May 24, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Una multitud de docentes, profesores y estudiantes de todo el país se movilizó a la Plaza de Mayo en la segunda Marcha Federal Educativa bajo la consigna “paritaria nacional docente” y “en defensa de la educación pública”. La convocatoria se realizó a 30 años de la “Marcha Blanca”, la recordada movilización docente de1988. A pesar de haber estado vigentes desde 2006, las paritarias nacionales del sector fueron derogadas el 16 de enero pasado a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 52/2018. El reclamo que cubrió de guardapolvos blancos el centro de la Ciudad y sus principales accesos se extendió también al repudio a la política económica del macrismo y a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ponen en jaque a la educación pública en un contexto de fuerte ajuste.
La masiva marcha de ayer comenzó, en rigor, mucho antes de que las nutridas columnas coparan la Plaza de Mayo y alrededores. El lunes se realizó la conferencia de prensa en la sede de CTERA donde se dio inicio formal a la medida. La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, informó que el gasto del 6% destinado al presupuesto de Educación “no se está cumpliendo”. Un día después, el martes, las columnas más lejanas provenientes del noroeste argentino y de la Patagonia iniciaron la marcha a Buenos Aires. La adhesión fue masiva. Los organizadores calcularon más de 250 mil manifestantes.
El acto central inició pasadas las 15:00 con la entonación del Himno Nacional Argentino. Las primeras palabras estuvieron a cargo de Eduardo López, secretario general de UTE. “Vamos a seguir enseñando que hubo patriotas, que decimos colonia no, Patria sí”, subrayó. A continuación le cedió la palabra a dirigentes del noroeste argentino y de la Patagonia. Todos coincidieron en las fuertes críticas a la política educativa del gobierno de Cambiemos.
La convocatoria se realizó a 30 años de la “Marcha Blanca”.
“Vamos a insistir hasta que se escuche el reclamo. Es necesaria la unidad del movimiento obrero para una huelga general en contra del ajuste y del acuerdo con el FMI”, continuó el titular de SUTEBA, Roberto Baradel. Su mensaje fue especialmente dirigido a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “Vaya menos a los set de televisión y ocúpese de la escuela pública”, le reclamó.
En un gesto de solidaridad por la represión que sufrieron los trabajadores del subte el martes, el micrófono pasó luego a manos de Néstor Pianelli, miembro de los Metrodelegados, que agradeció que los maestros le enseñen a sus hijos “a pelear y a no bajar los brazos”. También hablaron Pedro Bayúgar, por Sadop; y Mirta Petrocini, del gremio bonaerense FEB.
El cierre estuvo a cargo de Alesso. “El magisterio argentino es protagonista de las grandes luchas populares. De la resistencia a la dictadura, de la vuelta a la democracia. Nos quieren volver a meter para adentro y que discutamos uno o dos temas. La discusión con el gobierno no es solo por el modelo educativo: es el modelo educativo y es el modelo de Patria”, subrayó. Como Baradel, la secretaria general de Ctera cerró su discurso con un llamado a las organizaciones sindicales a convocar un paro nacional.
En diálogo con ANCCOM, Julia, docente “villera» de educación especial, comentó que asistió a la movilización bajo la consigna “Ni un pibe menos” de su agrupación política, La Garganta Poderosa. “Queremos parar la violencia institucional que se ejerce hacia nuestros alumnos. Con hambre no se puede estudiar”, dijo. Vestía un guardapolvo que en la espalda rezaba la leyenda “Nuestros docentes enseñan luchando”.
La masiva marcha de ayer comenzó, en rigor, mucho antes de que las nutridas columnas coparan la Plaza de Mayo y alrededores.
Leonardo, docente de grado del conurbano bonaerense, marchó junto a sus hijos. Todos con guardapolvos blancos. “Vinimos en familia, salimos a la calle para que el conflicto se conozca. Por eso vinimos todos”, le dijo a esta agencia.
Junto con los docentes, marchó una gran cantidad de estudiantes y autoconvocados. Agustina, estudiante del Profesorado en Matemáticas de la Universidad Nacional de Rosario, dijo: “Sin la educación pública no puedo estudiar. Además en unos años yo voy a ser docente, voy a estar en su lugar, así que el tema me toca mucho”. Briana, alumna de la Universidad de Buenos Aires, apoyó la medida de fuerza de los docentes de forma autoconvocada: “Hay que defender la educación pública entera, desde el jardín de infantes hasta la universidad”, explicó.
Entre las banderas de los militantes se mezclaron gran cantidad de los ya conocidos pañuelos verdes de la campaña por la despenalización del aborto. También pañuelos rojos en rechazo al proyecto del gobierno porteño de creación de la Unicaba que unifica 29 profesorados en una sola universidad. “No a la Unicaba, educar es combatir”, rezaban junto con la ilustración de dos lápices en forma de cruz.
