Feb 23, 2017 | Entrevistas
El sindicato de los bancarios logró obtener el aumento salarial de 24, 3% la semana pasada luego de programar un paro de 72 horas que se levantó una vez obtenido el arreglo. La medida sindical surgió porque el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había decidido no homologar el acuerdo entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias realizado en noviembre pasado, porque el Gobierno planteaba un máximo del 18% de aumento para las paritarias. El acuerdo inicial había sido entre las cámaras que nuclean el 80% del sector financiero, pero no habían participado de este las bancas internacionales, nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina.
La Asociación Bancaria, previo a tomar la medida de paro, accedió a la Justicia, que en enero pasado había resuelto por medio de una medida cautelar que se realizara el pago y estableció que el poder ejecutivo nacional no debía interferir en el acuerdo. El martes se difundió que el Gobierno busca realizar juicio político a los dos jueces que falllaron a favor de los bancarios.
Sergio Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria, la preside desde 2013 y lideró la solución del conflicto. En entrevista con ANCCOM analiza la escena actual.
El gobierno decidió hacer juicio político a los dos jueces que tomaron la cautelar para que no se pusiera límite a la negociación las paritarias. ¿Cómo se posiciona el sindicato frente esto?
En realidad la decisión del Gobierno es una insensatez jurídica. La cautelar fue una medida preventiva, no era la cuestión de fondo. Más aún cuando luego el arreglo termina siendo superior a la cautelar. Pero si esto se realizara, vamos a acompañar junto a otros sindicatos a los jueces cuando declaren. También si fuese necesario haremos una denuncia internacional. La medida del gobierno es temeraria. Implica un desconocimiento de la división de poderes, y obliga a pensar que es un gobierno autoritario.
¿Cómo considera que esto puede influir en negociaciones de otros sectores?
El gobierno busca amedrentar este tipo de medidas. Es un mensaje cuasi mafioso. Yo creo que luego de la lucha de bancarias ya no hay techo de 18% en cuatro cuotas como estableció la gobernadora Vidal en el caso de los estatales en Buenos Aires. Habrán acuerdos variables, pero por lo menos se logró sortear lo que se pretendía que fuera una pauta uniforme y que obviaba el sistema de paritarias argentino. El gran mérito de bancarias fue haber sostenido el sistema de paritarias como un sistema de negociación, y no como la imposición de una de ellas.
Se conoció que Cristina Kirchner le realizó una llamada telefónica luego del acuerdo para felicitar al sindicato. ¿Tiene alguna lectura política?
En los medios sólo trascendió la llamada de la expresidenta, pero también llamó el Socialismo, Sergio Massa, el triunvirato, Pablo Moyano y Carlos Melconian. Hay una intencionalidad en ciertos sectores de poder, entre ellos cierta parte del periodismo, de querer instalarnos en esa discusión política. Quienes ahora intentan ubicarme como un «radical cristinista» porque me llama Cristina, son los mismos que antes de decían que era un «radical cobista» cuando hacía paro en su gobierno, por ejemplo con los despidos en la Caja Popular de Tucumán por problemas de paritarias, o por el tema del impuesto a las ganancias, entre otros. Uno siempre está en el mismo lugar. Los políticos se arriman más o se separan de acuerdo a la posición que tengan en relación con las funciones del estado.
¿Cómo hace en su rol de dirigente de los trabajadores para salir las interpretaciones partidarias?
Tengo claro que mientras más cerca de mis compañeros estoy, más lejos del error. Eso ayuda a posicionarme y que los afiliados entiendan cuando hay una operación política. Podrán ponerme en un lugar o en otro, pero mis compañeros saben que fui por lo que me pidieron y que logré lo máximo que podía lograr.
¿Cómo es hoy la relación de la expresidenta con el sindicato?
Tengo un profundo respeto por ella como lo tengo por otros líderes de Estado. Sin duda es una referente política en la Argentina para un vasto sector de la sociedad. La he conocido más después de que dejó de ser presidenta. Antes criticaba más nuestra postura, una vez nos dirigió una cadena nacional para hablar de los bancarios y el impuesto a las ganancias. Bienvenido sea que hoy nos comprenda, al igual que otros dirigentes políticos que llamaron. Yo sigo estando donde siempre estuve, con el anterior gobierno y con el actual.
A lo largo de la historia se analizaron factores que han cumplido la función de columna vertebral para el ejercicio del poder de cada gobierno. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos peronistas, el sindicalismo. En el caso de un gobierno como el de Mauricio Macri, ¿cuál es la columna vertebral?
Sin duda es el establishment. El Estado argentino parece ser una gran empresa manejada por CEOs que administran lo público. Por eso tantos intereses encontrados entre lo público y lo privado, como el caso del correo que se conoció recientemente y muchas otras medidas. Un gobierno que le pone techo a las paritarias, pero no a la suba de los precios de los supermercados es un modelo que tiende a favorecer a los sectores concentrados. Es un gobierno de ricos que gobierna y legisla para ricos.
¿Cómo afecta entonces en el gobierno el desacuerdo con los sindicatos?
Yo creo que son todos efectos negativos. La sociedad va interpretando cada vez más su forma de gobernar. Habían generado cierta esperanza en algún momento, en algún sector de la sociedad como la clase media, y por eso llegó a ser presidente. Hoy en día es la clase más afectada.
Hay un desacuerdo latente todavía, el proyecto de que las farmacias y supermercados tengan funciones bancarias, como abrir cuentas, entre otras cosas. ¿Cómo los afecta? ¿En qué situación se encuentra el proyecto?
El proyecto no se termina de cerrar porque hay una fuerte resistencia nuestra. No sólo por la flexibilización laboral que implica para el sector, sino también porque se pierden determinados controles que sirven para evitar el lavado de dinero. Un trabajador que está en la farmacia o el supermercado no está especializado en controles, y además no puede estar abriendo una caja de ahorro mientras está cobrando un carrito de supermercado, porque algo se le va a pasar de su atención. Es un riesgo muy alto.
