«Qué quilombo se va a armar»

«Qué quilombo se va a armar»

Mientras en Diputados se reafirmaba el veto contra la ley de presupuesto universitario, fuera del Congreso una multitud exigía por fondos a las universidades públicas. El reclamo no bastó para torcer el brazo al oficialismo. Al final, hubo incidentes con un provocador libertario y siete manifestantes fueron detenidos.

En el momento en que los diputados ratificaban el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, afuera del Congreso un grupo de estudiantes empezó a cantar “Si el presupuesto no está, ¡qué quilombo que se va a armar! Les tomamos las calles y les tomamos la Facultad”. Dos días antes habían empezado las tomas estudiantiles de universidades de todo el país. Es que la expectativa por que siguiera en pie dicha ley —aprobada el 12 de septiembre por ambas cámaras del Congreso de la Nación y vetada por Javier Milei después de la segunda marcha federal universitaria, el 2 de octubre—, había llevado a los estudiantes a pensar en estrategias para que los funcionarios públicos escucharan sus reclamos. Las tomas fueron parte de una vigilia que también incluyó abrazos simbólicos y clases públicas.

 Lo que se defendía era la declaración de la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, lo que la ley establecía con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”. El presidente de la Nación, por su lado, había vetado la norma porque, según dijo a través del decreto 879/2024, “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”.

 “Yo, que soy del interior, no podría estar acá si no fuera por la universidad pública, que aparte es una educación de calidad, porque los gastos son muchos. Si se privatiza la educación superior, va a ser muy difícil estudiar. Me parece bien que estemos acá todes juntes defendiendo”, dijo Romina Michelena a ANCCOM mientras la Cámara de Diputados todavía debatía si revertir o ratificar el veto del presidente de la Nación a la Ley de Financiamiento Universitario. Minutos antes ella, que es estudiante de la Licenciatura en Composición Coreográfica de la Universidad Nacional de las Artes, bailó junto con sus compañeras de cursada mezclando el baile con una interpretación teatral frente al Congreso nacional, para expresar con el cuerpo, y a viva voz, el deseo de que su universidad recibiera del Estado dinero suficiente para poder seguir en funcionamiento. Actuaron y bailaron sobre unas letras gigantes, escritas en la calle con tiza, que decían “No al veto diputados, los estamos viendo”. Más adelante, compañeros de otras carreras de la misma universidad cantarían a coro “Aguante el arte, la puta que lo parió” y agitarían en el aire carteles de cartón que rezarían “Creamos mundos y los defendemos”, con letras escritas a mano.

En el momento en que Michelena y sus compañeras bailaban y actuaban, ellas todavía tenían esperanzas. Aún no se imaginaban que unas horas después la Cámara de Diputados dejaría firme el veto de Javier Milei y que, a partir de entonces, el Parlamento no podría insistir con el tema por al menos un año. “Peligro, peligro, la universidad está en peligro”, gritaban las chicas mientras se movían de acá para allá, al tiempo que detrás de ellas descansaba, quieta, inmutable, una hilera de vallas negras que oficiaba de escudo para los uniformados. Es que los estudiantes universitarios no eran los únicos que estaban afuera del Congreso, también había agentes de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que miraban serios y de lejos, como forasteros de su propio país, todo lo que pasaba más allá de las vallas. 

Un rato después Oscar Bogarín, del Frente Popular Estudiantil de la Universidad de Lomas de Zamora, dijo a esta agencia que “más financiamiento para nuestras universidades posibilita que los pibes y pibas del conurbano bonaerense puedan ser el día de mañana la primera generación de universitarios de sus familias”. De ahí su presencia en la manifestación frente al Congreso para pedir a los diputados que revirtieran el veto presidencial y que la Ley de Financiamiento Universitario pudiera tener vigencia. “Una carrera universitaria no sólo es un desarrollo académico —agregó Bogarín—, sino también una herramienta fundamental para la movilidad social ascendente. Es clave para ese país que soñamos, más libre y con mayores posibilidades”. 