Si bien durante toda la movilización no se registraron incidentes, Luis Lucero, secretario general de UDAP de San Juan, denunció una agresión a la salida de su provincia. El micro de la delegación fue atacado a piedrazos y, aunque no hubo heridos, el hecho obligó a los maestros a cambiar de transporte. “No sabemos si fue una casualidad o una causalidad. Todavía estamos investigando, pero ya hemos hecho la denuncia correspondiente”, contó Lucero a esta agencia.
Tras las palabras finales de Alesso, el músico Peteco Carabajal hizo una breve presentación. La desconcentración comenzó a las 16.30. Lentamente se rompieron las columnas y los docentes y estudiantes abandonaron las calles. Había rostros satisfechos por la masiva adhesión a la marcha. La lucha continúa.
May 24, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
“La ejecución de nuestra compañera Marielle es un crimen político y es necesario que los ojos del mundo se vuelvan para ver lo que está pasando hoy en Brasil”, advierte Taliria Petrone, ante un auditorio expectante en el Hotel Bauen, recuperado y autogestionado por sus trabajadores. En un emotivo acto homenajeó este lunes a su compañera de militancia y amiga Marielle Franco, la concejala brasileña asesinada el 14 de marzo de 2018, en el marco de una creciente militarización de las favelas.
Marielle era concejala de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Negra, favelera, lesbiana, feminista, y luchadora contra la violencia institucional sufrida por la comunidad afrobrasileña en las favelas, el 14 de marzo pasado, cuando se retiraba de un evento feminista, fue asesinada junto a su chofer Anderson Gomes, de cuatro disparos en la cabeza. Un día antes había publicado en su cuenta de Twitter: “¿Cuántos más tendrán que morir para que esta guerra termine?”, a raíz del asesinato de un joven negro en manos de la fuerzas de seguridad de Río.
Mientras que la policía avanza en la investigación y señala como responsable del asesinato al ala más corrupta y vinculada al narcotráfico de la propia fuerza, organizaciones partidarias y sociales aseguran que se trató de una ejecución política asociada a la militancia de Marielle, perpetrada por grupos paramilitares. En este sentido, subrayan la necesidad de que una comisión independiente lleve a cabo la investigación del hecho.
La concejala denuncia que el 71 por ciento de los jóvenes asesinados en Brasil son negros.
Militarización de la vida
Marielle fue una de las fervientes opositoras a la intervención militar de Río de Janeiro, impulsada en febrero de este año por el presidente brasileño Michel Temer, con el supuesto objetivo de detener el crimen organizado y el narcotráfico. El 28 de febrero fue elegida relatora de la comisión municipal encargada de fiscalizar la intervención. Tras su ejecución, Temer calificó su muerte como un número más en las estadísticas de violencia social que amerita la militarización.
“Marielle era mujer y negra en un país en donde los hijos de las mujeres negras mueren, y eso demuestra que en Brasil aún no se abolió la esclavitud, son sistemáticamente encarcelados y ejecutados”, denunció en el acto homenaje del lunes la también concejala de Río por el PSOL, Taliria.
Las cifras expuestas por Petrone son alarmantes: cada año, 30 mil jóvenes son asesinados por las fuerzas de seguridad en Brasil. De cada 100, 71 son negros. El 40 por ciento de los encarcelados aún no tienen sentencia, la mayoría son negros y están presos por hurtos menores. Solamente el 10 por ciento está preso por crímenes graves. También aumentó más de 500 por ciento el número de mujeres encarceladas en los últimos 10 años, y más del 70 por ciento de esas mujeres son negras y faveleras.
En este sentido, Taliria calificó a la intervención estatal en las favelas como un “genocidio del pueblo negro”: “El mundo tiene que saber esto porque se trata de un genocidio del pueblo negro. La respuesta del Estado, que es el responsable de este exterminio, ha sido reforzar cada vez más esa militarización que también es responsable de la ejecución de Marielle. Hoy Río de Janeiro está militarizado, se trata de una intervención federal militar. Es el Estado en el que la policía más mata y más muere, eso es un refuerzo de una militarización de la vida”, sostuvo.
Una de las oradoras fue Andressa Caldas, del Colectivo Passarinho.
