Jun 28, 2017 | Comunidad
«Faltan cinco minutos para salir al aire, vamos a arrancar con la cámara dos. Hagamos silencio porque se escucha todo. Lu, vos pasá la imagen a este monitor, y los títulos de las noticias», luego de decir esto, Natalia Vinelli –pionera de los medios alternativos- se concentró en su pantalla y comenzó a indicar por el micrófono los encuadres para las cámaras del piso de grabación. Los demás en el estudio hablaban entre sí, ya estaban expectantes del comienzo, y sacaban fotos para recordar un momento histórico en la comunicación popular argentina. En el piso, los dos conductores del día se acomodaban, y repasaban los últimos detalles. «Un minuto para que Barricada TV salga al aire por primera vez», dijo luego Natalia, y miró al televisor que mostraba la programación que se estaba emitiendo, previo a la salida del noticiero. Sonrió, miró a dos de sus compañeros y les dijo: «Miren la calidad de la imagen y la titulación. Son unos genios, no lo puedo creer». Minutos más tarde, en el piso de grabación los camarógrafos escucharon por sus auriculares lo que Vinelli decía para todos los demás compañeros en la sala contigua, dirigiendo el programa a través de todos los monitores: «Tres, dos, uno, ¡al aire!»
Barricada TV es el canal alternativo, popular, autogestivo y de contrainformación que desde 2010 crea contenido con un enfoque diferente al de los medios comerciales, pero que sólo tenía alcance en el barrio de Almagro. Ayer por primera vez, después de años de trabajo y disputa pudo transmitir con alcance a toda la Ciudad de Buenos Aires (C.A.B.A) y el primer cordón del conurbano, desde el mismo estudio de siempre, ubicado en el cuarto piso de la primera fábrica recuperada del país, Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA). El equipo de Barricada había ganado el concurso para obtener la licencia en noviembre de 2015 dentro de la disposición de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual de distribuir el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para medios sin fines de lucro. También la obtuvieron otros dos medios, Urbana Tevé (también en C.A.B.A) y Pares TV (en Luján). Sin embargo, durante 2016, canal trece utilizó en carácter experimental la frecuencia que había sido asignada a las emisoras sin fines de lucro (canal 33.1 y 33.2 respectivamente) por lo que la transmisión se interfería. Después de un año de reclamos y lucha en las calles, los canales concursados fueron reasignados al canal 32.
Barricada TV es el canal alternativo, popular, autogestivo y de contrainformación que desde 2010 crea contenido con un enfoque diferente al de los medios comerciales, pero que sólo tenía alcance en el barrio de Almagro.
Natalia Vinelli fue quien dio comienzo a Barricada TV. En diálogo con ANCCOM hizo un balance del proceso del proyecto: «Hoy es la maduración de años de trabajo. Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en cómo surgió todo es una frase: ‘piqueteros violentos’. Eso es lo que decían los medios de comunicación en la segunda mitad de los años ’90, y en las postrimerías de 2001, del movimiento piquetero de trabajadores desocupados. En cambio, ¿qué decían ellos? salían a las calles a cantar ‘piqueteros carajo’. Ese canto tenía que ver con una autoafirmación, ‘somos nosotros, estamos acá’. Barricada TV surge en ese contexto como idea de recuperar y acompañar esa palabra afirmativa de los sectores que no tienen representación en los medios tradicionales».