Mientras el referente del Frente Popular Estudiantil de la Universidad de Lomas de Zamora conversaba con ANCCOM, un monumento ubicado en la plaza del Congreso se hacía notar a través del reflejo del sol. Era una escultura chiquita que recordaba los años de la “Carpa Blanca”, una de las protestas más extensas que tuvo lugar en Argentina entre abril de 1997 y diciembre de 1999. En ese momento los gremios docentes de todo el país reclamaban un aumento en los fondos económicos destinados a la educación. Probablemente en eso pensaba un chico de un centro estudiantil cuando dijo, desde un escenario, que “el pueblo que repite la historia está perdido”.

Las vallas que oficiaban de escudo para los uniformados empezaron a temblequear cuando los diputados ratificaron el veto presidencial desde adentro del recinto. Fue entonces cuando, afuera del Congreso, un grupo de estudiantes empezó a cantar “Universidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode” y a hacer que las vallas se movieran. Detrás de ellas, los policías se mantuvieron quietos con sus escudos en alto, a lo que los estudiantes respondieron levantando sus banderas. La escena era la de una batalla a punto de desatarse, en la que los bandos se mantenían separados solamente por las vallas temblorosas. El agite hizo que volara por el aire un cartel y cayera al asfalto. “¿Querés bajar el déficit fiscal? ¡Renuncien a sueldos millonarios, prerrogativas y otros beneficios!”, decía la cartulina en cuestión.

Pero esa batalla sólo quedaría en guardias altas y nada más. La secuencia que seguiría después sería de otro cantar. Cuando ya quedaban pocos manifestantes, cayó al baile, trajeado y con carteles que muchos considerarían provocadores, Fran Fijap, un youtuber libertario. Fijap empezó a decir cosas y un grupo de personas comenzó a pedirle que se fuera a empujones. El youtuber salió corriendo y una muchedumbre lo siguió hasta que se ocultó en un local de empanadas. En ese momento se produjo un forcejeo y el local bajó la persiana. Después llegó la policía y todo terminó en una batalla con mucho más que guardias altas y ánimos caldeados. El influencer libertario fue hospitalizado y siete personas fueron detenidas por “atentado y resistencia a la autoridad”. Una de ellas recibió, además, cargos por “daños a la propiedad”.

La universidad pública se defiende

La universidad pública se defiende

Los estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras y Psicología de la UBA tomaron el lunes sus casas de estudios para exigir a los diputados que ratifiquen la Ley de Financiamiento. Enseguida se sumaron los de Ciencias Sociales y también los de otras universidades de distintos puntos del país. Mirá las fotos de ANCCOM.

Las Facultades de Sociales y Psicología en la vigilia previa al tratamiento de la Ley. Mirá la Galería. 

La Boca resiste a los desalojos

La Boca resiste a los desalojos

Organizaciones sociales y partidarias realizaron un ruidazo para manifestarse en contra de los desalojos con que el Gobierno de la Ciudad ejecuta el barrio. “Quieren hacer un nuevo Puerto Madero”, advierten los vecinos.

Los vecinos del barrio La Boca convocaron a un ruidazo sobre la calle Necochea para reclamar por el derecho a la vivienda digna y exigir un alto al desalojo de las 20 familias que viven hace más de una década en un edificio de la misma calle. Participaron vecinos autoconvocados del barrio, algunos que habían sido desalojados recientemente o se encontraban en riesgo de serlo por los aumentos en el alquiler, expensas y servicios, y otros que se acercaron en solidaridad. También, estuvieron presentes representantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente Patria Grande, La Boca Resiste y Propone y La Cámpora. Una de las vecinas perteneciente al Frente Patria Grande y que se encuentra ella misma en proceso de ser desalojada junto a sus seis hijos, uno de ellos con discapacidad, Tamara Manjón cuenta: “Hay 280 desalojos en curso que no solamente tiene que ver con conventillos sino con gente del barrio para el lado de Barracas que, por ejemplo, no está pudiendo pagar las expensas o el alquiler y los van a desalojar”.

