Abr 20, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
Las tarifas de luz llegaron y las luces se apagaron. El fuego de los más vulnerables encendió las velas que este jueves iluminaron la protesta desde el Congreso hasta el Obelisco. “La Marcha de las Velas”, en rechazo al incremento de los servicios públicos que dispuso el gobierno, unió historias que exigían ser escuchadas y pedían respuesta. Además, de los integrantes de las organizaciones que convocaron a la marcha hubo miles de jubilados que con su vela en alto y con algún cartel daban cuenta de su situación de fragilidad.
Quiñones es un jubilado que se llegó a la marcha desde Villa Tranquila, Dock Sud, con su vela en alto y preguntándose: “¿Qué hago con mi sueldo? Con la poca plata que nos dan no hacemos nada”. Con sus 73 años, agobiado por la situación en la que se encuentra por los tarifazos dijo a ANCCOM: “Frutas ya no puedo comprar porque tengo que gastar en otras cosas que son más necesarias para comer”. Las frutas son necesarias para la alimentación, se sabe, pero lo que Quiñones busca es algo que le llene la panza.
Marcha de las Velas en rechazo al aumento de las tarifas de los servicios públicos.
Los sueldos no nos alcanza a los jubilados, tenés que hacer changas”, dijo Cristina. Ella vive con su hija, que recientemente fue despedida sin causa de su trabajo, y con sus cuatro nietos de 17, 14, 10 y 2 años. Actualmente, el único ingreso que tienen es su jubilación y se les hace difícil vivir el día a día. “Voy a buscar la papa a donde sale 10 pesos porque si no te la cobran 20. Busco precios y no dejo de buscar”. Cristina es enfermera y se esfuerza por salir a hacer changas: “Todos los días los tarifazos vienen y la plata se va, porque si no pagas la luz te la cortan”, explicó.
Patricia era docente de Bellas Artes, hoy es jubilada y sostiene: “El tarifazo es imposible de pagar, sobre todo para la gente de menos recursos; o comés o pagás las tarifas”. El aumento puso en una situación vulnerable a los adultos mayores y el fuego de las velas los encuentra en las calles luchando. Así lo expresó Ana de Almagro: “Vine a luchar para que bajen las tarifas de luz, gas y agua porque es insoportable. Un jubilado no puede pagar todas esas cosas”. Además, aseguró que si sigue pagando precios tan altos no va a poder cubrir su comida mensual.
Los jubilados que marcharon mencionaban cómo se vio afectada su alimentación. Pero no era el único reclamo. “El PAMI les quita medicamentos a los jubilados y se los ha cortado poco a poco. Hay jubilados que le quitan determinados medicamentos por tener una jubilación un poco más alta o tener un vehículo a su nombre”, dijo a ANCCOM Oscar, jubilado de Colegiales. “El poder adquisitivo ha bajado mucho y le están pegando muy fuerte a los jubilados que ganan menos. Y pobrecitos aquellos que ganan la mínima o se han quedado sin trabajo”, sostuvo. Los viejos marchan por los viejos, porque como expresó Oscar: “En estos casos hay que ser solidarios con los que más han sido afectados”.
Con 73 años, Esteban miraba la marcha sentado desde un costado del escenario principal y con desilusión dijo a ANCCOM: “Es una dictadura disfrazada, porque está todo mal: la justicia, los medios; hay censura, represión, persecución. Además, si todo sigue así, con el endeudamiento vamos a terminar en un default”, sentenció.
Abr 18, 2018 | destacadas, Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
“Nos sentimos solos, nos abandonaron”. Los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan volvieron a hacer escuchar su reclamo para que el gobierno continúe la búsqueda y brinde respuestas certeras a muchos de los interrogantes aún abiertos. A cinco meses de la desaparición de la nave, el desesperado pedido se escuchó el domingo durante una misa en la Catedral Metropolitana y una movilización posterior por el centro porteño -en simultáneo a otra en la ciudad balnearia de Mar del Plata-, pero se volvió ensordecedor cuando el ministro de Defensa, Oscar Aguad, intentó dar respuestas este lunes ante los familiares y legisladores en el Senado de la Nación.
La primera acción fue movilizarse en la Capital Federal. Algunos de los familiares participaron de una misa a metros de la Casa Rosada al cumplirse exactamente cinco meses del último contacto formal con el submarino. Luego se trasladaron a Plaza de Mayo para reclamar al gobierno que mantenga la búsqueda.
La celebración religiosa en homenaje a los 44 tripulantes comenzó a las 17:30 e incluyó un firme pedido por el pronto esclarecimiento del caso. La convocatoria tuvo mayor concurrencia en la Base Naval de Mar del Plata donde reside la mayoría de las familias de los marinos. A pesar de que sus organizadores habían invitado a replicar el reclamo en todas las plazas del país, la concurrencia fue escasa. Apenas cuatro medios, incluida ANCCOM, cubrieron la movilización.
