Jul 26, 2017 | Trabajo
El ajuste que aplica el gobierno afecta también a los medios de comunicación. En los casos del diario Página 12 y de Radio Del Plata lejos de caer sobre los dueños, perjudica a sus trabajadores. Pago de salario en cuotas y con demora, adeudamiento de aguinaldos y retraso en el pago de haberes previsionales son los mayores problemas con los que deben lidiar, por lo que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) exige una solución inmediata.
Tanto Página 12 como Del Plata tenían afinidad editorial con el kirchnerismo, que distribuía la pauta oficial de manera diferente a la que lo hace el gobierno encabezado por Mauricio Macri y permitía que hubiese medios que se sostuvieran con ese ingreso primario. Fernando Dondero, secretario general de Sipreba, destacó esto como uno de los disparadores de la crisis y dijo: “Se da un quiebre con la gestión de Cambiemos y cómo manejan la pauta oficial”. Además, en el caso de Del Plata agregó: “La radio recibía bastante dinero porque tuvo un uso político”.
Aparte de secretario general, Dondero es delegado de Sipreba en Página 12 y en ese rol expresó que, si bien tienen trato con los directivos del Grupo Octubre, de Víctor Santa María (titular del sindicato de porteros y del Partido Justicialista porteño), no responde a sus demandas. “La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema. Con quién más nos reunimos es con el director ejecutivo del grupo, Francisco Meritello”, afirmó.
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata.
Ana Paoletti, otra delegada de Sipreba en Página 12, contó que hace dos semanas se canceló el aguinaldo pagado en cuatro cuotas y también se solucionó la falta de viáticos para los fotógrafos que los llevó a hacer un paro el 7 de julio. Sin embargo, aún tienen reclamos sin respuesta y destacó: “Deben pagar un 12% de aumento correspondiente al insuficiente acuerdo que hicieron con la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) del 20% firmado en mayo (se dará en tres cuotas) y es retroactivo desde ese mes hasta hoy, pero no lo han hecho. Además, se comprometieron a blanquear a los compañeros del portal digital Diario Z y que dependan de Página/12 desde agosto”.
Paoletti dijo que los problemas se desataron el año pasado a partir del pago diferido de sueldos y aguinaldo en cuotas y relató que el Ministerio de Trabajo los convocó varias veces, pero no les ofrecen soluciones concretas. Debido al conflicto, han tomado distintas medidas de fuerza. “Hemos hecho paros, ediciones con retiro de firmas, una mateada en la puerta y hay asambleas constantes”, expresó. Además, marcó que la primera semana de agosto deben pagarles los sueldos y saldarles lo adeudado, “si no cumplen, vamos a seguir con los reclamos hasta que brinden una solución real”, añadió.
La situación en Radio Del Plata es un poco más compleja. Desde diciembre de 2015 se iniciaron las irregularidades, con el pago en cuotas de los salarios. Al principio, si bien fraccionaban el sueldo, pagaban su totalidad dentro del mes, pero a partir de febrero de este año reina la incertidumbre y los trabajadores no saben cuándo van a cobrar. Se les adeudan tres meses de salario, dos aguinaldos, hay falta de pago de haberes previsionales y de obra social que llegan al año. Este último ítem constituye un delito penal, pero pareciera no ser tomado en cuenta.
“La patronal está abierta al diálogo, pero no se soluciona el problema», dijo el delegado de SipreBa.
El miércoles pasado hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para exigir que intervengan y les den respuestas a los trabajadores damnificados. En esa reunión, los dueños se comprometieron a pagar algunas deudas, pero no han cumplido. “La patronal alega que busca compradores para la radio y que se hagan cargo de la deuda porque no tienen dinero”, dijo Dondero.
La empresa responsable de Del Plata es Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Legalmente, el dueño es el Grupo Empresarial Argentino S.A. que componen Sebastián Ferreyra, Santiago Acosta, hijos de los ya citados, y otros accionistas minoritarios como el Swiss Medical Group, de Claudio Belocopitt, y Marcelo Tinelli.
Los 150 trabajadores de la radio (entre contratados y efectivos) esperan una definición de la situación de una emisora que parece agonizar. Paros rotativos y que no salga la programación completa son algunas de las medidas de fuerza que se han tomado durante el conflicto. “Del Plata llegó a ser cuarta en cantidad de oyentes y esto la afectó. Se le fueron conductores, columnistas y se achicó el personal porque algunos se consideraron despedidos por falta de pago”, expresó Dondero.
El viernes pasado otro conflicto gremial de prensa se hizo público, cuando se viralizaron las imágenes de un ruidazo en la redacción del bisemanario Perfil, la forma que utilizaron los periodistas de reclamar el pago atrasado de su aguinaldo.
El secretario general de Sipreba alertó que hubo 1.400 despidos en el área de prensa en la ciudad y 2.500 en el país durante los últimos dos años. “Hay peligro de que se pierda el pluralismo y se escuchen solo unas pocas voces. Sin trabajo no hay libertad de expresión”, reflexionó.
