Ago 10, 2021 | Deportes, Novedades
Las argentinas Erika Mercado y Bianca Farroil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En diciembre de 2009, se sancionó la ley 26573, que permitió la creación del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). El proyecto fue impulsado por la secretaría de Deportes de la Nación y el Comité Olímpico Argentino (COA), con el objetivo de apoyar el desarrollo de deportistas. Los cambios posteriores en la ley han provocado el desfinanciamiento de esta área y afectaron al deporte nacional.
La ley de 2009 establecía que el ENARD sería financiado a través del impuesto del 1% sobre la facturación del servicio de telefonía celular. “Fue una ley que rápidamente demostró su eficacia, porque el deportista de alto rendimiento pudo tener una beca más digna y le permitió a diferentes atletas entrenar, en mejores condiciones y competir en certámenes internacionales”, señala Claudio Morresi, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y ex Secretario de Deportes de la Nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez.
“La creación del ENARD fue muy importante para los deportistas”, explica el gimnasta Federico Molinari. Antes de la creación del organismo, las únicas becas posibles eran aquellas otorgadas por la Secretaría de Deportes y por las provincias. En ocasiones, muchos deportistas debían financiar sus viajes para poder competir en los certámenes tanto nacionales como internacionales y luego la Secretaría devolvía esos montos en pesos, meses después, aunque los gastos hubieran sido en dólares. “La creación del ENARD nos permitió proyectar y planificar a largo plazo, participar en más competiciones. Las becas mejoraron y la obra social nos permitía tener tranquilidad”, destaca Molinari. En la misma sintonía, Morresi señala que previo a la creación del ENARD, “no había ni el presupuesto necesario ni la velocidad administrativa para acompañar a los seleccionados y a los deportistas individuales”. Por otro lado, Molinari ponderó el accionar de la entidad para la resolución de los problemas de los deportistas durante el proceso de olimpíada.
A las becas del ENARD solo pueden acceder quienes tienen posibilidades de participar en los Juegos Olímpicos. Florencia Lamboglia, atleta que se desempeña como velocista, señala que esta medida “deja afuera a muchas promesas y a una gran cantidad de deportistas que aspiran a participar de los certámenes olímpicos”.
Lucas Lautaro Guzman representante argentino en taekwondo.
Tanto Lamboglia como Molinari explican la dificultad del atleta argentino para sostener su actividad. “Definitivamente, no alcanza para vivir con los montos de las becas. Podés tener distintos apoyos, sean provinciales o municipales, pero mayormente los deportistas deben tener un trabajo o tener una familia que los mantenga”, explica Molinari. Lamboglia, por su parte, cuenta: “Me acompañan marcas y tengo un apoyo de la Secretaría de Deportes, pero sé que es difícil tener apoyo y poder vivir de este deporte o del deporte en general en Argentina”.
Qué pasó con la ley
En 2017, la secretaría de Hacienda impulsó una reforma impositiva, con la idea de atraer inversiones y reducir la presión impositiva. Una de las consecuencias fue la eliminación del Artículo 39 de la ley 26573 para eliminar el impuesto que financiaba al ENARD, que pasó a ser subvencionado por partidas presupuestarias del Poder Ejecutivo Nacional.
Varios atletas, alertados por la situación, buscaron una explicación por parte de las autoridades que estaban al mando: “Básicamente era apoyar eso o desaparecia el ENARD”, señaló Federico Molinari. Luego de la decisión de eliminar el impuesto a los celulares, un grupo de deportistas con integrantes del Comité Olímpico Argentino se reunió con el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, en busca de una solución para este inconveniente. En un primer momento, se acordó un monto de dinero que se estimaba, inicialmente, sería superior a los ingresos que se obtenían a través de los impuestos a la tarifa del celular, pero que la devaluación del 2018 y 2019 redujo significativamente y dejó desfinanciada a la entidad. Morresi apunta a la administración Macri por el desfinanciamiento del ENARD, de los clubes de barrio y resalta que “muchas entidades debieron suspender disciplinas por temas presupuestarios” algo que, según él puede generar consecuencias nocivas para el futuro del deporte nacional.
La delegación argentina, encabezada por los abanderados regatistas Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli.
