Abr 15, 2021 | Culturas, Novedades
El domingo 18 de abril comienza el Primer Festival MoMuSi Federal, que se extenderá hasta el 13 de junio e irá todos los domingos a las 18. Serán nueve transmisiones vía streaming que se emitirán por Youtube y redes sociales con acceso libre y gratuito. Contará con la participación de veintinueve artistas, solistas y grupos musicales de todo el país.
En cada fecha se presentan tres artistas y habrá juegos, canciones y sorpresas para toda la familia. El domingo abrirán el festival Tres Tigres Teatro, de la provincia de Córdoba, Pichiculundios, del área Metropolitana de Buenos Aires y Las Magdalenas, de la sede May y Sierra. El Festival de MoMuSi fue seleccionado para obtener un subsidio por parte del Ministerio de Cultura de la Nación mediante el programa “Festivales Argentinos”.
El Movimiento de Música para Niños y Niñas (MoMuSi) es una asociación civil sin fines de lucro que funciona desde 1997 y actualmente cuentan con cuatrocientas bandas y doscientos artistas de todo el país. Matías García, miembro del movimiento, comenta: «Lo que nos proponemos es que la música para las infancias pueda ser apropiada en las escuelas, con fines didácticos, como también en comedores u hospitales infantiles». Previo a la pandemia, se organizaban encuentros en donde había capacitaciones y espacios de trabajo, se realizaban ciclos de encuentros musicales en lugares como el teatro de San Martín, el Centro Cultural Néstor Kirchner o el Centro Cultural 25 de mayo, en los cuales participaban bandas de todo el país.
MoMuSi federal
Hace dos años, se comenzó a construir un MoMuSi federal para poder unir a todas las agrupaciones en una sola entidad con distintas sedes del país. Así pudieron crear una organización civil más grande para ser escuchados y difundidos. Garcías asegura que el movimiento reconoce que la pluralidad territorial es muy grande, por ejemplo, la música que se produce en Formosa va a ser diferente que la de Mendoza, cada una con su idiosincrasia. Así lograron crear un espacio para que los niños y las niñas puedan tener disponible esta diversidad de voces.
La pandemia castigó fuerte a los sectores de la cultura, hay artistas que además de hacer música son docentes o trabajan en otro rubro, pero también hay muchos que trabajan únicamente de hacer música. “Fue un golpe duro”, sintetiza García. Incluso, el contenido de internet es “agresivo y sobrecargado” y la música para niños y niñas tiende, según dice, a estar basada sólo en tutoriales de Youtube. Por eso, el streaming es una opción válida para que el mundo laboral siga en funcionamiento: “El que hace música necesita hacer música y el que lo consume también necesita consumirla”, reflexionan desde el MoMuSi.
ANCCOM dialogó con dos bandas que se presentaran durante el festival: Manos a la murga y La chicharra. Ambas coinciden en que al streaming le faltan los cuerpos, “los niños y las niñas gritando, bailando o corriendo detrás de escena”. Por eso buscan aprovechar otras potencialidades. Por ejemplo, Manos a la murga planea mostrar distintos paisajes de la ciudad de Bariloche durante el espectáculo, como así también contar sobre el clima, la flora y la fauna de esa región. Así permite que los niñas y niñas conozcan un poco más sobre el país que habitan.
«Comer bien, no tener frío,
crecer sanos y jugar,
son cosas que los más chicos
tenemos que disfrutar»
(Estrofa de la canción “Hay derecho a protestar” de Manos a la murga)
Manos a la Murga.
Cristina Kirianovicz, de Manos a la Murga, cuenta que trabajan sobre los derechos del niño y la identidad a partir de sus canciones y escenografías. “Los derechos de los pequeños son violentados todo el tiempo, dando lugar a situaciones de injusticia. Nosotros desde nuestro lugar, el arte, intentamos poner un granito de arena sin perder la magia, el juego, las risas, sumergiendo a los niños y niñas en un mundo de fantasía, con un mensaje bien claro: cantarles, decirles y gritarles sus derechos”, considera Kirianovicz. Además, tanto el maquillaje como la sonoridad están pensados para que los más pequeños no rechacen la estética murguera,y poder lograr una sonoridad suave pero plena de ritmo.
En La chicharra, una banda musical de Córdoba, consideran que a través de las redes están llegando a lugares donde no lo harían nunca y eso les da la posibilidad de difundir su trabajo. Incluso, García cuenta que el festival federal de MoMuSi habría sido más difícil de realizar en vivo por los costos de mover a todas las bandas del país a un solo lugar. Entonces, de esta forma pueden demostrar en un solo momento la variedad de artistas: “Pensar en el centro del país y en el interior se desvanece cuando mostramos que en otros lugares de la Argentina están pasando cosas, el interior no existe más. El interior es todo lo que pasa de la frontera del país para adentro”, reflexiona García.
Eduardo Allende, representante y compositor de la música de La Chicharra, comenta que sus canciones no están hechas sólo para niños y niñas, lo que buscan es un público amplio, hasta catorce años, pero también quieren llegar a los niños y niñas que los adultos tienen dentro. Entonces, en sus letras no hay diminutivos ni fábulas, pero sí hay géneros musicales variados como rock, folclore, jazz y canciones de cuna. “El folclore latinoamericano es lo que más se destaca”, considera Allende. A su vez, la temática de sus letras es diversa, hablan del amor, de las contradicciones de la vida, la nostalgia, la tristeza, entre otras. “No me interesa que las canciones sirvan para algo práctico. Las canciones tienen que ser disparadoras para muchas cosas, como puntos de partida de nuevas preguntas, también jugar, expresarse, bailar, pasarla bien, socializar, un arte permitido para los niños”, subraya el cantautor.
