Las investigaciones más recientes estiman que en Argentina se producen entre 372.000 y 522.000 abortos anuales en la Argentina, números amplios que dan cuenta de la dificultad de registrar con precisión un fenómeno clandestino. Entre 2010 y 2017, en el sistema público hubo, por año, 45.604 egresos por abortos incompletos solo en hospitales públicos. El 0,5% de estas personas fallece por las complicaciones. El costo estimado de tratar estos casos es de 2.586 millones de pesos para el sistema de salud por año, suficientes para tratar prácticamente todos los abortos que se realizan en nuestro país. Estos datos, provenientes de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, dan cuenta del impacto de los abortos clandestinos sobre las mujeres y sobre el sistema de salud.
Ayer, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto. Modificaciones al Código Penal” obtuvo dictamen de las Comisiones de la Cámara de Diputados. El mismo establece entre otros derechos, información sobre el procedimiento y los cuidados posteriores, atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso y acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona, científica, actualizada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como su provisión.
El aborto en la actualidad es la causa del 13,6% de las muertes maternas pero la clandestinidad y la criminalización de la práctica producen un sub-registro de los casos. Se estima que el número de personas gestantes que mueren al año por abortos clandestinos, es mayor. El caso de Uruguay reveló una reducción desde el 37% al 8,1% de muertes maternas por abortos una vez implementada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el año 2012.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aborda una perspectiva económica para analizar los costos fiscales que asume el sector público hoy con el aborto en la clandestinidad y los que dejaría de afrontar legalizando la práctica. Cuanto mayor es el nivel de gravedad debido a un aborto provocado en situaciones de riesgo, mayores son los costos de los tratamientos hospitalarios. En base a un estudio del año 2018, se estableció una probabilidad de ocurrencia de cada tipo de complicación por año: el 67% de los egresos hospitalarios requerirán una intervención leve, el 31% serán complicaciones de gravedad media y el 2% corresponderá a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad.
Médicas, farmacéuticas y economistas, definieron interdisciplinariamente los motivos de hospitalizaciones y una matriz de costos de atención a complicaciones por abortos incompletos, de acuerdo a los valores del sistema de salud público a diciembre del año 2020. Un aborto incompleto leve requiere de un tratamiento ambulatorio con intervención para completar la práctica, como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) o el Legrado Instrumental y tiene un costo unitario de 42.915 pesos. Si es de gravedad media, a estas intervenciones se sumará un tratamiento para infecciones y hemorragias de baja y media gravedad que arrojan un costo de 81.788 pesos. Por último, si el aborto incompleto es de alta gravedad puede requerir tratamientos por lesiones graves intra-abdominales, o por shocks sépticos así como internaciones en terapia intensiva y/o intervenciones quirúrgicas de alta complejidad como la histerectomía. Con este nivel de complicación, el costo unitario asociado al tipo de intervención médica se eleva a 132.425 pesos.
El análisis de los datos relevados permite inferir que el aborto en la clandestinidad – tomando en cuenta solamente los 45.604 egresos hospitalarios– implica un costo de 2.586 millones pesos para el sistema de salud por año. Por el contrario, una práctica segura de aborto puede llevarse a cabo con el uso de fármacos con Misoprostol o mediante procedimientos ambulatorios simples como la AMEU, e incluso el Legrado Uterino Instrumental (LUI) o el Raspado Uterino Evacuador (RUE), dos prácticas menos recomendadas pero necesarias ante un embarazo que supere las 12 semanas. Un aborto medicamentoso puede tener un costo de $6.082 que equivale a una caja de Misoprostol de 12 comprimidos, e incluyendo alguno de los otros procedimientos los costos se elevarían a $15.620.
Julieta – Aborto Primera Persona – Fotos Lucia Barrera Oro / Daniela Moran
Si el total de los abortos clandestinos, 447 mil estimados al año, se realizaran a través de un método medicamentoso –considerando que el 10% de esos abortos no serían exitosos y requerirían una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completarlo- el costo fiscal anual sería de $3.325 millones. El informe del CEPA concluye que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 mujeres, es decir el 95% del total anual estimado. Con el aborto legal, seguro y gratuito, los egresos hospitalarios atendidos a tiempo habrían costado un 88% menos, el equivalente a $314 millones frente a los más de $2.500 millones (costo total ponderado por atención de complicaciones por abortos clandestinos).
En esta última reunión previa a la sesión especial –que se estima puede extenderse hasta el viernes- y a este día de vigilia y movilización, los integrantes de las cuatro comisiones, Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública, adhirieron por mayoría al dictamen del Poder Ejecutivo con 77 votos a favor, 30 por el rechazo y 4 abstenciones. Desconociendo la problemática de salud pública que implica el aborto clandestino, la Diputada Carmen Polledo (Bloque PRO – CABA) manifestó un dictamen de rechazo al tratamiento de este proyecto de ley, argumentando que resulta extremadamente inoportuno, no sólo por el contexto sanitario sino también por la situación de crisis económica. Sin embargo, reconoció que para quienes están en contra de la legalización del aborto, nunca es oportuno su tratamiento.
La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar, esta semana, dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren la salud y la vida. El segundo, instituye al Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la mujer durante el período de gestación y la de sus hijos e hijas durante sus primeros años. Esta semana se inició el plenario de comisiones que ayer concluyó con la ronda de expositores. Hoy será el turno de diputados y diputadas y la reunión para el dictamen, será finalmente la próxima semana.
La presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es un gran alivio para las distintas organizaciones que vienen luchando desde hace años por esta iniciativa. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en 2005 y presentada en distintas ocasiones, 2007, 2009 y 2010, en la Cámara de Diputados de la Nación. Según cifras publicadas por la organización se estima que desde la recuperación de la democracia han muerto más de 3.000 mujeres como consecuencia de abortos inseguros.
