Mar 23, 2019 | DDHH, Novedades
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Mar del Plata es la ciudad turística argentina por excelencia. “La feliz”, sin embargo, se convierte en un mote que oculta consigo grandes desigualdades en la sociedad marplatense. En principio, ocupadas sus playas por familias pudientes y turistas europeos, la Biarritz rioplatense pronto fue inundada por aguas de clase media y recelos patricios. Quizás ese sea el inicio de una cotidianeidad conflictiva y violenta que sucede hace ya tres cuartos de siglo. Con esa descripción se inicia La Feliz, continuidades de la Violencia, historias de la ultraderecha marplatense, el film de Valentín Javier Diment, se estrenó el pasado jueves 21 de marzo en el Gaumont y se seguirá proyectando allí, todos los días a las 14.45 y 20.15.
El documental a cargo de Diment se enmarca en las investigaciones sobre la ultraderecha marplatense que Pablo Waisberg y Felipe Celesia plasmaron en el libro La noche de las corbatas (2016). El secuestro, desaparición y asesinato de siete abogados laboralistas en 1975 deja al descubierto el letal accionar de la Concentración Nacional Universitaria, un grupo paramilitar de extrema derecha con manifestaciones fascistas, en connivencia con la Policía Federal. “La idea del film es plantear las conexiones que hay entre la violencia paraestatal de los setenta, vinculada a ciertos sectores sociales y a ciertas ideas de superioridad racial, y los recientes episodios de discriminación y vandalismo por partes de grupos autodenominados neonazis. Hay nombres y organizaciones que se repiten”, señala Diment.
El guión del documental fue ideado por los autores de La noche de las corbatas y Federico Desántolo, quienes para el film se arriesgaron a incorporar testimonios de personajes controversiales como Carlos Pampillón, quien fuera candidato a intendente del partido de General Pueyrredón en 2015 y que ha manifestado, abierta y reiteradamente, que “los milicos se quedaron cortos” o que “los 30.000 son un invento para seguir financiando zurdos”. “Es interesante ver a Pampillón explicar sus ideas con soltura, ya que realmente son atroces. El problema es que hay gente que coincide en gran parte con ese discurso. Desde Carlos Arroyo (intendente de General Pueyrredón), que defiende a la dictadura (de la que fue funcionario) hasta las patotas y las organizaciones nacionalistas, católicas y de derecha (de antes y de ahora; con nombres parecidos y modus operandi calcados). Con el respaldo institucional, el amedrentamiento hacia la militancia resurgió”, explica Pablo Waisberg.
Consultados por ANCCOM, sobre las dos campanas presentes en el documental, Diment y Waisberg reflexionan que “la experimentación documentalista plasmada tiene su causa. Suele prestársele más atención a la víctima, pero acá lo cabal es meterse en la cabeza de estos personajes controversiales, saber qué piensan y ver qué tan seguros hablan de las barbaridades que hablan. Son personajes que, más allá de agredir en las calles y hablar ante una cámara, juegan políticamente y, lo más importante, opinan con sus ideas sobre el espacio público. Es fundamental saber qué pasa por ellos”. Además de Pampillón, aparecen en el film Nicolás Márquez, escritor y abogado ultraconservador e ideólogo de plataformas políticas (como la que compartió poco tiempo antes con Javier Milei), y el abogado Cristian Moix, defensor de acusados por crímenes de lesa humanidad y, por si fuera poco, el pelotón de jóvenes neonazis juzgados en 2017 por ataques a militantes políticos y de derechos humanos en Mar del Plata.
Los testimonios de Carlos Petroni, militante atacado por la CNU en un tiroteo, y de Marta Sánchez de Candeloro, secuestrada, torturada y abusada por miembros de la CNU y de la Policía Federal, aportan experiencias sobre el accionar violento y perverso de la derecha armada. Activistas por la libertad sexual y del Movimiento Antifascista de “La Feliz” agregan actualidad al recelo fascista.
Valentín Javier Diment y Pablo Waisberg.