Actualizada 26/07/2017
Jul 25, 2017 | Culturas
Cielo anaranjado de atardecer. Veredas con edificios antiguos de interés municipal y un pasado glorioso. Bicicletas estacionadas, sin cadena, en alguna esquina. Bares y chocolaterías que cerraron para la siesta. Con este ritmo tranquilo y más de 45.000 habitantes, recibe la ciudad de Tres Arroyos a sus turistas. Sin embargo, sus calles no son particularmente silenciosas. Para algunos es la ciudad del candombe, una localidad formadora de músicos. Para otros, el escenario de la Fiesta del Trigo, un motivo para celebrar que tienen los habitantes de la pampa húmeda. La Plaza San Martín suele ser testigo de batucadas y tambores que suenan al presentar festivales, ferias, shows y los más diversos eventos culturales. Así ocurrió esta vez con Performance, presentación de la Red de Danza en el marco del IV Festival Latinoamericano de Teatro (FLT), organizado por el Corredor Latinoamericano de Teatro (CLT). A lo largo de cinco días –del 19 al 23 de julio- nueve compañías de todo el continente presentaron en las salas de esta ciudad del sur bonaerense sus puestas en escena, entremezcladas con homenajes, debates y conferencias.
EL FLT es un festival itinerante que ya cruzó varias ciudades, entre ellas Pilar (Argentina), Santiago de Chile y Pachuca (México). El movimiento constante es su cualidad excluyente. “El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura. Abrir oportunidades por fuera de los centros neurálgicos”.
El Corredor Latinoamericano de Teatro es una plataforma que procura fomentar el intercambio internacional de experiencias teatrales entre creadores, instituciones y organizaciones vinculadas a las artes escénicas del continente. “Proponemos pensar y repensar las artes en general y pensarnos a nosotros en búsqueda de una identidad cultural latinoamericana” remata Molina, entusiasmado.
“Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales», dijo Virginia Goicoechea, directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.
El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo que se asociaron formando redes que entretejen actividades diferentes y que están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia. Para este festival, también se abrieron las puertas a compañías y elencos de España, Portugal, Bolivia, y Uruguay.
La agenda del festival realizado en Tres Arroyos incluyó talleres y actividades de reflexión, clínicas internacionales, actividades artísticas y obras de teatro, atravesadas todas por una mirada social que insiste –con firmeza- en la inclusión. “Todas las obras tienen relación con el teatro político. Así como lo planteaban Piscator o Brecht. Pensamos que el teatro aporta a la transformación social”, opina Molina. En concordancia con su pensamiento, las propuestas estéticas estuvieron atravesadas por la memoria, la migración y las fronteras en el caso de la Compañía Migrants (Islas Baleares), o por el cuerpo femenino y los debates de género en las puestas del Grupo Dos Dois (Brasil). Mientras tanto, la militancia cultural y el lenguaje absurdo aparecieron reflejados en el trabajo del Bombín Teatro (Argentina), así como el lugar del Estado en el mundo del arte fue abordado por el Grupo Caníbal (Argentina). La Compañía Bobina (México), a su vez, se ocupó en las tablas de violencia hacia la diversidad sexual.
La actividad teatral tresarroyense viene creciendo de manera sostenida desde hace muchos años. La construcción del Teatro Municipal hizo posible que más artistas pudieran mostrar su arte en el escenario. La iniciativa correspondió a un grupo de mujeres – liderado por Marina Villanueva- que en 1997 conformó la Asociación de Amigos del Teatro Municipal y le pidió al intendente que no demuela el mercado local para construir en su lugar una sala teatral. Al enterarse de este impulso, el productor Carlos Rottemberg decidió dar el empujón final a esta tropa amiga del teatro y en el 2008 se logró inaugurar la sala. Por eso, no fue azarosa la elección de este espacio como sede del festival.
No obstante, la movida teatral recorrió también edificios, salones y hoteles. Entre ellos se encuentran el Club Español, la Sociedad Francesa con 122 años de antigüedad, y el “Hotel Plaza”, ubicado cerca del centro, lugar donde se hospedaron, en tiempos añejos, celebridades como Gardel, la actriz Malvina Pastorino y el Príncipe Bernardo de Holanda, entre otras figuras visibles. Los 150 participantes del festival también transitaron otros espacios que están emergiendo para transformarse en anclas culturales fuertes, como el Centro Cultural La Estación, al lado de las vías de un tren que ya no pasa, un área cuidada especialmente para la actividad artística local. Allí se llevó a cabo el homenaje al reconocido actor Ricardo Listorti.
El objetivo –cuenta Mauro Molina, su director- consiste en generar proyectos que enlacen comunidades y descentralicen el acceso a la cultura.
El crítico Jorge Dubatti abrió el ciclo de conferencias. Habló sobre una nueva formación de espectadores, y el rol del público en la valoración y apreciación del hecho escénico. Lo siguió Daniel Franco, quien abrió el debate acerca de la comunicación cultural. En los intercambios surgió la necesidad de desarmar el concepto de cultura como un generador de espectáculos sin contenido, volver a los talleres de arte como centros de recuperación, cambiar la óptica neoliberal e individualista y abordar el concepto de comunidad a través del otro como potencial aliado. “Tres Arroyos está teniendo una apertura muy grande hacia todas las iniciativas culturales. Creo que si buscamos cosas en forma más asociativa y cooperativa, con un equipo sólido que acompañe al gestor independiente desde el Estado, podremos llegar mucho más lejos regionalmente. No creo en las direcciones de Cultura como ventanas asistencialistas, sino en las direcciones de Cultura que promueven, apoyan, generan y que juntos van solidificando proyectos”, expresa orgullosa Virginia Goicoechea, Directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Tres Arroyos.