El aborto sucede y es un hecho. A lo largo de los años, distintas organizaciones y redes fueron conformándose para brindar el acompañamiento y apoyo necesario a quienes necesitaban atención frente a la decisión de interrumpir un embarazo no deseado. A esta larga lista de movimientos que acompañaban a mujeres que abortaban en la clandestinidad, se fueron sumando lentamente agentes estatales, luego del fallo FAL en 2012 -la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite el aborto legal a personas víctimas de violación-, hasta la actualidad con el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) dispuesto por Ministerio de Salud de la Nación en 2019. ¿Cómo trabajan las profesionales por el derecho a decidir? ¿Cómo vienen acompañando las organizaciones los abortos clandestinos? ¿Cuál es su función y qué experiencias marcaron su trabajo?
Melina Ceccato
Ceccato dice que en las entrevistas ve todas las desigualdades en el acceso a la información, educación y salud.
Melina Ceccato es psicóloga, forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización que forma parte de la Campaña Nacional del Derecho a Decidir sobre el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Trabaja en el Centro de Salud de Primer Nivel de Atención de CABA (Lugano). Ceccato describe que el acceso a la interrupción del embarazo es diferente dependiendo en qué parte del país nos situemos. Y que, si bien la Ciudad de Buenos Aires se unió al protocolo a finales del 2019, la red viene trabajando desde 2014. Sobre su colectivo agrega que “está compuesto por distintos profesionales de distintas disciplinas (Psicología, Medicina General, Trabajo Social, Enfermería, Antropología, Ginecología, Pediatría). Semestre a semestre, a partir de que empezamos a contar con el misoprostol, se fue duplicando el número al acceso de las ILE en los centro de salud”. Además, a partir del año 2018, con la presentación del proyecto de la campaña se realizó una importante difusión que potenció la circulación de demandas de ILE en los centros de salud. “Fue como el momento de descriminalización del aborto y debate. Puso arriba de la mesa una realidad que venía sucediendo y que venía siendo silenciado”.
De acuerdo con los protocolos vigentes, Ceccato insiste en que las situaciones de salud sexual que estén vinculadas a métodos anticonceptivos y embarazos no deseados se deben tomar como una urgencia y debe asistir la demanda en el momento que es solicitado por cuestiones de tiempo respecto a la edad gestacional y poder acceder a la interrupción. “En el centro de salud donde trabajo apenas llega una mujer se la entrevista y se evalúa si tiene un test de embarazo. Primero hay que hacer una ecografía que confirme la viabilidad de ese embarazo (hay distintas situaciones en las que por más que se presente un test de embarazo positivo no siempre es un embarazo viable). Muchos centros de salud no tienen ecógrafos y hay que hacer la derivación. Siempre solicitamos que se haga de manera urgente. Vuelven con la ecografía, se confirma la viabilidad del embarazo y la edad gestacional. Si está dentro de las 12.6 semanas de gestación se puede hacer la intervención de manera ambulatoria en sus casas”, explica Ceccato de acuerdo al protocolo. “Se explican y construyen las causales de acuerdo al marco legal que tenemos en nuestro país y se entrega la medicación y se ofrece la vía de administración de la medicación para que elijan”.
Ceccato advierte que en las entrevistas se logran ver todas las desigualdades, las violencias y las inequidades en el acceso a la información, educación y salud. “Hace poco, vino una señora de 33 años analfabeta. Como es un montón de información que damos en la entrevista le pedimos que viniera con un acompañante para que pudiera facilitar el entendimiento y porque aparte le damos folletería escrita de todo lo que hablamos sobre el procedimiento, además de la medicación”. Es importante hacer hincapié en el soporte que estos centros significan, Ceccato cuenta que una mujer se acercó a una consulta con su hijo de un año en la espalda y cursando un nuevo embarazo “fue una situación de violencia sexual por parte de su exmarido pero que se construyó con ella en la consulta. Ella no sabía que había sufrido un abuso sexual. Estaba acostumbrada a mantener ese tipo de relación y a someterse al deseo y voluntad de su exmarido. Eso también forma parte de la consulta, poder construir en ese momento que fue un abuso”.
Paula Massa
«La aprobación de la IVE significaría el fin de la estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Paula Massa es trabajadora social en Villa Soldati, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Su deseo de participar de un grupo para adolescentes en en ese barrio surgió luego del Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en 2016. “Encaramos un proceso de acompañamiento para que puedan tener su espacio, lo piensen lo creen y empiecen a tomar su lugar dentro de los feminismos”, recuerda. A partir de la creación de este espacio comenzó a acompañar distintas consultas de jóvenes en encuentros que se realizaban una vez por semana. Ese espacio empezó a forjarse un lugar de confianza e identificación para poder hablar de lo que quisieran, cosa que, en otros ámbitos como el escolar o familiar, no podían. Massa resalta la importancia que tiene realizar un acompañamiento no sólo a las adolescentes sino también en sus ámbitos familiares. “A veces es muy difícil cuando sos adolescente y el adulto decide por vos (la gran mayoría de las veces), por eso es importante el vínculo con las familias”. A su vez, resalta la importancia del trabajo en red: “El primer aborto que acompañé yo tenía 24 años, todavía no formaba parte de la Campaña y había cuestiones que fui aprendiendo sobre la marcha. La clave es la red que se arma con las compañeras que están en el centro de salud y desde los hospitales que sí acompañan y garantizan el acceso a la ILE”.
El acompañamiento por parte de los profesionales en distintos centros de salud y hospitales resulta esencial. Massa recuerda un hecho en donde una vecina del barrio en donde estaba trabajando se enteró que estaba embarazada y al intentar acceder a una interrupción legal del embarazo una de las profesionales que atendían demoró la solicitud de ecografía para evitar el proceso. “Le fueron pateando los turnos y con esto se le pasaron las semanas”, agrega.
Sobre una posible implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria concluye: “Significaría autonomía para las pibas, para la decisión sobre sus cuerpos. Para contar con información y no estigmatización en los centros de salud. Significaría que salgamos de la clandestinidad, de poder evitar ese señalamiento y estigmatización por las diferentes situaciones y experiencias que transitan”.
Mariana Kielmanovich, Sandra Bernabo y Cecilia Ferrero
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabó han acompañado a 500 mujeres en el ejercicio de su derecho a la ILE.
