El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercute en todos los trabajadores, y las personas con discapacidad no son la excepción. Debido a la interrupción de actividades de los talleres protegidos, se complejiza la situación de los concurrentes (así se denomina a los trabajadores de las instituciones) del Conurbano.
Las personas con discapacidad que asisten a los talleres no lo hacen solo por una cuestión laboral, también reciben allí el desayuno y el almuerzo, además los establecimientos funcionan como espacios de contención y esparcimiento.
En el marco de la Ley 26.816, sancionada en el año 2012, se organizan, a través de una norma específica, los talleres protegidos de producción, que son entidades estatales bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica. Tienen como objetivo principal la capacitación laboral y el empleo significativo para personas con discapacidad física o mental.
Jaqueline Sánchez, trabajadora del Taller Protegido de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APyAD), más conocido como “San Cayetano”, de la localidad de Merlo, comenta: “Los talleres protegidos venimos teniendo un impacto negativo hace muchos años. Realmente es difícil poder sostener un espacio de trabajo real. Y las normativas que los regulan no están funcionando: los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, no tienen ART, no tienen un sueldo digno y no podemos entrar a los programas de empleo porque pertenecemos a asociaciones civiles.”
Hasta abril, cada asistente a un taller protegido recibía un peculio de 1.800 pesos. Ahora, reciben 3.300 pesos mensuales.
La situación en el Conurbano bonaerense se intensifica con la pandemia; Virginia Ventriglia, responsable del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) afirma que “desde el 16 de marzo, los trabajadores no asisten a la institución. Empezamos a hacer una vinculación a través de llamados telefónicos, video llamadas y se planteó una asistencia de alimentos”. Y agrega: “Ayudamos también a acceder a los trámites de ANSES o a diferentes trámites ante las necesidades de la familias, hay una contención más allá del concurrente.”
La presidenta del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (COMUNIDIS), perteneciente al Partido de Moreno, Rocío Scotto, explica: “Está muy complicada la situación social, familias que antes no necesitaban ninguna asistencia, están necesitando asistencia, sobre todo alimenticia. Se están dando situaciones de violencia intrafamiliar con más frecuencia que antes.”
Ante esta coyuntura, Scotto comenta que “las instituciones son su espacio de referencia, son todo para los discapacitados. Si bien los talleres protegidos están orientados hacia lo laboral, también se trata de garantizarles otro tipo de recursos y actividades que, por su situación social, no acceden.” Y añade: “No es que ellos salen de ahí como si cumplieran un trabajo y después tienen una vida normal. Realmente ellos no acceden por una cuestión de falta de inclusión en la sociedad o por una cuestión principalmente económica.”
Los talleres protegidos están enmarcados en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual, los trabajadores perciben un peculio, es decir, un salario que, hasta marzo de este año correspondía a 1.800 pesos y a partir de abril subió a 3.300 mensuales. Jaqueline explica que “una parte la cobran con una tarjeta del Ministerio y otra parte la cobran en el banco por ventanilla, como para complejizar aún más la situación.”
Ante esta realidad de los talleres protegidos, en marzo se creó la Red Federal de Emergencia porque, según Sánchez, “ya no podían pagar los sueldos ni las cargas patronales” y aclara que “hay un petitorio que está destinado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo la acción urgente en beneficio de los talleres protegidos.”
«Los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, ART, ni ingresan a programas de empleo», dice Sánchez.
En el Municipio de Merlo, la Subsecretaría de Educación contrata los servicios de los APyAD para los eventos. “La experiencia siempre fue muy buena, no solo para los trabajadores del taller, es un avance para la inclusión”, según Victor Padula, a cargo de la Dirección de Discapacidad. En cuanto cómo volverán a vincularse con los talleres protegidos, comenta que “cuando esto retorne a la nueva normalidad, veremos cómo incluirlos nuevamente, pero no es una tarea fácil.”
Desde el Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Héctor Fillippa, comunica que “el objetivo central de este organismo consiste en monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, salud, accesibilidad y empleo.” Y cuenta que ante los acontecimientos “solicitamos al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ser incluidos en la tarjeta alimentaria, y también pedimos accesibilidad en cuanto al IFE.”
El Observatorio está integrado por grupos de trabajos de salud, vivienda, deportes, género, entre otros. Fillippa afirma: “Nosotros tenemos que ver el grado de cumplimiento que tiene la Convención en Argentina y realizar recomendaciones al Estado. Hoy el tema del Covid-19 está en el centro de la cuestión en todas las áreas.”
