María Marta González y Alberto Di Totto obtuvieron la guarda de Ludmila en 2015 y comenzaron a llevársela a su casa en forma contínua, con permiso de su padre biológico, quien no podía tenerla consigo. Luego de un tiempo, la guarda le fue ofrecida por el juez sólo a María por no estar casada con su cónyuge: “Para esa altura ya la sentíamos como una hija, no queríamos que terminara en un hogar, como le pasó a sus hermanos. Cuando Ludmila cumplió 17 años, nos avisaron que podíamos empezar los trámites de adopción para que ella tuviese el apellido de Alberto”, asegura María.
La adopción en la Argentina trae aparejado muchas controversias y dudas. En 1997 se sancionó la ley 24.779 que estableció las disposiciones generales para la adopción plena y simple. Conjuntamente se indicaron ciertos requisitos, como por ejemplo, que quienes quieran adoptar tengan una edad mínima de 30 años y haya al menos 18 de diferencia entre ellos y quienes pasarían a ser sus hijos/as. Al mismo tiempo, se incorporó la posibilidad de que personas solteras también puedan obtener la guarda de algún niño/a. Recién siete años después, en 2004, se creó la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA) con el fin de unificar a los aspirantes a lo largo y ancho del país. Es a partir de este registro que los postulantes pasan a formar parte de un listado común que los habilita a obtener la guarda de un menor de cualquier jurisdicción. Tras la sanción del Matrimonio Igualitario en 2010, se habilitó a las parejas de igual género a adoptar estando casados y fue con la sanción, en agosto del 2015, del Nuevo Código Civil y Comercial que solo comenzó a ser necesaria la convivencia como requisito para la postulación.
Decididos a adoptar, Mariela y Mariano iniciaron sus trámites hace seis años: “Presentamos la carpeta de inscripción en 2010 y en 2011 hicimos nuestra primera preinscripción. Antes de que cambie la ley, te tenías que reinscribir cada año, ahora es cada dos. En 2014 nos llamaron para darnos nuestra primera guarda”, cuenta Mariela. Luego de quince años de casados, ellos fueron la primera pareja en adoptar en el Hogar Felices Los Niños en más de diez años. Iniciados los trámites y después de seis años de espera, se convirtieron en padres al recibir la guarda de dos hermanitas de cuatro y siete años, Thalía y Aimara. “En 2015, un año después de haber perdido la guarda de Carlito, un bebé de seis meses, nos dieron a las nenas. Aún hoy continuamos en guarda. Nuestro legajo todavía está en la cámara porque el padre apeló la adoptabilidad de las chicas. Aunque la Cámara no dio lugar a esa posibilidad debido a las malas condiciones en las que se encuentra, tenemos que esperar que baje nuestro legajo a Primera Instancia para pasar a la etapa final.”, aclara Mariela.
A partir de su puesta en marcha, la ley de Adopción -se sancionó el 28 de febrero de 1997 y fue promulgada el 26 de marzo del mismo año- permite que sea solo a quienes hayan cumplido los 30 años o están casados hace más de tres años. La duración de la guarda es fijada por un Juez y no puede ser menor a seis meses ni mayor a un año; y solo después de esos seis meses es puede iniciarse el juicio de adopción. Se debe tomar conocimiento de las condiciones personales, edades, aptitudes del o de los adoptantes priorizando las necesidades e intereses del menor.
Con la creación del DNRUA y la sanción del matrimonio igualitario, las posibilidades de adoptar se han expandido aunque sigue habiendo demoras.
Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”.
Una ayuda para el viaje
El DNRUA se creó en 2004, con el fin de “armonizar todos los registros y que la información se centralice. De esta manera, posibilitó a todos aquellos que querían adoptar, a ser aspirantes en todo el país dado a que ahora se encuentran incorporados a la red federal”, explica el abogado Miguel Unamuno. Las personas que deseen ser adoptantes primero tienen que pasar por un proceso de inscripción que requiere de ciertos requisitos como estar casados entre sí, conviviendo. También puede inscribirse una persona soltera; debe tener 25 años como mínimo y residencia permanente en el país. Se realizan una serie de evaluaciones: una socioambiental, una psicológica y una médica. Posteriormente, el postulante recibe un código que le permite tener acceso a la ficha de adoptabilidad a través del sistema, donde podrán poner las preferencias adoptivas con respecto a los perfiles de los niños que está dispuesto a adoptar. En la actualidad, la base de datos informática de esta dirección cuenta con 5.705 postulantes inscriptos: “Si se tiene en cuenta los perfiles adoptivos, un 92% prefiere niños de hasta un año, el 31% hasta los seis años, pero cuando se trata de niños de 12 años solo un 0,70% los pone en su ficha de adoptabilidad”, asegura la psicóloga Cynthia Rotman.