Tanto Allende como García hablan de que en este momento hay muchas miradas sobre lo que se está haciendo con los niños y las niñas. “Desde la ESI a todo lo demás, hay una puesta en valor de los niños y las niñas”, plantea Allende. La política del movimiento va en ese sentido, a que no hay que bastardear a las infancias, sino pensar la niñez como tal y en los derechos de los niños y niñas, luego todo eso genera movimientos artísticos: “Nosotros no consideramos a los niños y las niñas como pasivos sin nada que decir, al contrario, son sujetos activos, sujetos de derecho”.
Incluso, las bandas que forman parte del MoMuSi ponen en escena temas complejos, como el abuso infantil, la temática de género desde los juguetes, la pobreza, entre otros. “Todas esas temáticas son habladas desde una calidad poética muy grande, son miradas diferentes pensando en los niños y las niñas para que lo puedan entender y procesar”, comenta García. A su vez, es fundamental que las voces habladas provengan desde todo el territorio argentino, sin subestimar ni pensar que la música para niños y niñas es un tema menor. “Somos creadores de la cultura –puntualiza-, con una idea política clara, y es momento de mostrarla”.
Abr 14, 2021 | Culturas, Novedades, slider
Alejandra Marino da cuenta de un compromiso con las luchas feministas siendo socia fundadora de ACCIÓN Mujeres del Cne y parte del espacio de género de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). La cinesta, quién realizó películas como Hacer la Vida (2020) y El Sexo de las Madres (2012), donde promueve la visibilización de problemáticas de género y la paridad de género, estrenará el jueves 15 de abril en el Cine Gaumont el largometraje Ojos de Arena.
La historia comienza en la Capital Federal y rápidamente se traslada a un pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Allí van la psicóloga forense Carla (Paula Carruega), y Gustavo (Joaquín Ferrucci), quienes están separados desde la desaparición de su hijo y que se reencuentran siguiendo una pista que los lleva a la casona de Horacio (Manuel Callau) e Inés (Ana Celentano), una pareja que también tiene a su hija desaparecida. Estas historias se cruzan con el caso de una vidente (Victoria Carreras), quien busca a su nieta. Los personajes están unidos por la ausencia que duele como arena en los ojos que «representa el paso del tiempo que hace más difícil encontrar a une hije perdide», definió Marino.
La trama invita a los espectadores a ser parte de una historia de ausencias y de sus consecuencias en la vida de las familias víctimas. Desde el principio se centra en la angustia de Carla, la protagonista que convive con la falta de su hijo, mientras atraviesa la separación con Gustavo a raíz de su sentimiento de culpa, ya que la desaparición sucedió cuando ella estaba protegiendo a Leila (Natalia Ayala), una joven captada por la trata que denunció a su captor.
«Vi en una terminal de ómnibus una cantidad de fotos de niñes perdides, que se sospecha han sido secuestrados por la trata», sustuvo la directora en diálogo con ANCCOM sobre lo que la motivó a trabajar una temática que está presente en la actualidad por el estreno de series como Sky Rojo y por las historias reales que en algunos casos consiguen visibilidad en los medios masivos de comunicación. En este contexto, la directora explicó que junto con la guionista Marcela Marcolini, escribieron una historia “atentas a lo que surge en la realidad cotidiana”. En ese sentido, en Ojos de Arena se representa el miedo de Carla y de Leila como consecuencia de la “inacción de la justicia, de la complicidad policial que son representados por personajes de ficción que están inspirados en la realidad”, afirmó la realizadora audiovisual.
En los medios de comunicación y en los distintos géneros audiovisuales se narran historias sobre el delito de la trata de personas que generan debates acerca de los modos y los discursos que se eligen para representar la problemática. En Ojos de Arena se construye una trama que permite pensar una manera diferente de abordar el tema. “Algunos medios de comunicación se ocupan de este tipo de noticias siempre desde un lugar de morbo y de revictimización de las víctimas. Nosotras queríamos contar de otra manera”, señaló la directora. Ese fue un objetivo de la película y se percibe en lo que se elige mostrar y en cómo. «Tuvimos cuidado en las tomas del prostíbulo, en sugerir en lugar de erotizar”, afirmó Marino.
¿Cómo contar una historia donde hay víctimas sin revictimizar? ¿Cómo evitar caer en estereotipos? Para ello fue necesaria la investigación, por eso se acercaron a Missing Children, organización civil que busca a niños y niñas perdidos, donde vieron videos de las madres que buscan a sus hijos. El trabajo muestra el compromiso con la temática y se ve en el desarrollo de los personajes que exhiben una mixtura entre el dolor, el miedo, la culpa y la valentía para buscar y denunciar. “Carla es una joven fuerte, que trabaja en la Fiscalía y protege a una víctima de trata”, describió así Marino a la protagonista y destacó que las actrices que encarnaron a Carla y a Leila “querían trabajar sus personajes no desde la vulnerabilidad, sino desde la fuerza y protegiendo a les otres y a sí mismas”.
