Los trabajadores de Télam seguirán informando y conservan todos sus derechos laborales

Los trabajadores de Télam seguirán informando y conservan todos sus derechos laborales

Vuelven a trabajar tras 128 días de acampe. La Policía Federal retiró las vallas que impedían el ingreso a la agencia y el miércoles podrán retomar sus tareas en el marco del convenio colectivo. Continúan luchando por que no se desdoble en dos organizaciones, una destinada a la publicidad y otra al periodismo.

Tras 128 días ininterrumpidos de acampe en las puertas de las oficinas de la agencia de noticias y publicidad Télam, los trabajadores de prensa volverán a sus tareas laborales a partir del miércoles. Se hará teniendo presente el convenio colectivo, las condiciones laborales y los derechos adquiridos.

El rol de Télam

“Télam es importante para la Argentina porque no solamente da una información plural y diversa, sino que lo hace con una agenda y un contenido distinto respecto de los medios privados. Trata temáticas que la mayoría de los medios privados no publica porque no responden a sus intereses políticos o comerciales, o porque están alejados, si es algo que ocurre en una provincia que está lejana de las ciudades centrales”, señala Andrea Delfino, periodista y delegada de Sipreba (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), sobre la importancia de la presencia de la agencia en el país.

En ese sentido, la lucha no se circunscribe únicamente a retornar a las oficinas; sino que también se traslada a la necesidad de mantener una agencia pública de noticias. Télam se caracteriza por su federalismo: llega, a diferencia de los grandes medios privados, a todos los rincones del país y su cobertura informativa no se reduce únicamente a los acontecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. En este sentido, Delfino destaca la presencia de los periodistas gráficos en todo el territorio nacional, permitiendo tener una visión de un contenido final que no está gestado solo desde Buenos Aires. También señala que Télam es garante de la soberanía informativa con información a los medios más chicos y más alejados de las grandes zonas urbanas. “Télam -dice la periodista- es importante para el país porque es proveedor mayorista de contenidos y distribuidor de la pauta publicitaria.” Por lo tanto, su labor resulta indispensable. Por eso, la delegada de Sipreba cree que se ha atacado a la agencia como blanco durante todo este tiempo.

El silenciamiento como política de Estado

Durante la apertura de las sesiones legislativas, el pasado 1 de marzo, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el cierre de Télam. Dos días después, la policía valló el ingreso a los lugares de trabajo. Al día siguiente, delegados de la Comisión Interna y la conducción de Sipreba iniciaron acampes en las sedes de Capital Federal con el objetivo de resguardar el patrimonio público y visibilizar la lucha para volver a los lugares de trabajo.

Durante los cuatro meses transcurridos la agencia permaneció silenciada, cerrando el servicio que proveía a más de 800 clientes y dando de baja el portal web. En contraposición, para hacer frente a la situación, los trabajadores lanzaron el portal Somos Télam para continuar informando los conflictos gremiales y sociales que permanecen ajenos a los medios masivos de comunicación.

¿Y ahora?

El 1 de julio se decretó que Télam se reconvertirá en APESAU, una sociedad anónima que se encargará solamente de una de sus dos funciones principales: la publicitaria. Al respecto, desde Sipreba sostuvieron la importancia de que la agencia continúe siendo una única empresa “Ya que el rol periodístico y publicitario forman parte de una misma unidad conceptual para garantizar la soberanía informativa y una comunicación federal y plural”, señala un comunicado del Sindicato.

En este sentido, el comunicado destaca que el sindicato continuará luchando por la defensa de los medios públicos y del derecho al acceso a la información de toda la sociedad para mostrar lo que los grandes medios censuran, las luchas de nuestro pueblo por la soberanía, contra el ajuste y por sus derechos en cada rincón del país. “Nosotros desde el primer día estamos trabajando para volver a trabajar. Trabajamos con el portal. Trabajamos con la permanencia en los acampes durante 128 días, las 24 horas. Trabajamos visibilizando la importancia de Télam. Trabajamos recolectando firmas de la ciudadanía en apoyo a la continuidad y todo lo visto lo hicimos porque somos un colectivo que está convencido de cuál es el rol de la agencia”, enfatiza Delfino.

Mientras tanto, los trabajadores esperan con cautela el retorno a sus lugares de trabajo en las distintas sucursales. “Cuando la lucha y la convicción es colectiva y está por encima de la individual se logran pasos positivos para quienes trabajan, en este caso en Télam”, destaca Delfino. “En unidad -concluye el comunicado de Sipreba-, seguiremos diciendo: los medios públicos se defienden, la patria no se vende.”

El guiso de los despedidos

El guiso de los despedidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó una olla popular para protestar contras las cesantías masivas que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en la administración pública. Casi 25.000 trabajadores ya perdieron su empleo en el Estado.

Una nueva ola de despidos sacudió al sector público durante el último fin de semana. Nuevamente, miles de contratos de empleados estatales vencieron luego de la última extensión por tres meses, segunda prórroga que se les brindó luego desde el inicio del Gobierno de Javier Milei. El exministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Organismos de Derechos Humanos fueron los más perjudicados.