La comunidad

Algunas plantas silvestres se abren paso entre las grietas en la fachada de las casas desalojadas. En plena emergencia habitacional en La Boca estas casas históricas se mantienen vacías. Con las puertas selladas y las ventanas abiertas, exponiendo el interior a la erosión del viento, la lluvia y el tiempo. Sobre el portón oxidado hay un cartel con letras rojas que alerta: “Hay niños, personas mayores. Vivienda digna”. Un hombre sentado en una silla sobre la vereda se tapa la cabeza con las manos. Está rodeado de lámparas, muebles y cajas. Vivía dentro de una de esas casas de la calle Necochea. Hoy vive en la esquina, a la intemperie, rodeado de sus pertenencias y al pie de la vivienda donde ya no puede entrar.

Agachado sobre el asfalto y protegido por la sombra de un árbol, se encuentra el vecino José Luis Rivas con su remera turquesa del Indio Solari. Escribe en una tela blanca con paciencia y pintura negra: “No al desalojo de  lxs vecinxs”. Rivas vive hace una década en el edificio que quieren desalojar, con su pareja y sus tres hijos. Cuenta que actualmente, todos los viernes se reúnen con abogados y las familias que se encuentran en la misma situación para ayudarse mutuamente. Con respecto a la comunidad barrial, dice que son “muy buenos vecinos. Siempre que se presentaba algo se contaba con unos, se contaba con otros”.

Las viviendas donde habitan Rivas y Manjón, se encuentra al lado de una lavandería con las paredes combinadas en azul y amarillo, que se mantiene abierta. Del lado de enfrente, está la cantina Rímini de 1966, cerrada y envuelta en rejas. El cartel azul, ya sin luz, todavía sobresale, aunque solo luce sus colores corroídos y pequeños destellos de óxido. En contraste con las viviendas envejecidas que van perdiendo su brillo y fundiéndose en un monótono gris amarronado, otras casas se llenan de murales, pañuelos verdes y banderas. Una Argentina y otra Whipala apenas se mueven por la ventisca. Hacia el sur, la calle tiene vista al puente rojo de Nicolás Avellaneda.

Suena Gilda en el parlante. Sobre las tres mesas ubicadas en medio de la calle están desparramadas hojas blancas, pinturas, gaseosas, un paquete de galletitas, otro de papas fritas y mates. Una de las vecinas pinta un cartel con témpera roja. 

Empieza a sonar la batucada, bajo el sol del mediodía, con bombos y tambores hasta opacar la cumbia que queda de fondo. Algunos vecinos bailan con pasos de murga. Varios acompañan con maracas o aplaudiendo. Otros ayudan a pegar los carteles del ruidazo. Sobre la baranda frente al edificio uno de los afiches recién pintados dice: “Somos 20 familias”. Una niña lleva una hoja en una mano con la frase “No a los desalojos” y un carpincho de peluche en la otra. Hay señoras mayores con bastón y chicos corriendo y jugando a la pelota. La escena atrae a los vecinos curiosos que pasean por la zona aprovechando el clima primaveral.

 “Acá hay muchas personas que están a cargo de familias y que tienen graves problemas de salud –señala Majón-. Hay personas muy grandes que ni siquiera tienen una pensión por discapacidad o una jubilación. ¿Cómo van a solventar un alquiler? ¿A dónde van a ir?” Además manifiesta que con los salarios bajos en relación al aumento de los alquileres y las tarifas, “no hay forma de pagar un alquiler. Para entrar los requisitos mínimos son garantía propietaria, seguro de caución, que tengas un laburo en blanco y que puedas pagar el alquiler. Con los montos que están pidiendo, son unos dos millones, es irrisorio que una de nuestras familias pueda pagar eso para acceder a un alquiler”.