Ojos de Arena es una película independiente que ganó un concurso del INCAA en 2018 y se realizó al año siguiente. El 2020, en el medio de la pandemia del COVID 19, la película empezó su camino de exhibición compitiendo en el Festival de Cine de Bogotá, en el Festival de Cine de La Habana y actualmente compite en el Festival de Cine Latino de Chicago. “La idea es seguir con los festivales y lo que más queremos es que llegue al público. Nos encantaría que después esté en las plataformas digitales”, expresó la directora. La historia se podrá ver desde el 15 de abril en las salas del Cine Gaumont y en los Espacios INCAA de todo el país.
Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el 42% de las personas y el 31,6% de los hogares argentinos son pobres. Dentro de este conjunto, se distingue un 7,8% de hogares indigentes, que incluyen al 10,5% de las personas. La información, correspondiente al segundo semestre del 2020, evidencia una problemática acuciante y que arrastra varias décadas en el país. Las políticas sociales parecen el único instrumento sensible para evitar que la inequidad se transforme en violencia para la simple supervivencia, por las necesidades básicas insatisfechas. Un indicador alarmante de este último informe es que los jóvenes menores de 14 años son los más pobres. En otras palabras: carecen de alimentos básicos para su desarrollo físico e intelectual.
Los datos del Indec, publicados el 31 de marzo, arrojaron números alarmantes. En términos absolutos implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares, por debajo de la Línea de Pobreza -aquellos cuyos ingresos no pueden satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales- se ubican 2.926.890 hogares que abarcan a 12.000.998 personas. Asimismo, 720.678 hogares se encuentran por debajo de la Línea de Indigencia. Estos son quienes no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas para la subsistencia, e incluye a 3.007.177 personas.
El Indec también destaca que la franja etaria de 0 a 14 registra la mayor cantidad de pobres con el 57,7% de las personas, seguida por el grupo de 15 a 29 con un 48,2%. Además, los niveles más altos de incidencia de la pobreza en personas se observaron en las regiones de Gran Buenos Aires con el 44,3%. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 16,5%.
El Noreste argentino cuenta con una pobreza global del 43,5%, con variaciones según las provincias: Corrientes 42,9%, Formosa 36,4%, Gran Resistencia 53,6% y Posadas 37,7%. Por su parte, la región Pampeana alcanza un 38,2%, en tanto la Patagonia suma 35,2%.
Mientras que la mayor cantidad de indigencia por personas se concentra en la zona del Gran Buenos Aires con el 13,3%, la Patagonia posee el 7,8% (Neuquén-Plottier 12,3%); y la menor indigencia se observa en Cuyo con un 5,3% y en Noroeste un 7,0%.
Los índices de pobreza e indigencia se calculan sobre la capacidad de los hogares de acceder, respectivamente, a la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA), mediante sus ingresos monetarios, y la brecha es la distancia entre estos y las canastas.
Los últimos datos revelan que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de $29.567, mientras la CBT promedio del mismo grupo alcanzó los $50.854, por lo que la brecha se ubicó en 41,9%. En el caso de la indigencia, la CBA promedio de los hogares fue de $21.572 y el ingreso total familiar promedio de $12.864, lo que implicó una brecha del 40,4%.
Estos números son la muestra certificada de una cruda realidad social. La deuda interna que dejó el macrismo, según el Banco Mundial, marca una recesión y caída del PIB de 2,5%, en 2018, y 2%, en 2019. A esto, se adiciona el endeudamiento externo por 40 mil millones de dólares y la aparición de la inédita pandemia originada por el virus del Covid-19.
La contracción de la economía durante 2020, producto de las restricciones impuestas a partir de la cuarentena, generó una caída de 9,9% interanual del Producto Interno Bruto (PIB). Estas consecuencias negativas se replicaron en la mayoría de las latitudes del mundo. En el caso de América Latina, el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostuvo que, en el año pasado, se registró una caída del PIB de 7,7% y la tasa de pobreza extrema y de la pobreza se situaron en 12,5% y 33,7% de la población, respectivamente. Esto significó que a finales de 2020, en la región, 22 millones de personas engrosaron la fila de la pobreza.
Para la CEPAL, pese a las medidas de protección social de emergencia adoptadas por los países, orientadas a frenar la pandemia, estos números en la cantidad de pobres no se habían observado en los últimos 20 años.
Evolución de la pobreza
La problemática de la pobreza arrastra varias décadas en nuestro país y se agudiza con el tiempo: es, tal vez, la mayor deuda de la democracia con la sociedad. La exclusión social en los últimos 50 años (1970 – 2020) mostró niveles de pobreza cada vez más altos.
“En la década de 1970 la pobreza promedio fue de 5,7%, aunque ya en la década siguiente prácticamente se cuadriplicó al pasar al 19,6%. La década de 1990 volvió a crecer al ser del 26,4%, mientras que en la década del 2000 el salto volvió a registrarse al establecerse en niveles de 36,4%. Donde vemos que todas las décadas el número de pobres no paró de crecer en su promedio. La única excepción fueron los últimos 10 años, en donde el promedio se ubicó en valores igualmente desgraciados del 29,3%”, afirma Julián Zícari, Economista y Doctor en Ciencias Sociales.
En la misma sintonía, un estudio del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recalcó que, entre 1983 y 2018, la pobreza medida por ingresos “sólo disminuyó en el rebote de las dos crisis macroeconómicas profundas que vivió el país [después de la hiperinflación de 1989 y de la crisis del 2001], y en el período de excepcionales circunstancias externas durante parte de los 2000 [principalmente entre 2004 y 2007]”.