Una investigación efectuada por el periodista Ernesto Rodríguez, fallecido en 2019, explica que entre el 2016 al 2019 el presupuesto de la Secretaría de Deportes descendió un 62% durante las gestiones de Carlos Mac Allister y Diógenes de Urquiza en la Secretaría de Deportes. La causa es la subejecución de la partida presupuestaria que afectó especialmente al área de alto rendimiento. “La falta de presupuesto genera que se deba participar en menos torneos, además de que debe apoyar a menos deportistas y que los montos de las becas no se aumenten”, explica Molinari.
El 30 de enero de 2019 se firmó el decreto 92/2019, que establece la transformación de la Secretaría de Deportes en Agencia. Amparándose en las premisas como “ordenamiento normativo para la toma de decisiones”, la Agencia centraliza la toma de decisiones del ámbito deportivo. Uno de los puntos a destacar del decreto fue la modificación del Artículo 15 de la ley 20.655, más conocida como Ley del Deporte, que establece modificaciones sobre los ingresos de fondos para la Agencia, entre las cuales se incluían la rentabilización de las instalaciones y permitía la venta de bienes muebles y servicios de la entidad. “El pasaje de Secretaria a Agencia tenía como fin vender toda la tierra pública del Centro Nacional de Alto rendimiento deportivo (CENARD) y de algunas instalaciones de Ezeiza para fines inmobiliarios”, señala Morresi. En tanto, Molinari considera: “La agencia tuvo como fin destrabar la burocracia de la Secretaría de Deportes, agilizar trámites y tener apoyo de entidades privadas” y enfatiza: “En el deporte debés tener mayor velocidad en la organización. Un deportista no puede pagar un viaje y esperar que se lo devuelvan de acuerdo a los términos de la burocracia”. En 2019, con el cambio de gestión, Deportes volvió a tener el rango de Secretaría. Durante el 2020 y 2021, el deporte de alto rendimiento se vio afectado por la pandemia de Covid 19, que no solo limitó las posibilidades de entrenamiento a partir de las medidas de restricciones locales como internacionales, sino también con el desarrollo de competiciones internacionales, que se vieron disminuidas debido a la situación pandémica. “Esto fue complejo: entrenaba en casa, en las escaleras y un mini gimnasio que monte en el balcón. Después nos habilitaron para poder salir a hacer actividad física y eso fue mejor”, explica Lamboglia. En tanto, Molinari considera que “Los meses que los deportistas estuvieron parados, afectó mucho en su desarrollo, lo cual impactó en que muchos no pudieron mantener el rendimiento previo a la pandemia”.
Abigail Magistrati en la competencia de barras asimétricas de gimnasia artística.
En mayo de 2021 se suscitó un conflicto por los atletas que debían participar en el Sudamericano de Atletismo que se disputó en Guayaquil. Semanas antes del evento, el ENARD anunció la reducción de la comitiva de deportistas que competirían en el certamen sudamericano. Solo estarían aquellos con posibilidades de podio o con chances de asistir a los Juegos Olímpicos. Esto generó un conflicto entre la secretaría de Deportes y el ENARD por la situación de los deportistas, que alertados por este hecho, buscaron por todos los medios posibles alguna solución para poder participar en el torneo debido a su importancia, no solo por los puntos del ranking para acceder a nuevas competiciones, sino también para mantener las becas. “Hay deportistas que entran dentro del ámbito del ENARD y otros de la Secretaría de Deportes. En ese momento hubo una disputa interna, en donde la Secretaria quería hacerse cargo de algo que no le correspondía”, señaló Molinari.
Los atletas afectados pudieron participar de la compentencia debido al apoyo de Santiago Maratea, un influencer local quien realizó una colecta para solventar sus viajes. “El plan no era comunicarse con Santi, no era el fin. Sólo se dieron las cosas y pudimos avanzar. Se leyeron los tuits y las historias de las redes sociales y llegamos por ahí”, destaca Lamboglia, quien fue una de las caras visibles del reclamo.
Por último, Lamboglia, Molinari y Morresi coinciden en que puede haber medidas para mejorar la situación del deporte en Argentina: “Se debe intentar a regresar a tener una financiación como antes existía” explica Morresi, refiriéndose a volver a implementar el impuesto del 1% sobre la facturación del celular. Para él, otras medidas necesarias son “la federalización del deporte, invertir más en infraestructuras, que haya planes para mejorar las condiciones de las federaciones para realizar más torneos en distintas zonas del país”.
