Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.
Florencia Magalí Morales tenía 39 años, había nacido en Mendoza y vivía con dos de sus hijos y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), salió de su casa para comprar alimentos. Horas después, apareció sin vida en una comisaría de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis. A un año de su muerte, ANCCOM dialogó con Celeste Morales -hermana de la víctima- y Federico Putelli -uno de los abogados de la familia-, quienes dieron detalles del caso.
El lugar de la detención
La primera versión policial aseguró que Magalí fue detenida mientras a iba a contramano en bicicleta en la vía pública, por violar la prohibición de circular en un contexto de pandemia. Según estos dichos, por la terminación de su DNI, ese día no le correspondía salir a la calle. Mientras que otros agentes declararon que, en realidad, la detención se produjo en la comisaría.
Sin embargo, esa primera versión oficial no se pudo sostener. La cámara de seguridad de un banco captó el momento exacto en que Morales entraba a la dependencia policial de manera voluntaria. “El día 5 de abril de 2020, entre las 8:50 y las 9:00, Florencia Magalí Morales se retiró de su domicilio y se dirigió a la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a un amigo que trabajaba allí”, afirma Federico Putelli.
Morales no fue detenida en la calle por violar la cuarentena, sino en la comisaría. Hoy, se desconoce el motivo de dicha detención. Putelli continúa: “Una vez dentro, los oficiales la arrestaron y, luego, la llevaron al Hospital Santa Rosa para un examen médico. Daniela Fogel -doctora que revisó a Morales- declaró que no presentaba lesiones en el cuerpo ni indicios de haber consumido sustancias y que se encontraba psicológicamente estable”.
Todos los presentes
No hubo coincidencia entre los policías y el perito que llegó al lugar, respecto a la cantidad de agentes que estuvieron de turno durante la detención de Morales. “El número que figura en el libro de guardia -cuatro hombres y tres mujeres-, es menor que el declarado por un criminalista que se presentó a ver el cuerpo de mi hermana. Según él, al llegar a la comisaría, había más de diez oficiales”, relata Celeste Morales.
Magalí Morales no era la única detenida en la Comisaría 25, lo que permitió que otras personas pudieran escucharla. Putelli asevera: “El hombre que estuvo en la celda contigua manifestó que ella pidió auxilio. Más aún, cuando éste solicitó ir al baño, los agentes lo obligaron a orinar en el calabozo de Morales. Hubo otro aprehendido que llegó horas después pero que, hasta el momento, no fue llamado a declarar”.
Finalmente, los policías decidieron retirar de las celdas a los otros detenidos y cambiarlos de sector. A partir de ese momento, Morales quedó sola en la zona donde están ubicados los calabozos. “Entre las 17:30 y las 18, los agentes se llevaron a los hombres y los encerraron en otra área de la comisaría, obligándolos a permanecer allí hasta las 23. Luego, fueron trasladados a otra dependencia”, asegura el letrado.
Detenida e incomunicada
Magalí Morales no tuvo acceso rápido a un llamado telefónico. Cuando le permitieron hacerlo, se comunicó con una amiga y ésta le llevó una mochila con ropa. Putelli sostiene: “La grabación muestra que las prendas con las que salió de su casa, no eran las mismas que tenía cuando la encontraron muerta. Más aún, éstas tampoco eran las que su amiga le acercó a la comisaría. La ropa y la mochila nunca aparecieron”.
Tampoco hubo voluntad expresa de la policía para notificar la situación a la familia. Más aún, fue la amiga de Magalí quien los llamó. Así lo detalla Celeste Morales: «Nos enteramos horas después y no fue un comunicado oficial de la dependencia. A las 20 sonó el teléfono, era la amiga de mi hermana para avisarnos que Magalí estuvo en la comisaría desde las 9. Los oficiales jamás nos informaron de la detención».
