Es un domingo soleado cerca del puerto de la ciudad. El asfalto aumenta la sensación de calor. Decenas de personas, muchas de ellas con bicicletas, rodean la entrada de Costa Salguero, predio de la ciudad conocido por sus boliches nocturnos y lugares gastronómicos. Al canto de “el río no se vende”, se escuchan palmas y se ven bicis alzadas en repudio al proyecto de venta de terrenos públicos en Costanera Norte.
Con las consignas centrales “Parque sí, torres no” y “Defendamos nuestro río”, organizaciones ambientales, ciudadanas y políticas convocaron a las puertas del predio concesionado hace treinta años. Ese acuerdo termina el próximo año y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ya proyectó su próximo destino: un emprendimiento inmobiliario con viviendas de lujo y acceso privilegiado al río de la Plata.
En caravana de bicicletas desde Plaza Almagro y de autos desde el Planetario, los manifestantes repudiaron la ley aprobada por la Legislatura porteña el 8 de octubre que autoriza la venta del predio y la construcción del exclusivo emprendimiento inmobiliario.
“Se quiere hacer una privatización definitiva y vender el terreno para hacer un proyecto inmobiliario. Estos predios fueron cedidos de Nación a Ciudad para que sean destinados a un parque público”, señala para ANCCOM el referente del Observatorio de Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La Legislatura porteña, con mayoría de la alianza Cambiemos, aprobó la ley impulsada por el gobierno de Larreta donde se establece la rezonificación de los predios costeros y se autoriza la construcción de un barrio con viviendas para sectores de alto poder adquisitivo.
Desde el gobierno y sectores simpatizantes, el proyecto fue recibido como algo mejor que lo que está ahora: un predio de puro cemento, sin verde ni acceso al río. Sin embargo, el abogado Baldiviezo niega esta versión. “El gobierno genera esa extorsión de que, para hacer espacios verdes, tiene que vender terrenos públicos. Hay una primera mentira: van a vender todo el predio. La parte verde va a quedar en manos privadas. A lo sumo restringirán la construcción sobre esos espacios pero en el futuro el privado podrá solicitar a la Legislatura seguir construyendo”, advierte.
La venta de terrenos ribereños va en contra del artículo 8 de la Constitución porteña que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”. Baldiviezo a su vez recuerda que ningún poder ejecutivo ni legislativo puede ir en contra de este acuerdo político. “No queremos que haya un nuevo muro de edificios que desconecte a la ciudad del río. Este complejo inmobiliario justamente va a generar esa perpetuidad de la desconexión como pasó con Puerto Madero”, concluye.
La venta de terrenos públicos, que podrían transformarse en espacios verdes en una ciudad donde los índices ambientales y sanitarios están en rojo, es una constante. Para el político, economista y director del Banco Central de la Nación Claudio Lozano, el macrismo apalanca sus negocios y asociaciones con el mercado inmobiliario a través de la venta de tierras públicas. “Están pasando por encima de la Constitución de la ciudad y contra todas las recomendaciones urbanas a nivel mundial. Lo que hay detrás es el intento de armar una ciudad ribereña para los ricos y dejar al resto en una situación complicada en términos ambientales”, analiza.
En una ciudad donde la cantidad de espacios por verde es de seis metros cuadrados por habitante, diez metros menos de los recomendados por organismos internacionales, la venta y construcción de viviendas de lujo profundiza la problemática.
Desde la coordinadora “La Ciudad somos quienes la habitamos”, compuesta por más de 120 organizaciones, presentaron un proyecto de ley llamado “Nuestro Río”, para el desarrollo de un parque multifunción. “Recuperar los humedales autóctonos, incorporar una estación meteorológica experimental para controlar las variables climáticas, relacionadas con el cambio climático, y una producción agroecológica”, señala los principales pilares la referente de la cátedra de ingeniería comunitaria María Eva Koutsovitis.
Para la ingeniera, la situación en la ciudad es crítica: “Estamos en emergencia habitacional, ambiental y climática. Tenemos seis metros cuadrados de espacio verde por habitante pero este número es más dramático en las villas y asentamientos, donde hay solo un 0,1. En esta situación de crisis ambiental y climática, es un contrasentido absoluto privatizar y cementar el borde costero”, indica.
Con respecto al afán inmobiliario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el referente de Jóvenes por el Clima Bruno Rodríguez señala que se condena la posibilidad de un desarrollo urbano sobre pilares sostenibles. “La avanzada en pos de rematar terrenos de todos los y las porteñas, que podrían ser espacios verdes, lamentablemente es una reiteración del gobierno porteño. El proyecto es muy simple, es una venta directa de la costanera a empresas inmobiliarias para la construcción de torres”, indica.
El cambio climático no es algo que afecta solamente a los polos, lejos de las ciudades. El avance de proyectos inmobiliarios y el déficit de espacios verdes trae consecuencias como mayor efecto de isla de calor, inundaciones por falta de absorción de los suelos (algo que regulan los humedales y la vegetación) y también aglomeraciones en parques y plazas que se observaron durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
El verde ecológico de la ciudad al parecer solo queda en los slogans y afiches de las calles. El militante ambientalista señala: “Estamos ante un punto en que la costanera se convierte en un predio completamente privatizable. No se realiza la construcción de espacios urbanos que tengan el objetivo de mitigar y adaptarnos al cambio climático, de crear una mejor calidad de vida de la ciudadanía local. Todas las organizaciones aquí presentes repudiamos este proyecto”, concluye.
Habrá una audiencia pública el 24 de noviembre donde se apuesta revertir la decisión del poder ejecutivo y legislativo sobre la privatización de la costa. “Hace 25 años todos los gobiernos de la ciudad vienen sosteniendo que esto se transforme en un parque. Hasta Mauricio Macri lo sostuvo cuando aprobó la Ley Urbano Ambiental. Se está tirando este plan a la basura. Queremos solicitar a la ciudadanía que vengan a apoyar para que la legislatura archive el proyecto inmobiliario y declare la nulidad de las leyes que decretaron la venta”, detalla Baldiviezo.