Para Molinari, “el deporte debe ser una política de Estado y algo importante en el ámbito de la educación. Además de generar mejores centros de entrenamiento, fomentar el deporte a través de los clubes y sobre todo una mayor influencia del Estado para que haya más chicos que tengan la posibilidad de acceder a centros de entrenamiento”. En tanto, para Lamboglia: “Hay que seguir insistiendo en políticas deportivas para el futuro de los atletas, para que haya un semillero que esté incentivando. Para que los que están y se van, dejen otra generación y el deporte no muera”.
Ago 10, 2021 | Novedades, Trabajo
Argentina pisa fuerte en el mercado internacional de servicios informáticos: según un relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en 2020 se situó en el primer puesto de la región como exportador de software. Además, cuenta con cinco empresas “unicornio” -OLX, MercadoLibre, Despegar.com, Globant y Auth0- denominadas así por valer más de mil millones de dólares. Pero el cerebro colectivo detrás de estas grandes compañías y hasta de las pymes más pequeñas, son sus trabajadores: un sector que percibe salarios heterogéneos y es codiciado por las firmas extranjeras.
Se estima que, del total de trabajadores informáticos en el país, el 50% gana entre 77 mil y 151 mil pesos, un 25% gana más de 151 mil y el 25% restante puede rondar entre los 30 y 40 mil pesos. Los datos son respaldados por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).
“El trabajador informático nunca estuvo bien pago, y si en otros países empezaba a ser mejor remunerado cuando había más demanda, acá pasa lo contrario de lo que se podría esperar del esquema de oferta y demanda”, explica Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Las empresas y pymes se multiplican, pero desde el sindicato sostienen que los salarios no son competitivos en relación al crecimiento del sector.
La brecha cambiaria agudiza la situación. “A esos mismos trabajadores que pegan el salto en las empresas locales, los tratan de contratar afuera. Eso no está regulado y el trabajador está cobrando entre 3 mil y 8 mil dólares, según quién lo contrate de afuera, y las empresas de acá les están pagando 150 mil pesos”, ejemplifica Tosco. De esta forma, se produce lo que en la jerga se conoce como trabajadores de escritorio o freelance.
Con la transformación digital de los últimos años, sumado a la pandemia y la práctica extendida del home office, el trabajo a distancia entró en auge. Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) advierten que el empleo desde el extranjero “no está atado a las mismas reglas que pueden ofrecer las empresas argentinas de software. La ‘competencia’ ocurre por fuera del marco regulatorio, con plataformas que no pagan los costos laborales y que, de hecho, subsisten con diferentes formas de remuneración, a través de criptomonedas no fiscalizadas, y sin ofrecer beneficios sociales a sus talentos”, señala María Laura Palacios, CEO de G&L Group y vicepresidenta de la entidad.
Desde la CESSI, que reúne a gigantes como Globant, hasta las pymes y micro empresas, Palacios señala que las industrias del software y fintech tienen escasez de profesionales, además de que la oferta de trabajo supera la cantidad de egresados: “Históricamente suelen quedar unos cinco mil puestos sin cubrir, un número que puede crecer a quince mil si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales en otras industrias”.
Sobre este punto, Tosco está de acuerdo. Pero además de lidiar con la fuga de trabajadores de escritorio, señala que el problema está, muchas veces, en que “el sector empresario termina organizando toda el área de formación pensando más en el negocio de las empresas y de la concentración, que en el trabajo y el desarrollo de la persona”.
A principio de este año, un curso de programación que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la CESSI -el Plan Argentina Programa- se vio sobrepasado con más de 46 mil inscriptos, cuando el cupo establecido era para unos 10 mil estudiantes. Los cursos pueden representar una salida prometedora para aquellos que no tienen tiempo de hacer una tecnicatura o carrera universitaria, pero aún falta desarrollar su alcance.
Otra demanda de la Asociación Gremial de Computación es la necesidad de incorporar paritarias que incluyan en el aumento a todo el sector industrial informático. Uno de los ejes en que se apoya el pedido de paritarias de los gremialistas se basa en la exención impositiva que tienen las empresas a través de la Ley de Economía del Conocimiento sancionada en 2020. Esta ley ofrece beneficios para las que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentran la producción de nuevas tecnologías con valor agregado y el fomento de nuevos puestos de empleo y becas para los trabajadores. A cambio, se reduce el Impuesto a las Ganancias, se rebajan un 70% las contribuciones patronales y no se pagan derechos de exportación.