Desde ese momento, la familia de Magalí intentó comunicarse con ella, pero los oficiales no atendieron y, cuando lo hicieron, evitaron dar sus nombres. “En uno de los últimos llamados, logré que una persona se identificara. Le insistí para hablar con mi hermana y me dijo que no era posible porque ella, en ese instante, se encontraba declarando. Pero Magalí llevaba seis horas muerta”, cuenta Celeste Morales.
Hipótesis del suicidio
Pasada la medianoche, la policía llamó a la familia para anunciarles que Magalí Morales se suicidó en su celda, aparentemente, utilizando los cordones de sus zapatillas. No obstante, hubo horas de diferencia entre su muerte y la notificación oficial a sus allegados. Al respecto, Putelli señala: “Entre las 0 horas y las 2 dieron aviso a sus parientes y el deceso de Morales se produjo entre las 17:30 y las 19: 30, es decir, horas antes”.
El primer informe de la autopsia, a cargo de Gustavo Lafourcade, no advirtió la presencia de moretones en el cuerpo de Morales. Por pedido de los abogados, el forense presentó un segundo reporte. “Allí describió múltiples lesiones en los miembros superiores e inferiores y en la zona pélvica, compatibles con la autodefensa. Si bien ella falleció por asfixia, no se pudo determinar si fue ahorcamiento o asfixia mecánica”, añade Putelli.
Frente a estas irregularidades, los abogados de la familia Morales solicitaron a Jorge Pinto -juez de la causa-, una segunda autopsia. Este pedido, que llegó siete meses después, reveló más detalles sobre la muerte de Magalí Morales. Putelli precisa: “Finalmente, el día 4 de noviembre de 2020 se pudo realizar la necropsia y ésta constató la presencia de los moretones y arrojó que el cuello presentaba un faltante de dos músculos y de una arteria”.
«Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Sin avances en la causa
La carátula cambió de “suicidio” a “averiguación de muerte” pero, desde entonces, la causa ha tenido escasos avances. La familia de la víctima expresa que la investigación se paralizó, debido a la dilatación o la negativa del juez Pinto ante los pedidos de los abogados. “Magalí Morales no se suicidó. Todas las pruebas demostraron que la muerte de mi hermana se trató de un femicidio”, expresa Celeste Morales.
Uno de los principales obstáculos para la familia Morales fue la falta de recursos económicos para seguir el curso de la investigación. En palabras de Putelli: “El juez de la causa ordenó que ellos debían correr con los gastos de la necropsia, circunstancia que estaba fuera de su alcance. En este sentido, no se aplicó la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y, por tanto, tuvimos que apelar”.
Aún no hay indagados, ni imputados, ni procesados. “Si bien se requirió la introducción de sumario policial y el llamado a indagatoria, los policías que estuvieron el día que Magalí Morales murió, todavía no fueron llamados a declarar. Recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó ser querellante, mientras que la defensa pública pidió que se archive la causa, alegando falta de pruebas.”, cierra el abogado.
Perspectiva de género
Magalí Morales era una madre comprometida con la crianza de sus hijos. Así la recuerda Celeste Morales: “Mi hermana adoraba a sus hijos, amaba hacerles la comida y salir con ellos a la plaza. Era optimista en todas las situaciones, siempre apoyaba y daba ánimos a los demás. Nosotros la conocemos bien, lo que pasó en la comisaría fue un femicidio. Magalí no se suicidó y exigimos que su muerte no quede impune”.
Las leyes existen, falta su implementación efectiva. A saber: Ley 26485 que protege a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, entre ellas, la institucional, Ley 26791 que modificó el artículo 80 del Código Penal, incorporando el femicidio como un tipo de homicidio motivado por el género y Ley 27499 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles de los tres poderes del Estado.
Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans. En los últimos años, la comunidad LGTBIQ+ argentina conquistó un significativo número de derechos; sin embargo, no ocurrió lo mismo en todo el mundo. España, por ejemplo, hoy se encuentra en lucha por la actualización de su Ley de Identidad de Género.