Cuando terminó el primer bloque, las caras se distendieron. Los conductores Lucía Maccagno e Ignacio Etchart se acomodaban para no quedar fuera del encuadre de la cámara. Ellos no serán siempre los conductores, contó Lucía a ANCCOM, ya que la idea es que los roles circulen de manera equitativa. Cuestiones como estas las debaten en reuniones que tienen una vez a la semana, donde también discuten la agenda del noticiero. Ésta siempre está enfocada en los trabajadores, los derechos humanos, y aquellos temas relevantes que no salen en los medios comerciales. También buscan plantear preguntas nuevas sobre las coberturas que tienen en común con medios masivos, es decir, buscan el enfoque social, la cuestión de fondo. «El desafío es que cualquier vecino se quede viendo el programa y aunque piense diferente, le llegue otro discurso, otra realidad, y otra construcción de la noticia», explicó Lucía. Al tener un mayor alcance buscan llegar a más público a través de los formatos y lo estético, con una escenografía cuidada. Ésta fue realizada con maderas, chapas, entre otros elementos, por una cooperativa de diseño que funciona en la fábrica recuperada, ya que el equipo de Barricada quería que el espíritu IMPA esté en toda la programación. «La esencia no cambió, lo único que cambió es que se han vuelto mucho más profesionales», reflexionó Tomás Ortiz, quien volvió los días pasados a la parte técnica del canal después de unos años en los que no pudo participar en el proyecto Barricada por trabajo.
«Me va a agarrar un paro», dijo Natalia entre risas, en uno de los cortes. Ya para los últimos bloques, aparecían comentarios más eufóricos durante las propagandas. A las 21.03, Ignacio saludó a los televidentes y cerró con una frase que quedó resonando en todos y todas: «El que abandona no tiene premio». Ni bien salió la placa ‘Noticiero Barricada TV’ empezaron los aplausos en todo el estudio, que continuaron más tarde en el brindis.
En la puerta de salida del estudio hay un papel pegado, es un recordatorio técnico. Pero en realidad, podría decirse que resume la historia de Barricada TV: «¿Te vas? antes de salir apagá las luces y fijate en la computadora que estemos transmitiendo».
Actualizada 27/06/2017
Jun 26, 2017 | Comunidad
Organizaciones sociales del campo popular recordaron ayer a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes militantes sociales que murieron hace quince años a manos de las fuerzas policiales en medio de una multitudinaria manifestación en el Puente Pueyrredón. Con los autores materiales del crimen -el entonces comisario Alfredo Luis Fanchotti y el ex cabo Alejandro Acosta- condenados a cadena perpetua, el acto de cierre se centró en el reclamo para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios políticos que dieron la orden de reprimir
Corría el 25 de junio de 2002. Maximiliano Kosteki caía herido de muerte sobre el piso de la estación Avellaneda; Darío Santillán vio a su compañero y se acercó para socorrerlo. A él también le dispararon a un metro y por la espalda.
El Frente Popular Darío Santillán, un domingo de 15 años después, organiza una jornada para recordar la masacre de Avellaneda. La cita es en la Avenida Hipólito Yrigoyen, uno de los principales accesos al Puente Pueyrredón que se encuentra a unas cuadras de allí, a la salida de la estación del tren Roca, rebautizada como Darío y Maxi. Sobre uno de los laterales de la salida se improvisa un anfiteatro para llevar a cabo las actividades de la reunión. Desde las 12 del mediodía, un grupo de niñas y niños de escuelas de enseñanza con orientación popular, se divierte con los juegos que se arman en el sector.
El Frente Popular Darío Santillán, un domingo de 15 años después, organizó una jornada para recordar la masacre de Avellaneda.
Afuera, el colectivo Muralismo Nómade en Resistencia le da las últimas pinceladas a los muros de la fachada de la estación que desde el viernes empezaron a colorear. “La idea que atravesó todo el muro es una gran bandera hecha de pañuelos de la resistencia”, explica Melisa, una de las muralistas.
Al poco tiempo, remeras violetas y pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito salen a la Avenida Yrigoyen para iniciar la asamblea de mujeres, trans, lesbianas y piqueteras. “El feminismo hizo que nos entendiéramos iguales y lo hicimos arriba del Puente, en medio de la muerte de Darío y Maxi”, comenta una de las voceras.