A través de sus virtuosos saltos de continuidad y abundantes testimonios, el filme pone en evidencia que las patotas con cadenas y bates en la mano, águilas bicéfalas en el pecho y esvástica en las paredes son, en esta década, un calco de los inicios de la Triple A, y de su secuaz costero, la CNU. “Así empezaron en los setentas. Gritos, pintadas, banderas. Luego, golpizas, amedrentamiento y persecución. Con un gobierno de derecha, comenzaron las torturas, desapariciones y asesinatos en el espacio público. Hoy estamos en un gobierno que los pone cómodos, hablan más, aparecen más. Así también los ataques”, explican Diment y Waisberg.
La Feliz, continuidades de la violencia, es una advertencia.
Mar 22, 2019 | Comunidad, Novedades
La Justicia dio marcha atrás en la aplicación de un viejo decreto menemista que había aplicado Cambiemos.
Devolver las pensiones por discapacidad eliminadas por el gobierno desde 2016, de acuerdo a un viejo decreto menemista que no se aplicaba. Y suspender la resolución que generaba un engorroso circuito para demostrar ante las autoridades, en un plazo de 10 días, que se cumplían los requisitos para obtener aquellas. Esas son las consecuencias del fallo de la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, ante el recurso de amparo que presentó la Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI).
El pasado 15 de marzo, ese tribunal declaró inconstitucionales los artículos del Decreto 432/97 que imponen restrictivas condiciones para obtener una pensión por invalidez. También lo hizo con la Resolución 268/18 de la ANSeS, que fija un circuito administrativo de notificación ante la suspensión y caducidad de pensiones no contributivas por invalidez, en la que el afectado posee 10 días para ofrecer las pruebas necesarias. De no cumplir este paso en tan poco tiempo, su pensión era dada de baja.
Ayer, en una conferencia de prensa realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el presidente de REDI, Marcelo Betti, declaró: “Algo que caracteriza al colectivo de personas con discapacidad es su nivel de bajos ingresos consecuencia de la poca oferta genuina de trabajo tanto en el sector privado como en el público. Este último no cumple con la reglamentación de cupo laboral vigente que es del 4 por ciento. Por otro lado, es un colectivo que suele tener mayores gastos que el promedio de la población porque muchas personas necesitan algún tratamiento o incurren en gastos adicionales para el cuidado de su salud.”
Según datos preliminares elaborados por el INDEC a partir del estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, en Argentina hay 3.571.983 personas de seis años o más que padecen algún tipo de discapacidad, lo cual representa el 10,2 por ciento de la población total. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término discapacidad abarca las deficiencias entendidas como problemas que afectan a una estructura o función corporal, las limitaciones de la actividad -es decir, dificultades para ejecutar acciones o tareas- y las restricciones de la participación.
“Discapacitado es aquella persona que necesita distintas apoyaturas pedagógicas, sociales, económicas, culturales, para poder llevar adelante el normal desarrollo de su vida”, explica Andrea Finkelberg, psicopedagoga especialista en discapacidad y ex directora de la Escuela 508 para personas sordas e hipoacúsicas, ubicada en la localidad bonaerense de Sarandí. “Las pensiones que se han querido quitar –agrega- no son un beneficio que otorga el Estado. Son un derecho de las personas con discapacidad y por lo tanto tiene el Estado la obligación de proporcionarlo”.
Desde el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social viene quitando arbitrariamente pensiones no contributivas por discapacidad y poniendo trabas burocráticas a la hora de acceder a ellas. La aplicación del decreto menemista de 1997 y la resolución del ANSeS que exige demostrar en 10 días que se cumplen los requisitos para tener la pensión (previo llamado obligatorio a una línea telefónica), forman parte del mismo proceso.
Marcelo Betti señala: “Esos menores ingresos y mayores gastos hacen que las personas con discapacidad sean uno de los colectivos más excluidos, vulnerados y al mismo tiempo invisibilizados por el común de la sociedad. El promedio de las personas con discapacidad está bajo la línea de pobreza, con necesidades muy significativas. En ese marco es que el Estado nacional comenzó con la quita indiscriminada de pensiones no contributivas”.