Hace unas semanas, en el país europeo se hizo público un borrador de la nueva Ley Trans, impulsado por Irene Montero, ministra de Igualdad y miembro de Unidas Podemos. El proyecto despertó debate dentro del movimiento feminista español y en el interior de la coalición de gobierno que pusieron en duda su aprobación. El retraso motivó a un conjunto de activistas a iniciar una huelga de hambre exigiendo la aprobación del borrador.
Latinoamérica y Argentina
En Argentina, las personas trans tienen garantizada una serie de derechos en base a convenciones internacionales, normativas nacionales (como la Ley de Identidad de Género y la de Matrimonio Igualitario), legislaciones provinciales y decretos del Poder Ejecutivo relacionados con, por ejemplo, acceso al cambio de nombre en el DNI y partida de nacimiento en la adultez o en la infancia, derecho al respeto de la identidad de género en espacios educativos y, en el sistema de salud, acceso a hormonas y cirugías de modificación corporal entre otros. El año pasado, el decreto 721/2020 garantizó un cupo laboral travesti-trans del 1% para el Sector Público Nacional.
¿Por qué es necesario echar luces sobre la legislación existente en la materia? Según reconoce el Estado argentino, la expectativa de vida de una persona trans oscila entre 35 y 40 años. La legislación argentina, aún con sus falencias en la práctica, lejos está de la realidad que se vive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Paraguay y Brasil, no cuentan con leyes de identidad de género.
Europa y España
En Europa, España tiene una legislación de 2007 que, si bien permite el cambio de nombre en el documento, lo avala mediante la patologización de sus solicitantes.
Según explica Rosa María García, activista española transfeminista y doctoranda en Filosofía y Género, la normativa que está en vigencia surgió en respuesta a una problemática urgente: hacia las décadas de 1970 y 1980, las mujeres trans que iban a los juzgados a solicitar el cambio registral se encontraban con jueces que no tenían jurisprudencia sobre la que hacer un fallo claro.
En este contexto, los magistrados exigían un marco legal para saber cómo actuar ante estos reclamos. Así surgió la Ley 3/2007, una regulación que nació con 15 de años de retraso respecto a las demandas de los movimientos sociales, de los Principios de Yogyakarta –que se publicaron en 2006– y de varias de las legislaciones que ya existían en Europa.
A diferencia de la ley argentina, la normativa española impone dos condiciones fundamentales para responder a la solicitud: por un lado, tener un informe diagnóstico de disforia de género. Esta primera cláusula supone la patologización de las personas trans, ya que entiende que para acceder al pedido se debe estar bajo el diagnóstico de “transexualidad”. En 2012, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) eliminó de su manual este concepto ya que dejó de considerarlo como una patología. Hacia 2018, también se expidió la Organización Mundial de la Salud (OMS): la disconformidad de género se definió como una condición correspondiente a la salud sexual.
La segunda cláusula exige acreditar al menos dos años bajo tratamiento médico con hormonas. En 2018, una instrucción de la Dirección General del Registro Civil habilitó el cambio de nombre simplemente presentando documento, sin la exigencia de acreditar un informe psicológico. De cualquier manera, la legislación actual no prevé la existencia de personas no binarias ni establece las mismas garantías para todo el territorio: existen normativas específicas de cada comunidad autónoma, pero son muy limitadas porque están acotadas a sus competencias. Según García: “Es problemático, porque quizás a 20km de distancia de donde estás tus derechos son otros”.
El proyecto de ley de Montero busca armonizar estas legislaciones y ajustarse a los estándares internacionales. Sin embargo, no trataría problemas de fondo. Un ejemplo son las personas migrantes que no estarían afectadas por esta legislación que contempla solo a españoles: “Muchas mujeres trans migrantes encuentran la prostitución como única salida frente a la falta de derechos”, según indica la doctoranda en Filosofía y Género.