Desde una mirada más reciente en el tiempo, a partir del estudio del Cedlas se puede advertir que, considerando en su conjunto los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la pobreza cayó del 58,2% al 30,1%, mientras que la indigencia descendió del 21,1% al 5,9%. El documento también destacó que la disminución tanto de la pobreza como de la indigencia se dio de forma acelerada entre 2003 y 2007, y luego siguió bajando, pero de forma paulatina hasta el 2011. Desde ese momento, se mantuvieron en los mismos niveles, con algunos altibajos durante el gobierno de Cristina Fernández.
Respecto al mandato de Mauricio Macri, el primer dato oficial del Indec señaló que la pobreza y la indigencia en el segundo trimestre de 2016, alcanzaron respectivamente al 32,2% y al 6,3% de la población. Luego hubo un leve descenso de la pobreza a partir del 2018, pero como consecuencia de la crisis macroeconómica, ese número aumentó significativamente. De este modo, los números del Indec indicaron que en 2019 el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández recibieron un país con 35,5% de pobreza en las personas y 8% de indigencia.
Pobreza en pandemia y asistencia social
La grave situación económica que atravesaba el país a fines del 2019 y, acentuada al año siguiente, generó los números cristalizados en el informe del Indec. Para Itai Hagman, economista y diputado del Frente de Todos, la pandemia “no sólo no permitió revertir un proceso de crecimiento sostenido de la pobreza desde abril de 2018”, sino que también “ocasionó que el punto de partida sea aún más bajo”. Hagman también advierte que “sin las políticas de asistencia que existieron durante la pandemia, la situación sería todavía más dramática. Aunque eso no justifica que se podrían haber hecho más cosas para evitar los resultados que hemos conocido”.
Pese al rebote en la actividad económica de los últimos meses, sin una intervención activa del Estado esa mejora no va a alcanzar para revertir todo el daño que se produjo en la pandemia.
Para Hagman, este contexto “demanda políticas distributivas más intensivas, de transferencias de ingresos. Hay propuestas en danza, desde las más ambiciosas como establecer un salario universal que por lo menos garantice un ingreso equivalente a la línea de indigencia, y que permita también disminuir la pobreza. Hasta políticas más focalizadas que permitan inyectar recursos en los sectores más vulnerables, básicamente, con políticas de urbanización de barrios populares, de construcción de viviendas, de inversión en infraestructura que le de trabajo e ingresos a esos sectores de la población. Requiere de políticas concretas y no va a derramar automáticamente del crecimiento económico que está ocurriendo en la industria y que es importante, pero resuelve solo una parte del problema”.
En 2020, el Estado fue un protagonista inexorable por la crisis global y local. No sólo para adquirir los insumos indispensables que el sistema de salud usó en la pandemia, sino también en la implementación de políticas que pudieran morigerar el impacto económico y social que tuvo el Covid-19. Entre ellas, la asistencia y los planes sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los incrementos en los montos de la Tarjeta Alimentar y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Todos ellos permitieron contener a aquellos sectores más vulnerables.
Conforme a la Memoria detallada del estado de la Nación 2020, la Tarjeta Alimentar implicó una inversión de $95.355 millones y alcanzó a 2.040.277 personas. El monto otorgado fue de $4.000 para las familias con un hijo de hasta seis años, y de 6.000 para las familias que tuvieran más de un hijo en la misma franja etaria, y sin límites de edad en el caso de los niños y niñas con discapacidad. Durante mayo y diciembre se duplicaron ambos montos de las tarjetas.
Por otra parte, el IFE -creado el 24 de marzo- llegó, al menos en una ocasión, a 9.048.499 personas (32,8% de la población entre 18 y 65 años) y significó una inversión de $263.169 millones. Consistió en el pago excepcional de $10.000 a trabajadores desocupados, informales, de casas particulares, cuentapropistas de menores ingresos y beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Embarazo para Protección Social (AUE). Se abonó en tres oportunidades a lo largo de seis meses.
El ATP -lanzado el 1 de abril- fue recibido por 2.965.909 trabajadores y 306.761 empresas fueron beneficiadas y representó una inversión de $236.377 millones. Mediante este programa el Estado se hizo cargo de parte de los salarios de los trabajadores de las empresas privadas en todo el territorio nacional que evidenciaron una afectación considerable en su facturación producto de la pandemia.
Asimismo, el INDEC publicó el segundo informe del impacto del coronavirus en los hogares del Gran Buenos Aires, correspondiente a agosto-octubre de 2020. En él se destaca que 68,3% de los hogares con jefe o jefa asalariado no registrado recibió prestaciones implementadas a partir de la pandemia. La cobertura alcanzó al 82,2% si se suman quienes comenzaron a recibir transferencias con la pandemia (22,8%), quienes cobraron esas sumas y ya obtenían algún tipo de programa (45,6%) y quienes solamente cobraban en base a programas previamente existentes (14%).
Los números de la cobertura y el alcance de estos programas evidencian la importancia que tuvieron durante el 2020. Ante ciertos relatos peyorativos sobre estas ayudas estatales, Hagman señala que se anclan en prejuicios, “porque supone que cuando el Estado hace transferencias de ingresos lo que está haciendo es sacarle a un sector de la población que, supuestamente, es productivo y meritorio, y destinarlo a un sector que es parasitario. Esto no es así. La razón por la que el Estado tiene que hacer políticas distributivas no se vincula con sacarle a los que se esfuerzan y darle a los que le viene todo de arriba. Tiene que ver con reparar o equilibrar una injusticia social”.