“El encarcelamiento de Lula es un ataque a la democracia”
El asesinato de Marielle Franco se enmarca en una coyuntura política caracterizada por el avance de la derecha brasileña contra el Partido de los Trabajadores. El 8 de abril pasado, el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, líder petista y principal candidato presidencial en intención de voto, fue encarcelado por una supuesta causa de corrupción. Deberá cumplir la condena de 12 años y un mes de prisión. Sobre el contexto político de Brasil, Taliria se mostró preocupada por los avances contra el sistema democrático. “Es innegable que en este momento, con el impeachment que sufrió Dilma (Rousseff), la selectividad y politización de nuestro Poder Judicial que culminó con la prisión del expresidente Lula y su imposibilidad de disputar las elecciones y sobre todo con la ejecución de Marielle se llega a un nivel de barbarie en que hay que parar y repensar cuál es el camino y para dónde está yendo la democracia brasilera”.
En diálogo con ANCCOM, Petrone calificó al gobierno de Temer de “ilegítimo” por haber asumido “a través de un golpe de Estado”. “Ha avanzado en sistemáticos procesos de quita de derechos”, sostuvo. Y añadió: “Este golpe retrocedió en los avances de los gobiernos de Lula, de Dilma, del PT, más allá de las críticas que tengo a lo que fue ese período”. Para Taliria, “allí se enmarca el crecimiento de la violencia institucional. Su idea (la del actual gobierno) era romper con la idea de gobernar para todo el mundo. Entonces la violencia institucional y urbana de Brasil se profundizó a partir 2016, y es difícil retomar el poder para el pueblo. La prisión de Lula es un ataque frontal a la democracia”.
En este sentido, la concejala de Río afirmó que “el proceso de democratización posdictadura militar en Brasil es incompleto, especialmente para quienes viven en favelas. En Brasil está habiendo un cierre de un régimen que funciona supuestamente dentro de un marco democrático pero que afecta específicamente a algunos cuerpos, no a todos. La ejecución de Marielle fue un punto fuera de la curva, incluso cuando se habla de los asesinatos a defensores de derechos humanos en Brasil, porque tuvo una osadía y un nivel de cobardía que hace recordar tiempos de la dictadura. La clase trabajadora que orienta nuestra lucha es concreta, no es algo etéreo. La clase trabajadora en América Latina tiene género, tiene color, tiene etnia, forma parte de los pueblos originarios, vive en un territorio, y todo eso se personificaba en la figura de Marielle”, agregó.
Marta Dillon, referente del movimiento Ni Una Menos, fue parte de la conferencia.
El recuerdo de Marielle
Emocionada, Taliria afirmó a ANCCOM que “las mujeres latinoamericanas están muy dolidas y tristes por el asesinato de Marielle”. La figura de la concejala del PSOL es indisociable de su lucha por las causas de género. Ante el auditorio del Bauen, tuvo el mismo discurso: “Marielle era lesbiana en un país que es el mayor asesino de personas LGBTI en todo el mundo. Era activista de derechos humanos. Era también concejala, en un país en el que las mujeres somos mayoría en la población pero somos minoría en la participación en la política formal. En el Congreso sólo el 10 por ciento son mujeres y en el Senado menos del 13 por ciento. Marielle era socialista. Todo eso junto se personificaba en su figura”. Ante este escenario, Taliria dijo a este medio que “el mundo se levanta aún más en defensa de las banderas que llevaba Marielle”, porque “la resistencia por las causas que ella representaba es mundial”.
Al respecto, Marielle planteaba una nueva forma de construcción política, desde el afecto. Taliria coincide: “Tenemos que romper con las formas masculinas de hacer política”, dijo a ANCCOM y agregó: “La política del grito, la política de la disputa, tiene que ser reemplazada por la política de la aproximación. La política que se comparte, se experimenta, se vive. Esa es la política del afecto, de afectarnos entre nosotros. Es dada por el legado ancestral, por los riberinhos, por las mujeres de los pueblos indígenas que tienen una fórmula comunitaria de hacer política. La resistencia debe ser latinoamericana necesariamente, debe ser feminista necesariamente, debe ser anti-racista necesariamente, debe ser indígena necesariamente, debe ser anti capitalista, anti LGBTI fobia, y todo eso se une en lo que era Marielle y en su resistencia, nuestra resistencia”, cerró.
May 24, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Vidas políticas
El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parece un hecho, y tras la reunión en Washington, continúan las negociaciones para obtener la ayuda financiera. Todavía no se habló oficialmente del monto, pero la mayor inquietud consiste en saber cuáles serán las implicancias y los costos sociales que acarreará el préstamo. ANCCOM dialogó con distintos especialistas para intentar echar luz sobre este nuevo endeudamiento.
«Los dólares que se piden se van a usar para la fuga de capitales», dice el economista Asiain.