A las cuatro, la tarde toma ritmo con la llegada de la murga Escalando Sin Remedios, que no sólo se encarga de bailar sino que sube al escenario presentando varias canciones con letras críticas a la política social. “Tomamos al carnaval como herramienta de transformación, un momento donde interactúas con el barrio, con la calle, y compartís para transformar”, señala Ailin una de las integrantes de la banda, mientras su compañero David acota: “La crítica es la función más importante de la murga, la lucha es el punto de partida. Como el que corta un puente, hay distintas maneras de luchar; la murga es la nuestra.”
“La idea que atravesó todo el muro es una gran bandera hecha de pañuelos de la resistencia”, explica Melisa, una de las muralistas.
Mientras tanto, en el anfiteatro se lleva adelante un taller de serigrafía para estampar pañuelos con la consigna “Darío y Maxi no están solos” y “Organizar la rabia y transformarla en alegre rebeldía”. También hay lugar para una obra de teatro y para la realización de dos mesas redondas. En una de ellas Tomás Eliaschev, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), interviene para recordar la tapa de Clarín tras el asesinato de Kosteki y Santillán que decía “La crisis causó dos nuevas muertes” a la vez que reivindica a los trabajadores de prensa que “arriesgaron el pellejo” al sacar las fotos de la masacre.
Al caer la noche, a los productos que ya se venían ofreciendo en los puestos de la economía popular (libros, ropa, juguetes de madera, yerba, bizcochuelos, tartas), se le suman los puestos de hamburguesas y bebidas, a la vez que sobre la calle se empezó a congregar un público diverso para escuchar a las distintas bandas que suenan, desde el rock hasta el folclore.
Desde el escenario se recalca que si bien, a través de la lucha popular fue posible lograr la cadena perpetua para los autores directos del crimen, todavía no hay presos por dar la orden de reprimir. “Los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, caminan por la calle impunemente y siguen haciendo política amparados por el poder judicial, económico y político”, acusa una de las voceras del acto luego de señalar al ex presidente Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández -Secretario General de aquella presidencia- y a Felipe Solá -Gobernador de la Provincia en ese momento.
La estación Darío y Maxi del tren Roca, con las pintadas de sus rostros.
“Allí donde creyeron matar el proyecto de Darío y Maxi, nosotros levantamos un espacio de cultura a cielo abierto. Allí donde creyeron acabar con su lucha, su ejemplo se multiplica”, replicó otra de las voceras desde el escenario, mientras enumeraba las escuelas populares, los jardines y espacios de recreación, los comedores populares y copas de leche, los barrios, las casas populares, las radios comunitarias y las agrupaciones educativas que se construyeron en honor a la lucha de Kosteki y Santillán.
En tanto, Alberto Santillán, el padre de Darío, afirma: “¿Por qué siempre pagan los idiotas, los cobardes como Franchiotti y Acosta y no pagan los políticos que mandaron a matar a Darío y a Maxi?”. El hombre agregó: “Si el Estado nos tiene que cuidar y tenemos un Estado de mierda que nos mata, esto tiene que encauzarse dentro de los delitos de lesa humanidad”.
Alberto Santillan, el padre de Darío, durante el acto.
“Sabemos que podemos caminar con el pecho bien erguido y con la cabeza alta. Yo muchas veces les digo que he perdido el nombre, porque no soy más Alberto, soy el papá de Darío Santillán ahora, y eso es un orgullo enorme”, enfatiza Alberto Santillán.
El acto principal concluyó con una marcha de antorchas hacia el Puente Pueyrredón, en donde un grupo de militantes comenzaba la vigilia para el día de hoy hacer un corte sobre este acceso.