Desde un punto de vista más optimista, la actualización de la ley permitiría ampliar garantías legales de forma integral: ¿Qué pasa con los derechos reproductivos de los varones trans, por ejemplo? En Argentina, gracias a la sanción de la Ley de Identidad de Género en 2012, la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito –y la posterior sanción de la ley Nº27.610– incluyó como sujeto de derechos a las personas gestantes. De esta forma, no solamente se contemplan los derechos reproductivos de mujeres cisgénero (cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer), sino que también se prevé el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para varones trans y personas no binarias.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, por medio de la Secretaría de Economía Social, lanzó el capítulo “Trabajadores y trabajadoras de medios comunitarios” del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP). De esta manera, las y los comunicadores de los medios comunitarios, alternativos, populares, originarios, digitales y de las TIC´S, pasarán a ser reconocidos dentro del universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. A partir de esta nueva pestaña que se abre en el ReNaTEP, las y los trabajadores de la comunicación alternativa podrán inscribirse en el registro y así intentar cambiar la suerte un segmento que parecía invisibilizado por parte del Estado
David Magnarelli, Coordinador de Medios Comunitarios de la Secretaría de Economía Social, sostiene que el registro no solo está destinado a las y los comunicadores, “sino que también a los técnicos, operadores, diseñadores, toda la gente que labura atrás de medios y que siempre lo hace en negro. Lo que intentamos con esto es obtener una radiografía al sector, por cuánta gente está conformado y a partir de ahí sacar el recorte.” También menciona que, a solo dos meses de dar inicio al registro, ya son más de 13 mil trabajadores registrados y se espera que sean más en los próximos meses, ya que planean realizar una campaña de inscripción.
Los principales beneficios a los que van a poder acceder las y los trabajadores de los medios de comunicación comunitarios son los programas de asistencia del Estado que brinda hacia el sector de la economía popular. Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), explica: “Hay dos líneas fuertes que se están planteando, en realidad tres líneas: una es Potenciar Comunicación, es decir Potenciar Trabajo, pero volcada específicamente a la comunicación; y líneas de formación, que hay dos que son centrales: una tiene que ver con las nuevas tecnologías, y otra con legislación.”
Esta propuesta, lanzada por la Secretaría de Economía Social, ostenta una ruptura en el paradigma del sector autogestionado de la comunicación, el cual se caracteriza por la presencia de trabajadores que tienen que acudir a la realización de otras tareas para poder sustentarse. Esto se debe a que los medios comunitarios o alternativos no logran generar ingresos suficientes por no perseguir una lógica comercial, la cual limitaría su capacidad de generar contenido diverso que haga eco de las distintas realidades que no exhiben las grandes empresas mediáticas. En relación con esta realidad, Martín Díaz, integrante de la dirección de Radio Arraigo de La Matanza, cuenta: “El ReNaTEP, contemplando el tema de la comunicación comunitaria y los diferentes medios autogestionados, es una puerta como para que, en este contexto de pandemia, aquellos trabajadores que vienen en un proceso de la comunicación comunitaria puedan acceder a algún tipo de subsidio.”
Además de proponer cambios a nivel económico, estas asistencias por parte del Estado pueden marcar un antes y un después en la calidad profesional de las y los trabajadores de la comunicación, lo que puede llegar a mejorar las condiciones del medio. “El gran desafío es que los compañeros puedan acceder a través de este registro a diferentes posibilidades, de poder seguir capacitándose, formándose, y poder pelear el día a día en una situación que es bastante crítica”, afirma Díaz.
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Por otro lado, Belén Del Huerto, trabajadora del medio comunitario tucumano La Nota, menciona la realidad que viven los medios comunitarios a lo largo del país: “Nosotros revindicamos el hecho de ser un medio sostenido por sus trabajadores, pero obviamente tenemos las limitaciones en cuanto a lo económico. Vemos que la pauta oficial está repartida en los grandes medios, y no en democratizar las voces y mucho menos federalizar las voces, que es nuestro gran pedido.” Además, aclara: “Ya estamos registrados, tenemos todos los papeles en regla, tenemos acá un organismo que es el IPACYM que gestiona cooperativas, tenemos relación con los organismos nacionales, pero falta la línea de financiamiento por parte del Estado, que es lo que corresponde, porque realmente cubrimos casos desde nuestro territorio y brindamos espacio y voz desde nuestro territorio con las problemáticas propias de vivir en el interior del país, lejos de la Capital Federal.”
