Jun 27, 2019 | DDHH, Novedades
«Hay casos en que se ejecutan las expulsiones sin que se ejerza el derecho a la defensa» dice Raísa Ortíz Cetra, del CELS.
Los objetivos fueron claros desde el principio: reforzar un discurso que criminaliza a ciudadanos extranjeros que viven en el país, manipular de manera engañosa las estadísticas sobre la población migrante carcelaria y colaborar con su asimilación con la figura del delincuente. La política migratoria del gobierno de Cambiemos resultó precisa desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri, según coinciden en denunciar organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Esa política quedó reforzada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que modifica algunos puntos clave de la Ley de Migraciones de 2003, reglamentada en 2010, y, más recientemente, por el acuerdo que concede a la Policía de la Ciudad facultades de Policía Migratoria Auxiliar. Esa normativa avala los operativos de control y agiliza los traslados de las personas detenidas por pedido de expulsión, para lo cual normalmente se requeriría la presencia de Migraciones. “Una de las modificaciones que hace el DNU es sacar la obligatoriedad de la defensa pública. Eso deriva en que hay muchos casos que se están ejecutando sin defensa. Al suceder tan rápido, son situaciones de las que no nos podemos ni siquiera enterar”, afirmó Raísa Ortíz Cetra, integrante de Equipo de Trabajo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diálogo con ANCCOM.
El rechazo a la actual política y el reclamo por un sistema de radicación accesible serán las principales consignas de la movilización convocada por la campaña “Migrar No Es Delito” que engloba distintas agrupaciones políticas y movimientos sociales para el próximo miércoles a partir de las 10:00 frente a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones.
«Se está cambiando el foco de las políticas migratorias que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En el inicio de un año electoral clave, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien adelantó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto para acelerar el proyecto de “expulsión express” de migrantes. Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso. Esa lista incluye a Jhonny Quiroz -expulsado a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el sábado 6 de abril- y a Vanessa Gómez Cuevas, la mujer peruana que desde el lunes 4 febrero se encuentra en Lima con su hijo menor de dos años, separada de sus dos hijos mayores, su madre y sus hermanas, familia radicada hace más de quince años en Argentina.
La facultad de la Policía de la Ciudad sobre el control de permanencia da pie a la posibilidad de llevar a cabo detenciones por temas migratorios. “Estas normas dan lugar a que se utilicen elementos, como por ejemplo las cámaras de seguridad, que hay en la Ciudad para capturar migrantes con pedido de expulsión a través del reconocimiento facial”, explicó a Juan Martín Villanueva, abogado del caso de Vanessa.
Lejos de tener este objetivo, el control de permanencia es un elemento incorporado a la reglamentación de la Ley 25.871 para evitar la explotación laboral de los trabajadores migrantes, que tiene su máxima expresión en los talleres clandestinos, donde cientos de extranjeros sufren las consecuencias de las condiciones de trabajo inhumanas. “Lo que hace este acuerdo, en línea con las decisiones que se vienen tomando desde el 2015, es cambiar el foco de las políticas migratorias argentinas, que estaban direccionadas hacia la inclusión”, denunció Ortíz Cetra.
En esa misma línea, María Noel Leoni, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), agregó que esta decisión implica desjudicializar las expulsiones para hacerlas más expeditas. “Esto permea todo lo que tiene que ver con esta política migratoria que es mirar al migrante como un delincuente y tratarlo a partir de esta mirada”, afirmó la abogada.
Este re-direccionamiento tiene su pilar de ejecución en la captura de migrantes con antecedentes penales. Basadas en el discurso de la seguridad nacional, estas expulsiones arbitrarias no suceden por azar. “Es una persecución a migrantes pobres que, luego de cumplir su condena, han seguido llevado adelante su vida, sin poder regularizar su documentación por las dificultades que Migraciones interpone para este tipo de trámites”, denunció Lila Báez, integrante de la campaña Migrar No Es Delito.
Cinco meses después de entrada en vigencia de la norma, al menos hay diez personas con orden de expulsión en curso.