Varina Suleiman, abogada de REDI, agrega: “La sentencia declara que es inconstitucional la exigencia de pedir turno al 130 y saca a su vez una medida cautelar suspendiendo los efectos de esta resolución. Quien haya recibido una carta a documento que decía que debía iniciar ese trámite, ha quedado sin efecto. El Estado deberá sacar una resolución que sea respetuosa del debido proceso”, explicó.
Asimismo, las incompatibilidades, por las cuales las pensiones se darían de baja, se detallan en el Decreto N° 432/97 que exige, entre otras condiciones para poder acceder a una pensión por invalidez, que la persona no debe poseer bienes, ingresos o recursos que permitan su subsistencia ni tener parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Tampoco debe encontrarse incapacitado de forma total y permanente, es decir, que su capacidad laboral se haya reducido en un 76 por ciento a causa de su invalidez. Se destaca que la sentencia baja ese porcentaje al 66%.
“Para que el fallo se cumpla se necesita presupuesto. A partir de la sentencia, las personas que perdieron sus pensiones en el 2016 por los recortes masivos y arbitrarios, tienen derecho al resarcimiento de esas pensiones. Si bien la Ley de Presupuesto Nacional ya está sancionada, el Jefe de Gabinete de Ministros tiene facultades para reasignar partidas presupuestarias y necesitamos que el Congreso respalde los derechos de las personas con discapacidad”, sostiene Suleiman y remarca: “Necesitamos hacer realidad esta sentencia y empoderar a las personas para que ningún otro gobierno liberal se las quiera llevar puestas”. ¿Cumplirá el fallo el Poder Ejecutivo?
Mar 22, 2019 | DDHH, Novedades
“Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia».
“Este megaproyecto tiene busca sostener y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Acá no estamos hablando de partidos políticos, esto tiene que ser transversal a todos los diputados de este parlamento. La famosa grieta en materia de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad no tiene que existir porque somos humanos, defendemos lo humano, queremos sociedades mejores y entendemos que no puede haber sujeto que justifique ningún acto que hayan cometido los genocidas en esos momentos”, lanzó Horacio Pietragralla, diputado de Unidad Ciudadana en el marco de la presentación del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y a Justicia, redactado por Abuelas de Plaza de Mayo y presentado el jueves por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del 43 aniversario de la última dictadura cívico militar.
En la presentación del anteproyecto también expusieron los diputados Daniel Arroyo (Red x Argentina), Brenda Austin (UCR) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), ya que se trató de una convocatoria amplia con la intención de afianzar consensos en materia de derechos humanos. No pudo faltar tampoco la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Buscarita Roa, a quienes Pietragalla agradeció profundamente: “Ellas saben que yo les debo parte de mi vida porque si no se hubieran organizado para preguntar por sus nietos muchos de nosotros no podríamos tener la posibilidad de recordar a nuestros seres queridos”.
Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas, fue el encargado de abrir la presentación del anteproyecto de ley y explicar cada uno de sus nueve capítulos con el objetivo de abrir el debate y generar consensos. El anteproyecto busca institucionalizar algunas de las conquistas del movimiento de derechos humanos, revertir medidas regresivas en la materia e instalar la agenda de Memoria, Verdad y Justicia en el debate electoral que se desarrollará durante este año. Entre los ejes que aborda se incluyen diversas temáticas como la educación para la memoria, la prevención del negacionismo, la preservación de archivos y material documental, así como la aceleración y difusión de las causas judiciales en curso, entre otras.
Rosa Roisinblit, Abuela de Plaza de Mayo.
Sobre la educación, el anteproyecto propone en su Capítulo IV que en todos los establecimientos educativos del país, ya sea públicos o privados, se realicen prácticas educativas en los niveles primario, secundario y terciario con el objetivo de reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Este eje se encuentra en sintonía con los otros que buscan prevenir y erradicar las prácticas que nieguen tales hechos históricos. Tal es el caso del Capítulo VIII que le otorga facultades esenciales al INADI, que pasaría a llamarse “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo”. En la misma línea, el Capítulo IX establece que si bien las expresiones negacionistas no son penalizadas, sí se agravan los delitos que son cometidos con el objetivo de minimizar, justificar o negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Otro de los pilares del anteproyecto se encuentra en el Capítulo I que instaura que los jueces deberán darle prioridad a las causas judiciales que tengan por objeto investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad respecto de las referidas a delitos comunes. Por último, el Capítulo III le otorga carácter intangible al material que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que no podrá alterarse ni destruirse.