Si bien la situación económica actual en la que están inmersos los medios comunitarios es poco favorable, las distintas fuentes consultadas coinciden en que la inclusión en el ReNaTEP es el punto de partida de un largo camino por recorrer para que la comunicación alternativa logre posicionarse al frente de la lucha por el sentido, por representar las distintas realidades de cada comunidad desde una mirada diversa, inclusiva y representante de las clases populares. Que el Estado brinde las herramientas necesarias es una condición fundamental para que la comunicación popular gane mayor visibilidad y pueda situar su mirada con la misma impronta que lo hacen los grandes medios de comunicación del país.
«Seguimos demandando un salario de cuidado y que se mejore la atención para las violencias machistas», dice Dillon.
El 3 de junio de 2015, cientos de miles de manifestantes se encontraron en las plazas de todo el país para exigir un freno a la violencia machista. Sin saberlo, estaban viviendo un momento bisagra en la Argentina. Ese día fue histórico y marcó un antes y un después para la sociedad, propulsando una revuelta feminista de organización y toma de conciencia. Aquel primer Ni Una Menos cristalizó en las calles un grito que se venía gestando lentamente y provocó un estallido social que aceleró un cambio necesario. La marea feminista fue creciendo de manera exponencial, haciéndose sentir en cada espacio y proponiendo una transformación de la realidad entera.
Este año, debido a la pandemia del covid 19, no se podrá salir a las calles. Aún así, más de 60 organizaciones feministas se reunieron en asambleas virtuales y armaron una serie acciones para que el reclamo no pase desapercibido. “Nos sostienen las redes feministas. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” es la consigna para este año.
Marta Dillon, integrante del Colectivo Ni Una Menos y editora del suplemento “Las 12” del diario Página 12, hace un recorrido por lo alcanzado en estos últimos años y para pensar acerca de la movilización virtual.
Tras cinco ediciones consecutivas de marchas multitudinarias y plazas repletas de personas, este año el reclamo colectivo Ni Una Menos no copará las calles. ¿Cómo va a ser la manifestación este año?
Vamos a hacer un vivo en las redes tratando de abarcar todos los hechos que han sucedido desde el 3 de junio de 2015: desde los paros feministas, las huelgas internacionales feministas, el armado de la intersindical, la emergencia de activismos como el de la diversidad corporal, la columna antirracista y otros. Tenemos anotadas más de 48 personas para este vivo que va a durar más o menos cuatro horas. En el medio habrá un ruidazo y la lectura en vivo del documento que se leerá desde distintas organizaciones. También invitamos a colgar banderas y pañuelos de las puertas, de las ventanas, cuando salgamos a la calle para hacer visible que seguimos organizadas y que cuando decimos Ni Una Menos estamos denunciando la violencia machista pero también reconociéndonos entre nosotras y entre nosotres como aliades para seguir en la lucha.
¿Qué particularidades tiene el reclamo este año?
Estamos atravesando una crisis de cuidados. Sabemos que son principalmente las identidades femeninas las que estamos llevando la mayor carga de las tareas de cuidado, tanto en el sistema de salud como dentro de nuestras casas o en las organizaciones territoriales. Hay una enorme carga de trabajo sobre las espaldas de las compañeras y eso necesita visibilización. También seguimos demandando un salario de cuidado y la posibilidad de que se mejore el sistema de atención para las violencias machistas, que está totalmente colapsado. Otro punto importante es el tema de la deuda que es algo que venimos denunciado desde los feminismos porque es un sistema de obediencia. Muchas no pueden salir de los círculos de violencia justamente porque tienen la vida expropiada en función de tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento.