Abr 14, 2021 | Comunidad, Novedades
El proceso de adopción en Argentina requiere una atención tutelar que garantice la integridad de las niñas y niños que necesitan un hogar definitivo. Se trata de un recorrido preparado para que las y los aspirantes conozcan cuáles son las responsabilidades antes de adoptar. Pero hay una dificultad de fondo: de los más de 3.000 trámites iniciados, el 89% de las y los postulantes están dispuestos a ahijar a bebés de hasta dos años, y menos del 10% a chicas y chicos mayores de nueve. El caso de Mimi es la excepción que confirma la regla, que hoy permite visibilizar con datos estadísticos la realidad de un sistema sensible que debe perfeccionarse.
Comenzar una adopción no es una decisión simple. Los pasos a seguir requieren además de la vocación por cumplir los sueños de tener o ampliar una familia, otros requisitos que a veces hacen más complejo tomar esa decisión. Para ello tanto el Estado como algunas organizaciones de la sociedad civil promueven las adopciones y acompañan a los futuros adoptantes. El principal desafío es que las parejas o adultos solos contemplen ampliar su horizonte de expectativas a chicas y chicos grandes, hermanos o personas con alguna discapacidad.
Sólo la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 40 hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para reducir el número de “pibes de la calle”, de los cuales un 20% de los niños y niñas están en condiciones de adopción.
También buscan soluciones intermedias como brindar una atención personalizada a niños o niñas que por un tiempo no pueden vivir con sus familias de origen. Existe un programa de Acogimiento Familiar que es un dispositivo en el que los interesados se inscriben y pasan por un proceso de evaluación y capacitación. Desde la página del Gobierno de la Ciudad ofrecen seis pasos para anotarse. De esta manera pueden alojar en sus hogares de manera transitoria a niños, niñas o adolescentes en situación de vulnerabilidad hasta que se determine si es restituido a su familia de origen.
De acuerdo con la ley, el proceso para decretar el estado de adoptabilidad de una criatura no puede ser mayor a seis meses y el tiempo que ellos pasen con sus familias de tránsito debe ser el menor posible, para evitar una vinculación estrecha. Esto es lo que no ocurrió con Mimí
Por otro lado, distintas organizaciones no gubernamentales se dedican al acompañamiento de quienes desean adoptar. Entre otras, Anidar es una asociación civil que brinda información a las personas que comienzan a evaluar la posibilidad de la adopción. Mediante el programa “Abriendo Caminos”, ofrecen entrevistas informativas y facilitan la conexión entre las familias y la justicia para iniciar el proceso de postulación, con orientación legal y psicológica, entre otros puntos a destacar.
Asimismo, la ONG Aldeas Infantiles también realiza un trabajo integral que busca preservar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde su programa de “Reintegro Familiar y Adopción”, asesoran y acompañan a los eventuales padres y madres en los procesos de vinculación con el objetivo de que se garantice un trato adecuado a personas en donde la vulnerabilidad social debería cerrar su ciclo. Su preocupación también está enfocada en que los hermanos no se separen o en aquellos niños y niñas que pueden encontrar un lugar de encuentro con sus entornos familiares de origen.
¿Cómo empezar un trámite de adopción?
El trámite de inscripción observa las cualidades de los postulantes. Luego sigue la selección de los posibles adoptantes, la vinculación inicial con el niño o la niña, la guarda preadoptiva y, finalmente, la adopción. Mientras tanto los chicos y chicas viven en hogares o con familias de guarda hasta que aparezca alguien con el perfil adecuado. Hoy, se empieza con presentar un simple formulario para quienes se encuentren interesados en tener hijas o hijos no biológicos.
La opción de formar una familia es amplia y se han ido desarrollando y generando diversos tipos de relaciones y posibilidades para concretar la adopción, con especial atención a los derechos básicos a las niñas, niños y adolescentes en guarda.
Desde 1997 es un instituto incorporado en el ordenamiento jurídico argentino de acuerdo a la Ley 24.779. En 2015 se modificó el Código Civil y Comercial, con cambios para optimizar los tiempos del proceso en tres etapas: sobre el estado de adoptabilidad del niño; la guarda provisoria; y el juicio de adopción.
El adoptante puede ser un matrimonio conformado o ambos integrantes de una unión convivencial o una única persona soltera, viuda o divorciada. De acuerdo con la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, vigente desde 2010, también se hicieron nuevas modificaciones para que los matrimonios y las o los convivientes del mismo sexo puedan adoptar.
Cada provincia tiene un registro de aspirantes que luego es unificado por la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación y de los Derechos Humanos. En nuestro país existe asesoramiento gratuito y se puede solicitar desde el portal argentina.gob.ar
Según la última actualización de la DNRUA, en el mes de abril se registran 3.042 personas o familias que quieren adoptar. Los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales son alrededor de nueve mil. Sin embargo, esto no significa que esos niños estén en situación de adopción, porque la condición para que eso ocurra es que se hayan agotado las posibilidades de permanencia con su familia de origen. Finalizada esta normativa, se requiere una instancia judicial para que un niño o una niña pase a estar en situación de adoptabilidad.
¿Cuáles son los requisitos para la adopción?
En dicha ley uno de los requisitos más importantes que deben reunir los interesados es tener 25 años de edad cumplidos. Si un cónyuge o la persona conviviente tiene más de 25 años, no hace falta que ambos superen dicha edad.
Otra condición es que se debe tener por lo menos 16 años más que el niño a adoptar. Esta diferencia de edad no es necesaria cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente. También se debe tener nacionalidad argentina o estar naturalizado. En caso de ser extranjero, resulta indispensable demostrar una residencia de cinco años o más.