Actualizada 26/06/2017
Jun 14, 2017 | DDHH, inicio
La resolución del juez federal subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, Alejandro Daniel Esmoris, de aplicar el cómputo del 2×1 a dos represores, confirmó los temores de los organismos de Derechos Humanos: el “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
Este martes, en base al precedente instaurado por la resolución del máximo tribunal en la causa de Muiña, el juez Esmoris decidió aplicar el mismo criterio e hizo lugar al pedido de la defensa de los penitenciarios Abel Dupuy y Ramón Fernández, ambos con condenas firmes desde 2010 por crímenes cometidos en la Unidad N°9. Los represores Dupuy y Fernández, condenados a prisión perpetua y a 25 años de prisión respectivamente, fueron beneficiados por la ley 24390, también conocida como “Ley del 2×1” -vigente entre 1994 y 2001- cuyo Artículo 7 establece que “transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”, con lo cual se reduce el tiempo de reclusión.
Pasó poco más de un mes del fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura y ya se presentan consecuencias. El pronunciamiento de los ministros Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dictado el pasado 3 de mayo, generó indignación en gran parte de la sociedad, especialmente en organizaciones de Derechos Humanos, quienes convocaron una multitudinaria marcha a Plaza de Mayo para repudiar el polémico fallo. En consecuencia del amplio rechazo popular que generó el veredicto, el 12 de mayo el gobierno promulgó la Ley Nº 27362, que establece que el cómputo del 2×1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Pero a pesar de la ley y de las repercusiones de la masiva movilización, la historia vuelve a repetirse.
El “caso Muiña” ha sentado precedente en el Poder Judicial argentino. Se trata del mismo tribunal que la semana pasada aprobó la concesión de prisión domiciliaria al apropiador Carlos Hidalgo Garzón.
En diálogo con ANCCOM, Guadalupe Godoy, abogada y militante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), declaró acerca de esta nueva sentencia judicial en favor de represores: “Es el primer fallo de un tribunal inferior que otorga el 2×1, luego del fallo de la Corte Suprema y del repudio popular que esa sentencia cosechó. El juez Esmoris ya se había pronunciado en ese sentido antes del fallo de la Corte, y posteriormente, en minoría, en casos donde tuvo que resolver junto a dos integrantes más del tribunal. Ya teníamos antecedentes de esta posibilidad. Tiene lógica, porque lamentablemente, más allá del repudio popular y de la nueva ley del Congreso, el fallo del “caso Muiña” está vigente hasta tanto la Corte no tenga un nuevo posicionamiento, que sería a fines de este mes o principios del próximo, cuando resuelva sobre 15 casos similares que tiene a la espera de sentencia en los que podría revertirse el fallo.” Sobre las repercusiones que podría tener el veredicto, añadió: “Este fallo en concreto va a ser apelado por los fiscales y va a ir a una cámara de casación. Le toca a la sala 2, que ya se expidió en contra del 2×1 la semana pasada en la causa Riveros. Pero lo que demuestra el fallo es que hay que seguir reclamando que la Corte tire abajo su propia doctrina creada a partir del fallo Muiña. Hasta tanto no haya un nuevo pronunciamiento de la Corte, existe el riesgo de que haya múltiples pronunciamientos de este tipo. Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país, que dicen que los delitos de lesa humanidad no son pasibles ni de indulto, ni de amnistía, ni de conmutación de pena. Y esto es una conmutación de pena encubierta.”
En la misma línea, el Juez Carlos Rozanski, ex presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata y uno de los magistrados más activos en los juicios de Derechos Humanos -que en 2006 condenó a prisión perpetua al represor Miguel Etchecolatz- si bien no se pronunció acerca del fallo del juez Esmoris, en diálogo con ANCCOM expuso su opinión sobre la concesión del 2×1: “Del mismo modo que la inmensa mayoría de los jueces federales se expresaron en contra, incluida la Cámara Federal de Casación Penal, considero que esa ley conocida como 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. Hay que recordar que cualquier ley o sentencia que implique impunidad en este tema, resulta inconstitucional.”
