Nov 27, 2019 | Comunidad, Novedades
Mientras que en 2015 el 38 por ciento de los medios comunitarios se presentó al FOMECA, en 2017 lo hizo solo el 16%.
En un contexto donde las la crisis económica golpea fuerte en la sociedad, los medios comunitarios intentan subsistir como pueden, casi sin apoyo del Estado. ANCCOM relevó el panorama de radios y televisoras sin fines de lucro e indagó en cómo subsistieron al macrismo y qué esperan de ahora en adelante.
Luis Lazzaro, docente de Derecho a la Comunicación y la Información en la Universidad nacional de Moreno, y miembro fundador de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, explica: “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había creado una reserva destinada a estos medios, también un fondo de promoción que generaba subsidios para su funcionamiento pero a partir del gobierno de (Mauricio) Macri, se generaron muchas dificultades en la implementación de estos subsidios que ayudaban a su subsistencia, acompañados por un contexto económico donde los tarifazos generaron mayores complicaciones para estos medios.”
Otro de los problemas es el pobre acceso que tienen estas organizaciones a la publicidad oficial, sea del Estado nacional o de los provinciales y municipales. Según el reciente informe de la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), en 2018 solo el 2,1% de los medios accedió a pauta oficial de la Nación. Este número disminuyo considerablemente del 9% que tenía pauta del Estado nacional en 2015. Otro aspecto importante es la centralización de esos recursos, ya que de los medios que reciben estas pautas, el 55,9% se localiza en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires.
Más del 50% de la pauta oficial destinada a los medios comunitarios es recibida por emisoras porteñas y bonarenses.
El acceso a fondos públicos de fomento es otro de los elementos que pueden sostener a los medios comunitarios. La principal línea es la de los FOMECA (Fondo de Fomento Concursable), que se pusieron en práctica en 2013. Desde ese año hasta el 2015, las presentaciones de estos medios fue creciendo de manera constante, pero a partir de ahí comenzó a descender la cantidad que los solicitaba. Así, los que se presentaron para obtener FOMECA pasaron de ser un 38% del total de experiencias de comunicación comunitaria relevadas en ese 2015 a representar apenas un 16 % en 2017, siempre según el informe de la RICCAP.
Daniel Rosarolli es fundador de FM Aire Libre de Rosario, cuenta que recibe tanto pauta oficial como acceso al FOMECA, pero no la suma de ambos no alcanza para sostener la radio: “Nosotros accedemos a pautas provinciales y municipales, pero no nos alcanza ni para pagar la luz”, dice y añade: “Y también accedemos al FOMECA, después de un montón de requisitos que te pide ENACOM para que puedas participar del concurso. Y cuándo lo ganás no te lo dan en el momento, sino que hasta te hacen esperar años para cobrarlo, y encima con la inflación… no ajustan el importe al valor actual, te lo dejan al valor de cuando lo debiste cobrar”.
Las televisoras comunitarias tienen mayores dificultades en su subsistencia, ya que se necesita un equipamiento más caro y mayor cantidad de trabajadores en ese sector. Según el informe de la RICCAP, el 10,6% de los medios comunitarios en Argentina está formado por emisoras de televisión. Un caso ilustrativo es Barricada TV, que fue fundado en 2009 y obtuvo la licencia en noviembre de 2015, y se emite por la TV digital abierta por el canal 32.1. Natalia Vinelli, directora del canal, cuenta como hace la emisora para poder subsistir: “Nos mantenemos con fondos de fomentos concursables, que más allá de ser subejecutados permanentemente, nos ayudan a sostenernos, así como también recibimos pauta publicitaria de Nación y de la Ciudad, más la inserción comunitaria y el apoyo de las organizaciones”.
En este contexto los medios comunitarios tienen que aguzar el ingenio para poder subsistir, buscando los recursos que pueden tener al alcance de la mano. Julieta Urdinola, directora de la FM En Tránsito, de Castelar, explica cómo sostienen a la radio: “El proyecto dependía principalmente de las publicidades, y entonces la cooperativa empezó a hacer otros trabajos, como proyectos audiovisuales, para presentarlo en diferentes organizaciones; armamos una productora cultural que organizaba eventos, que nos ayudó a obtener un ingreso extra para por lo menos retribuirle algo a la gente que trabaja acá. Desarrollamos proyectos y actividades en el campo de la comunicación, cultura y economía”. FM En Tránsito se fundó en 1987, y siempre estuvo en lucha por mantenerse de pie. Obtuvo la licencia en abril de 2019.