Mariana Kielmanovich y Sandra Bernabo son psicólogas y ambas trabajan en el Hospital Tornú. En 2015 inauguraron un dispositivo que en un principio funcionó como Consejería de Reducción de Riesgos y Daños. Finalmente, en 2017, con la incorporación de médicos generalistas en el centro de salud, comenzaron a trabajar como un centro de consultoría con entrega de medicación. Cecilia Ferrero es médica generalista del CESAC 33 y llegó al centro de salud por concurso. Una vez que comenzó allí Mariana y Sandra la convocaron para formar parte del equipo. Desde el equipo de ILE del CESAC 33 brindan atención a las personas que quieran interrumpir su embarazo.
“El circuito de las mujeres comienza cuando llegan en nuestro día de demanda espontánea en el centro de salud”, explica Bernabo. En la primera consulta se evalúan las causales según lo que el protocolo de ILE indica. Una vez hecha la entrevista se le da turno médico. “En ese segundo turno, qué es lo que hago yo, lo primero que se hace siempre es explicarle el marco legal de la intervención que se está haciendo, porque muchas mujeres aún hoy siguen pensando, por la desinformación, que hacer una interrupción legal del embarazo es algo ilegal, y se remarca que estamos avaladas por el Código Penal para hacer la interrupción según las distintas causales”, agrega Ferrero. Previo al fallo FAL de 2012, Kielmanovich explica que la respuesta del sistema sanitario era muy escasa y que tendía a criminalizar y a ser expulsiva. Sin embargo, eso fue lo que les permitió lanzar un puntapié y formarse más en la temática “No sólo brindamos información, sino que también ofrecemos la medicación abortiva de manera gratuita para poder garantizar la interrupción legal del embarazo, en los términos que prevé en el modelo de causales del Código Penal, de manera legal, segura y gratuita. A la fecha, hemos acompañado a más de 500 mujeres en el ejercicio de este derecho”.
Muchas de las mujeres que llegan a los centros de salud lo hacen con cierta angustia y malestar. “Entendemos que esto tiene que ver con el contexto en el que vivimos con el patriarcado, una política pública difusa, con un paradigma de criminalización y judicialización que estuvo vigente durante el siglo XX y que aún continúa. Se percibe en los medios e incluso en las historias que las mismas mujeres cuentan. Para nosotras es muy importante abordar este malestar, deconstruirlo y desproblematizar los estereotipos de género desde el inicio”, agrega Kielmanovich.
Para Cecilia Ferrerom la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo les daría un marco de legitimidad mayor.
Es importante recalcar la importancia de la atención de estos casos, no sólo en el ámbito del acceso a condiciones seguras, sino en el acompañamiento y asesoramiento. “Eso me resuena todo el tiempo. Es increíble la cantidad de situaciones en las que muchas mujeres dicen “no sabía que no se había puesto un preservativo” o “no sabía que se lo había sacado” y la mayoría de las personas no sabe que si alguien se saque un preservativo sin consentimiento es una situación de abuso”, recuerda Ferrero sobre las consultas que suelen llegarles. Bernabo agrega: “Muchas veces las entrevistas con las mujeres son fuertes y emotivas. Algo que le sucede mucho a quienes nos consultan es que les cuesta creer que no las retemos, juzguemos o critiquemos. Algo realmente increíble en pleno siglo XXI. Y se sienten plenamente agradecidas por encontrar un espacio de respeto donde no se las infantiliza y se las acompañe en ese momento en especial que atraviesan”.
Respecto a la posible implementación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, Ferrero, resalta la importancia que esto tendría dentro de los centros de salud. Si bien los centros ya cuentan con un protocolo nacional, éste no tiene el mismo peso que una ley. “Es darnos un marco de legitimidad mucho mayor”. Según plantea Ferrero, “lo más interesante y a lo que habría que apuntar, es que no dependa el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de la localidad en la que vivas. Yo tengo la suerte de trabajar en Capital Federal donde hay un montón de dispositivos donde se pueden hacer interrupción legal del embarazo, pero no es la misma realidad que existe en un montón de otros lugares, y no hay que ir tan lejos, a provincias ya conocidas donde no suelen ser accesibles”. Sobre la posible sanción de la ley Kielmanovich concluye: “Siempre y cuando esto sea decisión de la mujer, este en el marco de un derecho y sea seguro y acompañado por un equipo, lejos de generar un trauma contribuye a la autonomía, empoderamiento y a la reafirmación subjetiva”.
Juan Pablo Borda
En la Consejería de Berazategui, donde se desempeña Juan Pablo Borda, ya han han atendido 240 casos.
Juan Pablo Borda es médico generalista y jefe de residentes de medicina general. Trabaja en el centro de salud CIC 18 (Centro Integral Comunitario) en Berazategui. “Tenemos una Consejería que la llevamos adelante una vez a la semana, con entrevistas personalizadas con las personas que se acerquen al Centro con la demanda puntual de interrupción legal del embarazo”. Borda explica que se hace una valoración de la situación y si se responde con las causales de interrupción legales se procede a hacer la indicación y acompañamiento necesario a las personas. “Intentamos que sea en un ámbito de privacidad y que se pueda valorar toda la integralidad de la salud de las personas para poder dar una respuesta lo más adecuada posible respecto de sus necesidades”. Comenta que dentro del marco de la Consejería intentan informar todas las posibilidades que tiene una persona ante la eventualidad de un embarazo no deseado para que pueda decidir de manera informada y voluntaria. “Nos acercamos a la red a través de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de una residencia de medicina y en el marco de implementar una Consejería de Servicio Sexual y Reproductiva con respetos de derechos y poder garantizar la respuestas ante las demandas de interrupciones legales del embarazo nos acercamos a la Red de Profesionales y fuimos haciendo el vínculo con la red”.
