¿Que treinta años no es nada?

¿Que treinta años no es nada?

La política exterior del gobierno de Alberto Fernández ha cobrado relevancia en las últimas semanas con la celebración por los 30 años del Mercado Común del Sur (Mercosur) y –dos días antes de esta cumbre– con la salida del país del Grupo de Lima, que han reafirmado la posición argentina sobre los procesos de integración regional.

El 26 de marzo de 1991, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción (Venezuela se incorporó años después), a partir del cual surgió el Mercosur. Si bien el acuerdo original tuvo objetivos ambiciosos como la creación de una intrazona de libre comercio entre los países miembros, que hasta hoy parece lejana, no todo es pérdida para el bloque. Al menos así sostiene Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario, en diálogo con ANCCOM.

La investigadora destaca que el Mercosur logró consolidar a la región como una zona de paz y también introdujo mecanismos de integración económica, como forma de generar intereses conjuntos para una proyección compartida en la que las hipótesis de conflicto fuesen dejadas de lado. Sin embargo, sobre este último punto, Zelicovich aclara: “El Mercosur tuvo una primera década relativamente exitosa donde logró un crecimiento importante de los flujos de intercambio, pero a partir de 1999 empiezan a presentarse tensiones: la devaluación del real, la crisis argentina y luego se van sucediendo distintas etapas que llevan a que el comercio no crezca más. Una vez alcanzado determinado volumen de intercambio, la primera y segunda década del siglo XXI muestran que el comercio de intrazona comienza a languidecer”.

No obstante, la reciente discusión, en plena conmemoración de los 30 años del Mercosur, entre el presidente Alberto Fernández y su par uruguayo Luis Lacalle Pou, dejó en evidencia las diferencias que existen al interior del bloque y puso en discusión el objetivo de integración regional. Según explica Zelicovich, el conflicto radica en el tipo de protección de frontera que cada país estima necesario para el ingreso de productos a la zona del Mercosur. “Mientras Argentina y Brasil concuerdan, aparentemente, en mantener la estructura de integración como unión aduanera, aunque difieren en cuánta protección requiere esa unión o cuántos instrumentos en frontera aplicar, Uruguay, en cambio, está planteando una flexibilización de su unión aduanera que no sabemos si es volverla una zona de libre comercio o generar una estructura sui generis donde cada país podría negociar bilateralmente acuerdos con terceros, lo cual rompería con ese arancel externo común”, subraya Zelicovich.

La posición argentina difiere de los gobiernos de derecha que componen el bloque. Mientras estos adhieren a una flexibilización del intercambio comercial –idea que cobró fuerza durante el macrismo–, hoy nuestro país apuesta por un bloque que mantenga la unión aduanera y proteja la producción regional. Las disputas al interior del Mercosur parecen radicar en una baja internalización de normas, según señala Zelicovich. “El proceso de toma de decisión del Mercosur es altamente intergubernamental y las características de los países miembros hacen que estos sean altamente presidencialistas”. Además, los cuatros países integrantes han tenido una amplia oscilación pendular en términos de política exterior y económica a lo largo de estos 30 años.

Pese a que la política exterior del gobierno del Frente de Todos ha tenido una vocación latinoamericanista, en donde la existencia del Mercosur juega un papel fundamental, la integración requiere de acuerdos entre los otros países miembros. Pero todavía “no se logra tener un diagnóstico y una estrategia compartidos de hacia dónde ir y de cuál es su rol en ese proceso”, argumenta Zelicovich.

La decisión de Argentina de retirarse del Grupo de Lima, anunciada el pasado 24 de marzo, es parte del posicionamiento nacional. Cabe recordar que el país se sumó a esa instancia multilateral durante el mandato de Macri con el propósito de impulsar a la oposición venezolana y, posteriormente, al autodenominado presidente Juan Guaidó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. “Las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al pueblo venezolano y a sus representantes, no han conducido a nada”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Para Ariela Ruiz, economista de la Universidad Humboldt de Berlín con una Maestría en Procesos de Integración Económica por la UBA y a la sazón agregada comercial de la Embajada de Perú en Buenos Aires, el retiro de Argentina del Grupo de Lima “representa un tiro directo en la línea de flotación de la obsecuencia latinoamericana con Estados Unidos”.

El Grupo de Lima se creó en el año 2017 como instancia alternativa luego de la imposibilidad para activar la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos con el propósito de sancionar al gobierno venezolano. Ruiz Caro define como “un fiasco” algunas de las iniciativas fallidas del grupo, como alentar a las Fuerzas Armadas para que respaldaran a Guaidó y apoyar el establecimiento de embajadas paralelas en más de 50 países.

“El Grupo de Lima es, y siempre ha sido, una instancia fracasada e inviable para la reconciliación de ese país pues el expresidente interino Guaidó es parte de esa instancia. Asimismo, ha puesto en evidencia el fracaso de los objetivos trazados cuando se creó en 2017, con el auspicio de Donald Trump”, concluye Ruiz.

Latinoamérica elige su futuro

Latinoamérica elige su futuro

Este domingo 11 de abril se celebran en Perú y en Ecuador las elecciones presidenciales que definirán el rumbo de ambos países. Chile esperaba su turno de participar en las urnas el mismo día para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente, pero tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera la votación se vio postergada para el mes de mayo debido al avance de la segunda ola de la pandemia. 

Tres países de la región que presentan grandes similitudes, y a la vez grandes diferencias, y que se disputan en los próximos días la sucesión de sus respectivos presidentes, congresistas y gobernadores. Estas elecciones se dan en un contexto de restricciones a la movilidad social y de confinamiento, como así también de la consecuente crisis económica, social y sanitaria generada por el coronavirus. Los conflictos sociales, los cambios constitucionales y la manipulación informativa, son sólo algunas de las cuestiones que las democracias latinoamericanas enfrentan hoy y que se pondrán en jaque ante gobiernos que detentan cada vez con más fuerza una crisis de representatividad política. 