Los detalles
A contramano de otros tiempos, aceptar un préstamo del FMI implica que la política vuelva a quedar subordinada a la economía. Para Hernán Letcher, concejal de Unidad Ciudadana en San Martín y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto “sepulta la estrategia que inició Néstor Kirchner de desendeudamiento: el gobierno kirchnerista había trabajado no sólo por el pago al Fondo, sino que también había llegado a proponer ante la ONU la creación de un marco legal para procesos de reestructuración de deuda soberana que legislara lo que había que hacer en esas circunstancias”, sostiene. Letcher cree que este acuerdo forma parte de un plan maestro que trasciende las fronteras de nuestro país. “En ese aspecto creo que algunos sectores del poder económico financiero internacional se la tenían jurada al país”, agrega.
El acuerdo con el FMI es la salida elegida por el gobierno tras ver que se derrumba su política económica, basada en tomar deuda externa e incentivar el ingreso de capitales especulativos al país. Andrés Asiain es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) y docente universitario. Afirma que el gobierno “encontró un límite en la colocación de deuda en los mercados voluntarios, y entonces los capitales especulativos emprendieron la huída desatando la última corrida”.
El objetivo consiste entonces en conseguir los suficientes dólares para que la economía no estalle antes de las elecciones de 2019. ¿Y para que se van a usar esos dólares? “Para financiar la fuga de capitales de esos grupos económicos que entraron a comienzos de la gestión Macri, y que una vez hecha la valorización financiera a través de las LEBAC, se quieren ir. Alguien tiene que poner la plata porque si no se desvalorizan las inversiones. El candidato a hacerlo es el FMI y a cambio de eso pedirá políticas de ajuste”, responde Asiain.
«El FMI está intentando que se modifique la edad jubilatoria», opina el economista Martín Burgos.
Recorte de partidas
El gobierno nacional le solicita al Fondo un crédito stand-by. Estas líneas de crédito suelen referirse a condicionamientos ligados a la reducción del déficit fiscal y exigen diversas medidas de ajuste. ¿Qué partidas del presupuesto se verían afectadas? ¿De qué manera repercutiría esto en el pueblo?
Martín Burgos es jefe del departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación (CCC) y docente universitario. Cree que el acuerdo afectará principalmente las partidas de seguridad social. “Lagarde viene advirtiendo que la gente vive mucho y el fondo está implementando la idea de modificar la edad jubilatoria. En el presupuesto nacional las partidas de seguridad social (jubilaciones, pensiones, AUH) son un 40% del total. Me imagino que por ahí andará el recorte, además de la reforma laboral. Eso para la gente será: menores ingresos y peor calidad de vida”, asegura.
Para Letcher está claro que habrá un recorte en la obra pública, y coincide con Burgos al respecto: “Parte de la agenda de discusión va a venir por el lado de la reforma laboral, las jubilaciones, por ejemplo en lo relativo a la edad jubilatoria, la discusión del haber inicial que obviamente va a tender a la baja, y finalmente lo que tiene que ver con separar las partidas contributivas y las no contributivas, para hacer el ajuste en estas últimas”, entiende.
Para Hernán Letcher, este FMI no es distinto al de 20 años atrás.
Asiain por su parte manifiesta que “después habrá que ver cómo evoluciona, pero este año está claro que el ajuste se va a esparcir por todas las partidas, porque la inflación va a ser mucho más alta que la proyectada en el presupuesto: casi todas las partidas salvo las que tengan una cláusula indexatoria van a evolucionar muy por debajo de los precios, entonces el ajuste se va a dar automáticamente a través del proceso inflacionario”.
Todo esto genera un impacto de manera directa: pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores, convalidación del negocio financiero y la consecuente garantía de pagar los intereses de deuda a costa de los gastos locales; esto es sólo una parte del cóctel explosivo que se divisa.
La pregunta es cómo se va a presentar este acuerdo: ¿ayuda o imposición? Para Asiain, “claramente la estrategia para que no parezca que lo impone el FMI va a ser que fue todo idea de Macri, que pide ir por más: entonces dirán que no es injerencia extranjera sino que Macri está allí, con toda autoridad, diciendo lo que hay que hacer y el Fondo en todo caso apoyando. Lo cual termina siendo una mera pose para la tribuna: el gran acuerdo nacional o algo por el estilo”, explica.
El FMI fue creado en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Un Fondo distinto?
El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y otros funcionarios (incluyendo, claro, a los del propio organismo) afirman que este Fondo es distinto al de 20 años atrás. Letcher sostiene que dicha afirmación es “una vergüenza”. La realidad es que no hay modificaciones sustanciales en las políticas del FMI, sino que “en todo caso invierten un poco más en medios de comunicación para tratar de ocultar mejor lo que son”, a lo cual agrega que “reflejaron en un informe publicado el 8 de octubre de 2015 los pedidos de aumento de tarifas, reducción del déficit fiscal, reforma impositiva que se votó en parte en diciembre del año pasado, devaluación y fin de los controles regulatorios cambiarios: todo eso ya lo hizo el gobierno. El gradualismo ya fue y le van a exigir al gobierno más que eso, naturalmente”.
