Nov 8, 2019 | Novedades, Trabajo
Aún resonaba el impacto del fallo que condenó a cinco trabajadores de la línea 60 a dos años de prisión en suspenso por una medida de fuerza llevada adelante en 2015 cuando se dio a conocer la noticia: la Secretaría de Gestión de Transporte dictaba un nuevo recorte del servicio, que pasará de tener 19 ramales a tan sólo 8. Sucedió el pasado viernes 1 de noviembre e, inmediatamente, los trabajadores declararon el paro total de actividades. Esa misma noche, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días y el servicio fue reanudado. Sin embargo, el conflicto sigue abierto.
La resolución 152/2019 dictamina la reestructuración del trazado de la línea con el fin de adecuarlo “al diseño y necesidades actuales del sistema de transporte público” e implica la supresión de tres recorridos y distintas fusiones entre los restantes. El resultado es el siguiente: tan sólo dos ramales saldrán de Barracas -al sur de la Capital Federal- y llegarán hasta San Isidro y Rincón de Milberg, respectivamente, mientras que aquellos servicios provenientes de Escobar -en la zona norte del conurbano bonaerense- terminarán su trayecto en Barrancas de Belgrano y Plaza Italia. La línea 60, de esta manera, quedará partida en dos.
“Para hacer el recorrido completo, un pasajero deberá abonar dos pasajes en vez de uno, teniendo en cuenta que tampoco accede al beneficio de la tarjeta SUBE porque está dentro de la misma línea”, advierte Sebastián Menconi, delegado en la cabecera de Barracas, y agrega: “Además, por la fusión de los ramales, se está dejando a barrios enteros sin servicio en la zona norte. Barrios sobre todo humildes y de trabajadores como son la zona de Las Tunas o la de Los Troncos en Pacheco”.
La actual medida se ampara en los puntos esbozados a partir de la resolución 137/2018, también de la Secretaría de Gestión de Transporte, en la que se delinean los procedimientos para la modificación de los recorridos de las líneas de colectivo. En los considerandos, se hace hincapié en la necesidad de “generar mecanismos que permitan lograr mayor eficiencia en la gestión empresaria, a través de la búsqueda de la racionalidad, la adecuación de la oferta a la demanda, la disminución de los costos de explotación[…] sin que ello redunde negativamente en la calidad [de los servicios existentes]”. En el caso de la línea 60, se estaría priorizando el interés económico muy por encima del derecho de los usuarios.
En diferentes entrevistas, Julio Marcelo Pasciuto -presidente de MONSA, prestadora del servicio-, utilizó esos mismos argumentos para justificar la modificación en los trayectos: “lo que se trata de hacer —dijo— es adaptar los recorridos a la demanda. El viaje entre Escobar y Barracas dura tres horas y la verdad es que nadie lo hace”. También alegó que estos cambios traerían una mejora a los pasajeros “porque podrán hacer transbordo con otras líneas” y así ahorrar tiempo.
Héctor Cáceres -también delegado en Barracas- sostiene que, al contrario de lo que opina el presidente de la firma, la baja en la demanda se debe a la pauperización del servicio. “Antes los subsidios que venían desde el Estado eran por unidad de transporte. Ellos hacían abuso de esto no sacando los colectivos a laburar. Nosotros hicimos la denuncia ante el ente regulador y al Ministerio de Trabajo, porque eso nos iba a traer un perjuicio a la larga con la pérdida de pasajeros. De los 250.000 usuarios diarios que manejábamos, en este momento quedan un poco más de 90.000”, explica y prosigue: “Con este gobierno, cambió el sistema. El subsidio entra según la cantidad de boletos vendidos, que ya venían reduciéndose. Entonces, en vez de recuperar los pasajeros perdidos, lo que quieren hacer es seguir achicando aún más la línea”. En efecto, según los trabajadores, la frecuencia del servicio, que solía ser de un minuto en Capital, ahora es de entre 5 y 6 minutos.
En otra de sus declaraciones, Pasciuto se refirió a la necesidad de hacer “competitiva” la línea, ya que actualmente era “deficitaria”. Sin embargo, el grupo DOTA -propietaria de MONSA- adquirió en septiembre la ex-línea 165 y sigue afianzándose como el grupo empresarial más poderoso del Área Metropolitana de Buenos Aires en el transporte automotor de pasajeros, con el control del 46% de las líneas de colectivos.
En todas ellas, impone sus políticas de austeridad financiera. “Lo que ellos llaman ‘adaptar las líneas’, nosotros lo llamamos desguace. Es lo que ya vimos que hicieron en empresas como General Tomás Guido -líneas 25, 84, entre otras- y San Vicente -sur del conurbano bonaerense-, donde sacaron recorridos por completo y recortaron otros”, ejemplifica Menconi.