Al finalizar la misa, y con la Plaza de Mayo completamente vallada, el pequeño grupo se concentró frente a la Casa de Gobierno, en la esquina de Yrigoyen y Balcarce. Al grito de «búsqueda y verdad», familiares y amigos con banderas argentinas, carteles y remeras con fotos, gritaron los nombres de los 44 tripulantes a los que se los denominó «44 corazones de acero». Luego entonaron las estrofas del Himno Nacional, y culminaron con cánticos de pedido de justicia.
Visiblemente emocionados, todos coincidieron en la importancia de que la búsqueda continúe y que el Estado no abandone a los familiares. Actualmente, las tareas de rastrillaje en el Mar Argentino están a cargo de un barco argentino que no cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo con éxito.
«Nos sentimos solos. Ahora no hay nadie buscándolos, solo hay un barco argentino que no tiene la tecnología adecuada. No sé qué espera Aguad para renunciar. Él tiene que saber, él al igual que (el presidente Mauricio) Macri. Ellos son los que saben y no nos quieren decir», explicó Mabel Castillo, hermana del cabo principal Enrique Castillo. En el mismo sentido se pronunció la tía del cabo principal Franco Espinoza: “Nos abandonaron totalmente. Las familias no se merecen esto, mi hermana está desolada. Están jugando con el sentimiento de una familia. Ya deberían decir la verdad y que cada familia pueda cerrar su duelo».
Un día antes de verse las caras con Aguad, los familiares insistieron con la exigencia de que el Estado argentino contrate a un privado para avanzar en la búsqueda. “Hace mucho tiempo lo estamos buscando y lo buscaremos el tiempo que sea necesario», les respondió el ministro en la Cámara alta cuando las familias exigieron a los gritos una acción firme del gobierno.
Los familiares ya abrieron una cuenta bancaria para reunir fondos que permitan contratar a un especialista venezolano. Tras los duros cruces en el plenario legislativo, Aguad prometió dar apoyo a esa iniciativa.
“Nosotros no tenemos la receta para encontrar un submarino perdido. Aguad es el que sabe. Que busque, que tome las riendas del asunto y haga lo que hay que hacer», advirtió Silvina Krawczyk, hermana de Eliana, la jefa de Armas del Ara San Juan.
Abr 18, 2018 | Novedades, Vidas políticas
Al ritmo de «Mauricio Macri la puta que te pario» y al choque de las ya clásicas cacerolas, alrededor de las 20, en las esquinas de los principales barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano y también en provincias del interior se llevó a cabo el «ruidazo» contra el «tarifazo» y el ajuste. Los bocinazos, cánticos y carteles con expresiones como «Me sobra mes al final del sueldo» y «Macri para la mano» aparecieron en La Boca, Barracas, Boedo, Villa Crespo, Almagro, Moreno, Hurlingham, Loma de Zamora, Lanús, Varela, Parque Patricios, Ituzaingó, González Catán, Avellaneda, Caballito, Tigre, en la esquina de la Quinta Presidencial de Olivos, en el Obelisco, Santa Fe, San Juan y Misiones, entre otros puntos. A esta medida de protesta se sumaron los inquilinos quienes además de ser golpeados por el aumento de las tarifas de los servicios son asfixiados por la suba de los precios del alquiler. Los manifestantes exigieron frenar con el abuso por parte de las inmobiliarias y poder alquilar bajo mejores y más justas condiciones. La situación es acuciante, según un informe de la Federación de Inquilinos Nacional (FIN) el 17 por ciento de los hogares de la Argentina accede a la vivienda a través del alquiler.
María Olmedo, asesora e integrante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados planteó que el principal reclamo de los inquilinos es que el precio de los alquileres son desmedidos, debido a que suben por encima no sólo de los salarios sino, también, de la inflación. «En la renovación, los alquileres están subiendo alrededor de un 30 y un 60 por ciento, anualmente en los contratos ya figuran aumentos semestrales de entre un 12 y un 15 por ciento», dijo la asesora. Según un informe del portal inmobiliario ZonaProp, desde principio de año hasta abril los alquileres aumentaron un 7,7 por ciento en comparación con el 6,7 por ciento de inflación que midió el INDEC. «Actualmente están librados a la voluntad del mercado inmobiliario que los fija. Si se aprueba el proyecto de Ley de Alquileres los precios se actualizarían en función de un promedio entre inflación y salario», agregó Olmedo.
Según una encuesta realizada a nivel nacional por el FIN, el 87 por ciento de los inquilinos cree que nunca podrá acceder a una vivienda propia. Esto se debe a que no poseen capacidad de ahorro ya que destinan un 41 por ciento de sus salarios en los pagos mensuales del alquiler sin contar expensas, tarifas de los servicios e impuestos inmobiliarios.