Un lugar donde te saludan al pasar y no es Penny Lane. Un artista que al entrar es aplaudido con fuerza. Algunos que se fueron a vivir a otro país y volvieron para revalorizar su territorio de origen. Un lugar donde lo local se planta frente a lo global, no como una contradicción, sino como un estímulo que permite avanzar en conjunto. Tres Arroyos fue testigo y motor de esta decisión. “Es admirable la seriedad, la responsabilidad y el compromiso con el que organizaron todo. Lo que apostaban valía la pena y le pusieron el cuerpo y el alma, entonces bienvenido sean los festivales con estas características y ojalá podamos hacer muchos más”, cuenta la funcionaria, mientras camina con frío, abrigada con una bufanda.
El próximo FLT será el año que viene en Chile. La cultura brilla en todos lados, en un cine, en un niño, en un libro o en un teatro. Lo dijo León Gieco y los rostros sonrientes que cerraron con un asado el evento.
El CLT está compuesto por distintos grupos de trabajo y están presentes en Argentina, Chile, México, Brasil, El Salvador y Colombia.
Actualizada 26/07/2017
Jul 13, 2017 | Trabajo
Un gendarme por cada trabajador despedido. Más de 500 efectivos de la Gendarmería desalojaron con un violento operativo a los empleados de la planta de Pepsico de Vicente López que reclamaban por sostener su fuente laboral. Macehatazos, gases, barretas, golpes por doquier en una nueva muestra represiva que ya es marca registrada del gobierno de Cambiemos: hace unos días, con igual metodología, desalojaron a los movimientos sociales que manifestaban en la 9 de Julio y a integrantes de pueblos originarios que reclamaban por la detención de uno de sus referentes frente a Tribunales.
Esta vez, la Gendarmería ejecutó la orden que dio la jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentaste. Numerosos trabajadores quedaron lastimados, otros fueron detenidos a la rastra y, con saña, los efectivos desmantelaron las carpas que los despedidos habían montado para ocupar el predio a la espera de la reincorporación.
Los días previos a la represión
“Con motivo del cese de operaciones de Planta Florida y la relocalización de su producción en otro establecimiento (…), se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios manteniendo el goce de haberes”. Palabras más, palabras menos, este es el comunicado con el que se encontraron los trabajadores de la central de Vicente López de PepsiCo, el 20 de junio pasado. Una hoja blanca, trazada por seis líneas y colgada en la puerta de la instalación, hacía saber la decisión de la empresa, sin previo aviso. “Es fuerte encontrarte con un cartelito, con las persianas bajas, en un feriado”, cuenta Martín Olivetto, uno de los despedidos. “Fue bastante sorpresivo y me pregunté qué iba hacer. Sentí mucho miedo al principio”, asegura Patricia Mora, delegada de la comisión interna, sobre el cierre de la planta de PepsiCo en Florida.
“Lo único que queremos es trabajar”, comentan los trabajadores despedidos en el acampe en la puerta de la fábrica.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. Las calles que la conforman dan muestra de una ciudad fabril: furgonetas que cargan y descargan mercadería, ciertas oleadas de humos que se pierden por el aire y nada de comercios. Luis Medina, uno de los delegados de los trabajadores de PepsiCo, sostiene: “Cuando me enteré de la decisión, sentí una total indignación y preocupación. Hace 23 años que estoy acá así que me puse a trabajar con los compañeros para contenerlos y organizarnos. Nunca habíamos tenido una situación como la que estamos viviendo. Por todo lo que represento, tengo que garantizar que todos mis compañeros estén con la moral bien alta para seguir dando esta pelea”. Se nota en el semblante de Luis la fortaleza de la que está hecho como buen representante. Mientras relucen sus sensaciones sobre el conflicto, en la esquina de Posadas y la callecita Justo José de Urquiza, algunas operarias desayunan en una de las carpas montadas delante de la fábrica. En la mesa, hay galletitas al tiempo que un mate pasa de mujer en mujer. “Lo único que queremos es trabajar. Nos organizamos para garantizar la presencia en los portones durante todo el día. Seguimos trabajando en pos de que la fábrica vuelva a abrir sus puertas”, comenta Medina.
Todos los perjudicados por el cierre de la central solo quieren una cosa: trabajar. Saben que la indemnización del 200 por ciento por muy jugosa que parezca, es, al fin de cuentas, pan para hoy y hambre para mañana. “No queremos el arreglo supuestamente fabuloso que (Rodolfo) Daer piensa. La plata no te dura nada y en esta situación, menos. Solo queremos trabajar”, explica Patricia. Es que Rodolfo Daer, Secretario General del Sindicato de la Industria Alimenticia (STIA), pactó con la empresa la resolución del conflicto, cerrando cualquier posibilidad de lucha con PepsiCo. Medina y todos los despedidos también coinciden en el análisis: el cierre es político. “Siento indignación y bronca por la patronal, por el gobierno de turno, porque el Ministerio de Trabajo dejó correr el preventivo de crisis, que la empresa lo debería haber presentado treinta días antes, con los compañeros trabajando”, dice el representante gremial.