Ecuador

Tras la proscripción de uno de los dirigentes más influyentes en la historia del país, Rafael Correa, y un presidente que está finalizando su mandato con una crisis múltiple a nivel sanitario, económico y político -Lenín Moreno-, el pasado 7 de febrero se conocieron los resultados de unas elecciones reñidas que darían como resultado una segunda vuelta con ballotage entre dos candidatos de orígenes totalmente diferentes: Andrés Arauz, postulante del correísmo, miembro de la Internacional Progresista junto a Bernie Sanders y perteneciente al partido Unión por la Esperanza (UNES), ganó con el 32.7% de los votos, mientras que Guillermo Lasso, empresario, banquero, accionista del Banco Guayaquil y fundador del Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano, sacó el 19.7% de los votos. En un contexto de gran incertidumbre a nivel nacional, los candidatos han estado trabajando para captar a los votantes de Yaku Pérez -del movimiento Pachakutik y representante del movimiento indígena en estas elecciones- y de Xavier Hervas de la Izquierda Democrática, responsable de los votos de la juventud ecuatoriana. La desafección política es otro punto fundamental a tener en cuenta, ya que cerca del 31% de los votos, a pesar de los 13 puntos de ventaja de Arauz en primera vuelta, fueron nulos o en blanco. “Si yo tuviese que definir con alguna palabra esta campaña, hablaría de toxicidad. Es una campaña súper tóxica donde hay varias disputas”, dice Palmira Chavero, profesora investigadora en FLACSO Ecuador, experta en Comunicación Política y PhD en Ciencias de la Comunicación y Sociología. “Hay distintos elementos que condicionan un poco la campaña desde antes de que comience la segunda vuelta oficial. Primero está el tema de la crisis, que no es sólo la del coronavirus, sino que es económica, política, sanitaria. De lo que va de pandemia van cuatro ministros de Salud. A eso se le une todo el caso de las vacunas VIP, donde básicamente el gobierno, a las pocas vacunas que ha traído, las han utilizado para inmunizar a los ministros, la familia, y el entorno de Lasso, por ejemplo”. Durante la campaña de la segunda vuelta abundó en el país la proliferación de fake news y ataques de desacreditación y desprestigio entre los candidatos: “Por un lado Lasso está intentando llevar la campaña con el encuadre de correísmo-anticorreísmo. Está tratando de posicionar la idea de que Andrés Arauz es Rafael Correa y por tanto esto le facilita un apego de la gente que no quiere a Correa. Mientras que Andrés Arauz está tratando de llevar la campaña por el encuadre de pasado-futuro. Es decir, Lasso es Moreno, quienes de hecho han co-gobernado. Han votado en la Asamblea Nacional juntos algunas leyes, hay una asociación entre Lasso y Moreno”, explica Chavero. “Lo que está en juego es el modelo de país, pero hay muchas cosas que embarran mucho la campaña de acusaciones, de caracterizar a Andrés Arauz como una persona mentirosa, como una persona tonta, inútil, y a Guillermo Lasso como responsable de utilizar a migrantes venezolanos que se encuentran en las calles para hablar en contra del socialismo, por ejemplo. Es una campaña súper negativa y de esa manera se oculta o no se debate sobre los problemas reales, es decir, cómo se va a vacunar a la población, qué va a pasar con la educación pública, qué va a pasar con la crisis económica, con el desempleo. La gente está muy intoxicada y el peligro de eso también es que puede acabar generando un aumento del voto nulo, porque la sensación generalizada de la gente es que está harta y que la campaña es sucia”. 

El movimiento indígena y sus tensiones internas, los movimientos de mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y la juventud, son un gran porcentaje de la población de Ecuador, que estas dos candidaturas no terminan de interpelar, y que resultan cruciales para el resultado final de la votación. “El movimiento indígena Pachakutik tiene fuertes tensiones a la interna desde hace tiempo. Incluso la propia designación de Yaku Pérez como candidato es problemática porque las bases del movimiento indígena querían que el candidato fuera Leonidas Iza, que es uno de los líderes que tuvo más protagonismo en las protestas de octubre de 2019”, explica Chavero. “Después de la primera vuelta Perez se reunió con Guillermo Lasso, y hubo unos acercamientos que en realidad ya eran previos, porque Pérez no es un candidato de izquierda, él tiene vínculos con la derecha, con la élite. Después, el movimiento Pachakutik decidió llamar al voto nulo, y esa es la propuesta oficial. Pero Pachakutik y la élite de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) están más cerca de Lasso, y las bases están más cerca de Andrés Arauz. Entonces ahí hay una primera ruptura que te está diciendo que no va a haber un voto homogéneo”.

 Arauz, por su parte, es un candidato más cercano a las políticas sociales y a la presencia del Estado en materia de garantías de derechos, a diferencia de la agenda neoliberal que plantea Lasso, quien además posee vínculos cercanos al Opus Dei. Dayana León, consultora en Comunicación Política, Género y Democracia, periodista y máster en Ciencias Sociales por FLACSO Ecuador agrega que “Arauz tiene algunas propuestas para las mujeres, como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la Igualdad”. Y agrega: “Lasso también ha planteado sus iniciativas, yo misma le consulté qué iba a pasar con respecto a su postura con el aborto y la institucionalidad de género en el país, y yo no creo que él tenga muy claro cómo se maneja todo esto. Yo creo que está yendo al tema de captar votos, de dar un discurso que pueda llegar a la población LGBTI pero no termina por tener una política real de género en su discurso. Una política de género no es decir vamos a tomar en cuenta a la mujer: las mujeres ya somos las protagonistas del desarrollo del país. Ahora estamos en un momento donde debemos impulsar el género en el desarrollo, estamos en la última década para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles. En ese ámbito Arauz puede tener una mayor representatividad en cuanto a su articulación, porque está planteando una Secretaría de la Mujer, pero no termina tampoco de concretar temas en la agenda política del movimiento feminista, de las personas LGBT, no hablan de la niñez trans, no hablan de la despenalización del aborto en casos de violación de manera contundente. Recordemos que en el Ecuador en el año 2013 cuando el bloque de Correa era mayoría en la Asamblea Nacional, sancionaron a cinco legisladoras de su bloque por plantear el tema del aborto en casos de violación. No existe una postura crítica al respecto. Lo que sí hay en la candidatura de Arauz y que no vi en las propuestas de Lasso, es un gabinete paritario”, describe León. 

Las predicciones de las encuestadoras han arrojado resultados muy ajustados durante los últimos días entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Este domingo en el Ecuador, cualquiera de los dos candidatos puede ser el ganador: “La tendencia que mantenía a Arauz como ganador es una tendencia que se ha estancado, mientras que el candidato Guillermo Lasso ha incrementado sus posibilidades de captar aquellos votos como el voto nulo, y ha ampliado su cadena y su red de aliados estratégicos. Los resultados están absolutamente ajustados, los pronósticos electorales dieron una diferencia muy mínima entre los dos candidatos, incluso hasta se habló de un empate técnico”, explica la periodista Dayana León. “Siempre está la sombra del fraude, y siempre está la sombra también de la no aceptabilidad de la derrota, eso ya lo vimos en la primera vuelta electoral. El error que el Consejo Nacional Electoral cometió, fue tener un conteo rápido donde dio primero a un ganador y luego en segundo lugar después de las dos horas dio a otro ganador. Toda esta ilegitimidad que se ha venido dando abona a que precisamente exista este sentimiento y esta percepción en la ciudadanía de un proceso electoral que no ha estado bien, que no ha estado a la altura de lo que los ecuatorianos se merecen”, explica, y sigue: “Ahora mismo existen hasta empates técnicos, y para eso el CNE tiene que dar muchísimas certezas, y por otro lado las organizaciones políticas deben hacer un efectivo control político electoral. El proceso de capacitación a las Juntas Receptoras del Voto debe incrementarse por parte del CNE para que exista la menor cantidad de inconsistencias numéricas posibles”, finaliza Dayana León.

