Jun 11, 2020 | Culturas, Novedades
Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado en el mes pasado en cual expresaba que se comenzaría a cobrar un arancel del 12% de lo recaudado en transmisiones de streaming (que no fueran contenidos disponibles para descarga), más cargos adicionales, de entre 250 y 400 pesos, si empresas o instituciones patrocinantes estuvieran involucradas y se utilizara otros medios de emisión además de internet. La noticia tomó por sorpresa al mundo musical argentino y las quejas no tardaron en surgir, ya que el anuncio era poco claro y las cifras mencionadas resultaban preocupantes, tanto para artistas independientes como para quienes recién comienzan en la industria.
“Son muy pocos lxs artistxs que tienen mucha ganancia -expresó la baterista Andrea Álvarez en su cuenta de Twitter-. Hay que tener canciones en alta rotación para recaudar bastante dinero y la mayoría no la tenemos”. Si bien días después el organismo emitió un nuevo comunicado aclarando que solo se le aplicaría el arancel a las empresas que organicen conciertos que cobren una entrada o reciban sponsoreo y que “no se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego”, el debate quedó instalado.
El constante avance tecnológico y las posibilidades que crea para los artistas, tanto los establecidos como los emergentes, además de la particular situación que la sociedad está experimentado a causa de la pandemia y la cuarentena hacen que el alcance legal de SADAIC pueda quedar desactualizado o que se formen zonas grises. El músico salteño Guillermo Alavila, cuyo proyecto solista lleva el nombre de Le Cúspide, le comenta a ANCCOM: “Esta situación deja en total evidencia que había una parte de la música, de los derechos de autor, que estaba muy desatendida y esta podría ser una oportunidad para que mejoren la manera en que los manejan y que nos beneficien a todes”. Sobre la sorpresiva decisión del organismo, Alavila opinó: “Es algo que no puede decidirse tan de golpe porque es ridículo. Creo que hay que sentarse a hablar entre SADAIC, managers, productores (grandes, medianos y chiquitos) y artistas, tanto independientes como comerciales”.
Guillermo Alavila, músico salteño.
Los gremios no reniegan en la existencia de SADAIC y defienden su labor como organismo que defiende los derechos de los autores, ya que constituyen el salario del compositor. Sin embargo, coinciden en que el anuncio estuvo mal comunicado, generando pánico a un momento ya de por sí estresante. Además, deja muchos aspectos sin aclarar. Los músicos insisten en que se abran instancias de discusión para llegar a un acuerdo, especialmente en el porcentaje, a quiénes se les aplicará y de qué manera. Lo que se intenta evitar, principalmente, es que esta decisión del organismo termine siendo contraproducente y perjudique a aquellos que, en un principio, se busca proteger.
“En este momento estamos en negociación con SADAIC, expresándole que los montos que ellos están pidiendo para el pago de los derechos de autor a las marcas son no aplicables a lo que pasa en el mundo físico. Nosotros respetamos el derecho, representamos autores, pero no nos quieras cobrar por sobre el sponsoreo porque lo que estás haciendo es desincentivar la inversión de empresas en nuestro sector y esa es una de las pocas posibilidades de ingresos” detalló a ANCCOM Ana Poluyan, vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA).
Reclamo de los independientes
Por su parte, la Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó sus reclamos hacia el organismo pero sin éxito. Juan Ignacio Vázquez, presidente de UMI, expresa: “Le solicitamos por medio de un comunicado a las entidades de gestión colectiva que hagan un adelanto de 5.000 pesos en el pago de derechos pero no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de SADAIC, ni de AADI (Asociación Argentina de Interpretes), ni de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas). Creemos que sería importante que se dé una respuesta dado que a muchísimas personas esto les ayudaría en el día a día”.