Un caso emblemático
El caso de Vanessa Gómez Cuevas no sólo es ilustrativo de las consecuencias concretas del DNU, sino también reflejo de una doble condena, primero por el sistema carcelario y después por el sistema migratorio. “Aún desde la perspectiva de la seguridad que es la que adopta Migraciones, el impacto de la expulsión de Vanessa es casi nulo porque ella había reconstruido por completo su vida. Lo que demuestra, en cambio, son las incoherencias de la política criminal: ¿Qué tipo de seguridad se está buscando?”, completó Ortíz Cetra.
Vanessa entró en detención preventiva en 2011 por tenencia de estupefacientes, acusada de comercialización. Sin acceso a una defensa efectiva, firmó el juicio abreviado para negociar la pena mínima, es decir, cuatro años de cárcel. Su condena nunca se resolvió, porque el juicio abreviado implica que ella se identifique culpable, una salida posible para condenas de este tipo, en las que un juicio puede llegar a tardar más en llevarse a cabo que la misma pena mínima en cumplirse.
En este tiempo, Vanessa quedó embarazada de su hijo Matías, que ahora tiene 7 años, y obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en La Plata, en la casa de su hermana. En 2014, concluida la condena, estudió Enfermería y empezó a trabajar cuidando adultos mayores. Desde entonces, intentó reiteradas veces regularizar su situación legal en el país, pero Migraciones rechazó su pedido de radicación. Entonces, la Comisión del Migrante, que depende de la Defensoría de la Nación, le asignó una defensa oficial y presentó un recurso de reconsideración en nombre de ella, que quedó sin respuesta desde 2015. Desde entonces, Vanessa no tuvo respuestas del Estado. Sin embargo, de lo que nunca se enteró es que la respuesta a dicho recurso fue, de alguna manera, el pedido de expulsión que notificaron a una dirección en Capital Federal donde ella ya no vive hace más de diez años.
Vanessa fue detenida el 1 de febrero en su casa de Altos de San Lorenzo, en el partido de La Plata, donde vivía con Matías, Morena y Michael, sus tres hijos. En el barrio viven también dos de sus hermanas y su madre, que llegó al país hace más de veinte años. El día de la detención, la Policía Federal engañó a Vanessa con la excusa de “ir a firmar una notificación” y volver, y así la trasladaron a la comisaría de Azopardo, para luego llevarla a la de Madariaga y de allí a Ezeiza.
En el transcurso de la tarde y noche de ese viernes, una de las hermanas de Vanessa se contactó con Villanueva para que la ayudara con la situación.
Después de tres días en condiciones aberrantes en un sótano de Ezeiza, habiendo rechazado las medidas legales que se utilizaron para intentar frenar su expulsión, la Policía Migratoria amenazó a Vanessa con mandar a su hijo a Lima, si ella se seguía negando a salir del país. Frente a la amenaza, ambos viajaron a Perú, donde están desde entonces en la casa de un familiar.
Según el informe de Víctor Manuel Rodríguez González, psicólogo forense integrante del CELS, al que pudo acceder ANCCOM, la situación dejó una fuerte marca emocional en la familia, en especial en sus tres hijos.
El pasado 17 de mayo, Villanueva junto al CELS, el CEJIL, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que den causa a una medida cautelar, con el objetivo de que el Estado revierta la prohibición perpetua de reingreso a la Argentina que tiene Vanessa, para poder llevar a cabo la urgente reunificación familiar. “Con el DNU se estableció que la decisión de ponderar o no la separación de una familia y la necesidad de reunificación dependa exclusivamente de la autoridad migratoria, es decir, descarta la mirada de la justicia, que termina interviniendo solo para ratificar las decisiones de Migraciones”, afirmó María Noel Leoni, del CEJIL.