Unamuno explica que “si el chico es de Capital Federal, buscamos allí, si no surge el postulante, se amplía hacia los sectores circundantes a la ciudad. Como última opción empieza a trabajar el registro único, que articula una búsqueda en todos los registros”. “Previo al otorgamiento de la guarda con fines adoptivos, existe una instancia llamada ‘vinculación’, afirma Rotman: “Un proceso donde se producen encuentros entre el menor y los posibles adoptantes acompañados por un equipo técnico”. Una vez que finaliza esta etapa, el juez dictará sentencia de guarda con fines de adopción que no puede exceder el plazo de seis meses. Por último, se inicia el denominado juicio de adopción que otorga seguridad jurídica al menor, quien comenzará a gozar de la condición de hijo.
María Sol, comenzó los trámites en el registro para adoptar cuando estaba en pareja con otra mujer, pero en el medio del trayecto dado que se separó, tuvo que continuar sola. Pudo hacerlo porque no estaban casadas y todos los trámites estaban a su nombre.“Lo más arduo de la adopción es la espera”, explica. La ansiedad era moneda corriente del día a día cuando enfrentaba una infinidad de trámites, participaciones en talleres y análisis psicológicos. Finalmente consiguió la adopción de la nena: “Imposible no sentir que hasta lo más fatídico valió mil veces la pena” expresa entre lágrimas.
En 2015, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, todas las parejas pueden acceder a la unión convivencial, obteniendo ciertos derechos jurídicos aún cuando no se contraiga matrimonio, pudiendo, a su vez, ser reconocidos, al establecerse las nuevas normas, como posibles adoptantes. A leyes como las del matrimonio igualitario o identidad de género se suma ahora el reconocimiento de la denominada “triple filiación”, aceptando así nuevos modelos de familia que hasta ahora carecían de sustento jurídico.
María Rachid, ex legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente para la Victoria y socia fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) explica que “por un planteo que hizo la Federación, nosotros logramos que los registros civiles de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, reconocieran la triple filiación en algunas familias. Dos mujeres que tienen un hijo con un amigo varón o dos varones que tienen un hijo con una amiga mujer; donde esa mujer o ese varón no son donantes, son papá y son mamá. Podría ser el caso de una pareja heterosexual también donde se incorpora una tercera persona a esa filiación por algún motivo”.
Sin embargo, Rachid cuenta que, cuando se pone en vigencia el Código Civil, solamente reconoce dos filiaciones por miedo a que a las parejas homoparentales les impongan la filiación del donante. El código estaba desactualizado antes de entrar en vigencia dejando afuera la triple filiación a menos que la justicia declare inconstitucional esta parte. Una vez reconocida la triple filiación, el RENAPER decidió lanzar una hoja de inscripción para todos los registros civiles que dice: primer progenitor, segundo progenitor, tercer progenitor.
“Otra cosa que eliminó el Código Civil fue la parte del proyecto de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, todo el capítulo de gestación, el mal llamado “alquiler de vientre”. Nosotros le llamamos gestación solidaria porque aunque hay intercambio de dinero en algunos casos, también hay mucha solidaridad por parte de esa mujer que durante nueve meses gesta un bebé, pone el cuerpo para gestar un hijo para otra pareja. Nosotros incluso presentamos un proyecto de ley de gestación solidaria para regular el estatuto”, sostiene Rachid.
Otro caso interesante fue el de Nicolás e Ignacio que son los padres de Thiago. Los dos tenían muchas ganas de ser papás y decidieron lograrlo. Ignacio asegura que “cuando apareció Thiago fue como si ambos se hubiesen adoptado, ellos lo eligieron a él y él los eligió a ellos”. Todavía hoy consideran que ese momento fue sumamente especial y aseguran que todo a su alrededor fue como un contexto de amor, fueron acompañados por ambas familias y por sus amigos, lo cual hizo todavía más perfecta la llegada de Thiago. Su hijo está con ellos desde bebé. Pasaron por una guarda de un año hasta que se dió la adopción plena, lo que les permitió tramitar el documento – en el cual figuran los apellidos de los dos papás- un día que recuerdan como uno de los mejores de su vida.