¿Cuál es la postura del sindicato frente a la plataforma digital que permite la venta y compra de billetes de un banco a otro, sin la intervención del Banco Central (BCRA)?
Es una operación entre privados que genera pérdida de puestos de trabajo y mayores costos a los clientes. La plataforma funciona de la siguiente manera: si alguien tiene dinero ahorrado en billetes de 10 pesos y los quiere cambiar, otro banco se los cambia, pero considerando cada billete a 9,95 pesos, por ejemplo. Están comprando y vendiendo plata entre privados. Antes si había excedentes o faltantes se recurría al BCRA. La nueva operación genera pérdida de valor en la moneda.
¿Cómo es que el sindicato bancario se convirtió en uno de los más combativos, considerando que se compone en su mayoría de la clase media?
La resistencia sindical en la historia del sindicalismo siempre vino por los sindicatos que estuvieran en mejores condiciones. Por un lado, es una responsabilidad social. Por el otro, hay más probabilidades de éxito en la lucha. A un trabajador de un sindicato pequeño se le hace más difícil. No porque las convicciones sean distintas, sino porque al ser chico el sindicato no tiene el poder de fuerza. Además, un día de descuento por paro hace que quizás no pueda llevar un plato de comida a su casa. Para dar un ejemplo, el Cordobazo en 1969 surgió del sindicato de Luz y Fuerza. Julio Anguita, el presidente del Partido Comunista español ha dicho una vez que la revolución siempre se hace con la panza llena, porque el que no la tiene piensa en otras necesidades. Por eso generalmente los sindicatos con mayor poder adquisitivo y mayor poder tienen una responsabilidad mayor.
¿Cómo se genera consenso dentro de un sindicato donde muchos votaron al gobierno de Mauricio Macri?
Con un discurso transparente y mucho debate. Este sindicato es la más acabada expresión de la clase media argentina, por la variedad y crisol ideológica de cada uno de sus afiliados. La clase media argentina suele ser bastante espasmódica, reacciona cuando ve afectados sus intereses, y muchas veces no lo hace cuando le sucede al resto de la gente en el país. El bancario está cambiando mucho. Mira lo que le pasa a los demás trabajadores. Eso tiene que ver mucho con el discurso del sindicato, que es muy amplio, que busca no sólo cuidar los puestos dentro del sistema financiero, sino también afuera. Porque cuando caen afuera hay consecuencias adentro. Si hay menos trabajadores, hay menos cuentas sueldos, se entregan menos préstamos, va a haber problemas en las tarifas de créditos, etc. La caída tarde o temprano termina afectando. Por eso hemos logrado que el trabajador bancario se haga solidario de las luchas.
Desde su postura radical, ¿cómo ve el accionar de su partido dentro del gobierno actual?
No comparto que estén formando parte de una propuesta de derecha que no respeta las instituciones, cómo es el claro ejemplo de la decisión de hacer juicio político hacia los jueces. El Gobierno está avanzando en una flexibilización laboral que es muy parecida a los años noventa. En esos años las pasantías, programas de primeros empleos, las quitas de cargas sociales a las empresas crearon la tasa de desocupación más alta de la Argentina y la precarización laboral de quienes ya tenían empleo. Ni yo, ni el sindicato compartimos el proceso de flexibilización laboral que pretende llevar el Gobierno actual.
¿Cómo vislumbra el escenario político para las elecciones de octubre?
La tarea del sector político argentino tiene que ser construir un espacio político donde converja, independientemente del origen partidario, una propuesta que contravenga con la actual, a través de un referente que genere esperanza. Porque sino, el descontento a Macri termina en el «que se vayan todos» del año 2001. Se debe volcar esto a la política misma, para generar cambios a través de esta.
Actualizada 23/02/2017
Feb 15, 2017 | Comunidad
Margarita Meira estaba sentada tomando mate, rodeada de esos diminutos volantes que se ven pegados en las paradas de colectivos y en los tachos de basura, papelitos que esta vez tenían nombre y apellido, fechas de desaparición, y algunos de ellos, de fallecimiento. Todas chicas desaparecidas para ser prostituídas.
En Santiago del Estero 1662 funciona el espacio de la Asociación Madres Víctimas de Trata, junto a los volantes había mapas con las zonas marcadas de los secuestros y prostíbulos de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio que lucha contra la trata en pleno corazón del barrio de Constitución, ese pequeño lugar que Margarita comparte su tiempo con otro destino, el comedor Madres de Constitución ubicado a la vuelta, en el pasaje Ciudadela 1249. No hay hora ni minuto que no piense en su hija, y en ayudar a otras madres que estén pasando por lo mismo.
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¿Por qué formas parte de Madres Víctimas de Trata?
Yo soy mamá de Susi, desaparecida en 1991. Hace 24 años no se hablaba de trata, no había celulares y era muy poca la gente que tenía un teléfono de línea. Tuve que caminar muchísimo, estando embarazada de mi último hijo. Caminé muchísimo, conocí todo, llegué a la presidencia, a la SIDE, llegué a entender cómo funciona un Estado. Hace 24 años que pido justicia.
En cuanto a mi caso, mi hija ya está muerta, pero espero que mi experiencia ayude a que se haga justicia por las demás. Somos 15 madres, las nuevas Madres de Plaza de Mayo: estamos dando la vuelta a la pirámide el tercer viernes de cada mes pidiendo el cierre inmediato de los prostíbulos. Me acuerdo que cuando tenía 20 años desapareció una chica de apellido Penjerek y me quedó muy grabado eso ¿Cómo puede desaparecer una piba?, decía. Hace 40 años no me entraban en la cabeza estas cosas. Cuando me pasó a mi, no lo podía creer. No entendía, nadie hablaba de trata.
Contame sobre el caso de tu hija.
