Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre.
Más allá de Argentina, según un informe elaborado por el Instituto por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés) sobre su realización durante la pandemia, en el período que abarca febrero 2020 – junio 2021, más de cien países ya han llevado a cabo sus comicios. En septiembre, el nuestro pasará a integrar la lista de quienes pospusieron y posteriormente celebraron las elecciones.
Ante este panorama, ANCCOM dialogó con tres especialistas en comunicación y política para ahondar en las cuestiones que rodearán a estas votaciones tan particulares: Juan Courel, consultor político; Sergio De Piero, politólogo y profesor de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Buenos Aires; y Mariano Fraschini, doctor en Ciencia política y coautor del libro Liderazgos en su laberinto. Cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI.
Campaña pandémica
De acuerdo al nuevo cronograma establecido por la Cámara Nacional Electoral, el sábado 24 de julio iniciará la campaña para las PASO, que concluirá el 10 de septiembre a las ocho de la mañana, momento en el que comienza la veda electoral. Veinte días más tarde, los partidos políticos podrán retomar sus acciones de cara a las Generales hasta las ocho de la mañana del 12 de noviembre.
Para Courel, lo primero a destacar es un fenómeno que “lleva unos cuantos años” en el que las “campañas de medio término generan poco interés”, por lo que será “difícil llamar la atención alrededor del debate electoral” en el contexto de crisis. En ese camino, según plantea Fraschini, emergen dos agendas: económica-social, usual en cada disputa, y de “calidad institucional”, si es que la logra instalar la oposición, ya que para él es la que “menos chances tiene” de convertirse en un eje trascendental. Por otro lado, De Piero desliza que tendrá que ver más con aspiraciones políticas, ya que el gobierno “necesita consolidar una mayoría en la Cámara Baja” y los opositores “deben resolver una cuestión interna a partir de la definición de liderazgos”.
Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”.
Por otro lado, los tres especialistas acuerdan en la manera en que se presenta la principal oposición de cara a estas elecciones. Courel apunta que habrá un intento de que “la discusión sea más ideológica” por la “dificultad para mostrar capacidad de resolver lo económico”. En la misma línea, De Piero nota una campaña muy agresiva, en la que “no hay propuestas comentadas sino ataques a figuras del oficialismo”.
¿Cómo juega la pandemia?
En un contexto mundial donde el coronavirus y las medidas para combatirlo no tienen signo político, la respuesta dada pasa a ser otro de los motivos de apoyo o castigo a través del voto. De esa manera, en especial para los indecisos, el número de contagios y fallecimientos, la ocupación de camas en el sistema de salud, confinamientos, vacunación y ayudas económicas se suman a la lista de factores. También podría incluirse a la pospandemia en el área de las propuestas de campaña para el futuro.
Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos.
Las crisis son situaciones adversas. Las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos o de la golpista Jeanine Añez en Bolivia, entre otros, lo demuestran. A eso se suman estallidos sin precedentes, como en Chile y Colombia. El covid-19 es, al menos, un condimento a no menospreciar. Sin embargo, las elecciones legislativas con victorias para gobernantes, como en México, compensan el panorama. Fraschini hipotetiza que “hace cinco años que hay una insatisfacción prevaleciente con los oficialismos”, inaugurada por Mauricio Macri en 2015, lo que puede conjugarse con “lo perjudicial para la economía de la pandemia y las respuestas dadas” para terminar arrojando un mejor o peor escenario.
Courel puntualiza que, en ese escenario, “Argentina no está tan mal” pero que el oficialismo tiene que “saber renovar el compromiso de 2019 y regenerar la confianza”. Allí se vuelve relevante la comparación de nuestro país con la región, donde para De Piero el gobierno puede mostrar como logros que “no haya desbordado el sistema sanitario” y el “alto nivel de vacunación”. En definitiva, complementa, “que ofreció cuidado y presencia del Estado ante la situación crítica”.
El número que más interesa
Sin embargo, hay que tener en cuenta que van a ser unos comicios particulares. El dato al que hay que prestarle más atención es a la participación electoral. Acá, y en el mundo, la pandemia provocó una baja de la asistencia, que debe paliarse con las herramientas de cada sistema, por ejemplo el voto anticipado y por correo en Estados Unidos, o con medidas inéditas, desdoblando en dos jornadas, como en Chile.
En nuestro país tenemos al menos dos antecedentes durante este año. Ambos con victorias oficialistas y con una disminución del porcentaje interesante. El 6 y 27 de junio se votó en Misiones y Jujuy, respectivamente. En la primera fue a votar un poco más del 60 por ciento del padrón y en la segunda alrededor del 65. Desde 2001 siempre se había sostenido por encima del 70. Por eso, para Courel, el gran tema es “cómo llamar la atención de la gente” a partir de la “creatividad de los equipos de campaña” y la “total mediatización” de la vida actual.