La batucada fue deteniéndose para dar paso a las exposiciones. Uno a uno, los participantes fueron tomando el micrófono y contando su historia. Manjón manifestó: “Somos familias de La Boca. Nacimos acá, vivimos acá, nos desarrollamos acá, criamos acá y no queremos ser excluidos de nuestro barrio”. En consonancia con lo expresado por la vecina, el conductor del programa de stream Discasta, conventillero y artista popular de La Boca, Jony de la Silla, denunció la decisión del Gobierno de expulsar la histórica feria de artesanos Vuelta de Rocha de la Plazoleta de los Suspiros: “Al Gobierno de la Ciudad no le importa nada. Quieren hacer un Puerto Madero para acá y, en todo caso, si quieren hacer Puerto Madero es con nosotros”. Los autoconvocados respondieron a las intervenciones cantando “La Boca no se vende”.

Se defiende

En el año 2007 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2240 que declara la emergencia urbanística y ambiental abarcando vivienda, servicios, equipamiento, espacios verdes y actividades productivas. A partir de esta ley se constituyó la Unidad Ejecutora del Programa de Recuperación Urbanística y Ambiental del Barrio de la Boca, con el objetivo de poner en práctica los programas, convenios y políticas públicas para favorecer el acceso a la vivienda digna. Los vecinos de la vivienda sobre Necochea piden una reunión con el Instituto de Vivienda de la Ciudad para poder generar esa instancia y encontrar una solución al conflicto presente.

En este sentido, Manjón explica: “La semana pasada nos dieron la sentencia de desalojo, la pudimos apelar. Ahora nos permitieron fundamentarla pero básicamente lo que nosotros queremos es que el juez nos de una mesa de trabajo con el IVC y también conseguir tiempo porque los tiempos son muy cortos y ya estamos a dos meses de fin de año y somos 20 familias que vamos a quedar en la calle”.

Natalia Quinto, de la organización La Boca Resiste y Propone, complementa: “El problema no es quedarse en esa casa en la condición en la que se encuentran sino poder solucionar su situación habitacional en el contexto de crisis habitacional de la ciudad, también de emergencia específica que tiene nuestro barrio” y continúa: “El gobierno tiene un programa de recuperación de La Boca a través de la Unidad Ejecutora y, al mismo tiempo, lleva adelante acciones que van absolutamente en contra con ese programa de recuperación”. También, hizo referencia a los desalojos impulsados desde el Gobierno de la Ciudad el 30 de julio y 26 de agosto de este año sobre la calle Pedro de Mendoza que dejó a 20 familias en la calle. Frente a la pregunta de por qué se llevan a cabo operativos de desalojo teniendo las herramientas necesarias para evitar llegar a esa instancia, responde: “Se decide así porque hay una creencia de que estamos en un tiempo donde ser cruel garpa” y sigue: “Creo que es desconocimiento, creo que es prejuicio, creo que es este momento político que propone la cancelación del otro”.

Majón invita a movilizar nuevamente el 10 de noviembre para visibilizar su situación y la de los vecinos del barrio. Responde que para dar respuesta al modelo de exclusión que el Gobierno busca imponer hay que seguir, “organizándose, generando consciencia, empatizando con el otro. Porque frente a esta crueldad deshumanizante que nos están planteando desde la ciudad y el gobierno nacional lo único que nos queda es salir de esto organizándose colectivamente”.

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

Terminaron de declarar los testigos en el juicio que inició la exministra de Educación, Soledad Acuña, al maestro Juan Manuel Di Vincenzo por denunciar las malas condiciones laborales durante la visita de un funcionario.

El jueves pasado se realizó en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49, la última ronda de testigos en el juicio por el desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo, sumariado junto al docente y dirigente Jorge Adaro por reclamar mejoras en las infraestructura de la Escuela 19 de Villa Soldati y manifestar por los docentes fallecidos en plena ola de contagios de la pandemia de COVID 19.

Pese a las malas condiciones de trabajo en el juzgado, el juicio se desenvolvió como estaba previsto. “Cinco personas en una habitación pequeña, en asientos incómodos, en la primera declaración tardaron dos horas por las fallas en los teclados”, detalló el acusado a ANCCOM. Al finalizar con el último testigo, en las calles esperaban por la conferencia de prensa las compañeras de la Escuela 19, junto con integrantes de ADEMyS, partidos de izquierda, legisladores y periodistas.