Se llamaba Susana Becket y era estudiante, de 16 años, todavía no había cumplido 17. Un día Luis Rafael Olivera la engaña seduciendola y se hace pasar por el novio. En la SIDE me dijeron que iban a encontrar a mi hija, yo me ponía contenta de a ratos, pero después como no aparecía, seguía caminando y buscando. Mi marido perdió su trabajo y empezó a trabajar de taxista, y una noche me avisa que Susi tuvo un accidente y que estaba en la comisaría quinta.
¿Cuánto tiempo después de su desaparición?
Al año más o menos. Cuando llego a la comisaría me entero que había fallecido. Tuve que mentir cuando la policía me preguntó cómo me había enterado, tenía miedo que no me dieran el cuerpo y no la pudiera enterrar. No les quise decir que me enteré por mi marido, por un taxista amigo que llevaba frecuentemente al asesino de mi hija como pasajero. También me habían contado que mi hija estaba en Shampoo y en Cocodrilo. En ese entonces Gabriel Conde regenteaba Shampoo, y Cocodrilo estaba vinculado a Raúl Martins, agente de la SIDE. Yo qué iba a saber que cuando en la SIDE me decían que me iban a encontrar a Susi, eran ellos los que la tenían secuestrada en su prostíbulo.
Esos lugares siguieron funcionando…
Totalmente. En 2002, cuando desaparece Marita Verón, yo venía buscando a mi hija hace 10 años. Nunca conseguí justicia. La muerte de mi hija “era dudosa” y nadie fue declarado culpable. Ni siquiera hubo procesados. Apareció muerta en un departamento, le habían dejado el gas prendido…Su causa prescribió.
¿Cómo sobrellevaron el caso de Susana vos y tu familia?
En su momento para hacer un juicio tuve que esperar un tiempo, tenía que cuidar a mi bebé y a Guadalupe que tenía 5 años. Al más grande que tenía 13 no le di bolilla pensando que ya estaba crecido y no le iba a afectar. Y es el que más está afectado hasta el día de hoy. Los más chiquitos ni se dieron cuenta aparentemente. Yo soy viuda del papá de Susi y mi actual pareja crió a mi hijo más grande desde los dos años. Él decidió estudiar Derecho para entender un poco mejor todo lo que nos estaba pasando.
En ese momento aún no se había sancionado la Ley 26.364, en el año 2008, sobre la explotación y trata de personas ¿Sigue existiendo un vacío legal?
En esta lucha mi marido logró recibirse y pudimos ver mejor todos los agujeros que tiene la Ley. Cuando se hizo el borrador y su posterior tratamiento no nos dejaron participar. Si vos no tenés una hija desaparecida, no vas a hablar el mismo idioma que yo. Es nuestra lucha, pero hay mucho vacío legal y falta corregir la Ley. Por ejemplo, estamos pidiendo un banco para las huellas dactilares de los entierros NN. A Maida Natalí Castro la encontramos después de largo tiempo y había sido enterrada como NN porque los fiscales no hacen su trabajo. No sé para qué dejamos las huellas dactilares en el DNI si cuando nos encuentran muertas no nos investigan.
Siempre estuviste cerca de las luchas sociales, ¿es verdad que pusiste un comedor pensando que sería una situación momentánea y no pudiste cerrarlo hasta hoy?
En 1988 había mucha gente pedía comida y pensamos poner un comedor comunitario hasta que la situación mejorara un poco. Pero luego de la desaparición de mi hija yo también me quedé sin trabajo y empecé a trabajar como vendedora ambulante, pero gracias al comedor no pasé hambre y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy. Sobre todo para ayudar a otras madres. Porque cuando uno pierde una hija, pierde el trabajo, pierde todo, no tiene para comer.
¿Cómo definirías la trata de personas?
Cuando hablamos de víctimas de trata, nadie habla del prostíbulo. La trata es un prostíbulo donde tienen a las pibas secuestradas y violadas por más de 30 hombres por día y luego asesinadas porque no las pueden dejar libres. Eso es la trata de personas, no me vengan con que la trata de personas es el secuestro, el traslado, y demás: la trata es un prostíbulo con pibas secuestradas y violadas por más de 30 hombres por día, y hasta 60 hombres como dijo Elena Moncada.
¿Qué le exigen al Estado como asociación?
Las 15 madres nos vamos a presentar en todos los despachos de los funcionarios que son responsables de este delito aberrante y le vamos a exigir justicia. Además del banco de huellas dactilares, estamos pidiendo abogados querellantes para las víctimas y ayuda económica. Pedimos que el delito de trata sea de lesa humanidad. El Estado es proxeneta y es cómplice. Tenemos el ejemplo de Tierra del Fuego: Condorito Muñoz tiene 30 prostíbulos y nadie investiga dónde tiene la plata, tiene millones y nunca trabaja. La ciudad de Buenos Aires tiene 1200 prostíbulos y cualquiera puede ver, está inundado de papelitos de la trata. Esos papelitos no son cualquier cosa, son trata de personas. Cuando nosotras denunciamos que las fotos de las chicas que estaban en esos papelitos eran de chicas desaparecidas cometimos un error porque ahora las sacaron y ponen dibujitos para que no las podamos identificar.
Parece difícil exigirle al Estado que solucione algo de lo que es cómplice…
El Estado es cómplice porque cuando rescatamos a Soledad Pedraza, lo primero que hizo fue mostrarnos la página web del prostíbulo donde estuvo y nos señaló todas las pibas que estuvieron secuestradas con ella. Digo que el Estado es cómplice porque cuando unos chicos dijeron que iban a matar al Presidente, les allanaron la casa y les revisaron todo, ¿cómo no pueden ubicar esos prostíbulos de las páginas de Internet? No vamos a seguir permitiendo este Estado cómplice y proxeneta.
¿Para qué querés que sirva el caso de tu hija?
Para ayudar a los demás. La trata es un negocio millonario, es trata y droga; trata y armas. Y eso de que me digan que en todo el mundo pasa, a mi no me tranquiliza, yo quiero arreglar mi país después iré por otros países pero primero acá. Falta mucho, dentro de todo lo que nos estamos esforzando y luchando, falta mucho.