¿Es posible insertarse en la llamada “sociedad del conocimiento»? Desde el gremio aseguran que hace falta mayor redistribución de las ganancias -sobre todo de las grandes empresas- para lograr una recomposición salarial en los sueldos de los trabajadores y evitar, en parte, que sean tentados con la posibilidad de trabajar para el exterior. Si bien el sector de servicios informáticos representa el tercer complejo exportador de la Argentina, aún puede potenciarse mucho más, siempre y cuando el Estado, las empresas y el gremio logren fomentar el empleo de calidad y retener a los trabajadores, para que produzcan valor agregado tecnológico en el suelo que habitan.
Ago 8, 2021 | Novedades, Trabajo
Este sábado, bajo la agenda de “tierra, techo y trabajo”, se desarrolló una movilización convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Como viene sucediendo desde la primera convocatoria ocurrida en el año 2016, contó con la participación de numerosas agrupaciones sociales, políticas, gremiales y representantes de comedores comunitarios.
A propósito de la coincidencia con la fecha de homenaje a la figura de San Cayetano, patrono del pan y trabajo, y en el contexto de la gravísima crisis económica agudizada por la pandemia, la concentración inició a las 8 de la mañana en la Iglesia de este santo en Liniers, donde se unieron con la peregrinación de los Misioneros de Francisco quienes venían caminando desde el miércoles desde Luján. Luego partieron rumbo a Plaza de Mayo con tres paradas previas en Flores, Once y en la Feria de Plaza Congreso, respectivamente.
En Plaza de Mayo, una multitud de personas de distintas organizaciones político-sociales esperaban a la columna que llegaba de Liniers. Mientras tanto, desde el escenario preparado para el acto central, se incitaba constantemente al uso correcto del barbijo y a mantener la distancia. Una vez arribada esta última columna, y tras entonar las estrofas del Himno Nacional, se dio lectura de un documento en el cual, al tiempo que se habló de las nuevas injusticias sufridas por los sectores populares en el contexto pandémico, se exigió la aprobación de un salario mínimo universal, un abordaje integral de la economía popular, políticas de inclusión para las personas en situación de calle, acceso a créditos no bancarios y cumplimiento de la ley de góndolas, entre otras cuestiones.
Luego fue el turno de los oradores. El primero en hacer uso de la palabra fue Gildo Onorato, secretario general adjunto gremial de la UTEP y miembro del Movimiento Evita, quien celebró el reciente reconocimiento de aquella organización gremial como sindicato y destacó la labor del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, aclarando que a pesar de las diferencias siempre escuchó los reclamos de los trabajadores. En este sentido se encargó de brindar su apoyo a la candidatura como diputado nacional de Arroyo, explicando que con él la agenda de los trabajadores populares tendrá su lugar en el Congreso. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que las cooperativas tomen preponderancia en la producción, accediendo a nuevos mercados de consumo y adquiriendo reservas con el objeto de reactivar la economía desde abajo, otorgándole protagonismo al polo obrero.
En segundo lugar habló Norma Morales, secretaria general adjunta de Somos Barrios de Pie, quién apuntó contra las acusaciones mediáticas que afirmaban que la marcha era en contra del gobierno actual y un foco para la propagación del virus. Por el contrario, aseguró que los movimientos sociales fueron los primeros en asistir, cuidar y proteger a las personas de los barrios populares de la información falsa. Además, reclamó por el reconocimiento económico a las mujeres que realizan tareas esenciales dentro de los barrios y que están invisibilizadas. Al mismo tiempo, aclaró que la categoría de “planeros” es una falta de respeto, ya que lo que se está pidiendo es el acceso a una vida y salario digno.
Posteriormente tomó la palabra Dina Sánchez, secretaria general adjunta de UTEP e integrante del Frente Popular Darío Santillán, quien en un ferviente discurso celebró el retorno de los militantes a las calles y el valor del nuevo sindicato para todos los trabajadores que hasta el momento estaban excluidos del sistema. Aseguró que la única salida para la situación que atraviesan las economías populares es el trabajo colectivo, y propuso a los actuales candidatos discutir la agenda de tierra, techo y trabajo.
El cierre estuvo a cargo de Esteban Castro, Secretario general de la UTEP y militante del Movimiento Evita. Al igual que el resto de los oradores, destacó la importancia de tener un sindicato, valoró el esfuerzo de las columnas que marcharon desde San Cayetano y le pidió a este santo que bendiga a todos los asistentes. Finalizó su discurso, celebrando la unidad en la lucha por los derechos de los excluidos.