El poder que adquiere la Policía de la Ciudad en este nuevo acuerdo efectiviza los pedidos de expulsión y recrudece cada vez más el recorte a los derechos de las personas migrantes. “Esta política responde a un reclamo por la inseguridad, porque hay una parte del electorado que por este tipo de decisiones se siente fidelizado. Es un discurso simplista que pone al enemigo en una minoría para depositar ahí todas las miserias de la crisis”, concluyó Villanueva.
May 30, 2019 | DDHH, Novedades
Existen solo cinco sitios en el mundo designados por la Unesco como Patrimonio de la Memoria de la Humanidad.
El Campo de Concentración y Exterminio de Auschwitz en Polonia, la cárcel donde apresaron a Mandela en Robben Island, el Memorial de la Paz por las bombas atómicas en Hiroshima, son algunos de los lugares que marcaron fuertemente la -trágica- historia de la humanidad y hoy están convertidos en símbolos por haber sido testigos de crímenes contra los derechos humanos. Transformados en emblemas que no merecen quedar en el olvido, han sido resignificados como insignias del Nunca Más.
Estos tres monumentos pertenecen al grupo de los cinco (sumados a La Isla de Gorée en Senegal y el Barrio del Puente Viejo en Bosnia y Herzegovina) que fueron ya declarados Patrimonio de la Memoria por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como Unesco. No obstante, hay un sexto lugar que está en tentativa de alcanzar la misma categoría de reconocimiento internacional: el Museo Sitio de Memoria ESMA.
La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó durante la última dictadura militar como centro clandestino de detención, tortura y exterminio y también como espacio de trabajo esclavo, de maternidad clandestina y punto de partida de los vuelos de la muerte. Sus paredes, todavía testigo de las atrocidades allí cometidas, funcionan como testimonio de aquella época fatal de la historia argentina. Su núcleo operativo, el Casino de Oficiales, fue convertido hace cuatro años en el Museo Sitio de Memoria. El pasado viernes, en el acto por su cuarto aniversario se presentó formalmente su postulación ante la Unesco para ser reconocido como patrimonio histórico y mundial, proyecto que se viene formulando desde 2015, tal como lo recuerda Daniel Tarnopolsky, representante del directorio de organismos de Derechos Humanos de la ex Esma y en el Centro Internacional de Derechos Humanos de la Unesco.
Se espera que la decisión de la Unesco para el año 2021.
“En 2015 la propuesta entró en lo que se llama lista tentativa de la Unesco, que es una lista donde cada país incluye todas las propuestas que tienen para que ciertos lugares sean nombrados Patrimonios de la Humanidad; y a fines de 2016 la propuesta entró formalmente a la Unesco. Ahora tenemos que trabajar sobre el proyecto final, que lleva de dos a tres años, respondiendo a todos los postulados, que son muy específicos. Es una carpeta que incluye todo lo que es arquitectura, historia, todo lo que sucedió en el espacio desde su fundación hasta ahora -explica y agrega-. Una vez presentado o lo aceptan o lo rechazan. Raramente vuelve con indicaciones de cambio”, por lo que es de extrema vitalidad presentarlo según los parámetros, lo que demoraría, según estipula Tarnopolsky, hasta 2021.
En caso de aprobarse la propuesta, se nombraría al Museo Sitio de la Memoria Patrimonio de la Memoria y a todo el Ente público, es decir, a todo el Espacio de la ex ESMA, como área de protección. La propuesta tiene además un tinte de carácter regional. “La idea es que nosotros representemos a todo el sur de América Latina, es decir, a todos los países que fueron implicados en la Operación Cóndor”, afirma Daniel Tarnopolsky y los enumera: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Chile. Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, explica el por qué, en diálogo con ANCCOM: “Para ser patrimonio de la humanidad tiene que haber un lugar que cuente una historia determinada y esa historia tiene que tener ´valor universal excepcional´, es decir, que narre un hecho de valor universal, pero que sea excepcional en tanto único. En nuestro caso estamos presentando el lugar, la ESMA, un centro clandestino, y el valor universal, la práctica sistemática de desaparición forzada de personas”. Continúa Naftal aclarando que, en la Unesco, una vez que hay un lugar que representa un determinado concepto, ya no podrán ser declarados patrimonio otros espacios que representen lo mismo. Es entonces que la declaración del Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio de la Memoria visibilizaría otros lugares de la región en donde se haya llevado adelante esta misma práctica. “Por eso tenemos que trabajar mucho, no solamente con los sitios de memoria de la Argentina, sino también con los sitios de memoria de estos países, con los que estamos empezando a conversar. No hay en este momento otro postulante que esté trabajando en un sentido similar al nuestro y eso es muy importante”, vuelve Tarnopolsky.