Uno de los inquilinos que sufre los aumentos es Federico López, tiene 25 años, trabaja como empleado en una fábrica y comparte el alquiler hace un año con su pareja. «Lo más difícil fue acomodarnos económicamente. La tercer parte del sueldo se va en alquiler y un 40 por ciento en servicios», dijo. López tuvo que recortar gastos como las salidas de los fines de semana. Está descontento con ciertas condiciones edilicias del departamento, cuyo mantenimiento debería correr por cuenta de los propietarios. «Hay goteras, problemas con el baño y la puerta del mismo», agregó. Karen Sosa, también se encuentra asfixiada por la cuentas, ella es empleada doméstica y alquila junto a su pareja hace 8 años. El cincuenta por ciento del ingreso total familiar lo utilizan en el alquiler y otros diez en servicios. Ambos cuentan con un sueldo mínimo y debido al «tarifazo» tuvieron que renunciar a muchas cosas, entre ellas, las salidas, tuvieron que acostumbrarse a comer siempre en la casa, comprar cada vez menos ropa y artículos que no son de primera necesidad. «No podés ahorrar, pensás dos veces antes de comprar algo. Limitamos los ingresos a las prioridades y si queda un resto, sí salimos o compramos comida afuera. En cuanto a lo cultural te limita mucho, si antes podías ir al cine o al teatro, ahora olvidate», dijo decepcionada.
Olmedo planteó que las garantías, en tanto título de propiedad inmueble representan un gran problema para los inquilinos que no la poseen, y un gran negocio para quienes sí las tienen. Hay empresas que se dedican a vender garantías para poder acceder al alquiler de una viviendo como FINAER y Monclair, entre otras. El valor de estas garantías suele ser alto y a diferencia del depósito es un dinero que el inquilino no recupera nunca más. Según la asesora, esta traba al momento de alquilar se podría solucionar pidiendo otro tipo garantía como el recibo de sueldo o un monto más elevado de depósito.
Muchos de los inquilinos que no cuentan con garantía son extranjeros. «Las inmobiliarias les hacen contratos temporales, que en realidad son alquileres de vivienda encubiertos, por seis meses o máximo un año», contó Olmedo. Por ley, los alquileres temporales son aquellos que se realizan por hasta tres meses, con fines turísticos, mientras que los inmuebles para ser habitados se alquilan por un mínimo de dos años: «Pagan comisiones, depósitos más grandes, a veces les cobran hasta casi el doble de alquiler, porque consideran que te les están haciendo un favor», agregó. Ese es el caso de la colombiana Marilyn Herrera. Ella alquila hace tres años una habitación individual en Capital Federal, que comparte con más extranjeros. Cuando comenzó a alquilar en Buenos Aires no le hicieron ningún contrato, le pidieron un depósito para entrar a modo de garantía, además del alquiler. «No firmé nada, no me hicieron contrato, sólo de palabra. A los extranjeros por no tener garantía les cobran una locura de dinero para poder ingresar. Se sabe que el dinero lo arregla todo», deslizó. Como tantos otros inquilinos su vivienda no está en las condiciones más óptimas, reclama a los propietarios el arreglo de puertas, vidrios y la mesada de la cocina, entre otras cosas.
Candelaria Gómez, no es extranjera, pero también tuvo problemas para alquilar por no contar con una garantía. Tiene 30 años, alquila de forma intermitente hace 10 años y hace cuatro que comparte los gastos con su pareja. Se aventuró a vivir sola a los 20 años, pero tuvo que volver a la casa de sus padres después de un par de años. «Recién me insertaba en el mercado laboral, estaba estudiando y no me alcanzaba lo que ganaba para vivir», agregó. Cuando empezó a alquilar el único bien de sus padres figuraba como bien familiar, como medida de protección contra un posible embargo. Por lo tanto, Gómez no podía usarlo como garantía. «Se me hizo cuesta arriba independizarme, hasta que conseguí una inmobiliaria que aceptó, en lugar de la garantía, que depositara más plata que lo que corresponde por ley», contó. En la primera renovación le quisieron cobrar prácticamente lo mismo que cuando entró la primera vez. «Lo único que hicieron fue cambiar un par de fechas y datos en el Word del contrato y por eso me querían sacar un montón de plata. Además, la inmobiliaria quería averiguar mi garantía y que yo pagara por ese informe», dijo indignada. A mí me renovaron hace poco el contrato y vino con un aumento del 40 por ciento, sumado al “tarifazo” de los servicios, estamos mucho más ajustados que hace un par de años. Sin embargo, su principal reclamo es contra el silencio que mantienen los propietarios e inmobiliarias cuando llega la época de renovación. «Es muy angustiante porque no me dicen si me van a renovar o no. Con respecto al precio, si uno los conoce y siempre te aumentan un 30 por ciento, uno lo puede prever más o menos. Pero que dos meses antes preguntes qué va a pasar y te digan que tienen que ver porque tal vez la dueña lo quiere vender o se lo quiere dar a la hija, es complicado. No te dan los tiempos para buscar otra cosa», planteó Gómez, frustrada.