Por su parte, en representación de las entidades de Derechos Humanos que repudiaron el fallo, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la filial de La Plata, manifestó: “En cierta manera no nos sorprendió el fallo porque esta vez tuvo que decidir un solo juez de los tres que integran el tribunal, por ser una ejecución de la sentencia. Al ser el juez Esmoris a quien le tocó intervenir, sabiendo que ya había tenido posiciones en favor de la aplicación del 2×1, no nos tomó por sorpresa. Lo cual no quiere decir que no estemos en contra de la decisión, por los mismos argumentos que expusimos ante la fallo de la Corte Suprema.”
Ante la posibilidad de considerar a la causa Muiña como el precedente sobre el cual se basó la decisión de Esmoris, Lovelli manifestó: “Este juez ya se había expresado en este sentido con anterioridad al fallo Muiña. Seguramente, al estar vigente en la Corte la doctrina de este fallo, se sintió más respaldado en su pronunciamiento. Es muy probable que la Corte vuelva a tratar el caso del 2×1 porque, con la sanción de la ley 27362, se pidió opinión a las querellas para ver si con ese nuevo instrumento legal, la Corte podía retrotraer su propia doctrina. Creemos que la Corte lo va a hacer, el hecho de que haya convocado a las partes puede tomarse como un síntoma. Quizás después, con otro fallo distinto se pueda revertir incluso la resolución que benefició a Dupuy y a Fernández.”
«Tanto el fallo de Esmoris como el de la Corte, tal como hemos dicho los organismos (de Derechos Humanos) en reiteradas ocasiones, violan los compromisos internacionales de nuestro país».
Una semana atrás, el mismo tribunal que ahora benefició a Dupuy y a Fernández, integrado por los jueces Alejandro Esmoris y Germán Andrés Castelli, otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Carlos Hidalgo Garzón, condenado en 2013 por la apropiación de la nieta restituida Catalina de Sanctis Ovando. Esta concesión, apoyada únicamente en el hecho de que el recluso supera los 70 años de edad, fue aprobada por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata sin tener en cuenta los informes oficiales de los peritos médicos que indicaban que Hidalgo Garzón podía continuar cumpliendo su detención en una unidad penitenciaria. “El juez Esmoris también votó en favor de otorgar la prisión domiciliaria a Hidalgo Garzón por el simple hecho de que es mayor de 70 años. Adopta un criterio que se rige solamente por la cuestión de la edad sin tener en consideración otras circunstancias, como el hecho de que tiempo atrás le revocaron la prisión domiciliaria por haberla violado”, afirmó Lovelli. “No sólo le concedió este beneficio a Hidalgo Garzón sino también a otros represores involucrados en distintas causas en La Plata.” Y agregó: “El fallo que favoreció a Hidalgo Garzón ya está apelado, pero la prisión domiciliaria aún no se hizo efectiva porque tiene pendiente otra causa donde está en prisión preventiva y en la que le fue denegada la domiciliaria.”
Respecto a la relación entre los dos fallos que favorecen a represores dentro del mismo tribunal, y en ambos casos con la actuación del mismo juez, Lovelli expresó: “Evidentemente, la composición del Tribunal Oral Nº 1 de La Plata es más permeable para concederle beneficios a los represores. Eso lo estamos viendo a diario, no tanto en las cuestiones de fondo de un juicio oral, donde es más difícil encontrar algún resquicio para no condenar, pero sí para las modalidades de ejecución de esa sentencia.”
Por el momento, tal como señalaron los especialistas consultados por ANCCOM, solo queda esperar a que en sus próximos pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decida aplicar la ley 27362 para garantizar que los genocidas cumplan la totalidad de sus condenas y evitar así que el “caso Muiña” se repita y termine convirtiéndose en la norma para las causas de lesa humanidad. Sin embargo, hasta entonces las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en Argentina no van a quedarse de brazos cruzados. “Los organismos de Derechos Humanos en la ciudad de La Plata están preparando una manifestación que probablemente se haga la semana que viene, cuando haya audiencias en el juicio que se está llevando adelante por los crímenes que cometió la Concentración Nacional Universitaria en el cual el juez Esmoris es uno de los tres jueces a cargo”, aseguró Guadalupe Godoy. “Allí se realizaría una manifestación en repudio a su fallo y cualquier aplicación del 2×1 en causas de delitos lesa humanidad”, concluyó.