Ene 31, 2017 | Comunidad
Un detonante en el medio de la noche. Fuego. Las casas temblaron y un vehículo ardió en llamas, alterando la quietud del vecindario. “Ya son varios en lo que va del año”, aclarará luego Elvira―la intérprete principal de este lugar― sin inmutarse. Instalado desde hace décadas a orillas del Río de la Plata, el barrio Ribera de Bernal se erige como un espacio semirrural habitado por trescientas personas que pasan sus días entre humedales, caminos serpenteantes de tierra y descampados. El río y la vegetación se vuelven protagonistas de este territorio olvidado del Conurbano Sur que se extiende desde la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta la zona costera, y que limita con un predio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y el bosque nativo. Del otro lado de la carretera aparece la papelera Smurfit Kappa, instalada desde 2012. Sauces y viviendas espaciadas decoran esta atmósfera verde en la que los nenes corretean y los adultos toman mate hasta tarde. Pareciera la combinación perfecta, si no fuera por la irrupción de toneladas de desperdicios que llegaron para quedarse.
A los costados de la Avenida Espora, la vía principal de acceso al barrio y la única que se encuentra pavimentada, cientos de montañas de recipientes plásticos disputan su lugar entre tantos otros residuos y perros que revolotean entre la basura. El modus operandi es siempre el mismo: los volquetes aparecen, descargan rápido y se van. A la vista de todos. Pañales, ramas y neumáticos, de un lado; escombros y restos de la construcción, del otro. Día a día, las tierras fiscales de las que nadie habla se llenan de intrusos que contaminan el terreno. Ni hablar de los esqueletos de cuatro ruedas que adornan el bosque o de los cadáveres humanos que, según los vecinos, aparecen cuando cae el sol:
―Vienen acá a tirar los cuerpos porque saben que, tarde o temprano, se los va a llevar el río ―cuenta, como al pasar, Eva, una señora canosa de unos sesenta años que reside en la región hace 35 años. Se niega a seguir hablando y se aleja rápido, con fastidio.
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Elvira Rolando Guillermo agradece a todos los dioses el momento en que su exmarido le propuso mudarse a La Ribera, como llaman los vecinos al barrio. Tenía 15 años, no estaba muy convencida. Hoy tiene 36, se separó hace tiempo, tuvo cuatro chicos y es una de las pobladoras más antiguas del lugar. Ahora está terminando la primaria en una escuela para adultos y trabaja dos días a la semana en un frigorífico de Quilmes. Los movimientos de Elvira funcionan como alegoría casi perfecta de los litoraleños: camina despacio, con parsimonia, como si cargara en su espalda con años de experiencias y luchas. Parece tímida, cauta. Esquiva un morro de cascotes con gran habilidad. Señala su casa y, sonrisa mediante, explica que varios voluntarios le están dando una mano para arreglarla: “Ahora están con la cocina”. Prefiere conversar enfrente de su vivienda, lejos del bullicio del taladro, en la construcción que hace las veces de Asociación Civil del barrio y que funciona desde hace seis años en La Ribera.
Elvira lleva en su cuerpo las marcas del tiempo y las coyunturas del espacio: el semblante tostado, áspero y tirante, atravesado por escamas; los ojos pequeños, precavidos después de tantas promesas sin cumplir; una hilera de dientes gastados y desatendidos. Y sus manos. Esas manos formidables que ―abrazadas por encima de la mesa de madera― son el reflejo de su día a día, de su ir y venir, de cargar y descargar materiales, de amasar pan desde las seis de la mañana. Elvira cuenta que cuando llegó, allá por los noventa, el lugar se parecía más a una parcela de cultivo que a un centro habitable. La planta de AySA ya estaba, la autopista era un montón de tierra, las calles estaban limpias y eran de piedra:
―Ahora esto es otra cosa ―aclara―. Ahora tenemos agua potable y luz. Pero antes no, no había nada, no había más que pampa. Éramos cinco familias nomás.
El territorio, según ella, creció muchísimo desde hace dos años. Las trescientas personas identificadas en el último censo de 2010 se multiplicaron a partir de entonces. Fue en ese momento cuando ganaron la batalla del agua ―teniendo una planta potabilizadora al lado desde hace más de veinte años― y consiguieron, a duras penas, que la municipalidad dispusiera tres contenedores de basura sobre Espora. Ahora son dos: hace tres meses desapareció uno y nunca volvió. La instalación eléctrica corrió por cuenta de los vecinos. “Hicimos lo que pudimos”. Todavía no tienen gas, tampoco desagües cloacales. Ni siquiera instituciones o comercios. Durante unos años funcionó en el barrio una Biblioteca Popular: sucumbió. Ahora apenas poseen la Asociación Civil, un par de despensas y algunos almacenes. Aunque Elvira y la mayoría de los vecinos prefieren comprar todo “allá arriba” porque es más barato. Sube uno, compra al por mayor y luego reparte entre el resto.
Abajo y arriba, acá y allá, nosotros y ellos, bajar y subir. Los adverbios se inmiscuyen todo el tiempo en su relato: cuando menciona los tres o cuatro viajes que hace cuesta arriba para llevar y buscar a los chicos del colegio los días en que no viene el colectivo, cuando atribuye la contaminación de su barrio a los de afuera, cuando cuestiona el desinterés de las autoridades. Como si hubiera dos mundos, como si la autopista funcionara como una frontera infranqueable entre dos realidades contrapuestas e incompatibles.
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Los sauces, al borde del río, se mecen con el viento. Al igual que las tiras de plástico y de papel que asoman por encima de los troncos y juegan entre las ramas. Las botellas que trae el reflujo se acumulan en la orilla. Un perro negro con el pelo duro husmea alrededor de la basura y agarra una ojota. Cien metros más adentro comienzan a asomar las viviendas. Algunas fueron edificadas en altura, otras parecieran desafiar a la naturaleza. Las crecidas son moneda corriente en La Ribera. Nadie evacúa. Aunque tiemblen las casas y las olas del Río de la Plata maltraten las paredes, todos se atrincheran hasta que pase el mal trago. Una vez que cesa solo queda empezar de nuevo. “La última inundación ―reflexiona Elvira― fue hace un mes, más o menos. Esa vez los bomberos trajeron un gomón y se acercaron a ayudar a la gente”.