En contraposición, Fraschini menciona que la menor cantidad en las PASO suele suceder y que aumentará para las Generales, en línea “con una vacunación más acelerada y mejores condiciones”. De Piero coincide en que es esperable que se vea afectada la participación, sobre todo porque “el clima no va a ser electoral”. Agrega, además, que el “entusiasmo en el espacio público va a ser reducido”, señalando que el oficialismo pierde uno de sus recursos más importantes, como lo es la movilización ciudadana.
El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia.
«Las acciones individuales no son suficientes para reducir la emisión de carbono en la medida que necesitamos», explicó Naomi Klein en una entrevista exclusiva por videoconferencia con ANCCOM. «La reducción de la emisión de carbono requiere medidas como la que ocurrió recientemente en un tribunal de Holanda: un juez ordenó que Shell recorte sus emisiones al 50% antes del 2030, es decir, en menos de una década. Ese es el tipo de políticas que nuestros representantes deberían implementar, y estamos empezando a ver a los poderes judiciales dar un paso en ese sentido. Algunos de estos hechos están teniendo lugar por el precedente de la gente joven yendo a los tribunales y quejándose de sus gobiernos por no implementar políticas en línea con lo que acordaron en el Acuerdo de París».
Las señales de urgencia se multiplican: en los últimos treinta días, Canadá alcanzó su temperatura récord en la historia (49,5ºC al noroeste de Vancouver), el océano literalmente se prendió fuego en el Golfo de México, el oeste de Alemania no puede recuperarse de las inundaciones que arrasaron con miles de hogares y el Río Paraná está registrando bajantes históricas. El calentamiento global, antes que una advertencia futura, se convirtió en un fenómeno que tenemos que enfrentar en el presente.
“Nuestra casa está en llamas, y nadie debería sorprenderse de ello”, asegura la periodista canadiense Naomi Klein en el comienzo de su libro En llamas: un (enardecido) argumento a favor del Green New Deal. Su obra llegó a Argentina en febrero de este año editada en español por Paidós. En su nuevo texto, la autora compila una serie de artículos que ponen de relieve la contradicción entre la necesidad de actuar para frenar las consecuencias del cambio climático y el sistema productivo capitalista actual. En sus propias palabras: “No existe forma alguna de lograr que un sistema de creencias que desprecia la acción colectiva y venera la libertad total del mercado encaje con un problema que exige acciones colectivas a una escala nunca vista”.
El Green New Deal
A lo largo de sus notas, Klein enfatiza la urgencia de que los Estados se hagan responsables de intervenir para reducir las emisiones de carbono: ejemplifica con el Green New Deal, un concepto que surgió hacia 2008 por pensadores de la New Economics Foundation, en Inglaterra. El término remite al New Deal, un conjunto de medidas económicas que tomó Franklin Roosevelt en Estados Unidos durante la Gran Depresión para salir de la crisis. El «green» refiere entonces al énfasis necesario de un rumbo económico que tenga en cuenta políticas «verdes». En otras palabras, que impulse la inversión de capitales en fuentes de energía renovables.
Según el ranking de Global Carbon Atlas, un trabajo conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e investigadores de Future Earth, los países más industrializados (China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón) son los que mayor emisión de carbono realizaron en 2019. En este sentido, En llamas recopila estudios científicos que dan cuenta del impacto en la naturaleza que supone el uso de tecnologías al servicio de la acumulación de capital sin una crítica a los motivos por los cuales se originó el desequilibrio en el ambiente.
Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por el estado de Nueva York desde 2019, presentó en el Congreso estadounidense un proyecto de Green New Deal. Si bien no fue aprobado por el Parlamento, sí logró instalar las bases para el debate social en la segunda economía industrializada más contaminante del mundo. Además, la iniciativa propone la generación de empleos dentro del área de las energías renovables, para reactivar el consumo interno a partir de la creación de trabajo genuino.
Argentina verde
La problemática del calentamiento global es, como su nombre lo indica, de alcance internacional. Sin embargo, la cuota de responsabilidad y el margen de acción para revertir la situación varía en cada región del mundo. No es casual que los países del centro de África, afectados durante años por la colonización europea y los mayores índices de pobreza, sean los que menos emisión de carbono producen.
En el caso argentino, donde la tasa de desempleo ronda el 10%, la pobreza alcanzó al 42% de la población en el primer trimestre de 2021 según INDEC, y el principal ingreso de divisas se obtiene mediante las exportaciones agropecuarias, el panorama es diferente. Primero, y principalmente, porque el motor económico no son las industrias sino el modelo agroexportador. Si bien algunos estudios recientes plantean que la ganadería genera más emisión de carbono que la actividad industrial, nuestro país se posiciona en el lugar 32º del ranking anteriormente mencionado.
Mientras que en los países centrales se demanda la reducción de la emisión de carbono, a nivel local Jóvenes por el Clima, organizaciones ambientalistas regionales y periodistas e investigadores independientes, adoptan una forma de reclamo de acuerdo a las necesidades nacionales: alto a la megaminería a cielo abierto, a la pesca ilegal y al uso de agroquímicos -que se encuentran prohibidos en la Unión Europea-; todas estas actividades afectan directamente a la salud y a la contaminación ambiental en nuestro país.