El Proyecto de Ley busca extender el contrato de dos a tres años. «No hay inquilinos a los que le alquilen por más de dos años, sobre todo porque no hay previsión sobre cómo va a funcionar la economía en dos años ni siquiera en uno. Al regularizar los precios de acuerdo a cómo va la economía podés hacer plazos más largos de contrato», reclamó Olmedo. Según la asesora esto les daría mayor estabilidad a las personas o familias que alquilan, porque cada dos años deben estar pendientes de la posibilidad de que no les renueven el contrato, viviendo con angustia, sin poder proyectar un futuro. «Lo peor que le puede pasar a una persona es que se tenga que ir de su hogar», agregó Olmedo. Actualmente, no existe negociación de ningún tipo entre las partes, porque el propietario no está obligado. «Si se copa un mes antes te dice bueno vamos viendo, pero sino como suele pasar 15 días antes del fin del contrato te dice cuánto te va a aumentar y al inquilino no le queda otra que aceptar, porque no tiene tiempo de buscar otra casa», contó Olmedo. Según la asesora el Proyecto de Ley propone que 60 días antes de la finalización del contrato el inquilino y el propietario tienen que sentarse a hablar del futuro del inmueble.
Guido Collavini, es empleado en una gráfica, alquila un departamento en Caseros con su pareja hace 2 años y 9 meses. Como a muchos la mayor dificultad que se le presentó a la hora de dejar la casa de sus padres fue el pago del ingreso. «Actualmente no tengo un salario fijo, pero cuando lo tenía alrededor del 35 por ciento del sueldo se iba en alquiler y servicios. Para llegar bien a fin de mes debo privarme de gastos más que nada para ocio».
Actualmente el código civil exige un mes de depósito por cada año de contrato y es el inquilino el que debe actualizar el depósito conforme a la inflación. Según la asesora, el propietario hace circular ese dinero, es decir que lo revaloriza, por ejemplo a través de un plazo fijo. «Nosotros pedimos a través del Proyecto un mes de depósito por los tres años de alquiler y exigimos que el propietario lo devuelva actualizado, en caso de no haber sido utilizado por deudas o arreglo de roturas causadas por el inquilino. Los inquilinos se verían beneficiados en tanto que deberían poner menos plata a la hora de ingresar», planteó la integrante de la Asociación de Inquilinos.
Según Olmedo, las cargas y contribuciones sobre la vivienda como el ABL y el impuesto inmobiliario son algo que debería pagar el propietario, pero por una «mala» interpretación del Código Civil lo termina costeando el inquilino. El Código Civil y Comercial dice en el artículo 1209 que «El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, excepto pacto en contrario». El Proyecto de Ley de Alquileres contempla esta cuestión y propone que estos costos queden a cargo de los dueños. Como así también las expensas extraordinarias destinadas a mejoras del inmueble, con el propósito de su revalorización.
Giselle Paola Verzino tiene 23 años y es Licenciado en Psicología de la UBA, alquila sola un departamento hace seis meses en el barrio de Flores. Alrededor del 30 por ciento de su sueldo lo destina a pagar el alquiler y otros 15 en servicios e impuestos. «Tengo que analizar lo que voy a comprar para comer y luego ver si puedo darme lujos como hacer un curso académico arancelado», dijo Verzino. Ella reclama que la inmobiliaria la hace pagar por contrato cosas que le corresponden al dueño como el ABL y las comisiones de la propia inmobiliaria.
Otro de los reclamos más frecuentes según Olmedo es sobre el mantenimiento, porque las inmobiliarias o los propietarios no dan respuesta a arreglos fundamentales que necesitan las viviendas para ser funcionales. «Es un negocio en el que los dueños no quieren poner un sólo peso, quieren que el inquilino pinte, arreglé absolutamente todo, se rompe el calefón lo tenés que pagar vos». Este es el caso de Luciano Álvarez, quien se tiene que hacer cargo de los arreglos y el mal funcionamiento de las cañerías o instalaciones eléctricas. Álvarez es docente, hace un año que vive solo y alquila. «Lo más difícil fue no tener un sólo mueble. Al no compartir los gastos con alguien más, una gran parte de mi sueldo era para pagar el alquiler y los servicios», dijo. Según el docente debe cuidarse en ciertos gastos como comprar ropa nueva, salidas, viajar en remis y destinar ese dinero, en cambio, para las reparaciones generales del departamento. Olmedo, es inquilina, alquila por dueño directo hace ocho años junto a dos amigas, contó que ella también tiene problema con los arreglos de la casa y que el dueño ya no le atiende el teléfono. «Cuando empecé a alquilar tenía una buena relación con el propietario, pero después comencé a militar en la asociación, a conocer mis derechos y a hacerlos valer. Entonces la relación empeoró», confesó. Gómez, también, ha tenido complicaciones con los arreglos de la vivienda. «Es una pelea constante, si tenés que pintar el baño te dicen te compro la pintura, pero pintá vos. Cuando ya pago todos los servicios, impuestos y el alquiler. Es como si fuera a un restaurante y además de pagar por la comida tuviera que mantenerle limpio el local», dijo enojada.