En materia sanitaria, Scotto afirma que COMUNIDIS, conformada por 30 instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Moreno, elaboraron un protocolo específico para abordar casos de Covid-19 positivos de personas con discapacidad.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta al empleo significativo en numerosos aspectos: por la disposición del cierre de los talleres protegidos y el cese de actividades productivas, genera que las empresas que volvieron a funcionar empiecen a trabajar con otros comercios, por lo que, después de la pandemia, no es seguro que continúen solicitando sus productos y/o servicios.
Tampoco es sencillo sostener las instituciones, que perciben gastos fijos de servicios, la mayoría sin subsidios, como luz, telefonía y gas, sin las ganancias que contribuyen al sostenimiento de los mismos. Además, las personas con discapacidad cuentan con dificultades mayormente, de salud que hace que los cuidados sanitarios sean máximos.
Por último, hay que contemplar de la situación particular de cada concurrente, que está atravesada por cuestiones económicas y sociales, y asiste diariamente al taller protegido para trabajar por 3.300 pesos al mes.
En Argentina no hay norma legal o constitucional que prohíba la actividad de ofrecer o demandar sexo, pero sí reglas de menor jerarquía que la condicionan. El Código Penal de la Nación establece que la prostitución ejercida libremente no es delito. La legislación federal penaliza con prisión de cuatro a seis años a quien promueva o facilite y a quien “explote económicamente” el ejercicio de la prostitución. Es decir apunta hacia la intermediación y el proxenetismo. Las modificaciones al Código introducidas en 2012 por la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, sancionada tras el fallo absolutorio en la causa por la desaparición de Marita Verón, explicitan la irrelevancia del consentimiento de la persona en situación de prostitución, caracterizada como “víctima” en todos los casos. La tradición jurídica del país puede ser descripta como abolicionista, en tanto prohíbe la explotación ajena sin penalizar el ejercicio independiente, reconociendo la existencia de la prostitución pero buscando su desaparición a partir de la sanción de la administración del trabajo sexual por parte de terceros. Sin embargo, entre las pretensiones de la letra fría de la norma y la realidad concreta de todos los días están las acciones de las personas. Para pensar la prostitución hay que partir desde la ley pero hay que llegar a las formas en que se implementa y atraviesa las vidas que intenta controlar.
“Si una mujer hoy vende su cuerpo porque es su decisión, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo, porque son acciones privadas de las personas y en nuestra legislación todo lo que no está prohibido, está permitido”, señala María Elena Naddeo, creadora y primera presidenta del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y actual titular del Programa de Atención de la niñez, adolescencia y género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Sin embargo, un informe sobre criminalización del trabajo sexual en la vía pública realizado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) en 2016 destaca que “aunque el trabajo sexual no es un delito en nuestro país, todos los lugares donde se lo puede ejercer están criminalizados”. En este sentido, el documento puntualiza las superposiciones entre las diversas legislaciones locales y las normas nacionales, plasmadas en los distintos códigos de faltas y contravencionales, que “se convierten en instrumentos punitivos contra las trabajadoras sexuales, simplemente por considerar que su actuar es inmoral y contrario a las buenas costumbres”.
En este punto, las principales corrientes al interior del movimiento feminista coinciden en la necesidad de derogar las ordenanzas de códigos contravencionales que penalizan la oferta y demanda de sexo en la vía pública. Naddeo señala que “la legislación argentina aún castiga el comercio sexual cuando se ejerce en la calle. Se debe atacar la explotación, pero no se puede seguir persiguiendo a las mujeres en situación de prostitución”. La dramaturga y militante del Frente Abolicionista Travesti/Trans, Daniela Ruiz, destaca la importancia de generar políticas “que no sean prohibitivas ni punitivas: no queremos que la policía vaya contra la compañera que está en la calle, porque estamos en un Estado en el que la prostitución es libre”.
Historia de la persecución en la Ciudad de Buenos Aires
El primer Código de Convivencia Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionado en marzo de 1998 por la Legislatura porteña, derogó una serie de edictos policiales vigentes hasta el momento y limitó la acción de la policía en detrimento de la intervención del Poder Judicial de la Ciudad y en los hechos, a través de la eliminación de la figura del “escándalo”, despenalizando el ejercicio de la prostitución en el espacio público porteño.
La primera reforma del Código, materializada a solo dos meses de su sanción por impulso del Gobierno de la Ciudad encabezado por Fernando De La Rúa, tras un intenso debate social sobre el tema atravesado por un fuerte matiz moral, incorporó a la prostitución como actividad sancionable, pero de una manera desviada. El artículo 71 penalizó la alteración a la tranquilidad pública “con motivo u ocasión del ejercicio de la prostitución”. Es decir, no estableció un castigo por el acto mismo de la prostitución, sino en tanto “altere la tranquilidad” al ser realizado en formas que impliquen “ruidos o perturbación del tránsito de personas o vehículos”, hostigamiento o exhibicionismo.