También es posible adoptar a un mayor de edad si la persona que se quiere adoptar es hijo o hija del cónyuge o del conviviente. Incluso, la ley permite adoptar a varias personas al mismo tiempo o en diferentes momentos.
Quienes tienen hijos biológicos pueden requerir a un juez que los habilite para adoptar. En ese caso la ley dispone que todos los hijos, sean adoptivos y/o biológicos, sean considerados hermanos entre sí.
Los diferentes tipos de adopción
De acuerdo a la Ley 24779, la adopción puede ser plena o simple, de acuerdo a lo que el juez considere más conveniente. La diferencia es que la adopción plena es irrevocable y la adopción simple no lo es. En el primer caso, el adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. En el segundo no se crean vínculos jurídicos con la familia extendida. El juez decide el tipo de vínculos que se mantienen o se extinguen respecto de la familia de origen, tanto en la adopción plena como en la simple.
También puede darse el caso de una adopción de integración que consiste en adoptar al hijo o hija de un cónyuge o un conviviente, siendo concedida con los efectos propios de la adopción plena o simple, dependiente de cada caso en particular. Pero siempre se mantiene el vínculo filiatorio y todos sus efectos, entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o conviviente del adoptante.
¿Cómo funciona el sistema de registros?
Es fundamental que para continuar con la solicitud, los interesados estén inscriptos en la DNRUA. Éste organismo posee una base de datos integrada por las Nóminas de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de las Jurisdicciones que conforman la Red Federal de Registros. En la página de la DNRUA también pueden encontrarse convocatorias abiertas para niñas, niños y adolescentes de todo el país que esperan tener una familia.
Para los domiciliados en CABA, los aspirantes deben utilizar el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA) que se divide de acuerdo al domicilio del postulante. El RUAGA ofrece charlas para postulantes y otras abiertas a la comunidad. En el 2020, ante la emergencia sanitaria del país, así como ha sucedido en varios ámbitos, por primera vez fueron virtuales y por la gran convocatoria que han tenido, este año tienen previsto mantener esta modalidad como opción.
El RUAGA que depende de la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas y Dirección de Políticas Públicas e Investigación junto al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también difunde estadísticas. Según los últimos datos del reporte anual del 2019, más del 80% de las postulaciones responde afirmativamente a la disponibilidad para adoptar niñas y niños de hasta 3 años de edad. El 86% para los 2 años y la cantidad de postulaciones para los 5 años en adelante decrece sensiblemente hasta llegar a un número muy bajo en la medida que se acercan a los 9 años.
¿Una fisura en la Ley de Adopción?
El acogimiento no es adopción. Aunque, en algunos casos, las familias de tránsito que alojan en sus hogares a niños o niñas, hasta que se determine si es restituido a su familia de origen o dado en adopción, se han convertido finalmente en adoptantes. Hay excepciones, pero esto depende de los jueces que evalúan el bienestar del chico o la chica y el vínculo que mantenga con quienes lo o la acogieron.
La situación de Mimí -nombre ficticio con el que se dio a conocer a la niña- es un caso particular. Mariana Megías junto a su pareja, Marcelo, la recibieron sólo con un mes de vida. Ese plazo se prolongó tres años. Ante la demora, el apego de la pequeña y el incumplimiento de los responsables de encontrarle un hogar, el matrimonio decidió pedir la adopción definitiva. Pero esto fue negado, debido a que se aplicó la norma general que impide a la familia de tránsito convertirse adoptante.
El Poder Judicial se demoró más de la cuenta pero fue insensible y decidió sacar a la niña de su familia de tránsito y fue entregada a otras personas sin vínculos previos. Ese lapso generó una excepcionalidad, por lo que Megías decidió interponer un recurso “de no innovar” que afecta a los mediadores y su incapacidad en cumplir la ley en tiempo y forma. En este caso: el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, y a la ONG Familias Abiertas, de Bella Vista.
La situación de Mimí conmovió a la opinión pública y ante el pedido desesperado por darlo a conocer, no pocas figuras públicas acompañaron en las redes sociales una campaña con el hashtag #RestitucionInmediataDeMimi y #DevuelvanAMimi. Muchos famosos apoyaron su lucha compartiendo videos para darle mayor visibilidad. Entre otros, Natalia Oreiro, Facundo Arana, Inés Estevez, Ricardo Darin y Veronica Lozano. También bajo la consigna #YoApoyo allegados a la familia grabaron videos en los que expresaron su respaldo para que el Poder Judicial decida que Mimí pueda regresar a su “hogar”.
Las audiencias públicas
Cuando los jueces agotan todas las instancias de búsqueda dentro de la red de registros de postulantes a guarda adoptiva, se recurre a las convocatorias públicas. Estas consisten en un llamado a toda la comunidad donde se propone encontrar una familia para las niñas y niños que se encuentran con mayor dificultad para concretar la adopción.
En la actualidad, son muchas las niñas, niños y adolescentes que aguardan en los hogares. La mayoría son preadolescentes y grupos de hermanos,con el objetivo de promover la adopción conjunta con el propósito de conservar los vínculos fraternales. Pero también chicas y chicos con discapacidad o distintas problemáticas de salud que serían menos solicitados.
Lo primordial en la adopción es que se deben respetar las instancias y los mismos derechos que cualquier otro niño. Tal como lo indica la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Los artículos declaran que tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida y también a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar.