Olmedo como representante de Inquilinos Agrupados pidió que el Proyecto de Ley de Alquileres se trate en Diputados, ya que cuenta con media sanción en el senado, pero desde 2016 se encuentra cajoneado. «Si este año no se trata va a caer y perder estado parlamentario. Ellos dicen que no lo sancionan porque quieren hacerle mejoras al proyecto. Yo creo que lo que buscan es dilatarlo, no quieren que haya regulación en el mercado de precios de los alquileres porque hay muchos intereses económicos en juego», denunció la asesora. Se refiere a la comisión de los legisladores del PRO, Daniel Lipovetzky y Waldo Wolff -dueño de una empresa constructor – que realizó una serie de modificaciones al Proyecto, perjudicando los intereses de los inquilinos, beneficiando al mercado inmobiliario y provocando la caída del dictamen de la Ley de Alquileres, según Olmedo.
Abr 18, 2018 | Novedades, Vidas políticas
Desde su implementación en 2016, los créditos UVA incrementaron su participación en el total de los préstamos hipotecarios otorgados -hasta diciembre de 2017- hasta llegar al 42% del total.
Cuando se anunció esta novedad crediticia, el valor de la UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), coeficiente que actualiza diariamente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y que se ajusta de acuerdo al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) era de 14,06. Al cierre de esta nota, tenía un valor de 22,95. Es decir, registra un incremento del 63%, un 11% más que la inflación acumulada entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2018, según datos del IPC Congreso y CIFRA-CTA (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina).
Esta modalidad de préstamos con cuota variable e indexados por inflación tiene como principal atractivo un reducido valor promedio de las cuotas iniciales. El mecanismo de funcionamiento consiste en que el préstamo está expresado en UVAs y los ajustes sobre el nivel general de precios contemplan tanto al capital como a los intereses. De acuerdo a las condiciones que ofrezca cada banco pueden variar los plazos, la relación cuota-ingreso, el porcentaje de financiación y las tasas.
En la última semana, el Banco Nación volvió a anunciar el aumento de las tasas para los UVA, de 5,5% a 6,5%, para sus clientes. Quienes no tengan relación con la entidad deberán costear una tasa del 8%. Esta medida entrará en vigencia a partir del 1º de mayo y tendrá una incidencia significativa en el segmento de créditos, ya que la institución estatal lidera el mercado de créditos UVA, con el 46,7% del total según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Comparaciones
El analista financiero Christian Buteler realiza mensualmente un estudio comparativo sobre la evolución entre dos modalidades crediticias. Según su último informe, luego de 24 meses de pago, la cuota promedio de los préstamos hipotecarios indexados por inflación estaría igualando a la de los créditos tradicionales a tasa fija. “El análisis surgió de la duda que teníamos con algunos colegas de si era peligroso o no ajustar un crédito por inflación en la Argentina. Muchos proyectaban distintos tipos de inflación. Lo que quise hacer fue evitar esas proyecciones y pasar a un número real para actualizarlo todos los meses. Ahí fue que comencé a hacer la comparación, primero con los créditos UVA y después con los tradicionales”, explicó Buteler.
Otra de las semejanzas posibles surge respecto de los alquileres. De acuerdo a las estimaciones de una importante inmobiliaria, en los últimos dos años el precio de los alquileres experimentó una suba promedio del 57%. El principal argumento que sostiene la comparación, es que el valor de los alquileres es igual o mayor a las cuotas iniciales de los créditos. Pero la diferencia recae en que los alquileres se actualizan de manera anual o semestral, y el sistema UVA lo hace a diario.
Abundancia
El motivo por el cual se ha ampliado la difusión y el otorgamiento de este tipo de líneas crediticias, responde a un cambio en las condiciones de admisión para los usuarios. “Los créditos abundan porque la cuota es más baja y eso le permite a más gente calificar. Hay gente que ni siquiera puede acceder a un crédito a tasa fija. También hay que recordar que durante mucho tiempo no tuvimos créditos hipotecarios, de repente aparece esta opción y la gente se abraza a ella con ganas”, sostuvo Buteler.
Según el informe monetario de febrero del Banco Central, “los préstamos hipotecarios exhibieron un incremento de 7,6% ($10.200 millones), acumulando en los últimos 12 meses un crecimiento de 128,6%”. Sobre este incremento, los préstamos UVA totalizaron un 94% del total. “Desde el lanzamiento de este instrumento, se llevan otorgados aproximadamente $75.000 millones de préstamos hipotecarios en UVA”, concluye el documento. A su vez, entre marzo de 2016 y diciembre de 2017, “los UVA incrementaron su participación en el total de préstamos hipotecarios hasta representar el 42% del stock de créditos totales” (CEPA).