34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries – La Plata, Buenos Aires –
El 3 de marzo de 1999, en el marco de un año electoral y un día antes de que la Legislatura porteña tratase la segunda reforma a su Código Contravencional, el presidente Carlos Menem sancionó un decreto que instruyó a la Policía Federal a detener a personas que cometan actos no tipificados como delitos o contravenciones, entre ellos la oferta y demanda de sexo, en función de un supuesto “vacío legal” generado por la derogación de los edictos policiales durante el año precedente.
Un día después, la Legislatura modificó una vez más su Código de Convivencia Urbana, y penalizó la oferta y la demanda de servicios sexuales en la vía pública en toda la extensión de la Ciudad. La modificación al artículo 71 tipifica como alteración de la tranquilidad pública el “ofrecer o demandar para sí u otras personas servicios sexuales en los espacios públicos”.
Un editorial del diario La Nación del 7 de marzo señalaba que la norma aparece como respuesta a “la fundada indignación de las familias afectadas, forzadas a convivir en sus barrios con verdaderos ejércitos de travestis y prostitutas, con el consiguiente daño para la formación moral de sus hijos” y destacaba la “pesada responsabilidad” que implica para la Policía Federal, encargada de hacerla cumplir. El diario Clarín relató en su edición del 10 de marzo una reunión informativa entre comisarios y fiscales porteños en relación a los criterios de aplicación del nuevo código, en la que el fiscal contravencional Juan Carlos López señala que se trata de una cuestión “de sentido común”, en tanto “si se filma en una zona roja a un travesti inclinado sobre la ventanilla de un auto, la escena habla por sí sola”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2004 se sancionó el nuevo Código Contravencional de la Ciudad, que reemplaza el artículo 71 del Código de Convivencia Urbano por el artículo 81, que penaliza la oferta y la demanda de servicios sexuales “en forma ostensible” en espacios públicos no autorizados, es decir, aquellos que se encuentren a “una distancia menor de 200 metros de hogares, escuelas y templos”, según una cláusula transitoria anexa. La misma norma establece que solo se actuará por decisión de un representante del Ministerio Público Fiscal y que en ningún caso se hará en base a “apariencia, vestimenta o modales”.
Sin embargo, la misma ambigüedad de la descripción de la conducta penalizable, así como la situación material del ejercicio de la prostitución, que coloca una vez más a las prostitutas en el lugar de colectivo vulnerable, habilitan el manejo discrecional de las fuerzas de seguridad sobre su actividad. La delegada de AMMAR en el barrio porteño de Flores, Laura Meza, sostiene que si bien su trabajo “no es delito”, los abusos de autoridad y el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad son corrientes: “La policía trata a las compañeras como delincuentes: es arbitraria y va directamente a la puta. Y si la pueden golpear la golpean. Y si la pueden empujar la empujan. Lo que tienen es una putafobia”.
Un mapa (polifónico) del debate
Las dos corrientes tradicionales para abordar la cuestión de la prostitución al interior del movimiento feminista son el abolicionismo y el regulacionismo. Con matices, ambas son útiles como referencias a la hora de trazar el mapa del debate. Desde la mirada abolicionista se considera a la prostitución como una forma de violencia de género cuyo ejercicio implica en todos los casos un cierto grado de coacción y por lo tanto debe ser desalentada. En tanto, desde la perspectiva regulacionista, el trabajo sexual se contempla como una actividad productiva al igual que cualquier otra, que debe ser regulada por el Estado e implica derechos y garantías para quienes la ejercen.
En los hechos, las categorías son un marco que queda corto para lo cotidiano de las experiencias y las militancias. “Yo no hablo tanto del término abolir, porque tampoco podríamos abolir por decreto”, explica María Elena Naddeo. “Estoy intentando cambiar el término por desalentar, por no promover”. Un documento de AMMAR de 2016, titulado “Trabajo sexual: cuál es la diferencia entre reglamentarismo y regulacionismo”, postula el término “pro derechos” para caracterizar la perspectiva de la organización: “Un modelo que exige la intervención del Estado para el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual libremente, y rechaza el control punitivo e higienista propio del reglamentarismo”.