Estos medios espera que su situación cambie con la llegada del nuevo gobierno, presidido por Alberto Fernández. ¿Qué debería hacer el Estado en esta nueva etapa? Según todas las fuentes consultadas las medidas deberían incluir una tarifa social para los medios comunitarios, una ley de publicidad oficial que los apoye, la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro y, por sobre todas las cosas, que la comunicación sea vista como un derecho que apoye a quienes menos voz y alcance tienen.
Nov 14, 2019 | Comunidad, Novedades
Uno de los sectores más golpeados en estos últimos años fue la industria. En este clima de incertidumbre, cabe recordar la educación técnica es la formadora de la futura mano de obra calificada, la que abastece a las PyMEs y a las grandes empresas de aquellos trabajadores especializados que se insertan la economía productiva del país. La realidad de hoy es diferente a esa meta de la Argentina industrial y formadora de su propia mano de obra. La falta de presupuesto, sumado al cierre de empresas en donde los jóvenes puedan realizar sus prácticas ponen en una situación preocupante a la educación técnica de cara a lo que viene. Este viernes se conmemora el Día de la Educación Técnica y desde ANCCOM visitamos algunas escuelas de esa modalidad y recogimos testimonios de directivos y estudiantes para que cuenten su presente.
Ramón Villareal, secretario regional del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) y vice director de la E.N.E.T N°2 ubicada en Moreno, en la que se dictan las tecnicaturas de Maestro Mayor de Obras, relata: “Hoy esta escuela técnica está mejor que en años anteriores, en el 97 casi desaparecemos y con nosotros todas las técnicas. Pero a partir del año 2005 con la nueva Ley de Educación y con los planes de mejora empezamos a resurgir, eso nos dejó resto, aunque con este gobierno empezamos de nuevo a ir para atrás”. Ramón pasó décadas en la educación técnica, sobre todo en la escuela en la que ahora desempeña el cargo de vice, y en su carrera vivió varios procesos de cambio en lo que respecta a la formación educativa. En este sentido, afirma que la enseñanza debe enfocarse hacia las nuevas tecnologías. “ La actualidad tiene que ver con las TICs -aclara-: robótica, control numérico computarizado, (la plataforma informática libre) Arduino, impresión 3D… ya no alcanza con los oficios de hace 30 años, se pasó de esa destreza manual a la destreza digital. Una escuela técnica que no enseñe nuevas tecnologías no nos sirve”.
Por su parte, Silvina Fernández, directora de la E.E.S.T N°3 “Evita” de José C. Paz, que ofrece las tecnicaturas de Electricidad y Gestión de las Empresas, cuenta que, en un principio, no tenían un lugar propio y todo lo que se realizó se hizo con un esfuerzo del barrio La Sonia. Fernández describe cómo es la situación de su colegio: “En un primer momento no teníamos edificio, una vez que lo tuvimos, no teníamos alumnos, conseguimos las dos cosas, pero nos faltaba equipamiento. Ahora que ya tenemos todo eso, sólo nos queda ponernos a trabajar.
Silvina dirige una escuela que se encuentra en un lugar carenciado del Conurbano, donde el “salir adelante” se hace muy cuesta arriba, pero ella cree que se puede: “Esta escuela pasó por mucho, tuvimos que salir a vender detergente, lavandina y otros artículos de limpieza para juntar guita. Acá a los pibes les cuesta todo más porque viven con el estigma de ser ´los negros´, esos que algunos ven y se cambian de vereda. Nuestro cupo de alumnos se compone en un 15% de extranjeros, en su mayoría paraguayos, peruanos, bolivianos y colombianos, intentamos que haya una integración de los alumnos, pero sobre todo de brindarles contención, que es lo que los pibes se merecen“. La directora, que trabaja desde hace 19 años en establecimiento, agrega: “Somos la única de las escuelas técnicas del distrito que tiene un comedor con un cupo de 397 alumnos y tenemos 660, entonces hacemos lo que podemos para racionalizar recursos y que los chicos coman todos. Lo que tenemos, lo mantenemos con cooperadora porque desde el Consejo Escolar nos llega muy poco”.