En la misma línea Asiain advierte que el Fondo es el mismo, y lo único que hubo en todo caso fueron cambios de “maquillaje”: “Por ejemplo, antes te daban un crédito e imponían condiciones; vos ahora podés acceder a créditos flexibles si antes aplicaste sus políticas”. Pero Argentina no calificó siquiera para esos créditos flexibles así que cayó en los créditos más tradicionales, que son los ya citados stand-by.
Está claro que el Fondo sufrió varios fracasos que lo pusieron en cuestionamiento. Para Burgos “2001 fue algo importante, pero también la crisis rusa de los años 90. Por eso fue discreto su papel en la crisis de 2008, salvo en el caso griego. Lamentablemente no sacó lecciones de ese fracaso, porque el Fondo no es un organismo académico, sino un organismo del poder financiero. Luego de su recomposición en 2010 y 2011, el poder financiero volvió a sus recetas de siempre, porque las deudas públicas son fuente de grandes riquezas, y la desestabilización macro que ellas generan, también”, concluye. Mientras tanto, Argentina comienza a transitar nuevamente las consecuencias de caminar hacia el Fondo.
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
Durante las últimas horas de la tarde de ayer, un grupo cada vez más grande de trabajadores, militantes políticos y vecinos se fue acercando a la comisaría número 30 de Barracas para pedir por la inmediata liberación de los 16 metrodelegados detenidos a la mañana después de haber sido reprimidos por la Policía de la Ciudad en la estación Las Heras de la línea H. “A la mañana intentaron sacarnos a los palazos de nuestros puestos de trabajo con cinco carros de asalto de la Policía y guardias de Infantería. Una cosa aberrante”, enfatizó el titular de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli.
Todas las líneas de subte y premetro pararon ayer al mediodía.
“Es un política del gobierno demostrarle a los trabajadores que los que luchan no van a ser escuchados, van a ser reprimidos”, explicó la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Vilma Ripoll.
Recién pasadas las ocho horas de la detención, y seis del paro de todas las líneas de subte y premetro que comenzó a las 12, una de las abogadas defensoras de los detenidos, Andrea Forgueras, confirmó que el secretario de los metrodelegados Néstor Segovia sería llevado al Hospital Argerich. “Es hipertenso y no le baja la presión”, detalló.
A medida que pasaban las horas la incertidumbre de qué iba a pasar con los detenidos crecía. La ambulancia que debía trasladar al secretario de los metrodelegados no llegaba y, por orden del fiscal Daniel Dupuy, los restantes detenidos tenían que ser llevado a la Fiscalía Contravencional y de Faltas número 12. Pianelli sostenía con firmeza que demorar la liberación era “una maniobra para que mañana los medios digan que los trabajadores tenían de rehenes a los usuario”. El legislador porteño Gabriel Solano sostuvo que “los que tienen de rehenes a la población es el jefe de Gobierno de la Ciudad (Horacio Rodríguez Larreta) y Metrovías (empresa concesionaria del subte), hicieron esto a propósito”.
En una conferencia de prensa, Felipe de Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que los trabajadores del subte “no pueden negociar paritarias”, es decir que no reconocen a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Además ratificó la decisión de aplicar “sanciones, descuentos y suspensiones”. No obstante ello, sostuvo que, de todas formas, están “abiertos al diálogo”.
El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en declaraciones a Radio Con Vos, defendió el accionar de la policía: “Segovia fue detenido porque cometió los delitos de resistencia a la autoridad e interrupción del servicio de transporte público”. Igualmente sostuvo que los trabajadores “no estaban dispuestos al diálogo”.
“Loco, dejan pasar a todos menos a los hijos”, gritó con bronca uno de los familiares del secretario de Metrodelegados Néstor Segovia. “Dicen que tiene la presión alta, lo quiero ver”.
El conflicto laboral entre los trabajadores, la empresa y el gobierno porteño se mantiene desde principios de año.
El reclamo iba hacia el gran cordón policial que restringía el acceso a la comisaría sobre la calle California. Algunas horas antes, en ese mismo sector, la policía también había reprimido con balas de goma a trabajadores que pedían por la libertad de sus compañeros detenidos. “Estábamos esperando a que haya una resolución y llegó un cuerpo importante de infantería a desalojarnos”, explicó un manifestante.