La consigna para este año tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo de que nos cuidamos entre nosotras.
Así es. Sabemos que muchas de las compañeras que sobreviven cotidianamente a la violencia machista es porque tienen otra compañera que está cerca, que las alienta a denunciar, que las ampara en su propia casa o que consigue generar las redes para poder decirle basta a la violencia machista aun en este contexto tan cerrado que estamos atravesando. Nos cuidamos entre nosotras y entre nosotres. Y demandamos al Estado, por supuesto, pero sabemos que dependemos y que confiamos y que nos sostenemos cotidianamente por nuestras redes.
«Muchas tienen la vida expropiada al tener que sostener la vida cotidiana a través del endeudamiento», señala Dillon.
¿Qué cambios observás desde ese primer Ni Una Menos?
Me parece que hubo un cambio en la escucha y cambió la tolerancia a la violencia machista. Hubo un estallido y después hubo un proceso de crecimiento, un proceso revolucionario en muchos sentidos. Se fue entendiendo que la violencia machista y los femicidios no son hechos que tienen que ver con relaciones interpersonales sino con una matriz política, cultural, económica. Se empezaron a politizar espacios que no estaban ligados al feminismo o donde el feminismo tenía muchos problemas para hacerse oír, como los sindicatos, las escuelas secundarias, en los contenidos culturales.
¿Y qué cambios notás dentro del movimiento feminista?
Lo que ha sucedido en los últimos cinco años es enorme. Estamos discutiendo desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo. Las redes feministas se han fortalecido y multiplicado. Empezaron a surgir otros activismos que ya venían dándose pero que, dentro de esa marea feminista que tiene esa capacidad de transformarse y de abarcar y de integrarse con otras narraciones, tuvieron otra visibilidad, otros diálogos y otra potencia. El paro nos permitió pensarnos ya no solamente desde el lugar de víctimas de violencia o de sujetas de asistencia social, sino como productoras de valor y con capacidad de cambiarlo todo y de detener el mundo. Las tareas de cuidado, la división sexual de trabajo, no son conceptos nuevos pero que se pusieron en acto de otra manera en la calle. Y eso después volvió a las casas, a los barrios, a las plazas, a los lugares de trabajo en forma de discusión, de politización, de entender los propios vínculos.
Se estima que el número de femicidios ha crecido en comparación con años anteriores. ¿Qué pasa con la violencia machista en la situación que se está viviendo actualmente?
Sí, los femicidios y las denuncias por violencia aumentan, se hace evidente algo que venimos denunciando desde siempre: que la familia cerrada a los parámetros heteronormativos es la tierra fértil para las violencias, donde la autoridad de padre no es discutida, donde niños y niñas no son sujetos sino objetos y donde las mujeres tienen que sostener la reproducción de la vida como si eso fuera una disposición natural y no un trabajo. La casa no es un refugio para todo el mundo. Fue una de las cosas que se rompió desde el primer Ni Una Menos: que no hay un territorio privado donde las cosas se arreglan dentro, si no que eso también es político y sacar la intimidad del encierro de las casas es lo que nos asegura poder enfrentarnos a la violencia machista. En este contexto de pandemia, donde los varones que construyen sus masculinidad en términos hegemónicos no tienen el afuera para sentirse valorados, descargan sus impotencias dentro de las casas. Lo que no puede ser expresado en las calles implosiona en los hogares y se transforma en violencia machista.
¿Qué rol juega el Estado en todo esto?
Todo esto que estamos hablando repercute en demandas concretas al Estado, que es responsable cada vez que no llega a tiempo a contestarlas. Cada femicidio es una falla del Estado en la protección de esas mujeres o travestis. Cuando hablamos de prevención, pensamos en la ESI (Educación Sexual Integral); en la necesidad de campañas permanentes sobre la prevención de la violencia machista; hablamos de la falta de mensajes dirigidos hacia los varones; hablamos de la falta de una justicia con perspectiva de género. El Ministerio (de Mujeres, Géneros y Diversidad) es una respuesta institucional a una enorme movilización feminista pero no puede ser la única respuesta a nuestras demandas, porque son transversales. La Ley Micaela es una herramienta pero que no puede resolverse solamente con una capacitación de un día, sino que tiene que ser un cambio de perspectiva totalmente estructural.