Actualizada 13/06/2017
Jun 10, 2017 | Trabajo
En octubre de 1944, un coronel llamado Juan Perón opinó sobre el Decreto-Ley 7618/1944, que comenzaba a regular el trabajo de prensa en la Argentina: “No creemos haber hecho otra cosa que un acto de justicia. El panorama social que ofrecía la prensa mostraba el contraste tremendo entre unas empresas demasiado ricas con periodistas demasiado pobres”.
Casi 73 años después, tres banderas están acostadas en el suelo de la Plaza de la República: “Trabajadores de Tiempo Argentino presentes”, “Revista Veintitrés” y “No a los despidos en el grupo Crónica”. Uno de los hombres que las acomodan se calienta las manos con el aliento y el viento del 8 de junio. Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) se cansa del frío y levanta el asta, ondeando la bandera, “así los compañeros que llegan la ven y se acercan”, dice. “Esta semana, junto a mis compañeras y compañeros de Revista Veintitrés quedamos en la calle. Estoy acá no solo por la angustia de cada familia que perdió el sustento sino por la libertad de expresión”, declara y se interrumpe para saludar al recién llegado Fernando “Tato” Dondero, Secretario General de SiPreBa, gremio que lucha por la representación que hoy detenta la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), al que califica como un “gremio fantasma”.
Juntos esperan a periodistas de todo el país que media hora después van a empezar a marchar frente al Obelisco para visibilizar el reclamo por los 2500 colegas que perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre de 2015. Más de la mitad de ellos, en Buenos Aires. Y este mismo día se anunció el cierre de la Revista Veintitrés, mientras que durante la semana se conocieron cuatro despidos en la agencia Télam.
El límite izquierdo de la columna, formado por un cordón de oficiales de la Policía de la Ciudad, acompañó la movilización.
Tato tiene el pelo largo, indomable, y del mismo color que el cielo que cerca de las 3 de la tarde ya suelta algunas gotas. “Nada para festejar en este Día del Periodista. Necesitamos paritarias sin techo, que las nuevas tecnologías dejen de ser usadas para volvernos trabajadores multifunción y que dejen de perderse voces”, señala.
Tato y Tomás forman parte de la cabecera al frente de la marcha que, al avanzar por Cerrito, despliega una cuadra y media de manifestantes. Camperas, gorros y bufandas se entremezclan con una veintena de bombos y redoblantes, banderas, pancartas y pecheras que en su mayoría dicen “prensa”.
El límite izquierdo de la columna que va llegando a Avenida de Mayo, está formado por un cordón de oficiales de la Policía de la Ciudad, que avanza al mismo ritmo tratando de controlar vaya a saber qué. Una joven osa pasar entre ellos hacia la vereda y es empujada hacia el centro de la marcha. Varios reaccionan y florecen los escudos, los gritos y las demostraciones de poder. Los enojos terminan cuando los uniformados se alejan. Se abandona la melodía de “Despacito”, cuya letra decía “Con SiPreBa, contra los despidos y multitarea”, y se empieza a cantar “Macri basura, vos sos la dictadura”.
“Nada para festejar en este Día del Periodista. Necesitamos paritarias sin techo, que las nuevas tecnologías dejen de ser usadas para volvernos trabajadores multifunción y que dejen de perderse voces”, comentó Fernando “Tato” Dondero.
A las 3 y media de la tarde, mientras el grupo llega a Avenida Callao, Gabriela Radice no canta. La periodista camina y observa seriamente bajo la visera de la gorrita azul que reza “SipreBa TV Pública”. “La realidad está siendo muy hostil para todo el gremio de prensa, por eso hay que salir a la calle”, dice. Y agrega: “Nuestro trabajo está vinculado ciento por ciento con la libertad, si no no se puede hacer”.