El eje de esta marcha, que se replicó en distintas áreas del país, fue el concepto de trabajo digno para los sectores populares. Los interlocutores coincidieron en manifestarse en contra de la actual concentración y extranjerización de la economía, que –señalan- es totalmente opuesta a la idea de la construcción de una Argentina con menos pobreza. Así y a partir de esta movilización buscan que el presidente Alberto Fernández y sus asesores se hagan eco de estos pedidos, en clave de visibilizar la defensa social y económica de las distintas organizaciones comunitarias.
Ago 6, 2021 | Deportes, Novedades
Cerca de 5.000 hinchas de San Lorenzo se reunieron la mañana del 5 de agosto último en las puertas de la Legislatura porteña para acompañar la sanción de la Ley de Rezonificación, que ya había tenido media sanción el 19 de noviembre de 2020. Esta normativa permite, entre otras cosas, permitir que el club alce su nuevo estadio sobre esos terrenos que comprenden las calles Inclán, Avenida La Plata, Las Casas y José Mármol, del barrio porteño de Boedo, perdidos a manos de la última dictadura cívico militar argentina en 1979.
¿Pero dónde comienza el exilio y reclamo de esta “Vuelta a Boedo”? Su primer hito fue en 1977. En el mes de junio, a poco más de un año del comienzo de la última dictadura, Las Madres de Plaza de Mayo realizaron su primera aparición en un acto público. Justamente en el Estadio de San Lorenzo de Avenida La Plata. Algo que disgustó y mucho a Osvaldo Cacciatore, intendente de la ciudad desde 1976 a 1982. A respecto, José María Muñoz, periodista y vocero del gobierno dictatorial intimó a las autoridades del “Ciclón”, en la antesala del Mundial de 1978, en base a lo sucedido con Las Madres: “El brigadier –por Cacciatore- está muy disgustado con el club, por la permanencia en su predio de la Avenida La Plata”.
Dos años más tarde, el 2 de diciembre de 1979, se jugaría el último partido en El Gasómetro. Fue un empate sin goles entre San Lorenzo y Boca. A partir de allí comenzó una pérdida de masa societaria del club. Para comienzos de ese año El Ciclón que entonces contaba con 33.000 hinchas, llegaría a 1983 con menos de mitad, según aseguró Adolfo Res, historiador de San Lorenzo. Algo que, acompañado de los malos rendimientos deportivos, terminó en el descenso del club a la segunda categoría del fútbol argentino en 1981: se convirtió en el primer equipo “grande” en hacerlo. Y según cuenta el medio “Proyecto Boedo”, en 1981, Cacciatore tuvo siete reuniones con el presidente del CASLA, Vicente Bonina, y lo presionó para que el club apure su salida de Avenida La Plata.
Para 1980, con el equipo ya en segunda división, se realiza la primera movilización de hinchas que exigía que San Lorenzo pudiera volver a jugar en su cancha. Algo que se ve coartado por el ejercicio dictatorial que impedía la movilización popular en cualquiera de sus formas, según lo establecido por el Comunicado N°19 de la Junta Militar del 24 marzo de 1976.
A pesar de todo esto, San Lorenzo recupera la categoría vendiendo más entradas que todos los equipos de Primera A. Un suceso que regó de alegría al pueblo azulgrana que para ese entonces hacía las veces de local en el Estadio de Vélez. Pero la historia recién estaba comenzando a escribirse.
En 1983 la Ordenanza 38.696 de la Ciudad actuó y dejó sin efecto al área delimitada por la Avenida La Plata y las calles Inclán, Mármol y Las Casas. Lo que haría que tiempo después una sociedad fantasma abonara al club 900.000 dólares y esos terrenos se vendieran a la empresa francesa Carrefour por 8.000.000 dólares, que instalaría allí su primer supermercado, en 1985. Desde finales de la década de 1980 viajamos a principios de los 2000. Más de 20 años pasaron para que en 2008 se impulsara en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley de Restitución Histórica de los terrenos de Avenida La Plata. Esto buscaba devolver al club un terreno lindante con el que pertenecía al estadio, ubicado en Salcedo 4220. Este proyecto, elaborado por Juan Carlos Témez y Marcelo Vázquez, fue presentado por el legislador Miguel Talento y recibió su sanción por unanimidad. Ya para marzo de 2012, 110.000 hinchas de San Lorenzo se reunieron en Plaza de Mayo para pedir por la Ley de Restitución Histórica, normativa que -entre otras cosas-, insta a Carrefour a negociar un acuerdo con el club en el lapso de seis meses, y de no hacerlo establece que el predio será expropiado, corriendo los gastos a cuenta de San Lorenzo. Un año después, en noviembre de 2013, El Ciclón comenzó a construir el polideportivo Roberto Pando en “Tierra Santa” y en 2014 el club firmó un convenio con la cadena de supermercados Carrefour para la devolución del predio y la construcción del estadio para 2018.
