Oct 4, 2017 | Culturas, inicio
Esta semana el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ministerio de Cultura de la Nación celebran La Semana del Cine Argentino con proyecciones de películas nacionales a precios populares. “Queremos lograr que todos los argentinos vean cine argentino”, anunció el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Sin embargo, la contracara de este festejo es el momento crítico que atraviesa la producción cinematográfica nacional: despidos, ajuste, paralización de la producción, trabas administrativas, tercerización de créditos y cierre de salas. Los cineastas se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente contra el ajuste y la censura en el cine.
El jueves pasado la comunidad audiovisual se movilizó una vez más en defensa de esa industria argentina y en repudio a una medida que atenta contra la producción cinematográfica nacional, la Resolución 942/2017 del INCAA, que condiciona el acceso al Fondo de Fomento Cinematográfico, con cláusulas que dificultan la obtención de créditos y subsidios. La medida afectará, principalmente, a las producciones independientes que necesitan del apoyo del Fondo. De este modo, solo las grandes productoras podrán afrontar los gastos de una película, lo que generará una baja importante en la producción, una correlativa pérdida de puestos de trabajo y, para los espectadores, una posibilidad menguada de disfrutar de una producción diversa.
La multitudinaria marcha comenzó en las puertas del INCAA y finalizó en el Cine Gaumont con una asamblea en la Sala 1, la más grande de los espacios INCAA, pero que resultó muy chica frente a la cantidad de asistentes. El resultado fue la decisión de continuar con el plan de lucha para visibilizar el conflicto. Por eso, en el marco de La Semana del Cine Argentino, los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.
En abril había comenzado “una campaña mediática para ensuciar y destruir al cine nacional” afirma Lucía Ravanelli, delegada de la comisión interna ATE-INCAA. Y es que el 11 de ese mes, Eduardo Feinmann, en el programa Animales Sueltos, lanzó un informe sobre “la corrupción en el INCAA” que comprometía al por entonces presidente del Insituto, Alejando Cacetta. Avelluto decidió echarlo a él y al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito. En el lugar de Cacetta se designó a Ralph Haiek, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente. En la ENERC no fue nombrado hasta el momento ningún rector, por lo que la institución se encuentra acéfala.
Las malas noticias en el cine siguieron en mayo, cuando a fines de ese mes cuatro trabajadores fueron despedidos del Instituto. “En ese momento realizamos movidas y tuvimos varias reuniones con las autoridades exigiéndoles que se los reincorpore, pero no hubo caso y al día de hoy los compañeros están despedidos”, explica Ravanelli. Si bien hasta el momento la situación no volvió a repetirse, en diciembre vencen 300 contratos -renovados por seis meses en julio como resultado de las movilizaciones que inició el sector audiovisual un mes antes-. En este contexto, la Resolución 942 enciende una alarma ya que la merma de producciones conllevaría a una reducción de trabajadores empleados.
Los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.
Mes a mes, la situación se fue agravando. En junio, el complejo ArteCinema de Constitución, uno de los espacios INCAA emblemáticos de la ciudad y con cerca de 100 mil espectadores en el último año, cerró sus puertas debido a que las autoridades del Instituto decidieron no renovar el contrato de alquiler de la sala. “El cierre de este espacio va de la mano de toda una serie de políticas de exhibición que concentran las salas en función de grandes distribuidoras extranjeras y de reducir cada vez más las posibilidades del cine nacional de encontrarse con el público”, señala Ximena González, vicepresidenta de la Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Independiente de Argentina (DOCA). Melisa Tabarcache, estudiante de Dirección de Arte Cinematográfica de la ENERC y ex vecina del barrio de Constitución agrega: “Como futura trabajadora de la industria cinematográfica, estoy presenciando cómo estos espacios se van cerrando y con ellos las vías para acceder a la difusión y promoción de películas. Además, estamos privando a personas que por seis mangos podían entrar a ver una película”.
Ya en septiembre, el domingo 24, Luis Majul en su programa La Cornisa sumó una nueva denuncia al INCAA por supuestas “coimas” y “gastos millonarios para películas que nadie ve con dinero que se podría usar para cloacas”. Frente a este argumento, es necesario recordar que el INCAA es un ente autárquico, público no estatal, que se autofinancia a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, contemplado en la Ley de Cine, compuesto por el 10 por ciento de cada entrada de cine vendida y el 25 por ciento de la recaudación del ENACOM, la cual deviene del impuesto a empresas privadas de radiodifusión en el país debido al uso del espectro radioeléctrico. Todavía no se conoce el final de esta película.