Turistas toman café en un bar. Miran, sacan fotos. Una ciudadana con botas de cuero que espera inútilmente el colectivo se queja de su suerte: “Siempre hay alguien rompiendo las pelotas”. Un conductor baja de su auto enojado porque dice que le golpearon el vehículo mientras quería atravesar la manifestación y le exige a la policía que haga algo. Uno de los vendedores le ofrece garrapiñadas a Marianela, delegada gremial en Clarín. La morocha, mientras sostiene un estandarte, rechaza el maní azucarado y comenta que necesita urgente una recomposición salarial. “UTPBA, que tiene la personería, no nos representa. Ya van cuatro años seguidos de firmar paritarias a la baja, este año con un techo de veinte por ciento en tres cuotas. Queremos que el Ministerio de Trabajo nos escuche y que las empresas dejen de pactar nuestro salario a espaldas de los trabajadores”.
Frente al edificio ministerial, un camión atravesado sobre Callao espera la llegada de los manifestantes, a las 4 en punto. La caja del inmenso vehículo es un palco, ahora lleno de reporteros gráficos que retratan la procesión. Una hora después, Tato Dondero estará cerrando con su discurso un breve acto organizado por la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, formada, además de SiPreBa, por la Federación de Trabajadores de Cultura y Comunicación (FETRACCOM), la Federación de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR).
La marcha frente al Obelisco tuvo como objetivo visibilizar el reclamo de los 2500 colegas que perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre de 2015.
En esa misma cuadra hay un local de ropa que promociona “descuentos por manifestación”. El ministro Triaca no sólo tiene a los trabajadores de prensa en la puerta, sino también al gremio de químicos y petroquímicos, cuyos redobles de tambor laten y se entremezclan a un ritmo similar.
Las últimas palabras de Dondero antes del aplauso y la percusión final son: “Otra vez estamos en la calle. Vamos a movilizarnos todos los días, si hace falta. Los trabajadores de prensa sabemos que vienen por nosotros. No hay otro camino que la organización desde abajo y unidad, unidad, unidad”.
Actualizada 09/06/2017
May 17, 2017 | Comunidad
El reclamo contra el ajuste en la educación y por la firme defensa de la universidad pública volvió a sonar con fuerza entre el Congreso y el Ministerio de Educación. Docentes, investigadores, científicos y estudiantes protagonizaron una multitudinaria marcha federal que cerró una semana de paro y acciones públicas en todas las Universidades del país. Después de tres meses de negociación paritaria fallida, los docentes universitarios agrupados en Conadu, Conadu Histórica, Fedun y Fagdut marcharon junto a todas las federaciones estudiantiles y con la adhesión de los gremios docentes nacionales Ctera y UDA. Federico Montero, secretario de Organización de Conadu, destacó la adhesión histórica a la movilización. Según los organizadores, más de 30 mil personas reclamaron por un aumento salarial del 35 por ciento y mayor presupuesto para las Universidades bajo la consigna “en defensa de la educación pública, estatal, gratuita, y laica”.
La movilización comenzó frente al Congreso, para luego dirigirse hacia el Ministerio de Educación. Allí se escucharon los primeros discursos. Los docentes rechazaron la “mercantilización” del sector y reclamaron un freno a la precarización laboral de los profesores universitarios. “La intención del gobierno es entregar los estudios universitarios a la actividad privada”, denunció el secretario general de Conadu, Carlos De Feo.
El reclamo contra el ajuste en la educación y por la firme defensa de la universidad pública volvió a sonar con fuerza entre el Congreso y el Ministerio de Educación.
El titular de Conadu histórica, Luis Tiscornia, apuntó a la “injusticia” de los salarios universitarios. “Mientras haya una injusticia, habrá lucha”, subrayó.
La exigencia de mayor presupuesto, comedores en las Facultades, mejoras edilicias y el boleto estudiantil y docente gratuitos completaron la lista de reclamos, junto con la inmediata reincorporación de 500 investigadores despedidos del CONICET.