La polarización política, la fragmentación dentro de la sociedad como así también los conflictos internos entre los partidos y los movimientos sociales, sumados a la manipulación informativa y las estrategias de desacreditación de los candidatos a ballotage, son sólo algunas de las cuestiones que Ecuador enfrenta de cara a las elecciones este 11 de abril. La sociedad ecuatoriana y sus dirigentes políticos deberán concentrarse en llevar a cabo de la mejor manera posible unas elecciones que se encuentran enrarecidas desde antes de empezar, y cuyo desenlace definirá qué modelo de país observaremos en el país vecino.    

Perú

El país andino también buscará este domingo al sucesor del actual presidente, Francisco Sagasti. Elegido por un Congreso desesperado ante las revueltas sociales de noviembre, Sagasti asumió luego de la vacancia de Martín Vizcarra y del descontento generalizado por la posterior asunción y rápida renuncia de Manuel Merino. Si bien las calles el año pasado vivieron un alto grado de politización, hoy el panorama que reina en Perú es de apatía y desinterés social. Con menos de un 13% de intención de voto, la sociedad tiene una confianza muy débil en la dirigencia peruana donde abundan las artimañas políticas y las denuncias por corrupción. A diferencia de Ecuador que va por la segunda, Perú disputa este domingo la primera vuelta entre 18 candidatos, de los cuales se espera que pasen seis a segunda vuelta: por un lado, la candidata de izquierda del partido Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, que comparte un 9% de la intención de voto junto al derechista Hernando de Soto; Yohny Lescano, el candidato centroderechista de Acción Popular, quien lidera los sondeos con un 10% de los votos. Le siguen con un 8% el ex futbolista George Forsyth, del partido de centroderecha Victoria Nacional; y la tres veces candidata e hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular. En último lugar se encuentra con un 6% de los votos, el único contrincante de la izquierdista Verónika Mendoza, Pedro Castillo. 

El próximo 11 de abril se vivirá en Perú una de las elecciones más fraccionadas de la historia del país, donde no sólo votarán al sucesor de Sagasti, sino que también se renovarán los 130 miembros del Congreso. El pueblo peruano confía que ante este horizonte tan heterogéneo se pase a una segunda vuelta. Mientras tanto, la misma sociedad que apenas cinco meses atrás marchó por una nueva Constitución, hoy tiene ciertas reticencias a la participación democrática: “La población no quiere saber absolutamente nada de la política, todos piensan que somos iguales. La población está golpeada, si bien hay cierta politización, los medios de comunicación no ayudan mucho tampoco porque respaldan bastante a la derecha y a la ultraderecha”, dice Flor Nolasco Pantoja, coordinadora del Comité de la Victoria del Movimiento Nuevo Perú en Lima. De todos los candidatos, sólo dos son de la izquierda progresista: Mendoza y Castillo. Ambos plantean en sus propuestas la modificación de la Constitución heredada de Fujimori, vigente desde 1993, aunque tienen algunas diferencias discursivas: “En el Perú existen dos sectores de izquierda, uno con Verónika y otro con Pedro Castillo. A estas alturas Verónika se disputa y pasará raspando a segunda vuelta, aunque Pedro Castillo sea el que tenga protagonismo en los sectores populares y sociales por sus propuestas definidas con el cambio de régimen por una nueva Constitución”, explica Nolasco Pantoja. “Él sí se ha definido bien, a diferencia de Verónika Mendoza, quien se enfoca como una socialdemócrata. Castillo busca un cambio de régimen partiendo de una nueva Constitución pluricultural y plurinacional. A pesar de eso, Mendoza es quien tiene las chances de ganar”. 

Por otro lado, entre los cuatro candidatos derechistas también se encuentra Keiko Fujimori, imputada por corrupción en la causa Odebrecht por recibir dinero para financiar su campaña en 2011. Fujimori pasó más de un año de cárcel preventiva, fue liberada tras una apelación y en 2020 volvió a estar encerrada por cinco meses. A causa de la pandemia, hoy se encuentra en libertad y se presenta por tercera vez como candidata a presidenta, sin grandes perspectivas: “La candidata Keiko Fujimori está con un proceso que todavía no se define, está con un nivel bajo en Perú, no se estima ni siquiera que llegue a segunda vuelta. Está muy marginada por los niveles de corrupción que han venido atravesando a nuestro país y todos los candidatos de la derecha y la ultraderecha se encuentran debilitados”, explica Flor. Según la coordinadora del MNP Lima, se está viviendo una disputa histórica entre la izquierda y la ultraderecha. “Estamos en un modelo continuista que quiere seguir postergando los derechos laborales de los trabajadores sosteniendo el modelo neoliberal, defendiendo la Constitución del 93. Pero no se esperaba el surgimiento de una izquierda renovada, y programática con ejes bien firmes para la transformación social”. 

Al igual que Chile y Ecuador, como así también varios países en América Latina, Perú se encuentra en este momento en una situación crítica debido a la pandemia por el Covid-19. Con la segunda ola arrasando a la sociedad, el pueblo peruano se encuentra confinado en gran parte del país: “Esta pandemia no nos ha permitido llegar hacia un gran sector de la población, ha habido muchas restricciones y los compañeros tienen mucho temor a contagiarse. Ya no se encuentra una cama en ningún punto del país, ya hace varias semanas que los pacientes están muriendo en sus domicilios, es un caso precario, extremo, eso es lo que se vive acá en Perú”, finaliza Nolasco Pantoja. Las elecciones acá, al igual que en Chile y Ecuador, se verán afectadas por las restricciones a la movilidad y la crisis económica que atraviesa a toda la región. 

Chile

Ante el histórico plebiscito del 25 octubre de 2020, donde el pueblo chileno decidió ponerle fin a la constitución del dictador Augusto Pinochet, el país se encontraba cercano a unas elecciones cruciales que definirían no sólo los gobernadores, alcaldes y concejales, sino también los 155 representantes de la nueva Asamblea Constituyente, que tendrá por primera vez paridad de género, representación territorial y plurinacionalidad. Pero hace dos semanas el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció que las mismas van a ser postergadas para mayo, debido al rápido aumento de los casos de Covid-19 en el país. Un 96% de ocupación de las camas de terapia intensiva y una crisis social tajante preocupan no sólo a Piñera, sino también a gran parte de la población. 

Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile habló en esta oportunidad con ANCCOM al respecto: “Tenemos picos más altos que la primera ola de julio del año pasado, estamos hablando de casi 7.000 y 8.000 contagios diarios. Un detalle importante es que se están haciendo una mayor cantidad de exámenes: mientras que en junio del año pasado se hacían 20.000 exámenes diarios, ahora se están haciendo 70.000 por día, lo cual te amplía la cantidad de gente que vas a encontrar en el sistema de contagio. Pero el dato más importante, y que es fundamental, es que el sistema hospitalario chileno está, en el área de uso de camas de tratamiento intensivo, en el 96% de ocupación y se está pidiendo que las clínicas privadas abran plazas”, comenta. “La tasa de fallecimiento también es otra cuestión. Están falleciendo por causa COVID del orden de 100 a 120 personas diarias”.  Monje-Reyes opina que, a raíz de la postergación de las elecciones, hay no sólo una variable sanitaria y económica, imposible de ignorar, sino también una variable política en esta decisión: “Aquí está gobernando la derecha, los que tienen más oportunidades, los que se han formado más, los que tienen más educación, los que tienen a disponibilidad toda la información por parte de las universidades de sectores conservadores. Y que no hayan dado cuenta de la experiencia europea cuando decidieron abrir el turismo, sabiendo que venía una elección tan importante como la de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes, ahí es donde yo creo que está la matriz principal del debate político: que no hayan pensado -no en términos maquiavélicos sino en términos de resguardar sus intereses- en manejar la pandemia”, sigue Monje-Reyes. “Porque la pandemia tiene su sesgo de clase: son los que primero accedieron a las vacunas, no tienen las altas tasas de contagios de los sectores populares y obreros porque no utilizan los sistemas de aglomeración de las ciudades, como el transporte público”.