La propuesta tiene carácter regional:el sitio se convertiría en mojón de memoria de todos los crímenes realizados por las dictaduras latinoamericanas.
La Argentina es ejemplo y pionera en el camino recorrido bajo el halo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, lo que posibilita que la ESMA pueda llegar a convertirse en ese símbolo, ese concepto, el de la desaparición forzada de personas, ya que, no solo es importante el lugar físico, sino también la historia presente entre los hechos que se narran y lo que hicieron posteriormente las sociedades con ese hecho. A su vez, existe un último punto clave a considerar por Unesco: el compromiso del Estado: que trascienda a los gobiernos y que los distintos sectores de la sociedad civil apoyen, sean partícipes y demuestren la pregnancia política, social y cultural del lugar.
Por otro lado, con el Museo Sitio de la Memoria declarado Patrimonio del Nunca Más, que es una categoría informal dentro de la de Patrimonio de la Memoria, el Estado argentino se debería comprometer a cuidar, mantener y proteger los espacios, impidiendo que sean destruidos y transformados. “Tiene que ver con un reconocimiento internacional, una protección internacional, lo que no quiere decir que estas cosas no van a volver a suceder. No nos inventemos lo que no existe, estas cosas por desgracia van a seguir sucediendo. Pero por lo menos hay un sello, hay un reconocimiento internacional de los desastres”, sigue el director del Ente Público al hablar de los patrimonios. En su portal, la Unesco establece que la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial busca garantizar la no repetición de los crímenes, además de fomentar la paz a través de la memoria y la reconstrucción de la convivencia intercultural. El valor de estos sitios reside en la memoria y en la influencia que los acontecimientos acaecidos en dichos lugares han creado en la identidad de su sociedad.
Conservar los lugares donde fueron secuestradas, torturadas y exterminadas miles de víctimas del terrorismo de Estado argentino durante la última dictadura militar es también una manera de rendirles homenaje y recordarlos permanentemente. Habilitar la visibilización internacional es importante, pero también lo es generar una reflexión y debate al interior de la sociedad argentina. La postulación ante la Unesco busca que Memoria no sea únicamente una canción de León Gieco cantada en los actos de escuela primaria, que no sean pañuelos pintados en las ciudades. Que la historia de Memoria, Verdad y Justicia, sean un elemento identitario de nuestro pueblo y que el grito del “Nunca Más” no sea sólo una categoría informal en los patrimonios, sino una realidad.
May 22, 2019 | Géneros, Novedades
Distintas organizaciones sociales marcharán el viernes 24 hacia el Congreso de la Nación para acompañar el proyecto de Ley de Emergencia en Violencia de Género.
El próximo viernes 24 de mayo se presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para establecer la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres. La iniciativa es fruto de la unión entre diversos movimientos sociales y populares feministas: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la agrupación Somos Barrios de Pie, además de la Campaña por la Declaración de la Emergencia Nacional.
El fundamento del proyecto de ley es contundente. Las campañas y la concientización para comprender el problema social de la violencia de género son importantes pero no alcanzan para ayudar a quienes hoy sufren de violencia en su hogar. Por este motivo, exigen una reasignación de partidas presupuestarias para llevar adelante una serie de medidas inmediatas. Entre ellas se destacan crear refugios y casas de atención de día con profesionales en todo el país y brindar subsidios y asistencia económica a mujeres en situación de violencia.