Los docentes también aprovecharon para manifestar y decir a viva voz “no al 2×1 para los genocidas”, y replicar el reclamo por la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que firmaron el fallo que beneficia a represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Los tambores rimbombantes de los distintos gremios nunca pararon de sonar. “Reafirmamos el reclamo por 35 por ciento de aumento. Y también exigimos los salarios para los ad honorem, y terminar con el ajuste en ciencia y educación”, dijo Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA en diálogo con ANCCOM.
Ileana Celotto, Secretaria General AGD-UBA.
Milagros, una joven estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, marchó junto a sus profesores. “La educación está sufriendo un ajuste terrible, sobre todo porque a los docentes no les otorgan el aumento de salario, se está discutiendo por lo menos un básico de 15.000 para cubrir la canasta básica familiar, y noto que hoy el gobierno no tiene en su agenda ese aumento, de hecho no quiere siquiera discutir el tema de las paritarias”, le explicó a esta agencia.
Además, trazó un diagnóstico sobre las nuevas dificultades que enfrentan los estudiantes. “También venimos a la marcha para exigir el boleto educativo gratuito, pero parece que el gobierno no tiene en su agenda darnos el boleto, para nosotros es fundamental dado que es una de las primeras herramientas que nos garantiza nuestra cursada, sobre todo porque ahora hay más ajuste. y los jóvenes estamos cada vez más precarizados. El salario no alcanza, muchos trabajamos en negro, ni siquiera tenemos obra social, ni tampoco nos podemos organizar en un sindicato”, razonó.
“También venimos a la marcha para exigir el boleto educativo gratuito, pero parece que el gobierno no lo tiene en su agenda», comentó Milagros, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras UBA
Los carteles que poblaron la marcha sintetizaron el mensaje: “Aumento salarial ya, en defensa de la universidad pública”, “la educación pública se defiende entre todos”, “marchamos contra el ajuste”, “sin salarios docentes, no hay educación”, “yo defiendo a la educación pública”, “abajo el ajuste de Macri y los rectores”, “boleto estudiantil para todas las universidades”, entre otros.
Mariano, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, reivindicó el carácter federal de la movilización. “Esta marcha educativa viene a plantearle al gobierno que no puede avanzar más sobre el ajuste, por eso marchamos hacia Plaza de Mayo. Para exigir el aumento de salario para los docentes, pedir mayor presupuesto universitario, y manifestar que estamos en contra de la política de privatización de todas las universidades públicas en general”, explicó a ANCCOM.
El Sindicato de Investigadores (SIDUT) y Docentes de la UTN también dijo presente. Horacio, uno de sus representantes, destacó la lucha por los becarios del CONICET y enfatizó que todas las reivindicaciones de la movilización apuntaron a “dejar en claro que hay una comunidad educativa en contra de la pretensión de privatizar a la Universidad pública”.
Por su parte Mariana, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, advirtió que la propuesta salarial del gobierno fue una “vergüenza”. Sucede que después de casi una decena de reuniones, los gremios docentes universitarios rechazaron la semana pasada la propuesta de un aumento del 18 por ciento en tres cuotas, más un 2 por ciento en concepto de jerarquización.
Y razonó: “Como estamos formando a futuros profesionales, consideramos que debemos contar con recursos para investigar y dar clases dignamente, y para ello hay que tener buenos salarios e infraestructura”.
Un sector de Conadu Histórica y la FUBA llegaron con el reclamo hasta la Plaza de Mayo. “Universidad de los trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode”, cantaron a coro docentes y estudiantes. De fondo se escuchaba, una vez más, “La Marcha de la bronca”.
Lucía , estudiante en la Universidad Nacional de Moreno.
Los docentes rechazaron la “mercantilización” del sector y reclamaron un freno a la precarización laboral de los profesores universitarios.
Actualizada 17/05/2017