Hoy se celebra en los Estados Unidos las elecciones para elegir al que será el nuevo presidente. José De Jesús Villalobos, doctorado en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad de Texas, declara que en estas elecciones ya votó más de la mitad del padrón de forma anticipada, alcanzando hasta el momento la totalidad de los sufragantes de las elecciones de hace cuatro años. “Se estima que hay más demócratas votando anticipadamente por correo, y que el día de las elecciones habrá más republicanos en los centros de votación”.
A diferencia del 2016, las distintas plataformas políticas están siendo muy cautelosas en cuanto a las predicciones electorales: “La última vez se predijo que Hillary (Clinton) encabezaría las encuestas. Es complicado predecir el futuro con los sondeos porque lo que predicen son el voto popular, y al presidente lo eligen los Colegios Electorales. Al final, Hillary sí ganó el voto popular, así que las encuestas no estuvieron técnicamente equivocadas del todo. Pero estaban equivocadas en algunos de los Estados clave. Entonces, estas elecciones están siendo más cuidadosos con eso”.
En este sentido, las encuestas predicen un margen significativamente mayor por parte de Joe Biden en el voto popular que el de Hillary en 2016 frente a Donald Trump. Además, tiene más posibilidades en alguno de estos Estados clave, como Pensilvania, que serían decisivos para el resultado de la elección. El candidato ganador será determinado por los votos que obtenga en los Colegios Electorales de cada Estado. Este sistema de “el ganador se lleva todo”, que tienen la mayoría de los EStados,, está desde hace tiempo ligado a distintos debates controversiales: el partido Republicano sostiene que es la mejor manera de prevenir el fraude en los Estados Unidos, mientras que el partido Demócrata denuncia un intento de “supresión del voto” a determinados sectores sociales.
El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump.
Valeria Carbone, historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos e Investigadora Posdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL) señala que los representantes del partido Republicano han manifestado que el voto es considerado más un privilegio que un derecho, y describe que eso se refleja en cómo es el proceso de votación: “Primero porque es bastante descentralizado: si bien hay cuestiones normativas o cuestiones que son generales a todos los Estados Unidos, cada Estado tiene la prerrogativa de definir cómo se vota en ese Estado. Cuáles son las condiciones de empadronamiento, dónde se vota, cómo se vota, si va a ser por una papeleta, si va a ser voto presencial, si va a haber o no voto por correo, entonces eso dificulta todo lo que tiene que ver con el proceso de empadronamiento y de elección. Además, el proceso de votación es más complicado porque el empadronamiento no es automático, cada Estado decide cómo lo hace, qué documentos presentar, en qué tiempos se realiza, lo que influyen la verificación de datos en el padrón electoral. La conclusión que hace la mayoría de los especialistas en derechos electorales es que el sistema norteamericano tiende a ser más restrictivo que expansivo”. Además, para la especialista, el sistema de votos por correo alargará el conteo en las urnas, y es probable por tanto que no se conozcan los resultados el mismo día de la elección: “A menos que haya una victoria rotunda por parte de Biden en tres o cuatro de los Estados clave por márgenes tan claros que no sea necesario el recuento de votos, probablemente sean unas elecciones contenciosas que durarán por días o incluso semanas. Incluso si Biden gana por amplios márgenes, está la posibilidad de que Trump, como ha declarado anteriormente, reclame fraude electoral debido al voto por correo. Se prevé mucha controversia, muchos alegatos y mucha incertidumbre hasta que sean contabilizados definitivamente”, agrega Villalobos.
El Partido Demócrata encontró esta vez como fórmula política a un candidato hombre, católico y de 77 años como Joe Biden, junto a una vicepresidenta mujer y afroamericana, Kamala Harris. Las diferencias entre ambos son evidentes, no sólo en términos de edad, raza y género sino también en términos de a qué arco político representan con más fuerza: “Se critica con frecuencia el hecho de que Biden sea un hombre blanco, grande, incapaz de conectar con las minorías o los jóvenes”, agrega Villalobos. “No acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala. Su mayor fortaleza es que logra hacer conexión con la cotidianeidad del americano promedio, sobre todo la población blanca y moderada. Está avanzando mucho entre los trabajadores de cuello azul de clase media que le dieron una oportunidad a Trump por cuatro años y hoy están desencantados. Es una de las razones por las que hoy encabeza Pensilvania. Kamala, en cambio, complementa muy bien lo que a Biden le falta en su propuesta, al ser mujer y afroamericana. Casi no hubiera sido nominada en el partido si no era por el voto afroamericano, particularmente el voto femenino afroamericano”.
“Biden no acarrea el mismo entusiasmo que Bernie Sanders o Kamala Harris», advierte Villalobos.
Patrocinadora del Green New Deal en el Senado y con una agenda agresiva en temas ambientales que no comparte con Biden, Kamala tiene también puntos controversiales. En un contexto como el actual, donde la polarización y la fractura de la sociedad estadounidense es tan fuerte, las movilizaciones sociales por el aumento del desempleo en la pandemia y sobre todo por la violencia policial en cuestiones raciales como los casos de George Floyd y Breonna Taylor que resonaron en todos los medios del mundo, pusieron en la mira a las plataformas políticas y sus propuestas: el apoyo público al movimiento Black Lives Matter por parte de la candidata a vicepresidenta del partido Demócrata se puso en jaque con sus declaraciones sobre su intención de no desfinanciamiento a las fuerzas policiales. “Hace poco salió un informe que decía que desde mayo en adelante de todas las protestas que se realizaron, el 93% habían sido pacíficas. Y que solamente un 7% se habían tornado violentas, en las que el accionar de la policía y de los grupos supremacistas había sido central para el desarrollo de la violencia.
El hecho de que no solamente ninguno de los dos candidatos reconozca el rol de la violencia de la policía y de los grupos supremacistas es un discurso compartido. Y que ninguno de los dos sectores atienda a la principal demanda de estos movimientos que tienen que ver con el desfinanciamiento policial también me parece preocupante. Hay un desconocimiento de la validez de la protesta social. Y me parece que eso también influye en el hecho de que las protestas en las calles sigan en un año electoral en el contexto de una pandemia”, advierte Carbone.