El rechazo del cambio constitucional por parte de los sectores conservadores fue de apenas un 28% por sobre el 72% de los chilenos que dijeron sí a la nueva Asamblea. Esto se ve traducido hoy en un pánico de la derecha por perder su porcentaje de participación en las decisiones legislativas. “Hay una tasa de conspiración en esta decisión porque nadie puede decir que estas personas no sepan leer los números. Saben leer muy bien los números de las finanzas, pero no saben leer los números de la pandemia. Podrían justificarse por ahí, pero no están haciendo ningún análisis crítico, no están mirando cómo se mueven las tendencias”, sigue el magíster en Gestión y Políticas Públicas. “Creo que efectivamente la derecha aquí ha jugado un rol político muy potente en el manejo de la pandemia, tienen un objetivo político a un temor real, que es en definitiva la elección de Convencionales para el debate de la Constitución, donde ellos hubiesen perdido”.

En estas elecciones que estaban preparadas para el 10 y 11 de abril y que finalmente se darán los días 15 y 16 de mayo, se presentaron 79 listas en todo el país, incluyendo las listas de los independientes. 17 escaños de los 155 de la Asamblea, irán destinados a los pueblos originarios. La heterogeneidad social se ve reflejada tanto en los números como en la diversidad de partidos políticos: “La gente tiene un alto nivel de desconfianza al sistema de partidos políticos”, sigue Reyes, “y eso significa desde mi perspectiva que se haya generado una diáspora muy grande de listas. Se presentan siete partidos de la derecha, que tienen el mérito de que logran conformar una lista única. En cambio, hay tres bloques de izquierda: el Partido Humanista; el Partido Comunista y aliados, que también es el segundo bloque mayoritario; y los antiguos partidos de la Concertación, que es el bloque socialdemócrata y socialcristiano. Más una gran acumulación de listas de independientes, que tienen listas regionales y nacionales”. En este marco, el debate en la Constituyente tendrá resultados interesantes, al no tener ninguno de los partidos que puedan conseguir escaños una mayoría efectiva. 

Ante una crisis sanitaria por la pandemia que no está teniendo respuestas, una crisis social y económica con grandes tasas de desempleo y nuevas restricciones en la movilidad social y confinamiento en varias regiones, el escenario chileno se perfila con grandes dificultades para enfrentar estas elecciones, que pueden llegar a ser aplazadas nuevamente. “En este escenario la gente ni siquiera va a tener recursos para movilizarse, ese es el problema de fondo. Porque si nosotros tenemos una situación en la cual no tenemos cómo resolver los ingresos mínimos para que las personas puedan primero comer, segundo movilizarse e ir a un lugar de votación, ese va a ser un problema”, advierte Reyes. “Se aplazaron por un mes las elecciones, y todos los informes indican que a esa fecha todavía vamos a estar en una situación de pandemia todavía muy grave, muy delicada. Eso tiene un impacto porque puede generar una crisis de democracia, la tasa de participación va a ser bastante más baja si es que tu no garantizas como Estado que la gente tenga un ingreso de emergencia. Desde el punto de vista analítico, cuando tú no tienes respuestas económicas, cuando no das respuestas políticas y no das respuestas de salud pública a la situación que se está viviendo, ¿qué es lo que tienes en definitiva? Una crisis de legitimidad del Estado”, finaliza Pablo Monje-Reyes. 

Los trolls condicionan las elecciones en Ecuador

Los trolls condicionan las elecciones en Ecuador

 

Los comicios presidenciales en Ecuador están atravesados por la propagación de fake news en las redes sociales y en los medios de comunicación. En la primera vuelta, realizada el pasado 7 de febrero, ganó el candidato correísta Andrés Arauz con el 32,7% de los votos, seguido por el derechista Guillermo Lasso con 19,7%. Uno y otro se enfrentarán de nuevo en las urnas el próximo 11 de abril.

La campaña electoral para la segunda vuelta comenzó el 16 de marzo y las redes se tornaron un territorio de disputa política por los sentidos marcada por la desinformación y la posverdad. Pero, ¿qué democracia se habita cuando la manipulación informativa gana terreno? ¿Cómo afecta al ejercicio de la ciudadanía? En el libro “La democracia de los trolls y el asalto a la democracia” Arturo Luque González, Julián Macías Tovar y Fernando Casado Gutiérrez analizaron las estrategias que buscaron alterar el curso de la primera vuelta.

El medio digital se vuelve un elemento desestabilizador cuando es el soporte de maniobras antidemocráticas que atraviesa las agendas mediáticas e influye en el debate público. Bajo el disfraz de información, las fake news se difunden con velocidad de manera voluntaria. Guadalupe Nogués, doctora en Ciencias Biológicas, docente y comunicadora, explica que la posverdad puede verse propiciada casualmente o con intenciones definidas de manipulación informativa, es decir cuando es operada por alguien con el fin de distorsionar la información disponible y desinformar. En su libro “Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad” afirma que los hechos se vuelven hechos en la medida en que encajan en los deseos de cada grupo que “desarrolla su propio lenguaje, uno que, de las muchas funciones del lenguaje, privilegia la capacidad de incitar a las emociones, y empuja a esas emociones a construir paisajes solo accesibles a quienes compartan la forma de mirarlos”.

De acuerdo a Nogués, cuando la información se adultera de manera intencional se contamina y destruye la conversación pública. En cuanto al objetivo de la industria de la posverdad, que puede ser representada por una empresa, un partido o un lobby, no necesariamente se intenta convencer. “Muchas veces, se trata solamente de confundir y establecer una duda que parezca razonable. Si hay una verdad, se la disimula o se la cuestiona. Si no hay una verdad, se la sugiere, se la da a entender. Generalmente, no se la afirma de manera contundente”, señala.

El 11 de abril el pueblo ecuatoriano elegirá al sucesor de Lenín Moreno, vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013 pero que luego, al asumir como presidente en 2017, dio un giro absoluto respecto a las políticas de la denominada Revolución Ciudadana. Su último año de gestión estuvo marcado por una mala gestión de la pandemia, un sistema de salud precarizado que pronto se vio saturado, el sometimiento a las cámaras empresariales, el endeudamiento externo y la renuncia del Ministro de Salud tras una vacunación irregular.