Otro de los puntos centrales del proyecto refiere a la necesidad de evitar que sigan aumentando los casos de violencia doméstica en Argentina. Con este fin, se propone un plan de formación de por lo menos 100.000 promotoras en prevención de violencia contra la mujer que estén presentes en todo el territorio nacional. Este plan era parte de un conjunto de iniciativas del Movimiento Evita, impulsor de la aprobación de la Ley Micaela García, que insta a los funcionarios de los tres poderes del Estado a una capacitación constante en materia de género. Por su parte, la CTEP trabajaba en un programa nacional de independencia económica y habitacional para mujeres víctimas. Ambas ideas fueron unificadas ante la propuesta de la Campaña por la Emergencia Nacional para construir una legislación más integral y abarcativa.
Marina Cardelli, integrante de Mujeres Evita y de Seamos Libres, organización perteneciente a la CTEP, dijo a ANCCOM que apoyan el proyecto de ley porque responde a la defensa de los derechos de las trabajadoras: ‘‘La violencia, tanto física como psicológica y económica que sufren las mujeres en situaciones de crisis es cada vez más profunda. Todo el pueblo argentino sufre la crisis pero mucho más las mujeres, y mucho más todavía cuando son pobres’’. Además, recalcó la preocupación por el creciente número de femicidios y transfemicidios y afirmó que ‘‘el Estado tiene que dar respuesta urgente, sobre todo cuando existen leyes que no se cumplen’’.
El proyecto lleva la firma de las diputadas Lucila De Ponti (ME), Gabriela Cerruti (FpV), Cristina Alvarez Rodríguez (FpV), Mónica Macha (FpV), Vanesa Siley (FpV), Silvia Horne (ME), Carolina Moisés (J) y Cecilia Moreau (UNA), y espera reunir más firmantes antes de su presentación. El 24 de mayo, a partir de las 15, acompañarán las agrupaciones involucradas con una concentración y un festival musical en las inmediaciones del Congreso. ‘‘Por lo pronto esperamos que llegue al recinto y que los diputados voten afirmativamente, o tendrán que explicar la situación de absoluta vulnerabilidad y abandono que viven las mujeres víctimas de violencia en nuestro país’’, concluyó Cardelli.
Abr 6, 2019 | DDHH, Novedades
Los hermanos de las víctimas son quienes brindarían apoyo psicológico a los padres al momento de revelar las imágenes del hallazgo.
“Creemos que es una exclusión totalmente injusta”, plantean las hermanas y hermanos de los tripulantes del ARA San Juan. El próximo 23 de abril se realizará una audiencia para exhibir el material visual que la empresa Ocean Infinity recolectó durante el hallazgo del submarino en noviembre del 2018: será un encuentro de acceso limitado a familiares que, según el Juzgado Federal de Caleta Olivia, incluye únicamente a “madres, padres, esposas/convivientes y/o hijos mayores de edad”.
Los hermanos y hermanas no figuran en la lista e iniciaron un reclamo ante el Juzgado, pero obtuvieron una respuesta insulsa: no podrán acceder por “una cuestión de espacio”. “No es un motivo valedero porque somos 300 personas, con toda la furia”, dice la hermana del tripulante Daniel Alejandro Polo, Isabel Eugenia Vilca. La jueza federal a cargo, Marta Yáñez, explica que los interesados en concurrir deberán acreditarse para evaluar un número estimado de asistentes y habilitar más lugar en base a ello, pero por el momento no hay novedades que insinúen un cambio.
La hermana del tripulante Luís Leiva, Natalia Leiva, sostiene: “Esta fue una respuesta a los medios, pero nosotros pensamos que no participamos porque jurídicamente no tenemos validez legal para la leyes argentinas”. Agrega que, en caso de que fuera el espacio el inconveniente real, debería resolverse con una sala de mayor capacidad.