Frente a esto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reunida en asambleas durante la jornada de ayer, decidió llevar adelante un paro nacional durante este jueves, acompañado de una olla popular realizada en Plaza de Mayo.

De esta manera, cerca del mediodía comenzaron a llegar uno a uno los trabajadores de los distintos ministerios y secretarías, junto con sus delegados y delegadas. Una de las últimas delegaciones en arribar fue la del exministerio de Mujeres, Diversidad y Género, que más temprano por la mañana brindó una conferencia de prensa en las puertas de su sede. 

Con una batucada de fondo, y ante la indiferencia de los turistas que seguían tomándose fotos frente a la Casa Rosada, comenzaron a desplegarse las banderas y uno a uno de los referentes tomaron el micrófono y relataron la situación de cada uno de ellos.

La motosierra de Pettovello

No conforme con la disolución del exministerio de Desarrollo Social, en diciembre de 2023, devenido en un organismo que agrupó varios sectores, el actual Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, fue una de las áreas más perjudicas en esta nueva ola de despidos, con más de 300 cesantías. Ingrid Manfred, Secretaria General de ATE, fue la primera en tomar la palabra en el acto en Plaza de Mayo, y definió este desguace del sector público como “un plan siniestro de desaparición del Estado”. Miles de estatales aguardan por su situación laboral desde marzo, permaneciendo así en un estado de precariedad laboral con contratos que se van renovando, o finalizando, cada tres meses, desde la asunción de Javier Milei.

En medio de un índice de indigencia que duplica el anterior, alimentos que se pudren en depósitos y el rechazo a la apelación de Pettovello de no repartirlos, Manfred sostuvo que «el ataque a nuestro organismo (Ministerio de Capital Humano, exministerio de Desarrollo Social) no es cualquier ataque, somos un organismo muy sensible porque acompañamos las situaciones más terribles de nuestro pueblo». Y agregó: «Nosotros estamos convencidos que esta decisión es porque no quieren que mostremos lo qué está pasando».

Sin Derechos Humanos ni políticas de género

A continuación tomaron la palabra referentes del Ministerio de Justicia, otro de los sectores fuertemente castigados, puntualmente en áreas de Género y Derechos Humanos. En primer lugar, Nana González Rehermann, delegada de la Junta de Justicia y Derechos Humanos, relató cómo la Policía Federal, de civil, se presentó esta mañana en la sede central de la Secretaría, donde funciona el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) e impidió, mediante listas en mano, el ingreso de los trabajadores. Fue así como se enteraron de 82 nuevas destituciones en el sector, definiendo esta situación como “una película de terror”. 

Luego, y a contramano de lo que piensa el Gobierno, habló de la importancia de los empleados públicos. «Lograron que los estatales sintamos culpa de ser estatales, que creamos que estamos haciendo algo mal por ser estatales. Internalizamos el discurso de la derecha fascista”, afirmó González Rehermann. Y agregó: “Tenemos que creer en nosotros y en las políticas públicas que llevamos adelante. Nuestro trabajo es fundamental y esencial”. 

Luego fue el turno de trabajadoras del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quienes se hicieron eco de las palabras de González Rehermann y sostuvieron que su identidad y su lugar como estatales “es una lucha cultural que tenemos que dar», al mismo tiempo que invitaron a todos los presentes a acompañar la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo. 

También se expresaron trabajadoras despedidas del exministerio de Mujeres, Género y Diversidad, creado durante la gestión de Alberto Fernández y disuelto el 10 de diciembre, mediante la Ley de Ministerios dentro del Decreto 8/20236​, tras la asunción de la Libertad Avanza. De esta manera, pasó a ser la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. En principio estuvo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, pero finalmente pasó a formar parte de la Secretaría de Justicia a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Luego del último fin de semana, el 80% de lo que quedó de ese exministerio fue despedido. Al igual que todos los demás empleados estatales, sin derecho a indemnizaciones. El desguace de esta área tiene gran impacto en el funcionamiento de la Línea 144, así como en otras políticas de género. El 42% de las operadoras de la línea de asistencia telefónica gratuita fueron destituidas, dejando así guardias con solo dos personas frente a una enorme demanda.

Muchos despidos, pocos aplausos

El siguiente sector que tomó el micrófono fue el Ministerio de Salud. Sus referentes comenzaron hablando del cierre del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), que como su nombre lo indica, logró disminuir notablemente el embarazo no deseado de miles de adolescentes de aquellas 12 provincias con los indicadores más altos, como Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy, entre otras. Esta política pública, que se comenzó a implementar en 2018, fue una de las que finalizó durante los despidos de marzo, con más de 700 trabajadores desvinculados.

Los trabajadores de Salud no dejaron de remarcar la ironía de ciertos sectores que enaltecieron su trabajo durante el Covid-19 y, que hoy, celebran sus despidos. “Somos parte de un Ministerio que supo ser emblema, más de un ciudadano ha aplaudido nuestra labor durante la pandemia. Hoy nos descartan. No nos renuevan nuestros contratos, nos despiden», sentenciaron antes de ceder el micrófono. 