La planta, ubicada en Posadas y Roca, es una más entre tantas que caracterizan la zona. En la foto, la basura que se acumula en las calles.
Para los despedidos, el trabajo lo es todo. Así lo hace saber Patricia: “Tenía mi vida organizada y de la noche a la mañana, me cambió todo. Tengo una bebé de diez meses y una nena de quince años; al estar separada de mi marido, soy sostén de mi familia. Si llego a perder el trabajo, no podría sostener la casa”. Consultada por cómo vive la lucha, expresa: “Se hace difícil, tedioso, porque te comen los nervios y la angustia”. De fondo, su bebé llorisquea cuando es alzada por una compañera. “Antes cobrábamos guardería que nos ponía la empresa y ahora, de repente, no la tengo más así que tengo que andar con mi bebé a cuestas. De todos modos, otra no me queda porque soy sostén de familia, entonces necesito, sí o sí, mantener mi puesto de trabajo”, agrega la delegada.
Un patrullero se encuentra en el cruce de Posadas y Roca, frente a la puerta de la planta. De vez en cuando, un auto pasa por delante del acampe, situado a cuarenta metros de los policías, mientras que los trabajadores, vestidos todos con buzo polar azul, conversan en diferentes puntos de la concentración. “La moral entre los compañeros está muy alta, la solidaridad nos sube las expectativas. Todos los compañeros que se acercan a la planta nos dan fuerzas. Acá se necesitan dos cosas para seguir en vilo: moral y plata. Por suerte, se está recaudando bastante con los festivales que organizamos”, señala Olivetto, el empaquetador. Martín tiene un hijo y como Patricia está separado y es el principal sostén de su familia. Además, no tiene casa asegurada porque alquila: “Es complicado quedarse sin plata porque uno necesita para comer y para alquilar la vivienda”, indica con tono pausado. “No tener casa es una presión que te come la cabeza todo el día”, enfatiza.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata. Sin embargo, no hay razón para tamaña decisión y así lo cuenta Luis Medina: “Lo que están haciendo es subir los ritmos de producción, desdoblar el trabajo. Los compañeros y compañeras están dejando el cuerpo al lado de las máquinas, porque la de allá es una fábrica nueva, donde no tienen una cultura de organización gremial” y continua su explicación sosteniendo que “lo que quieren es abaratar costos en pos de los trabajos de los compañeros. La fábrica de Florida fue productiva hasta el día del cierre, así que materia prima hay. Está todo dado para que sigamos trabajando”.
Son 600 las familias que quedarían en la calle de confirmarse el cierre de la planta de Florida. El objetivo de PepsiCo es trasladar toda la producción a la segunda sede de Buenos Aires, ubicada en Mar del Plata.
El 7 de julio último, la patronal pidió a la justicia, mediante el fiscal Gastón Larramendi, que desaloje a los trabajadores de la fábrica. Para hacer frente a la situación, el sábado, los operarios de PepsiCo llamaron a una reunión con organizaciones para sumar apoyo a su lucha y reclamo. Desde la comisión interna se emitió un comunicado sobre el nuevo episodio: “Se trata de un pedido temerario de una empresa que está en la ilegalidad más abierta y que ya fue denunciada por lock out ofensivo, vaciamiento y discriminación”. Además propusieron movilizarse hasta el Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro, a cargo de la jueza Andrea Rodríguez Mentaste, para reclamar que no se acepte el requerimiento de desalojo del fiscal Larramendi. La madrugada del lunes 10 de julio, los despedidos de PepsiCo acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y diputados del frente de izquierda, entre otros, se movilizaron hasta Juzgado. La jueza los recibió pero se negó a otorgar las garantías para que el desalojo no sea violento. La noche del martes, un helicóptero comenzó a merodear la zona de la fábrica con un notable aumento de fuerzas policiales en el perímetro de la planta. Los trabajadores denunciaron que la jueza Rodríguez Mentaste ratificó que dará curso al desalojo en horas nocturnas, como lo solicitó el fiscal.
En este marco, los abogados de los trabajadores explicaron que la empresa cerró la planta de manera ilegal, ya que obvió la apertura previa del Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, denunciaron la incompetencia de Rodríguez Mentaste, ya que es pública su amistad con el intendente Gustavo Posse y mantiene otras relaciones personales con funcionarios de Cambiemos. Lo más llamativo es que ahora, la excusa que la patronal utiliza para desalojar a los operarios, se basa en un supuesto peligro de contaminación dentro de la planta. Lo que resulta absurdo, porque de ser cierto, la misma empresa amitiría que hasta hace unos días estaba funcionando en infracción.