ANCCOM aprovechó la entrevista con la autora de No logo sobre el margen de acción que tiene la juventud y las personas organizadas para hacer cumplir el respeto al derecho humano básico que supone un ambiente sano.
¿Qué le dirías a alguien, quizás una persona joven, que se esté empezando a preguntar por el calentamiento global?
Creo que la gente joven tiene un gran poder moral en este tema. Ya hemos visto que los activistas jóvenes en las calles tiene un gran impacto en cómo los funcionarios públicos perciben el costo político de la inacción. Ese tipo de activismo sigue siendo relevante. El mensaje más importante es que la gente joven, ustedes, son más fuertes actuando juntos.
¿Es necesario tener a gente en las calles gritando que tener un ambiente sano es un derecho fundamental?
Lo que podemos hacer en las calles es mantener la presión, la presencia, la emergencia. Pero los verdaderos cambios van a llegar si las compañías son obligadas a cambiar, no preguntándoles con amabilidad si voluntariamente pueden implementar medidas.
A siete meses de la sanción de la ley para la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, que garantiza el tratamiento de la trombofilia a las personas gestantes, existen herramientas más claras para hacer efectivo su derecho y transitar un embarazo sin complicaciones. Se trata de una enfermedad poco conocida que requiere más campañas de concientización y prevención. Ianina Lis Castro, fundadora del Colectivo por la Ley de Trombofilia, cuenta cómo fue el recorrido hasta la sanción y sobre las dificultades actuales en su aplicación.
Hasta el 30 de diciembre de 2020, para acceder al diagnóstico y tratamiento por trombofilia había que padecer la pérdida de varios embarazos. La norma vino a resolver este problema, pero el camino sigue siendo complejo. La Ley 27.611 prevé la cobertura para dicha patología, con la novedad de incorporar en el texto principios de no discriminación en cuanto a la identidad de género.
Fue creada “con el fin de reducir la mortalidad, la malnutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia”. Vetada por el ex presidente Mauricio Macri, es el resultado de una batalla silenciosa en la lucha y la conquista por la ampliación de derechos.
¿Qué sabemos de esta patología?
La trombofilia es un trastorno en la coagulación sanguínea y desde la definición científica se manifiesta como un desorden del mecanismo hemostático que lleva a la trombosis. La enfermedad trombótica surge como resultado de la conjunción de varios factores: genéticos, ambientales y de condiciones adquiridas que determinan la atención clínica individual. Pueden ser de características hereditarias o adquiridas. La más frecuente y de mayor impacto en ginecología y obstetricia es el «síndrome antifosfolipídico” (SAF), una enfermedad autoinmune, que se presenta principalmente en mujeres jóvenes.
Este trastorno se considera silencioso y es común en personas gestantes; pero en algunos casos resulta difícil llegar al diagnóstico y obtener un tratamiento certero.
En 2017 nace el Colectivo por la Ley de Trombofilia con la finalidad de continuar la lucha por una sanción a favor de quienes padecen la enfermedad. Desde entonces se ocupan de informar, asistir y acompañar a personas con embarazos, interrupciones o en proceso de lactancia.
Inanina Lis Castro, junto a otras treinta mujeres se reúnen los sábados -cuando las restricciones por la pandemia lo permiten- en el local que inauguraron en marzo de 2021, y desde ahí se reparten las tareas orientadas a la concientización, el seguimiento de casos, brindan charlas informativas con especialistas y, a través de sus redes, muestran y cuentan historias de vida.
“Al ser un espacio feminista en donde somos todas mujeres, también es la puerta de entrada para construir redes, contactarse y desarticular violencias de todo tipo sobre los cuerpos”, indica Castro. “Aprendemos -agrega- del problema, nos constituimos con lo que le sucede a la otra.El colectivo es eso. Somos como una red, tenemos un chat y compartimos las veinticuatro horas del día”.
En primera persona
En 2015, Castro quedó embarazada por tercera vez de manera natural, sin ningún inconveniente, pero a los seis meses de gestación sufrió la muerte intrauterina del bebé. “Con el diagnóstico en mano que decía trombofilia, me enteré que había mujeres que accedena ese análisis, luego de las pérdida de dos o tres embarazos. Y a medida que te alejabas de la General Paz eran muchos más. Empecé a preguntarme en dónde estaba la ley para esto. En ese entonces, había un proyecto con media sanción. Mientras estaba pasando mi duelo, se estaba votando una ley en Diputados por la trombofilia”, relata.
Son muchas las mujeres que transitan y pasaron por lo mismo.Por eso, desde el colectivo, impulsany sostienen que “protegernos y anticiparnos -añade Castro- es un bien para todas y que no es sólo un caso aislado. No es sólo para una, nos puede pasar a todas”.