Aún así, ciertas diferencias son conceptuales y de raíz, por eso las palabras son terreno de disputa constante. “Hay una carga de valor en la palabra prostitución”, sostiene la dirigente de AMMAR Laura Meza. “Hay compañeras en situación de prostitución, pero nosotras no somos prostitutas ni defendemos eso: nosotras somos trabajadoras sexuales”. Por su parte, la escritora feminista Sonia Sánchez postula que “la identidad del trabajo sexual maquilla el dolor y la vergüenza”. En su opinión, el “discurso fálico” del reglamentarismo “sólo beneficia a los varones: legaliza al proxeneta y convierte al traficante de personas en un gran empresario del sexo”. La militante abolicionista Daniela Ruiz coincide en la crítica a la “tesis del trabajo sexual”, porque entiende que “reivindica una violencia sistemática, que desvaloriza a la persona y la marca en un precio”. La trabajadora del área de Interculturalidad del Instituto Nacional Contra la Discriminación (INADI), Betania Longhi, explica que en la institución reciben “denuncias de ambos lados: compañeras que se afirman en su identidad de prostitutas y son ofendidas por la discriminación; y compañeras que no se perciben en esa identidad y son ofendidas cuando son catalogadas como prostitutas”.
Marcha del Orgullo N°26. De Plaza de Mayo a Congreso. Sábado 18 de Noviembre de 2017.
El concepto de trabajo aparece como un nudo central de la discusión. “No es un trabajo como cualquier otro” señala María Elena Naddeo. “Genera daños psíquicos y en la sexualidad que otros no generan. Existen daños físicos, como en todas las esferas de la vida, pero el ámbito de la sexualidad queda más o menos preservado”. Por su parte, María Rachid, fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y ex vicepresidenta del INADI, postula que “es como cualquier otro trabajo que, tanto en el mundo como en la región, se da en una situación de explotación. Hay actividades en situaciones similares, como el trabajo rural o textil. Pero lo que hacemos ante esas situaciones es garantizar mayor presencia del Estado y reconocimiento de derechos”. Daniela Ruiz sostiene que en su experiencia la prostitución es “saber que está permitido que te hagan lo que quieran porque sos puta y pagan para eso. ¿Después voy al sindicato a quejarme porque me metieron dos dedos y me dejaron con sangre el culo por una uña quebrada? Acá solo existe ir a lavarse”. Rachid afirma que no conoce “una trabajadora sexual que no haya sido víctima de trata y esté en contra del reconocimiento de sus derechos laborales. Comprendo que estén en contra de la regulación por su experiencia personal, pero no todas las realidades son iguales”.
“Estamos todas en contra de la criminalización y la persecución policial. Somos hermanas en lucha, pero nos divide la conceptualización del trabajo sexual”, resume María Elena Naddeo. “Para mí son todas compañeras y punto”, concede Meza, “pero algunas tomamos el feminismo como una cuestión de derechos”. Las tensiones entre ambas perspectivas reaparecen como fantasmas detrás de cada coincidencia. El debate es efervescente porque no es abstracto: se nutre de la conciencia común de una situación de vulnerabilidad concreta, pero genera interpretaciones, respuestas y programas políticos contrapuestos.
“Hasta las organizaciones marxistas, que están en contra de la plusvalía, luchan por un salario digno” desarrolla María Rachid. “Estamos en un contexto capitalista y patriarcal, donde la mayoría de los trabajos implican situaciones de explotación. Eso se combate con presencia del Estado y con derechos”. Betania Longhi, trabajadora del INADI, opina que cuando el Estado reguló la prostitución “fue el peor momento” para las prostitutas: “Entraban las redes de trata al país y se les pedía controles ginecológicos a las trabajadoras como si tuvieran la culpa de las enfermedades de transmisión sexual. Controlar la prostitución es un arma de doble filo”. “Ser un sindicato no es la única forma de organizarse contra esta violencia”, dice Sonia Sánchez. “Debemos construir una masculinidad nueva. Los hombres deben aprender a relacionarse desde la no violencia con les demás. Y nosotras tenemos que ayudar a deconstruir esa cultura: sin varones que vayan de putas no hay prostitución. Y sin prostitución no hay trata”.
Violencia simbólica y de las otras
En la actualidad no existen datos oficiales que den cuenta de cuántas personas están en situación de prostitución. “¿Cuántos pueblos hay en Argentina?”, se pregunta Melisa De Oro, trabajadora sexual nucleada en AMMAR. “Hasta en el pueblo más chiquito hay una puta. Hay mucha más gente de lo que parece en el mercado del trabajo sexual”. Melisa, que se presenta como la primera docente trans de la Ciudad de Buenos Aires, estima que en este momento “no debe haber menos de cien mil trabajadores y trabajadoras sexuales en el país”. Betania Longhi, por su parte, señala que no se puede acceder a los datos duros debido a la “compleja situación institucional” vinculada con el tema. “No hay números porque no hay registro, y creemos que está bien que no lo haya. Cuando el Estado tiene el acceso a los números, también se produce una reducción en la libertad de las compañeras”. La trabajadora sexual Laura Meza comenta que el último censo de AMMAR se realizó en 2014 y contabilizó seis mil afiliadas en Capital Federal, pero que “no hay un número ni aproximado a la cifra real. ¿Cuántas compañeras empezaron a ejercer el trabajo sexual desde hace cinco años? Para ese censo no existía la modalidad Internet, donde hoy está minado”.