Ellos escribieron el libro Mis dos papás, en el que aparecen representadas todos los tipos de familias. En palabras de Ignacio “se trató de abarcar todo para decir: hay tantos tipos de familias como personas en el mundo”. La decisión de llevar a cabo este proyecto tuvo un incentivo: cuando Thiago empezó a ir a la guardería todas las notas decían “Queridas mamis” o todas las canciones eran acerca de mamás y papás. Cuando empezó sala de dos se juntaron con las maestras para plantearles que, desde su lugar, hablaran sobre los diferentes tipos de familias, para que Thiago también se pueda sentir representado. “Cuando vos pensás en abandonar lo primero que tenés que hacer es seguir, es hacer la contraparte”, aseguran Nicolás e Ignacio.
Flavia Massenzio es la secretaria de Asuntos Jurídicos de la federación LGBT y desde fines del 2014 también coordina la Defensoría LGBT, que es un espacio creado por la asociación y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Massenzio está convencida que el establecimiento del registro único mejoró y agilizó todos los trámites de adopción. Aún cuando está afectada en forma personal por estas modificaciones, ya que está en pleno proceso de adopción con su esposa en el que tienen en guarda a una nena de cinco años. “La ley nos da derechos, no abre cabezas”, asegura y agrega que “si bien se logró el objetivo en materia jurídica falta mucho para alcanzar la igualdad real en el cotidiano de todos los días, sino no serian necesarios los espacios como el LGBT o la Defensoría. El camino para achicar esa brecha en una igualdad jurídica y una igualdad real es una política pública, es trabajar la comunicación, hablar sobre los derechos de las personas sin importar su orientación sexual, es visibilizar para romper con los prejuicios”, asegura.
Se emociona al hablar de su hija: “Estefi no encuentra diferencias entre nuestra familia y otras . No la educamos de esa manera, así que cuando le preguntamos sobre el tema nos dice que el color de pelo es distinto o que las camperas que usamos son distintas. Todos deberíamos educar en la igualdad y no en las diferencias”, sostiene firmemente.
Siete calles lo separan de la heladera. La autopista General Paz en el medio y cuatro semáforos. Lleva los hombros marcados a rojo fuego por la fuerza que hace al levantar su carro. José es cartonero desde hace quince años. Trabaja con la salida del primer rayo de sol hasta que ya no queda luz. A partir de 2011, cuando se organizó en una cooperativa de recolección, logra un mejor precio por kilo basura reciclable. “Gane lo que gane, nunca me alcanza para comer. Mientras junto los cartones agarro comida en los tachos”, dice. El kilo de cartón está 2,40 pesos enfardado o 1,90 pesos suelto. Con sus 48 años entrega parte de su colecta a “La cooperativa del Abasto” y otra porción la guarda para el mercado clandestino.
“El día que encontré la heladera el cielo era todo gris. Paso siempre por esta calle y siempre hay cartón bueno. Antes hacía una parada de descanso por la zona del Abasto que es cerca de donde dejo el cartón. Ahora cambié un poco el recorrido y paro acá”, comenta José. El electrodoméstico se instaló el 30 de octubre sobre la Av. Mosconi 2534 en Villa Pueyrredón por iniciativa de Lupita Gutierrez. «La idea surgió un día con mi mamá, buscando la manera de ayudar a quienes más lo necesitan», recuerda Lupita, de 20 años, vecina del barrio. El artefacto está atado a un poste de luz, a mitad de cuadra, frente a la casa de Lupita. «Cuando terminamos de almorzar no queríamos tirar lo que había sobrado, fue ahí cuando propuse ponerlo en una cajita y dejarlo en la calle. Publiqué en Facebook si alguien podía donar una heladera, ropero o similar y a las cuatro horas ya había conseguido una».
Botellas de agua y jugo, pan en bolsas de supermercado, bandejas descartables con fideos, un tupper con albóndigas y naranjas sueltas. José elige los fideos y una bolsa con pan. El sol le pega en la nunca y se refresca con agua que lleva en su carro. “Llevo toda la plata que junto a la madre de mis hijos y si sobra me quedo con algo”, relata. Sueña con que sus hijos logren terminar el secundario y sigan estudiando. No sabe si después de los fideos le va a alcanzar para comer a la noche. Cada día es una nueva historia en su vida.