De lo que llevan trabajando desde la Consejería han atendido 240 casos. Borda comenta que cada caso es único y presenta complejidades particulares. “En la memoria tenemos muchísimos casos de situaciones que nos llaman la atención: una adolescente con un embarazo no deseado, una familia con muchos hijos, pero además muchas vulnerabilidades, situaciones de interrupción de trabajo, proyectos de vida que afectan la salud de las personas más allá de la obviedad de la salud biológica”. Además, agrega que un elemento transversal a casi todas las situaciones que tienen que atender es la violencia de género. “Ya sea de manera explícita con violencias físicas o sexuales. También son situaciones de violencia cuando el varón responsable, en conjunto, del embarazo se entera de esa situación y no aparece, participa ni acompaña las decisiones. Hay un montón de situaciones de vulnerabilidades que creo que atraviesan a las mujeres en situación de aborto y creo que lamentablemente se expresan en casi todos los casos”.
Al formar parte de la Red de Profesionales también forman parte de la Campaña por la Legalización del Aborto, Juan Pablo es el único varón de su equipo y cree que sería muy importante poder legalizar el aborto para evitar enmarcar las distintas situaciones a causales y evitar involucrar la subjetividad de cada uno al respecto. “Cerca de 10 personas consultan a la semana en un municipio del conurbano, osea que en todo el país es realmente una demanda muy sentida. Si se pudiera aprobar la legislación voluntaria del aborto sería un avance para la garantía de los derechos de las personas y principalmente de las personas gestantes”.
Mónica Menini
Menini explica que para las personas de fe, el aborto es como un pecado y esto pesa mucho a la hora de decidir.
Mónica Menini es abogada feminista salteña. Recibida en la Universidad Nacional de La Plata, Diplomada Superior en Género y Políticas Públicas FLACSO y Maestranda en Género, Sociedad y Política de FLACSO. Forma parte de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Llegó a la organización hace 17 años. “Para ese entonces la organización ya se había constituido como una organización feminista que desde la provincia de Córdoba irradiaba en especial en las provincias del norte y centro del país una influencia basada en sus argumentos católicos por el derecho a decidir que, en provincias con alto porcentaje de catolicismo, llegaba como una nueva ráfaga de ideas que nos contenía a las mujeres católicas que a través de sus libros, publicaciones y capacitaciones podíamos acceder a las teologías feministas”.
Desde la organización, advierten que las vivencias que les llegan sobre interrupciones del embarazo son múltiples y tienen que ver con las experiencias de vida de cada uno. “Presentar una alternativa teológica feminista frente a los discursos condenatorios y opresores sobre el aborto por parte de muchos referentes de las diversas iglesias dentro del cristianismo, permite mostrar otras perspectivas de Dios y las diversas experiencias que existen. Visibiliza otras historias y genera puentes para quienes atraviesan estas decisiones solas, con culpa, en silencio y muchas veces sintiéndose fuera de lugar, entre otras emociones y sensaciones”, agrega.
Menini explica que para las mujeres y personas de fe la consideración del aborto es como un pecado por parte de la tradición cristiana y que esto pesa mucho a la hora de decidir, “se sienten abrumadas por la culpa y ocultan el hecho durante años a su familia o a su comunidad. Eligen el silencio porque saben que les espera la condena eclesiástica o la expulsión del lugar religioso al que asisten”.
Sobre una posible legalización agrega “llegar al aborto legal seguro y gratuito despenalizado y legalizado en Argentina es una de nuestras metas; seguir en el trabajo de la implementación al acceso pleno de derechos sexuales y (no) reproductivos para cada mujer y persona con capacidad de gestar en cada pueblo, municipio y provincia de nuestro país extendiendo el derecho a toda Latinoamérica y el Caribe es nuestra Misión”.
Wada Waldo
«Quienes llegan a Socorristas encuentran a otras que están en la misma situación; eso ayuda mucho», dice Wado.
Wada Waldo tiene 22 años y es militante de Socorristas en Red. Llegó a la organización en el año 2018 luego de participar en una actividad en el Conservatorio Astor Piazzola. “Socorristas en Red llegó a mí como llegan a muchas personas: difundiendo información, estando en las plazas donde está el movimiento”.
Desde Socorristas en Red brindan información sobre la metodología y formas de hacerse un aborto con medicación en condiciones y acompañan a quienes necesitan realizarse uno de forma segura. Articulan con el sistema de salud, con las/os profesionales de la salud y realizan actividades de difusión e información. Forman parte también de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Muchas personas llegan porque nos conocen a través de amigos, familiares u otras personas a quienes también acompañamos. La información corre de boca en boca para quien necesite ayuda, asesoramiento u orientación para poder resolver un embarazo no deseado. Nos encontramos para poder compartir información. Las personas se encuentran cara a cara con otras que también está en la misma situación y eso ayuda mucho a distender y encontrarnos para compartir de manera horizontal la información y cuidados que necesitan para encarar un aborto seguro”.
Waldo destaca la importancia de compartir las distintas experiencias y de esa forma aprender entre todos: “sabemos que a la hora de encarar al sistema de salud aparecen nuevas dudas y miedos para quienes tienen que presentarse en una salita y pedir una interrupción legal. El contexto es duro, los mitos corren, los miedos abundan y la información escasea. Como Socorristas estamos ahí para el acompañamiento amoroso y feminista para quien lo necesite puede sentirse tranquilo para saber que va a encarar un proceso legal, con medicamentos y de forma segura y sin riesgos. Además, estamos en constante diálogo con los sectores de salud”.
Respecto a una posible legalización del aborto cree que además del aborto legal, seguro y gratuito es importante tener acompañamiento y asesoramiento para realizar abortos desprejuiciados donde cada una se sienta tranquila y no se sienta criminalizada por la decisión tomada. “Entendemos que la respuesta no termina en el aborto legal, sabemos que las dudas, incertidumbres y necesidades son muchas. Un aborto feminista es una historia que se puede contar con muchas voces. Vamos para cambiar las historias de todos esos abortos oscuros. El aborto puede ser un momento amoroso, en casa, con amigas, tomando mate, con las socorristas del otro lado”, cierra.
De acuerdo a una serie de informes de UNICEF, se estima que más de 13 millones y medio de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario se vieron afectados por la suspensión de las clases presenciales. El panorama es más preocupante aun cuando el acceso a infraestructura, la apropiación de tecnología y las circunstancias de vida que posibilitan, en parte, la continuidad de la escuela y de los vínculos entre docentes y alumnos, muestran brechas y desigualdades. A esto se suma el agravamiento de problemáticas como las violencias en las infancias y adolescencias. En este escenario, la ESI resulta fundamental y su despliegue exige la presencia del Estado, así como un involucramiento social activo.