González, la vicepresidenta de DOCA, vaticina que habrá una baja notoria en la producción de películas nacionales porque “el presupuesto del INCAA se está sub-ejecutando y no se está liberando plata de créditos y subsidios a películas que están en proceso de producción, lo que demora su realización, rodaje y finalización”. Además, comenta que hace meses es notorio cómo se ponen trabas administrativas y burocráticas en todos los procesos de producción de una película. “El cine nacional está en peligro y cada día que pasa no solo no hay respuestas a ciertos reclamos sino que la situación se agrava”, sentencia.
Actualizado 3/10/2017
Oct 4, 2017 | inicio, Trabajo
Los trabajadores de Agencia DyN viven una situación de incertidumbre debido a los rumores de reducción de personal e, incluso, de la posibilidad del cierre definitivo. El medio periodístico, que ya cumplió más de 35 años de vida, tiene entre sus principales accionistas a grandes empresas de prensa como Clarín, La Nación, el diario Río Negro y La Gaceta de Tucumán. Si bien aún no se produjeron despidos ni cesación de pagos, el consejo directivo de la empresa le comentó a un grupo de trabajadores que se estarán ofreciendo acuerdos de desvinculación y que los accionistas están decidiendo cómo seguir en un contexto de crisis económica. La situación se enmarca en una realidad durísima del mercado laboral periodístico, en donde durante 2016 se destruyeron más de 2.600 puestos, según los números que maneja el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores, desconfía de los motivos esgrimidos: “No pueden hablar de crisis cuando las empresas dueñas de DyN, como por ejemplo Clarín y La Nación, están diversificando y ampliando sus inversiones”, denuncia. Y argumenta: “Nos dicen que el diario de papel no tiene futuro, pero uno sabe que invierten grandes sumas en la web y en otros proyectos”.
Magrone sospecha, además, que hay alguna relación entre esta situación y los abonados estatales y gubernamentales de la agencia, ya que se produjo una sensible reducción en la cantidad de medios oficiales que se valen de sus servicios para sus publicaciones.
Incertidumbre por los rumores de reducción de personal y cierre definitivo.
“Estamos muy preocupados por la cantidad terrible de rumores”, comenta Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBA. Aclara, además, que al elegirse un nuevo directorio hace algunos meses, los empleados de la empresa pidieron certezas: “Los trabajadores hablaron con autoridades de la agencia, incluso con el nuevo presidente del directorio, y les dicen que están analizando todo pero no definen nada”. Y detalla: “Tuvieron varias reuniones: tanto con el gerente de Relaciones Laborales como con el director periodístico. Ellos reconocen que están discutiendo qué van a hacer, por eso los compañeros están en estado de alerta permanente”.
Por otra parte, si bien no hubo despidos, sí se habló de acuerdos laborales: “La empresa arrancó hablando de abrir retiros voluntarios muy a la baja”, relata Dondero. Y agrega: “Hay rumores de cierre que involucran al gobierno, ya que se cuestiona la utilidad de la Agencia DyN frente a una agencia estatal como Télam. Se preguntan si está de más, olvidando que tiene casi cien trabajadores que necesitan su fuente de trabajo”, sentencia.
Magrone, además, confirma las señales de achicamiento: “En estos últimos dos años, las personas que se fueron jubilando no fueron reemplazadas, eso es todo un signo” dice. Tanto él como Dondero coinciden en que los rumores que se lanzaron parecen ser interesados, ya que consideran altamente probable que los dueños de DyN estén pensando en qué hacer, cuánto achicar o de qué modo cerrar el medio.
Del otro lado del escritorio, ningún representante de la empresa atendió a ANCCOM, mientras que Ernesto Behrensen, director periodístico, reconoció la existencia de estos rumores pero prefirió no hacer declaraciones.
Actualizado 4/10/2017
Oct 3, 2017 | Comunidad, inicio
Por la peatonal pergaminense caminan policías rumbo a “la Primera”. Dejan sus autos a un par de cuadras, llegan en transporte público o caminando. Son las 16:30 del lunes 2 de octubre y en una hora se inicia una marcha en la plaza para reclamar justicia por los siete jóvenes masacrados. Los policías arman dos vallas en las esquinas contiguas a la seccional mientras fuman, dialogan y se ríen.
Madres, padres, amigos, hermanas, hermanos, parejas, hijos, nietos, abuelos y grupos de jóvenes llegan a la Plaza Merced, a una cuadra del lugar de la masacre en la que murieron siete jóvenes detenidos tras el incendio de la Comisaría 1º de Pergamino, el pasado 2 de marzo. Con la Iglesia Merced y el Palacio Municipal como testigos, la columna empieza a tomar forma. Unos 70 carteles sostenidos por palos, colgados del cuello o colocados en las mochilas piden justicia, no olvidar y Nunca Más.