Pasadas las 19.30, la ambulancia llegó a la comisaría, y después de algunas vueltas, salió por la calle General Hornos, donde había un portón que le permitió entrar para hacer el procedimiento sin la presión de los manifestantes. Sentado en la parte de atrás del vehículo, mirando al piso, Segovia fue trasladado al Hospital Argerich y luego a la Fiscalía 12, en Barrio Norte, donde fue liberado algunas horas más tarde junto con los otros 15 metrodelegados. El conflicto laboral entre los trabajadores del subte, la empresa Metrovías y el gobierno porteño se romonta a principios de año, cuando la Unión de Transporte Automotor (UTA) arregló una paritaria del 15.2 por ciento en tres cuotas.
Desde hace varios años los trabajadores del subte no se ven representados por la UTA y formaron su propio sindicato. “UTA nos echó del sindicato y nosotros formamos otro, ni un trabajador del subte se siente representado por ellos”, manifestó Pianelli. Según el diputado Néstor Pitrola, el sindicato creado fue ilegalizado por el gobierno de Macri. “No es que no tengan personería, se la sacaron”, aclaró.
“Nos querían bajar el salario y nosotros salimos a hacer un plan de lucha, que no afecte al usuario, para que nos convoquen a discutir. La respuesta de la empresa y el Gobierno de la Ciudad fue sancionar a 80 trabajadores con 20 días de suspensión”, expresó Pianelli. Ahora, además, los reprimieron y detuvieron.
May 23, 2018 | Novedades, Te puede interesar, Trabajo
A una semana de la violenta represión a los trabajadores de Cresta Roja, los operarios que acampan y mantienen la protesta sobre la ruta 205, a apenas 200 metros de la Planta 1 de la firma en Ezeiza, aguardan una respuesta que nunca llega. La comisión de delegados, los representantes de la empresa Wade S.A. -de Joaquín de Grazia, presidente de la avícola Granja Tres Arroyos- y el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados y su Jefe de Gabinete, Gastón Granados, se reunieron el lunes en el municipio para poner fin al conflicto con la planta avícola. Mientras se llevaba a cabo la reunión de las partes, se desplegó un gran operativo al mando de Gendarmería, Policía de Prevención Motorizada, Infantería, Policía Montada, Policía de Ezeiza, además de perros y camiones hidrantes. La absurda relación de fuerzas otra vez saltaba a la vista, como ya había ocurrido la semana anterior: cerca de 3.000 efectivos y aproximadamente 300 manifestantes.
Mientras se reunían las partes se desplegó un gran operativo policial .
El plan de reestructuración que les presentó Wade a los trabajadores en el Ministerio de Trabajo “no cambió ni en una coma”, explicó a ANCCOM Daniel Vega, delegado de Cresta Roja y evidenció que la propuesta de reincorporación de los más de 1.000 trabajadores en etapas, no es nada más que un plan de ajuste: “Son 225 personas por etapa, en tres etapas. No hay un puesto más de laburo, a las 225 personas tenés que descontarle: administrativos, supervisores, encargados; o sea que entrarían 170 o 180 operarios”. Además, confirmó el funcionamiento de la empresa bajo un manto de flexibilización laboral: “Wade está trabajando en negro, sin otorgar relación de dependencia, porque no le hizo contrato a nadie, no están asegurados, no les dio ropa, no les dio botas. Están trabajando diez u once horas, en un turno solo, 180 personas. Cuando es una planta que trabajó hasta hace cinco meses con 420 personas; y estamos hablando de Planta 1, los de Planta 2 estamos todos afuera. 911 personas, afuera”.
La absurda relación de fuerzas fue evidente, cerca de 3.000 efectivos y 300 manifestantes.
Los manifestantes mostraron las dificultades al no contar con un trabajo estable, viéndose obligados “a hacer changas” prescindiendo de una fuente laboral que mucho necesitan. “Al operario que se queda afuera, esperando, le van a dar 10 mil pesos por mes, hasta julio de 2019. Si para esa fecha no entraste en ninguna de las etapas quedás afuera, pero no cobrás más esa plata, y para cobrar la indemnización le tenés que hacer un juicio a Proteinsa S.A., la última empresa que se hizo cargo de Cresta Roja. Proteinsa está fundida, ¿A quién le vas a hacer juicio? ¿A quién le vas a sacar la plata de tu indemnización? A nadie”, respondió Vega, a sus preguntas y a la de sus 1300 compañeros.
El plan de reestructuración lo propuso Wade en marzo y el gremio de Alimentación (STIA) le dijo que no. El plan operativo incluye en las negociaciones a cuatro gremios, si alguno de ellos no está de acuerdo, no se puede implementar. “Nosotros (STIA) no firmamos, firmaron UOMA, UATRE y Camioneros”, repasó Vega y desnudó la poca representación de los gremios a favor del plan operativo: “Esos tres gremios en conjunto no llegan a la cantidad de afiliados que tenemos nosotros con un solo gremio. Camioneros tiene 22 operarios y nosotros, sólo en la Comisión de Delegados, somos 11. Ellos firmaron y eso nos arrastró a esto”.