En defensa del Cine Nacional

Luego pasó al frente Ingrid Urrutia, Secretaria General de la Junta Interna en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), sector fuertemente castigado no solo desde el comienzo del Gobierno de Javier Milei, sino incluso desde antes, durante la campaña.

«El ataque y el desguace al sector empezó desde que asumió el actual Presidente del Instituto, Claudio Pirovano, a fines de febrero. Primero dejó en la calle a cientos de compañeros que estaban en condiciones precarias de contratación vía monotributo. Luego se avanzó en la eliminación de áreas y gerencias fundamentales como el Observatorio Audiovisual», detalló Urrutia a Anccom. 

Actualmente el INCAA se encuentra prácticamente desmantelado con casi la mitad de sus empleados despedidos. “Esto impacta negativamente en la posibilidad de sostener una política cinematográfica”, explicó la Secretaria General. Y agregó: “En nuestro país, como en todos los lugares del mundo, se necesita un Instituto Nacional de Cine. Incluso en esos lugares a los que el presidente quiere parecerse hay uno”. 

También habló sobre el ataque no solo al Estado, sino a la cultura en general, ya que siempre se mostró muy crítica en todos los momentos de la historia. «El cine es identidad, historia y memoria. Entonces este Gobierno necesita reventar eso para poder seguir avanzando con su plan de entrega. Así como decimos que hay extractivismo en nuestras montañas, acá estamos asistiendo a un culturicidio», concluyó.

Parques Nacionales

Uno de los últimos gremios en expresarse fue el área de Parques Nacionales, quienes el viernes pasado fueron notificados de 50 nuevos despidos, que se sumaron a los 87 que tuvieron lugar durante el mes de marzo. Algunos de ellos, reincorporados luego de varias luchas. 

Al mismo tiempo que el presidente envío al Congreso una nueva ley de protección animal, bautizada con el nombre de “Ley Conan” en honor a una de sus mascotas, gran parte de la fauna, así como de la flora, se encuentra en peligro ante el desfinanciamiento del sector, no solo a nivel presupuestario, sino también a partir de la cantidad de despidos de especialistas en el área. «Los parques hoy están sufriendo un ataque muy grande. Es muy difícil la articulación a nivel nacional, pero estamos dando la pelea”, manifestaron.

 

Represión

El último de los organismos que tomó la palabra fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), quienes no solo sufrieron cesantías, sino también violencia. Aunque, al igual que lo expresado por referentes del área de Parques Nacionales, lograron la reincorporación de algunos de los compañeros.

 

El pasado 30 de junio, alrededor de 280 contratos se vencieron en el INTI. Por ello, el lunes por la mañana, trabajadores y trabajadoras comenzaron un plan de lucha en contra de estas medidas y cortaron la General Paz. Ante esto, la Policía de la Ciudad se hizo presente y, mediante escudos y gases, aplicó el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y reprimió a todos los presentes. Además, detuvieron a dos de ellos, quienes, horas más tarde, fueron liberados. Pero el propósito parece haber sido logrado, según relataron trabajadores del INTI: «Luchar sirve porque, luego de ese corte, se sentaron con nosotros y ya estamos en perspectiva de incorporaciones de un buen número de compañeros», concluyeron.

Para finalizar el acto, tomaron la palabra Claudio Arévalo, Secretario General de ATE Provincia, y Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital. El primero de ellos agradeció la invitación y, al igual que todos y todas, llamó a la unidad. Se mostró optimista sobre la reincorporación de los despidos y anunció «Nosotros sabemos que estamos enfrentando un monstruo bastante grande, pero cuando se caiga, por la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, va a ser una caída fuerte de la que no se va a poder levantar nunca más».

Minutos más tarde, Catalano replicó la unidad y la organización como la única manera de sobrepasar esta situación, reclamando una salida colectiva. “La jornada no termina hoy porque hay una sociedad que está dispuesta a dar una pelea para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones y tenga chances de salir adelante», finalizó.

Luego del cierre del acto, cerca de las 13:30, comenzó el desarmado de estructuras y aparatos. Lentamente la Plaza de Mayo comenzó a vaciarse para darle pie a una nueva ronda de Madres y Abuelas. A pesar de la situación alarmante, y aunque con bronca, los empleados estatales se mostraron esperanzados y optimistas.

“En el hospital no sobra nadie”

“En el hospital no sobra nadie”

Los trabajadores del Posadas realizaron un paro para exigir la reincorporación de los 92 trabajadores de la salud despedidos por el gobierno de Javier Milei. Servicios críticos en el área de salud que dejan de prestarse.

Este jueves los dirigentes de la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) realizaron un paro de 24 horas y una ronda en la entrada de la institución para reclamar por la reincorporación inmediata del personal del Hospital Posadas que fue despedido hace una semana como parte de las masivas cesantías que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en el empleo público.