Juan Ignacio Vazquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI)
En esta época tan particular que estamos atravesando como sociedad, los músicos independientes son uno de los sectores más afectados. “Nuestra fuente de ingreso mas fuerte son los shows en vivo, pero sabiendo que vamos a ser la última actividad que vuelva, por el conglomerado de gente, no vemos un buen futuro cercano”, señala Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y agrega:: “La subsistencia esta complicada. Muchos músicos se han anotado en la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También hay muchos músicos que se anotaron en las ayudas sociales que da el Instituto Nacional de la Música. Celebramos la existencia de SADAIC pero necesitamos que se manejen con responsabilidad frente la situación que estamos enfrentando”.
Jun 9, 2020 | Comunidad, Novedades
La app CuidAR ya tiene más de cinco millones de usuarios.
La pandemia provocada por el Covid-19 y las medidas de distanciamiento físico propuestas por la Organización Mundial de la Salud para contener su difusión, han repercutido en todas las esferas de la vida social. El aislamiento preventivo ha sido una de las medidas más eficaces para combatir al virus, pero impide innumerables actividades productivas que necesitan de la circulación. Para peor, en países donde la cuarentena no es obligatoria la economía también se ha visto profundamente afectada. En una situación en la que parece imposible salir ganando, ¿cómo se hace reducción de daños?
Para reducir el impacto de esta crisis, los Estados buscan alternativas. En tiempos digitales resulta natural echar un ojo sobre el potencial de la tecnología. Países como China, Japón, EE.UU. España, Corea, Reino Unido y otros han implementado distintas herramientas digitales con variados mecanismos de prevención y seguimiento del virus que permiten mejorar la “sintonía fina” de un distanciamiento social imprescindible. Pero, ¿cuál es el precio por el uso de aplicaciones que afectan la circulación de datos sensibles como la salud de los ciudadanos? ¿El impacto de las aplicaciones es mayor que el daño al derecho a la privacidad?
Esta discusión también tiene lugar en la Argentina donde el Estado nacional lanzó la aplicación CuidAR que permite identificar potenciales afectados y advertir al sistema de salud para que lo contenga rápidamente. Fernando Schapachnik, Doctor en Ciencias de la Computación y uno de los desarrolladores de la app, dialogó con ANCCOM: “El objetivo es proteger la salud pública. Si te sitúas en esta época del año pero en 2019, cuando te agarrabas un resfrío o tenías fiebre, seguramente te tomabas una aspirina y te ibas al trabajo. Era la gripe de todos los años. Ahora los mismos síntomas generan miedo y sobrecarga en las líneas de atención. Lo primero que busca la aplicación entonces es ordenar el autodiagnóstico que todos hacemos. Lo que busca la app es objetivar ese autodiagnóstico en función de la definición de caso sospechoso para reducir la demanda”. La aplicación, además, obliga a repetir el procedimiento cada 48 horas para reconocer síntomas leves, brindando a cada persona una alarma más rápida.
Cuando se habló de una posible obligatoriedad del uso de CuidAR, no quedó claro cómo harían quienes no tienen celular o carecen de espacio para descargar la app. “Desconozco si puede hacerse obligatoria la aplicación. Eso posiblemente lo pueda contestar un abogado”, contesta el informático. “Pero más allá de las cuestiones de accesibilidad y de la brecha digital, lo que me parece importante es pensar cuál sería el motivo para no usar la aplicación. El certificado de papel es problemático porque no se invalida ante la existencia de síntomas. Uno pensaría que un enfermo se queda en la casa, pero vimos que está lleno de irresponsables”. En un contexto en que la prioridad es que las personas infectadas no circulen, Schapachnik sostiene que “el camino es hacia una mayor integración de los sistemas informáticos”.
Algunos cuestionan que el almacenamiento de los datos se realice en servidores de Amazon.
Los reportes que hace cada usuario de la app tienen carácter de declaración jurada, algo que preocupa a algunos sectores. “Este es un desarrollo conjunto entre la Secretaría de Innovación Pública, la Cámara de la Industria Argentina de Software, investigadores del CONICET y Fundación Sadosky”, responde Schapachnik frente a quiénes hablan de una necesidad de mayores consultas para desarrollar una herramientas como esta. “No sé qué otra app en el mundo tiene un abanico tan amplio de involucrados. Las personas que desconfían de cada sector pueden ver que hay participación de otro: aquellos que piensan que el Estado no debe gestionarlo por su cuenta, pueden ver que hay participación del sector privado, y viceversa. Los que recelan de ambos, pueden confiar en la participación del CONICET y de la fundación”.