Silvia, madre de Fernando Latorre, uno de los fallecidos, afirma que “la gente de Pergamino no tiene conciencia de las cosas que pasan. Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, se lamenta y agrega: “Hay muchos que juzgan por el lugar en el que los chicos estaban (la comisaría). No decimos que sean inocentes, pero estaban al cuidado del Estado y queremos justicia por eso”.
La multitud permanece allí media hora exigiendo castigo a los culpables. “No es un policía, es toda la institución”, sostienen y el bombo que acompaña la marcha se escucha cada vez más alto. Mientras tanto, en el sexto piso del edificio lindero a la comisaría, una mujer de camisón se asoma al balcón, mira, vuelve a entrar y cierra con fuerza la puerta ventana. Los transeúntes que “pasean” por el centro, al toparse con la manifestación, pegan la vuelta o apuran el paso hasta cruzar la concentración. Un hombre de unos 60 años sale del bar de la esquina, observa la escena con el ceño fruncido, niega con la cabeza, se mete de nuevo en el bar, se sienta de espaldas a la calle y pide un café.
A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“¡Mamá, vení rápido porque nos mata la policía!”, “Hagan quilombo porque nos matan”, los mensajes de texto que los chicos enviaron aquel 2 de marzo todavía resuenan en el corazón de sus madres, que los recibieron. La prima de Fernando Latorre, Ludmila Díaz, apunta al accionar de la policía: “Eran personas y los dejaron morirse, estaban afuera sintiendo los gritos de dolor, sintiendo cómo se quemaban, la peor manera en la que puede morir un ser humano”. Silvia, la mamá, se refiere al maltrato que padecen desde el primer momento: “Los canales nacionales estaban dando los nombres de nuestros chicos antes que nos enteremos nosotros”. Y también culpa a la Bonaerense: “Las pericias muestran que el incendio se inició en el pasillo, no en las celdas. Pasaron 40 minutos hasta que se dio aviso a los bomberos y no desde la comisaría. Lo que pasó en ese tiempo muestra su intencionalidad. Obstruyeron a los bomberos diciendo que habían perdido las llaves de las celdas con las que previamente las habían cerrado, incluso las que debían permanecer abiertas. Como mínimo podrían haberles habilitado el agua de las duchas de las celdas y no lo hicieron, por eso los cuerpos se encontraron todos amontonados en el baño”.
Del otro lado de las vallas, los familiares de las víctimas obtienen lo mismo que les ha dado el Poder Judicial y la Gobernación durante estos siete meses: silencio e indiferencia. Cristina Gramajo, madre de Sergio Filiberto, acusa directamente al Estado: “Tiene una intención claramente marcada respecto a las fuerzas de seguridad que a una la lleva a pensar en la época de la dictadura. Cuando fuimos a la marcha contra el gatillo fácil algunos policías dijeron: `Acá hacen falta 15 gatillos fáciles más´. Esto lo único que genera es dolor y miedo porque sé que mis hijos y mis nietos están en peligro”. Y, en referencia al presidente Mauricio Macri, remata: “Habla de paz y pretende construirla con gente violenta en las calles”.
La marcha continúa hasta la avenida principal. Durante el trayecto, de la misma manera que la policía miraba de afuera cuando los siete pibes morían calcinados, los comerciantes y vecinos miran la escena, sin siquiera un aplauso o una palabra de aliento a las familias. Al llegar a la avenida, un hombre en moto quiere cruzar a través de la gente pero una joven lo frena para que no provoque un incidente. El motociclista, actuando indignación, protesta: “¿Te molesta que quiera pasar? ¡A mí también me molestan ustedes!”
«Marchás y te miran con cara de bicho raro, la indiferencia te pega un poco”, dijo Silvia, madre de una de las víctimas.
Quizás para exorcizar el humo y el fuego que siete meses atrás se llevaron la vida de los siete pibes, que esperaban su condena alojados en condiciones infrahumanas, unas 40 antorchas se encienden y los manifestantes preguntan “¿Dónde está?” No preguntan por Santiago Maldonado –cuyo rostro los acompaña en carteles, pines y remeras–, sino por el principal responsable de la masacre, el comisario Alberto Sebastián Donza, prófugo hace más de seis meses.
Sobre la vereda, un padre sale de la mano con su hijo de una juguetería con una bolsa y un paquete en la mano. Se quedan parados un momento hasta que pasa la gente para retirar su auto estacionado. En la vidriera del comercio se ofrece un “kit de policía” compuesto por pistola, esposas, walkie talkie, gorra y garrote.
Al llegar a la Plaza 9 de Julio, la marcha se detiene y los familiares aprovechan para decir las últimas palabras e invitar a hablar a otras personas. La primera es Mirna Gómez, mujer de Andrés Núñez, uno de los primeros casos de gatillo fácil, allá por 1990. Recién este año comenzará el juicio oral al comisario Luis Raúl Ponce, acusado del asesinato de Andrés. Ponce estuvo prófugo 22 años. Mirna pide que tengan fuerzas porque “esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”.