Un viaje al 2021

Como era usual en las prácticas que realizaba Fabian Capponi, el entonces Director General de Escuelas Estatales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el contexto de la pandemia del 2020, visitó la Escuela 19 de Villa Soldati, en donde los docentes se acercaron a comentarle respecto de las fallas de infraestructura, conectividad y malas condiciones de seguridad e higiene. “Solo recibimos ninguneos por parte de Capponi, quien se retiró de la escuela arrancando uno de los carteles que estaban en la puerta, informando a las familias sobre la situación de la escuela” contó Di Vincenzo y completó: “Volvió a las horas junto a dos personas más, filmando y sacando fotos con los celulares durante la salida de los alumnos de primer ciclo. Fue una situación de mucha tensión para las familias que no podían retirar a sus hijos, y por otro lado el funcionario y sus dos acompañantes querían volver a entrar a la Escuela. Se les pidió que se fueran, que sin permisos ni notificación no podían filmar, y terminamos logrando que se retiren”, recordó el delegado. 

Entre todos los reclamos por parte de los docentes, en marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo junto a legisladores y un arquitecto visitaron la escuela de Villa Soldatti y abrieron un expediente en el cual decían que “el edificio es un riesgo para todas las personas que lo habitan y sugieren que se realice un arreglo integral o el traslado de la escuela a otro edificio, lo cual nunca sucedió”. Después de la visita del funcionario, la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, subió a su cuenta de X uno de los videos ilegales filmados sin ningún tipo de permiso por parte de una persona sin identificación, y lo usó para escrachar a los docentes. “No queremos este tipo de docentes en la educación, serán sancionados” expresó Acuña.

En ese contexto, la funcionaria había anunciado la suspensión del salario por 30 días a dos maestros e inició un proceso para quitarle los fueros sindicales a Juan Manuel Di Vincenzo y Jorge Adaro, en ese momento secretario adjunto del sindicato Ademys. A partir de esa situación, se generó un gran movimiento y se fueron realizando algunos arreglos en la escuela. No obstante, el sumario terminó con la desestimación de los argumentos del desafuero por todas las pruebas presentadas por los docentes. Di Vincenzo y Adaro son acusados por pegar carteles en la puerta, cantarle al funcionario Capponi al grito de “no sos bienvenido, no sos bienvenido” e increpar a un funcionario público.

En este marco, Di Vincenzo fue elegido de manera unánime como delegado por lo cual con la llegada de la notificación del sumario se desarrolló una pelea entre el Gobierno, que sostenía que en el momento del hecho aún no era delegado y, por parte de la Escuela, que dice que ya lo era. “La justicia termina dándonos la razón, y confirmando que al llegar la notificación ya era delegado”, motivo por el cual no se pudo aplicar la sanción. “Por eso me llevaron a un juicio de desafuero, llamado juicio de exclusión de tutela sindical, el cual comenzó en 2023”, explicó el delegado.

Tras tres años de la persecución a ambos docentes, en un contexto donde ninguno de los funcionarios está ya en el poder, el procesamiento continúa. “Es realmente injusto, indignante y vergonzoso pero tengo expectativas ya que contamos con un precedente, el de Adaro, lo cual suma muchísimo” concluyó esperanzado Di Vincenzo, en alusión a la absolución de su compañero, que fue confirmada el 11 de junio por la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.

 

“Nos quieren echar para vender el Tigre”

“Nos quieren echar para vender el Tigre”

Los vecinos de las islas del Tigre organizaron un “bidonazo” para reclamar porque les cierran el acceso al agua potable. Denuncian que el municipio busca despoblar el lugar para vender terrenos como negocio inmobiliario.