El especialista está satisfecho con los resultados obtenidos: “Esta app tiene hasta ahora más de cinco millones de usuarios y por ende millones de autodiagnósticos. A muchos les ha permitido salir de la duda. Un porcentaje pequeño ha tenido síntomas compatibles y se han tomado las medidas de derivación correspondientes”.
Como explica Schapachnik, la aplicación necesita saber dónde está el afectado en ese momento para indicarle a qué número debe llamar, algo que varía en cada región. El GPS simplifica esta tarea pero el usuario puede elegir no instalarla: “Si no le das el permiso de localización a la aplicación, cuando te reportás como positivo te toma la dirección declarada previamente. Una cosa son los permisos que pide la app y otra es cuándo los utiliza. CuidAR solo usa el GPS ante la detección de un caso con síntomas compatibles con Covid 19, y eso es para agilizar la derivación al sistema de salud. Si a alguien le aparece que CuidAR está usando el GPS en otro momento, que me mande una captura de pantalla, porque eso no pasa”, declaró.
Para algunos especialistas de la sociedad civil la emergencia amerita la toma de medidas inusuales, pero dudan que se haya evaluado debidamente la seguridad de datos tan sensibles como la salud o la ubicación de las personas. En particular, muchos señalaron con preocupación que el almacenamiento de los datos se realice en servidores extranjeros, más precisamente en los de Amazon. Según Schapachnik, la normativa argentina permite que los datos estén alojados en servidores de países con una regulación igual o más estricta que la propia, otorgando “un marco de absoluta legalidad” a este procedimiento. No obstante, el especialista remarcó la importancia de una política que acompañe el desarrollo nacional en estas cuestiones: “El sistema científico argentino no cuenta con la estructura informática todavía, porque son capacidades que no se desarrollaron en los últimos años. ARSAT, con todo el potencial que posee, aún no puede brindar lo que se conoce como servicios de infraestructura elástica. Pasa algo parecido en otros ámbitos de desarrollo científico. Nadie dice que los test que se utilizaron al principio eran importados. Lo primero es que haya test y medicamentos, lo segundo es que se produzcan en el país. Hay que entender la diferencia entre las posibilidades de innovación científica y las prioridades del sistema de salud”.
Desde una mirada más crítica, algunos especialistas consideran que el riesgo de entregar tantos datos es excesivo para resultados que todavía consideran inciertos. Al ser consultada por ANCCOM, la Doctora en Derecho en Protección de Datos Personales y Especialista en Derecho Informático, Johanna Caterina Faliero, declaró: “La protección de datos también es un tema de soberanía nacional. Debemos velar como país para que estas transferencias internacionales siempre se hagan con adecuados niveles protectorios en materia de datos personales y, por otra parte, tener mucho cuidado respecto a si esas transferencias no han sido consentidas por los titulares de esa información”.
Por otro lado, Faliero remarcó la importancia del Estado como garante de derechos ante la creciente informatización de los procesos, ya que la protección de datos personales “es un derecho humano fundamental en una era en la que dejamos huellas a partir de datos y metadatos que son almacenados y procesados”. Para la especialista, estas cuestiones constituyen una demanda creciente de la población: “La ciudadanía está cada vez más consciente de la importancia de la preservación de la privacidad de los datos; decidiendo cómo, cuándo y en qué situaciones se puede trabajar con ellos y revocar ese consentimiento de manera absoluta y sin expresión de causa”. Además, afirma que esto ha incrementado el estado de participación y el debate público abierto.