El camino legal para adoptar en nuestro país cumple con todos los protocolos que garantizan la integridad de un proceso transparente en el que el amor siempre es la principal motivación de quienes inician el trámite. La adopción puede resultar un poco más larga que otras salidas “mágicas» como viajar al exterior. Pero no es necesario. Existe un Estado disponible, hay herramientas y organizaciones de la sociedad civil que facilitan y acompañan este recorrido -o deberían hacerlo-.
La situación excepcional del caso Mimí, muestra la cara más dura de una justicia que no tiene sentimientos y de mediadores que deben ser auditados para que cumplan con sus funciones. Tal vez se trate de un punto de partida para encontrar ese lugar de encuentro esa/os menores y adultos que buscan lo mismo. Besos, abrazos y afecto para lograr una vida más plena.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el pasado 27 de marzo el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral y lo giró al Senado. La iniciativa tiene como objetivo promover la educación ambiental e incorporar, en cumplimiento de la legislación vigente, los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a la educación formal y no formal. “La toma de conciencia, el cambio de las acciones individuales y su impacto en lo colectivo es hacia donde se orienta la ley”, explica Cristina Ruiz del Ferrier, titular de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Por primera vez en la historia de la Argentina vamos a tener a las cuestiones ambientales en las currículas escolares. Ponemos a la educación como herramienta para generar conciencia e involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente. Esto es una política pública inédita en nuestro país”, sostiene Leonardo Grosso, diputado y presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano en el Congreso.
Si bien en Argentina ya existen la Ley de Educación Nacional N° 26206 y la Ley General de Ambiente N° 25675 que reconocen el derecho a la educación ambiental, no hay una norma que permita una implementación articulada en todo el país. El actual proyecto busca garantizar que se instrumente y se aplique. Por eso, propone una Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) como herramienta de planificación, coordinada entre el Ministerio de Ambiente y el de Educación.
«Ponemos a la educación como herramienta para involucrar a toda la sociedad en el cuidado del ambiente», dice Grosso.
También dispone la incorporación del Artículo 92 a la Ley Educación Nacional que establecería “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños” como contenido curricular común a todas las jurisdicciones. Además, declara el 5 de junio como el Día Mundial del Ambiente, en el cual cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el ‘Compromiso Ambiental Intergeneracional’”.
“Se busca lograr una integralidad que genere conocimiento y conciencia para hacerle frente a una las problemáticas más grandes de la humanidad. La depredación del planeta es escandalosa. No tenemos otro, éste es el único. Y de a poco la humanidad lo está comprendiendo. Estamos llegamos tarde, pero nuestro Gobierno asumió el compromiso y durante 2020 y 2021 tenemos una política ambiental fuerte, con la esperanza de lograr cambios significativos en los resultados y en la conciencia”, afirma Grosso.
La educación ambiental se vuelve prioritaria en un contexto de disputa de los recursos naturales y en el que, según Ruiz del Ferrier, “la pandemia puso en evidencia algo que ya se vislumbraba: debemos cambiar nuestra manera de vincularnos con la naturaleza”.
La Ley de Educación Ambiental Integral ya tiene media sanción de Diputados. Ahora la tratará el Senado.
Martín Vainstein, coordinador nacional de la organización Climate Save Argentina, destaca que están contentos, pero no conformes, con el proyecto presentado. La primera crítica apunta al Artículo 4, que describe los objetivos del Programa Nacional de Educación Ambiental. “En todo el texto se habla de fomentar el desarrollo sustentable pero no se lo define, dando espacio a una zona gris en la que todo puede pasar”, advierte.
El segundo señalamiento es que “el desbalance especista se mantiene”, en tanto no contempla la relación con los animales. “Consideramos que su trato en el marco de la ley sería idóneo por su intrínseco correlato con la relación entre humanos y naturaleza”, declara Vainstein.
Por último, Vainstein expresa su desconfianza hacia la ENEA: “La creación de aún más espacios, donde interactúan distintas instituciones estatales, ralentiza el proceso de implementación”, opina.
A diferencia de Climate Save Argentina, desde Jóvenes por el Clima se manifiestan muy conformes con el proyecto. “Está buenísima la articulación que plantea entre el Ministerio de Educación, de Ambiente y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Por otro lado, quiero destacar que la educación ambiental está contemplada en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General de Ambiente, así como también en tratados y pactos internacionales. Por lo tanto, es una deuda que teníamos”, remarca la activista Luciana de la Serna.
En tal sentido, Ruiz del Ferrier admite que esta política es una demanda de larga data: “Hace muchos años que desde diferentes sectores se reclama esta ley. La sociedad civil, la academia, los gobiernos locales, todos desarrollan programas de educación ambiental. Pero la existencia de un marco normativo que permita poner en marcha la implementación de una Estrategia Nacional de Educación Ambiental trae la posibilidad de orientar las acciones hacia un mismo objetivo: una Argentina sostenible, lo que significa un presente y un futuro posible para las generaciones por venir”.
La ley establece, además, que cada 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, cada provincia deberá “promover una acción comunitaria en la que se fomente el «Compromiso Ambiental Intergeneracional”.
El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo, lo cual para de la Serna “da cuenta de una toma de conciencia por parte del Gobierno y de una voluntad política de hacerse cargo y hacer algo sobre las problemáticas ambientales: es algo para celebrar”, dice, y también lo es la participación ciudadana que “está implicada y fomentada en esta ley porque su intervención es fundamental en el derecho y en la política ambiental”.