La “Evita” aglutina a estudiantes del primer cordón de José C. Paz y el tercer cordón de Moreno. Leila Paiva, alumna del quinto año de Electricidad de esta escuela, relata: “Me gusta estudiar en la Técnica, la curiosidad me llevó a hacer esta especialización, mis excompañeros dijeron que era difícil y eso hizo que me interesara más. Además, formo parte del centro de estudiantes, está bueno que todos participemos”. Leila agrega que la relación con los directivos es activa y que siempre están presentes para lo que los estudiantes necesiten. A la hora de referirse a su situación familiar, la joven dice: “Mi papá hace changas en albañilería y mi mamá es ama de casa, acá la cosa es así comúnmente. Todos mis compañeros más o menos están así.”
Agustín Díaz Fleitas, técnico electromecánico, profesor de Taller en la E.E.S.T Nº 1 “Javier Tapié” de General Rodríguez, da clases desde hace diez años y dice que la educación técnica está mejorando a pesar de la coyuntura socioeconómica de nuestro país. Díaz Fleitas viene de un ámbito que no es específicamente la educación. Trabajó varios años en la industria antes de realizar el tramo pedagógico y rememora una de las peores épocas para la industria: “Fue lo peor en la era de Menem cuando se cerraban las fábricas y tenías a los ingenieros haciendo de tacheros, y en las técnicas se daban los bachilleratos al igual que cualquier escuela media, el polimodal fue terrible para la educación técnica. Hoy en día la Argentina no es un país de fabricación, es un lugar de ensamble, pero así los chicos que salen de acá tienen más oportunidades”.
El “Tapié”, como se lo conoce comúnmente, brinda las tecnicaturas de electrónica, electromecánica y en industria de alimentos, abastece de mano de obra calificada a la industria local y tiene a La Serenísima y Valente (Bimbo) como los mayores empleadores de jóvenes técnicos; además el municipio cuenta con polos industriales que hacen de General Rodríguez un lugar de mayores posibilidades en comparación con los distritos de Moreno o José C. Paz. Los alumnos de Díaz Fleitas, en contraste con Leila, tienen familiares que desempeñan sus tareas como técnicos en diferentes empresas de la zona y, al graduarse, ya contaban con una posibilidad muy alta de tener trabajo acorde a sus estudios.
Empleo joven
Todos los estudiantes del séptimo año de las escuelas técnicas realizan 200 horas de prácticas profesionalizantes en donde cumplen tareas tanto en la propia escuela como en diferentes empresas. Estas prácticas son el primer paso para el desarrollo laboral de los estudiantes a futuro. Ramón Villareal comenta: “Tenemos un seguimiento de los chicos que mandamos afuera, estos no pueden ser empleados por los empleadores cuando están realizando las prácticas, con esto evitamos la deserción escolar. Actualmente, una gran cantidad de estudiantes están haciendo las prácticas, algunos en el hospital y la municipalidad de Moreno, otros en empresas, después consigue laburo de técnico o maestro mayor cerca del 20%.” El directivo y gremialista agrega: “Los que tienen la posibilidad de seguir formándose lo hacen, pero en el ‘mientras tanto’ muchos trabajan de lo que pueden. Antes la tasa de empleo joven de técnicos era más alta, pero con la caída de las PyMEs este último tiempo les cuesta más insertarse a los jóvenes. De todas formas, tenemos una plantilla de egresados disponible para las empresas de la zona”.
Díaz Fleitas suma su testimonio: “Cerca del 80% hace las prácticas en las fábricas. Lo que funciona muy bien en General Rodríguez es la oficina de empleo, tenemos una profe que trabaja ahí y arma el vínculo de las empresas con los chicos que buscan trabajo. Buscamos las empresas en donde los alumnos puedan hacer las prácticas pero a veces la burocracia nos atrasa un poco.”