Andrés Arauz, demócrata progresista de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), y Guillermo Lasso, representante liberal conservador de la alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, disputarán el balotaje. Arauz es economista y miembro de la Internacional Progresista –integrada entre otros por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis–, fue asesor y director del Banco Central, y se desempeñó en otras funciones de gobierno durante la presidencia de Rafael Correa, quien era el precandidato inicial para la vicepresidencia. La postulación de Correa fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral en el marco de las sentencias judiciales que lo inhabilitan para ocupar cargos públicos. Este patrón de procesos judiciales y mediáticos, conocido como lawfare, se repite en varios países de Latinoamérica y da cuenta de una estructura que involucra a movimientos neoliberales y organismos internacionales que buscan imponer sus agendas. Una de las mayores víctimas de ese procedimiento fue José Inácio Lula Da Silva, el expresidente de Brasil que pasó más de 500 días preso y fue imposibilitado de participar en las elecciones de su país por un proceso judicial amañado que fue anulado la semana pasada.

Lasso es empresario, accionista principal del Banco Guayaquil y especulador beneficiado de la crisis económica y financiera de 1999 que culminó con la dolarización de la moneda, así como vinculado a empresas offshore en paraísos fiscales. Fue también gobernador y embajador, y se postuló como presidente en las elecciones de 2013 y 2017. Este año Lasso ganó su lugar en el balotaje por una diferencia mínima con Yaku Pérez, luego del recuento parcial de votos que despertó denuncias de fraude, movilizaciones y el rechazo de Pérez y sus votantes a las decisiones de las autoridades responsables del escrutinio.

Los especialistas González, Tovar y Gutiérrez, que investigaron las estrategias digitales de desestabilización política antes de la primera vuelta, afirman que actualmente los golpes de Estado se efectúan mediante herramientas más sutiles que antes y hacen uso de los sistemas de dominación cultural: los medios y las redes, junto con determinados organismos supranacionales, le otorgan la legitimidad necesaria para fracturar la democracia. Los tres componentes de estas estrategias son el uso de la mentira y la manipulación informativa, la conformación y difusión de mensajes de odio, y la creación y uso de cuentas falsas en ocasiones automatizadas.

El estudio que realizaron consistió en el análisis de las cuentas de Twitter que interaccionaron o mencionaron a los cuatro candidatos que encabezaban las encuestas (Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yaku Pérez y Álvaro Noboa (que finalmente fue inhabilitado), entre el 6 y el 13 de enero de 2021. A partir de la API Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de esta plataforma, extrajeron 184 mil tuits. De este relevamiento de datos, encontraron un gran número de cuentas falsas que amplificaban publicaciones de apoyo a Guillermo Lasso y desestimaban a Andrés Arauz, reproduciendo noticias falsas y mensajes de odio contra el candidato. Entre ellas, se afirmaba que Arauz estaba a favor de la desdolarización en una economía que tiene como moneda oficial al dólar hace más de dos décadas. Aunque este hecho significó la pérdida de soberanía monetaria, se encuentra legitimado y arraigado socialmente. “Se ejerce un bombardeo continuo de mensajes en el que se posiciona a Arauz como un enemigo del sentido común liberal, que ejecutará la desdolarización como paso previo en el proceso de convertir a Ecuador en una Venezuela bolivariana”, afirman en el libro.

Desde el país andino, Dayana León, consultora en Comunicación Política, Género y Democracia, periodista y máster en Ciencias Sociales por FLACSO Ecuador, explica que este tipo de acciones forman parte de una estrategia global de las elecciones a nivel de todas las candidaturas. “Las noticias falsas llegaron para quedarse en las elecciones. Sobre todo, porque es una estrategia política que busca ir deslegitimando a las candidaturas. Ya sea la de Andrés Arauz, de Guillermo Lasso y, cuando estaba en la arena política, de Yaku Pérez también. Creo que existió de ambas tendencias una estrategia, no digo que directamente de los candidatos, pero sí de simpatizantes y personas que de una u otra manera están alineadas”. Según León, el contexto de ubicuidad tecnológica es un punto fundamental de análisis porque los “prosumidores” consumen, producen la información y son generadores de contenidos, algo que realizan en función de sus percepciones, sus realidades e intereses.

Con un alto contenido de noticias falsas como estrategia política, el proceso electoral también se ve marcado por lo que León llama falsos triunfalismos que se perciben en las redes. Pudo verse en las encuestas típicas de Twitter donde se activaban simpatizantes de una u otra tendencia para hacerles “ganar”, en la construcción de una narrativa como las encuestas de apalancamiento con información no contrastada, y en la puesta en escena de imágenes de una encuestadora afirmando que un determinado candidato iba adelante (sin una muestra ni verificación). Otro factor que observa León es la cultura digital que define como muy incipiente en el Ecuador. “La sociedad ecuatoriana no está preparada para constituirse en prosumidora, para discernir las noticias verificadas de las falsas que circulan frecuentemente y que proliferan más en tiempos electorales. Lo hemos visto ahora porque las competencias digitales para las elecciones del 2021 son efectivamente mucho mayores que las del 2019 e hicieron que los usuarios tuvieran un mayor tráfico en las redes sociales”, señala.

Además, destaca que el discurso en redes de tergiversar un video, de editarlo para unir frases, de incrementarle otros temas, de hacer montajes y producir memes, tiene una contracara: “Hacer una noticia falsa te toma quizás unos pocos minutos, pero desmentirla te puede tomar días, años o te puede tomar toda una vida”. Para León, las estrategias de ambos candidatos en las redes se han concentrado en cuestionamientos, en un discurso de ataque y eso la sociedad lo percibe como una elección polarizada, con alta conflictividad en el medio digital. “Al final del día la gente está consumiendo el odio en las redes y no está consumiendo la verdadera política”, opina.

Asimismo, refiere que hay una debilidad en el tema de la contrastación de las noticias falsas, que han sido difundidas incluso por periodistas renombrados. Pese a que existen algunos proyectos, todavía falta mucho por hacer para la verificación tanto de las fake news como de los discursos. “Es una corresponsabilidad de los candidatos y de la sociedad en su conjunto. No tenemos una cultura digital que efectivamente pueda combatir estos temas y muchos candidatos viven realidades paralelas porque tienen más trolls que votos. Eso se vio en algunos resultados electorales y los falsos triunfalismos también conllevan a un tema gravísimo que es la aceptabilidad o no de la derrota de los procesos electorales”, concluye.

 

“Andrés no mientas otra vez”

La articulación de discursos de difamación y la creación de una imagen negativa sobre Arauz ocupa el centro del escenario en las redes. Guillermo Lasso continúa viralizando hashtags que han sido tendencia los últimos días para desacreditar a su rival. “Andrés no mientas otra vez” fue la frase elegida por Lasso durante el debate del domingo 21 de marzo que luego se hizo viral.

Esta estrategia de desacreditación y difamación comenzó a fines de noviembre de 2020 con la difusión, por parte de periodistas y cuentas falsas, de un video manipulado que recorta el discurso de Arauz y lo posiciona en contra de la dolarización, imágenes que también circularon en la publicidad paga de una cuenta de Facebook no oficial que apoyaba a Lasso. Para Macías Tovar y equipo, los fact-checking para Facebook –que se supone son organizaciones independientes que trabajan para la verificación de datos– tienen un sesgo en América latina marcado por la financiación de embajadas u organizaciones de Estados Unidos, que tienen sus propios intereses en la región. No hay garantías respecto a la veracidad de la información que llega vía redes sociales, por lo que la única opción ha sido desconfiar de lo que circula en el medio digital y buscar medios alternativos para contrastar la información.