Desde el arribo del grupo DOTA a la línea 60 en 2010, el personal se redujo de 1.450 trabajadores a poco más de 900. “Se fueron por jubilación o retiro voluntario y no repusieron esos choferes”, cuenta Menconi. Los empleados sostienen que el recorte de ramales recientemente anunciado podría implicar otro proceso de reducción, particularmente en la cabecera de Barracas, de la que empezarán a salir sólo dos servicios de los once que eran hasta ahora.
“Son funcionarios salientes, les quedan pocos días. No tienen autoridad como para definir esto en detrimento de miles de pasajeros”, denuncia Cáceres. Se refiere a Héctor Guillermo Krantzer, secretario de Gestión de Transporte, y a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte. Ambos son los principales apuntados en los comunicados que divulgan los trabajadores de la línea 60: “Este gobierno, que acaba de perder las elecciones, aprovecha sus últimos días para arrasar con todo lo que pueda en beneficio de sus empresarios amigos. Desde el Cuerpo de Delegados manifestamos que no dudaremos en denunciar a Krantzer por mal desempeño en sus funciones”. Éste último es Ingeniero Civil con orientación en Transportes. En sus anteriores pasos por la función pública, se desempeñó como director de la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CONTA) durante la presidencia de Carlos Menem y como director general de Transporte en la Ciudad de Buenos Aires.
“Nos vamos a mantener en estado de asamblea permanente para decidir entre todos los trabajadores los pasos a seguir. En los próximos días anunciaremos, una vez finalizada la conciliación obligatoria (finaliza el viernes 15), cuáles son las medidas de fuerza que vamos a llevar adelante para defender la fuente laboral de las 300 familias que trabajan en la cabecera de Barracas y para mantener un servicio público de calidad”, finaliza Menconi.
Por lo pronto, este lunes 11 de noviembre a las 10, los trabajadores de la línea 60 marcharán desde el Congreso de la Nación a la Secretaría de Trabajo y para ello convocan a los empleados del transporte, usuarios, organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Nov 5, 2019 | Novedades, Trabajo
Los trabajadores de la Línea 60 en un acampe del conflicto del 2015, por el que fueron condenados.
El conflicto duró 42 días. Había comenzado un 24 de junio, cuando los trabajadores de la Línea 60 dispusieron el no cobro de boletos a los pasajeros como medida de fuerza frente a la falta de diálogo con el grupo DOTA-MONSA, gerenciadora del servicio. Sucedió en 2015, durante las vísperas de la elección presidencial que tendría como ganador a Mauricio Macri. Cuatro años más tarde, el pasado 11 de agosto, un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal dictó sentencia de dos años de prisión en suspenso a cinco trabajadores por lo sucedido en aquel entonces.
“Se busca que esto sirva de ejemplo para el resto de los trabajadores, diciendo que el que quiere llevar adelante una lucha para defender sus derechos puede correr con el riesgo de ser denunciado, procesado y tal vez hasta condenado, como estos compañeros”, explica Esteban Simonetta, delegado de la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Las denuncias se habían presentado por presuntas amenazas coactivas y lesiones hacia otros empleados durante el conflicto. “La empresa tiene algunos empleados que son afines. Son contratados con permisos bastante flexibles y un trato diferencial en lo laboral, distinto al común de los demás trabajadores, para usarlos como rompehuelgas. A través de ellos, denunciaron en 2015 a estos cinco compañeros de la cabecera Barracas diciendo que los habían amenazado y golpeado”, agrega. Sin embargo, es imposible comprender la naturaleza del fallo sin tomar en cuenta el contexto en el que fueron presentadas estas denuncias.
A mediados de 2015, el grupo DOTA-MONSA amenazó con realizar despidos masivos mediante la aplicación del artículo 245 de la Ley de Contratos de Trabajo, que regula las indemnizaciones. La dirección aducía que, pagando los montos allí dispuestos, tenía la potestad para despedir a los trabajadores que creyera conveniente. “Argumentaban que había compañeros que eran enfermos crónicos, que pedían mucha ART. Nosotros dijimos que eso era discriminación y un cercenamiento al derecho a la enfermedad”, recuerda Simonetta. El quiebre se dio ante el despido de Ariel Benítez, chofer que había sufrido un accidente de tránsito y que sirvió como puntapié para aplicar el mecanismo de desvinculaciones pensado por la empresa. Además, los trabajadores venían reclamando, sin ser escuchados, por el pago de haberes adeudados, por la frecuencia del servicio y por las condiciones de seguridad e higiene. La respuesta fue el no cobro de boleto: “Veíamos que la empresa provocaba los conflictos y nos incitaba a que hagamos paro porque total ellos tienen la espalda económica para soportar los días que fueran necesarios. Entonces ya un par de años antes, habíamos puesto en marcha ese tipo de medidas de fuerza ”.