La iniciativa de Lupita forma parte de una cadena solidaria que comenzó en febrero de 2016 y ya se expande por todo el país. La primera heladera social fue instalada en Tucumán por Fernando Ríos Kissner, un empresario gastronómico que hizo realidad su idea luego del impacto que le generó ver a un padre meter a su hijo dentro de un contenedor de basura para buscar comida. La aceptación fue tan grande que rápidamente tuvo réplicas en Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Neuquén y en la Provincia de Buenos Aires. El proyecto también se transformó en un perchero social que integra la campaña «Frío Cero», de la Red Solidaria.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), un tercio de los comestibles producidos en el mundo se pierde o desperdicia anualmente. En la Argentina se derrochan 38 kilos por habitante cada año, generando un residuo de 1,5 millones de toneladas, ya sea debido a una deficitaria planificación de las compras por los consumidores o a descuidos en la conservación. La situación implica, a nivel mundial, una pérdida de 1.300 millones de toneladas anuales de alimentos.
La esquina de Mosconi y Artigas “es muy transcurrida en todo momento del día”, dice Carolina, encargada del puesto de diarios. Farmacity, el puesto de revistas, la panadería Lemon, el Kiosko de Katy, la casa de una vecina, el negocio de arreglo de computadoras, la casa de Lupita, la papelería, la ferretería y en la esquina un salón de fiestas, conviven con la heladera en ese orden. Pocas familias habitan en esa cuadra. “Está el que pone comida, el que se lleva y el que se queja porque le molesta. Lo que más veo es gente que se acerca a poner alimentos. Es impresionante la solidaridad”, relata Katy, dueña del kiosko “La vecindad”, y añade: “Muchos padres con sus hijos compran galletitas, alfajores o bebidas para poner”. El artefacto no está enchufado, con lo cual los alimentos que más se conservan son los no perecederos o los que se retiran en el día. “Está siempre llena con comida diferente”, comenta Lupita. La aceptación de los vecinos la sorprendió y agradece a cada ciudadano que se acerca a poner algo. “Gracias a ella y su familia muchas personas hoy tienen algo para comer”, reflexiona Graciela, vecina del barrio, quien deja tres veces a la semana un par de facturas del desayuno de sus hijos.
“Tomá lo que necesites, aportá lo que puedas”, indican los carteles que tiene el electrodoméstico. Santiago, de 28 años, no sabe leer muy bien pero Gonzalo, su hijo de 8 años, lo ayuda. “Papá, mirá esa heladera. ¿La llevamos?”, le dijo el nene a su padre el lunes a la mañana mientras caminaban por Mosconi buscando cartón. “Nos acercamos a ver si la podíamos levantar. Cuando la estábamos moviendo vino un pibe y nos frenó el carro”, relata Santiago, que además trabaja los fines de semana en la guardia de un almacén en el Bajo Flores. Padre e hijo viven en la villa 1-11-14 junto con su esposa y tres hijos más. Adrián Pérez fue el encargado de impedir que se lleven el artefacto. “Estaba arreglando la computadora de un cliente y cuando levanto la vista veo a los chicos. Salí corriendo a explicarles que sólo podían llevarse la comida”. La primera vez que Santiago y su hijo Gonzalo se alimentaron de la heladera social optaron por una bandeja con una tarta entera, unos fideos y manzanas. “Ese día le di a Gonzalo y a mis otros cuatro hijos de comer. Ahora pasamos siempre y todas las noches tengo algo para darles”.
Desde el negocio de computación, Adrián y sus compañeros ven toda la secuencia. Los que más utilizan la heladera son los cartoneros, de a una o dos bandejas. La situación está muy dura. La desigualdad cada vez es más grande. Cuando vi lo que estaba haciendo Lupita, que es una piba joven, me emocioné e inmediatamente la ayudé”, confiesa Adrián. Santiago también ayudó a los suyos. Después de aquella mañana que encontraron la heladera volvió al barrio y le contó sólo a los de su cuadra que podían retirar comida gratis.
Muchos vecinos que se acercan a poner comida entran al negocio de computación o al local de Katy para felicitar por la iniciativa. Agradecidos, les explican que el proyecto fue de Lupita y le pasan su Facebook para que se contacten. «La idea es que los que tienen bares por acá o cualquiera en su casa, pueda separar algo de su comida y traerla, para que quienes están en situación de calle no tengan que revolver la basura», explica Lupita. Está esperanzada con que la propuesta crezca al igual que Katy, quien dice: “Ojalá no tuvieran que existir estas iniciativas. Ese es mi deseo, pero estamos en cambiemos, todo puede pasar. Sería bueno que estemos mejor”.