El  sábado alrededor de las dos de la tarde comenzaron a reunirse los habitantes de las islas del Municipio de Tigre en el continente. Así está dada la oposición entre los territorios habitados: isla-continente. Toda la jornada realizada en la estación fluvial giró en torno a visibilizar la falta de agua potable, el corte de la cuadrilla de Aysa que iba muelle por muelle cargando los bidones, la contaminación del humedal y la primacía de lo privado por sobre lo público. “Quieren que nos vayamos” denunció Victoria Aguiló, una de las integrantes de la Asamblea Isleña.

Quienes viven en las islas se reúnen en asamblea cada quince días y tratan las diferentes problemáticas que les afectan: “La falta de agua potable, los biodigestores, la falta de regulación en la velocidad de las lanchas en el río”, contó Aguiló y agregó: “Venimos con un recorte de derechos que hace que ser isleño o isleña sea cada vez más difícil”. Al ser consultada sobre el accionar del municipio, Victoria declaró que “están privatizando las islas, hay cada vez más población y el humedal no lo resiste”. Además, destacó que hay un delegado de islas que “se llama Julio y ni siquiera vive en la isla, no le conocemos la cara, no sabemos el apellido, no nos representa”. 

“Están vendiendo Tigre como el nuevo Olivos, quieren explotar el territorio con fines inmobiliarios por eso nos cortan el agua potable, nos cortan el servicio de lanchas a las ocho de la noche, y si trabajás, tenés que tomar una lancha taxi que te sale 4 mil pesos por una distancia de 15 minutos” afirmó Aguiló.  

Carteles y bidones con consignas como “tenemos derecho al agua segura”, “agua potable para la isla”, “¿y vos, qué agua tomás?” podían verse mientras se recorría la fluvial y en las largas filas para subir a las lanchas. Mientras esperaba, Carla, vecina de la primera sección, contó que “siempre salimos con bidones y muchas veces no nos dejan subir con más de dos, pero los turistas suben con un montón de carga”, destacó. “Hay muchas personas mayores, otras con problemas de movilidad o mamás, hay casas que están a 300 metros del muelle y nos ayudamos entre vecinos, somos solidarios”.

Por su parte, Victoria y Edgardo Moyano, vecinos del río Sarmiento que se mudaron a la isla luego de la pandemia, manifestaron que “la cantidad de agua que necesitás a diario es un montón y más si tenés chicos”. El agua potable que cargan de las bocas de la fluvial la utilizan para tomar y cocinar, mientras que para lavar los platos o bañarse usan el agua del río. Para poder utilizarla hacen un proceso de decantación del barro y tratamiento especial, y aún así en algunas zonas “hay personas que tienen erupciones por la contaminación” aseguró Estanislao Airala. “El agua baja muy pesada, no sólo por la contaminación de la ciudad o industrial sino por la pesca casera y los agrotóxicos del Paraná” explicó Airala. El vecino de arroyo Esperanza afirmó que “el mes pasado bajaron cantidad de peces muertos, las aguas no van a ser seguras hasta que no se corte la contaminación”. 

Gustavo Sirio, extrabajador de las cuadrillas de Aysa contó que “trabajamos casi cuatro años en un servicio gratuito que daba la compañía, teníamos diferentes itinerarios, incluso en un momento llegamos hasta el río Paraná Miní. La gente estaba muy agradecida”. Sobre el corte del servicio declaró que “nos preguntaban qué iba a pasar, incluso estaban dispuestos a pagar alguna tarifa para que continúe, pero nosotros sólo les podíamos decir que aprovecharan a cargar, porque sabíamos que en cualquier momento se cortaba”.

Eran más de veinte trabajadores que cargaban los bidones que las personas dejaban en los muelles, había capacidad para dos o tres mil litros de agua, como también muelles con veinte o treinta bidones, dependiendo de la cantidad de familias, pero “un día nos dijeron que no había más servicio y desde entonces estamos sin trabajo” confesó Sirio.