Desde el sindicato de trabajadoras sexuales agregan que la construcción de cifras es compleja por el estigma que implica reconocerse en esa identidad. Longhi advierte sobre la posibilidad de que el registro y control oficial de la prostitución desemboque en “una marca negativa en torno a ser mujer o trans y realizar esta actividad”. En este sentido, la funcionaria del INADI señala que “el 95 por ciento de las personas trans del país está en situación de prostitución”. En Argentina, al igual que en el resto de Latinoamérica, la expectativa de vida travesti/trans oscila entre los 35 y los 40 años. En este sentido y desde diversas aristas, las personas que ejercen la actividad forman parte de una población en situación de vulnerabilidad.
En los últimos cuatro años, el índice de desocupación de la Ciudad de Buenos Aires subió más de dos puntos (de 8,6 por ciento a 10,9 por ciento). Las mujeres son las más afectadas por esta situación. Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la mayor parte de la población femenina que se incorporó al mercado de trabajo entre 2016 y 2018 lo hizo en condiciones precarias: “82 mil consiguieron trabajos informales y cerca de 150 mil se emplearon por cuenta propia”. En paralelo, también disminuyó la proporción de trabajadoras en puestos asalariados registrados.
Karla Bendezú, infectóloga del Hospital Muñíz, detalla que “aproximadamente el diez por ciento de la población VIH positiva que se trata aquí se dedica a la prostitución”. Bendezú señala que según el relato de sus pacientes, la mayoría comienza a prostituirse porque no consigue otro trabajo. Según una estadística difundida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, ese año el Hospital Muñíz tuvo 1873 entradas a consultorios externos por enfermedades de transmisión sexual, de las que 745 correspondieron al SIDA. La doctora explica que las personas infectadas con VIH deben hacerse controles cada seis meses, “lo que muchas veces implica faltar dos o tres veces al trabajo en un mismo mes”, con las consecuencias que eso implica. “Estoy segura de que la mayoría quisiera dedicarse a otra cosa, pero no es fácil por el ámbito socioeconómico en el que se mueven”.
La estigmatización de la población en situación de prostitución no es sólo simbólica: es institucional. Longhi señala que desde el organismo son recurrentes las denuncias porque “no las atienden en los hospitales, o porque la policía las corre y las detiene por estar prostituyéndose”. Laura Meza señala que lo peor de su profesión es “el acoso y la violencia institucional”. Detalla que hay muy pocos hospitales “amigables” para las trabajadoras sexuales en Capital Federal, entre ellos los Hospitales Álvarez, Piñeyro, Ramos Mejía y Garrahan para los menores de edad. “Las compañeras van con un dolor de brazo o de espalda y les dicen: no, vos sos trabajadora sexual. Hacete un VIH”. La dirigente de AMMAR sostiene que “si sos trabajadora sexual no podés tener nada: tenés la plata para alquilar, pero no tenés garantía; no hay obra social; me faltan ocho años para la jubilación, pero ¿de qué me voy a jubilar, de ama de casa?”. Leonor Núñez, psicóloga asesora en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), señala que “para enfrentar estas violencias, las víctimas primero se tienen que reconocer como tales”. En el mismo sentido, Longhi destaca que parte importante de la labor del INADI es “hacer que cada uno reconozca cuando está siendo discriminado”.
“La autonomía y el bienestar de los cuerpos”
A pesar de las diferentes perspectivas para encarar el tema, se observa un consenso implícito sobre dos puntos centrales: que las prostitutas están hoy de hecho en una situación de grave vulnerabilidad y que parte fundamental del ataque a esa condición está vinculada a las políticas del Estado o a su ausencia. La militante abolicionista Daniela Ruiz plantea que “el Estado calla con la prostitución para no hablar de lo que hay detrás: la explotación; la trata; la coima; el silencio; los cuerpos que valen y los que no”. Para la dramaturga, el objetivo es desarrollar “políticas públicas” que permitan que “cada compañera pueda elegir, para que su último destino sea la prostitución”. Desde una mirada diferente, María Rachid señala que el rol del Estado tiene que ver con el reconocimiento para las trabajadoras sexuales de “los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador”. La actual presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostiene que el Estado “es quien debe hacerse presente en términos de controles para que deje de haber abusos, para que las trabajadoras puedan contar con una pensión, con una obra social, con una jubilación”. En todos los casos, la urgencia de la situación quema en el discurso de las militantes. Desde una diversidad de perspectivas, queda claro que, como señala María Elena Naddeo, “no se trata de un tema moral: tiene que ver directamente con la autonomía y el bienestar de los cuerpos”.