Analía Morra es profesora de nivel secundario en CABA: “Cuesta que la ESI forme parte del proyecto institucional. Más allá de buscar espacios y de planificar encuentros que abarquen algunos de los ejes de la ESI relacionados con mi materia, lo que cuesta mucho es armar equipos de referentes. Hay muchas escuelas donde no están”.
La Resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación estableció el objetivo de promover la organización de un equipo de ESI en todas las escuelas del país, que lleve adelante un enfoque interdisciplinario y que se articule con el proyecto institucional de cada establecimiento. La normativa fue impulsada por la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicios sobre salud sexual y procreación responsable, y de prevenir y erradicar la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, la trata y explotación de personas, y el embarazo no intencional en la adolescencia. También incluyó la creación de acciones que amparen el derecho a la identidad de género y un ejercicio pleno de la salud en base a la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia social y la libertad.
La resolución ratificó el compromiso de todas las jurisdicciones del país a hacer efectivo el cumplimiento del Programa de ESI en su enfoque integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Qué acciones se hicieron efectivas a lo largo de estos años? ¿Qué ocurre en el contexto actual con la incorporación de estos contenidos en las propuestas educativas?
“Durante muchos años, la implementación tuvo relación directa con la voluntad de cada uno de los docentes que militamos la ESI. Quienes llevamos adelante estas propuestas somos también quienes activamente estamos haciendo fuerza para que se complete y se concrete”, afirma Analía.
El abordaje de la ESI no se promueve de manera institucional y frente a esta dificultad se sumó la de la enseñanza remota por la pandemia. Los y las docentes no pararon de trabajar en ningún momento: se capacitan, diseñan nuevas estrategias y planificaciones, y realizan un seguimiento con cada una de las chicas y chicos que tienen en los cursos. La necesidad de enfocarse en determinados contenidos prioritarios, siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, relega más a la ESI. A pesar de ser incluida en esa selección –a través de ciertos ejes– los tiempos y las posibilidades de encuentro entre docentes y estudiantes se vieron acotadas. En definitiva, la implementación queda en manos de las escuelas y de los equipos comprometidos con los derechos de los estudiantes.
El abordaje que se realiza para que la educación sexual integral sea garantizada a cada niño, niña y adolescente, no es una simple transmisión de conocimientos. Interpela la formación docente e implica a las personas en sus experiencias íntimas de vida. “Las capacitaciones en ESI son vivenciales, incluyen atravesar y recorrer nuestra propia historia, ponernos en situación, analizar casos, tomar decisiones entre pares. Nos lleva a trabajar frente a frente, a crear un clima de confianza y a generar debates. Una cuestión que es muy difícil ahora”, sostiene Analía. Es más complejo el acompañamiento porque la ESI no solamente se trabaja en el aula sino además en los pasillos, agrega. En esos lugares que no son tan públicos, muchas veces los pibes y las pibas se acercan a docentes en la búsqueda de escucha. “Se dieron las situaciones de chicos y chicas que nos golpean la puerta virtualmente con algunos de los problemas que están sufriendo en sus casas: desde algún caso de abuso hasta la violencia cotidiana a las que ahora están expuestos todo el día. Para muchos chicos, la escuela es un lugar de escape, un refugio, un lugar donde encontrar otras respuestas y sentirse seguros. En este contexto, la situación para ellos empeora si en sus casas el clima no es bueno”, concluye.
Capacitación y presupuesto
Norma Sotelo es profesora de teatro y trabaja en la provincia de Buenos Aires, en un barrio donde las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad se hacen visibles. “En el nivel inicial se trabaja la ESI, pero con la pandemia la educación a distancia se da con muy poca población porque casi no hay conectividad. Esa es la realidad”. El trabajo docente es arduo y angustiante. El mayor contacto con los niños y niñas lo tienen las maestras de sala, pero las respuestas son pocas. Según Norma, inciden distintos factores: las familias consideran que es un nivel más fácil de recuperar, hay preocupación por los problemas económicos y el contexto, el uso de las herramientas digitales es desigual y la conectividad es baja, casi nula. También es docente en una escuela primaria intensificada en artes de CABA donde la ESI está instalada, aunque el proceso es lento y con dificultades. Con el tiempo ha ido evolucionando y el trabajo, particularmente este año, es transversal: corresponde tanto a maestras de grado como a profesoras curriculares. Además, articulan entre docentes y se abordan ejes como las emociones, la escucha, el respeto por el cuerpo y la diversidad, y los estereotipos de género. “Cuesta que baje la ESI a las escuelas, pero se está haciendo cada vez con más continuidad y con mayor seguimiento”, sostiene.
Existen provincias adheridas formalmente a la ley donde no hay una política activa para llevar implementarla. Noemí Solís es profesora de Economía en el nivel medio y forma parte de la Red Nacional de Docentes por el Derecho a Decidir de Tucumán. Explica que la baja conectividad y la escasez de los recursos económicos son factores determinantes que impiden la continuidad escolar. Pese a no haber una institucionalización de los contenidos de la ESI, hoy los docentes ven la importancia de trabajar cuestiones vinculadas a la afectividad y la violencia de género. En el marco de la integralidad, pueden comprender que la ESI no es sinónimo de hablar de relaciones sexuales. El tabú se vincula con el enfoque moralista que predomina en la provincia, incluso más que el médico-biologicista, afirma Noemí. En la comunidad docente se ha podido visualizar la multiplicidad de temáticas y de materias que habilitan los ejes de la ESI. Sin embargo, las capacitaciones provienen de planes e institutos nacionales. Los intereses de sectores religiosos y las creencias personales de las autoridades políticas, derivan en la ausencia de un presupuesto destinado a políticas de género y en la falta de un trabajo sostenido para incorporar la ESI en el derecho de enseñar y aprender.