Mediante una llamada telefónica, Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre en el Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto en 1978, sostuvo que “hay que seguir luchando para que la sociedad deje de incorporar el relato policial de `motín´ ante estas masacres”. La última en dirigirse al público fue Andrea Álvarez, quien pidió no olvidar a su hijo Iván Álvarez, fallecido luego de un choque producto de una persecución policial iniciada por la brigada motorizada GAM del Comando de Patrulla, sin motivo determinado. “Basta de las carreras de la muerte contra los chicos, basta de las persecuciones de la policía motorizada”, reclamó.
Mientras el comisario Donza sigue prófugo, el juez de Garantías a cargo de la causa, César Solazzi, le concedió arresto domiciliario a los cinco efectivos imputados que se encontraban detenidos con prisión preventiva: Sergio Rodas, Alexis Eva, Carolina Guevara, Matías Giulietti y César Carrizo.
La resolución fue apelada por el fiscal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los familiares de las víctimas, pero aun así la Cámara de Apelaciones respaldó la decisión del magistrado salvo en un caso. Ahora mismo, los recursos interpuestos por la CPM y la fiscalía se encuentran bajo estudio de la Sala V del Tribunal de Casación Penal. El argumento de queja es simple: los acusados no pueden estar en sus casas vigilados por sus propios compañeros de fuerza. A siete meses de la masacre de Pergamino, la justicia sigue amparando a los victimarios.
“Esta es una lucha que tenemos que trasladar a toda la sociedad”, dijo Mirna Gómez , mujer de Andrés Núñez, víctima de gatillo fácil.
Se encendieron 40 antorchas para reclamar la aparición de Alberto Sebastián Donza, principal responsable de la masacre.
Actualizado 4/10/2017
Oct 2, 2017 | Comunidad, inicio
A dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, una multitud colmó Plaza de Mayo y las plazas de otras 150 ciudades del país para reclamar la aparición con vida del joven que fue visto por última vez en el violento desalojo de Gendarmería a la comunidad mapuche de Cushamen, en la provincia de Chubut. La marcha, convocada por la familia y organismos de Derechos Humanos, volvió a apuntar a la responsabilidad del Gobierno y de los medios de comunicación tanto en la desaparición como en la desviación de la investigación del caso. “Te estoy buscando, te seguiré buscando. Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine”, expresó Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, desde el escenario montado de espaldas a la Casa Rosada.
Un mes atrás, en la misma Plaza y por el mismo reclamo, policías de civil reprimieron a trabajadores de prensa y ciudadanos que habían participado de la movilización. En los días previos a la segunda marcha se viralizaron formas de cuidado y protección. Tal vez por eso, este domingo se respiró el sentido colectivo de agruparse, de estar con un otro. De todas formas, bajo el mismo modus operandi, un grupo de encapuchados buscó generar incidentes en el momento que los manifestantes desconcentraban pacíficamente. Tiraron bombas de estruendo, intentaron pintar la Catedral y el Cabildo, y agredieron a periodistas de C5N y Crónica.
El acto comenzó alrededor de las 15:45, cuando el cielo nublado permitió que unos pequeños rayos de sol llegaran hasta la Plaza. Hasta entonces, se proyectaron videos de artistas, actores, músicos y referentes de otros espacios que pedían por la aparición de Santiago Maldonado.
Alrededor de 100.000 personas colmaron Plaza de Mayo. Ana Otamendi, 90 años, metro cincuenta, pelo corto y labios pintados de rojo, le contó a ANCCOM que “en la Argentina se vivieron horrores y esta es una nueva mala señal”. Y subrayó: “Como a todas las marchas vengo a gritar ‘Nunca Más’”.
La comunidad mapuche se hizo escuchar a través de un comunicado que envió. “Han querido desligar responsabilidades de la desaparición de Santiago, mediatizando, estigmatizando y volcando una interminable nube de mentiras, cuando todos sabemos que la realidad es una sola. Hay idealizado un falso enemigo interno”.
“Te estoy buscando, te seguiré buscando. Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine”, expresó Sergio Maldonado.
El último video proyectado terminó con la frase “¿Dónde está mi amigo Santi? Digan quién se lo llevó. Si fue Gendarmería, entonces devuelvanlo”. En realidad, terminó con la gente coreando esa frase. En realidad, terminó con una sola voz gritando por la aparición de Santiago. Una voz que abrazó a la familia.
Los únicos oradores fueron los hermanos y las cuñadas de Santiago. Cuatro voces bien diferenciadas. La primera fue Cecilia. Flaca, rubia y con lentes oscuros. Su voz reveló bronca y cansancio. Habló del dolor de toda la familia. “Nadie puede decir nada de Santiago. Laven sus bocas y muerdan jabón. No voy a perdonar jamás a los medios y al Estado, por el dolor que causaron en nuestra familia”, advirtió.