Por su parte, Estanilao Malic, economista (UBA) e investigador del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), aseguró: “Hubo un cambio en la estructura de crédito en la Argentina. En contextos inflacionarios como los que tiene el país usualmente, las tasas de interés suelen ser muy altas. Entonces los bancos tienen una gran incertidumbre para prestar a largo plazo. Por el otro lado, cuando alguien quiere sacar un crédito hipotecario la tasa de interés puede llegar a ser de un 25% anual. Al haber inflación, las tasas son muy altas en términos nominales”.
Implicancias futuras para la economía argentina
Si se toma en cuenta el extenso historial inflacionario de la economía argentina y la coyuntura económica actual, los beneficiarios afrontarán dificultades.
A fines de diciembre de 2017, el Equipo Económico anunció la modificación de las metas de inflación (de 10% a 15%) y una relajación de las tasas de interés. Las medidas impactaron de inmediato en el nivel del tipo de cambio que en un día saltó setenta centavos. Como consecuencia, la suba se trasladó a precios. En el primer trimestre del año, la inflación llegó al 6,5% (Indec): un 43,3% de las metas establecidas para 2018. A esto se le suman una batería de aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles.
Al respecto, el último informe del CEPA destaca que: “Tratándose en este caso de operaciones de largo plazo y considerando el comportamiento histórico de la inflación en Argentina, es esperable que lo acontecido en los primeros dos años de este sistema constituya la regla, y no la excepción”.
En ese sentido, para el economista e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)Chouza “el 90% de la cuestión pasa por la evolución entre precios y salarios. Es central para una familia que tenga que evaluar sus perspectivas de repago”. Asimismo, Malic aclaró: «El problema no es sólo la inflación ni el aumento del capital. El problema es que el plan del Gobierno es bajar salarios. Este esquema de endeudamiento sirve siempre que vos tengas un mismo salario a lo largo del tiempo. Cuando los salarios comienzan a bajar, los créditos acompañan la inflación pero los salarios no. Ahí aparece el problema. Es irresponsable hacer una política de este tipo cuando al mismo tiempo impulsás la caída del salario real.”
Buteler imagina un escenario similar. “No creo que haya grandes implicancias sobre la economía. Porque en realidad el volumen de créditos todavía es bajo. Las consecuencias van a ser para el deudor. El problema que se va a presentar este año es que va a haber una inflación del 20% y unos ingresos subiendo al 15%. Si tenemos en cuenta que el ajuste es por inflación, tu hipoteca va aumentar en un 20% con ingresos de 15%. Ese diferencial va a tener que salir de tu bolsillo afectando otro tipo de consumos”.
Resolución de la CNV
En enero pasado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 718-E/2018 que autorizaba a los bancos a desprenderse de las hipotecas. «Es algo que dispusieron los bancos haciendo presión sobre las instituciones de regulación para perfeccionar estas líneas y minimizar su propio riesgo», afirmó Chouza. «Es la posibilidad de descargar el riesgo generando otras estructuras financieras en formato de fideicomisos, en los cuales los bancos puedan depositar un ingreso futuro pero contingente, para luego venderle esa bolsa a otros inversionistas».
“Este es otro gran problema. Funciona como funcionaba en Estados Unidos. Los bancos emiten un activo y se lo pasan a un tercero. Supongamos que las compañías de seguro quieren invertir en hipotecas porque creen que es una buena inversión. No tienen la estructura para realizar este tipo de préstamos. Entonces se los compran a los bancos. El peligro enorme es que los bancos, al no ser los acreedores, aflojen el nivel de exigencias para otorgar créditos y den créditos en forma descontrolada”, advirtió Malic.
En esa misma línea, Buteler -cuyas proyecciones tuvieron cierta repercusión mediática en las últimas semanas- cree que “es una forma que tiene el banco de sacarse de encima una cartera que puede traerle problemas”. Y completa: “En ese caso, los problemas no van a ser para el banco sino, probablemente, para los fondos comunes de inversión a los que van a ir destinados estos créditos. O estará la otra opción, que el Gobierno se haga cargo”.
Mar 26, 2018 | Comunidad, Vidas políticas
Se cumplen 10 años del lockout agropecuario que en marzo de 2008 llevó a cortar las rutas a productores y trabajadores rurales dando inicio a un conflicto entre organizaciones del sector empresario agro-ganadero y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La patronal, representada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y la Federación Agraria Argentina (FAA) se oponía a una medida tomada por el Ejecutivo, la Resolución N° 125/2008, que establecía un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de soja, trigo, el maíz y el girasol. ANCCOM dialogó con distintos referentes del “otro campo”, ese que no suele ser abordad por los grandes medios.
Libertad, la amiguita de Mafalda, de Quino, define el campo como “una cosa verde que queda lejos”. No es muy distinto a lo que gran parte de la opinión pública parecía entender en aquellos días de 2008, ya que el campo no está formado solo por grandes productores exportadores de granos, sino por una realidad mucho más compleja y heterogénea. “Eso de que el campo somos todos es una gran mentira”, dice Pedro Peretti, exdirector de la FAA y fundador de la Agrupación Grito de Alcorta. Y agrega: “Ese es el triunfo cultural de la oligarquía argentina que logró imponerlo. No es lo mismo Gabriel Batistuta, que tiene 126 mil hectáreas que Juan Chacarero que tiene cien y José Sin Tierra que no tiene nada”.