El último capítulo de esta historia se escribe entre 2020 y 2021. San Lorenzo necesitaba que la Legislatura porteña sancione la Ley de Rezonificación que da validez al Código Urbanístico propuesto por San Lorenzo, que comprende además de la construcción del estadio, la edificación de dos escuelas, un centro cultural, y todo lo referido a iluminación y seguridad de la zona. Y así fue como este 5 de agosto de 2021, el hincha de San Lorenzo festejó su cita con la historia.
Un escenario acostumbrado a las vestimentas solemnes, la calle Perú y el microcentro porteño, desde antes de las diez de la mañana se comenzaba a vestir de azulgrana. Banderas, carteles, aromas propios de un estadio, se entrelazaban por las esquinas más célebres de Buenos Aires. “Hay que hacer ruido, hay que hacernos escuchar”, dice Alejandro al pasar con un piluso que tapa su frente y que detalla a lo largo y a lo ancho las palabras, a esta altura sinónimos, “San Lorenzo” y “Boedo”, al lado del Café Tortoni.
“Es como recuperar parte de la historia que no conocimos, pero que lo hicimos después a través de quienes la contaron, que fueron muy importantes en esta gesta”, dice emocionado Emanuel. “Vine hace diez años a Buenos Aires y yo cantaba que era de Boedo cuando jamás había pisado esa cancha. Esto no es un final sino un nuevo comienzo. Es construir un club inmenso para un barrio que ayuda al club como así el club también lo ayuda”, concluye.
Y un día, San Lorenzo volvió a Boedo.
Ago 5, 2021 | Comunidad, Novedades
La bajante del Río Paraná se acentúa, y el agua brilla por su ausencia. Desde la cobertura de ANCCOM del año pasado, el problema no ha hecho más que agudizarse. En ese momento se hablaba de la peor bajante desde 1971, y ahora el arco se corrió a la de 1944, con miras a ser aún peor que aquella que marcó un hito hace 77 años. Los pronósticos no son alentadores, las causas aún son fuente de estudio y debate, las consecuencias pueden empeorar. Una cosa es segura, la bajante es histórica y no hay soluciones sencillas para un río, que pese a ser de los más caudalosos del mundo, es noticia porque se queda sin agua.
El Instituto Nacional del Agua afirma que la tendencia descendente a lo largo de todo el Paraná en territorio argentino continuará al menos en los próximos tres meses. La bajante es sumamente preocupante por su dimensión y también por su duración. El investigador de la Subgerencia de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del INA, Leandro Giordano, señaló a ANCCOM que no hay recarga hídrica en el Paraná (así como en el Iguazú, que es uno de sus afluentes) desde 2017, tendencia que se agudizó en 2019. En el río Paraguay, otro de los afluentes, la problemática data de mucho antes. El problema es la falta de lluvias. Actualmente estamos en estación seca, el excedente hídrico que alimenta al Paraná se genera en verano, pero lo que llueve en esa estación en los últimos años, no es suficiente. ¿Qué ocurrió el último verano? “Nuevamente predominó el déficit. Si bien hubo algunos eventos concentrados que dieron lugar a algunos repuntes, estos se acoplaron a la tendencia recesiva. No es la recarga que se debería tener para que se recupere el flujo de base, entonces se sigue agotando la reserva”, explicó Giordano.
Para que el caudal se normalice debería llover más de lo normal durante toda una estación. Sin embargo, para el verano se espera una “previsión de normal a debajo de lo normal”, según Giordano. Para el investigador: “Los dos años más semejantes fueron 1944 y 1934: en esos años los mínimos se dieron entre septiembre y noviembre, por lo que una hipótesis es que el mínimo podría darse en esa ventana de tiempo”. Es decir, se espera que la situación pueda empeorar. Lo que ocurrió en aquellos años críticos para que el río se recuperara fue que luego llovió más de lo usual. Algo que ahora no se espera en el corto plazo. Mientras, el agua en los reservorios subterráneos y en los embalses, se consume.