La información distorsionada se difundió desde formadores de opinión tanto en redes como en medios tradicionales. Finalmente, Lasso viralizó el hashtag #Desdolarauz que llegó a ser tendencia en Twitter, además de que durante la campaña incluyó carteles en vallas publicitarias que decían “Seguir con la dolarización o convertirse en Venezuela”, discurso que también reprodujo al cierre del debate electoral de la primera vuelta. Por otra parte, se buscó descalificar al candidato Arauz a través de insultos entre los que predominó la palabra “lelo” en tuits y retuits de cuentas creadas muy recientemente, con pocos seguidores y con fotos de perfil extraídas de Internet. “Pero el uso de cuentas falsas no solo es utilizado para la difusión de la estrategia de odio y difusión de mentiras, esta red también se utiliza para la difusión de los HT oficiales de la candidatura de Lasso y para hacerle RT”, observan los investigadores. 

Participaron 21.400 cuentas en los más de 180 mil tuits analizados con interacciones que permitieron observar una conversación política polarizada con la diferencia de que la comunidad virtual de Arauz es más plural (y representa aproximadamente un 50% de los tuits) que la de Lasso (32% de tuits). “Si analizamos las cuentas que han recibido más retuits vemos como claramente la estrategia de la candidatura de Guillermo Lasso es que la gran mayoría de retuits los reciba el candidato, mientras en la candidatura de Andrés Arauz los retuits están muy repartidos entre sus candidatos y miembros de la comunidad que apoyan la candidatura”, señalan en el libro Luque, Macías y Casado.

Los autores afirman que las redes son corresponsables en la creación y difusión de mensajes y los medios de comunicación tienen responsabilidad sobre la información que publican. Estas corporaciones que concentran el poder de medios y plataformas digitales trabajan por sus propios intereses. En Ecuador, las fake news tuvieron origen en redes sociales y fueron amplificadas en medios locales, pero también resurgieron desde otros países. En Colombia, Revista Semana difundió una noticia sobre el supuesto apoyo y financiamiento de un grupo guerrillero (el Ejército de Liberación Nacional) a la candidatura de Arauz, y en Argentina, Clarín publicó que Arauz ofrecía dinero a los votantes en un aviso de campaña (fake news sobre la que luego aclaró que se trataba de un falso spot).

Los autores de “La democracia de los trolls” alegan el involucramiento de los servicios de inteligencia de Estados Unidos en espacios clave de los procesos electorales de América latina. Ayer, alentando el uso de las fuerzas represivas, la censura y el terror, y hoy bajo el velo de un discurso sobre la democracia, los derechos humanos, la libertad y la seguridad en boca de organizaciones y fundaciones nacionales e internacionales que bajo estos eufemismos promueven una agenda neoliberal en favor de sus intereses.

Este tercer actor social que interviene en las estrategias desestabilizadoras del mundo digital, es representado por organizaciones internacionales que, bajo el disfraz de la defensa de los valores de la democracia, la ayuda económica y la promoción del “desarrollo”, trabajan por los intereses políticos y militares de su país de origen.

Luque González, Macías Tovar y Casado Gutiérrez mencionan a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) como uno de los organismos que busca influir en los gobiernos extranjeros en pos de su beneficio económico colaborando con sectores antigubernamentales. También a la Fundación Nacional para la Democracia (NED) que se presenta como una organización sin fines de lucro para fortalecer las instituciones democráticas y financia instituciones con valores liberales y de ultraderecha que han apoyado el golpe de Estado en Bolivia, así como promueve mensajes fascistas y antidemocráticos. Incluso, mantendría conexiones con organismos de vigilancia de Estados Unidos como la CIA.

De igual forma, el Instituto Nacional Demócrata (NDI), organización con sede en Washington, ha suscripto un convenio de cooperación institucional con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y colabora con plataformas digitales de identificación de fake news como Ecuador Verifica, de orientación anticorreísta. Además, el CNE ha prohibido que la imagen de Correa aparezca en la propaganda política oficial de Arauz. Por último, Atlas Network, organización que fomenta las políticas económicas de libre mercado financiando a más de 500 fundaciones alrededor del mundo, se vincula con el candidato Guillermo Lasso ya que su fundación Ecuador Libre pertenece a esta red que concentra poder económico y político a nivel global.

«Los docentes estábamos preparados, los edificios no»

«Los docentes estábamos preparados, los edificios no»

Estudiantes, docentes y directivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regresaron presencialmente a las aulas después de un año de virtualidad escolar. Según las cifras del gobierno porteño, el miércoles 17 de febrero se abrieron 739 establecimientos de nivel inicial, 886 escuelas primarias y 492 secundarias que suman 370.493 estudiantes sobre un total de la matrícula de 785.152. Sin embargo, al comenzar las clases cientos de imágenes circularon en los medios de comunicación y en las redes sociales mostrando el incumplimiento de medidas básicas de higiene. A esto se le suma los resultados del informe sobre los protocolos escolares realizado en el Observatorio del Derecho a la Ciudad por el Presidente de la organización Jonatan Baldiviezo, en colaboración con la ingeniera María Eva Koutsovitis y el investigador y periodista Alejandro Volkind.

Tras comenzar las clases y durante una conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta confirmó la vuelta de la presencialidad escolar como una meta cumplida: “Estábamos convencidos de la necesidad de que los alumnos volvieran a las clases en forma presencial y cuidada. Por eso a principios de noviembre del año pasado asumimos el compromiso y hoy lo cumplimos”. Pero el escenario fue distinto cuando los estudiantes regresaron a las aulas. En conversación con Télam, gremios docentes como UTE y Ademys, así como madres y padres de los alumnos señalaron que la vuelta a las instituciones fue desorganizado y se notó la falta de elementos de higiene y obras de infraestructura sin terminar. La escena contrasta con las millonarias contrataciones que, sin licitación pública, realizó el Ministerio de Educación porteño con cuatro empresas de limpieza, a las que les otorgó casi $1.000 millones de pesos en los últimos seis meses para la vuelta a las clases presenciales.

La coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis, diálogo con ANCCOM sobre el retorno de las clases y las contrataciones que hizo el GCBA: “Acá podemos ver la falta de insumos escolares y la precariedad de los colegios, a la par de los negocios que realiza el Jefe de Gobierno”.

El 66% de las aulas no cuenta con ventilación cruzada y sólo el 32% de los bancos son individuales.