A pesar de la represión, los trabajadores aseguran que continuarán resistiendo y reclamando por recuperar sus puestos laborales. Los delegados, por su parte, denunciaron que en Córdoba se están importando productos PepsiCo de Chile, por lo que prosiguen con la ferviente campaña de “No comprar productos de PepsiCo”, lo que incluye marcas como Lays, Pep, Twistos, Gatorade, Mirinda, Doritos, Pehuamar, Pepsi y Paso de los Toros, entre otras.
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Mirá la fotogalería de ANCCOM sobre la concentración en el Juzgado de San Isidro para frenar la orden de desalojo sobre la planta:
Actualizada 13/07/2017
Jul 13, 2017 | Comunidad
Primero fue la represión a organizaciones sociales en la Avenida 9 de Julio, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Luego la violenta detención de manifestantes que reclamaban por la libertad de un referente mapuche frente a Tribunales.
En menos de dos semanas, ambos episodios conformaron una preocupante secuencia de disciplinamiento de la protesta social. Organizaciones políticas y sociales advirtieron sobre una “escalada” del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. “Se dieron dos hechos muy claros de represión. Hay que preguntarse de dónde viene esta aparición fuerte de la Policía. Todo indica que hay un mensaje muy claro para que la gente se sienta intimidada y deje de marchar”, resumió Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los hechos
El miércoles 28 de junio varias organizaciones sociales fueron reprimidas por la Policía cuando se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir un plan de obra pública cooperativa, la declaración de la emergencia alimentaria, tarifas sociales en fábricas recuperadas, clubes de barrio y comedores, y la plena restauración de las pensiones por discapacidad, entre otros puntos. Gases lacrimógenos, balas de goma y hasta dos camiones hidrantes fueron las respuestas que recibieron Quebracho, la Agrupación Villera Piquetera y el Frente por la Dignidad Milagro Sala. Hubo varios heridos y la Policía detuvo por casi 12 horas a ocho personas, entre ellas dos menores. La fuerte presencia y el accionar de efectivos de civil fue la marca distintiva del amplio operativo de seguridad.
“Fue una cacería. Tenían el objetivo de reprimir”, subrayó a esta agencia Sabrina Roth, vocera del colectivo Frente por la Dignidad Milagro Sala. Y amplió: “Este modelo no sirve, no cierra, sin represión. No tiene otra respuesta para los sectores populares”.
Días más tarde, la Policía detuvo a siete manifestantes por reclamar la liberación del jefe mapuche de Chubut, Facundo Jones Huala. La manifestación frente a Tribunales estaba integrada por no más de 40 personas que, para visibilizar el reclamo, quemaron algunas llantas de goma. El justificativo de aquella represión fue que hubo “lesiones, intimidación pública y resistencia a la autoridad” por parte de este colectivo.
Manifestación frente a la Casa de Misiones en pedido de justicia por Victoria Aguirre y Selene Aguirre.
Argumentos
La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María Carmen Verdú, puntualizó que estos hechos de violencia fueron “simplemente la continuidad de una avanzada que empezó hace un año y medio”. Además, resaltó que “la represión siempre se profundiza en épocas de crisis. No hay semana en la que no estemos denunciando tres cuatro hechos represivos”, puntualizó.
Verdú advirtió que los mecanismos represivos “no variaron tanto, sino que se profundizaron”. Y completó: “Se aplicaron de lleno y por completo herramientas que ya existían.”
Desde el CELS, Efrón mencionó que las represiones policiales van de la mano con los temas políticos y que pueden ir en aumento. Sin embargo, enfatizó en que “la Policía acciona de esta manera no sólo porque hay una decisión política, sino porque hay un Poder Judicial que lo permite.”
Para el abogado, “el problema no es de legislación, (que podría ser mejor, sin ninguna duda), sino de cómo se aplica la ley penal y cómo el poder político responde ante una protesta.”
Efrón subrayó que “protestar nunca puede ser un delito”. Y concluyó: “Quien corta una calle lo hace porque el Estado no lo escucha hace mucho tiempo y es un problema muy grave”.
Como contracara, el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, afirmó que no había ningún tipo de negociación posible o vía de diálogo» en ambos casos por lo que «se intervino con la Policía».
Las declaraciones de Ocampo fueron replicadas por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien avaló la represión. Para él “no había un reclamo claro”. El argumento también fue refrendado por la Casa Rosada. “Nunca nos quedó claro qué estaban pidiendo, por eso también nos dimos cuenta que no había una voluntad concreta de resolver la situación”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, sobre el reclamo por la situación de 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio.
Marcha del día del periodista, desde el Obelisco al Congreso de la Nación.
Los y las docentes estaban armando una carpa itinerante para visibilizar su reclamo dando clases ahí y fueron reprimidos por la policía a la noche del domingo 9 de abril.
Actualizada 12/07/2017
Jun 29, 2017 | Comunidad
Docentes y alumnos de distintos bachilleratos populares de la Ciudad de Buenos Aires decidieron movilizarse al Ministerio de Educación porteño, el 28 de junio último, para visibilizar sus reclamos y exigir una solución al Estado, tras la falta de respuestas por parte de la ministra, Soledad Acuña.