Por su parte, Donald Trump comparte fórmula con el actual vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Con una economía en declive por la crisis del Covid-19 luego de casi tres años de una fuerte reactivación económica de distintos sectores, el presidente deja hoy muchos saldos en la sociedad norteamericana, que podrían profundizarse, de manera preocupante, con su reelección. Martín Schapiro, abogado especializado en derecho administrativo por la Universidad de Buenos Aires y master en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella señala que la administración Trump profundizó las divisiones existentes en la sociedad estadounidense, y que a pesar de que tomó una economía en crecimiento, la pandemia y la deuda, no pudieron detener la crisis económica. “Tuvimos una etapa de recuperación del empleo pero que no había redundado en mejoras salariales, y eso empezó a cambiar al final del gobierno de Obama pero se pronunció mucho más durante el gobierno de Trump donde, además, hubo mínimos históricos de desempleo”, describe Schapiro y agrega otra preocupación a la herencia que deja el Republicano: “Hay otro saldo que es político y socioeconómico que es el nombramiento de casi un cuarto de los jueces federales, y un tercio de la composición de la Corte Suprema, y tiene consecuencias en el modo en el cual los jueces interpretan las leyes. Esto, sumado a que se trata de un sistema que tiene un control de constitucionalidad tan fuerte, que es muy parecido al argentino, con un Poder Judicial donde los jueces nombrados son conservadores, donde son favorables al mantenimiento de status-quo inequitativos, a criterios de las empresas por sobre los Estados en las regulaciones, y en general son favorables a las tradiciones por sobre los cambios en la arena social. Eso significa que algunos avances de regulaciones, en intervenciones, están en riesgo a partir de la estructura del Estado que va a dejar el gobierno de Donald Trump”. El nivel de división y el discurso agresivo fueron las bases que consolidaron la política de Trump, y como consecuencia dejaron afuera a un espectro político muy grande de posibles votantes. Si bien moviliza a un núcleo duro de ciudadanos, esta reverberación negativa logró espantar votos en el centro. “Me parece que mucho del espacio de crecimiento que hoy tienen los Demócratas está en el centro y que eso hace de Joe Biden un mejor candidato al menos en términos de posibilidades de ganar una elección mano a mano con Trump”, analiza Martín Schapiro. “Las plataformas más ambiciosas de reconversión de la izquierda del partido no fueron incorporadas en el mandato que ha generado Joseph Biden. De hecho, se ha dedicado a desmentir que venga con una plataforma de Green New Deal, de reforma radical de las fuerzas policiales, con una plataforma de prohibición del fracking. No hay una incorporación de la agenda de Bernie Sanders, por lo menos tan grande como se especulaba en algún momento”, describe Schapiro.
“Una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad», señala Schapiro.
A nivel internacional, Trump se dedicó a profundizar enfrentamientos con potencias como China, con quien lleva una guerra comercial y tecnológica. “En general creo que una reelección sería una señal de profundización, y no sólo de continuidad, de algunas de sus políticas que me parece que tienen como marca más importante el enfoque agresivo pero económico de la solución de los problemas de política exterior estadounidense”, sigue Schapiro. «Me refiero al uso de sanciones económicas como herramienta privilegiada de resolución de problemas. México, por ejemplo, es un país aliado de Estados Unidos, con el cual mantiene una intensa relación. Cuando el gobierno estadounidense quería que México controlara la inmigración desde América Central, desde los países al sur de su propia frontera que llegaban a los Estados Unidos, lo que hizo Trump fue amenazar con imponer tarifas al gobierno mexicano. Y este accedió a cambiar el control. Además, más allá de los montones de amenazas que hubo sobre una eventual invasión a Venezuela, sobre una intervención militar con la activación del tratado Interamericano de Defensa Recíproca, lo que hubo fue primero un establecimiento y después un agravamiento de sanciones económicas contra el país. Entonces, me parece que en la región lo que hemos visto es un reflejo de lo que sucedió en otros lugares”, reflexiona Shapiro y continua: “Cuando miramos la política con Irán, la política que desde el Poder Legislativo se ha usado para Rusia, para Corea del Norte, todas esas políticas privilegian la sanción económica como modo de aproximación. Entonces ahí hay un patrón que seguramente podemos esperar que se profundice, en particular prestaría atención a la competencia tecnológica con China y al uso tal vez de sanciones económicas para mover la competencia tecnológica con China”. En cambio, el perfil más moderado de Joe Biden daría a entender que en cuestiones de política internacional se privilegiarían, por sobre todo, la diplomacia: “El enfoque de una administración Biden volvería a intentar multilateralismos, es decir que sean sanciones internacionales y no sólo sanciones estadounidenses, y tendría otros instrumentos también en el menú, no sólo el instrumento económico”, finaliza Schapiro.
La transición de gobierno, a partir de la cual se prevé que el nuevo presidente electo asuma el poder el 20 de enero de 2021, es en principio problemática y llena de incertidumbres. Con un presidente que desde el comienzo de las elecciones ha declarado la posibilidad de fraude en las urnas y ha cuestionado el resultado final en caso de no ser reelecto, es ciertamente preocupante para la sociedad norteamericana: “Lo que creemos los que nos dedicamos a observar a Estados Unidos es que, por lo menos desde 1968 con el caso Watergate y el impeachment de Nixon y la corrupción en las elecciones primarias, que no se veía una crisis de legitimidad del sistema político norteamericano tan fuerte como la actual”, declara Carbone. “Estas elecciones están manchadas desde antes de que se empezara a votar. Eso deriva en el hecho de que el 3 o 4 de noviembre no sepamos qué va a pasar porque Trump dice que si él no gana el voto popular es porque hubo fraude, se habla de interferencia extranjera de Rusia y de China, los demócratas hablan de supresión del derecho al voto, más el Colegio Electoral que básicamente filtra la elección popular. Ese es el contexto en el que arrancamos. Y después tenés a un presidente que no condena a los grupos supremacistas, que dice que puede haber violencia porque la gente no puede aceptar una derrota de él. Los Republicanos se encargaron en los últimos cuatro años de preparar un escenario en el que la definición de todo este proceso, que está manchado desde antes de empezar, lo defina la Corte Suprema”, finaliza la historiadora, especialista en Estudios de los Estados Unidos.