“Nosotros le pusimos el cuerpo a esta lucha”, expresa Natalia. Tanto ella como otros hermanos participaron de la investigación en conjunto desde que se conocieron en la base naval de Mar del Plata, en noviembre del 2017. Hoy se mantienen comunicados a través de un grupo de WhatsApp para trabajar en equipo nuevamente, esta vez, por la búsqueda de un derecho.
La jueza Yáñez argumenta que no hay espacio para que los 24 hermanos presencien la audiencia.
Isabel cuenta que su participación siempre fue activa: buscó apoyo mediático y político, se mantuvo en contacto con el CEO de Ocean Infinity, Oliver Plukket, y participó del acampe en Plaza de Mayo que se realizó desde junio hasta agosto del 2018 en reclamo a un mayor compromiso del Gobierno en la investigación. “Fueron años en que a veces dejé de lado a mis propias hijas y marido para salir a pelearla”, cuenta. Ahora lucha por una invitación al evento. “La señora Yánez sabe que los hermanos somos muy combativos, hemos tenido que salir a pelear aún con el dolor a cuestas -dice Isabel-. Somos sangre de cada uno de los 44 tripulantes”.
Los 24 hermanos y hermanas que lanzaron el comunicado afirman que su participación no se limita al deseo de descubrir la verdad encontrada en el fondo del Océano Atlántico, sino también a que son un pilar fundamental para la contención de sus familiares. La desaparición del submarino ocasionó un duro impacto emocional en los allegados de las víctimas, principalmente a sus padres y cónyuges, y los hermanos son quienes les brindarían apoyo psicológico al momento de revelar las imágenes del hallazgo. La madre de Natalia es mayor, y de no contar con el acompañamiento de su hija deberá ir sola, arriesgando su salud y seguridad. Isabel es la voz de su cuñada Verónica, la motivó desde el día de la desaparición de Daniel Alejandro y desea continuar acompañándola en la audiencia.
El Juzgado determinó, además, que los asistentes “no podrán ingresar con teléfonos celulares, cámaras y/o similares” con el objetivo de “evitar la filtración y divulgación de imágenes”. Los allegados de las víctimas que no tendrán acceso a la reunión quedarán al margen de los resultados que tanto buscaron durante un año. “Necesito ver esas fotos para poder cerrar el círculo”, admite Isabel, y de no posibilitar un espacio acorde, ese círculo, dice, no se cerrará jamás.
Sep 14, 2018 | Comunidad, Novedades
Conferencia de prensa de Suteba en reclamo de justicia por la docente agredida.
A la grave situación educativa que vive el Partido de Moreno se le sumó el violento ataque a la docente Corina de Bonis, quien luego de retirarse del Centro de Educación Complementaria N° 801 Paulo Freire fue secuestrada el miércoles por tres desconocidos. La maestra fue víctima de golpes, amenazas de muerte y como último acto de barbarie le marcaron el abdomen con un punzóm dejándole la inscripción “ollas no”, en referencia a la acción solidaria que llevan adelante los docentes del CEC para ofrecerles comida a la comunidad educativa. Luego la soltaron. El hecho se dio a conocer de inmediato y los diferentes gremios que llevan adelante el plan de lucha por las escuelas de Moreno marcharon ayer, para repudiar el secuestro y la tortura a su compañera. En diálogo con ANCCOM, María Fuentes, vicedirectora del CEC N° 801, cuenta: “Hay 256 alumnos que no podían dejar de comer, pero eso a alguien le molestó y empezamos a sufrir amenazas semanales a partir del veintidós de agosto; primero fue un llamado telefónico, luego dejaron notas intimidatorias y por último el ataque a Corina que excedió los límites de lo imaginable”.
María, que no abandonó su lugar de trabajo pese a la concreción de las amenazas, señala la vereda y dice: “Justo acá, donde estoy parada, se hacía la olla popular, cortamos su funcionamiento con la amenaza anterior que hacía referencia a que la próxima olla era en el cementerio”. Sin embargo, ahora se hacen cargo de la comida los vecinos y padres, que con las donaciones que recibió la escuela, cocinan en la plaza del barrio ubicada frente al CEC.