En el otro extremo, Silvina Fernández asegura: “José Paz cuenta con un solo polo productivo que es el SIPEM, no tenemos 18 polos productivos como Moreno, por eso nosotros debemos ir buscando lugares donde los pibes trabajen, y que sean prácticas formativas que les sirva, no que les hagan barrer, también laburamos con la salita, con el campo de deporte ‘La Sonia’, con un centro cultural que se inauguró en el barrio, trabajamos en red para mejorar, pero a veces con los diferentes proyectos políticos se nos viene todo atrás”. Añade que “el trabajo va a hacer que los chicos tengan otras posibilidades y otras visiones distintas a las que venían teniendo. Si la escuela baja los brazos no vamos a poder generar ningún tipo de cambio y si cerrás la escuela, matás a un barrio.” Así, entre ciertas posibilidades de inserción laboral y la desindustriaización del país, se mantienen las escuelas técnicas. La Argentina misma…
Jul 30, 2019 | Culturas, Novedades
Represión de Gendarmería Nacional a trabajadores de la empresa Cresta Roja (diciembre 2015)
Se presenta la segunda edición de la muestra «I(nte)rrupciones de la política», un recorrido por la producción fotográfica de la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación (ANCCOM), en el Edificio Anexo A de la Cámara de Diputados (Riobamba 25, CABA). Con imágenes recuperadas desde el 2015 a esta parte, la exposición propone mostrar momentos alusivos a diferentes manifestaciones populares acontecidas durante esos años. En un trabajo conjunto con el Área de Imagen y Política de la carrera y la dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), ANCCOM apuesta a visibilizar las producciones de sus jóvenes fotógrafos que, día a día, trabajan problemáticas a menudo invisibilizadas por los medios comerciales de comunicación.
“Las imágenes transforman el mundo, participan de la vida social y ésta debe ser pensada políticamente como un lugar de disputa permanente, por aquello que es visto y aquello que es invisibilizado”, explicó Betina Guindi, una de las co-organizadoras de la muestra y responsable del Área de Imagen y Política de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. La apuesta por inaugurar una segunda edición de la muestra se da luego de que la agencia fuera declarada de interés por la Cámara de Diputados, el pasado junio del 2018. “La propuesta de realizar la muestra nos llegó por parte del diputado Pablo Carro, quien elevó el pedido a nuestra Dirección de Cultura, que actúa como nexo entre diputados y diputadas que estén interesados en promover a diferentes artistas”, cuenta Valeria Ré, curadora de arte en la dirección de Cultura del Congreso.
Vincular la producción teórica con la labor diaria de ANCCOM fue uno de los objetivos principales desde el primer momento. “Nuestra propuesta era tender puentes entre nuestro trabajo teórico y la práctica periodística de la agencia, por medio de una especie de curaduría que nos permitiera tensar las imágenes a la luz de ciertas lecturas políticas”, explica Guindi. “Se trata de poner en valor todo el trabajo que viene haciendo ANCCOM”, concuerda Larisa Kejval, secretaria académica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. “Es importante porque a pesar de ser ANCCOM un medio universitario, su eje no está en la universidad, sino que se constituye como un medio público, como una agencia de noticias que tiene un relato y una mirada de la sociedad y de lo que ocurre en nuestra época”, agrega.
Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia a 40 años del último golpe militar (marzo de 2016).
La exhibición estará conformada por una selección de 40 fotos. A las presentadas en la primera edición, en octubre del 2018, en el Centro Cultural Caras y Caretas, se le suman 6 nuevas imágenes de este último periodo. En esta segunda edición se enfatizaron ciertos ejes temáticos, habituales en la agenda de cobertura de la agencia, como los derechos humanos, los conflictos de los y las trabajadoras, la violencia institucional y las nuevas representaciones de las mujeres y la diversidad. “Es testimonio de una época”, afirma Larisa Kevjal y añade: “Han sido años de fuerte regresividad de derechos en todos los ámbitos de lo social y creemos que ésta es una forma de testimoniar los conflictos acontecidos”.
Victoria Gesualdi, una de las coordinadoras del área de fotografía de ANCCOM, subraya que la labor fotoperiodística de la agencia ha ido construyendo una memoria visual e histórica, a través de una mirada retrospectiva en el que las imágenes empezaron a tomar otro valor. “Creemos que se trata de pensar en cómo ANCCOM miró a este periodo que transcurrió, en su mayoría, bajo el gobierno de Mauricio Macri, en donde han habido ciertos emergentes sociales y políticos muy representativos de la época, como la pobreza, la lucha docente, los presos políticos, la violación de derechos humanos, el feminismo y su marea verde”, concluye.
En su mayoría, las fotografías seleccionadas fueron publicadas con anterioridad por la agencia en la edición diaria, tanto en las aperturas de notas como en las galerías. El trabajo de curaduría consistió en seleccionar aquellas que transmitieran de mejor manera los temas a abordar. “Elegimos imágenes que se destacaban desde lo estético y lo compositivo, aquellas que tenían la potencia de interpelar al espectador”, afirma Gesualdi. “El fotoperiodismo es fotografía en contexto, pero al correr a las fotos del eje de lo cotidiano, de emergencia de la noticia, aquellas que se seleccionaran necesitaban condensar de forma precisa y potente el tema que se abordaba sin la necesidad de un texto que lo desarrolle”, continua la coordinadora.
Pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito frente al Congreso de la Nación (febrero 2018).
Más allá de lo temático, la exhibición también propone reflexionar sobre el rol del fotoperiodismo bajo las actuales condiciones laborales, signadas por la precariedad y el individualismo. “Últimamente, el periodismo tiene una cierta tendencia a producirse sólo desde el escritorio, consultando fuentes online. Se trata de poner en evidencia otro modo de hacer periodismo, cuyo rasgo distintivo es salir a la calle, es ir en busca de la fuente y de los protagonistas”, comenta Larisa Kejval. En este sentido, Betina Guindi concuerda en el papel que desarrolla la agencia como medio de comunicación para los estudiantes y para el afuera: “ANCCOM fue un hito en la formación de los estudiantes”, afirma y continúa, “ellos lo demandaban y de nuestro lado implicaba poder lograr algún tipo de práctica pre profesional que no estuviera atravesada por una lógica mercantil”.
Desde su rol como coordinadora de la sección de fotografía de la agencia, Gesualdi reflexiona: “Nuestros practicantes participan entre 6 meses y un año en ANCCOM, y durante ese tiempo tratamos de construir un perfil de fotoperiodista como comunicador para que las imágenes que produzcan no sean solo una ilustración del texto, sino que tengan una potencia significativa”. Al respecto, Kejval concluye: “Creemos que con esta muestra vamos a poder dar una discusión sobre cómo se está haciendo el periodismo hoy. Entendemos que en esto la Carrera de Comunicación tiene algo para decir”.
La muestra fotográfica «I(nte)rrupciones de la política» se inaugura el 30 de julio a las 15 horas en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados. Estará en exhibición hasta el 9 de agosto
Milagro Sala sale a saludar a las activistas que exigen su liberación (diciembre de 2018).
Jul 18, 2019 | Comunidad, Novedades
Domingo 17 de julio de 1994, a la tarde
*Sofía Guterman, madre de Andrea Guterman.
Andrea Guterman llegó a la casa de sus padres con su novio para ver el último partido del mundial. “Qué lindo tenés el pelo”, le dijo Sofía a su hija que llevaba unos reflejos nuevos en su cabello largo. “Sí, pero anoche volví a soñar lo mismo”. A Sofía y a Andrea ese sueño las tenía intranquilas. Hacía unos meses que Andrea soñaba que la querían matar. “¿Pero quién te quiere matar?”, preguntaba Sofía. “No sé. No tienen cara. En el lugar hay muchas piedras. Pero ayer, cuando volví a soñar, estaban los abuelos. Me dijeron que no me preocupe, que ellos me van a cuidar”. Sofía intentaba calmar a su hija diciéndole que tal vez sus sueños se debían a las películas de suspenso que tanto veía.
Andrea, que trabajaba como como maestra jardinera en La gotita de agua, el jardín de infantes de Aguas Argentinas –institución a la que entró luego de rendir exámenes para los que se había esforzado mucho- se acababa de quedar sin trabajo. “Yo le sugerí que vaya a AMIA a buscar trabajo. Ella dudaba en ir porque nunca había entrado antes. Le dije que la acompañaba, como siempre. Me respondió: ‘Capaz voy mañana’. Pero yo justo ese día no podía porque tenía que preparar exámenes para los chicos que se llevaron materias. ‘No sé si voy a ir el martes. Se viene el Día del Amigo y voy a comprar regalitos para las chicas”.
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Domingo 17 de julio de 1994, a la noche
*Keren Weinstein -hija de Ana Weinstein-. Entonces, cuñada de Ileana Mercovich
El domingo a la noche Keren fue a cenar a la casa de sus suegros, en Belgrano, con su novio de aquella época, el hermano de su novio, y la novia del hermano, Ileana Mercovich. Comieron en familia, como una noche cualquiera. Entre charla y charla, Ileana comentó esa noche que estaba en busca de trabajo.
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Domingo 17 de julio de 1994, medianoche
A Sofía Guterman le contaron que los vecinos de la calle Pasteur comenzaron a salir a sus balcones a pesar del frío del invierno. El sonido de tres helicópteros en la cuadra no los dejaba dormir.