Desde las 8:30, trabajadores y profesionales de la salud de esta institución sanitaria participaron de la protesta a raíz de los despidos recientes. Fueron acompañados por vecinos, asambleas barriales y organizaciones políticas y sociales como centros de estudiantes y sindicatos. Todos se manifestaron unidos con el objetivo de visibilizar su apoyo y defensa del derecho a la salud pública. La FeSProSa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) había decidido convocar a una Jornada Nacional de Lucha donde los gremios afiliados, a través de distintas acciones en diferentes provincias mostraron su apoyo y visibilización del conflicto. 

Además de los gremios presentes, las personas que llegaron se fueron sumando a la ronda con carteles en mano, en los que se podían leer mensajes como “En el hospital no sobra nadie”, “No a los despidos en el Hospital Posadas, salud pública y educación pública de calidad” e incluso nombres del personal de salud que había sido despedido en el último tiempo. La caminata fue desarrollándose por medio de aplausos, como una muestra del apoyo de distintos sectores de la sociedad.

Acompañaron la protesta los diputados nacionales Nicolás del Caño, Vanina Biasi y la diputada de PBA Laura Cano (todos parte del PTS-FITU). En busca de una solución al conflicto, la izquierda presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para repudiar estos despidos y exigir su reincorporación. Fue durante las rondas que se anunció, por medio de la CICOP, que el jueves próximo se hará una audiencia en el Congreso Nacional junto a diputados, sindicatos y sectores solidarios para seguir difundiendo la problemática. También se anunció un nuevo paro para el viernes 12. 

Las fuerzas federales entraron con motos y armas al Posadas debido a la multitudinaria movilización. Sin embargo, esto no afectó la realización la jornada de protesta ni el compromiso a seguir reclamando que todos los presentes demostraron.

Luis Mariano Sucher, uno de los despedidos del Hospital Posadas. 

Casi cien menos

La noticia de los despidos había llegado al personal el pasado viernes 28 de junio, siendo en total 92 miembros del Posadas a los que se les notificó de ello y de las no renovaciones de contratos. La preocupación fue creciendo tanto por los drásticos despidos como por los servicios que se ven afectados en áreas como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración. 

 Ubicado en la localidad del Palomar, el Hospital Posadas surgió como iniciativa de la Fundación Eva Perón y fue proyectado por el doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud que tuvo Argentina. Fue nacionalizado en 2007. Está cerca de la villa Carlos Cardel y el barrio Ejército de los Andes, conocido como “Fuerte Apache”. Por ende, dicha situación deja a una abundante comunidad de pacientes en una grave vulnerabilidad debido a sectores que están sin cubrir o servicios reducidos.

 Distintos gremios habían alertado previo a la realización de la jornada sobre las intenciones del Gobierno Nacional al realizar este tipo de ajustes, explicando cómo buscan desarticular la salud pública e implementar el sistema de «vouchers» que favorece a los privados. 

Despidos criminales

 Luis Sucher fue contratado hace 25 años en el hospital y es uno de los miembros del hospital que fueron despedidos. Es delegado de CICOP en el centro sanitario y en el último tiempo trabajaba en Posadas dentro del área de atención de los consultorios externos. En diálogo con Anccom, Sucher explicó la problemática evidente que se presenta en los intereses del gobierno frente a la salud pública. “En este gobierno si no se ven ganancias para el sector privado o a sus amigos dueños de las grandes prepagas consideran a la salud como un gasto”, dijo. Luego expresó que esto implica un ataque a la salud pública del país y a millones de personas que no tienen la posibilidad de tener una prepaga. “La salud pública es un derecho universal, y esto muestra un desprecio enorme por los sectores populares y por los trabajadores”, apuntó. 

 Por otra parte, Sucher enfatizó sobre la necesidad de movilizarse a través de la jornada y de visibilizar lo gravemente afectadas en que quedarían las condiciones del hospital. “Esto se va a resentir en un momento crítico, el conflicto se va a agudizar limitando muchísimo la atención de pacientes en el sistema sanitario. De por sí estamos entrando en un periodo de enfermedades respiratorias”, expresó. Y añadió que un hospital como el Posadas no puede soportar este tipo de recortes, explicando que “muchísimas personas de por sí se quedan sin trabajo o pierden la posibilidad de pagar una prepaga, por lo que terminan recurriendo al hospital público”. El contexto afecta a la salud preventiva, salitas y atención periférica que están diezmadas. “Es bastante crítico y criminal el despido de todos estos trabajadores. muchos de los cuales son médicos con responsabilidades y especialidades únicas no sólo en el hospital sino también en el país”, opinó el delegado. 

 Por último, Sucher contó que si no se realizan las respectivas reincorporaciones los problemas se agravarán y se sentirán en todo el hospital. “Muchos de los profesionales que echaron tenían pacientes citados en los próximos dos meses. También enfermeros que cumplen tareas en áreas críticas, y al faltar personal van a sobrecargar a otros compañeros. Todo eso se va a sentir y va a poner en peligro la calidad de atención que requieren pacientes complejos”, explicó.