Por eso, el colectivo responde consultas, informa y asesora sobre las herramientas existentes para hacer efectivo el derecho de las mujeres gestantes o con capacidad de gestar. Desde un simple mensaje en redes sociales se puede contactar a sus integrantes para recibir información o asesoramiento. En Instagram y Facebook mantienen un mismo usuario: @colectivoxlaleydetrombofilia, y en Twitter @CTrombodilia. De manera presencial, están en la «Casa Colectivo Matriactiva», un espacio propio en la calle Venancio Flores 3979, en el barrio de Floresta, CABA.
Un poco de historia sobre la legislación
“En febrero de 2016 la iniciativa fue girada a dos comisiones: la de Salud y la de Presupuesto.En ese momento, en el Senado, Juan Manuel Abal Medina era el presidente de la Comisión de Presupuesto. Lo llamé y pedí una reunión. Le conté lo que me había pasado y que padecía de trombofilia. Él me respondió que sabía de lo que le estaba hablando. La ley fue aprobada en noviembre del 2016 y el 23 de diciembre del mismo año, el por ese entonces presidente Mauricio Macri la vetó”, recuerda Castro.
Dicha iniciativa declaraba de interés nacional la protección de las personas portadoras de esta patología. El proyecto indicaba, entre otras cosas, que se incluyera en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnosticaba este problema.
Los argumentos en contra se focalizaron en rechazarla indicando que el estudio temprano no se encontraba recomendado por entidades científicas nacionales e internacionales. “Tuvimos reuniones con los diputados en campaña. Pero durante todo el macrismo la ley nunca se trató. Con el cambio de gobierno se buscó una nueva ley, con atención a las políticas de inclusión de todas las personas, incorporando la diversidad y la elección sin discriminación sexo-genérica”, explica la coodinadora del colectivo.
“Hicimos que llegara nuestra inquietud al presidente Alberto Fernández -agrega-, y el 1º de marzo (en la apertura de sesiones legislativas) anunció que se iban a mandar dos proyectos: el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los Mil Días, para acompañar a las mujeres que quieran maternar y a las que no lo quieran”.
¿Cómo interviene esta nueva ley?
El 30 de diciembre se sanciona la Ley 27611. El Artículo 23 aborda la trombofilia y tiene por objeto a las personas gestantes que cursan embarazos de alto riesgo. La norma establece que la autoridad de aplicación tiene la responsabilidad de impulsar un modelo de atención que priorice las intervenciones comunitarias centradas en el cuidado de la salud integral, el acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal organizadas según la complejidad, los métodos, diagnósticos y los tratamientos indicados. También procurar que los nacimientos ocurran en maternidades seguras conforme el riesgo de la persona gestante o la salud fetal.
La ley permite el acceso a estudios de diagnóstico gratuitos y a los tratamientos, tanto para las personas con cobertura pública como obra social. La clave está en lograr un diagnóstico temprano y el desafío pendiente federalizar la aplicación de la misma para garantizar de forma gratuita en todo el territorio nacional.
“Lo que está haciendo el Ministerio de Salud es facilitar el acceso equitativo con las herramientas que tenemos. Si hablamos de equidad tenemos que hablar de distribución geográfica”, dice Castro en base a experiencias concretas.
“Hay una obstetra de mucho renombre que trabaja con una guía de preguntas basada en antecedentes obstétricos y sobre diferentes síntomas. En los casos que son hereditarios, solemos tener algún familiar en primer o segundo grado que perdió un embarazo o que tuvieron algún accidente cerebro vascular (ACV)”, explica.
Para Castro “una ley puede ser hermosa y estar bien escrita, pero se puede transformar en un instrumento obsoleto si no pensamos en la diversidad. Son muchas las mujeres que no tienen información. Por eso nuestro asesoramiento es necesario.Tenemos varones trans que gestan y a veces pierden los embarazos por esto. Del 2016 hasta ahora han cambiado muchas cosas y podemos hablar de cuerpos gestantes”, sostiene.
Con información llegamos a la prevención
Desde el colectivo advierten que lo importante es conocer los antecedentes familiares y la información preventiva. “Si logramos comprimir todas las preguntas en la primera visita ginecológica, antes de recetar anticonceptivos orales, la persona que se haga los estudios de trombofilia va a ser laque tenga alguna sospecha. Así se reduce el campo. Se puede escapar algún caso, pero no la bestialidad de padecer la perdida de varios embarazos para que te estudien”, adivierte Castro sobre las estreategias a seguir.
El tratamiento médico, en la mayoría de los casos, consiste en la aplicación de heparina, un anticoagulante que permite atravesar un embarazo con normalidad. Habitualmente su práctica requiere la aplicación diaria de una ampolla del antitrombótico, durante los primeros seis o siete meses de embarazo y, en ocasiones, se continúa los 30 días posteriores al puerperio. Comercialmente, cada frasco-ampolla cuesta un estimado de 2.000 a 5.000 pesos, dependiendo del laboratorio fabricante.
La medicación debe ser entregada de acuerdo al pedido médico tratante, sea por medio de un hospital público, obra social o prepaga, como lo avala el Programa Médico Obligatorio (PMO). La cobertura no solo implica las inyecciones sino los métodos orales que sean anticoagulantes y el tiempo necesario para el gestante.