“Muchas cosas que se trabajan en el día a día que están contempladas, como los múltiples cruces entre ecología, sociedad, economía, política y cultura”, reconoce Vainstein, aunque señala que “el Estado es quien debería garantizar el derecho a un ambiente sano y sin embargo es el principal responsable de la creación de vidas y territorios de sacrificio. En el proyecto no hay ninguna mención explícita a su rol en la depredación actual de la mano de los extractivismos, del agronegocio, la ganadería industrial y la extracción de combustibles fósiles”. Y concluye que “si bien hubo apoyo ciudadano, no hubo una alta participación”.
La funcionaria Ruiz de Ferrier habla de una toma de conciencia del Estado frente a las problemáticas ambientales ya que “no hay un planeta B”. “El Gobierno argentino comprendió la necesidad de avanzar en estos temas. Por eso, rejerarquizó la exsecretaría en Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, indica.
Aparte de este proyecto, “el Congreso sancionó a fin del año pasado la Ley Yolanda, que obliga a la capacitación en temas ambientales a todos los agentes de la administración pública nacional, de los tres poderes del Estado. Del mismo modo, Argentina ratificó su vinculación con el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, enumera Ruiz del Ferrier.
Pese a las discrepancias ideológicas y acerca del contenido, la necesidad de que la educación ambiental sea ley resulta indiscutible por los diferentes sectores. “Es imposible oponerse a una política pública de esta magnitud, por lo tanto, considero que la aprobación no corre ningún riesgo y en pocos días tendremos la ley”, asegura el diputado Grosso.
Abr 13, 2021 | Comunidad, Novedades
Mónica Leguizamón se acerca a un comercio en Mar del Plata con su barbijo transparente, pero el personal de seguridad no la deja ingresar porque considera que su tapaboca no es apto, pese a que en el Municipio de General Pueyrredón el Decreto 228/20 del Concejo Deliberante reglamenta su utilización en los rubros que brinden atención al público. Vivencias como esta son las que Mónica comparte en su blog “Soy hipoacúsica y qué”.
La gente con discapacidad auditiva se apoya en la lectura labial y los gestos para comunicarse, pero los protocolos para evitar contagios, en ocasiones, la deja más expuesta: “Los barbijos nos tienen más aislados que nunca, en general nos ponemos más lejos de las personas y se lo bajan para hablarnos”, comenta Rosario García, presidenta de la Fundación San Francisco de Asís, dedicada a promover las posibilidades de desarrollo de personas hipoacúsicas y sordas.
El problema se hizo más evidente ahora, que los conductores de televisión comenzaron a utilizar barbijos en cámara, como manera de autoprotección pero sobre todo para dar el ejemplo sobre las conductas de cuidado.
Los barbijos y las máscaras transparentes surgieron como alternativa para cumplir con las medidas de prevención desde un enfoque inclusivo. Hay algunos emprendimientos que los fabrican en el país, como Mila Chemin, cuyos productos cuentan con una “ventana” de acetato para los labios. Sin embargo, más allá de la iniciativa individual, no está regulado su uso en los lugares de atención al público, salvo casos excepcionales.
Los barbijos transparentes surgieron para seguir cumplir con las medidas de prevención con un enfoque inclusivo.
Sandra Ferrero es profesora de sordos y militante por los derechos de las personas con diversidad funcional y, desde la delegación de Río Cuarto del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), logró que se apruebe la resolución 1118/20 para que en su ciudad los funcionarios públicos usen barbijos inclusivos. La normativa invita a replicar la iniciativa a docentes, periodistas y comercios que tengan contacto con personas o transmitan información importante.
“Si las políticas públicas fueran pensadas con perspectivas de diversidad no deberíamos estar haciendo proyectos, cuando estos derechos están plasmados en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad”, afirma Ferrero.
Hay varios modelos de barbijos transparentes, pero tienen un problema. Según García, se empañan y no están preparados para ser usados por largos períodos. Por eso, Ferrero junto con el Consejo Consultivo de Discapacidad de Buenos Aires y otras organizaciones están haciendo circular un pedido en sus redes: “Es necesario que el CONICET, que recomienda un determinado barbijo para la protección contra el covid-19, revea y considere un barbijo en iguales condiciones de seguridad, pero con diseño universal para que sea accesible a todas las personas y que comprenda a aquellas que requieren de la lectura labial”.
La aplicación móvil gratuita Tescucho permite convertir en texto las palabras del hablante.
Como esta iniciativa, en abril de 2020 Leguizamón hizo un video intentando sensibilizar a la comunidad sobre la barrera que representaban los barbijos para muchas personas. Fue tal la popularidad que alcanzó que llegó a la ingeniera María Isabel Arango, investigadora y docente de UNTREF. Con la iniciativa de Arango, el Centro Integral de Servicios Tecnológicos de Acústica y Sonido (CISTAS) de esa universidad desarrolló la aplicación móvil gratuita Tescucho, que permite convertir en texto las palabras del hablante.
García y Leguizamón recurren a este tipo de herramientas para sostener el otro lado de la pandemia, la virtualidad. Sin embargo, el objetivo original de este proyecto, según Alejandro Bidondo, director del CISTAS y coordinador de Ingeniería de Sonido en la UNTREF, era que se use masivamente en atención al público. Mientras tanto, la necesidad de adaptarse continúa recayendo en las personas con diversidad funcional y la situación sanitaria vuelve a poner en evidencia la invisibilización de este colectivo en todos los ámbitos.