Visibilidad 

Elizabeth Correa fue contratada hace 22 años en el hospital y también es parte del personal que fue despedido el pasado viernes 28. Empezó en servicios generales en la parte de la cocina y luego se formó para ser Técnica Radióloga dedicándose en ese área en los últimos 8 años. Al consultarle por los servicios que más considera que se verán afectados, la radióloga contestó que “el sector de laboratorio, por ejemplo, en el que fue despedida la bioquímica que se encargaba de realizar los diagnósticos de leucemia y linfoma es uno de los más perjudicados. En kinesiología lo mismo, echaron a tres kinesiólogas”. Y que también hay sectores como el de asistencia social que están vaciados. “La verdad es que en todos los sectores hay mucha crisis y demanda. Tiene que haber una solución y en vez de echar gente deberían dar otra cobertura para que la calidad de la salud mejore” expresó Correa en diálogo con Anccom.

 La médica dijo tener mucha expectativa para las rondas que se hicieron el jueves. “De por sí la Asamblea que hicimos el martes para tratar este tema fue bastante masiva. Muchos compañeros se solidarizaron, compañeros que vinieron de otros lugares: ferroviarios, aeroportuarios, vinieron de otros hospitales. También tenemos mucha expectativa de que esa solidaridad sea mayor, que no nos dejen solos en este momento”, manifestó. Y se mostró agradecida porque sus compañeros del hospital demostraron muchas muestras de solidaridad, indignación y miedo a la vez, “que es entendible”.

 Por último, añadió la importancia de resolver el conflicto y el ataque a la salud pública como se hizo con la educación. “Nosotros apoyamos la lucha por la educación pública. Nos movilizamos cuando fue la marcha por las universidades, estuvimos apoyando en todo momento porque también nos parece importante que la educación tenga un lugar preponderante para la sociedad y que tiene que ser visibilizada esa lucha. Pretendemos que en nuestro caso también tome tal visibilidad y que la sociedad y la opinión pública también nos apoye como fue con la educación”. Para ella y sus compañeros esa lucha fue una inspiración enorme a la que pretenden llegar con la defensa de la salud, “porque la salud pública es igual de necesaria y debemos luchar por nuestros puestos laborales”. 

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Milei avanza sobre la Secretaría de Derechos Humanos

Trabajadores y trabajadoras del Estado se manifestaron en la puerta del Ministerio de Justicia frente a la ola de despido en esa dependencia del Estado. Mañana convocan a una olla popular en Plaza de Mayo.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó una concentración el martes en la puerta del Ministerio de Justicia de la Nación para reclamar por los despidos y las políticas de vaciamiento del gobierno. “Desde la asunción de Cuneo Libarona en el ministerio de justicia 460 compañeros quedaron sin trabajo y ahora atacan áreas estratégicas como la política de Memoria, verdad y Justicia, los ex centros de detención y las políticas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado por eso entendemos que en este momento hay una determinación del gobierno para atacar las políticas de Derechos Humanos y hacer que el negacionismo siga avanzando”, expresó Daniel Catalano Secretario General de ATE Capital en diálogo con ANCCOM

Los despidos continúan en el Estado y diferentes sectores gubernamentales se han visto afectados. En este contexto el área de Derechos Humanos es una de las más atacadas. “En este momento, 63 compañeros de la secretaría de Derechos Humanos han sido despedidos y los telegramas siguen llegando, así es la gestión de Cúneo Libarona, de Alberto Baños y de Javier Milei, insensible, cruel, que persigue a los trabajadores”, detalló Octavio Rampoldi, delegado de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los trabajadores y trabajadoras invadieron el Microcentro porteño con cantos, bombos, trompetas y bengalas de humo a las 11:30 y se instalaron afuera del Ministerio que, para ese entonces, ya estaba cerrado y custodiado por personal policial. “Hoy venimos para decirle en la cara al ministro de Justicia que no vamos a aceptar ningún despido y que queremos la reincorporación ya de cada una y cada uno de los compañeros despedidos”, expresó Rampoldi.

Minutos después del mediodía en un escenario improvisado en la vereda los oradores tomaron la palabra y procedieron a la lectura de comunicados y mensajes de adhesión y acompañamiento a la medida de fuerza por parte de diversas organizaciones sociales. La delegada, Nana González Rehermann expresó: “Desde marzo venimos peleando los despidos, ahora viene otra oleada fuerte y nos van a encontrar acá todos los días hasta recuperar a cada una y cada uno de nuestros compañeras y compañeros, vamos a ser la furia organizada”, y estalló el aplauso y el vitoreo.

La política de reducción del empleo público del gobierno, parece, continuará ya que es uno de sus principales objetivos. El lunes, en su habitual conferencia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció como un logro “la eliminación de trabajadores estatales” y dejó claro que aún falta una tercera etapa de despidos. Marcelo Gil de la junta interna de ATE, Justicia y Derechos Humanos, precisó: “De acá a fin de año va a haber más recortes de personal porque hay contratos que se renuevan trimestralmente, lo que hace más fácil echar a empleados especializados con más de 20 años en áreas del Estado”. Ante este panorama, Catalano detalló el próximo movimiento del sindicato: “Este jueves vamos a hacer un paro con movilización a Plaza de Mayo en dónde realizaremos una olla popular multitudinaria para que la gente coma frente a la Casa de Gobierno y le reclamaremos a Milei que abra las mesas de negociaciones para que la gente vuelva a trabajar”.