La mayoría de las personas que tienen trombofilia no presentan síntomas. Es muy importante que las mujeres que tengan dudas o sospechas, consulten con su médico ginecólogo u obstetra según el caso.
“Nosotras socializamos la información. Si la persona gestante, en este caso, no puede acceder al diagnóstico, cuentan con un respaldo que las ampara y que lo habilita. El tema es llegar a saberlo”, informa Castro.
¿Dónde hay asesoramiento?
Desde laSociedad Argentina de Hematología (SAH) se encuentra un cuestionario de respuestas a preguntas frecuentes: ¿A qué se llama pérdida gestacional? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el tratamiento? Además, ofrece diversas recomendaciones, datos para pacientes que toman anticoagulantes y la explicación de cada tipo de trombofilia, así como una lista sobre consejos de cuidado.
También hay información sobre los centros nacionales de esta especialidad, con una llamativa disparidad geográfica. En Capital Federal se encuentran más de veinte centros de Hematología, en La Plata y en Provincia de Buenos Aires tres y en Rosario solo uno.
Por su parte, el Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (CAHT), una sociedad científica sin fines de lucro, que congrega a médicos, bioquimicos y biólogos dedicados al estudio de las enfermedades de la coagulación de la sangre, impulsa el Día Mundial de la Trombosis en Argentina, cada 13 de octubre, con el objetivo de transmitir el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos trombóticos y hemorrágicos.
La Superintendencia de Salud, el ente regulador y controlador de las Obras Sociales Nacionales y Entidades de Medicina Prepaga, es la encargada de garantizar los derechos de la/os usuaria/os sobre las prestaciones. Las consultas son gratuitas.
Desde la entidad, el trámite se puede iniciar de forma telefónica o por asesoría virtual en la página oficial, siguiendo los pasos que indican. Ellos deben informar, responder y facilitar a lo/as ciudadana/os que requieran algún tipo de información sobre su cobertura médica. Se recomienda tener documentación respaldatoria que avale el diagnóstico, sea de esta u otra patología.
La tarea del Colectivo, como otras asociaciones, es la concientización sobre dicho trastorno y los chequeos médicos preventivos. Entregar la información adecuada a toda la población, sobre lo que es la trombofilia, su diagnóstico y tratamiento. “Por ejemplo: con un simple estudio de sangre, una persona, sin importar que, puede detectar, tratar y prevenir muchas patologías. No estamos solas en esto”, sostiene Ianina.
Difundir, acompañar ,visibilizar y socializar son los instrumentos necesarios es parte de un modelo de interacción que demuestra la importancia de la participación comunitaria como eje central para reforzar el sistema de salud, desde una perspectiva que anteponga a las personas por encima de la economía.
A tan solo cinco cuadras del centro comercial de Wilde y de las casas más coquetas del barrio “Las Flores”, se encuentran los pasillos de Villa Azul. Aquel asentamiento que comparten el partido de Quilmes y Avellaneda y que el año pasado se hizo famoso en los medios por ser el primer barrio que las autoridades cerraban a causa del masivo contagio de covid 19.
El barrio popular de Villa Azul data de hace más de 40 años, y se emplaza entre los municipios de Avellaneda (una superficie de aproximadamente 1,5 hectáreas) y Quilmes (aproximadamente 10,7 hectáreas). Fue con la última dictadura cívico militar que se asentaron los primeros habitantes a los dos costados de la autopista Acceso Sudeste. Primero nació Villa Itatí, otro barrio emergente con más de 15 mil personas. Y del lado norte, Azul, quedando en una especie de pozo rodeado de terraplenes por el tránsito que lleva la autopista.
Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires (CeBPBA), realizado por la Dirección Provincial de Estadística (DPE), en noviembre de 2018, la población de Villa Itatí era de más de 15 mil personas que vivían en 4.950 hogares y Azul contaba con 3.128 personas que se encontraban en tan solo 800 viviendas. Lo que demostraba que Azul, a pesar de contar con menos población, tenía un grave problema de hacinamiento ya que parte de esos hogares eran de familias muy numerosas. Hoy, a tres años del relevamiento, esos números quedaron obsoletos, probablemente duplicando los habitantes, haciendo aún más grave el problema de hacinamiento, las desigualdades, pero ante todo la precariedad y la vulnerabilidad en la que cada familia le toca vivir en plena emergencia sanitaria.
Según el último Censo en Barrios Populares de la provincia de Buenos Aires, en Villa Azul viven 3.128 personas, pero aseguran que la población creció geométricamente en la pandemia.