Las consecuencias de la bajante se ven en la captación de agua para consumo urbano, la navegabilidad, por lo tanto también en el comercio, en el ámbito productivo, en la fauna íctica, la estabilidad de márgenes. Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales de la UBA, señaló que “si persiste mucho tiempo la bajante puede afectar a la biodiversidad, a fauna que vive de los regímenes del agua que hay en los humedales. Al no tener los campos inundados, va a cambiar la estructura del suelo y la micro y mesofauna. Va a parecerse menos a un humedal y más a un pastizal”. Monkes puso paños fríos a la discusión que se viene dando en torno a las causas de la problemática: “Es muy apresurado decir que esto es a causa del cambio climático, cuando en 1944 hubo una bajante similar”, afirmó.
Las causas de la falta de lluvias que afecta la bajante siguen siendo motivo de debate. Además del cambio climático, se pone la lupa en la deforestación (sobre todo por el Amazonas, de donde proviene la cuenca), lo que para Monkes no tiene una relación directa, ya que el efecto sería mucho más a largo plazo. Sin embargo, explicó que “la deforestación continuada en el tiempo, más habiéndose incrementando exponencialmente en el últimos años en el Amazonas, puede afectar los regímenes de precipitaciones”. La relación está en que “los ríos aéreos conectan el Amazonas de Brasil con nuestra cordillera, el agua evaporada viaja y al chocar con la cordillera precipita. Estamos en un periodo de sequía natural y eso está afectando toda la cuenca amazónica”. En ese sentido, también se pone el foco en el periodo climático de La Niña, caracterizado por ser más seco, del cual estamos saliendo y entrando en un periodo intermedio (ENOS). A nivel más general, el ambientólogo consideró que “uno de los desafíos del nuevo siglo es empezar a tenerle más respeto a la naturaleza y planificar urbana y productivamente en función de los ciclos del ecosistema”.
Por otro lado, en la cobertura del año pasado de ANCCOM se daba cuenta de un proyecto presentado en el Parlasur, dado que es una problemática regional, de declaración de emergencia hídrica y ambiental. “El proyecto lamentablemente no se pudo tratar”, consignó Julia Perié, una de las autoras, parlamentaria del Mercosur y vicepresidenta nacional del Partido Solidario. “De todos modos se mantuvieron las gestiones que permitieron que Brasil abriera las compuertas de las represas para que larguen más agua”, agregó. En los últimos días sin embargo, el gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Hídrica por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. “Me parece importante porque la situación sigue siendo muy grave”, opinó Perié, “seguimos viviendo una situación de emergencia ambiental que nos preocupa mucho”.
Así las cosas, poca agua sigue corriendo por el río, y su ausencia deja a su paso postales dramáticas, consecuencias inversamente proporcionales a su altura e incertidumbre de cuando finalmente se revertirá la situación, y llegará el alivio a sus costas.
Ago 4, 2021 | Comunidad, Novedades
Organizaciones sociales y ambientalistas buscan frenar un nuevo emprendimiento inmobiliario que el bloque Vamos Juntos tiene pensado para la Costanera Sur. Mañana, el oficialismo de la Ciudad intentará aprobar el proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Costanera Sur, con torres de hasta 145 metros, que replica el modelo urbano de los edificios de altura de Puerto Madero. Se trata de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors, pero que fue cedido a empresa IRSA.
El 29 de julio último, la oposición logró frenar el debate parlamentario a través de una medida “precautelarmente” por incumplimientos en el proceso. El convenio urbanístico fue presentado por el Gobierno de la Ciudad el martes 27 de julio pasado, pero el juez de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, dictó la medida precautelar al hacer lugar a un amparo presentado por organizaciones sociales y ambientales que denunciaron que el convenio iba a ser sometido a una votación, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Constitución de la Ciudad.
El Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes, argumentaron que el gobierno de la Ciudad no cumplió con la audiencia pública obligatoria que establece el Artículo 63 para proyectos de planeamiento urbano: “Antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”. Además, no se presentó un estudio de impacto ambiental del emprendimiento como indica la Ley 123 de «Evaluación de Impacto Ambiental» que busca la realización de un “procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente”.