 Luego del acto, cerca de las 13, comenzó la desconcentración de manera pacífica y ordenada con canciones de Los Redonditos de Ricota de fondo. Pese al contexto de ajuste y recorte los abrazos no eran de despedida.  “Nosotros no somos casta, no somos un número, somos familia, somos trabajadores que estamos comprometidos con las políticas públicas y abrazamos las banderas de Memoria Verdad y Justicia”, concluyó Rampoldi.

Despidos y represión, la saga continúa

Despidos y represión, la saga continúa

El Gobierno despidió a 285 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo clave para el desarrollo nacional. Reprimió con palos y gases a los empleados estatales que exigían la reincorporación en la entrada de la sede de Villa Maipú. Hubo dos detenidos que por la tarde fueron liberados.

Trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fueron reprimidos por las fuerzas policiales mientras se manifestaban pacíficamente en la puerta del organismo contra la cesantía de 285 contratos. La Policía de la Ciudad, bajo la dirección del ministro de Seguridad Waldo Wolff, utilizó palos y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, con el apoyo de un operativo de la Policía Federal motorizada coordinado por la ministra Patricia Bullrich. Desde ATE denuncian las detenciones ilegales de Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma, que a última hora de la tarde fueron liberados.

“Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado, en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos. No es que sólo se pretende ajustar con los despidos, quieren un Estado al servicio de las lacras, que no son más que cuatro o cinco grupos empresarios, que lucran con el esfuerzo de todos los argentinos y las argentinas”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en diálogo con ANCCOM.

La Asociación de Trabajadores del Estado convocó a la manifestación esta mañana a las 8 en el predio del INTI, en Villa Maipú, en el marco del paro de 48 horas iniciado el pasado viernes. Según Aguiar, llevan registrados 2.305 despidos en la Administración Pública Nacional en las últimas horas; al igual que en marzo, sostuvo, nuevamente se advierte una gran cantidad de cesantías en el interior del país. “Detrás de los despidos en el Estado hay políticas públicas que se desmantelan y derechos que pierde nuestra sociedad”, afirmó el secretario general.

Paola Franco, delegada de la junta interna ATE-INTI y trabajadora del organismo, dijo a este medio: “La semana pasada nos comunicaron la no renovación de 285 contratos monotributistas, que son compañeros que al día de hoy no pueden entrar a su lugar de trabajo, el contrato se venció el 30 de junio. Los despidos no fueron comunicados ni siquiera por mail, sino por un vox populi. Tuvimos varias negociaciones, pero siempre nos dijeron que no los renovarían”.

¿Qué es el INTI?

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial fue creado el 27 de diciembre de 1957 como parte de un conjunto de instituciones nacionales diseñadas para impulsar la inversión pública en ciencia y tecnología. Durante más de 65 años, el INTI ha asistido a la industria argentina mediante la generación y transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, y el aseguramiento de la calidad de bienes y servicios en todo el país. Además, el INTI es el Instituto Nacional de Metrología, un referente internacional en la materia y un actor clave en los ámbitos científico, legal e industrial.

“La policía nos viene a reprimir y nosotros somos los que les certificamos los chalecos antibalas”, remarcó Paola Franco. “Además de los puestos de trabajo, que son super importantes, se está desguazando la industria nacional. No nos pega solo a nosotros, le pega a la sociedad”, aseveró la delegada. 

Al finalizar la protesta, ATE y otras organizaciones sindicales llevaron a cabo una asamblea de trabajadores donde se decidió convocar a un plenario el miércoles para planificar las próximas acciones de lucha. Aguiar denunció el operativo policial como «absolutamente desmesurado», destacando que las armas destinadas a proteger al pueblo están siendo utilizadas en su contra. Añadió: «Si piensan que con todos estos policías nos van a dar miedo, les informo que no va a ocurrir. Todo lo contrario, acá no vamos a terminar destruidos nosotros, van a terminar destruidos otros». Posteriormente, los dirigentes de ATE se dirigieron a la Comisaría 4 de Parque Patricios (CABA) para exigir la liberación inmediata de los trabajadores detenidos durante la represión, quienes fueron liberados cerca de las 19 horas, confirmó Pablo Spataro, secretario general de la CTA Capital.

La persecución avanza

La persecución avanza

FOPEA ya registró en 2024 por lo menos 70 ataques a la labor periodística. El mayor instigador es el gobierno nacional. La criminalización del trabajador de prensa como estrategia disciplinadora y la matriculación profesional como herramienta de exclusión.

“El efecto es disciplinador para el resto del periodismo” sentenció Miriam Lewin, periodista y escritora, especialista en periodismo de investigación y actualmente defensora del público. Lewin analiza que, ante una seguidilla de ataques perpetrados contra comunicadores con gran reputación, lo que están buscando es lograr el amedrentamiento y aleccionamiento para la profesión periodística en su conjunto: “En general cuando desde el poder -de boca de algún funcionario o incluso del presidente- se genera algún ataque, el ejercicio de la libertad estará destinado solamente para quienes aprueban las medidas del gobierno o bien utilizada para lograr el lucro indefinido en el área de la actividad económica, sin ningún tipo de limitación o de restricción”, agregó la periodista.  