Lo siguió su pareja, Germán. Más directo y afilado, sus palabras vomitaron furia e impotencia. “Son los medios de comunicación a los que les gusta jugar y dar noticias falsas. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales e investiguen correctamente. No se imaginan el daño que causan. Tengan un poco de amor propio, por la profesión y por ustedes mismos”, reclamó. Los aplausos no tardaron en aparecer. Y agregó: “A todos ustedes, zánganos del Estado y parásitos del proletariado, les digo que la familia Maldonado no milita en ningún partido (político) y segundo, el tema es político desde un inicio, desde el momento en que Gendarmería se lleva a mi hermano”. Concluyó preguntando por la presencia del presidente Mauricio Macri; su ministra de Seguridad, PatriciaBullrich; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la gobernadora María Eugenia Vidal. “¿Dónde están que no los veo? Nunca los vi apoyando ninguna marcha”, señaló. Su voz despertó lágrimas. Taty Almeida hizo lo que muchos manifestantes hubiesen querido hacer: abrazar a Germán. Los sentimientos traspasaban los poros de la piel.
Los aplausos no cesaron hasta que Andrea se puso de pie. Su discurso hizo eje en el reciente desplazamiento del juez Guido Otranto y su reemplazo por Gustavo Lleral. También repudió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; y pidió la renuncia de Bullrich. “El dolor aumenta con solo pensar que los responsables pueden quedar impunes”, puntualizó.
El último fue Sergio. Con voz quebrada y ojos tristes, comenzó por agradecer el acompañamiento. Eligió leer una carta escrita para Santiago. La temperatura empezó a descender y el frío llenó la Plaza. “Santiago, donde estés, quiero que sepas que te quiero. Cada día que pasa te lloro más y me pregunto por qué sos vos quien está pasando por esto y no yo. La respuesta es inmediata: nunca me involucré en diferentes causas como lo haces vos”. Concluyó con la frase que reúne un pedido de justicia. “¿Tan difícil es pedir que te devuelvan? Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine”, concluyó.
Finalizado el acto, ANCCOM dialogó con Germán Maldonado, quien reiteró el mensaje que minutos antes había brotado en la Plaza: “Queremos que aparezca mi hermano y que los responsables paguen por lo que hicieron. Siempre desconfié de Otranto, porque es el que mandó a Gendarmería. Yo creo que con el nuevo juez se va a poder avanzar. Confío en él”, puntualizó.
Rubén López, hijo de Jorge Julio López, en diálogo con ANCCOM dijo que siente lo mismo que hace un mes: “Bronca e impotencia. El Estado es siempre responsable por omisión o por acción”, puntualizó.
Otra de las voces que se hizo presente fue la del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien afirmó que “Lla democracia no se regala, se construye con la participación social. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos la democracia se debilita”.
Mirá la fotogalería de ANCCOM:
Actualizado 02/10/2017
Sep 28, 2017 | Comunidad, inicio
Este miércoles, tras cinco días de acampe frente al Congreso de la Nación en vísperas al tratamiento en Senado por la prórroga de la ley 26.160, los representantes de más de cuarenta comunidades indígenas finalmente escucharon con alegría y esperanza la respuesta de los legisladores a sus reclamos: habrá prórroga que los proteja de los desalojos de sus tierras. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.
Desde el pasado sábado 23 de julio, decenas de referentes de Pueblos Originarias provenientes de distintos puntos del país habían instalado una carpa frente al Congreso de la Nación para realizar un acampe que se extendió hasta el miércoles 27, en espera del resultado del debate por la aprobación o el rechazo de la prórroga a la Ley de Emergencia 26160 en la Cámara de Senadores. Esta ley, sancionada en noviembre de 2006, establece la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ancestrales ocupadas por los pueblos originarios. Y a pesar de que el plazo para su renovación vence el próximo 23 de noviembre, en un principio el Senado –con votos de parte de legisladores tanto del oficialismo como de la oposición- había rechazado el tratamiento de la ley que tenía previsto llevarse a cabo el 7 de septiembre. Por este motivo, referentes de más de 40 organizaciones de pueblos originarios, unificados bajo el Colectivo Tierra y Territorio, decidieron viajar cientos de kilómetros para instalarse frente al Congreso para que sus voces sean escuchadas y su lucha se haga visible. Decenas de personas, incluyendo familias con niños, pasaron cinco días a la intemperie en una improvisada carpa, bajo las inclemencias del clima y las cambiantes condiciones de la primavera, entre jornadas calurosas, noches heladas, fuertes vientos y lluvias torrenciales.