Villa Azul está dividida en varios sectores. Uno de los más conocidos es “La Toma», llamado así por las 52 casas que se habían empezado a construir en el plan de obra en marcha de viviendas y que el gobierno de Mauricio Macri paralizó. El sistema de construcción tenía paredes de planchas de telgopor, protegidas por mallas de alambre y cubiertas luego por cemento. Algunas llegaron hasta la parte del telgopor y el alambre, y ahí quedaron. Los últimos años, alrededor de 80 familias tomaron las viviendas a medio hacer y ahora viven allí en peores condiciones. Por allí se planea comenzar ahora la gran urbanización del barrio que pertenece al partido de Quilmes ya que del lado perteneciente al municipio de Avellaneda la situación es otra. Las familias ya pueden disfrutar de sus viviendas.
El agua potable, la luz, el gas, entre otros servicios básicos, para los vecinos de Azul no lo son y terminan convirtiéndose en anhelos o sueños a alcanzar para tener una mejor calidad de vida.
Valeria Biatto hace un año y medio vive en el barrio. Era de Villa Madero y se trasladó hacia Azul porque allí, en el sector de “La toma”, pudo comprar su casa donde vive con sus seis hijos. Valeria forma parte de una cooperativa que hoy, junto con Aysa, por fin, realiza las obras de agua potable. Además, se mostró contenta de pertenecer a este proyecto que mejorará la calidad de vida de ella y sus vecinos y que, además, significa un destello de luz luego de tantos años y gobiernos que no tuvieron la decisión política de hacerlo. “La gente está cansada de tanta promesa, ya no cree en nadie”, confiesa.
En el cercamiento del 2020 no pudo salir a trabajar, pero también afirma haberse sentido acompañada por parte del Estado “la municipalidad estuvo, no nos dejaron tirados. Mis hijos comieron todos los días, hasta pañales nos dejaron”.
Villa Azul se emplaza entre los municipios de Avellaneda (1,5 hectáreas) y Quilmes ( 10,7 hectáreas).
Andrea Arévalo más conocida en el barrio como Andy, hace 12 años vive en Villa Azul. Su infancia la vivió en Villa Itatí pero cuando formó pareja se mudó al otro lado del Acceso. Andrea vive con su pareja y sus cinco hijos, de entre diez y dos años. Andy contó a ANCCOM que el año pasado, en el cercamiento al barrio, ella y su familia se mantuvieron aislados porque su marido dio positivo de coronavirus pero que, sin embargo, a pesar de no poder salir, tuvieron mucha ayuda por parte del Municipio: desde alimentos hasta productos de limpieza e higiene y que a pesar de estar todos juntos, ella y sus nenes no presentaron síntomas. “La gente de Desarrollo del Municipio y los vecinos nos ayudaron mucho. Me sentí acompañada porque no en todos lados pasaba esto. Me llamaron todos los días para ver cómo estaban mis hijos”, afirmó.
Andrea vive en una de las casas que quedaron inconclusas y cuenta que espera con ansias que se concrete el plan de viviendas “Estamos viviendo muy precariamente, esperemos sea lo más rápido posible porque yo que tengo cinco chicos y uno de ellos tiene asma. Se sufre la humedad, sobre todo cuando llueve”. Andrea y su marido están desempleados hace diez años. Su único ingreso es la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar. Su marido realiza changas de albañilería. Algo tan simple como comer, en Azul, a veces se vuelve complejo. Andrea tiene un comedor que recibe a muchas más familias desde que comenzó la pandemia: “Ahora hay más gente y eso no es de nuestro agrado porque si se suman más personas quiere decir que día a día hay más necesidad”.
Andrea se mudó a Azul porque la familia de su esposo era de allí, ella vivió mucho tiempo en lo de sus suegros y al enterarse que estaban tomando las casas que no fueron terminadas. “Vimos la oportunidad de tener algo propio”, comentó. A los 15 años tuvo a su primer hijo. “Fue muy duro, me la tuve que rebuscar y remar, igual que mi compañero. No tenemos lujos, pero a mis hijos no les falta nada. Comen, están vestidos, van a la escuela. Quiero que terminen sus estudios, como yo no lo pude hacer, la peleo por ellos”.
El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable.
Andrea destaca que fue a partir de la emergencia sanitaria que el municipio empezó a hacer obras y a mirar hacia el barrio. “A partir de la pandemia y del encierro hubo más acompañamiento. El Municipio empezó a meterse más y a ver que hay necesidad y está acompañando a la gente. Hay más obras y trabajo”, dice Andrea en referencia a las cooperativas que funcionan en el barrio.
Un poco más cerca a la calle principal Caviglia, se encuentra María Esther Di Santo, de 68 años, quien vivió la mitad de su vida en el barrio. Para Esther, lo único que hizo el tiempo fue empeorar la situación de Azul. “No veo ninguna mejoría en el barrio, prometieron que iban a hacer las calles y no las hicieron, prometieron el agua, las viviendas y todavía las estoy esperando”, lamentó.
En el aislamiento preventivo al barrio de 2020, a María Esther le tocó estar aislada por dar positivo de coronavirus. Y si bien recibió ayuda por parte del Estado, recalca que fueron tan solo esos días de movimiento y no hubo mucho más. “Mis hijos me ayudaban, me traían cosas. La Municipalidad traía mercadería, cosas de higiene, pero todo el año pasado, ahora nada”. María Esther, también vivía en “La Toma”, pero como allí las casas -que se encuentran en condiciones casi inhumanas- eran de planta alta y por padecer una artrosis severa, tuvo que trasladarse a la vivienda de su hijo a unas cuadras del lugar.