“Olé olé, olé ola, nos contaminan el humedal, queremos agua es una necesidad”, se escuchan los cánticos mientras la policía avanzaba de costado y por atrás para contener a los manifestantes que daban vueltas en la rotonda entre la estación de trenes y la fluvial. Los autos pasaban rozando sin miramientos. Los y las isleñas ni siquiera son parte del paisaje, pasan desapercibidos ante el turismo que solo explota el lugar y “ensucian y agotan el territorio». dicen desde la asamblea. 

Hicieron un bidón mutante, como un tejido a mano, fueron hilando los recipientes de plástico y los colgaron del puente que cruza el río. Junto con ellos la bandera de Fuerza Isleña y Asamblea Isleña que acompañaron el reclamo. Luego marcharon al edificio municipal con el grito de “agua potable, no seas miserable”, “¿y Aysa dónde está?” Y no faltó la mención al intendente Julio Zamora. Por supuesto, un cordón con algunos agentes de policía cuidaban las puertas del Municipio. El resto de agentes guardaban el espacio de circulación vehicular. Mientras tanto, la convivencia armónica con la naturaleza está en declive y lo privado invade lo público.  

 

Condenaron a las mujeres mapuche acusadas de usurpación en Villa Mascardi

Condenaron a las mujeres mapuche acusadas de usurpación en Villa Mascardi

Las seis imputadas recibieron penas de entre dos años y dos años y medios en suspenso. “Desde que nací soy mapuche y fui hostigada siempre por el Estado”, dijo una de las condenadas.

“Arrancaron a los tiros. No fue represión, era una cacería”, dijo Mayra Aylén Tapia, al relatar la violencia del desalojo ocurrido en noviembre de 2017. Foto Archivo: Alejandra Bertoliche/ TELAM

Luego de un juicio exprés que de solo tres audiencias –en las que la defensa denunció la arbitrariedad y “show político de la justicia patagónica”–, el lunes 30 de septiembre hubo alegatos y sentencia en el juicio contra los y las integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu por la causa en que se acusaba a un grupo de usurpación de terrenos en Villa Mascardi. La jornada concluyó con la condena de seis imputadas a penas de entre dos y dos años y medio en suspenso.

Siempre rodeados por decenas de efectivos armados y con uniformes verdeoliva, porque el proceso se desarrolló en el Escuadrón 34 de Gendarmería de Bariloche, en el último día durante ocho horas las partes dieron sus alegatos de cierre luego de escuchar las palabras finales de las y los imputados. Como en un juego de tenis, el bloque acusatorio y el defensor inculparon a la contraparte de acciones violentas y el incumplimiento del marco legal preestablecido para los casos de disputas por terrenos con comunidades indígenas.

“‘Comé tierra, india’, le dijeron los policías a la machi (sanadora), luego de tirarla al suelo mientras la golpeaban”, contó la imputada Mayra Aylén Tapia, docente de secundaria, al realizar una recapitulación de la violencia que sufrió su comunidad por parte de los efectivos policiales la noche del desalojo policial, el 23 de noviembre de 2017. “Arrancaron a los tiros. No fue represión, era una cacería”, dijo Tapia, que además afirmó que en ningún momento hubo intención de Parques Nacionales de una mediación pacífica, y que el racismo, la persecución y la arbitrariedad fueron parte de todo el proceso: “El único plan de comanejo con Parques Nacionales nos reduce a la servidumbre. Nosotros no luchamos por ser dueños de la tierra, sino por vivir libres en nuestros territorios y que no nos vengan a matar como lo hicieron”. 

Le siguió para sus palabras finales su compañera María Isabel Nahuel, que se sumó la denuncia sobre el comportamiento de las autoridades: “Desde que nací soy mapuche. Desde que nací fui hostigada, siempre por el Estado”. Además, Nahuel recalcó que nunca se les avisó que iban a desalojarlos, sino que los efectivos policiales avanzaron durante una noche en medio de disparos, a pesar de que la Fiscalía era consciente sobre la presencia de niños en el predio. “El Parque Nacional vino después. Nosotros estábamos antes, mis antepasados, los mapuches y tehuelches siempre estuvieron en estos territorios. Nosotros no somos usurpadores, a nosotros nos vinieron a despojar de nuestros territorios, nos vinieron a matar”.