En diálogo con ANCCOM, Amaru Choque, referente de la comunidad Aimara, originario de las redes del Tahuantinsuyo, explicó las razones que motivaron la medida: “Decidimos instalarnos frente al Congreso para visibilizar nuestra lucha y mostrar nuestra unidad, mostrar que diferentes comunidades y diversas etnias estamos acá unidos por una misma causa. Nos trae acá el compromiso y el trabajo unido de todas las comunidades. Muchos hermanos tienen que darse cuenta de que si la ley 26160 no se prorroga, van a ser desalojados. Y no puede ser que nos saquen de nuevo de nuestro territorio, como ya lo hicieron hace cientos de años. Estamos con el compromiso de luchar por esta ley. Somos millares, porque somos el pueblo argentino. Todas las comunidades a nivel nacional estamos acá: Mapuches, Tonokoté, Wichís, Qom, Aimara, Kolla, entre otros. Muchos hermanos vinieron de distintas regiones, aun cuando no tenemos ningún tipo de financiamiento. Somos auto-convocados y esta lucha sale de nosotros. No somos una gran organización pero tampoco somos unos cuantos indios locos: somos toda una nación haciendo su reclamo.”
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Cámara de Senadores y ahora pasará a Diputados para su sanción definitiva.
En la misma línea, Gerónimo Campos, representante de la Comunidad Indígena de Pozo Mosoj de Santiago del Estero, manifestó: “Es un gran sacrificio para nosotros venir hasta aquí desde tan lejos sin que nadie nos dé una mano. Es costoso, pero esto es tan importante que no podemos dejar de hacerlo, porque el territorio es parte de nuestra vida. Es la única ley que nos protege a las comunidades indígenas de todo el país. Sin esta ley no tenemos ninguna protección, y más allá del abandono que ya de por sí sufrimos, volvemos a la situación de que nos ninguneen y nos pasen por encima con los desalojos. Nosotros venimos como representantes de todo un pueblo, detrás de nosotros hay miles de familias con chicos, hay toda una población. Por suerte siempre recibimos el apoyo de organismos de Derechos Humanos. No estamos buscando ningún interés particular, sino que se cumplan nuestros derechos, marcados por la Constitución Nacional.”
Por su parte, Otolina Zamora, referente del Pueblo Wichí de Salta, aseguró que de no aprobarse la prórroga, miles de familias de comunidades indígenas correrían el peligro de perder sus hogares y ser expulsados de sus tierras ancestrales. “A raíz de la negativa de prórroga (el pasado 7 de septiembre), armamos un colectivo, el Colectivo Tierra y Territorio, conformada por distintos referentes de pueblos indígenas, por medio de la cual reunimos a las organizaciones indígenas históricas de Buenos Aires y los referentes de pueblos originarios del interior y convocamos a realizar este acampe. Me encuentro acá, en esta lucha por la vida, porque si no se prorroga la ley 26160, muchos de nosotros corremos el peligro de perder nuestra vida, porque perder el espacio territorial para nosotros es perder la vida. Es muy triste llegar hasta la instancia de tener que venir a instalarnos en una plaza por un territorio que sabemos que es nuestro y pidiéndole a los invasores un poco de clemencia hacia nuestros pueblos. Nosotros vamos a resistir y nos vamos a defender con sus propias leyes. En esta lucha están acusando a los pueblos indígenas que se organizan de ser terroristas. Yo creo que no hay más terrorista que el mismo gobierno que deja sin trabajo a la gente, que permite la desnutrición dentro de las comunidades indígenas y en los barrios carenciados, que quiere ponerle cambios a la educación de los jóvenes. Esos son actos terroristas”, denunció Zamora, mientras cortaba fruta en la pequeña e improvisada cocina de la carpa para alimentar a decenas de manifestantes. Y agregó: “Estamos viviendo un proceso de un gobierno «disque-democrático» que en realidad es un gobierno dictatorial sin botas. Por eso estamos acá los referentes y las organizaciones, luchando y haciendo visible la persecución que sufrimos día a día los pueblos indígenas y los sectores marginados de la sociedad por parte del gobierno. Este acampe es una manera de visibilizar la lucha, pero también es una reacción ante las persecuciones y las amenazas de desalojo, que es la muerte para la población indígena. Nosotros no lo vamos a permitir ni nos vamos a quedar en silencio ante un gobierno que nos promete pasado por presente, cuando sabemos que el pasado significa invasión, desalojo, despojo, aniquilamiento, sometimiento y genocidio hacia nuestros pueblos; también es falta de trabajo y miseria. Ese es el pasado que prometen y no vamos a permitir que esa promesa se cumpla.”