El vicepresidente del bloque del Frente de Todos (FdT) y de la Comisión de Planeamiento, Javier Andrade, explicó que desde el macrismo hace tiempo insisten con el proyecto: “Antes se llamaba Solares de Santa María y ahora Costa Urbana. Y en esta oportunidad, en el convenio urbanístico que proponen, ceden algunas hectáreas para parque, pero siguen consolidando esta idea que vienen trayendo hace tiempo de barrios náuticos, barrios cerrados y barrios privados”, explicó.
En caso de que el plan se apruebe se levantará un nuevo Puerto Madero en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors con un permiso de 12 a 145 metros de altura para las futuras construcciones de viviendas residenciales y locales comerciales. A modo de contraprestación por la reforma, la empresa desarrolladora deberá ceder a la ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas de la parcela que serán destinadas a un espacio de acceso público, alcanzando una superficie total construida aproximadamente de 900 mil m2.
“Es muy problemática la situación teniendo la Reserva Ecológica en frente y el barrio popular Rodrigo Bueno al lado. Y, por otra parte, la Ciudad Deportiva está en un lugar que es un humedal, protegido desde 2005, y que obviamente no se atiende a los movimientos de tierras ni se sabe cómo va a ser. Tiene que haber una evaluación para saber qué impacto puede tener eso para ver cómo van a avanzar. Estamos hablando de torres de 145 metros de altura, y arroyos internos, con amarraderos”, comenta el legislador de Frente de Todos.
La figura de barrios privados o cerrados, clubes de campo o náuticos, de acuerdo al Código Civil y Comercial, se consideran conjuntos inmobiliarios, ya que cierran el espacio urbanizado. A raíz del convenio, se va a generar un aumento exponencial en relación al valor de este predio. Se puede estimar que, a partir de la firma, solo el valor del suelo va a tener aproximadamente 1.600 millones de dólares cuando el grupo IRSA compró este terreno a 50 millones de dólares en 1997. “Nosotros no negamos que existe la herramienta, lo que planteamos es que en la Ciudad de Buenos Aires no cabe esa situación. Tanto por la densidad de población, por la falta de tierras que tenemos, y porque sigue encareciendo aún más el suelo. Estos emprendimientos tan caros, como el que proponen para Costa Urbana, lo que hacen, en términos de acceso a la vivienda es encarecer aún más el suelo, y por ende encarecer el alquiler y el acceder a una vivienda propia”.
En la charla publica virtual “Costa urbanizada vs. Costa Urbana” realizada el martes 3 de agosto por la Red de Asambleas Barriales y la organización Tierras Ferroviarias Verdes, la ingeniera María Eva Koutsovitis (miembro de Pensamiento y Políticas Públicas y de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria) explica los impactos que un proyecto de estas características puede generar en el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en particular en el borde costero. La Ciudad de Buenos Aires enfrenta dos amenazas de origen natural que son las olas de calor y las lluvias extraordinarias. “Si pensamos en relación a la cantidad de servicio existimos que brindan las superficies verdes vamos a encontrar otros datos importantes: la Ciudad de Buenos Aires es una de capitales del mundo con menor superficie verde por habitantes, por lo tanto, es un absoluto contrasentido que en la última década la ciudad se haya desprendido de 150 hectáreas de superficie verde”, señala.
La construcción consolida una fractura urbana, entre ciudad ribereña mirando al río, destinada a los sectores de mayor poder adquisitivo y una ciudad mediterránea, de espaldas al río, que va a acceder a los servicios urbanos. Además, Koutsovitis explica que resolver el problema de las inundaciones no es construir grandes conductos para transportar los excedentes de agua de lluvias, es poder abordarlas integralmente para no solo transportar de manera controlada los excedentes, sino también potenciar otros de los procesos fundamentales para su investigación: el proceso de retención a través de las superficies verdes y arbolado, el proceso de infiltración y el proceso de evacotransportación que las cubiertas vegetales llevan a cabo. Cabe destacar la importancia estratégica de recuperar los bordes costeros para mitigar los ascensos del nivel del río, de desentubar desde la desembocadura hacia aguas arriba los arroyos, y por sobre todo, recuperar y preservar los humedales costeros.
Continúa vigente la medida precautelar de detener el tratamiento legislativo del proyecto hasta que se presente el estudio sobre el impacto ambiental. Mañana, 5 de agosto, el bloque Vamos Juntos buscará tratar el proyecto en el recinto.