El Foro de Periodismo Argentino FOPEA, encargado de registrar los ataques contra el periodismo, denuncia un total de 70 casos de ataques contra la prensa en lo que va de 2024. Entre ellos, priman los agravios en la Ciudad de Buenos Aires donde se listan 38 casos. Le siguen en la lista las provincias de Buenos Aires y Corrientes. El foro viene llamando la atención acerca de varios aspectos que resultan alarmantes en torno a la agresión desplegada en los discursos del presidente de la nación Javier Milei y de todo su aparato gubernamental que estigmatiza y descalifica a los periodistas cada vez que pueden, con insultos degradantes tales como “mercenarios”, “corruptos”, “ensobrados” o directamente los acusan de ser cómplices del socialismo en su diatriba contra el comunismo. En cuanto a la clasificación de las denuncias registradas por FOPEA, en su mayoría son por ataques hacia la integridad y por discursos estigmatizantes hacia la profesión. Sin embargo, también hay casos por censura, por intimidación y por restricciones en el acceso a la información pública.

Lewin analiza con detenimiento cuáles fueron los ataques que más hicieron eco en el último tiempo: la reapertura de la causa judicial a Norberto Navarro por incitación a la violencia, la verbalización por el deseo de que se produzca la quiebra del Grupo Perfil ante el retiro de la pauta oficial, los insultos estigmatizantes hacia la profesión tildándola de “mercenaria” y la denuncia de parte del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra los periodistas Darío Villarruel y Nancy Pazos por instigación al delito. Lewin considera que esta escalada de violencia contra la prensa, legitimada y accionada por el Gobierno, quiere provocar un efecto aleccionador sobre quienes recién se inician dentro del periodismo y no tienen la “espalda” para superarlo: “¿Qué pasa con un chico o una chica que recién ingresa en una redacción y que descubre una información que podría no ser del agrado del poder? Lo que se consigue es un efecto de autocensura -dijo la periodista  y agregó- cuando se los ataca a ellos, se está generando un efecto de autocensura en quienes recién empiezan o que no tienen capacidad de resistencia”.

En el mismo sentido, Darío Villarruel, periodista de Radio 10 y C5N, en diálogo con ANCCOM, declaró en torno a esta problemática y a su agravio particular: “Me imagino los pibes jóvenes, los productores, ante cualquier cosa que quieran decir estarán pensando: ‘Uy, ¿si digo esto y me hacen una denuncia?’”. El periodista enfatizó en la motivación que hay detrás de este ensañamiento contra la prensa: “El único fin es amedrentar, disciplinar, hacer que no hablen los que tenemos que hablar, con un gobierno que toma medidas, lamentablemente en su totalidad, siempre en contra de la gente”. En referencia a su caso, reflexionó que no le ha tocado vivir una situación semejante en sus 40 años de profesión: “La verdad que en ningún gobierno tuve ni una carta documento, ni una demanda por calumnias e injurias”, destacó.

Villarruel analizó la particularidad de este gobierno desde varias aristas: “Es un Poder Ejecutivo muy particular, con un presidente que dijo que es el topo del Estado, que viene a destruirlo; que es una organización criminal cuando él es el jefe del Estado”. A su vez, sostuvo que “todo lo que pasa con la persecución y lo que pasó en la marcha, de salir a detener personas que no habían hecho nada, tiene que ver con una forma de concebir la ‘no política’, porque la política en serio es deliberación, acuerdos y debates”.

En sintonía a lo anterior, Lewin puntualizó acerca de la intención que tiene este gobierno por silenciar a quien represente una voz por fuera del discurso que intentan instalar y señala la relación que hay entre el hostigamiento a periodistas y la represión a manifestantes: “Es grave que el amedrentamiento sea contra periodistas, hay quienes cubrían manifestaciones, protestas sociales, que fueron detenidos y heridos. Y esto tiene, además, un efecto disciplinador para el resto de los manifestantes, porque si se la agarran contra un periodista ‘¿qué no me harán a mí?’”. Y destacó especialmente la labor de los reporteros gráficos, constantemente expuestos en las coberturas de las manifestaciones y fuertemente agredidos en las últimas marchas.

“Lo que hay que tener en cuenta es que la intimidación y el amedrentamiento no son solamente hacia los periodistas sino hacia la movilización popular”, coincidió Fabián Waldman, periodista de FM La Patriada y columnista de Diputados TV. Consideró que esta serie de medidas ligadas al acallamiento son propias de un gobierno de corte antipopular que no tiene resultados económicos favorables que publicitar:  “Lo que están haciendo contra la prensa es tratar de silenciar a aquellos que ofrecen una alternativa a la visión que ellos muestran. Lo que tratan de hacer, a todas luces, es opacarla y oscurecerla”, expresó el periodista acreditado en Casa Rosada y víctima de un hostigamiento verbal permanente del vocero presidencial Manuel Adorni al que resiste con mucha entereza y altura profesional.