Hace una semana hubo una violenta represión sobre los trabajadores de Cresta Roja.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores siguen reclamando: “Lo que tiene que hacer Wade (Granja Tres Arroyos) es dar un paso al costado, como nos lo dijo en la reunión que mantuvimos en el Ministerio de Trabajo”. Allí los representantes de la nueva sociedad anónima -los mismos propietarios de Granja Tres Arroyos- habían manifestado que si el negocio no cerraba, se desvincularía. Pero los delegados de la planta vitivinícola denunciaron: “Estamos viendo que es mentira porque acá siguen con Gendarmería, hicieron una barricada e hicieron entrar a la gente a laburar”.
La protesta por las fuentes de trabajo no termina y los trabajadores de Cresta Roja siguen luchando.
La complicidad con las fuerzas de seguridad también es clara. No solo para que la protesta cese, sino para prevenir cualquier nuevo intento de corte de ruta, como los de las anteriores semanas. “Yo le hablaría al presidente Mauricio Macri también. Tratar a un trabajador así le saca toda la dignidad, y hasta al gobierno le saca la dignidad. Él tiene menos dignidad que yo, porque yo peleo por mi trabajo, no transo con nadie y no voy a dejar a ningún compañero tirado”, señaló Daniel Vega, y luego sentenció: “Él dejó tirado al pueblo que lo votó y al que él mintió. Acá hay mucha gente que lo votó y es parte del pueblo también”.
Las fuerzas de seguridad buscan que cese la protesta.
May 23, 2018 | Comunidad, Novedades, Te puede interesar
Mañana del lunes 14 de mayo. Sarmiento 3120. Entre Anchorena y Ecuador. Barrio de Once. Migrantes senegaleses, haitianos y dominicanos. Desalojados. 37 familias fueron violentamente expulsadas del hotel donde vivían. La medida fue realizada sin orden judicial y sin la presencia de la Defensoría de la Ciudad, teniendo como principales afectados a vendedores ambulantes. Desalojados y denigrados.
Jackson, miembro de la comunidad senegalesa que se hizo presente en el lugar, expresó su indignación al respecto: “No saben dónde llevar a sus hijos, ni dónde dejar sus cosas. Hay niños discapacitados. Esto es realmente horrible”. Se les impide trabajar, y además se les obstaculiza su situación habitacional. “Es un ensañamiento particular del Gobierno hacia las familias extranjeras de color”, expresaba una mujer de paso, que se encontró siendo testigo involuntaria del hecho.
Este acontecimiento fue de mayor gravedad al sucedido hace un mes, durante la mañana del sábado 14 de abril, cuando luego de una serie de violentos incidentes que involucraban a la Policía y a los manteros senegaleses, se desató una reacción popular en el barrio porteño de Flores que tuvo como consecuencia la detención tanto de vendedores senegaleses, como de testigos que pasaban por el lugar.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres, afirma que “este tipo de persecuciones son comunes en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires”.
Todos los detenidos de aquel sábado de abril, hicieron una denuncia colectiva en la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde Demian Zayat es el coordinador de un programa contra la violencia institucional. “Está operando muy bien, y se articula con nosotros y los vendedores para recibir las denuncias y demás”, afirmó Guaraz.
Omar Guaraz, representante del colectivo Vendedores Libres.
Pero el episodio del lunes 14 y su predecesor del mes de abril fueron tan sólo los más mediáticos del último mes. Guaraz afirma que la represión hacia los manteros data del año 2011: “El Gobierno de la Ciudad contrataba barras para pegarles y sacarles la mercadería. Sin embargo ellos resistieron porque están hechos de la ‘necesidad’, de la situación que les tocó vivir. Los senegaleses son muy solidarios entre ellos y son duros. No los van a sacar fácilmente”. Vendedores Libres está pensando en tomar medidas de fuerza para visibilizar la situación y crear lazos solidarios con los compañeros cuyos derechos están siendo vulnerados.
El mayor peligro con que amenaza este gobierno es el que afecta a la vida. Muestra de esto es el asesinato de Massar Ba, uno de los más fervientes representantes de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), el 7 de marzo de 2016. La causa se encuentra sin avances al día de la fecha.
Una de las premisas de la política migratoria de la República Argentina consiste en reconocer derechos fundamentales de los seres humanos, sin importar su origen, sin embargo la realidad de las leyes demuestra lo contrario. Es el caso de los migrantes de origen senegalés, que no cuentan con regulación migratoria que les facilite radicarse en el país de forma legal, debido a la inexistencia de una embajada de su país en la Argentina. Esto les impide a su vez, poder trabajar en blanco (siendo la relación de dependencia requisito excluyente para los inmigrantes extra-MERCOSUR) e insertarse plenamente en la sociedad, además de la imposibilidad de acceder a los mismos beneficios que otros migrantes.