Según el informe realizado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el 5 de septiembre del 2020, el Gobierno porteño realizó contratos con empresas de limpieza por 1.000 millones de pesos y compró insumos por 50 millones para adquirir servicios de provisión e instalación de dispensadores de jabón líquido, papel higiénico y de refuerzo de personal para desinfectar los espacios. “Estas contrataciones fueron prorrogadas en diciembre por dos meses –añade la ingeniea-, lo que implicó un nuevo desembolso de más de 300 millones de pesos, lo que da un total de más de 1.000 millones de pesos otorgados a estas cuatro empresas de limpieza. A esto se le suma las contrataciones directas para adquirir alcohol en gel, máscaras de protección facial, termómetros corporales a distancia, tapetes sanitizantes, guantes y pulverizadores”. Entre las empresas contratadas directamente se destaca Marketing Dimension SA, que ya había sido elegida por el gobierno porteño para brindar el servicio de producción del evento “Buenos Aires Playa 2019”.

Cabe recordar que a fines del 2020 la legislatura porteña sancionó la Ley de Compre Social que beneficia a las organizaciones populares. “Este decreto -explica Koutsovitis- fomenta el trabajo de las cooperativas y de la economía popular a través de las compras que realiza el Estado. Por lo tanto, estos arreglos eran una gran oportunidad”.

La vuelta presencial también dejó en evidencia la falta de inversión en infraestructura escolar: según el análisis presupuestario realizado a principio de año por los equipos de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el rubro educativo pasó de percibir, en 2015, un 23,1% del total de los gastos proyectados por el Ejecutivo a un 19,4% durante este año. Además, el gremio realizó un relevamiento en más de 600 establecimientos educativos donde evidenció que el 66% de las aulas no cuenta con ventilación cruzada y sólo el 32% de los bancos son individuales. A estos datos, la especialista agrega que “el 60% de los establecimientos tiene un único ingreso y en más del 70% las instalaciones sanitarias son inadecuadas. Hay casos muy emblemáticos, como la escuela N° 19 del barrio Ramón Carrillo, que cuando inició el retorno a la escuela se encontraba sin agua corriente”.

“Vemos falta de insumos escolares y precariedad de los colegios, a la par de los negocios del Gobierno”, dice Koutsovitis.

Como plan de lucha, en las escuelas se conformaron comités de seguimiento integrados por los distintos actores de la comunidad que corroboraron que no estaban dadas las condiciones sanitarias para un retorno seguro. Desde UTE detallaron: «Como lo veníamos sosteniendo, no era posible el eslogan de Larreta: ‘Todos los días, todos los chicos, todas las horas’. Por eso ante el desapego del Gobierno por las normas de cuidado, quienes hacemos posible la educación nos pusimos al hombro en cada escuela esa tarea de protección de estudiantes, docentes y familias. Estuvimos presentes en este inicio de clases garantizando la entrega de alimentos, haciéndonos cargo con nuestros propios ingresos de la conectividad y las clases virtuales. En síntesis: los docentes estábamos listos, los edificios escolares, no».

En las primeras semanas, el último informe difundido por los centros de testeo a docentes de escuelas públicas y privadas da cuenta de 304 casos positivos. En este contexto, Koutsovitis considera fundamental que el gobierno porteño realice un relevamiento detallado de la infraestructura escolar: “Necesitamos que transparente la información y que, de manera consensuada con el conjunto de la comunidad educativa, lleve adelante un programa de adecuación y construcción de nuevos establecimientos garantizando adecuadas instalaciones en los ingresos y egresos con ventilación, bancos individuales en las aulas, señalética adecuada. También se debe asegurar al conjunto de estudiantes y docentes conectividad y equipamiento electrónico adecuados”.

“Somos muchos más de 30 mil, hay casos que ni siquiera se conocen”.

“Somos muchos más de 30 mil, hay casos que ni siquiera se conocen”.

Homenaje a los desaparecidos en la Noche de los Lápices, realizado en 2006 en el Pozo de Banfield.

Como todos los martes, desde las 9.30, se llevó adelante una nueva audiencia virtual del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús. La última jornada contó con los testimonios de Jorge Nadal, ex detenido y padre del nieto restituido Pedro Luis Nadal García, y los sobrevivientes Lucía Deón y Luis Alberto Messa.

“Yo fui detenido el 16 de mayo de 1975. Y la detención se oficializó el 30 de mayo. En esos 15 días que trascurrieron, desde la detención a la oficialización, sucedieron en el medio un montón de cosas”, describió Nadal y agregó: “Esto pone de manifiesto el carácter represivo y el terrorismo de Estado que había durante ese momento, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que no dudó en lanzar una represión indiscriminada como así también el aniquilamiento de quienes integrábamos una oposición férrea a sus designios y a su actitud represiva, altamente compartida por miembros de la civilidad, miembros de la Iglesia y también de las fuerzas represivas: Ejército, Policía Federal, las policías provinciales”.

Desde la sala virtual de la Fiscalía, con 71 años, unos apuntes escritos a mano y un artículo del diario La Opinión -que contenía una lista larga de los nombres de personas desaparecidas- que hacían de ayuda memoria, Nadal comenzó a narrar los hechos acontecidos por aquella época que marcarían su vida para siempre.

El ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo PRT-ERP fue secuestrado de su casa y llevado desde Isidro Casanova, donde vivía por esos años, al Pozo de Banfield. “Una patota sin ningún tipo de orden de allanamiento entró a mi domicilio, pateando, insultando, de manera violenta y lo primero que hace es ponerle una ametralladora en el vientre a mi compañera, Hilda Garcia, que ya estaba a punto de parir, casi de nueve meses”, recordó. Nadal también describió el calvario, una vez llegado al centro clandestino de represión: “Me dispararon un tiro de una 45 en la rodilla, no para romperla sino para producir una herida sangrante y para pasarme por allí electricidad”.

Pozo de Banfield

Nadal es oriundo de la provincia de San Luis y expresa que el primero que recoge los datos personales de los militantes era el Obispo diocesano puntano de aquella época, Juan Rodolfo Laise. “Mi madre fue a hablar con él a la Catedral de San Luis y su respuesta, no sólo para ella sino para el resto de las personas que fueron a tratar de averiguar o pedir algún tipo de acompañamiento, fue: ´Señora retírese, nosotros a las madres de los comunistas y subversivos no los recibimos´”, recuerdó.

Además, cuenta que el sinceramiento de revelar su verdadera identidad- ya que poseía documentación falsa- le salvó la vida, y también le costó otras palizas, pero con distintos objetivos. Ya no buscaban información que él pudiera darles, y en ese sentido Nadal resalta: “Hablo de desaparición porque desde el 16 al 30 no fui oficializado y el objetivo era averiguar más cosas y matarme”.

Nadal avanzó cronológicamente sobre el relato: “El 29 de mayo nace mi hijo Pedro Luis Nadal. Mi compañera viaja al Chaco y nace en el Hospital del Niño. Luego vuelven a Buenos Aires. En el año 1976, se produce la detención de Hilda en Guernica donde matan a un compañero y se llevan preso a otro. Mi hijo Carlos Alberto queda en la escena con el compañero asesinado”. Jorge reconstruyó que Carlos fue llevado a lo de la abuela materna en Chaco por otra compañera que ya tenía instrucciones de dejarlo allí y con esa escena reparó en el compromiso de sus compañeros militantes. Sobre el secuestro de su compañera, Nadal arriesgaó que el genocida Miguel Etchecolatz, a cargo de la Policía de la Provincia, podría haber creído que él estaba muerto, porque quizá lo confundió con el compañero asesinado durante el operativo en que secuestraron a su esposa. 