Nancy Rojas trabaja en la cooperativa Potenciar Trabajo y maneja el sector dos de Villa Azul. Realiza tareas de higiene y limpieza en el barrio. Se crió en ese sector para el que hoy trabaja y además ayuda, dando de comer a chicos que acuden a “Alma, corazón y vida”, el comedor que tiene a cargo. En tiempos de cuarentena, se montó al hombro el hambre de los pibes y realizó ollas populares para que las familias que quedaron sin trabajo, no se queden sin su plato de comida.
Nicolas Alejandro Portillo tiene 50 años y vivió toda su vida en Azul. Prácticamente desde que se formó el barrio. De familia numerosa. Se juntó cuando tenía 15 años y tuvo siete hijos. Es vendedor ambulante en los subtes y trenes y además trabaja asistiendo a los vecinos en la entrega de bolsones de mercadería. Nicolás con emoción en sus ojos, cuenta que los primeros años de formación de la Villa fueron duros y de mucha violencia. “Cuando tuve noción yo ya estaba en la calle. Mi vida era droga, alcohol y robo hasta que nació mi hija y pude conseguir trabajo. Fueron años difíciles en Villa Azul. “Hoy puedo caminar por todo el barrio, por los pasillos, pero fueron años de mucha violencia, tiros. Hoy sigue siendo zona roja pero antes era mucho peor”, contó.
El día que cerraron el barrio, Nicolás se encontraba en su casa y anticipando el posible cercamiento, junto a su esposa, habían comprado mercadería “por las dudas” y no le erró. No pudo salir a trabajar por más de un mes, pero, sin embargo, recalcó que “nunca le faltó nada” ya que también recibió ayuda por parte del Municipio. Nicolas ahora se encuentra vacunado con la primera dosis y se muestra feliz de no haberse contagiado, pero sobre todo en aquella experiencia del 2020 que, para todos los vecinos, no es tan solo un recuerdo, sino una advertencia a la continuidad de los cuidados sanitarios.
El cercamiento del 2020 fue un caso excepcional y muy particular, se creyó que el foco de contagio podría ser incontrolable. Desde ya algunos vecinos sintieron el acompañamiento del Municipio mucho más que otros, pero lo cierto es que en Azul reinan las necesidades de todo tipo hace años y se necesita un Estado mucho más presente, no solo que asista en momentos de urgencia, sino que tome la efectiva decisión política de transformar el barrio en un lugar habitable, mejor, donde Nancy y Andy no tengan que recibir a cientos de chicos con hambre. Donde no haya ningún pibe que tenga que acudir a un comedor, o se le inunde la casa. Donde sus padres puedan tener un trabajo y no tengan que esperar 10 años para obtenerlo. Donde las personas mayores como Esther puedan vivir una vejez tranquila y sin deficiencias o padecer lo que vivió Nicolas para tener su casa. Donde todos tengan un verdadero hogar.
El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos obtuvo dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y deberá ser tratado en el recinto. Fue trabajado por las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara Baja. La iniciativa, que tiene media sanción en Senadores, obtuvo este martes 91 firmas a favor sin modificaciones.
“Estamos hoy ante la posibilidad de dictaminar sobre una ley integral y ejemplar en materia de derechos al acceso a una alimentación saludable y también de defensa de los consumidores y consumidoras. Es nuestro deber regular y exigirles a las empresas que vayan de frente, que dejen de ocultar información o manipular los deseos de la gente diciendo lo que no es con estrategias de marketing o publicidad engañosa”, señaló una de las principales impulsoras de la ley, Florencia Lampreabe, del Frente de Todos, bloque que promovió el proyecto.
La ley que se debate plantea un sistema de advertencias de octógonos negros con la palabra “Exceso” para aquellos alimentos que sobrepasen la cantidad recomendada de nutrientes críticos, y regular tanto la publicidad como la distribución en entornos escolares de estos productos con el objetivo de evitar enfermedades crónicas no transmisibles. El proyecto fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores en octubre de 2020. A pesar de tener una gran aceptación entre los representantes, la sociedad y organismos de bienestar de la salud, recién esta semana fue discutido preliminarmente en Diputados, después de cuatro reuniones informativas, con más de 40 expositores.
El proyecto ya fue aprobado con 64 votos a favor y tres en contra en la Cámara de Senadores.
Por esta razón las organizaciones propulsoras, la Fundación InterAmericana del Corazón Argentina, la Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Consumidores Argentinos y la Fundación Argentina de Graduados en Nutrición lanzaron la iniciativa #EtiquetadoClaroYa. A través de la viralización en redes y de su página web invitan a involucrarse y conocer más sobre el proyecto.