Las elecciones en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre definen la renovación presidencial, el total de los 435 diputados que integran la Cámara de Representantes y el recambio de un tercio del Senado, 34 sobre 100 bancas. Se trata de un momento atípico en donde no existen certezas para la pretendida reelección de Donald Trump o el regreso de los demócratas al poder, de la mano de un Joseph Biden, vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.
¿Cuál es el rol de las encuestas? ¿Qué impacto tienen dentro del sistema de Colegio Electoral en un país que llevó 4 años atrás a un outsider de la política, apelando al discurso del odio y su multiplicación por diversas redes y medios sociales? Por ello, resulta oportuno analizar cómo funciona a elección presidencial en EEUU.
Se trata de un esquema de dos partidos predominantes, los Republicanos y los Demócratas, aunque existen candidatos independientes. Los ciudadanos no votan directamente al presidente sino que eligen “electores” que se comprometen por el candidato propuesto a los votantes, aunque no están legalmente obligados a hacerlo. Este proceso es similar al que funcionaba en Argentina antes de la reforma constitucional de 1994; se lo conoce con el nombre de Colegio Electoral, el cual reúne un total de 538 votos.
Así las cosas, para llegar a la presidencia, el aspirante debe juntar 270 votos de esos 538. Puede ocurrir, como en la elección pasada, que la presidencia quede en manos de quien obtuvo menos sufragios, ya que los estados no tienen la misma cantidad de electores.
Cada sección electoral representa aproximadamente 711 mil personas y el número de electores se actualiza conforme a la realización periódica de censos poblacionales. Otros factores importantes son el previo registro para participar del proceso, con atención a que la elección se realiza en un día laborable.
No se trata de una instancia obligatoria como en nuestro país y el factor decisivo suele estar en los indecisos no sólo por un partido, sino entre los ciudadanos desinteresados de la política, tentados a participar en la elección por los candidatos dependiendo cómo vienen los números durante la campaña.
Así, este sistema genera dinámicas particulares en cada ciclo electoral dado que el voto popular puede resultar significativo según contextos variables como la pandemia de Covid-19, la caída de la Bolsa o la xenofobia entre latinos. En su campaña anterior, Trump descubrió que los propios inmigrantes con ciudadanía norteamericana estaban dispuestos a crear un muro en la frontera de México para evitar perder su estatus.
¿Qué pasó con las encuestas de 2016?
En las elecciones pasadas, las encuestadoras daban por ganadora a la candidata demócrata Hillary Clinton, pero en el momento del recuento de votos, si bien ella obtuvo tres millones más que el actual presidente, Donald Trump, este último se consagró ganador al lograr 290 electores. Estos resultados fueron una sorpresapara propios y ajenos, y suscitaron no pocas dudas sobre la validez de las encuestas en situaciones de paridad.
“No es que estuvieron tan mal las encuestas, hubo un error en tomarlas y hacer una predicción sobre el resultado de la elección, sin tener en cuenta que en realidad estaban muy ajustadas”, sostiene Aldana Vales, periodista especializada en política estadounidense.
En el mismo sentido, el consultor político Carlos Fara considera que las encuestas no fallaron. “Todo el mundo puso la mirada sobre unas encuestas nacionales orientadas a observar los sitios que realizan promedios, como Real Clear Politics, que daban aproximadamente 2 o 3 puntos de diferencia a favor de Hillary, cosa que efectivamente sucedió”.
Para el consultor, “Hillary pierde en el Colegio Electoral y en estados muy disputados en donde se dio el margen de error. En algunos estados clave, si se daban vuelta 150.000 votos, la elección terminaba a favor de Hillary pero, bueno, terminó a favor de Trump en porcentajes muy pequeños”, agrega.
Ante la mala fama atribuida a las encuestas, Fara ofrece una explicación: Las encuestas están un tanto cuestionadas en todo el mundo, porque el entorno ha cambiado. El año pasado CNN en su división polls -dedicada a los sondeos de opinión-, estableció que tipo de encuestas iban a publicar. Y decidieron no mostrar aquellas cuya metodología fuera online, o bajo cualquier otro tipo de mezcla de metodologías de dudoso origen. “Estamos en una transición de debate metodológico sobre qué es lo que vale la pena hacer”, advierte Fara.
“El problema que tenemos es que no estamos pudiendo identificar sesgos, no en función de variables sociodemográficas, que serían relativamente sencillas de solucionar, sino en función de otro tipo de variables de opinión, actitudinales o en la relación con la política o el interés con la política, que se vuelve complicado de corregir, porque ahí no tenés un parámetro objetivo, sino que tenes un parámetro variable”, mientras agrega que “la gente se interesaba en la política menos hace dos meses y mucho más hoy que faltan cuatro días para la elección”.
Los temores a un “cisne negro”
En la práctica quien contesta una encuesta suele ser una persona mucho más motivada políticamente, con lo cual existe una zona gris de sesgo imposible de medir, pero que sucede desde siempre. También el voto vergonzante al que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann llamó “La espiral del silencio” (1977).
Si bien existen más dudas que grandes certezas, hay consenso sobre la dificultad de tomar a las redes sociales como termómetro, ¿cuál sería el próximo destino?
“No hay realmente un rol de las redes para encuestar. Incluso con los errores, las encuestas telefónicas siguen siendo más precisas. Es difícil intentar usar las redes para medir la intención de voto”, sostiene Vales.
Por su parte, Fara enfatiza sobre las dificultades de las metodologías online. Las encuestadoras “están huyendo al incentivo de las encuestas online porque tener una buena muestra digital con una mezcla de metodologías implica un grado de rigurosidad y una cierta inversión que en general en la Argentina, por lo menos no hay, con lo cual los sesgos que se están produciendo son imposibles de corregir”.