“La Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”, concluye el informe producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en diciembre de 1979. Tres meses antes, representantes de la CIDH habían visitado Argentina y recolectado denuncias y testimonios, marcando con ello un punto de inflexión en el devenir de la última dictadura cívico-militar. Este 6 de septiembre, con motivo del aniversario número 40 de aquella histórica visita, la Comisión vuelve a nuestro país.
Todavía resuenan en la memoria de los argentinos los gritos de aliento de José María Muñoz, el festejo en el Obelisco tras la victoria del Mundial Juvenil de Japón, el micro de la Selección ingresando por la Avenida 9 de julio y la ciudad entera, las casas y las vidrieras, los autos y las ventanas, todo empapelado bajo el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”. Y es que aquella euforia coincidió además con la llegada de la CIDH a Buenos Aires, y qué mejor que los miembros de una de las entidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos vieran lo felices que eran los argentinos, todos sujetos de derechos, todos seres humanos.
Delia Giovanola, se define como la última Abuela Fundadora que queda hoy en la institución de Abuelas de Plaza de Mayo. En ese entonces, cuando vino la CIDH era una Madre, de esas primeras que caminaban en Plaza de Mayo junto con Azucena Villaflor y unos pares más, cuyos rostros ya no recuerda. Delia daba vueltas a la pirámide reclamando por la desaparición de su hijo, Jorge Oscar Ogando, quien había sido secuestrado junto a su pareja Stella Maris Montesano, embarazada de ocho meses.
El 6 de septiembre de 1979 “fue un antes y un después”, declaró Delia a ANCCOM. Y continuó: “Porque hasta ese día que vino la Comisión Interamericana yo buscaba a mi nieto nacido en cautiverio. A partir de ese día busqué un niño rubio de ojos celestes que nació el 5 de diciembre del ‘76”.
Su día había comenzado en Ballester, donde residía –y aún lo hace–. Tomó el Tren Mitre hasta Retiro y desde la estación terminal un colectivo hasta Plaza de Mayo. Caminó desde allí hasta Avenida de Mayo al 700, donde funcionaba el espacio de la OEA para recolectar denuncias. No obstante, antes de llegar al final de la fila, un grito la detuvo.
–¡Delia!– escuchó proveniente desde un montón de gente. Era Erenia López Osorio, una vieja compañera de cuando, joven, residía en La Plata. Erenia tenía información crucial para Delia Giovanola y estaba yendo a declararla, pero se encontró antes con su destinataria. Le contó entonces que había hablado con Alicia Carminati, una ex-compañera de celda de Stella Maris Montesano, y le había contado sobre la fecha exacta y las condiciones del parto de Stella. Delia no recuerda nada más de aquel día. Ni siquiera sabe si llegó a ingresar a la oficina donde funcionaba la Comisión.
(Archivo ANCCOM ) Museo de la Memoria,ex ESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar (1976-1983).
Graciela Lois, representante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, tampoco recuerda exactamente la conversación que tuvo con la CIDH, pero sí puede volver a sentir la sensación de alivio y descanso que la invadió en el ‘79 cuando la Audiencia que tenía programada Familiares con la Comisión se llevó a cabo. Y es que los meses anteriores habían sido un verdadero caos. Graciela fue una de las impulsoras de la visita de la Comisión, para lo cual había recolectado –con Familiares– desde 1976 cartas de denuncias que enviaban a la sede de Estados Unidos. “Después vimos la necesidad de solicitar que la Comisión viniera aquí. Y esto se empezó a trabajar desde el 78. Esa visita se fue prolongando y finalmente vinieron en septiembre (del 79). Para esa época ya teníamos registrados más de 1100 casos”, declaró a ANCCOM, añadiendo luego que se había tomado el tiempo para armar estadísticas y gráficos según edad, sexo y profesión de los casos.
*Toc-toc, se escucha en la puerta de servicio.