Cuando el artefacto cumplió una semana, una vecina de la cuadra se acercó a pegarle stickers naranjas con el símbolo de riesgo y la leyenda “Peligro biolóco”. La mujer -que no permite publicar su nombre – vive desde hace 30 años en la misma casa. “Me parece un desastre esta situación. Hay otros lugares para que la gente coma y no necesariamente este que está frente a mi casa. La heladera junta bichos y larga mal olor”, se queja.
Graciela, encargada de la panadería Lemon, reconoce que ésta no es la mejor solución para el problema pero asegura: “Es mentira que tira bichos u olor. Entre algunos vecinos se ocupan de que esté limpia y cuidada. El problema grande es en el verano con el encierro y las altas temperaturas”. Claudia, empleada de la panadería, le cuenta a su encargada que hace dos días un cliente compró una tarta de calabaza y puso la otra mitad. “Debería tener electricidad pero es un peligro para los chicos. La gente se tiene que ganar la comida con dignidad y no deberían sacar ni de un tacho ni de una heladera de la calle”, opina Claudia mientras lleva un café a un cliente. Ramón, que escuchaba la conversación, intercede: “La idea está bárbara pero no sé si está bien hecha. Igual tampoco vamos a comparar con lo que debe ser para alguien sacar comida de un contenedor o de cualquier otro lado”.
La vecina hizo la denuncia al Gobierno de la Ciudad el lunes 8 de noviembre para que la remuevan. Está esperanzada con que lo harán pronto. Adrián, empleado del negocio de computación, no logra comprender lo que la vecina plantea y dice: “La gente ve una simple heladera, pero no se dan cuenta que es mucho más que eso, sirve para que un pibe coma algo y que quizás sea lo único que ingiera en el día”.
La llamada de la vecina al Centro de Gestión y Participación Comunales (CGPC) a través del 147, para que remuevan la heladera, se hizo efectiva el viernes 11 de noviembre. Sebastián, que trabaja para el CGPC de la Comuna 12 (el cual agrupa los barrios de Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Coghlan), fue el encargado de tomar el caso. “Trabajo desde hace 19 años y siempre levantamos escombros, piedras pero nunca me tocó una cosa así”. Vecinos del barrio se asomaron a ver qué pasaba. El equipo de investigación de esta nota se acercó a Sebastián y su equipo para hacerle unas preguntas. Poco a poco los residentes iban volviendo a sus puestos de trabajo mientras los reporteros intentaban contactarse con Lupita para impedir que removieran la heladera.
“Yo no tengo problema de que esté. Nosotros sólo cumplimos órdenes. Ustedes me tienen que firmar la planilla y poner que es de uso particular y que no quieren que la llevemos y listo.” Este equipo de investigación intercedió firmando en la planilla. La heladera se quedó en su lugar.
Adimiro no tiene hogar. Pasa las noches con su colchón en la puerta de la sucursal del banco Santander Río que está a dos cuadras de la casa de Lupita. Deambulando por el barrio de noche encontró el artefacto. “Agarré unas botellas de jugo, pan y unos tomates”, confiesa el hombre de 40 años que padece de problemas auditivos. “Al no comer, no tengo fuerza y eso hace que esté enfermo seguido. La comida que saco me sirve para no enfermarme. No siempre como durante el día, voy cuando está oscuro para que nadie me vea”.
La noche cae, son las 19 y Coco entra a su turno de trabajo en el kiosko de Katy. Espera a que la cola de colectivos disminuya, agarra el trapo naranja y junto con una botella de detergente y unas cajas sale del negocio. “Yo soy el encargado de limpiar la heladera”, dice inflando el pecho. Todos los días destina veinte minutos al tratamiento de lavado mientras mira de reojo la vidriera por si alguien se acerca. Trabaja desde hace 20 años en el mismo local y se siente orgulloso de su barrio. “Los días que tengo franco le pido a otro vecino si lo puede hacer por mí. Si entre todos nos ayudamos el país va a salir adelante”, añade.
Los días de calor, en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de José León Suárez (partido de San Martín), la basura fermenta y emana un vapor espeso. Quienes transitan por el Camino del Buen Ayre pueden observar una montaña humeante. Cerca de 17 mil toneladas de residuos desembocan allí diariamente y los habitantes de alrededor, como los del barrio Libertador –justo enfrente–, viven de ellos.
Todos los días de 18 a 19 se abren las compuertas y unas 500 personas entran a “la quema”, como le dicen, en busca de metales, plásticos y comida. Nora (52) y “Chaco” (48) son los coordinadores de la cooperativa Bella Flor, una de las siete que hay en el predio. “No te vayas a tropezar, si no te pasan por arriba”, advierte Chaco.