Sobre lo que más hay consenso es respecto al clima peculiar de la elección. “Es una elección especial que se está desarrollando en un contexto completamente inusual en un escenario muy polarizado. Se espera que la participación sea histórica, entonces tiene varias características que la vuelven una elección muy particular”, prevé la periodista.
“Creo que también hay que tener en cuenta que estamos en una crisis mundial sin precedentes, tanto en lo económico como en lo sanitario, y eso está incrementando notablemente el voto por correo, que empieza a ser un interrogante. Un voto que además el propio Trump ha cuestionado. Luego, el hecho de que algunas hipótesis marcan que pudiera ser la elección de más gente vaya a votar desde la de Teddy Roosevelt -quien obtuvo 336 votos electorales-”, opina Fara.
Sobre la polarización del discurso político, el consultor señala que es una tendencia que excede a Estados Unidos. “Creo que es global y que en boca del presidente de la principal potencia del mundo, tiene una repercusión distinta. Lo vamos a ver en los próximos años y cada vez más seguido. Aunque ya era así, previo a la pandemia, esta actúa como un acelerador disruptivo respecto al vínculo de las sociedades con la política y las instituciones”.
Para Fara la pandemia primero trajo una serie de cuestionamientos, aceleró procesos previos como la asimilación de uso de tecnologías con empleos que nunca volverán.
Algo de ello tiene que ver con la evolución del capitalismo que transita por la 4ta. Revolución Industrial, basada en la automatización de procesos y la inteligencia artificial. Se trata de un escenario parecido al 2008 con la crisis de los holdouts, con una recesión económica estructural, pero con efectos de asimilación tecnológica distintos.
“Eso va a quebrar muchos proyectos de vida. El que se iba a comprar la casa, el que se iba a ir de viaje, etc. y esa ruptura de proyectos de vida, lo que te va a llevar es que también haya un disloque entre la representación política que había hasta la pandemia”, explica.
¿Qué pasará si ocurre un martes negro?
Ante las posibilidades de que un candidato desconozca el resultado de la elección, Fara duda de que eso ocurra: “El sistema es mucho más fuerte que cualquier presidente, incluido Trump, con una narrativa crítica en general de la clase política, Washington, etc. Es muy dificultoso que alguien tuerza el rumbo institucional, aún siendo Trump. Hay que tener en cuenta que si bien se juega el pellejo de Trump, esos son comentarios de la política, pero nadie puso en duda la legitimidad de la elección”.
Por otro lado, Vales tiene algunas reservas sobre el propio proceso electoral. “En Estados Unidos hay un sistema indirecto de votación. La gente vota por miembros del Colegio Electoral en noviembre y estos luego eligen en diciembre al presidente y vicepresidente. Lo que hay el día de la elección es un resultado sobre quién va a tener la mayoría del Colegio Electoral, una tendencia que identifican las cadenas de televisión o agencias como la Associated Press con sus análisis del recuento y que les sirve para declarar un ganador esa noche.
Como tradición, el que pierde reconoce la derrota y después el ganador sale y da su discurso. Es probable que por las condiciones del voto de este año (por correo, con una mayor participación), el recuento sea lento y que sea imposible tener esa tendencia la noche del día de la elección. Sin esos resultados, es poco probable también que alguno de los candidatos reconozca una derrota. Es un territorio bastante incierto”.
Al cierre de esta edición, el promedio de las encuestas nacionales daba una ventaja de poco más de 8 puntos al candidato demócrata, pero ningún dato resulta concluyente. Este lunes 100 millones de personas ya habían votado de forma anticipada -cuando en promedio global de sufragantes suele ser de 150 millones- y el recuento, deberá sumar además los votos en ausencia que lleguen por correo.
“Hemos sufrido una derrota”, declaró Juan Grabois, integrante de Proyecto Artigas, a horas de haberse conocido la orden judicial que obliga a desalojar la estancia Casa Nueva en Entre Ríos. Tras el fallo de la jueza Carolina Castagno, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, el referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) sentenció que desocuparían el predio esa misma tarde, acatando lo dispuesto por la Justicia en contraposición a la actitud de los hermanos Etchevehere en los últimos días: “No somos como ellos”, añadió.
En su condición de representante legal, Grabois le recomendó a Dolores Etchevehere que accionara de igual manera. Pero la fundadora del proyecto se negó a retirarse de las tierras familiares que reclama y fue detenida por resistencia a la autoridad y más tarde liberada.
Durante dos semanas, productores campesinos, militantes de organizaciones sociales como el MTE Rural y organizaciones ambientalistas como Jóvenes por el Clima, ocuparon el casco de la estancia ubicada en la localidad de La Paz. Su ingreso fue autorizado por la única hija mujer del fallecido Luis Félix Etchevehere, quien asegura que la cesión de su parte de la herencia fue realizada en un contexto de violencia económica y presiones por parte de sus hermanos. Además, Dolores asegura que todo el expediente sucesorio está viciado de nulidad, ya que nunca se realizó la división del patrimonio heredado, y la firma de su padre habría sido falsificada al inicio del trámite.
Las denuncias de Dolores Etchevehere forman parte de la causa iniciada contra sus hermanos y que fue radicada en Comodoro Py. Se presentaron documentos que –según ella- probarían, además de la falsificación de firmas, la evasión fiscal mediante cuentas no declaradas en el exterior, solicitud de préstamos a los bancos Nación e Itaú para operaciones de blanqueo y desvío de fondos, vaciamiento de empresas e incluso una red de narcotráfico que involucraría al ex intendente de Paraná. Sin embargo, la jueza que recibió la apelación de los varones Etchevehere (tras el fallo en primera instancia que postergaba el desalojo) entendió que todo se reduce a un pleito entre privados que, mientras no se resuelva, no modifica la situación actual: el campo pertenece a Las Margaritas S.A., sociedad de la cual Dolores no forma parte.
Dolores Etchevehere, dentro de Las Margaritas.