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Lunes 18 de julio de 1994, a la mañana
Keren Weinstein se despertó alrededor de las 8, se tomó el subte de la línea D para llegar a su trabajo en una agencia de publicidad.
Tres horas después, sonó el teléfono de línea. Su madre, minutos atrás, había saltando a una terraza vecina. Pidió un teléfono prestado a alguien de la casa de al lado. “Cuando atiendo era mi mamá, Anita, a los gritos, diciendo: ‘¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Voló la AMIA”, recuerda Keren. Su madre, empleada de la mutual, le dijo que probablemente haya sido un escape de gas. “Voy para allá”, dijo Keren.
En cambio, Sofía Guterman no había podido dormir en toda la noche. El sueño del que le había hablado su hija la tenía preocupada. Entonces la llamó por teléfono, a las 9 de la mañana, para decirle que no salga de su casa, que ella la acompañaría otro día a presentarse en la AMIA. Pero la atendió el contestador. Andrea había salido temprano.
Sofía se sentó en la cocina a preparar los exámenes. A las 10:30 sonó el teléfono. Era el novio de su hija. “Me dijo: ‘¿Andrea está con vos? ¿Sabés si fue a AMIA?’. Le dije que no sabía. Me respondió: ‘Te dejo, te dejo, que estoy apurado’”.
Alrededor de las 11:00 sonó nuevamente el teléfono. “Mi marido me dijo que estaba intentando comunicarse con una familia, que habían sido vecinos nuestros y que en ese momento vivían cerca de Pasteur. Le pregunté por qué. ‘¿No sabés lo que pasó? Volaron la AMIA’, dijo. ‘Pero Andrea fue para allá’”.
“Cuando mi marido se dirige hacia AMIA, encuentra al novio de Andrea parado en la mitad del desastre”, cuenta Sofía. Mientras, ella junto a su hermana y una amiga, encontraron en la guía telefónica el jardín donde Andrea quería ir a anotarse primero, antes de dirigirse a la mutual. Llamaron y le dijeron que su hija salió del lugar una media hora antes de que estalle la bomba. “No era de preocuparnos, y no nos había llamado. Era muy puntual. Pero a las 13 empezamos a pensar que algo había pasado y a buscarla”.
Mientras los padres de Andrea Guterman comenzaban su búsqueda, un taxi dejó a Keren Weinstein y a una compañera de trabajo que la acompañó unas cuadras antes de Pasteur al 600. Había mucho tránsito y se escuchaban sirenas. Nadie sabía todavía con certeza qué había pasado.
Caminaron cuadras que parecían más largas que lo habitual esquivando vidrios rotos. Era un caos total. “Milagrosamente me encontré con mi mamá en una esquina, estaba intacta. Al lado había una chica que buscaba a su novio desesperada”.
Pocas horas después encontraron el auto de Ileana Mercovich estacionado cerca de AMIA.
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Horas después de la bomba
Keren y Ana Weinstein fueron al edificio donde estaban los familiares reunidos. Llevaban perros para ayudar a buscar y se organizaban grupos de voluntarios. “La gente venía desesperada. Ahora sí se sabía lo que había pasado. Decían quién estaba en cada hospital. Al rato llegó mi abuela con mi tía. Mi abuela, que es sobreviviente del Holocausto, estaba totalmente en shock por vivir una situación tan tremenda. Recuerdo cuando los rabinos avisaban que habían encontrado a alguien. El desgarro, los gritos de esa familia”, recuerda Keren. En un cuartito, con familiares en frente, ella -junto a otros varios- anotaban en una máquina de escribir descripciones físicas de las personas que no aparecían.
La presente es la lista de heridos y muertos hasta el momento:
Fallecidos en total: 26
Sin identificar: 15
Identificados: 11
Heridos en total: 142
Parte Informativo (18/7 23:40 hs.).
Paralelamente, Keren no podía comunicarse con su padre, quien, en la televisión, vio a la AMIA destrozada. La imagen que todavía los noticieros repiten una y otra vez. El padre no sabía dónde ir, en qué lugar buscar. Vivió la desesperación hasta que recibió el llamado en el que su esposa le decía que estaba bien.