―¿Qué tan difícil es convivir con el río?
―Te acostumbrás ―explica Elvira―. Al principio cuesta porque plantás algo y te lo lleva. Pero ya todo el mundo sabe que tenés que levantar todo siempre. Y cuando vemos que se viene el río nos metemos todos adentro. A esperar que baje.
En enero de este año el Río de la Plata se pobló de camalotes que aparecieron como consecuencia de las crecidas del río Uruguay: la costanera se tiñó de verde y cientos de especies animales ―arañas, nutrias, lagartos, culebras y serpientes― invadieron el lugar. Las autoridades del partido de Quilmes decidieron, entonces, restringir el acceso al río, desplegar efectivos y concientizar a los vecinos sobre los riesgos de meterse al agua y entrar en contacto con esta fauna silvestre. A diferencia de la ribera quilmeña, en la de Bernal los vecinos aseguran que las medidas de precaución fueron escasas. Aunque la presencia de los guardavidas fue incondicional, el vallado policial a la altura de la autopista ―que permitía el paso únicamente a los residentes de La Ribera― duró pocos días. Las cintas de polietileno instaladas entre los troncos de los árboles para señalizar el peligro tampoco lograron su cometido: las veces que no fueron arrebatadas por la marea sirvieron a los nenes como red de los partidos de fútbol-tenis. El contacto entre los niños del barrio y las culebras era inevitable. ¿Cómo exigirle a los más chicos, a esa generación que nació y creció entre insectos, pantanos y matorrales, que no se acercaran al río y jugaran con los animales?
La cruzada, sin embargo, no es contra el río y la basura que sus aguas arrastran sino contra la mano del hombre y la apatía de las autoridades, una lucha constante ante el relleno de los humedales en la que intervienen ambientalistas, organizaciones sociales y muchos habitantes de la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Aunque por ordenanza municipal fue declarada Reserva Natural ―dos veces, en 1996 y en 2002―, en la práctica la ribera de Bernal dista de ser un área ecológica protegida con fines de conservación. La riqueza de su diversidad biológica y la importancia que los humedales cumplen al interior del medioambiente no impiden que los camiones vuelquen sus desechos en la zona costera. Encargados ―entre otras cosas― de filtrar el agua y controlar las inundaciones, los humedales de Bernal son responsables directos de que, en épocas de sudestada, el río no llegue hasta el espacio urbano. “El año pasado―recuerda Elvira― el agua entró hasta las casas de Villa Alcira”. Ubicado justo del otro lado de la autopista, ese barrio bernalense padece desde hace décadas problemas de inundaciones a causa de la falta de mantenimiento de los canales. El relleno de los humedales, en este contexto, no hizo otra cosa que agravar la situación.
La indiferencia de la intendencia de Quilmes encabezada por Martiniano Molina ―que ni en el sitio institucional ni en el Boletín Oficial anuncia algún tipo de proyecto para mejorar la región― no contribuye a aliviar la situación. En 2012, Diego Buffone (en ese momento concejal por la Coalición Cívica de Quilmes y, desde la asunción de Molina, subsecretario de Participación Ciudadana) se autoproclamaba el logro de haber conseguido para La Ribera atención médica gratuita y regular en la Biblioteca Popular. “No podemos entender cómo un barrio con las características de aislamiento que tiene Ribera de Bernal no posea una posta sanitaria permanente”, exclamaba en el portal de noticias de su sitio web oficial, criticando la gestión del municipio a cargo de Francisco “Barba” Gutierrez. A fin de ese año la Biblioteca cerró sus puertas, y el trofeo de Buffone se extinguió tan rápido como surgió. Incluso Smurfit Kappa, empresa transnacional de origen irlandés que se dedica a la fabricación de cajas de cartón corrugado, estuvo en el ojo de la tormenta desde que arribó a Bernal en 2012: organizaciones ecologistas denunciaron a la papelera por contaminar la ribera a través del canal de efluentes que desemboca en las aguas del río. La acusación se perdió entre expedientes y papeleos burocráticos pero una caminata por la orilla basta para observar cómo la pasta blanca de celulosa ha ido impregnándose en toda la superficie que rodea al conducto.
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Una vieja creencia que circula entre los pobladores de La Ribera cuenta que en el lugar se esconde una maldición. Una enfermedad que se propaga entre los visitantes que arriban a las costas del río. Una peste endémica que afecta los cinco sentidos y que obnubila el juicio crítico: el llamado Mal del Sauce. Según la leyenda, la brisa del sudeste y el atractivo de las aguas que bañan la orilla hipnotizan a los desconocidos y los obligan a volver. El aroma de las plantas, los sonidos de la naturaleza, los paseos en lancha, las caminatas al atardecer. Las sensaciones que experimentan no les permiten pensar en otra cosa y, ante ese impedimento de regresar, la nostalgia se vuelve una constante ineludible en sus vidas. Así fue como muchos terminaron instalándose en el barrio.
―¡El famoso Mal del Sauce!―exclama Elvira, conteniendo la risa, cuando devela el misterio.
Las palabras salen a borbotones de su boca: “Es ese enamoramiento que sienten los que vienen que hace que no te vayas nunca más”. Elvira menciona que una vez estuvo a punto de irse, cuando se separó, pero que luego se arrepintió. Girando la cabeza de un lado a otro, asegura que no podría vivir fuera de La Ribera y que la tranquilidad que sienten ella y sus hijos cuando amanece no la podría conseguir en otro lado. “El aire libre, correr, jugar en la calle. Acá los chicos son libres, felices”. Ella, mejor que nadie, comprende de qué se trata el Mal del Sauce. Lo padece desde hace 21 años.