Si bien todos los presentes coincidieron en que el anteproyecto es un trabajo prometedor que surgió como resultado del esfuerzo y la lucha del colectivo de los derechos humanos, también convinieron en que no será fácil su aprobación. En este sentido, Pietragralla recalcó el grave retroceso en materia de derechos humanos que predominó en los últimos años y alertó por el no funcionamiento de las comisiones del Congreso de la Nación, como la de Derechos Humanos, lo que impidió que causas como la de Rafael Nahuel pudieran avanzar. Daniel Arroyo, en cambio, trató de tranquilizar a los presentes: “Yo llevo poco tiempo en el Congreso, pero me di cuenta que las leyes salen por insistencia y no hay otra manera. Tenemos que hacer mucha fuerza, convocatoria y articulación con varias instituciones para que pueda salir. Creo que nos merecemos una ley de este tipo porque tiene un valor trascendente para los próximos 30 años de la Argentina y va a haber un montón de gente que la va a leer y referenciar”.
El acto contó también con la presencia de nietas y nietos restituidos, diputados, funcionarios, miembros de organismos de derechos humanos, fiscales y jueces, entre otros, quienes también hicieron aportes, como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, las diputadas Marcela Passo y Verónica Mercado, y el juez Daniel Rafecas.
El proyecto busca promover la educación para la memoria, la prevención del negacionismo y la preservación de archivos y material documental,
En diálogo con ANCCOM, Estela de Carlotto destacó la importancia que tiene el anteproyecto para Abuelas y para el país: “Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia. Ha tenido mucho éxito y es muy importante la presencia de los diputados que realmente coinciden. Para nosotros es un acto más de construir un camino de seguridad para que no se vuelva a repetir lo que sucedió”. También expresó la necesidad de la unidad, esencial para que el anteproyecto avance, pero aclaró que el mismo no está motivado por la venganza: “Tenemos que unirnos a pesar de las diferencias, las cuales pueden manifestarse pero no como enemigos. Abuelas es un organismo alegre aunque parezca mentira, se festeja la vida todo lo que se puede. Los nacimientos, los casamientos, los cumpleaños y cada encuentro de nietos es una algarabía. Esto es así porque buscamos sin rencor y sin odio, no hay revancha. Si no tenés malos sentimientos entonces estás bien con vos mismo”, finalizó Carlotto.
Mar 21, 2019 | DDHH, Novedades
Alfredo Mantecol Ayala, Lila Pastoriza, Gabriela Alegre, Ana María Soffiantini, Miriam Lewin y Manuel Franco.
A 15 años de su primera visita a la exESMA tras la recuperación de la democracia, sobrevivientes de ese centro clandestino de detención volvieron a recorrer esta semana el predio que se convirtió en símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
En el marco de una actividad organizada por el Directorio de Organismos de Derechos Humanos del Espacio de Memoria, Alfredo «Manteco» Ayala, Ana María Rosita Soffiantini, Miriam Lewin y Lila Pastoriza volvieron al lugar donde estuvieron secuestrados para recordar aquella visita motorizada por el ex presidente Néstor Kirchner. Aquella secuencia terminó luego con la transformación de la Escuela de Mecánica de la Armada en un espacio de Memoria.
Quince años después, los sobrevivientes recordaron aquel 19 de marzo. «Había un clima de mucha emoción, pero también de tensión», recordó Lewin. La periodista participó de esta nueva recorrida y de la charla posterior a la que también se sumó Gabriela Alegre, ex legisladora y parte del grupo de organización de aquella visita.