Entre las exigencias de los representantes del Colectivo Tierra y Territorio, también estuvo permanentemente presente el pedido de la aparición con vida de Santiago Maldonado, a quien consideran un hermano por su solidaridad con la causa indígena y que permanece desaparecido desde el 1° de agosto tras un operativo de Gendarmería contra manifestantes mapuches.
Las consignas siempre presentes: el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y de Julio López.
Sobre este punto, Zamora declaró: “Pensamos que lo que paso con Santiago Maldonado es una manera de amedrentar a los hermanos no indígenas solidarios con nuestro pueblo, para que no se solidaricen con nuestras luchas. Se la agarraron con él como una cuestión emblemática, prácticamente como un trofeo de guerra para hacer temer a los demás. Aparte de pedir por la liberación de los hermanos wichís que fueron detenidos en Formosa por reclamar sus derechos territoriales, pedimos también por la aparición del hermano Santiago porque corresponde que en un Estado, supuestamente democrático, no haya desapariciones por cuestiones políticas.”
“El hermano Santiago Maldonado fue a conocer sus tierras, porque son de todos nosotros, y se encontró con una causa, una motivación que lo conmovió. Conoció la historia de los mapuches y se afilió a su lucha, igual que los hermanos que están acá. Por eso queremos la aparición con vida de nuestro hermano”, expresó Choque, y añadió esperanzado: “Ojalá en el Parlamento haya una conciencia de adhesión a nuestra causa como la del hermano Maldonado. Esperamos que les cambie la mirada, que es lo que nos ha enseñado Santiago.”
Las expectativas de los acampantes y los pueblos a los que representan se cumplieron: el Senado aprobó con 62 votos a favor y cero en contra el proyecto para prorrogar la ley 26160 por un plazo de cuatro años. Ahora sólo resta esperar si se ratifica su sanción definitiva en la Cámara de Diputados. De aprobarse en esta instancia, la medida tendrá vigencia hasta noviembre de 2021.
“Si bien la ley no es perfecta, por lo menos nos ampara frente a los desalojos. Se tienen que cumplir las leyes que nos han otorgado, porque están dentro de la Constitución. El artículo 75 habla de los territorios indígenas, y en muchos casos no se respeta. No es algo que estamos inventando nosotros, son tratados que se hicieron entre las comunidades indígenas y a sociedad occidental, y esos tratados se tienen que respetar. Queremos convivir todos juntos, y lo estuvimos haciendo. Pero, ¿qué pasa? Como nuestras tierras, hoy en día, son fértiles y tienen recursos naturales que nosotros hemos cuidado mientras que otros terrenos fueron deforestados y atacadas por la minería y las petroleras, nos las quieren sacar”, aseguró Choque.
“Necesitamos que se prorrogue la ley de relevamiento territorial, con un presupuesto acorde al trabajo que hay que realizar y en lo posible que sea renovable para no tener que estar cada tres meses luchando de nuevo por la renovación de esa ley. Necesitamos trabajar sobre la ley de propiedad comunitaria. El resto de los argentinos quizá no sabe que nosotros somos pueblos milenarios, pero lo dice la historia, los técnicos y los científicos. Hace más de 13 mil años que habitamos esta tierra mientras que el pueblo argentino tiene 200 años. Somos pueblos preexistentes y por esa razón peleamos por nuestra casa”, concluyó Zamora.
Actualizada 28/09/2017
Sep 27, 2017 | Comunidad, inicio
Desde hace un mes, la reforma educativa «Escuela Secundaria del Futuro» se instaló en la agenda pública a partir de las movilizaciones y protestas de colegios lideradas por los estudiantes que reclaman un debate sobre su educación y el de las futuras generaciones. Hoy se conoció un recurso de amparo presentado por la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva, y el asesor tutelar de cámara, Gustavo Moreno, que pide la suspensión de la implantación de la reforma educativa en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice un procedimiento previo, con acceso a la información pública completa, que permita un espacio para el debate sobre la reforma.
Los puntos más cuestionados de la reforma son principalmente los que establecen las prácticas profesionalizantes gratuitas como tiempo de estudio del último año de la escuela media; también se critica el modelo de clase que contempla un 70 por ciento de autonomía del alumno, por sobre el 30 por ciento de tiempo con su docente, sumado a la pérdida de contenidos, y la falta de información acerca de cómo se llevará a cabo la reforma, ya que hasta el momento no abunda información al respecto. A partir de estos puntos ANCCOM dialogó con fuentes especializadas y trabajadores de la educación para conocer las preocupaciones y debates que despierta la reforma educativa.
Patricia Sadovsky es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional e Integrante de la Secretaría de Cultura del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). En diálogo con ANCCOM planteó que la formación de la escuela secundaria tiene que ser principalmente en tres líneas: para la ciudadanía, para el trabajo y para la cultura. «Estas tres formaciones tienen que interactuar entre sí. No pueden perderse las demás por enfatizarse una de ellas», explicó Sadovsky en referencia al punto de la reforma que busca que en quinto año los alumnos realicen una porción de la currícula en prácticas para empresas e instituciones, y la otra en formación sobre emprendedurismo.