El avance de los Estados en materia de acaparamiento y procesamiento de la información personal es una tendencia que preocupa a la consultora. Se trata de gobiernos que han adoptado “soluciones tecnológicas como videovigilancia y entrecruzamientos masivos de base de datos que han sido poco debatidas o no han contado con el debido estudio de los impactos en materia de datos personales”. Por lo tanto, para la especialista es necesario tomar un rol activo desde la ciudadanía, ya que “el Estado es responsable de estas acciones en contra de las libertades individuales”.
Uno de las dudas que sobrevuela las implementaciones es el riesgo de caer en lo que el investigador Evgeny Morozov llama «solucionismo tecnológico», es decir la creencia de que una app puede resolver cualquier problema. Sobre esto, Faliero detalla: “Lo primero que estamos dando por hecho es el acceso a esas tecnologías, eso es algo que nos lleva al concepto de brecha digital. Cuando una app se lanza a un público masivo debemos tener en cuenta la inmensa heterogeneidad de dispositivos o su disponibilidad”. También advierte que es probable que los sectores más necesitados de estas medidas sean aquellos que tienen la peor calidad de dispositivos y conectividad, por lo que “deben tenerse en cuenta estos factores socioambientales y socioculturales antes de poner en marcha estas iniciativas”.
Respecto al uso de aplicaciones por parte del Estado, existe un deber de los organismos públicos en demostrar la proporcionalidad de la medida, en este caso la necesidad de avanzar sobre la privacidad para alcanzar un fin superior como sería la contención de la epidemia. La abogada asegura que toda implementación de tecnología debe ser llevada a cabo con “transparencia, sin prisas y asegurando la participación de la sociedad en su control”. Al mismo tiempo, afirma que no debe permitirse un avance sobre derechos y principios que en tiempos de normalidad estaría prohibido, porque sería muy difícil recuperar ese terreno perdido.
Leandro Ucciferri, abogado, investigador y representante de la Asociación de Derechos Civiles afirma que la herramienta tiene algunas fallas básicas respecto de cómo se usará: «Hay un fuerte incentivo para no brindar información precisa sobre los síntomas que puede estar atravesando una persona, sobre todo para obtener el permiso de circulación». Además están los casos asintomáticos: en su opinión, una app nunca va a poder determinar si esa persona y su entorno se encuentran en riesgo de salud. «En el caso de CuidAR hay que volver a plantear la discusión sobre cuál es el problema que realmente se quiere resolver con esa app, y de qué manera ciertas funcionalidades pueden ser útiles para ese fin, sin poner en riesgo otros derechos, sobre todo cuando el Estado ya tiene un historial largo por no cumplir con medidas de seguridad elementales». Justamente, ADC fue una de las organizaciones que cuestionó fuertemente los sistemas de reconocimiento facial implementados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que con la excusa de encontrar a unos pocos miles de prófugos monitoreaban a millones de ciudadanos cotidianamente. Para el abogado, “los funcionarios públicos tienen que darse cuenta de que el rol social de la tecnología es difícil y no hay una fórmula infalible que ayude a resolver todos nuestros problemas, al menos no sin crear nuevos“.
Hasta la fecha, no se desarrolló una vacuna para el Covid 19 y tampoco está claro si quien lo tuvo queda inmune al virus, pero este tipo de dudas puede extenderse a casi todas las medidas que se tomaron. En ese contexto, los especialistas insisten con la necesidad de utilizar medidas de prevención comprobadas tales como el refuerzo de las medidas de higiene, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el aislamiento preventivo y la utilización de sustancia químicas para la desinfección de superficies. Faliero resume: “Nuestra naturaleza humana es ser reacios a la inseguridad, cualquier cosa que nos brinde un salvavidas en medio de ese océano en el cual estamos perdidos, es vista como una buena solución”. Desde el otro lado consideran que la emergencia no es un buen momento para discutir sino para probar con todas las herramientas que ayuden a controlar la pandemia. Tal vez del diálogo entre ambas posturas pueda surgir una respuesta capaz de encontrar el delicado equilibrio entre los derechos a la salud y a la privacidad.