A nivel nacional, los cursos de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente tienen una gran demanda de los docentes de la provincia en temáticas relacionadas a la ESI. El docente que se capacita, que reflexiona y da cuenta del enfoque de derechos, asume una responsabilidad y se profesionaliza. Conocer los lineamientos curriculares les otorga seguridad para trabajar la ESI y, además, posteriormente puede llegar a las familias. “La capacitación puede ser la puerta de entrada para que un mayor número de docentes de cuenta de cuál es el enfoque de la ESI y no hablen a partir de lo que muchas veces se naturaliza como verdad, dado los enfoques predominantes. También del miedo, porque sucede que son temáticas que nos atraviesan a todos. Es darte cuenta que vos no estás exenta de la violencia ni de situaciones de abuso que hayas pasado en tu niñez, o inclusive ahora en tu adultez. Que esta conducta de responsabilidad y cuidado también nos atraviesa porque no solamente enseñamos y somos docentes”. Las dificultades y las resistencias tienen que ver con el desconocimiento, cuenta Noemí. “Cuando hay capacitación se corre con esos mitos y falsas creencias que hay en relación a los contenidos y que están muy llevados adelante por los fundamentalistas que se oponen a la ESI. Entonces el docente tiene un respaldo. También las iglesias tienen mucho peso en este marco, dificultan porque tienen una cercanía muy fuerte con el gobierno. Se hace muy difícil la viabilidad cuando quienes nos representan se oponen a un derecho de niñas, niños y adolescentes. Es tarea de las y los docentes, pero sin presupuesto y sin capacitación es inviable”.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que los casos de violencia de género digital en época de pandemia se triplicaron. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que durante los últimos años obtuvo gran presencia mediática, gracias a las constantes manifestaciones y reclamos por parte de distintas organizaciones que vienen denunciando este tipo de violencia hace décadas.
Si bien la cifra de femicidios se encuentra lejos de descender, según números publicados por La Casa del Encuentro, durante el período entre el 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020 se registraron más de 300 víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios en la República Argentina. El fenómeno de la pandemia tampoco fue de ayuda para estos casos, mostrando que la violencia de género se puede intensificar en este período, debido a la convivencia que muchas víctimas se ven obligadas a cumplir en marco del aislamiento social obligatorio. El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación publicó que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2020 se registraron 168 víctimas de femicidio.
Con la llegada de la pandemia muchas actividades se trasladaron al ámbito digital. Videollamadas, reuniones virtuales, clases en línea y home office. Mariana Marques directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina afirma que las redes sociales e internet, en general, son una extensión del debate público y que de la misma manera en la que las mujeres sufren violencia de género en las calles o en sus casas, la sufren en las redes sociales: “No es un tipo de violencia nueva, sino una forma diferente en la que esa violencia se manifiesta”.
Pero ¿qué es la violencia de género digital? “La violencia de género es la misma, el tema digital es el soporte. Es a través de qué medios se manifiesta. Puede ser desde una violencia psicológica, como insultos o maltratos a través de medios electrónicos. O puede ser el acoso y hostigamiento, como también la difusión de imágenes sin autorización. Todo eso configura el contexto de la violencia digital”, afirma Silvina Lico, abogada y parte del Programa de Atención de Niñez y Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Según lo publicado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Violencia contra la mujer en el entorno digital, la violencia de género en línea “son aquellos actos cometidos, instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio de transmisión de datos”. Lico agrega: “Lo interesante es que hoy todo lo que es acoso u hostigamiento aun siendo digital ya configura un delito en la Ciudad de Buenos Aires”.
Según un relevamiento publicado por Amnistía Internacional Argentina 1 de cada 3 mujeres ya han experimentado una situación de violencia en las redes sociales; 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual.De las mujeres que han experimentado algún tipo de violencia, el 39% sintió su seguridad física amenazada. “Ahí ya salimos de una órbita online. El 24% sintió la inseguridad física de algún miembro de su familia afectado. Muchas sintieron efectos psicológicos, como sucede con los abusos y los casos offline. Ataques de pánico, estrés, disminución de su autoestima, dificultad para dormir”, agrega Marques. Otras maneras en las que la violencia de género puede manifestarse es a través del ciberacoso, o el hostigamiento digital, amenazas, difusión de material íntimo sin consentimiento, conocido como “sextorsión” o “pornovenganza” (en el caso de intercambio de fotos íntimas y la difusión de estas sin el debido consentimiento), suplantación de identidad y discursos de odio.
Ivana Otero, es antropóloga y su trabajo se especializa en feminismos y violencia de género. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y forma parte de “Colectiva de Antropólogas Feministas”. Para ella, “hablamos de violencia de género cuando es un patrón no consensuado por la persona que lo recibe. La violencia de género digital en este momento de la pandemia por supuesto que se ve incrementada, porque es la manera en la que nos estamos comunicando. Existen diferentes tipos de violencia digital que se incrementan por el anonimato que dan las redes. Cualquiera puede postear lo que se le dé la gana y eso trae aparejados problemas, todo dentro de una estructura patriarcal”.
Lico coincide en que durante la pandemia se dan distintos tipos de violencia y distintas modalidades. “Con las restricciones de contacto y de circulación lo que se puede observar es que la violencia se canalizó por lo digital porque toda la vida de todas las personas ahora está canalizada hacia este medio”, describe.
Hay otro efecto que no tiene tanto que ver con la salud física y mental de las mujeres, pero es igualmente preocupante, cómo esto impacta en su libertad de expresión y al acceso a la información. El 70% de las mujeres que sufrió abuso o violencia en las redes sociales hicieron algún cambio en la manera en la que se manejan en las redes después de haber pasado por esa experiencia. Marques advierte que “estos cambios pueden ir desde alterar mecanismos de protección de filtros, por ejemplo, que limita la capacidad de interacción con determinados usuarios (que es un mecanismo válido para protegerse) pero a su vez limita las posibilidades de interacción y diversidad de voces que podes escuchar o interactuar en las redes sociales. Incluso hay personas que dejaron por completo las redes sociales después de haber pasado por esas experiencias”.