En verano el paisaje se llena de colores, pájaros y movimiento: cientos de personas, en su mayoría residentes del Conurbano Sur, se acercan al balneario a pasar el día y apuestan a volverse con algún bagre o tararira al terminar la jornada. Eligen la ribera de Bernal porque es menos concurrida que la de Quilmes. Más tranquila. Lo que pareciera ser un incentivo a la difusión de los problemas locales se convierte en un dolor de cabeza para muchos pobladores del barrio. Según Elvira, en el período estival las calles se convierten en un desfiladero de autos y de “gente que viene de arriba” a jugar picadas y aprender a manejar sobre Espora. Como si no tuvieran suficientes dificultades, a los escombros y neumáticos de larga data se le suman las sobras de los picnics y las redes de pesca que quedan flotando sobre las márgenes del río. Las altas temperaturas, para colmo, se encargan de descomponer los desperdicios y el olor nauseabundo permanece después de que los visitantes se retiran. Elvira rezonga. Toma aire y exhala un suspiro que queda flotando en las paredes de madera de la Asociación. No generaliza, reniega únicamente contra los que ensucian su amada ribera y ponen en peligro la seguridad de los chicos:
―En verano nosotros no los dejamos a los nenes ir para allá, porque hay muchos carros y gente chupada.
El patrón se repite: al igual que con las crecidas del río, hay que resguardarse y esperar que pase el temblor.
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El patrullero no se acerca a La Ribera. Tampoco los bomberos y las ambulancias. Casi nunca. Hasta los taxistas desconfían. Como si una divisoria infranqueable separara a la costa del espacio urbano. Pareciera que más allá de la autopista el radar de los prejuicios detectara inseguridad y peligro de vida. “Los hechos de violencia ―afirma una Elvira mucho más suelta y risueña― vienen de la gente de afuera. Llegan, tiran los autos, los queman y se van. Pasa siempre”. Las familias están acostumbradas a cargar con el estigma del barrio. “Antes eran más seguido, desde que tenemos luz y somos más se escuchan menos casos”. Según Elvira, no solo conviven con la combustión de vehículos y con los perros que les tiran sobre Espora, sino también con los delincuentes que se ocultan en los descampados para escapar de la policía, con víctimas de secuestros que son liberadas en el predio, con el cementerio de cuerpos que bordea la zona costera.
A pesar de la convicción con la que los vecinos formulan sus afirmaciones, ni los medios locales ni los de mayor difusión se hicieron eco de los crímenes narrados. En la ribera quilmeña, la secuencia de arrebatos, violaciones y muertes logró salir a la luz, pero nada se ha dicho aun de la violencia de Bernal. Tampoco hay información en las comisarías o en la sede de la Municipalidad. Nada que corrobore el relato de los vecinos. Nada que explique el motivo por el cual no se divulgan estos episodios alarmantes. Leyenda o no, folklore popular o negligencia institucional, el discurso al interior del barrio es siempre el mismo. Insisten en que el aislamiento favorece la intromisión de bandidos, y que tuvieron que habituarse a convivir con eso. Dicen que aprendieron, entre otras cosas, a lidiar con cadáveres y cuerpos mutilados que son abandonados en los humedales a la espera de que el río haga lo suyo:
―A Eva un bombero le enseñó que tiene que atarle los pies a los muertos, para que no se hundan y floten, y así pueden reconocerlos después ―cuenta Elvira, fascinada, y relata una serie de casos macabros que se sucedieron en el tiempo.
Desde afuera, cualquiera pensaría que todo está a punto de colapsar. Que La Ribera es tierra de nadie, sin instituciones abocadas a velar por la seguridad y el orden. Sin atención médica ni transportes. Pero el foráneo ignora que hay una especie de trama invisible que se esconde entre los pobladores de estas tierras. Ante el olvido del Estado, son los mismos vecinos los que cargan con la obligación de hacer que las cosas funcionen: Elvira recuerda la seguidilla de mujeres que parieron en sus casas, con ayuda de los demás. O esa vez que Susana tuvo dengue, y entre todos la acompañaron hasta que se recuperó. En 2008, con el apoyo decisivo de los asambleístas, también lograron impedir el desarrollo de un megaemprendimiento de Techint en la ribera. La unidad, la pertenencia y la identidad colectiva configuran el trasfondo común de todos los casos que Elvira menciona. A fuerza de golpear puertas consiguieron que el colectivo 324 entrara al barrio dos veces al día, a la hora de llevar y traer a los chicos del colegio, aunque el recorrido es irregular y, a veces, pasa de largo. “Es una lucha constante. Se olvidaron que somos gente”.
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El tiempo avanza pero las aspiraciones y sueños de los vecinos se mantienen intactos: necesitan que sus voces sean escuchadas, que sus problemáticas sean atendidas y que el territorio que habitan no sea invisible a la cartografía urbana de Quilmes. De Francisco “Barba” Gutierrez a Martiniano Molina, de las filas kirchneristas a las macristas, las promesas de campaña que suelen inundar la región se desvanecen no bien culmina el proceso electoral. El auspicioso cambio que pregonaba el oficialismo como eslogan político no arribó aun a Bernal. Pasó de largo. Se lo llevó la autopista. A pesar de todo, los habitantes de La Ribera no se resignan y mantienen firme su reclamo por erradicar la contaminación ambiental y lograr mejoras en sus condiciones de vida, sosteniéndose en el apoyo continuo de sus voluntarios y las donaciones que juntan de festivales que realizan una vez por año. La ilusión de vivir mejor no se apaga. Sigue viva; como el agua de la marea que se filtra entre las personas; como las llamas que fagocitan a esos autos abandonados que, de tanto en tanto, frecuentan el lugar.
