las evaluaciones se realizan reuniones por Zoom con los padres de los chicos y con los chicos para hacer las devoluciones”, dice Félix. La herramienta de mensajería instantánea WhatsApp también es usada por algunos docentes para tener una interacción más fluida con sus alumnos. “El método de evaluación es mediante observación de resolución de tareas, participación y cumplimiento, etcétera. Se realiza intercambio por Whatsapp, mediante mensaje, llamada o videollamada. “, explica Liorini.
¿Y qué dicen las madres y los padres de los chicos? Sabrina Alvez, mamá de León Alvez, un niño de seis años que asiste al colegio San Fernando, ubicado en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, cuenta: “En gimnasia hacen ejercicios combinados, como por ejemplo saltar tocándose la cabeza” . En este caso en particular la nota numérica fue sustituida por un informe. “La evaluación es el proceso en general. Porque como nota se dan informes valorativos”, afirma.
¿Y los alumnos? ¿Qué dicen ellos, a fin de cuentas quienes deben recibir los contenidos? Rodrigo Navarro, de 17 años, quien asiste a la técnica número N° 1 de Merlo explica: “Me mandan trabajos prácticos, son preguntas de condiciones físicas y las reglas de los deportes como vóley y fútbol”. La socialización entre los pares es muy importante durante la adolescencia, ya que en esta etapa las personas pasan por varias transformaciones tanto a niveles físicos como psicológicos. “Extraño estar con mis compañeros, jugar a la pelota en clase”, reconoce Rodrigo.