Cuando Graciela y su compañera abren, se encuentran con un policía uniformado y un secretario de juzgado diciendo que tenían que revisar porque había una denuncia. “Se llevaron nuestros archivos, los testimonios de la gente. Así que antes de que viniera la CIDH tuvimos que correr y armar todo de nuevo. Hubo bastantes tropiezos antes de la llegada de la CIDH. Pero así todo logramos hacer una buena entrevistas”, agrega la representante de Familiares. Aquel organismo no fue el único allanado previo a la visita de la OEA. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga por los Derechos del Hombre también fueron intervenidos. Se buscaba desaparecer los documentos y acusar a los organismos de estar manejados por organizaciones guerrilleras, agregó Graciela Lois.
La falsa entrevista de Thelma Jara de Cabezas con la revista Para Tí también tuvo ese mismo propósito. El mismo día que la CIDH pisó Buenos Aires, la revista Para Ti publicó en su tapa un reportaje titulado “Habla la madre de un subversivo muerto” donde Thelma Jara de Cabezas desacreditaba las denuncias de las Madres. Previo al encuentro con los periodistas, le habían comprado un vestido y la habían llevado a la peluquería. Le hicieron incluso una sesión de fotos en Uruguay para disimular lo que Thelma realmente era: una detenida más del principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Así lo recuerda Carlos Muñoz, un compañero de detención de Thelma que se encontraba trabajando como mano de obra esclava en la ESMA. Él supo una semana antes que venía una Comisión de Derechos Humanos al país. “Al principio tuve muchas dudas, no sabía si era cierto, si era verdad. En algún momento dudamos de si no era una excusa y en realidad nos iban a matar a todos”, recordó en diálogo con ANCCOM. Finalmente, la madrugada del 30 de septiembre de 1979 los subieron a un vehículo militar y los llevaron hasta la Prefectura Naval del Tigre y desde allí en una lancha hasta la Isla El Silencio. “A los que estaban en Capucha los llevaron a la noche. Alrededor de ocho y diez compañeros no llegaron a la Isla -agregó- fueron en todo sentido trasladados”.
La Comisión permaneció en Argentina del 6 al 20 de septiembre de 1979. Durante su estadía recorrió los principales campos clandestinos de detención de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Rosario y las cárceles de Devoto, Caseros y Rawson. Realizaron además varias entrevistas con la Junta Militar y con los organismos de derechos humanos. Recolectaron 5580 denuncias de secuestros y desapariciones.
Tras un mes de aislamiento en El Silencio y posterior a la partida de la Comisión, a los detenidos los retornaron a la ESMA, que ya había sufrido modificaciones edilicias. Se había eliminado el ascensor que iba desde la planta baja hasta el segundo piso (los dormitorios de los oficiales) y se había cortado la escalera que llegaba desde Capucha hasta el Sótano. Las modificaciones tenían como propósito desacreditar los testimonios que ya habían llegado a manos de la CIDH. “Quisieron tapar el sol con una mano”, comentó Muñoz.
En aquel entonces, Carlos Muñoz trabajaba como mano de obra esclava falsificando documentos en la ESMA. No era esa la única labor que realizaban quienes estaban bajo esa condición. Algunos, por ejemplo, trabajaban en la imprenta realizando calcos: una bandera argentina de fondo con un registro en negro: “los argentinos somos derechos y humanos”.
El pasado 11 de agosto a Delia Giovanola, que a pesar de tener 93 años sigue yendo a votar, le tocó la mesa número 118. En diciembre del 2015 había recibido otra de esas noticias que nuclearon la totalidad de los recuerdos del día: Martín, su nieto, había aparecido, convirtiéndose en la restitución número 118. Ese día Martín recuperó su identidad. Ese día volvió a tener derechos.
A Carlos, hoy trabajador del Espacio Memoria y Derechos Humanos, el día de su llegada a la ESMA, le asignaron un número, el 261. Y lo llamaron así mientras estuvo en Capucha. No fue sino hasta el último día, que le concedieron la libertad, que el jefe del grupo de tareas le dijo “Bueno, Carlos”. “Ese día volví a ser Carlos”, recuerda. Ese día volvió a ser humano.
“Que la Comisión venga hoy me parece que reafirma el compromiso de la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la Constitución y de los básicos conceptos para poder vivir en democracia. Bienvenido reafirmar 40 años después la pelea contra toda dictadura”, sintetiza Carlos Muñoz.
Como hace cuarenta años, la CIDH arribará a Buenos Aires el 6 de septiembre y dará inicio a su agenda a las 10 de la mañana con la inauguración de una muestra temporaria en el Ex Centro Clandestino de la ESMA, que incluye testimonios, objetos y documentos de la visita del ´79. “El ocultamiento de la ESMA: La verdad se hace pública” podrá visitarse de martes a domingos entre las 10 y las 17.