Para Peretti, que escribió el libro Chacareros, soja y gobernabilidad a raíz de este conflicto, hay otra victoria cultural de los sectores más favorecidos, que es la nula discusión acerca del latifundio. “La oligarquía terrateniente niega su propia existencia”, sostiene. “La Resolución 125 fue concebida con un error matemático y ponía a todos en la misma bolsa, entonces no había segmentación. Así los grandes productores aprovecharon para mimetizarse con los pequeños. Primero los usaron como fuerza de choque y luego para voltear a Cristina”, recuerda Peretti, que considera que la realidad agropecuaria actual no ha mejorado con el gobierno de Cambiemos. “La devaluación impactó en los costos de las economías regionales y la calidad de vida. Además, las tarifas de los servicios, las prepagas y demás aumentos hacen que estemos peor ahora que hace dos años”, concluye.
Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM
El economista Javier Rodríguez, ex secretario de Coordinación Político Institucional y Emergencia Agropecuaria, reconoce que la 125 cometía el error de no diferenciar a los productores por su tamaño. “Eso se intentó subsanar con las resoluciones 284 y 285, que incorporaban un mecanismo de devolución de retenciones a los pequeños productores, pero ya en medio del conflicto las entidades decían que el gobierno al final no les iba a devolver nada”.
Según Rodríguez, los grandes beneficiados por la rebaja y quita de retenciones anunciada el 17 de diciembre de 2015 por Mauricio Macri fueron los productores más grandes. “Primero, obtuvieron una gran ganancia en el stock que habían guardado durante un año sin vender. Eso solamente lo pueden hacer los grandes productores. Por otro lado, la devaluación que se implementó casi al mismo tiempo, engrosó aún más ese beneficio”. Mientras tanto, los productores más chicos vivieron otra realidad: “En 2016 experimentaron una mejora, pero ya en 2017 la inflación subió los costos y perdieron rentabilidad. Incluso los productores de soja, a los que por un lado les bajaron las retenciones, por el otro les subió el precio de las tarifas, el combustible, los fletes, y eso les dio un saldo negativo”, detalla. Otro tema que destaca el economista es la quita de retenciones en el maíz, que por un lado benefició a los productores a gran escala pero perjudicó a las producciones rurales que dependen de ese cereal como insumo. “El precio del maíz subió, entonces las producciones rurales como la lechería, la avicultura y la ganadería porcina entraron en crisis. En la que más impactó es en la lechería, que sufrió el cierre de 600 tambos en dos años”, concluye.
Manifestación de frutihorticolas. Plaza de Mayo, Buenos Aires. 24/08/16
El ingeniero agrónomo Guillermo Martini, referente de la Corriente Agraria Nacional y Popular (CANPO), pone el foco en diferenciar la concentración productiva que existe en la pampa húmeda, donde el 70 por ciento de la producción pertenece a no más de seis mil empresas. “En el interior profundo es casi terminal la situación de algunas producciones”, se lamenta. “El grueso está ligado al consumo interno, que cayó mucho por el ajuste. En La Plata hay productores que ya no soportan el aumento de las tarifas, los fertilizantes, los fletes, los alquileres, y encima les abrieron las importaciones”. Y agrega que la fruticultura vive un momento similar. “En la Ruta 22, en Río Negro, el 30 por ciento de las chacras que antes estaban produciendo, están abandonadas. Otro indicador es que en la carrera de Agronomía de la Universidad del Comahue hay nueve inscriptos. ¡En una zona totalmente agrícola!”.
“Uno de los de la Mesa de Enlace, que hoy es ministro (nota del redactor: por Luis Etchevehere, el ministro de Agroindustria), es el responsable del saqueo de tierras y la destrucción del pueblo”, dice Deolinda Carrizo, secretaria de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). MOCASE, junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), representan a más de 500 mil familias en once provincias y reclama que ya no hay espacios de discusión entre su sector y el Estado nacional. “Hoy hay cero apoyo a las comunidades campesinas. Se subordina nuestro país a convenios con extranjeros. La quita de retenciones a la soja y a la minería son ejemplos de la destrucción del mercado interno. No hay políticas públicas para el sector y además cuando queremos defendernos hay represión”, denuncia Carrizo. Y agrega: “Hemos sido desoídos totalmente, no tenemos a donde denunciar, nuestra voz ya no existe”.
Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM
Carrizo pone como ejemplo el caso de la empresa Manaos, del empresario Orlando Canido. “En 2016 arremetió contra varias comunidades de Santiago del Estero y se apropió de tierras fiscales. Nos han quemado casas, nos han matado animales y desalojan a las familias con órdenes truchas. El juez Álvaro Mansilla les ha abierto la puerta desde lo judicial a todos estos atropellos de los empresarios”, asegura.