Lewin confesó: “No quería participar de la visita porque consideraba que, si estaba el Presidente, era un acto público y debía participar la prensa. Igualmente, el hecho de encontrarme con mis compañeros y saber que uno está ahí, me hicieron asistir, más allá de las diferencias”.
«La memoria y la búsqueda de la verdad es una construcción en la que tenemos que intervenir todos»
Los sobrevivientes recordaron que fuera del predio, sobre la reja que da a la Avenida del Libertador, se manifestaba un grupo de padres de cadetes que no querían ser trasladados. “Había carteles, gritos, nos increpaban, y nosotros simplemente los mirábamos”, dijo Lewin. Y agregó: “Había un acuerdo tácito de no responderles de ninguna manera”.
También recordó que recorrieron el predio en grupos de dos o tres personas, reconociendo el lugar y las modificaciones que había sufrido. “Había un equipo de presos especializados en carpintería, plomería, que se ocupaban de correr paredes, bloquear de puertas, anular ascensores, para evitar el reconocimiento del lugar”, recordó.
Por su parte, Soffiantini destacó que el recorrido de aquel entonces fue “realmente impactante. Resultó un hecho trascendental para la Memoria y para buscar la verdad, una construcción en la cual tenemos que intervenir todos”.
La visita conmemoró la primera vez que los sobrevivientes reingresaron en libertad al predio, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner.
Lila Pastoriza definió aquella época como un tiempo de mucho debate. “Había gente que no creía que había que expropiar, incluso hasta el día de hoy”, reconstruyó Pastoriza. “Fue importantísima la decisión política de Néstor Kirchner -aseguró-, que fue un tipo absolutamente convencido de todo lo que había que hacer en ese sentido. Fue muy genuino en esta cuestión”.
“Esa visita del 19 de marzo fue un antes y un después para nosotros –agregó-. Fue encontrarse con un lugar en donde habíamos estado, habíamos reconocido, habíamos hablado en el Juicio a las Juntas sobre este lugar, habíamos declarado en el exterior, habíamos hablado mucho, pero no habíamos vuelto”.
Mantecol Ayala recordó unos días previos a la visita del 19 a la ex ESMA. “El domingo anterior me había llamado el secretario de la Presidencia y me había dicho que Néstor Kirchner quería entrar conmigo a la ESMA. Y yo no sabía qué decirle. ‘¿Qué Néstor?’, le pregunté”, recordó.
“El día que visitamos el predio por primera vez -continuó-, me bajé del micro y Néstor abrió los brazos como a 30 metros de donde estaba y me saludó. ‘¿Qué hacés Mantecol?’, me dijo. Me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar. Esos días fueron de una total locura para mi corazón”, declaró.
«Kirchner me puso su mano en mi hombro y me pidió que le cuente todo sobre el lugar», recordó Ayala.
Alegre recordó el proceso “complejo” para organizar la apropiación del predio, entre Nación, la Ciudad y los diferentes organismos defensores de los derechos humanos: “En aquel entonces, como también hoy, había un debate muy fuerte en torno al destino del predio”, dijo y continuó: “Con Nación hicimos la lista de los sobrevivientes y fue una oportunidad impresionante poder entrar. El edificio estaba en funcionamiento, todavía había dormitorios de cadetes”.
De cara a un nuevo aniversario del golpe militar, este domingo 24, el Espacio Memoria y Derechos Humanos inaugurará la muestra “Conquistas de la memoria” el sábado a las 18:00. Por la noche, se realizarán “audioguías” y proyecciones en el edificio.
Mar 21, 2019 | Comunidad, Deportes, Novedades
El microestadio de Atlanta fue diseñado para albergar a 16.000 espectadores.
El 14 de marzo, el titular del juzgado Nº 10 en lo Contencioso Administrativo, Aurelio Ammirato, dio lugar a la acción presentada por el colectivo de vecinos de Villa Crespo y suspendió de esta manera la explotación económica del Microestadio de Buenos Aires Arena, que se encuentra a cargo de la empresa AEG Worldwide y el grupo La Nación.