Las organizaciones hacen énfasis en que la nueva norma debe aprobarse sin modificaciones del texto original. “Esta ley es integral, porque está el etiquetado, los entornos escolares y la regulación a la publicidad dirigida a chicos. Es un proyecto muy completo y por eso bregamos para que salga tal cual está porque seríamos pioneros en Latinoamérica y en el mundo. El acceso a la información hace una mejor decisión alimentaria”, comentó Florencia Guma, nutricionista y cofundadora de Sanar.
Las disidencias que se propusieron durante el plenario principalmente fueron por el formato del etiquetado y el perfil que se tomará como parámetro para establecer qué producto llevará cada etiqueta. La diputada Carmen Polledo del PRO no comparte que los parámetros sean establecidos por el Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y propuso en su proyecto alternativo remplazar los octógonos negros por un “método menos agresivo y más integral” de categorías de alto, medio y bajo y asignar colores correspondientes: verde, amarillo y rojo. Este sistema es el aplicado actualmente por el Reino Unido. Esta alternativa contó con doce acompañamientos, mientras que la del presidente de la Comisión de Salud Pública, Pablo Yedlin, del Frente de Todos, con disidencias similares y sugiriendo extender los plazos de adaptación de las industrias, obtuvo cinco apoyos.
El dictamen a favor habilita al proyecto de ley a ser tratado en el recinto de Diputados.
Según la diputada Polledo “otra cosa central que está en discusión es si nos conformamos con informar, promover y educar o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras. Es decir, con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios. Sobre esto raya este proyecto y es uno de los principales aspectos de qué sistema de etiquetado se va a adoptar en nuestro país”.
En este sentido, la diputada Lampreabe comentó: “Autoritario me parece a mí, es imponer a la sociedad consumos alimenticios que afectan su salud sin su consentimiento y sin que estén informados”. Aseguró que no se trata de prohibir ningún alimento, sino de informar cuando tiene algún exceso de nutrientes críticos como grasas, azúcares, sodio, entre otros. “Una cosa es cuando uno decide comprarle una bolsa de caramelos a su hijo, a sabiendas que no es lo mejor para su nutrición. Otra cosa muy diferente es cuando le está dando sin saber que hay en los caramelos, en las galletitas, en los yogures o en los cereales del desayuno”, agregó la diputada.
Ante esta discordancia sobre los parámetros de los límites máximos de consumo de determinados nutrientes que puedan tener un impacto o ser perjudiciales para la salud, el Ministerio de Salud de la Nación ha realizado una investigación. En ella compara todos los tipos de etiquetado y concluye que el perfil de nutrientes de la OPS es el que más se adecua a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA). Además, aclara que el sistema de advertencia de octógonos negros tiene los índices más altos de modificación de patrón de compra y comprensión de la información incluso en grupos vulnerables, según la evidencia internacional.
Luego de una jornada de aproximadamente cinco horas, el dictamen a favor habilita al proyecto de ley acerca del etiquetado informativo en alimentos a ser tratado en el recinto de Diputados. Después de varios años desde su comienzo, sabremos si la iniciativa se convertirá en ley y Argentina se unirá a la lista de países con herramientas de salud pública para decidir sobre nuestros consumos alimenticios.
Entre tantos sucesos desconocidos que trajo el virus, uno de ellos son las votaciones en contexto de pandemia. Tras largas negociaciones y debates, a comienzos del mes pasado la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que posterga la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), así como también las Generales, por lo que, a nivel nacional, nuestro país irá a las urnas primero el 12 de septiembre y luego el 14 de noviembre. 
Lo cierto es que el oficialismo alcanzaría quórum propio en la Cámara de Diputados consiguiendo sólo diez bancas más de las que pone en juego, y la situación sanitaria y posible recuperación económica que se frenó en mayo a raíz del aumento de casos, serán las variables más importantes. Lo que está en juego, marca Courel, es “quién y cómo es capaz de generar una salida”. De Piero y Fraschini coinciden en que el gobierno puede llegar a mostrar ciertas cuestiones a favor en ese sentido. Courel agrega que deberá ser capaz de “renovar la promesa del 2019”, haciendo entender que, si no se cumplió, fue “por factores externos”. 
Para bien o mal, gobernar sirve como vidriera de cara a las elecciones, considerando que los titulares del Poder Ejecutivo cuentan con más recursos que sus rivales. Entonces, la situación excepcional de la pandemia beneficia o afecta a los oficialismos. 
El escenario de alerta para votar en pandemia está planteado. De cara a las nacionales, en el trayecto Salta irá a las urnas el 15 de agosto y cuatro días más tarde lo hará Corrientes, única provincia que por ley tiene los comicios desglosados. También se sumará Santiago del Estero, aún sin fecha definida. Estas últimas dos, además de cargos legislativos, eligen gobernador. La cuestión es que deben implementarse medidas para aumentar el porcentaje de asistencia. Ya sea por miedo, cuidado o falta de interés, la clave es conseguir que la mayor cantidad de personas participen para así seguir fortaleciendo la democracia. 