¿Qué te parecen las medidas que se fueron tomando en la cuarentena?
Me parece que todo es insuficiente. Vos denuncias violencia y te llevan a un refugio y después ¿qué haces? ¿De dónde vienen tus ingresos, dónde vas a vivir, qué pasa si tenés hijes? ¿Qué tipo de red se construyó desde el Estado para los hogares donde hay una sola mujer a cargo y hay niños menores? Falta un plan integral, que entiendo que se está trabajando y que se va a presentar pronto por parte del Ministerio con compromiso de otros ministerios. Nunca en todos estos 70 días que llevamos de cuarentena se mencionó a la violencia machista o a la sobrecarga en las tareas de cuidado de las mujeres en los comités de crisis. Así como se reconoce a los médicos tendría que haber habido la misma mención de lo que significa tener que estar encerrada todo el día en tu casa con la persona que te agrede habitualmente. Tampoco hubo mención sobre lo que sucede con los niños y niñas que están en familias donde hay un abusador sexual o con adolescentes y jóvenes LGBT que están en sus casas y son rechazados por sus familias. El discurso es productor de desigualdades y de jerarquías y de falta de entender la salud como un entramado.
«Lo de los últimos años es enorme: discutimos desde cómo nos enamoramos hasta cómo se compone nuestro sueldo.»
Hace algunas semanas hubo una polémica por una supuesta liberación de presos. Ni Una Menos se declara antipunitivista, ¿qué tienen para decir sobre esta situación?
Dentro de las personas que cambiaron su régimen de libertad restringida, hubo algunas que habían cometido delitos de violencia sexual que fueron a prisión domiciliaria porque se cuenta con la complicidad del sistema penitenciario. Creen que quienes han cometido esos delitos no son en realidad delincuentes peligrosos para la sociedad, sino que han tenido problemas con su mujer, como dijo el gobernador de La Rioja (Ricardo Quintela). Esto habla de cómo todavía no se considera a la violencia machista como un problema político ni estructural. Ahora, que la derecha hable de femicidio solamente para generar pánico social es algo que no podemos aceptar y de ninguna manera se puede decir eso en nuestro nombre. Creemos que la cárcel no puede ser que la única respuesta frente a la violencia machista y frente a los horrores que produce el patriarcado. Pero alimentar sistemas de tortura no va a proteger las vidas de las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Habría que revisar quiénes están presos y por qué. Y quiénes están presas: la mayoría de las mujeres y travestis están por narcomenudeo, o sea por delitos relacionados con la pobreza. Se necesita imaginación para pensar la justicia por fuera de la cárcel: una revisión social profunda, prevención y un sistema que pueda ser reparador para las víctimas y que emita mensajes pedagógicos para la sociedad. Hay cosas que no tienen más tolerancia.
Marta Dillon recuerda bien el estallido que significó ese primer Ni Una Menos, incluso para las que ya estaban organizadas hace años. El movimiento feminista, que originariamente debatió sobre el cuerpo, la salud sexual, la paridad y las violencias ahora problematiza y analiza también el colonialismo, el racismo, el equilibrio ecológico y los modos de producir valor. Es mucho lo conseguido desde ese entonces: la Ley Micaela, la Ley Brisa, la Ley de Paridad, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre otras. Pero, sobre todo, la conquista más grande es el haber logrado que esas voces se escuchen, tengan eco y nunca más vuelvan al silencio. Hijas y nietas de las Madres y Abuelas, de los encuentros y de la organización popular el grito en las calles solo parece expandirse y promete nunca abandonar la lucha. Este 3 de junio, será con esta agenda.