30/01/2017
Ene 25, 2017 | Géneros
Los clasificados del diario, bolsas de empleo online, el “boca a boca” y las recomendaciones y referencias, las entrevistas. Levantarse temprano, vestirse con lo mejor del placard, tomar dos colectivos y un tren, las reuniones con los encargados de recursos humanos, la negativa y el rechazo. Conseguir trabajo en el contexto socioeconómico actual del país, con políticas de ajuste y de desregulación de los mercados, no parece sencillo. Y para el colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transgénero (LGBT) parece aún más difícil. El rol que asume el Estado se torna central en esta cuestión.
Julieta Calderón, integrante del equipo de consultorías de la Defensoría LGBT y militante de los derechos de la diversidad, afirma que “con respecto al gobierno, no conocemos ninguna medida concreta para la inserción laboral de personas trans”. La Defensoría LGBT se creó en noviembre de 2014 mediante un convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT). El objetivo principal de este espacio consiste en atender los casos de violación de derechos humanos de la población LGBT. Funciona como un centro de asesoramiento integral que recepta reclamos y denuncias, articulando con las distintas áreas y recursos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Calderón agrega que “en la gestión anterior se había implementado una especie de subsidio para la formación profesional, desde el Área de Trabajo y Diversidad Sexual del Ministerio de Trabajo, pero hoy no funciona. De todas maneras, aclaró, “no fue muy efectiva aquella medida porque el monto era muy bajo -250 pesos aproximadamente- y tampoco se daba en un marco integral de inserción laboral”.
Por su parte, Juan María Furnari, de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo de dicho Ministerio sostuvo: “Existe una continuidad de las políticas públicas en general y sobre el colectivo trans en particular”, a lo que Santiago Fernández Cosimano, director de Prensa y Comunicaciones del Ministerio agregó que “todas las políticas de género e inclusión continúan y están siendo reforzadas”.
Sin embargo, ninguno hizo referencia a la resolución que mencionó Calderón, la N° 331, firmada por el entonces ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carlos Tomada, y publicada en el Boletín Oficial del 7 de mayo de 2013, que en su artículo primero extiende “la cobertura prevista por el seguro de capacitación y empleo, instituido por el Decreto Nº 336/06, a personas en situación de desempleo cuya identidad de género, en los términos del artículo 2° de la Ley Nº 26.743, no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento”. Tampoco especificaron cuáles son las políticas concretas que actualmente se llevan a cabo para establecer un acuerdo de planificación laboral y social.
“Desde el Ministerio no se está llevando a cabo ninguna propuesta en función a la inserción laboral de las compañeras. Hay un retroceso en términos de vaciamiento de políticas públicas donde los ajustes, los tarifazos y las políticas neoliberales también impactan de manera arrolladora sobre la comunidad trans”, afirmó Claudia Vásquez Haro, primera mujer trans migrante en recibir el DNI. “No hay ninguna política pública para la comunidad trans, no solo en la cuestión laboral, sino tampoco en función de la salud y los procesos de hormonización, cirugías parciales o totales; han sido vaciadas, dadas de baja, porque eso funcionaba a través del programa de educación sexual y procreación responsable”, asegura la referente.
Por su parte, Calderón sostiene que una nueva legislación sobre actos discriminatorios es esencial para mejorar la situación de la comunidad. Una ley de cupo laboral trans a nivel nacional también es considerada necesaria para mejorar la situación de la comunidad ya que es el sector más excluido del mundo del trabajo.
Calderón manifiesta también mucha preocupación con respecto al papel y rol de los medios masivos de comunicación y de la sociedad civil: “Esto no excluye la posibilidad de generar movilizaciones o acciones públicas para concientizar y dar información al respecto. Los medios de comunicación y las redes sociales también son herramientas importantes para exigir el cumplimiento de las medidas logradas”.
Mucho ruido y pocas leyes
La Ley provincial de cupo trans (N°14.783) aprobada el 17 de septiembre de 2015, establece en su artículo 1º que “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público” y rige tanto para el Estado Provincial como para “sus organismos descentralizados, las empresas estatales, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos”.
Claudia Vásquez Haro afirma: «Los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos». Al hablar sobre la ley de cupo trans, se llena de orgullo y sostiene que es una norma única en el mundo. Es la primera y la única con estas características.
En su informe sobre la Argentina, la ONU destacó como positiva la sanción de esta ley. En las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina del Comité de Derechos Humanos aparece nombrada: «El Comité acoge con satisfacción las siguientes medidas legislativas y de otra índole adoptadas por el Estado parte: (…) Adopción de la Ley de cupo laboral de personas travestis, transexuales y transgénero de la provincia de Buenos Aires (Ley Nro. 14.783), en 2015″.
Sin embargo, la norma todavía está en proceso de reglamentación, por lo que aún no está implementada. Recién en julio del año pasado, la provincia de Buenos Aires comenzó con el proceso de reglamentación en una reunión de la que participaron distintas organizaciones junto con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Santiago Cantón. “Resta coordinar aspectos técnicos, como la definición de idoneidad que da la ley o cómo interpretar la calificación de persona trans”, declaró el funcionario en un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600 mil. Por eso se estima que la ley de cupo trans debería garantizar empleo a unas seis mil personas. Cantón afirmó a través del mismo informe: “Se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 en los próximos meses». El paso a seguir es la articulación con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en su instrumentación, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas.
La ley de cupo en cada jurisdicción
Hay municipios -como Morón, Lanús, Campana y San Miguel- que ya adhirieron en forma particular a la ley provincial porque, si bien la normativa incluye a los municipios dentro de su área de aplicación, su implementación a nivel local exige la ratificación por parte de cada Concejo Deliberante.
En el caso de los municipios bonaerenses, a pesar de haber adherido a la ley, aún no pueden implementarla porque no está reglamentada a nivel provincial. Pero el hecho de que varias jurisdicciones hayan adherido, esperanza a la comunidad trans en la celeridad de la implementación. Asimismo, en Morón y Lanús, además de la declaración de adhesión se aprobó la creación de un consejo asesor encargado del seguimiento de la implementación de Ley de Cupo, conformado por representantes del Ejecutivo, el Concejo Deliberante y las organizaciones de la diversidad.