(Archivo ANCCOM) Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Reclamo salarial de los trabajadores de Radio Del Plata. ARCHIVO: 19/07/2017.
Más de 50 trabajadores fueron despedidos de radio Del Plata, luego de que finalizara el período de conciliación obligatoria con el Grupo Electroingeniería, propietario de la emisora. El viernes último, al intentar ingresar a su lugar de trabajo, los cesanteados se encontraron en una lista y con el personal de seguridad que les prohibió el ingreso al edificio.
Los trabajadores de prensa continúan en una situación de crisis que parece agravarse cada vez más, en un contexto de despidos masivos tanto en el ámbito privado como en el público. Días antes nomás, la agencia estatal de noticias TÉLAM había despedido a 357 trabajadores. Ahora fue el turno de Radio Del Plata, que tras meses de espera y conflicto, la situación culminó con la desvinculación de más de 50 empleados, quienes constituyen el 45 por ciento del personal de la empresa.
“Entre los despedidos hay productores, operadores y columnistas”, comenta Andrea Landi, locutora de la radio. Si bien ella no fue despedida, se solidariza con sus compañeros y compañeras. “En estos momentos la situación es de paro total. Los despedidos fueron citados en un estudio de abogados para ‘negociar’ su propia indemnización, algo totalmente fuera de la ley. Nos adeudan casi cuatro meses de salario, no se realizan aportes y, desde hace dos meses, cobramos el 12,5 por ciento del salario por semana”, agrega Landi.
Esta vez, fueron más de 50 los despedidos.
Si bien el conflicto data de hace un tiempo, la empresa despidió en mayo pasado a 12 personas. El pasado 29 de mayo, el Ministerio de Trabajo dictó un período de concliciación obligatoria tras el cual, la empresa desvinculó a otros 38 trabajadores.
En diálogo con ANCCOM, Marcela Ojeda, columnista de Radio Del Plata, describe: “Trabajo en Del Plata desde hace 14 años. Hasta hace tres años era cronista los sábados, pero lentamente, aunque de manera predecible, dejaron de pagar taxis para poder movilizarnos, e incluso ya no querían pagar horas extras a los choferes de los móviles”. Ojeda explica cómo la empresa fue armando el escenario que concluyó en su despido: “Durante varios meses, y ante este look out patronal, fui a cumplir horario sin funciones. No se me permitía hacer mi trabajo. Ante esta realidad decidí plantear que quería que se me reubique o que vean la forma de darme tareas. Durante el último año hice una columna de género todos los martes en “La Tarde Del Plata”. Esto fue aceptado y coordinado por un gerente de programación. Hasta hace un mes que me llegó la carta documento despidiéndome con causa, de manera mentirosa y perversa, inventaron el motivo”.
Por su parte, Juan Francisco Sala, operador técnico de la radio, sostiene que “si bien ya hubo conciliación obligatoria, a los trabajadores se los volvió a echar. En un primer momento habían sido 12, después hace un mes, a otros 30, y gracias a que se dictó la conciliación fuimos reincorporados. Pero después me volvieron a echar. A excepción de un par de compañeros que no volvieron a desvincular, después echaron a todos y sumaron ocho más, o sea se fueron 38. En total, son 50 con los 12 anteriores. No hay ninguna chance de reincorporación, y lo más grave de todo es que tampoco nos aseguran la indemnización en tiempo y forma”. Y agrega: “La radio quiere hacer un ajuste, un vaciamiento, ya sea para terminar de mandarla a la quiebra o para venderla mucho más barata”.
El cordón policial en una protesta en julio del año pasado, convocada por los trabajadores por reclamos salariales.
Hasta el momento, los trabajadores de prensa se encuentran realizando un paro indeterminado y denuncian que “Radio Del Plata despide pero no indemniza”. A ello se suma la deuda del pago de salarios y la falta de aportes jubilatorios y de obra social. En un comunicado de prensa, los trabajadores de Del Plata repudian el despido a sus compañeros, al tiempo que responsabilizan a Osvaldo y Santiago Acosta, y a Gerardo y Sebastián Ferreyra, dueños de la empresa Electroingeniería, por las deudas. Por otra parte, consideraron que dichas maniobras son un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) sigue el conflicto de cerca y se suma al repudio por los despidos, tanto en Radio Del Plata, como en la Agencia Télam. “Denunciamos el ataque al libre ejercicio del periodismo, en sus dos expresiones más recientes: primero, en el vaciamiento y los despidos arbitrarios e ilegales en la agencia Télam, seguido por más de 50 despidos en Radio Del Plata. Hay tres mil periodistas menos en todo el país. Menos periodistas, menos información y menos libertad de expresión”, sostienen desde el sindicato.