Los puntos más cuestionados de la reforma son principalmente los que establecen las prácticas profesionalizantes gratuitas como tiempo de estudio del último año de la escuela media.
Una fuente de la estructura educativa del área media del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que prefirió reservar su identidad, explicó que todavía no hay demasiada información de cómo se llevará a cabo la reforma. «Cuando preguntamos todo lo que tenga que ver con el cómo se va a implementar, por ejemplo, las prácticas preprofesionales, nos dicen que todavía falta para que los chicos de primer año lleguen a quinto. Hay cosas desprolijas». Además, confesó que recién la semana pasada –en medio del reclamo de diálogo e información de estudiantes, padres, docentes y gremios- se abrió el espacio a los demás integrantes de la comunidad educativa, ya que hasta el momento sólo se habían realizado mesas de trabajo con algunos supervisores educativos.
Respecto a la necesidad de cambiar la escuela, Patricia Sadovsky explica que hay un gran consenso en todos los sectores de la educación, pero no de la manera en que se ha propuesto hasta el momento, ya que debe haber una planificación en los cambios. Además, considera que la formación para el trabajo excede a que un alumno asista a una empresa. «Aparece una cierta liviandad de que todos los chicos de quinto año van a hacer una práctica y no se garantiza que realmente lo vayan a poder hacer. Se pone el énfasis en la formación de recursos humanos, se prioriza que se construya un vínculo con los establecimientos de trabajo, pero en realidad el acceso al trabajo lo tienen que garantizar las políticas públicas». Jorge Adaro, Secretario General de la Asociación de docentes de Ademys agregó sobre este punto: «Desde el sindicato no concebimos a las escuelas como apéndices de las cámaras empresariales». Opinó además que la prórroga de la reforma no va a cambiar el espíritu que tiene actualmente, por eso el gremio mantiene su total oposición.
Otro de los puntos más significativos de la transformación que impulsa el gobierno, como se mencionó anteriormente, es el modelo clases con un 70 por ciento de autonomía del alumno, y un 30 por ciento del rol docente. La profesora de la Universidad Pedagógica Nacional explicó que hay una tergiversación cuando se piensa en que construir alumnos autónomos implica desvincularlos del docente. «La autonomía intelectual pasa por poder tomar decisiones y ser activo como estudiante. Pero no hay que pensar que el docente no tiene que estar. Tiene que haber un vínculo cooperativo. El docente es un vínculo, un lazo con la cultura».
Uno de los puntos más significativos de la transformación que impulsa el gobierno es el modelo clases con un 70 por ciento de autonomía del alumno, y un 30 por ciento del rol docente.
Otra preocupación de los especialistas es bajo qué régimen quedarán los docentes en la estructura educativa, ya que no queda claro si van a estar normados bajo el Estatuto Docente, mediante el que se regula los derechos y deberes de los trabajadores de la educación. Jorge Adaro indicó que toda la reforma se enmarca dentro del «Plan Maestro» (en referencia al plan del gobierno nacional), al que atribuye una marcada tendencia hacia el modelo de productividad: «Este año probaron proponer que parte del aumento de sueldo estuviera vinculado a la asistencias del docente», recordó Adaro. Explicó que ésto puede ir en línea con otros modelos educativos de Latinoamérica como el de Chile, en donde hay una correspondencia entre el sueldo del docente y el rendimiento de los alumnos. Desde la estructura del área media, la fuente con reserva dijo que todavía no queda claro si los docentes de este nuevo plan se plantean como facilitadores, si formarán parte de la planta orgánica funcional, o si van a ser trabajadores externos. También agregó: «Hay muchas cosas del cómo se va a llevar a cabo la reforma que siguen sin plantearse. En los documentos ya se cambió el nombre y no aparece como ‘Escuela Secundaria del Futuro’, sino como ‘Profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES)’, la reforma que se realizó en 2012», describió Adaro.
La profesora de la Universidad Nacional Pedagógica hizo hincapié en otro punto central: «Lo más alarmante es lo improvisado, propagandístico y lo mercantilizado de la reforma. No están claramente planteados cuáles son los puntos que se quieren transformar. No se puede pensar que los recursos son novedosos por sí solos, como es el caso de lo que se piensa de las plataformas virtuales. Lo que importa es lo que se pone adentro de esas plataformas. No se puede pensar una reforma sin una perspectiva clara».
«Nosotros elegimos nuestro futuro», una de las consignas que llevan adelante los estudiantes.
Actualizada 26/09/2017.