¿Dos demonios?

Cuando llegó el turno de hablar de la querella, en representación de Parques Nacionales, se negó cualquier tipo de arbitrariedad, violencia o proceder que incumpliera las normas jurídicas vigentes y, por el contrario, insistieron en la actitud “violenta” y “terrorista” por parte de la comunidad mapuche en la usurpación. “La toma cambió la vida diaria de la sociedad, con el trabajo de los guardaparques y los cortes permanentes”, dijo la querella. 

El bloque acusatorio, compuesto tanto por la querella como por la Fiscalía, insistió en la existencia de normativas cuya finalidad es resolver las problemáticas en cuanto a terrenos para comunidades indígenas. Así intentaron negar cualquier tipo de discriminación del Estado, del que se resaltó su caracter democratico. “Hubo hechos delictivos y unilaterales. No se trata de un reclamo territorial. No se puede justificar bajo ningún punto de vista la violenta toma que los imputados ejercieron en Villa Mascardi”, afirmó la querella, y aseguró que desde la administración de Parques Nacionales, la estrategia primera siempre fue el diálogo.

En cuanto a la Fiscalía, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, aseguraron que la comunidad mapuche se encontraba advertida sobre el desalojo, y que se habían preparado para resistir la usurpación con armas y barricadas, de nuevo destacando el accionar violento de los mapuches. “Si voy a elegir una figura sagrada, ¿por qué voy con pasamontañas con el rostro tapado como ladrón?”, alegó la Fiscalía. 

La defensa, por su parte, sostuvo en primer lugar el derecho de las comunidades de sostener y reafirmar su cultura, y la existencia de una conexión sagrada con los territorios. En segundo lugar, negó todo tipo de accionar violento por parte de la comunidad mapuche, afirmando que ellos actuaron en defensa propia y desde la asimetría de fuerzas y recursos respecto del Estado. Por otro lado, denunciaron las incoherencias entre los testigos y denunciaron que, detrás del proceso judicial, se encontraban en movimiento intereses políticos. Finalmente, remarcaron que la estrategia del bloque acusatorio de apoyarse en la imposibilidad de acciones discriminatorias por parte del Estado debido a la existencia de un sistema democrático, carecía de justificación: “Insistir en que se trata de un gobierno democratico no garantiza nada”. Los abogados defensores, que habían anticipado el veredicto ya estaba “cocinado”; pidieron la absolución de los imputados: “Además de la absolución, pedimos que en caso de no ser así, que no se les imponga el no concurrir al rewe del predio, por ser un lugar sagrado”, en un pedido de que se tenga en cuenta, al momento de dar la sentencia, la perspectiva de derechos indígenas. 

“Es injusto hablar de enfrentamiento cuando lo único que teníamos para defendernos, eran piedras. Se habla de violencia pero los muertos los tenemos nosotros”, dijo Joana Micaela Colhuan en sus palabras finales, y agregó: “Para nosotros no hay justicia. A mi primo lo mataron (en alusión a Rafael Nahuel), y la persona que me disparó a mi no está acá, está libre”. Al momento de tomar la palabra, Tapia denunció “Hablan de democracia mientras que al mismo tiempo presentan una Teoría de los Dos Demonios, cuando ellos saben muy bien que solo teníamos piedras”.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal decidió condenar a la pena de dos años con ejecución en suspenso, e imposiciones a la libertad como la fijación de un domicilio y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia de Presos y Liberados de la provincia de Río Negro, a los imputados Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas y Mayra Aylén Tapia. Por otro lado, Yessica Fernanda Bonnefoi recibió dos años y dos meses de presión, y a Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña se le sumaron cuatro meses más. “El Estado argentino no va a reconocer nunca los derechos de los pueblos originarios, pero vamos a seguir apelando si es necesario hasta la Corte Suprema”, dijo la abogada defensora Laura Taffetani.