Los ganadores de siempre
Corría el quinto día desde el ingreso de los integrantes de Proyecto Artigas al campo. Frente a las cámaras de TN, el mayor de los hermanos Etchevehere exponía, en la que sería la primera de muchas emisiones desde este lado de la tranquera, su verdad. “Es la Argentina del revés”, decía. “Tiene que valer la propiedad privada en la Argentina”, gritaba a metros del terreno que la familia habría usurpado a una escuela rural. “Hoy está en juego si vamos a ser un país donde se progrese o si vamos a la barbarie directamente”, remataba el ex ministro de Agroindustria en la gestión de Cambiemos, condenado (junto a su hermano, ex delegado del Enacom en Paraná) por expulsar a punta de pistola al arrendatario de una parte de esos terrenos y arruinar sus cultivos. El mismo que, en mayo de este año, solicitó y cobró el subsidio ATP (Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción).
Los Etchevehere forman parte de la historia de Entre Ríos. Luis Lorenzo fundó El diario de Paraná y fue gobernador en los años 30. Sus hijos Arturo Julio, Luis Félix, Ivar y Arturo vendieron el diario y fundaron Etchevehere Rural. Luis Miguel Etchevehere es abogado y productor agropecuario. Fue presidente de la Sociedad Rural Argentina y Ministro de Agroindustria de la gestión macrista. En 2014 fue imputado por evasión tributaria y violación a la Ley Penal Cambiaria. Además, en algunos de los campos que posee, junto a sus hermanos, se detectaron trabajadores en condiciones de extrema precariedad y explotación cercanas a la servidumbre, según informó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA).
Hace años que Dolores denuncia a sus hermanos por todo tipo de agravios. En el fallo que ordenó postergar el desalojo de Casa Nueva, el juez Raúl Flores dispuso que Luis, Juan Diego y Sebastián debían mantenerse alejados de la propiedad por un mes, ya que estaba abierta la causa por “extorsión en el contexto de violencia de género”. Sin embargo, los hermanos hicieron caso omiso y continuaron manifestándose en la puerta de la estancia, a la que le colocaron una cadena para evitar el ingreso de provisiones para los ocupantes.
«Encontraron un cementerio de glifosato”, dijo Bejas.
La patria glifosateada
“Modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y sin explotación”: estas son las palabras que definen al Proyecto Artigas, una alternativa de producción agroecológica en la provincia con uno de los mayores índices de contaminación por glifosato a nivel mundial. Este dato, producto de una investigación del CONICET de 2017, no queda en el papel. Según señalan los integrantes del Proyecto Artigas, un 55 por ciento de los niños y niñas internados por cáncer en el Hospital Garrahan son entrerrianos.
“Todos los días se empezó a trabajar la tierra. Es un proyecto donde la pata agroecológica y ambiental es muy fuerte. Se pone en discusión el modelo productivo. En este transitar de los días, caminando los compañeros que trabajaban en el campo, encontraron un cementerio de glifosato”. Este es el testimonio de Gastón Bejas en el noticiero de Barricada TV, enviado por ese mismo canal a cubrir el proyecto desde sus inicios. “Había dos modelos que estaban en discusión político-ambiental: uno agrotóxico y otro agroecológico”.
“Comenzamos el Proyecto Artigas denunciando un pacto de poder transversal a todas las fuerzas políticas, a toda la corporación judicial, que sostiene un modelo de concentración de tierras, despojo a los débiles y destrucción ambiental. El pacto de poder sigue vigente”, afirmó Grabois ayer.
“Modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y sin explotación”: estas son las palabras que definen al Proyecto Artigas.
En la provincia que ofrece salvoconductos a quienes se portan mal, un modelo alternativo en el corazón del agronegocio entrerriano crispó a varios. Las movilizaciones y tractorazos convocados por el ex ministro de Agroindustria movieron a decenas de productores. Algunos de los audios filtrados de las convocatorias dejaban al descubierto la hostilidad: “Juntamos 100, 200, 300 camionetas. Contá con ese apoyo. Son 40 piojos sarnosos, punteros políticos. Yo llevo absolutamente todo el personal de mi campo, mis vecinos también. Y perdé el cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado (risas). Mandá a algún guapo con ganas de pegarle a un negro de mierda”.
El conflicto estuvo politizado casi desde el principio. No por la relación de Grabois con el Gobierno nacional, puesto que ningún funcionario se manifestó a favor de los trabajadores del proyecto, y el mismo Alberto Fernández se desentendió del reclamo al afirmar en declaraciones radiales que se trataba de un conflicto entre privados. La política ingresó desde el partido al que representó Luis Miguel Etchevehere en la gestión pública. Integrantes de la alianza Cambiemos, como Miguel Ángel Pichetto y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, acompañaron a los varones Etchevehere en su reclamo y en la decisión de bloquear el ingreso al predio hasta el fallo de la jueza de segunda instancia.
El Proyecto Artigas comenzó como una iniciativa de trabajo agrario sustentable en una provincia dominada por el negocio de una de las familias más importantes del país. Hoy los varones Etchevehere cocinan un cordero a la estaca para festejar el desalojo de su hermana. Grabois, en representación de Dolores, recordó que el fallo no está firme y que van a apelar en una instancia superior.
El domingo se conocieron en Chile los resultados del histórico plebiscito para reemplazar la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Tras el estallido social del 18 de octubre de 2019, que dejó un saldo de 30 muertes y 2.250 denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de los Carabineros, la presión social logró que el Congreso acordara, días después, este proceso plebiscitario. Por la crisis sanitaria del Covid-19 y el aislamiento social, la votación tuvo lugar recién el 25 de octubre de 2020. En ella participó el 52% de la población, y un rotundo 78% dijo sí a la reforma constitucional.
Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, cuenta que la relación entre el plebiscito y los eventos del 18 de octubre tienen una relación directa: “La movilización no respondía solamente a demandas exclusivas y únicas que podían ser resueltas a través de alguna política pública o algún instrumento de política salarial o la baja de los precios del transporte público. Estas eran situaciones bastantes más acotadas que a la gente no le interesaba, sino que lo que querían era cambiar la Constitución en términos de sus derechos y valores. Porque todo lo que se trataba de transformar o reformar de la Constitución anterior, siempre terminaba en el Tribunal Constitucional siendo echado para atrás. Entonces, la gente toma conciencia de esto, y lucha por una nueva Carta Magna”.