Nadal aseguró que la persecución, el maltrato y la tortura no cesaron luego de salir del anonimato de la Brigada de Banfield y pasar a la cárcel de Sierra Chica, donde permaneció cuatro años. “En el penal me intoxican y me empiezan a patear. De la golpiza participan El cabo Pérez, el cabo Rosales, Gregorini, uno de los hermanos Quinteros, Laborde y más -enumeró- Luego de ello me pidieron que me levantara e hiciera bailes militares. Como no podía, me arrastraron de los pelos por el Pabellón 12, mientras iba perdiendo sangre.  Me arrastraron a las duchas y de la misma manera me reintegraron al pabellón de castigo donde permanecí muchos días”. Como resultado de ello Nadal quedó sin poder mover su brazo derecho y su pierna por mucho tiempo. 

“Somos muchos más de 30 mil, hay casos que ni siquiera se conocen. El pedido es que se pueda llegar a una sentencia en tiempo y forma. Nosotros ya tenemos 70 años y los represores más de 70. Muchos murieron sin pasar una instancia judicial y otros disfrutan ociosamente de una prisión domiciliaria. Se han burlado del Estado y de los jueces. Siguen siendo peligrosos, muchas veces nos amenazan y se burlan de nosotros”, reclamó Nadal y concluyó: “Nosotros no subvertimos, resistimos. Quienes subvirtieron el orden público fueron ellos y provocaron el terrorismo de Estado”.

Después de cuatro años de detención en Sierra Chica, Nadal fue trasladado a la cárcel de La Plata y al año siguiente se le dio la opción de abandonar el país. Estuvo exiliado en Francia durante cinco años y en 1984 regresó a la Argentina. Su compañera y esposa Hilda García, quien también fue llevada al Pozo de Banfield, aún sigue desaparecida. El hijo de ambos, Pedro Luis Nadal García, fue apropiado por los represores que secuestraron a la madre. Jorge lo buscó durante 30 años, hasta que en 2004 pudo recuperarlo gracias a su búsqueda y la investigación de Abuelas de Plaza de Mayo.

Pozo de Banfield.

Luis Alberto Messa

Messa, sobreviviente y ex militante de Montoneros arrancó su testimonio: “En 1976 allanaron la casa de mis padres, yo no estaba, pero golpearon a mi mamá y robaron todos los objetos de valor. A partir de ahí yo asumí una situación de clandestinidad”. Sin darse por vencidas, las fuerzas de seguridad realizaron otros allanamientos, sin poder encontrarlo, hasta que el 31 de diciembre de 1976 lo arrestaron en la calle, cerca de la estación de Escobar. “Fui a la comisaría de Escobar un par de horas y luego me trasladaron a la zona de Zárate-Campana. 

Messa estuvo en varios centros clandestinos de tortura y exterminio de aquella zona: el Buque, Tiro Federal, entre otros hasta que fue trasladado a la Brigada de Banfield.  “Pude saber que estaba en Banfield porque escuchaba el parlante de un auto que pasaba haciendo propaganda de un boliche de la zona y por compañeros de celda que percibían que estábamos allí”, contó Messa y continuó: “Durante la noche, abrían la puerta, y nos ponían contra la pared. La mano atrás y atada con alambre. Nos ponían una venda y nos llevaban a una sala donde nos interrogaban y nos decían `Montoneros asesinos, peronistas de mierda´”.

El exdetenido-desaparecido narró su derrotero por los centros clandestinos de la provincia: “Después de Pozo de Banfield aparezco en el Hospital de Campo de Mayo. Me tiran en una bañera con jabón en polvo y los que nos tiraban agua nos decían que hacían eso, porque estábamos llenos de mierda”. Messa no puede precisar cuánto estuvo allí, pero asume de seis a cinco días. Sufrió constantes torturas y amenazas, incluso simulacros de fusilamiento.  

“Una vez por día me sentaban en una camilla y ahí un grupo de interrogadores me preguntaba por la trayectoria política. Un día por la mañana me sacan de la cama, apuntándome con fusiles y me dan la ropa para que me vista y me atan nuevamente. Se acerca una persona que dice ser el jefe médico y me dice: ´Te salvaste, no me explico cómo aguantaste, pero te salvaste´´´. A Cristo lo crucificaron, pero hoy somos todos cristianos y hoy se impuso su visión del mundo”, declaró de manera contundente.

Allí comenzaría un rally de traslados: Sierra Chica hasta abril de 1979; La Plata hasta junio del mismo año; Rawson hasta el último día de diciembre de 1980.  Y nuevamente lo regresaron en un avión a la Plata, otorgándole la libertad vigilada. Recién en diciembre de 1982 le dieron la libertad definitiva. “Yo no rehíce mi vida. Mi vida es una continuidad vinculada a la política. Nos fuimos curando en vida y a través de la política, en contacto con la discusión y con los compañeros peronistas. Con la familia, de a poco se fue perdiendo el temor, pero eso es algo que no se pierde nunca”, concluyó.

Lucía Deón

El testimonio de Deón también se inició con su detención: “Trabajaba en la municipalidad de Lomas de Zamora, en Inspección de Riesgos Profesionales, inspeccionaba las fábricas de todo el cordón industrial del sur. Además, era delegada del gremio municipal y formaba parte de la Juventud Trabajadora Peronista de Lomas de Zamora. En ese momento fui detenida”. 

Deón fue secuestrada el 14 de noviembre de 1974 en un barrio de Lomas de Zamora junto a tres compañeros: Juan Alejandro Barri, Carlos Pachagian y Jorge Sara Acuña. Fueron llevados a la Comisaria 1ª de Lomas y allí comenzó la tortura. Resultado de ello, quedó con una parte del cuerpo paralizada. De allí fue llevada al Pozo de Banfield, donde la separaron de sus compañeros en distintas celdas.

“Yo tuve abogado en ese momento y él me acompañó desde que le permitieron verme, incluso con la gestión de la salida del país. Ese abogado había sido gestionado por la Iglesia. Mi militancia anterior había sido siempre en grupos cristianos por eso conocía a mucha gente de la Iglesia. Fui llevada a declarar y cuando quise denunciar torturas, el juez me dijo: ´Para qué declarar torturas si la tortura es legal en nuestro país´”, recuerda.

“Cuando salí del país, fui a Perú y los militantes que estábamos allí tuvimos que salir preventivamente por el golpe hacia México. Luego regresé clandestina a Argentina. En 1978 caí en el Olimpo, allí también recibí torturas y estuve prisionera”, cuenta Deón quien afirma que luego fue llevada hacia Quilmes. 

Lucia Deón estuvo en Banfield desde el 14 de noviembre al 4 de marzo de 1974 y en 1976 llegó a Quilmes luego de su partida de Perú. En agosto de 1982 la liberaron con vigilancia y recurrencia a la Escuela de Mecánica de la Armada hasta el retorno de la democracia.