A pesar del frío, la convocatoria reunió a más de cien personas al ritmo de bombos y cantos originales. Una de las frases más repetidas durante la jornada fue: “No somos privadas ni estatales, somos populares”. Los reclamos comunes a todos los bachilleratos que se leían tanto en las pancartas como en los volantes que diseñaron para la ocasión son: el reconocimiento de los bachilleratos populares por parte de Ministerio, la planta funcional y la titularización docente para todos los trabajadores, la aceptación de las parejas pedagógicas, los boletos y becas para los estudiantes y el financiamiento integral.
Fernando Lázaro miembro de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP), organización que creó bachilleratos populares en 2004, dijo: “Venimos trabajando junto a otras organizaciones, abriendo `bachis´ populares, y exigiendo al Estado el reconocimiento de estas experiencias de educación popular”. Según Lázaro, un bachillerato popular es una escuela media para jóvenes y adultos autogestionada por las organizaciones y movimientos sociales, es gratuita. Estos espacios educativos están insertos barrios carenciados, en fábricas recuperadas. “Los bachilleratos populares desde que nacieron arrancaron su lucha en base a necesidades de abrir escuelas que tenían los vecinos, mientras que el Estado no garantizaba ese espacio para las personas que habían sido expulsadas del sistema educativo tradicional. A partir del funcionamiento mismo de las escuelas comienzan los pedidos por el reconocimiento”, contó Julián Larrea, docente del bachillerato popular de Parques Patricios. “Pensamos a la escuela como organización social y desde hace años venimos reclamando, porque si bien tenemos el reconocimiento de varias de ellas, hay otras que las autoridades nos lo están negando. Hay una decisión del Estado, cada vez está más dura, de no reconocer nuevas experiencias. Hay seis que están aún sin reconocer”, señaló Lázaro.
“No somos privadas ni estatales, somos populares”, era uno de las consignas que se escucharon en la movilización.
Como representante del bachillerato popular de Parques Patricios y profesor de tercer año en Ciencias Sociales en el barrio Pompeya, Julián Larrea, denunció: “No tenemos ningún tipo de reconocimiento, por lo cual no podemos emitir títulos, ni becas para los estudiantes, tampoco salarios para los docentes, y mucho menos un financiamiento integral”. Esta situación vuelve problemático el trabajo de muchos profesores y la ausencia de materiales torna dificultoso el aprendizaje por parte de los alumnos. Son cincuenta los estudiantes que asisten al bachillerato de Parque Patricios, jóvenes de 18 años hasta jubilados. “La currícula sigue creciendo año a año en tanto el Estado no dé respuestas a la educación para adultos. Las materias que se cursan no son las convencionales, decidimos de manera autogestiva, entre profesores y estudiantes, qué materias vamos a dictar teniendo en cuenta las necesidades mismas del territorio y de los distintos estudiantes que asisten al bachillerato”, explicó Larrea.
Marta Álvarez, tiene 28 años, es de nacionalidad boliviana y comenzó el bachillerato hace tres años en “Casa Abierta”, en la villa 31. Actualmente cursa el tercer y último año del bachillerato en donde enseña Larrea. “Para mí es una buena experiencia poder estudiar, creo que me están dando no solo la oportunidad de terminar la escuela, sino de ser alguien en la vida, tanto a mí como a mis treinta compañeros. Hoy mi meta es terminar la secundaria para poder estudiar algo más. En el bachillerato todos somos unidos, organizamos entre todos las clases”, contó Álvarez. Ella se lamenta que el bachillerato no esté reconocido por el ministerio de Educación, ya que valora el esfuerzo que hacen sus docentes, quienes no cuentan con la remuneración por su trabajo. Es por ese motivo que junto a sus compañeros asistió al Ministerio en repudio de la situación y en apoyo a sus profesores. “Hacemos muchas actividades para recaudar fondos y así mejorar nuestro espacio de estudio, como kermés y peñas. Así compramos los asientos y mesas que nos hacían falta, porque no contamos todavía con la ayuda del Gobierno”, describió Álvarez.
María Echever trabaja hace tres años en el bachillerato popular Darío Santillán como docente del área de Ciencias Sociales dando clases de Historia, Sociología y Filosofía en la sede de Barracas, en la Villa 21-24. También trabaja algunos días realizando tareas en la secretaría popular que es el espacio que tienen para la organización de la escuela. “Vinimos al Ministerio a reclamar por el reconocimiento de los bachilleratos aún no reconocidos; la reapertura de la planta orgánica funcional lo que posibilita que nuestros docentes cobren salarios; por la aceptación de las parejas pedagógicas”, enumeró Echever. En todos los bachilleratos populares los profesores trabajan en parejas pedagógicas, sin embargo solo se reconoce uno por aula. En esta misma línea Lázaro planteó: “Las parejas pedagógicas son parte de la estructura del bachillerato popular. Nosotros consideramos que construimos a partir de las diferencias, estas no se pueden negar y es a partir de esa concepción que trabajamos con parejas pedagógicas, para dar cuenta de las múltiples realidades. Como hay tantas realidades en el aula creemos que con un docente no es suficiente y por eso trabajamos con dos. También consideramos que es rico que entre los profesores puedan proponer y debatir ideas desde distintas perspectivas pedagógicas y políticas”. Además, Echever demanda por becas, boleto estudiantil gratuito y el financiamiento integral de las instituciones populares. “El Estado no se hace cargo, hay algunos bachilleratos que tienen reconocimiento de títulos, pero no de salarios, otros tienen ambos, pero no un financiamiento integral. La situación de los distintos bachilleratos populares es diversa, pero estamos la gran mayoría conglomerados bajo la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que es una herramienta que nos permite realizar este tipo de acciones colectivas con más fuerza. Es a raíz de la unión de todos los `bachis´ populares que hemos conseguido el reconocimiento de muchos el años pasado, pero aún falta mucho más”, agregó Echever.