«Los senegaleses son una parte invisibilizada de la sociedad», dice Omar Guaraz, de Vendedores Libres.
Los hombres senegaleses escapan de situaciones de extrema pobreza, arribando al país sin otra opción que refugiarse en la ayuda de sus propios compatriotas y en las organizaciones sin fines de lucro sostenidas por ellos. En la actualidad, la comunidad ronda las cuatro mil personas, entre las que se destacan mayormente hombres de entre dieciocho y veinticinco años, que llegan para instalarse y establecer una base en la ciudad para, después de un tiempo, al lograr cierta seguridad económica, regresar a Senegal. Generalmente se desarrollan en el sector informal, en gran medida en la venta ambulante (la actividad que más se realiza en su lugar de origen), aunque algunos ocupan puestos en seguridad privada y servicios gastronómicos u hotelería. Unos pocos, además de trabajar durante todo el día en las calles, realizan una carrera universitaria porque sueñan con un futuro mejor. Residen en todo el territorio nacional, pero su presencia es mayoritaria en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Trabajan principalmente en los barrios de Once, Palermo, Liniers, Flores y San Telmo, lugares donde sufren las redadas policiales y el decomiso de las mercaderías. Sin dejar de lado, además, la discriminación que sufren por parte de la sociedad en general.
“Son la parte invisibilizada de la sociedad, aunque no son los únicos”, explicó Guaraz. “La justicia fue colonizada y transformada en ‘injusticia’. Te pueden privar de tu libertad, te pueden procesar, te pueden armar causas judiciales. Lo mismo que les está pasando a los manteros le va a pasar a la sociedad”, concluyó.
El Decreto Migratorio de enero del 2017 avala la deportación de toda persona extranjera ingresada en el sistema penal, independientemente de ser culpable o inocente y siendo el margen de apelación mínimo. ¿Se toman prevenciones para que las medidas de fuerza llevadas a cabo por los vendedores no terminen resultando funcionales a las políticas migratorias del gobierno?
Para protegerse del accionar del Estado, desde Vendedores Libres se apuesta a la organización como plan de lucha para sobrevivir, involucrando a la mayor cantidad de trabajadores posible, organizándolos, buscando testigos, armando grupos de Whatsapp para compartir las denuncias con legisladores, diputados y con la Defensoría de la Ciudad, entre otros.
La mayoría de los inmigrantes senegaleses trabajan en la venta ambulante.
Por otro lado, Moustafa Sene, representante y vicepresidente de la Asociación de Residentes Senegaleses de la Argentina, se mostró en desacuerdo con la postura de Vendedores Libres y otras organizaciones que alientan manifestaciones de protesta: “La lucha es desde otro lugar y de otra forma. La noción de prevención es muy importante. Los que vivimos dentro de la comunidad, sabemos y sentimos lo que pasa. Nosotros ya fuimos varias veces a esas comisarías, al juzgado y a la Defensoría. Lo que podemos hacer ahora es buscar otra alternativa. Ver cuáles son los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad, cómo podemos hacer para que los chicos se capaciten y sepan que ‘el lugar prohibido es prohibido’ y no se puede seguir luchando para seguir en la calle. No se puede mandar a la gente a enfrentarse con la policía, sabiendo que no podés pararlos. Porque lo que generas son antecedentes penales para esa gente que hoy ya está en problemas (ya sea con la venta, con la vivienda). La violencia de la policía es otra cosa, y en cualquier momento que ellos cometan una infracción contra uno de nosotros de manera injusta, estaremos listos para denunciarlos. Pero no vamos a acompañar a nadie en esa forma de lucha porque no es nuestro modo. Hubo varios jueces que se preocuparon frente a la cantidad de causas en estos últimos años cuando la comunidad era una de las más tranquilas. Uno de los pedidos de Migraciones, es que eviten las causas judiciales, ya que frente a ellas tendrán serias dificultades para negociar una amnistía. Ahora, llevar a cabo ciertos actos es darle una mano a la criminalización del migrante senegalés. ¿Quién sabe de lo que es capaz la policía si te tienen en la mira? Son capaces hasta de plantarte delitos”, sentenció Sene.
Sólo en el mes de abril, se registraron más de 50 detenciones contra vendedores senegaleses en el barrio de Flores. La venta ambulante es una picazón que el gobierno no para de rascar. Vendedores Libres denuncia una política de exclusión, violencia y xenofobia extremas orquestada mediante un accionar ilegal. Y como una parte más de este plan, sin pan, sin trabajo, y ahora sin techo. Desprotegidos. Denigrados. Desalojados.