Con un parlamento presionado por la contundencia de las movilizaciones sociales, el 15 de noviembre del año pasado se votó en el Congreso el acuerdo para esta Convención que al día de hoy tiene algunos asuntos pendientes: “No fue un acuerdo completo porque fue en una noche, entre pasillos del Congreso con una élite muy asustada. Se inician debates sobre la propuesta donde hubiese mayor democracia, entonces se acordó que la Convención Constitucional tenía que tener paridad de género, el mecanismo sobre cómo tenía que ser elegida y a través de qué representación territorial. Todavía queda pendiente al día de hoy la integración de los pueblos originarios”.
Esta Convención Constitucional estará formada por 155 representantes elegidos en su totalidad por voto popular, y será la primera en la historia del país en tener condiciones igualitarias de género: habrá igual cantidad de hombres que de mujeres que la conformen. La ratificación final del pueblo, el llamado “plebiscito de salida”, será con la redacción de la Carta Magna por parte de estos colegiados, para lo cual la ciudadanía será llamada nuevamente a votación en 2022.
El cambio de esta Constitución vigente desde 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), no sólo es histórico por ser el primero en el que participa la ciudadanía, sino también por los amplios márgenes de participación electoral: “Este es el mayor nivel de tasa de participación que hemos tenido en Chile desde el voto voluntario. Cuando uno ve que es el 52% del padrón se podría pensar que es poco, pero es el 52% sobre la voluntariedad de las personas. Es distinto cuando tú tienes voto obligatorio donde estos plebiscitos terminan sobre el 80% de tasa de participación. La última elección había tenido una participación del 49%, hoy tenemos casi 52%. Casi 2 puntos de participación más, es decir 558.000 electores nuevos, de los cuales la mayoría son jóvenes”, sigue Reyes. Además, es una participación casi exclusivamente popular: “Toda la tasa de crecimiento fue en la periferia. La mayor votación estuvo en la zona más proletarizada de Santiago. Es decir, la periferia más pobre. Ahí hubo, por ejemplo, una comuna muy popular que se llama La Pintana, donde aumentó en un 40% la participación. En todas las elecciones anteriores había sido del 20%. Entonces, este triunfo no es tampoco un triunfo si lo podríamos interpretar exclusivamente de los partidos políticos como agentes de movilización, sino que aquí hay mucho más de fondo que es un proceso de participación y de movilización que tiene que ver con la manifestación del 18 de octubre, más que con la respuesta de los partidos políticos”.
Las bases estructurales de la sociedad chilena están dadas por una desigualdad económica, política y social sustentada por más de 40 años en la Carta Magna: “Es una Constitución que le da basamento al modelo neoliberal, es en dictadura, sin participación política, y después reformada consecutivamente en términos de perfeccionamiento del modelo neoliberal. La Constitución ya en los gobiernos democráticos de la década de los 90 es reformada para proceder a hacer todavía profundizaciones del modelo. Por ejemplo, se permite la privatización de las sanitarias o las distribuidoras de agua. Y eso no se hace en tiempos de la dictadura, se hace en tiempos de la democracia. Entonces la base institucional y legal del modelo neoliberal estaba claramente en la Constitución. La gente se da cuenta de este fenómeno político, que empieza a madurar 30 años después. Porque evidentemente el modelo neolibral asignó recursos y pudo efectivamente generar salidas de la pobreza y aumentar las tasas de consumo, pero a costa del endeudamiento de las personas. La gente los últimos años no resistía la tasa de endeudamiento que tenía y el modelo seguía exigiendo que se retribuyera vía mecanismos financieros que eran cada vez más agotadores”.
Chile cuenta con un sistema de salud y un sistema educativo muy caros, como así también con un esquema previsional que se constituyó siempre como excesivamente inequitativo. Debido a la escasez en las jubilaciones, muchas personas terminaron cayendo en la pobreza durante sus últimos años, generando un peso para las familias y para la juventud: “Se construye un escenario – declara Reyes- “donde los viejos son una carga para los jóvenes que tienen, en su mayoría, bajos ingresos. Todo esto está ratificado en el sistema constitucional chileno. La gente empieza a entender que el problema no es el sistema económico, ni cuánto tú trabajas, sino que son las bases institucionales del modelo que están en el marco de la presión de las personas”.
Las movilizaciones estudiantiles, sindicales y de la sociedad en general que precedieron y siguieron al 18 de octubre, continúan vigentes al día de hoy con una fuerza que logró sentar las nuevas bases de institucionalización democrática: “Lo que está pidiendo la nueva Constitución son los derechos sociales. Y la base institucional de lo que se está buscando, es que se ratifique el pacto social por sobre el pacto económico. Cuando tú quieres ratificar el pacto social por sobre el pacto económico, lo que tú estás colocando en el centro son a las personas. En el pacto económico, tú lo que colocas en el centro es el capital. Y la gente logró hacer esa diferencia”. Como consecuencia, además, la derecha dentro del Parlamento se encuentra hoy muy fragmentada entre una ultraderecha que busca mantener el status-quo y una derecha más moderada que, según Reyes, “busca girar hacia reformas de un cambio constitucional, sin perder todo en ese cambio”. La élite dirigente y el espacio político partidario tradicional se vio, con este impulso dado desde las bases populares, bajo una presión que tiene que resolver. El presidente Sebastián Piñera, ante los eventos del domingo pasado, declaró que este plebiscito era un triunfo de la democracia y que “esta nueva Constitución debe ser el gran marco de estabilidad”, un año después de que bajo su mandato el estallido social diera inicio a un desequilibrio social que ya no tendría vuelta atrás.