Bella Flor funciona en el primer galpón ingresando por una calle de tierra angosta, a 200 metros de la esquina del Buen Ayre y Salvador Debenedetti. Chaco cuenta que reciclan y comercializan botellas, bolsas de nylon y electrodomésticos, y que además tienen un comedor en el barrio. En un gran patio descubierto, se ven tres montañas de basura donde trabajan unos 60 operarios. A ellos hay que sumar el personal externo de la cooperativa, que incluye a los camioneros.
“La recolección tiene que pasar por la balanza y ahí se determina a qué planta va. Nosotros arreglamos con el CEAMSE que revisamos diez camiones a la mañana y cinco de countries a la tarde. Quizás a la noche entra alguno de contrabando pero es poco. Tenemos capacidad para veinte. Son doscientos camiones que llegan por día, quince a nuestra cooperativa. Descargan y el equipo sube las bolsas a la cinta que las transporta al primer piso. A los costados se ubican dieciséis personas que separan en dieciséis tubos distintos materiales. Van cayendo en bolsones en la planta baja, divididos en cartón, papel blanco, metal, aluminio. Los bolsones de PET (botellas de plástico) pasan por las prensas que los comprimen en fardos para luego ser vendidos. Lo que se desecha en este proceso va a la montaña”, explica Chaco.
CEAMSE se encarga del transporte, descarga y tratamiento de los residuos sólidos de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos del conurbano bonaerense. Fue creada en 1977, durante la última dictadura. El barrio Libertador, frente al predio, cruzando el Camino del Buen Ayre, se formó en 1998 sobre tierras ocupadas. Antiguamente, allí había un lago que fue tapado con relleno sanitario y las casas están construidas sobre ese suelo. Una capa de tierra es insuficiente para evitar que los desechos asomen. “Si hacés un pozo, capaz encontrás un auto”, dice Chaco riéndose.
Familias enteras, con niños, cruzan la autopista para buscar entre la basura. Yogur, leche, carne, no se detienen en su estado: es comida. Solo se puede ingresar una hora al día y hay que calcular que se tarda media desde el portón hasta la montaña. La policía controla el lugar con reflectores y si encuentran a alguien fuera del horario, lo reprimen. Nadia (27), vecina del barrio, afirma: “La zona ahora está más tranquila que hace unos años, la mayoría ya no vamos más a la quema, ahora trabajamos en los galpones”.
Los habitantes del Libertador están organizados y sobresale la figura de Lorena Pastoriza, cabeza de la cooperativa Bella Flor. “Lorena pensó cómo hacer para que no se repitiera el caso de Diego Duarte, asesinado en 2004, y que la comida se pudiera comprar”, rememora Nora, y añade: “Ella presentó un proyecto de reciclaje. Empezamos con cortes y piquetes, hasta hubo muertes, nos tirábamos en la laguna para salvarnos pero tampoco dejamos policías enteros. El Estado defendía la basura en vez de proteger al pueblo que tenía hambre. Era propiedad privada pero también el lugar que nos daba de comer. Lorena buscó la forma de que pudiéramos comer sin que nos mataran. El nuestro fue el primer proyecto en ser presentado y el último en ser aprobado por el odio que nos tenían. Consistía en que nos dejaran separar la basura para venderla”. Finalmente, en 2008, se constituyó Bella Flor.
La muerte de Diego Duarte, de 15 años, marca un antes y un después. El 15 de marzo de 2004, él entró a la quema junto a su hermano Federico para hacer unos pesos reciclando basura. Era de noche, la policía detectó sus movimientos, los buscó con reflectores y perros pero ellos se escondieron. Para asustarlos, una topadora se acercó y dejó caer toneladas de basura sobre ellos. Diego desapareció. Hoy, el suyo es un asesinato archivado. “Y no es el único, hay más”, sostiene Lorena.
“En aquella época todo el barrio iba a la quema, cruzábamos de contrabando porque no nos dejaban pasar, cuidaban la basura como si fuera oro. Una vez vimos que venía la policía con perros y linternas, nos escondimos en los huecos que hacíamos buscando metal, nos tapamos dejando solo la cara descubierta y no nos vieron. Pero a Diego Duarte lo tapó la basura. Queremos creer eso porque la justicia nunca hizo nada”, cuenta Nora.