Es importante también comprender el rol que las distintas plataformas tienen a la hora de intervenir en situaciones de violencia. “Las plataformas tienen mecanismos contra este tipo de ataques, lo que pasa es que hoy no son transparentes en decir qué tipos de ataques sus políticas protegen. Qué tipos de contenidos pueden ser denunciados y protegidos o qué tipos de herramientas tienen para que la mujer se proteja”, agrega Mariana.
Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tomar conciencia y educar respecto de la violencia de género en línea? Sobre esto, Lico afirma que la ley de Educación Sexual Integral es una herramienta muy útil “parece que siempre el feminismo repitiera lo mismo, pero la base de todo es la educación. Entender que lo que quizás es un chiste o broma chiquita cuando se difunde a través de medios sociales la reproducción es de a millones. Entender que, si uno no reproduce, si no manda un mensaje, está evitando ser o formar parte de una violencia colectiva. Hay que empezar en la edad más temprana posible”.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, además de un Programa de Género, hay un Programa Especial de Datos Personales en donde suelen trabajar en conjunto con casos de violencia de género digital. “Si configura un delito, que puede ser acoso, hostigamiento o algún tipo de amenaza se puede hacer una denuncia judicial”, afirma Lico y agrega que “El 144 es un número super útil para asesoramiento y acompañamiento, pero no es un lugar de denuncia. El 0-800-fiscal sí es un número donde a partir de la llamada y brindar los datos genera un expediente penal para perseguir el delito o evaluar si existe o no un delito de lo que se está denunciando”.
Marques asiente que la violencia contra las mujeres puede ser pandémica por su dimensión y alcance. “Es un tema más grave que nunca. Antes de la pandemia, para muchas mujeres las redes sociales son la única forma que tienen para movilizar, contar o expresar sus opiniones sobre lo que está sucediendo en el mundo. No sólo son plataformas valiosas para acceder a información. Con la violencia y su efecto silenciador se las aleja de las plataformas y limita sus derechos a la libertad de expresión”.
El 144 es un número gratuito al que se pueden comunicar las 24 horas del día para recibir asesoramiento y acompañamiento si alguien está siendo víctima de algún tipo de violencia. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también agregó un número para enviar denuncias vía WhatsApp: 11-5050-0147. Además, el 0800-33-FISCAL (347225) atiende las 24 horas o también puede hacerse vía mail a denuncias@fiscalias.gob.ar
Con los cambios introducidos en 2015, hoy vigentes, se busca que el donante conozca las situaciones de riesgo de infecciones y se abstenga de donar si estuvo expuesto a ellas. El objetivo es propiciar la autoexclusión y la consulta al médico ante cualquier duda. De ningún modo se habilita al equipo de salud a profundizar en la orientación sexual y/o identidad de género de una persona ni mucho menos a ejercer discriminación institucional.
Según el nuevo paradigma –que rechaza la patologización de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales–, el riesgo está en las prácticas y no en grupos de población específicos. Sin embargo, muchos establecimientos siguen reproduciendo las representaciones dominantes y prácticas violentas.
La norma actualizada, en sus resoluciones 1507, 1508 y 1509, es clara: de acuerdo a estudios epidemiológicos, las prácticas sexuales consideradas “de riesgo” se distribuyen homogéneamente en la comunidad. Se trata de una problemática social que no distingue orientación sexual ni identidad de género.
Lourdes Arias, profesora del Bachillerato Mocha Celis.
El peligro de contraer infecciones aumenta con la falta de cuidados, que está relacionada con las desigualdades en el acceso a la salud, la pobreza, la estigmatización, la falta de información y de campañas de prevención, el tabú en torno a la sexualidad, la escasa o nula implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, la violencia y el abuso sexual.
Es fundamental que la persona donante conozca cuáles son las situaciones de “riesgo incrementado” y así favorecer su participación responsable. El material que se brinda actualmente incluye información, un documento para la autoexclusión pre-donación, un cuestionario personal y la autoexclusión confidencial post-donación.
Ahora bien, desestimada la definición de “grupos de riesgo”, gracias a la movilización e intervención de las organizaciones sociales y activistas LGBTI+ en el desarrollo de las políticas públicas, y con la prohibición de donar sangre sin sustento legal, ¿qué sucede en la práctica?
Un sistema expulsivo
A fines de agosto, Emiliano se acercó de manera voluntaria para donar plasma al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, luego de haberse recuperado de Covid-19. Allí fue entrevistado por un profesional de la salud que le preguntó si había tenido relaciones sexuales con otros hombres y le negó la posibilidad de donar.
Débora Tajer, psicóloga especializada en género, asevera que, pese a los avances, siguen existiendo brechas en materia de género y salud, y que ni los marcos normativos ni las políticas públicas per se aseguran la modificación inmediata de representaciones y prácticas tradicionales arraigadas en aquellas instituciones donde se efectivizan estos derechos.
Esteban Paulón es activista, integrante del Consejo Consultivo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. También fue titular de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe, creada en 2015 y pionera en el país.“Partimos del punto en que hoy la perspectiva de la diversidad sexual no es parte de las currículas educativas en ninguna de las facultades argentinas, sólo aparece en algunas como contenido optativo –afirma–. Eso quiere decir que no todas las personas van a acceder a esos conocimientos y termina quedando a buena voluntad de ese o esa profesional hacer una práctica libre de discriminación. Por lo tanto, no la puede volcar al servicio de generar un sistema de salud o una atención más inclusivos. Y en lo que tiene que ver con los espacios públicos, está la voluntad del Estado y sus dificultades para que esa voluntad se transforme en una práctica concreta de la política pública”.
La discriminación a las personas LGBTIQ+ representa un 10,5% de las denuncias recibidas por el INADI entre 2008 y 2019.
La creación de espacios “amigables” ha sido la estrategia para concentrar la atención en consultorios que ofrecen servicios abiertos y receptivos, frente a la imposibilidad de que la iniciativa permee en todo el sistema. Para Paulón, hay que trabajar en la modificación de los programas de formación, en la base de la pirámide del sistema, para que las personas LGBT accedan y se vinculen con los servicios de salud.