“Yo creo que Piñera es el rey desnudo -dice Pablo Reyes- y está tratando de sustentarse sobre la base de lo que hay en el palacio. Pero el palacio está vacío, no tiene pueblo, no tiene democracia, no está inmerso en el proceso. Y él sustenta una tesis política que en definitiva es la tesis de la violencia desde el Estado hacia la movilización social. Y eso ha logrado que hoy esté muy desprestigiado, que las instituciones del sistema represivo del Estado estén muy desprestigiadas y en una crisis total. De hecho, se dice que hay que reformar en profundidad la fuerza de Carabineros. Él no sabe lo que está pasando, todos le dicen que está sumamente bien vestido como presidente, pero no. Todo el sistema de construcción política de su gobierno ha sido derrotado por este plebiscito. Ellos tienen que responder a la soberanía popular, y como son un gobierno de derecha no quieren responder a esa soberanía popular. De cierta manera siempre buscándole argumentos como para apropiarse de los procesos democráticos, pero que al final del día no puede apropiarse porque el proceso democrático va en un sentido contrario a lo que ellos pretenden como sector político”.
Este histórico triunfo de la democracia popular chilena, es sólo un primer paso para la restauración del caos social y político que dejó un marco de incertidumbre dentro de un campo electoral fragmentado. “Si nosotros no cerramos y no conectamos esta movilización social con una alternativa de institucionalización de una nueva Constitución en función de los derechos sociales, del pacto social, sólo quienes tengan la agudeza de darse cuenta y de leer bien ese mensaje de la ciudadanía – de la ciudadanía popular, no la élite informada-, si eso no se conecta bien nadie va a poder capitalizar este proceso y la crisis va a continuar”, reflexiona Reyes. “Ahora, si alguien se conecta bien con ese fenómeno, con ese cambio, esa nueva base de construcción popular, va a permitir que en alguna medida se pueda canalizar toda esa fuerza democrática movilizadora. Este paso es el paso de democratización que tuvo un fuerte componente de movilización social. No es un paso de democratización del propio sistema político, es un paso de democratización por un factor de movilización social. Entonces aquí el sistema político está respondiendo a las presiones de la movilización, y no a su autocapacidad de poder ir profundizando la democracia. Yo creo que esas son las disyuntivas que vamos a ver cómo se van decantando a futuro”, finaliza Reyes.
Unas 1.400 familias fueron desalojadas del predio que ocupaban desde julio en Guernica. Casi 4.000 efectivos de la Policía Bonaerense formaron parte del operativo liderado por el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. “Llegaron de noche, y a eso de las cinco de la mañana (de hoy) empezaron a reprimir. No dejaron salir a la gente, ni se nos dejó agarrar nuestras cosas. Nos sacaron como perros, quemaron nuestras casillas y nos tiraron con balas de goma”, relata Juana Acuña, referente del Barrio La Lucha, en diálogo con ANCCOM. Además, hubo heridos y más de 30 detenidos -entre ellos dos estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires- que lograron la libertad en el transcurso de la tarde.
Acuña estuvo desde el inicio de la toma y dice, con angustia, que cuando habían pasado los dos primeros meses pensó “que el Gobierno se iba a solidarizar”. “Los pobres tenemos derecho a una vivienda digna –afirma–. Si sos laburante como yo, sabés que cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar el alquiler, y si ganás 20 mil pesos, ¿qué hacés con eso? Nada, o comés o alquilás”. Esta es la realidad de muchas familias que ocupaban el predio y hoy se encuentran peor que hace unos meses: no tienen nada. Algunos vamos a estar de prestados con nuestras familias, pero otros tienen que ver cómo se la arreglan porque no tienen a dónde ir”.
Antes del desalojo se conformó una mesa de diálogo con los referentes y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, donde se estuvo cerca de un acuerdo. Acuña asegura que se les ofreció reubicar los barrios por bloques, pero todo cambió “cuando nos dimos cuenta que en el acta no figuraba ninguna información acerca de dónde íbamos a ir a parar, sólo que eran unos lotes. No nos dieron ninguna garantía real y, a raíz de este rechazo, se desató todo esto”.
El desalojo comenzó a las cinco de la mañana, con topadoras y fuego que destruyeron las casillas.
La coordinadora del Área Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luna Miguens, subraya que las condiciones estaban dadas para que el desenlace fuera otro. En las últimas semanas, “se había logrado un acuerdo al que adhería la gran mayoría de las personas que formaban parte de la toma, pero cuando faltaban sólo detalles para la reubicación, el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y el juez, Martín Rizzo, consideraron que los tiempos ya estaban agotados”. Hoy el escenario fue totalmente diferente al que se venía planificando: la represión a los ocupantes se extendió por varias horas dejando a su paso no sólo detenidos y heridos, sino también cientos de familias a la deriva sin ninguna solución a su problema.
Para Miguens, el problema de procesar los conflictos sociales tan complejos mediante causas penales, hace pensar que se trata de una cuestión de legalidad o ilegalidad, y si se lo entiende así es difícil lograr una solución. “El Gobierno debe sostener la propuesta que tanto esfuerzo llevó construir y adaptarla al nuevo contexto para dar una respuesta definitiva a las familias que estuvieron durante tres meses en las peores condiciones posibles. Esto muestra que se trata de un problema estructural, gravísimo y urgente. El Gobierno tiene los nombres y apellidos, toda la información sobre estas familias, por lo tanto, sería inaceptable que se desentienda. Existen predios donde todavía pueden instalarse de manera transitoria. Y hay en marcha una solución definitiva con un predio donde podrían irse a vivir”
La mesa de diálogo que había creado el gobierno provincial, fracasó.
Cuarenta y ocho horas antes del desalojo, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia Crítica y Habitacional que contempla una ayuda económica de 50 mil pesos que podrá ser recibido hasta seis veces por beneficiario. El objetivo es que sea destinado a gastos de alojamiento, materiales de construcción y otros que tengan como fin resolver el problema existente.
Si bien significa una respuesta ante la emergencia, tiene sus límites. “En la provincia de Buenos Aires es un problema estructural más allá del contexto, hace falta política pública que genere oferta de suelo accesible para sectores medios y bajos. La provincia tiene la Ley de Acceso Justo al Hábitat que reconoce herramientas valiosas para cambiar las dinámicas estructurales y hacer que esos procesos de producción de la ciudad no estén sólo orientados a los negocios inmobiliarios, sino que contemplen la demanda habitacional real”, concluye Miguens.