Los reclamos comunes a todos los bachilleratos se leían tanto en las pancartas como en los volantes que diseñaron para la ocasión.
Franco Armando, profesor de Historia de la Clase Obrera en el bachillerato popular Salvador Herrera ubicado en la villa 17, barrio de Pirelli, contó: «El bachillerato popular viene a dar una respuesta a la falta de centros de educación de nivel medio en los lugares de menos recursos, como las villas”. Según Armando, su bachillerato tiene el reconocimiento del Estado como institución educativa, pero no de los profesores y es por eso que se congregaron frente al Ministerio. La escuela popular lleva cinco años de existencia y tan solo dos años de reconocimiento oficial. “Pero no tenemos ningún tipo de sueldo ni tampoco becas para los estudiantes. Hace doce años que el macrismo está en la Ciudad y desde las distintas organizaciones venimos dando lo que el Estado no brinda, ya sea comedores, bachilleratos o centros comunitarios”, añadió Armando.
Gisela Cayetá es profesora en el Bachillerato Popular Independencia de la materia Educación Popular y Género desde el 2011, y es egresada de la misma institución. “Nuestro bachillerato está reconocido, venimos a apoyar a los que faltan y no tienen voz. También venimos a reclamar que actualmente nos quedamos sin espacio para enseñar. Hace siete años veníamos funcionando en la Facultad de Psicología de la UBA y nos echaron. Ahora nos encontramos en un local prestado y estamos pidiendo un espacio propio”, manifestó Cayetá. Gabriela Mariel, una de sus alumnas, contó que empezó este año a estudiar. Ella tiene 19 años y una hija de tres años con la que asiste a clases. “El lugar que actualmente ocupamos a veces lo podemos usar y otras no, y esto nos juega en contra porque perdemos días de estudio”, dijo. Además, manifestó su apoyo a los bachilleratos populares y reconoció que si no fuera por sus docentes, ella no podría terminar la escuela. “Me gustaría terminar el secundario que es lo más importante para poder conseguir un trabajo, pero también quisiera seguir estudiando”, confesó.
Juanjo González coordinador del bachillerato Sol del Sur de Villa Soldati, trabaja como docente de Cooperativismo de primero, segundo y tercer año, desde que comenzó hace 4 años. “Estamos en una situación intermedia, porque el Sol del Sur está reconocido formalmente por el Ministerio, pero los profesores no cobramos un sueldo por nuestra labor, el nivel edilicio es precario y teóricamente íbamos a tener becas este año, pero no se efectivizó para este primer cuatrimestre”, denunció González. Además, planteó que la enseñanza popular es una alternativa a la educación formal, que en estos momentos no estaría conteniendo a los chicos y chicas que no pueden terminar la secundaria. Desde esa perspectiva exigieron el Estado que reconozca como un derecho la educación que están supliendo los bachilleratos populares. Pablo Hupert, compañero de Juanjo González, profesor de Historia de primero y tercero en Sol del Sur dijo: “Nos reconocieron como establecimiento privado, cuando no lo somos, y a los privados no les dan becas. Pedimos, además de las becas, el financiamiento de la infraestructura, el mobiliario, computadoras, útiles y materiales como cualquier otro colegio estatal”. Hupert subrayó que los bachilleratos tienen un costado afirmativo, más allá del reclamo al Gobierno, que es la autogestión. “Las autoridades no pueden creer que todos los años se sigan abriendo bachilleres populares. El año pasado abrieron ocho y este año cuatro más”, exclamó Hupert. Hay distintas posiciones dentro del bachillerato popular, algunos piensan que la educación popular es la manera de cambiar al mundo, pero Hupert, tiene una visión distinta, cree que es una manera de cambiar a los que están dentro, tanto alumnos como docentes, y que eso puede ayudar a tejer otro tipo de relaciones, pero que no sería un reemplazo del viejo partido revolucionario que vendría a aportar a la generación de una vanguardia de clase obrera consciente. “En general el bachillerato al que pertenezco está en una red de `bachis´ que siguen al bachillerato Paulo Freire, cuya línea está marcada por la frase `la educación no va a cambiar al mundo, pero va a educar a los hombres que van a cambiar el mundo´. Para mí, no es una cuestión de conciencia, sino con una nueva forma de relacionarse, de cooperar con los demás. Acá en vez de encontrarse con un colegio que los expulsa porque son de la villa o porque no pueden cursar todos los días, se encuentran con una escuela que los contiene”.
Los reclamos: reconocimiento por parte de Ministerio, la planta funcional y la titularización docente para todos los trabajadores, la aceptación de las parejas pedagógicas, los boletos y becas para los estudiantes y el financiamiento integral.