Ignacio Garzarón también forma parte del MNCI y da un panorama de la situación en Salta: “Aquí las comunidades wichis hacen un uso muy extensivo del monte, para buscar madera, cazar pescar, etcétera. Esa es su vida, su cultura. Cuando las fincas se fueron alambrando, porque los dueños las compraron u obtuvieron títulos de forma sospechosa, se complicó mucho su economía”. Compara la situación durante el gobierno del Frente para la Victoria con la realidad actual, y reconoce que antes los movimientos campesinos tenían un espacio, una voz que hoy ya no poseen. “Se vaciaron las políticas para el sector y se desmantelaron los organismos que nos daban un lugar. Nosotros somos campesinos e indígenas pero nuestro modelo de país no es el agroexportador. El problema es que hoy los grandes empresarios perciben que hay otro clima político y se sienten más cómodos, sea para hacer negocios o para mandarnos a reprimir. El mensaje que llega del gobierno a los que defendemos las tierras parece ser ‘basta de joda’. No te olvides que la pata sindical de la campaña de Macri fue el Momo Venegas, que nunca defendió al empleado rural sino al patrón. Esa es la señal para los empresarios, que hagan lo que quieran”.
Verdurazo. Ciudad de Buenos Aires. 14 de septiembre de 2016. Autora:Meza/ANCCOM
Feb 22, 2018 | Trabajo, Vidas políticas
Una multitud que, para los organizadores, rozó las 400 mil personas, le dio forma ayer al acto convocado inicialmente por el Sindicato de Camioneros, al que se sumaron otras organizaciones sindicales de la CGT y las dos CTA y movimientos sociales, en contra de la política económica del gobierno nacional. Con el escenario en las avenidas 9 de julio y Belgrano, mirando al sur, el líder histórico del Sindicato Camioneros, Hugo Moyano, tomó la palabra a las 15.15. “Dicen que vienen a respaldar los problemas legales que yo tengo. No estoy implicando en ningún tema de corrupción, por ahora. Pero les quiero aclarar lo siguiente, si tuviera un problema tengo las suficientes pelotas para defenderme yo solo”, enfatizó al comienzo de su discurso.
Moyano remarcó que “el objetivo es decirle al gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros queridos jubilados, los han engañado con la reparación histórica”. Sobre la política económica opinó que es para perjudicar a los que menos tienen, a los trabajadores, a los más pobres, a los jubilados. “La responsabilidad que nosotros tenemos es defender a todos esos sectores de la sociedad”. Finalizó su discurso sin mencionar la reforma laboral ni las paritarias del 2018.
Facundo Moyano, diputado de UNA, acompañó a su padre y habló con ANNCOM. “El gobierno va a intentar desprestigiar y descalificar a los dirigentes sindicales, es la única que les queda. Pero la masividad del acto es la respuesta a todo eso que pretende el gobierno”. Sobre la alianza sindical que tiene el gobierno con algunos gremios, el diputado dijo: “Llamativamente son los mismos que estaban alineados con el gobierno anterior, esperemos que eso no le sea suficiente al gobierno para implementar un ajuste”.
El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, también estuvo en el acto. En medio de la negociación salarial con la provincia de Buenos Aires afirmó que la multitud que se movilizó ayer le da sostén y confianza a la hora de negociar el salario docente. “Unidos y con los trabajadores en la calle somos invencibles”, arengó. Sobre el comienzo de clases dijo que la preocupación de los docentes es comenzar las clases el 5 de marzo y le exigió al gobierno que dé muestras de querer arrancar el 5.
Los oradores previos al principal convocante del acto fueron Juan Carlos Schmidt, triunviro de la CGT y dirigente de Dragado y Balizamiento; Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria; Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma; Esteban Castro, secretario general de CTEP y Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado.
Durante sus discursos llamaron a la unidad de la clase obrera, criticaron las políticas económicas del gobierno, incentivaron al paro internacional de mujeres para el 8 de marzo y reprobaron el manejo salarial de los trabajadores estatales. “Los compañeros del Estado que acá en Buenos Aires les ponen el revolver del despido en la cabeza para obligarlos a aceptar a el 12 por ciento. Lo que pide cada despedido es poder trabajar con dignidad”, manifestó Yasky.
El bloque de diputados de Unidad Ciudadana salió a las 13 desde el Congreso. La diputada Gabriela Cerruti opinó que Moyano y Cristina Kirchner tuvieron diferentes momentos en las construcciones políticas y que hay que hacer alianzas estratégicas porque el límite hoy es el macrismo.
Si bien desde el gobierno de la Ciudad habían anunciado que la policía tenía órdenes de actuar en caso de que se dañe el espacio público, la desconcentración fue tranquila, sin necesidad de la intervención policial. Al finalizar el acto sonaron «Ji Ji Ji» y «Un Ángel para tu Soledad” de Los Redondos.