El estadio cubierto fue diseñado con 30 metros de altura y una capacidad para 16.000 personas. Se planeaban organizar allí unos cien espectáculos al año. Nada de esto sabían los vecinos, hasta que el 28 de marzo leyeron un artículo en el diario La Nación que decía: “El Luna Park ya no estará solo: Buenos Aires tendrá un nuevo estadio techado en Villa Crespo. Un arena como los que se levantan en las grandes ciudades del mundo”.
Un proyecto de tal envergadura necesita, según la Ley Nº 6/98 de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que la autoridad responsable habilite un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la edificación. Además, este tipo de obras necesita, según la misma norma, diversos permisos de impacto ambiental. “Estos permisos no se hicieron y por eso estamos acá” declaró Jonatan Baldiviezo de la Fundación Ciudad a ANCCOM.
Los afectados tomaron rápidamente cartas en el asunto. Los vecinos de Villa Crespo se autoconvocaron. Por medio de su organización y la intervención de la Fundación de la Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un recurso de amparo colectivo para declarar nulas las habilitaciones ecológicas y ambientales para construir el estadio cubierto más grande de Buenos Aires.
“Es razonable presumir su incidencia potencial sobre la capacidad de la infraestructura vial y de servicios”, dictaminó el juez al conceder el amparo. También señala que la empresa Metrogas ha tomado en cuenta el caso y ha declarado que la provisión del servicio de gas no es factible debido a la cantidad de suministro que necesita una obra de esta índole. Pero también aclara que la distribuidura gasífera recibió una declaración del proyecto como de uso residencial del servicio y, por ejemplo, no refleja el uso de los locales gastronómicos que tiene proyectada la obra.
Al mismo tiempo, la constructora solicitó a AySA la provisión de cloacas y servicio de agua para 19.840 m2 Pero la superficie total a construir es, en realidad, de 28.715 m2.
EDESUR, a su vez, manifestó solo una mera factibilidad de provisión de servicio ya que la empresa AEG Worldwide no presentó las actuaciones tramitadas ante la Agencia de protección Ambiental ni la documentación necesaria para que la distribuidora pueda precisar el caudal a brindar.
A nivel transporte, según detalla la sentencia, el único programa de manejo de tránsito y transporte contenido en el estudio técnico sólo se refiere a contemplar a la situación de los servicios de traslado público en etapa de obra y no durante la explotación del proyecto.
En dialogo con ANCCOM, Ingrid, vecina de Villa Crespo y una de las representantes del colectivo La Voz Vecinal explicó qué cambió con respecto a la situación conocida en 2018: “Lo más significativo fue que se amplió el grupo de personas que está movilizado. La gente no se movilizó antes porque no estaba enterada y en la medida que se iban enterando se iban indignando”.
La actividad, según los vecinos, impactará tres veces por semana en su vida cotidiana, lo que ha generado la decisión política de manifestarse y organizarse. En base a esto, Ingrid mostró su felicidad por la concesión de la medida cautelar: “Nos da mucho orgullo. Lo importante es que el diagnóstico del juez fue el mismo que el de los vecinos, algo que es de sentido común. Es irrisorio pensar una obra de esta envergadura sin un estudio de impacto ambiental. Los pasos a seguir es realizarlo y esto cambia totalmente las cosas. Eso implica contempletar cosas que ni si quiera estuvieron en consideración, como el estacionamiento y los servicios públicos”.
Si bien el proyecto de ley N° 5.874 de 2017 fue aprobado por 46 de 57 legisladores, hubo casos como el de la legisladora por el FIT, Laura Marrone, y dirigentes de la izquierda como Luis Zamora y Vilma Ripoll que se manifestaron públicamente en contra del microestadio.
“Estamos en plena campaña para sumar apoyo. A pesar de esto tuvimos gente simpatizante de Atlanta que nos han sido hostiles sobre todo en Facebook, diciéndonos que si no nos gusta la situación, que nos vayamos del barrio” cuenta la entrevistada.
Ante estas amenazas, los vecinos acudieron a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad, a cargo del abogado Marcelo D’Alessandro. Ingrid dijo al respecto: “Lo más triste de esto es que nuestro problema no es con el club, sino con la Ciudad que es la que entregó este terreno para el usufructo de AEG Worldwide y a La Nación.”