Mariana Menga es docente de Ciencias Sociales del bachillerato Voces de Latinoamérica del Hormiguero, que funciona en el barrio Rodrigo Bueno, una villa de la Comuna 1 en Costanera Sur. Este bachiller existe desde 2013 y recién en 2015 fue reconocido como escuela de régimen estatal por parte del Ministerio. “Nos costó dos años el reconocimiento y poder sacar los primeros títulos. Actualmente no contamos con planta orgánica funcional, es decir que como docentes no cobramos salarios, no tenemos recursos para infraestructura, materiales didácticos, lo que llamamos el financiamiento integral como cualquier otra escuela de régimen estatal”, explicó Menga. También aclaró que definieron, en el marco de la coordinadora de bachilleratos populares, hacer la concentración frente al Ministerio de Educación porque desde hace meses que solicitan reuniones con funcionarios para que den respuestas a sus reclamos, pero el único diálogo que tuvieron es con la directora de adultos de la Ciudad, quien no dio respuesta alguna a las cuestiones que se plantearon. Mauro Paucra, alumno de Mariana Menga, es peruano y dijo haber venido a la Argentina para darle un futuro mejor a sus hijas. “Pasaron por mi casa algunos docentes promocionando la escuela popular para adultos que no habían terminado la secundaria. Me inscribí para ver cómo era la educación acá, no con la idea de terminar la secundaria. Cuando fui a la primera clase no había llevado cuaderno ni nada para escribir, pensaba volver a casa a buscar los útiles, pero los profesores me facilitaron los materiales y comencé de inmediato. Así terminé primero y segundo y ahora estoy en mi último año. En el país en donde estaba no podía estudiar, vine acá y me dieron la oportunidad. Estoy muy contento con el bachillerato popular, porque no es como una escuela tradicional, todo se comparte, nos comunicamos entre todos, tanto docentes como alumnos, es una experiencia muy buena”, expresó Paucra.
Catalina Neira es docente de Comunicación Popular del primer año del bachillerato 20 Flores de la Asamblea de Flores, que funciona desde el 2010. Trabaja desde el 2012 como educadora y forma parte de la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha. “Peleamos por la aceptación de nuestras prácticas docentes como válidas para el sistema educativo. Hasta el 2015 veníamos teniendo discusiones sobre la oficialización de distintos bachilleratos que se fueron abriendo desde el 2001. A partir del momento que (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta asumieron en la Nación y en la Ciudad, las discusiones cambiaron completamente, siempre fue difícil el diálogo pero se podían generar espacios de negociación. Hace dos años que están muy trabadas y como consecuencia, este año los alumnos no cobraron sus becas. Por lo tanto venimos acá para que el Gobierno reabra las mesas de diálogo que cerró unilateralmente con un manoseo que no corresponde. Hemos establecido lazos con muchísimas instituciones del ámbito público de la Ciudad, porque trabajamos con la población que el sistema educativo formal expulsa constantemente y por eso mismo pedimos tanto por los derechos de los trabajadores como por los estudiantes”. Lorena Sastre es colega de Catalina y se desempeña en la docencia en el área de Desarrollo de las comunidades desde el 2012. “Intentamos construir una educación popular y alternativa. Nos hacemos presentes para exigir el reconocimiento oficial e íntegro por parte del Estado, nuestro bachillerato fue reconocido por la mitad, es decir que emitimos títulos pero los estudiantes no tienen todos sus derechos, la infraestructura es muy precaria y solo se reconoce un docente por aula”. Nilton Junior, es un alumno de segundo año del bachiller 20 Flores, tiene 22 años y empezó a estudiar en 2016. “El bachillerato popular me dio la oportunidad que no me dio ningún otro colegio, yo estoy trabajando y por los horarios no podía cursar en ningún lado”, dijo Nilton. Asistió a la convocatoria para apoyar a sus docentes y exigir que si están reconocidos como escuela pública tengan los mismos derechos que cualquier otra escuela.
La jornada de reclamo y movilización cerró con una negociación parcial y la promesa de reuniones que dividen el reclamo. Fernando Santana de la Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA) y miembro de la CEIP histórica transmitió, asomado desde la puerta del Ministerio, lo que manifestó el empleado del Ministerio de Educación de la Ciudad, Gonzalo Mira Senra: “Nos ofrecieron una reunión para el martes que viene a las 6 de la tarde con la segunda de la ministra, para hablar solo con los bachilleratos no reconocidos. Luego la semana del 10, todavía no está confirmado, habría una reunión con los otros bachilleratos por tratar las distintas cuestiones”. Fernando Santana valoró positivamente lo que obtuvieron casi como una victoria: “Estuvimos toda la tarde, creo que conseguimos algo, hay que ver qué sale de esas reuniones. Nos van a entregar una hoja con este acuerdo por escrito. Si nos hubiéramos ido una hora antes no hubiésemos logrado nada”. Al finalizar la concentración pidió a los alumnos que se retirarán con calma porque había un camión de la Policía, para evitar cualquier tipo de problema.
Actualizado 29/06/2017