Luego del caso de Diego Duarte, la policía deja acceder en determinados horarios pero sigue reprimiendo porque también tiene su negocio. “Si por ahí caía un camión con electrodomésticos, a nosotros nos sacaban porque se lo querían llevar todo ellos y no lo podíamos tocar. Hicieron mucha plata acá”, asegura Chaco. A lo lejos, dos uniformados permanecen parados sobre la montaña, sacando pecho y panza, con la mano descansando sobre el arma.
En nueve galpones ubicados uno al lado del otro, funcionan las plantas de reciclado. Rosa Cuello (55), encargada de la “3 de Mayo”, explica: “De las siete cooperativas sólo dos están registradas como tales. Las demás trabajamos como ONG. Para no pagar los servicios ni las instalaciones que presta el CEAMSE manejamos un principio de economía social”. Rosa vive en el barrio Libertador y trabaja en la 3 de Mayo hace siete años: “Vienen diez camiones por día, los recibo, descargan y se separa la basura. Hay siete formas distintas para reciclar según el material: plástico, nylon, telas, papel y cartón, dividido entre seco y mojado, latas y vidrios. Luego se vende como insumo para fábricas, papeleras y químicas Tenemos clientes que se llevan lo que se produce. Por ejemplo, del nylon y de la tela se hacen trapos de piso”, ilustra.
El proceso está sistematizado. En términos de productividad, lo que más les rinde son los camiones con residuos sólidos urbanos de la recolección y también los que son “generadores” porque traen volúmenes masivos. “Los que vienen directo de Carrefour o Jumbo, y ahí aparece lo que para nosotros es mercadería”, detalla Rosa.
Chaco dice que “en las cintas encuentran celulares último modelo en funcionamiento, cadenas de oro, relojes antiguos”: “En una oportunidad, una compañera encontró 200 mil dólares envueltos en papel todo encintado, se los llevó y nunca más volvió. También se encuentran desde animales y hasta bebés, en esos casos interviene el cuerpo forense e investigan las causas de la muerte”.
La relación con la basura está naturalizada, los chicos descansan y almuerzan sobre las bolsas. “Se enferman, tienen que ir al médico y no cuentan qué comieron y les hizo mal. Dicen que mucho frito y se rompieron el estómago. Tienen que decir que se intoxicaron comiendo basura porque, ¿para qué trabajan y ganan un sueldo si van a seguir comiendo eso? Nuestra intención es que se compren la comida”, reflexiona Nora, de Bella Flor, con preocupación.
A todos los que trabajan les dan botas, guantes y máscaras y les insisten para que los usen. “Pero usan solamente los guantes y los borcegos –se queja Nora–, antiparras no y casco menos”. Una de las chicas, por no usar guantes, se clavó una jeringa en un dedo y al no tratarlo a tiempo, se le infectó y debieron amputárselo. Nora y el resto de los coordinadores coinciden en que el trabajo de la basura convive con la marginalidad social y el desamparo legal e institucional, y frente a esta situación ellos brindan contención: “Acá tenés muchas actividades. Muchos están estudiando, haciendo primaria y alfabetización con docentes del Ministerio de Educación”, relata.
Norma, otra recicladora, cuenta que “las botellas se venden a tres pesos el kilo a empresas que pagan 450 el fardo”. “De treinta bolsones sacás un solo fardo y con eso pagamos los sueldos”, explica. Con proveedores fijos y compradores diarios, el circuito se sostiene como cualquier empresa. Aquel que recolecta manualmente aluminio puede hacerse unos mangos de diferencia. Chaco recuerda que cuando empezó le pagaban $ 50 por día como ayudante de albañil, de lunes a viernes y a dos horas de su casa: “Acá en una hora hacía $ 150. Entonces pensé: me voy a romper la cintura, viajar encimado con la gente peleando, cuidando que no me roben, si acá en una hora hago lo que gano en una semana allá”.
Al lado de las cooperativas, están las plantas de las grandes empresas como la ex Manliba, del Grupo Macri, que posee maquinaria para hacer el trabajo automáticamente, y Covelia S.A., otro gigante de la recolección. En la intersección de Camino del Buen Ayre y Debenedetti, fuera del CEAMSE, están los galpones de Arcillex S.A., cuyos jefes, según Chaco, “compran los camiones de privados que traen heladeras y aparatos con alguna falla pero que funcionan”, y agrega: “Entonces los venden ahí, los dueños. La gente que trabaja no, van a la montaña a cambio de lo que cirujean para comer, ese es su sueldo”.