“Seguir luchando”
Julieta Calderón sostiene que se analizan más medidas complementarias: “Desde la FALGBT, hemos presentado iniciativas legislativas para la inclusión de la comunidad trans, como incentivos fiscales a las empresas que contraten personas transgénero. Desde las Secretarías de Inclusión Laboral y Cooperativismo, impulsamos acciones para incluir personas trans en el sector privado y para formar cooperativas de trabajo, como es el caso de la Cooperativa Estilo Diversa”. También agrega: “Hemos elaborado junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un informe situacional sobre el acceso al trabajo de la comunidad LGBT, para exigir en las distintas jurisdicciones de nuestro país la promoción de políticas de inclusión laboral para personas trans”.
Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (A.L.I.T.T.) la expectativa de vida promedio de una persona trans no supera los 40 años y las principales causas de muerte son el sida, la aplicación de silicona industrial y los asesinatos. El 98 por ciento de las personas trans no tiene trabajo formal. Esta ley busca reparar la ausencia del Estado.
La demora en la reglamentación de la ley de cupo trans, para Vásquez Haro, tiene que ver con una cuestión de decisión política. “Sabemos también que está vinculado con cómo se nos piensa a nosotras, a la comunidad trans. No nos olvidemos que el intendente de La Plata, Julio Garro, en época de campaña dijo que jamás nos daría trabajo a nosotras porque sería como avalar la delincuencia. Y acá prácticamente está criminalizando nuestras identidades. También hay una cuestión profundamente ideológica de lo que creen de la comunidad trans y también de los sectores populares”, declaró la presidenta de Otrans.
La comunidad trans vive en una extrema vulnerabilidad y ha sido «relegada a la prostitución, que no es un trabajo, sino el resultado de los Estados, el mercado y un cierto sector de la sociedad civil que ha acompañado ese lugar de la exclusión», declaró Vásquez Haro. La preocupación por que se pase el plazo y no se reglamente la ley siempre está, pero “obviamente nosotras sabemos también que lo que hemos logrado ha sido en parte gracias a las organizaciones de la sociedad civil, sabemos muy bien que los derechos se conquistan desde ese lugar. Nosotras vamos a seguir reclamando, presentando informes que demuestran el estado de vulnerabilidad en el que vive la comunidad, haciendo festivales y marchando”, finalizó la titular de Otrans.
25/01/17
Ene 17, 2017 | Comunidad
El lunes pasado se cumplieron 365 días desde que la Argentina ingresó en el escueto listado de países con presos políticos, según lo dictaminaron el Grupo de Trabajo de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Desde entonces, el amañado Poder Judicial de Jujuy –que responde al gobernador radical de Cambiemos, Gerardo Morales- mantiene presa a la dirigente social Milagro Sala. Por eso, el Puente Pueyrredón –que une la Ciudad de Buenos Aires con Avellaneda- amaneció ayer cortado por las organizaciones que integran el Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala. Movilizaciones similares, banderazos, radios abiertas y pintadas públicas se replicaron en todo el país.
En Jujuy, en la puerta del penal del Alto Comedero –donde está detenida Sala- hubo una olla popular como forma de protesta. En La Plata, los manifestantes se reunieron en la esquina que une a las calles 7 y 50. En Lomas de Zamora y Moreno las organizaciones populares hicieron volanteadas en puntos estratégicos y en La Matanza volvieron los cortes de la Ruta 3. En Bariloche, los militantes pintaron consignas en las inmediaciones del Centro Cívico y en Chubut se leyó un comunicado en el histórico aeropuerto de Trelew. Los turistas de Mar del Plata pudieron escuchar la radio abierta que funcionó en La Rambla y los de Rosario, apreciar las pegatinas que se desarrollaron en las calles céntricas.
Mientras todo esto ocurría, en la sede porteña de la Tupac Amaru tuvo lugar una multitudinaria conferencia de prensa de la que participaron decenas de dirigentes de distintos espacios políticos y sociales, entre los que se encontraban el gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saa; la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida; el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni; el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, el sacerdote del Movimiento Opción por los Pobres Francisco Oliveira; el nieto restituido Horacio Pietragalla; los intendentes de Avellaneda y Ensenada, Jorge Ferraresi y Mario Secco; los sindicalistas Hugo Yasky, Daniel Catalano y Víctor Santa María, el prestigioso jurista Julio Maier, dirigentes de las distintas vertientes de la izquierda como Christian Castillo y Vilma Ripoll; del radicalismo como Leopoldo Moreau y Leandro Santoro, de La Cámpora como Andrés Larroque; del Frente Renovador como Fernanda Gil Lozano y la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
El coordinador nacional de la Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini, señaló que no se trata de un problema del kirchnerismo o el antikirchnerismo. “Este es un problema de la democracia”, enfatizó. Vivimos en emergencia democrática desde el 10 de diciembre de 2015 con un gobierno que encarcela y reprime a los opositores”. Muy cerquita, Verbistky destacó y valoró la defensa jurídica de que tiene la dirigente detenida pero subrayó: “La libertad de Milagro Sala sólo se va a conseguir con organización y participación popular.
Ante un silencio atronador, Garfagnini y Gómez Alcorta anunciaron que el Comité por la Libertad de Milagro Sala denunciará al gobierno nacional y al jujeño por las maniobras ocultas para desactivar los reclamos de libertad realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre las pruebas que aportarán se encuentra una serie de mails que publicó el diario Página/12 y dan cuenta de la connivencia entre el Poder Judicial jujeño, el Poder Ejecutivo provincial y el nacional para organizar una estrategia que justifique la detención de la líder social.
Cuando terminaron las exposiciones, tanto en el local del barrio de Monserrat como en el Puente Pueyrredón, explotó con furia el canto que exige “para Milagro la Libertad, para Morales el repudio popular.”
17/01/2017