A las 2 de la mañana del 19 de julio Keren y Ana llegaron a su casa. Sin embargo, aún les costaba entender lo que había pasado. Mirta Strier, compañera de trabajo cercana de Ana, era otra de las 85 víctimas.
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Una semana después
Sofía y Alberto Guterman estuvieron siete días buscando a Andrea. En la televisión se mostraba su foto. Pasaban los días ¿Dónde está Andrea?
La séptima noche ya casi se daba por finalizado el trabajo de búsqueda. Tras levantar una pared encontraron a todos los que habían ido a la Bolsa de Trabajo. Allí estaban también Andrea Guterman e Ileana Mercovich.
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25 años después
“Un día estábamos en una confitería. Andrea me miró y me dijo: ‘¿Cómo seré yo cuando tenga tu edad?’ Y yo le dije: ‘Sos joven. Vos vas a formar una familia. ¡La que va a sufrir el gran cambio voy a ser yo que voy a tener 25 años más!’. Y ¿sabés qué? Este año pasaron 25 años de esa conversación”, cuenta Sofía. Todavía hoy recuerda también ese sueño persistente de su hija, y reflexiona: “Fue como una premonición. Las piedras en el sueño, en el atentado los escombros. Andrea no les veía la cara. Y hasta el día de hoy nosotros tampoco sabemos quiénes fueron”.
Jun 27, 2019 | DDHH, Novedades
«Hay casos en que se ejecutan las expulsiones sin que se ejerza el derecho a la defensa» dice Raísa Ortíz Cetra, del CELS.
Los objetivos fueron claros desde el principio: reforzar un discurso que criminaliza a ciudadanos extranjeros que viven en el país, manipular de manera engañosa las estadísticas sobre la población migrante carcelaria y colaborar con su asimilación con la figura del delincuente. La política migratoria del gobierno de Cambiemos resultó precisa desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, según coinciden en denunciar organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Esa política quedó reforzada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica algunos puntos clave de la Ley de Migraciones de 2003, reglamentada en 2010, y, más recientemente, por el acuerdo que concede a la Policía de la Ciudad facultades de Policía Migratoria Auxiliar. Esa normativa avala los operativos de control y agiliza los traslados de las personas detenidas por pedido de expulsión, para lo cual normalmente se requeriría la presencia de Migraciones. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública. Eso deriva en que hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa. Al suceder tan rápido, son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirmó Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.
El rechazo a la actual política y el reclamo por un sistema de radicación accesible serán las principales consignas de la movilización convocada por la campaña “Migrar No Es Delito” que engloba distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales para el próximo miércoles a partir de las 10:00 frente a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.
«Se está cambiando el foco de las políticas migratorias que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En el inicio de un año electoral clave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien adelantó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto para acelerar el proyecto de “expulsión express” de migrantes. Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso. Esa lista incluye a Jhonny Quiroz -expulsado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 6 de abril- y a Vanessa Gómez Cuevas, la mujer peruana que desde el lunes 4 febrero se encuentra en Lima con su hijo menor de dos años, separada de sus dos hijos mayores, su madre y sus hermanas, familia radicada hace más de quince años en Argentina.
La facultad de la Policía de la Ciudad sobre el control de permanencia da pie a la posibilidad de llevar a cabo detenciones por temas migratorios. “Estas normas dan lugar a que se utilicen elementos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que hay en la Ciudad para capturar migrantes con pedido de expulsión a través del reconocimiento facial”, explicó a Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa.
Lejos de tener este objetivo, el control de permanencia es un elemento incorporado a la reglamentación de la Ley 25.871 para evitar la explotación laboral de los trabajadores migrantes, que tiene su máxima expresión en los talleres clandestinos, donde cientos de extranjeros sufren las consecuencias de las condiciones de trabajo inhumanas. “Lo que hace este acuerdo, en línea con las decisiones que se vienen tomando desde el 2015, es cambiar el foco de las políticas migratorias argentinas, que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En esa misma línea, María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agregó que esta decisión implica desjudicializar las expulsiones para hacerlas más expeditas. “Esto permea todo lo que tiene que ver con esta política migratoria que es mirar al migrante como un delincuente y tratarlo a partir de esta mirada”, afirmó la abogada.
Este re-direccionamiento tiene su pilar de ejecución en la captura de migrantes con antecedentes penales. Basadas en el discurso de la seguridad nacional, estas expulsiones arbitrarias no suceden por azar. “Es una persecución a migrantes pobres que, luego de cumplir su condena, han seguido llevado adelante su vida, sin poder regularizar su documentación por las dificultades que Migraciones interpone para este tipo de trámites”, denunció Lila Báez, integrante de la campaña Migrar No Es Delito.
Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso.
Un caso emblemático
El caso de Vanessa Gómez Cuevas no sólo es ilustrativo de las consecuencias concretas del DNU, sino también reflejo de una doble condena, primero por el sistema carcelario y después por el sistema migratorio. “Aún desde la perspectiva de la seguridad que es la que adopta Migraciones, el impacto de la expulsión de Vanessa es casi nulo porque ella había reconstruido por completo su vida. Lo que demuestra, en cambio, son las incoherencias de la política criminal: ¿Qué tipo de seguridad se está buscando?”, completó Ortíz Cetra.
Vanessa entró en detención preventiva en 2011 por tenencia de estupefacientes, acusada de comercialización. Sin acceso a una defensa efectiva, firmó el juicio abreviado para negociar la pena mínima, es decir, cuatro años de cárcel. Su condena nunca se resolvió, porque el juicio abreviado implica que ella se identifique culpable, una salida posible para condenas de este tipo, en las que un juicio puede llegar a tardar más en llevarse a cabo que la misma pena mínima en cumplirse.
En este tiempo, Vanessa quedó embarazada de su hijo Matías, que ahora tiene 7 años, y obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en La Plata, en la casa de su hermana. En 2014, concluida la condena, estudió Enfermería y empezó a trabajar cuidando adultos mayores. Desde entonces, intentó reiteradas veces regularizar su situación legal en el país, pero Migraciones rechazó su pedido de radicación. Entonces, la Comisión del Migrante, que depende de la Defensoría de la Nación, le asignó una defensa oficial y presentó un recurso de reconsideración en nombre de ella, que quedó sin respuesta desde 2015. Desde entonces, Vanessa no tuvo respuestas del Estado. Sin embargo, de lo que nunca se enteró es que la respuesta a dicho recurso fue, de alguna manera, el pedido de expulsión que notificaron a una dirección en Capital Federal donde ella ya no vive hace más de diez años.
Vanessa fue detenida el 1 de febrero en su casa de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde vivía con Matías, Morena y Michael, sus tres hijos. En el barrio viven también dos de sus hermanas y su madre, que llegó al país hace más de veinte años. El día de la detención, la Policía Federal engañó a Vanessa con la excusa de “ir a firmar una notificación” y volver, y así la trasladaron a la comisaría de Azopardo, para luego llevarla a la de Madariaga y de allí a Ezeiza.
En el transcurso de la tarde y noche de ese viernes, una de las hermanas de Vanessa se contactó con Villanueva para que la ayudara con la situación.
Después de tres días en condiciones aberrantes en un sótano de Ezeiza, habiendo rechazado las medidas legales que se utilizaron para intentar frenar su expulsión, la Policía Migratoria amenazó a Vanessa con mandar a su hijo a Lima, si ella se seguía negando a salir del país. Frente a la amenaza, ambos viajaron a Perú, donde están desde entonces en la casa de un familiar.
Según el informe de Víctor Manuel Rodríguez González, psicólogo forense integrante del CELS, al que pudo acceder ANCCOM, la situación dejó una fuerte marca emocional en la familia, en especial en sus tres hijos.
El pasado 17 de mayo, Villanueva junto al CELS, el CEJIL, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den causa a una medida cautelar, con el objetivo de que el Estado revierta la prohibición perpetua de reingreso a la Argentina que tiene Vanessa, para poder llevar a cabo la urgente reunificación familiar. “Con el DNU se estableció que la decisión de ponderar o no la separación de una familia y la necesidad de reunificación dependa exclusivamente de la autoridad migratoria, es decir, descarta la mirada de la justicia, que termina interviniendo solo para ratificar las decisiones de Migraciones”, afirmó María Noel Leoni, del CEJIL.
El poder que adquiere la Policía de la Ciudad en este nuevo acuerdo efectiviza los pedidos de expulsión y recrudece cada vez más el recorte a los derechos de las personas migrantes. “Esta política responde a un reclamo por la inseguridad, porque hay una parte del electorado que por este tipo de decisiones se siente fidelizado. Es un discurso simplista que pone al enemigo en una minoría para depositar ahí todas las miserias de la crisis”, concluyó Villanueva.