Empresas, cooperativas y ONG que nuclea el CEAMSE, todas dan empleo bajo una u otra modalidad informal de contratación. El Estado, por su parte, casi no reconoce la actividad de los trabajadores de la industria del reciclado, un negocio inmenso en manos de unos pocos, hecho a partir de lo que el consumo desecha, incluida su mano de obra, los excluidos del sistema.
A sólo media hora de la Capital Federal, una metáfora retorcida del capitalismo que produce ganancias aun cuando arroja sobre montañas de basura a los chicos que buscan comida.
«Respeten al país que los recibió», decía un cartel escrito y desplegado hoy en la manifestación que llevaron adelante los distribuidores de Fargo que desde diciembre reclaman que la empresa panificadora comprada en 2011 por Bimbo México los indemnice. Otros estaban escritos por sus hijos: «Bimbo osito feo». Los carteles iban pegados en sus propios camiones y fueron en caravana desde la planta de Pacheco hasta la intersección de las avenidas 9 de julio y Corrientes, donde quedaron parados durante dos horas y media.
Luego de haber reclamado por las vías legales correspondientes, los trabajadores continúan sin respuestas de la empresa mexicana Bimbo -dueña total de Fargo en Argentina a partir de 2011- desde que los desvincularon sin pagarles indemnización el 2 de diciembre último. Luego de la movilización, los trabajadores que se acercaron hasta Capital Federal desde todas las provincias en conflicto, presentaron un petitorio en Casa de Gobierno para reclamar por las desvinculaciones impuestas a los distribuidores; los despidos en las plantas panificadoras y el incumplimiento de la Ley Antimonopolio que rige desde que Bimbo compró Fargo en Argentina. Un funcionario del Gobierno recibió el documento y les aseguró una respuesta para dentro de diez días.
Los distribuidores de Fargo se manejaban hasta el momento como pymes independientes que le compraban a Fargo asumiendo el costo, y luego vendían a clientes propios. Bimbo se está quedando con sus fondos de comercio sin indemnizarlos por la clientela. Juliana Michele tiene 25 años y es distribuidora en Rosario. La PyME familiar arrancó hace 33 años. «Mi papá dejó la vida en esto, consolidó confianza con cada uno de sus clientes. Empezó en una bicicleta, hasta que pudo comprar el camión. A mí los clientes me conocen desde bebé. Me duele el alma porque Fargo no era así, dejaba crecer a los distribuidores pero desde que la compró Bimbo se creó un monopolio, nos vinieron a arruinar. Mi papá falleció hace tres años, estoy segura que no hubiese querido esto para nosotros. Si lo que quieren es dejarnos a un costado, por lo menos que nos paguen la indemnización que corresponde», dijo Michele a ANCCOM.
Horacio Arregui es distribuidor en San Martin desde hace 36 años. Para él lo que está ocurriendo fue planeado, ya que primero les achicaron los repartos y luego les ofrecieron un retiro voluntario. «Eran migajas lo que ofrecían. Hay gente que trabaja desde 1970. Gastan mucha plata mostrándose como una empresa que piensa en la familia, y en realidad no les importa nada», denunció.
Néstor Barchi, distribuidor en Rosario, explicó que el 80 por ciento de la venta de pan de molde en Argentina actualmente está a cargo de Bimbo, porque al comprar Fargo, obtuvo a Lactal y Sacaan. Además, Bimbo ya poseía a Trigor, y en 2015 compró parte La Salteña. Por esto, los distribuidores también buscan que se cumpla la Ley Antimonopolio. Néstor agregó: «Cuando Bimbo se desprenda de empresas va a haber competencia de calidad y precios, y va a ser bueno para el consumidor. Bimbo bajó la calidad de Fargo cuando la adquirió».
«Nos culpan a nosotros del desabastecimiento, pero es la excusa que dicen para mandarnos la carta documento. Ellos nos empezaron a desabastecer a partir de que no aceptamos la zonificación que querían imponer. La zonificación no se aceptó porque en Mendoza, cuando la implementaron, nuestros compañeros se fundieron», dijo Marcela Parody, distribuidora junto a sus hermanos y su padre.
Los conflictos de la empresa no son sólo en la distribución. Durante 2016 en las plantas fueron despedidos 108 personas en Pilar, 40 en Hurlingham y San Martín, cuatro en Avellaneda, 21 en Córdoba, 30 en la empresa Sacaan, y hay 22 trabajadores rosarinos en conflicto; sumado a los más de cien despedido que ya había realizado la empresa durante 2015.