Leila Méndez Revilla, docente del CEC, habla acerca de su trabajo junto a Corina: “Ella cocinaba conmigo, cada una se ocupaba de una tarea y nosotras nos sentíamos cómodas en ese espacio, teníamos experiencia en cocinar para la multitud”. Con respecto al secuestro, Leila aclara que “fue al azar, no creemos que haya sido premeditado, ella vive a unas 20 cuadras y quedó expuesta”. Ese día la vicedirectora -que habitualmente la llevaba a su domicilio- se retiró antes del establecimiento y así la escena quedó lista para concretar la amenaza. Una de las notas anónimas enviadas anteriormente decía; “No todas tienen auto».
Las amenazas que hasta ayer pasaban desapercibidas para los grandes medios también aparecían en pintadas realizadas en las cercanías de la escuela:“Dejen de hacer política, den clases” o “Dejen de hacer política con los chicos”. A estos mensajes, María Fuentes responde: “La única política que hacemos es enseñar a pensar, si eso les molesta lo lamento porque lo seguiremos haciendo” y agrega que “educar es un acto político, hay gente que pretende confundir y dividir, pero si es lo que pretenden están logrando el efecto contrario”.
Las amenazas que hasta ayer pasaban desapercibidas para los grandes medios también aparecían en pintadas realizadas en las cercanías de la escuela:“Dejen de hacer política, den clases”
Conmovida por la cantidad de personas que marchó al día siguiente del ataque a Corina, María aclara que lo único que quieren es volver a tener la escuela abierta en condiciones dignas para dar clases y que los alumnos vuelvan al comedor. “El CEC es un centro de referencia en la comunidad, no hay vecino que se queje de su funcionamiento, es muy querido por todos”, explica, y alega que este ataque no es en particular contra el CEC, sino contra la educación pública en general.
En la marcha de ayer, en tanto, en Moreno, todas las voces se pronunciaron en rechazo a la violencia y las amenazas que sufre el colectivo docente. Mariana Cattáneo, secretaria general de Suteba Moreno, expresó: “El mayor desafío para nosotros ahora es resguardar a las compañeras amenazadas para que no reciban ataques similares”.
“Si bien teníamos claro que podía haber consecuencias, jamás pensamos que se podía concretar una amenaza, pensamos que era el amedrentamiento típico de los grupos que no soportan las acciones en democracia, lo que pasó ayer cruzó todos los límites”, aseguró Mariana, que forma parte del acampe frente al Consejo Escolar local, organizado a partir de las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por una explosión de gas, en la escuela N° 49, ocurrida el pasado 2 de agosto. Desde entonces, no hay clases en el distrito.
Todas las voces se pronunciaron en rechazo a la violencia y las amenazas que sufre el colectivo docente.
“La olla del CEC 801 en estas circunstancias no puede llevarse a cabo. Estamos exigiendo que las autoridades provinciales refuercen el servicio alimentario escolar porque no lo hizo en estos cuarenta días y es lo que llevó a que tomemos la medida de hacer las ollas populares. Al tener inhabilitado el servicio de gas nos vimos obligados a combinar con los comedores barriales y en otros casos poner las ollas en las veredas”, cuenta Mariana.
Como referente de Suteba, enumera los puntos del reclamo que llevan adelante: “Exigimos el refuerzo del servicio alimentario escolar, el plan de infraestructura y que se investigue el ataque y las amenazas que estamos recibiendo”. El próximo lunes se pondrá en marcha un ‘comité de crisis’ conformado por autoridades provinciales, el municipio, más sindicatos y alumnos de todos los niveles. Este comité va a controlar el proceso de obras que va a llevar adelante la Dirección Nacional de Infraestructura en la reparación de las escuelas de Moreno, entre otras acciones. Queda por ver, en tanto, si la Justicia establece las responsabilidades tanto de las muertes de Sandra y Rubén como del ataque contra Corina.
Una de las notas anónimas enviadas, antes que se concrete la amenaza, alegaba; “No todas tienen auto”.