Los vecinos entienden que el gran beneficiario es el capital privado y que el problema no es con Atlanta. En reunión con los organizadores del proyecto, los vecinos declaran haber sido acusados de entorpecer la obra. Además, el conflicto también se genera cuando AEG Worlwide y La Nación fueron eximidos, según la Ley de la Edificación, del pago de impuestos por 40 años. Y además, cabe aclarar que Atlanta, según aseguró Ingrid, recibirá sólo el 0,3% de la facturación del proyecto.
Mar 20, 2019 | Comunidad, Novedades
Marcha en el Congreso por el cambio climático.
Unas 400 personas, en su mayoría jóvenes preocupados por la situación ambiental de Argentina y el mundo, realizaron una manifestación frente del Congreso de la Nación para hacer pública la emergencia en la materia. La actividad se replicó en 80 países bajo el lema «Friday For Future» o «Viernes por el futuro».
El movimiento juvenil global que salió a las calles fue promovido por la activista sueca Greta Thunberg, quien con 16 años realiza convocatorias frente al parlamento de su país desde principios de 2018. A partir de entonces, todos los viernes Greta se niega a concurrir a su colegio como modo de protesta, se para frente a líderes políticos y pide al Estado que se tome en serio la problemática ambiental. Con su corta edad se ha convertido en una figura de lucha en cuestiones ambientales y fue propuesta para Nobel de la Paz 2019.
En la Ciudad de Buenos Aires organizaciones de jóvenes tomaron la propuesta de Greta y replicaron una acción frente al Congreso argentino. “Nos llamó la atención como en Europa se estaban movilizando y en América Latina no se estaba haciendo nada, por eso empezamos a formar lo que hoy es Jóvenes por el Clima Argentina”, comenta Nicole Becker, vocera de la organización integrada por chicos y chicas de entre 15 y 18 años.
La concentración estuvo protagonizada por la juventud local y activistas de organizaciones ambientalistas. Todos coincidieron en el apoyo a la protesta internacional y también reclamaron por políticas ambientales concretas. “En Argentina hay varias urgencias climáticas, una muy preocupante es la inacción total del Estado en materia de fitosanitarios, agroquímicos y agrotóxicos. No hay regulación, hay cada vez más evidencias de que el glifosato es nocivo para la salud, el Estado no está haciendo nada en la materia, así después suceden episodios como la muerte de Antonella González en Gualeguaychú”, comenta Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y fundador de la revista especializada La Vuelta al Mundo. En la actualidad Gualeguaychú registra gran cantidad de enfermedades producto del uso de pesticidas que afectan a la población.
«Me cuesta decir que en política ambiental se esté haciendo algo bien en estos últimos años. Vemos una política de maquillaje, una reducción de lo ambiental a algo superficial. Hay que corregir muchas cosas y repensar los modelos de desarrollo que existen”, reflexiona Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Hay mucho por trabajar y aprovechar, las empresas dedicadas al reciclado hoy en día están trabajando en un 50% de su capacidad operativa, esto se debe principalmente a los bajos niveles de separación de residuos. Esto es un impedimento ambiental porque son residuos que terminan en el relleno sanitario, y un impedimento productivo porque se podría dar el doble de trabajo”, explica Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de EcoPlas, entidad profesional dedicada a plásticos y medio ambiente.
En paralelo al surgimiento del movimiento internacional, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su último reporte donde establece que con la constancia de la situación actual para 2030 la temperatura global aumentará 1.5°C y provocará graves alteraciones naturales. “Si para el 2030 nosotros no revertimos la situación en materia ambiental que estamos viviendo no va haber vuelta atrás, es un punto de no retorno, tenemos 11 años para hacer cambios drásticos», aporta Carolina Mónaco, Coordinadora General de EcoHouse, asociación cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sostenible.
Los principales funcionarios ocupados del tema ambiente en el país optaron por no apoyar el movimiento, se resguardaron de dar testimonios y tampoco hicieron comentarios en sus redes sociales.