“Hay una presunción de heterosexualidad en todo el sistema de salud –sostiene–. Eso hace que las lesbianas y mujeres bisexuales muchas veces sientan vergüenza de hacer una consulta en relación a su propia salud sexual”. La invisibilización sucede también con los varones gays, donde el foco estuvo concentrado por muchos años en el HIV, dejando de lado otros problemas. ¿Qué consecuencias pueden generar estas barreras? Se incrementan los riesgos y baja la expectativa de vida.
Para garantizar el acceso del colectivo LGBT al sistema, dice Paulón, es necesario trabajar en el primer nivel de atención con equipos profesionales y espacios de salud abiertos. Que toda persona pueda ir cualquier día y hora, a cualquier lugar de atención primaria y que en la consulta clínica haya un trato cálido y empático que habilite a despejar todas las dudas, a recibir información y a garantizar una mayor cobertura.
Terminar con un sistema de salud expulsivo requiere también de un cambio social y cultural. ¿Qué sucede en otros ámbitos? Un informe reciente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) sobre las denuncias recibidas entre 2008 y 2019, revela que la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ representa un 10,5 por ciento del total. Esta categoría agrupa la discriminación hacia la orientación sexual (6,3) y hacia la identidad de género (4,2).
El documento permite observar que estos actos de odio sucedieron principalmente en barrios o viviendas, en prestadores y centros de salud, en espacios laborales, en la vía pública y transportes, en el ámbito educativo y en la administración pública. Además, se trata de denuncias que crecieron de manera sostenida junto con las de género y el racismo. ¿Por qué es importante denunciar? Para dar visibilidad a la problemática y así poder impulsar políticas que tiendan a erradicar la violencia.
“Siempre recomendamos la denuncia. Sabemos que el sistema, la ley de prevención y sanción de actos discriminatorios argentina, hoy no contempla penalización concreta. Pero sí es importante visibilizarlo porque abre la puerta a la corrección de la situación y también a acciones de reparación: talleres, capacitaciones, pedidos de disculpa”, subraya Paulón y agrega: “A pesar de que la ley todavía no se ha adecuado del todo y cuesta mucho que se implemente, hoy socialmente la denuncia tiene un impacto que para las víctimas y para la comunidad en general, es un hecho reparatorio. Aparte, es importante que lo podamos documentar, muchas veces las prácticas se repiten porque al no denunciarlas no se hacen visibles”.
En cuanto a la información más reciente, que analiza las denuncias recibidas entre el 1° de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, “Personas LGBTIQ” es el segundo tipo de discriminación que registró más denuncias –precedido por “Discapacidad”– con el 12 por ciento del total. El género representa un 9,7 por ciento de las denuncias realizadas por mujeres. En el caso de los varones, alcanza un 14,2 por ciento. El barrio o vivienda continúa siendo el escenario de discriminación más mencionado, seguido del espacio educativo y los prestadores y centros de salud.
En 2019, la comunidad LGBTIQ+ ocupó el segundo lugar entre las poblaciones discriminadas.
Educar para transformar
En el trato médico, los actos violentos niegan e invisibilizan la diversidad sexual cuando se da por sentada la heterosexualidad y no se respeta la identidad de género, cuando se tilda de “peligroso” y se patologiza todo comportamiento alejado del mandato social. Estos actos se sostienen en representaciones de la cultura machista y patriarcal, más allá de lo que establece la Ley 26.529 que garantiza la asistencia y el trato digno sin distinción alguna en la relación entre el paciente y los profesionales, agentes o efectores de la salud.
Otro informe, elaborado en 2017 por un equipo de investigación de la Fundación Huésped, del Instituto Gino Germani de la UBA y de la Universidad de San Martín, analiza la accesibilidad y la calidad de atención de la salud para la población lesbiana, gay, trans y bisexual (LGBT) en cinco regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Para el relevamiento de datos, se hicieron entrevistas a profesionales de la salud, tomadores de decisión y referentes de organizaciones sociales LGBT, a usuarios o potenciales usuarios gays, lesbianas, hombres trans y mujeres trans.
Acerca de la atención, las y los participantes del estudio destacaron la insuficiencia de los recursos hospitalarios, la precarización laboral del personal de salud, las largas esperas y la escasez de turnos, así como el desconocimiento para acceder a ellos, la falta de información respecto a la oferta de los servicios, la desorganización sobre el modo de acceso a medicación u otros insumos, y el maltrato del personal administrativo. También se señalaron problemas de infraestructura.
La percepción sobre los consultorios inclusivos o “amigables” es que significan un avance en materia de derechos, pero también se subraya la necesidad de construir una salud integral que no discrimine y que se dé en todos y cada uno de los ámbitos del sistema, considerando además que la oferta de estos centros de salud es limitada. Por último, se identificó como limitante para el disfrute de un pleno acceso a requerimientos y necesidades médicas “la discriminación y los maltratos asociados, y los miedos y las trayectorias de exclusión institucional”, que se repiten y que desincentivan la concurrencia a un consultorio. Como aspectos positivos se mencionaron la gratuidad de la mayor parte de las prestaciones y la buena predisposición y compromiso de muchos/as profesionales.
Tal cual señala el informe “Identidades, derechos y territorios”, publicado en 2019 por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, las personas trans tienen problemáticas específicas de salud y un acceso limitado a servicios de prevención y atención. Con la pandemia, algunas de ellas se han agravado.
En medio de tantos derechos vulnerados, cabe resaltar las prácticas respetuosas que los mismos y mismas profesionales de la salud promueven, como la Red de Psicólogxs Feministas que reivindica la construcción de un modelo de atención desde un enfoque despatologizador, antipatriarcal, antibiologicista y diverso. Esta agrupación denuncia las prácticas que, en una constante violación de los derechos humanos, expulsan, discriminan y excluyen del sistema de salud a la población LGTB+, y repudia la deshumanización de las personas trans.
Mientras tanto, ¿qué podemos hacer cuando estos derechos son vulnerados? Informar y educar sobre la libre elección de orientación sexual e identidad de género, promover el respeto a la diversidad sexual, exigir el cumplimiento de normativas como la Ley de Educación Sexual Integral, reclamar capacitaciones con perspectiva de género y cambios estructurales en las currículas educativas de los y las futuras profesionales de la salud, denunciar y visibilizar la violencia.