Al cierre de esta edición se conocía la publicación en el Boletín Oficial una nueva disposición que obliga a los periodistas a matricularse en el Ministerio de Trabajo. Los requisitos busca restringir la libertad de expresión a todo tipo de periodista que ejerza su tarea en un medio comunitario y social, entre otros peligrosos derivados.

 

Usinas del trolls furiosos

Lewin introdujo otro elemento en este análisis. Encuentra una ruptura, un antes y un después, a partir del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Ve en ese acontecimiento un quiebre para la naturalización y la perpetuación de la violencia: “Fue la comprobación absolutamente indiscutible de que la violencia que circula por las redes sociales y por las plataformas puede trasladarse al mundo real”. Para la periodista, el entramado que posibilita este escenario de violencia semántica, verbal e institucional se originó de dos maneras: de forma vertical, por parte del presidente de la nación que deliberadamente la incentiva y llama a los periodistas “mentirosos y calumniadores seriales”, y por otra parte, con la aparición de una gesta de usinas de “trolls” que tienen como central las redes sociales y que constituyen una arista fundamental en la construcción del poder de La Libertad Avanza. “El presidente no se restringe: se sigue comportando como un twittero furioso”, analizó Lewin acerca del manejo de las redes sociales por parte de Javier Milei y agregó: “Es un usuario de los medios que puede decir cualquier cosa, sin tomar consciencia de que ahora tiene otra investidura y que es el presidente de todas y todos los argentinos”.

Por su parte, Waldman destacó que el despliegue de esta ofensiva vía redes sociales está articulado por parte del gobierno nacional como política comunicacional: “El gobierno tiene su propio equipo de trolls constituido en su equipo de comunicación digital”. El periodista subrayó el hecho de que quien ose decir algo que atente contra el discurso libertario recibe su dosis de odio y crueldad: “A través de estos nuevos medios de comunicación, generan las corrientes de ideas y las ‘verdades’ que después se comunican y se traslucen en lo que a diario dicen muchos de aquellos que le hacen el aguante al gobierno”. Graficó metafóricamente la forma particular en la que operan: “Trabajan en forma de cardumen; alguno de los referentes más importantes se dirige hacia algún posteo de alguien a quien quiere ‘aniquilar’ y detrás de él corren el resto de las pirañas para seguirlo”.

El silenciamiento de los medios públicos

En torno al intento de obstaculización del derecho a la información y a la libertad de prensa, Lewin se refirió a la de intervención de los medios públicos, como la TV Pública y Radio Nacional y, especialmente, a la Agencia Nacional de Noticias Télam, de la que con una justificación fuertemente ideologizada han dispensado a sus trabajadores. Para la periodista: “El cierre de Télam es absolutamente inaceptable y realmente genera un enorme perjuicio. Además, el cierre de las corresponsalías implica una mirada porteñocéntrica. Y decir ‘¡para qué queremos una agencia de noticias si está twitter!’ es directamente una burrada con perdón de los burros”, agregó la periodista haciendo referencia a los dichos de Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza.                            

En el mismo sentido, Waldman dijo:“El discurso de Milei es que las redes sociales están para reemplazar a las agencias de comunicación y a los medios, dejando de lado todo lo que significa la investigación y el análisis”. Waldman analiza que de esta manera se afianza una noción de la información y de la comunicación un tanto ridiculizada: “La imposibilidad de recorrer un camino para llegar a una conclusión que no esté afectada por una fake news, es efectivamente sobre lo que cabalgan”, agregó. Para el periodista, esta estructura de los medios de comunicación solo potencia el monopolio y la concentración en detrimento del verdadero acceso a la información plural y federal y además “produce la orfandad de muchísimos comunicadores y la imposibilidad de acceder a noticias e información de cada uno de los puntos del territorio, cosa que vimos con la nevada al sur del país en los últimos días”, puntualizó en torno al vaciamiento y eliminación de fuentes de información de vital importancia.

“Puede existir un negocio, el de privatizar o venderlos”, dijo Darío Villarruel, quien no ve solo un intento de silenciamiento en el accionar del gobierno sino la posibilidad de promover un negocio similar al construido en otros momentos de la reciente historia argentina: “Me hace acordar mucho a la época de los noventa cuando el presidente Carlos Menem les dio los medios públicos a algunos privados, que siguieron en manos privadas, que a veces juegan a favor de determinados gobiernos, los sostienen o los voltean”, sostuvo.

Lewin también enfatizó sobre el silenciamiento que significa la ”mentirosa” suspensión de pauta oficial: “Es una enorme restricción a la capacidad de supervivencia de los medios más pequeños. Hay empresas que siguen pautando, pero no en los medios pequeños que necesitan como el agua para sobrevivir de estos aportes públicos. Porque no existe la posibilidad de que las pymes barriales, los almacenes, las tiendas, pongan publicidad en esas emisoras, porque están pensando si pagan la boleta de la luz o cierran directamente por la retracción brutal que surge a partir del ajuste. Entonces es condenar a muerte a estos medios”.