El grupo DOTA decidió ir por todo. Al tercer día, implementó un lock out patronal, o sea, retiró al personal administrativo de las cabeceras paralizando así el funcionamiento de toda la línea. Al mismo tiempo, continuó con su lista de “enfermos crónicos” y envió 52 telegramas de despido. Los trabajadores y sus familias sostuvieron la medida de fuerza, en un principio, ocupando las terminales. Luego decidieron directamente romper con el lock out y hacer circular los vehículos por su cuenta.
Represión a los trabajadores de la Línea 60 durante el conflicto de 2015.
Con el correr de los días, la tensión siguió en aumento. Gracias a una orden de la fiscalía de Escobar, la empresa logró impedir la salida de unidades desde la cabecera de Ingeniero Maschwitz. Más tarde, la jueza María Romilda Servini efectuó la orden de hacer lo mismo con la cabecera de Constitución junto a todo un despliegue policial alrededor del predio. Allí quedaron virtualmente “secuestrados” durante una decena de días 22 trabajadores que resistían el amedrentamiento de la empresa y el Poder Judicial. Según Esteban Simonetta, “lo justificaron aduciendo amenazas falsas de los trabajadores, diciendo que la cabecera estaba tomada por personas ajenas a la empresa, que no sabían en qué condiciones se encontraban las personas acá adentro para manejar, que no teníamos registro, que había gente de rehén…, toda una serie de falsas denuncias que después se probó que no eran ciertas, porque tanto en Maschwitz como en Barracas vinieron los jueces, inspeccionaron y se corroboró que eran acusaciones falsas”.
El conflicto siguió entre idas y vueltas constantes, que incluyeron cortes en Puente La Noria, Saavedra y Panamericana con represión incluída, hasta que finalmente la intervención del Ministerio de Trabajo logró destrabar la situación. No obstante, varias de esas denuncias -que en su momento sirvieron al grupo empresarial para enfrentar a los trabajadores- siguen abiertas hasta hoy. “El cuerpo de delegados tiene un montón de causas. Están siendo procesados, pero todavía no tenemos fecha de juicio oral. También se denunció a 14 compañeros por el no cobro de boletos propiamente dicho”, continúa Simonetta.
De ese caudal de denuncias proviene el fallo que condena a los cinco trabajadores de la Línea 60, cuatro de los cuales ya fueron despedidos. Al tratarse de una prisión en suspenso por dos años, permanecerán en libertad: “El objetivo es otro: buscan eliminar de cuajo cualquier intento de hacer nuevamente una medida como ésta, ya que nos permitió ponernos de igual a igual con la patronal. Además, es una condena que afecta a todo el conjunto de trabajadores porque vulnera la posibilidad de que puedan proteger sus propios derechos”, remarca. Por lo pronto, los trabajadores deberán aguardar a las instancias de apelación.
El transporte como negocio
El grupo DOTA es el mayor conglomerado empresarial del Área Metropolitana en el transporte de colectivos. Posee 180 de las 389 líneas, divididas en 67 empresas. Según la Auditoría General de la Nación, recibió entre 2014 y 2017 el 48% del total de subsidios otorgados al sector: 34.000 millones de pesos -sin tomar en cuenta la inflación-. También posee la concesionaria MegaCar -representante en el país de la terminal de utilitarios brasileña Agrale- y la carrocera TodoBus. El negocio, por lo tanto, es redondo.
En 2010, la operadora adquirió la Línea 60 -MONSA-. Casi automáticamente, redujo la cantidad de ramales de 24 a 12, mientras la nómina laboral pasó de 1.240 a 933 trabajadores. Este año se anunció la posibilidad del cierre de otros siete ramales y la decisión de partir la línea en dos: los servicios provenientes desde zona norte llegarían hasta Barracas, mientras que los de Capital Federal lo harían sólo hasta San Isidro. Así, por ejemplo, alguien que vive en Escobar debería hacer trasbordo dentro de la misma línea para llegar a Constitución.
Simonetta lo describe de la siguiente forma: “Es la concentración del mercado. Al haber abarcado tantas empresas, se superponen entre sí. La empresa busca reconvertir las trazas para hacerlas más competitivas y quitar los ramales más ociosos. Eso hace que incluso la línea pierda la entidad de servicio social, porque de llevarse a cabo esta reconversión se abandonarían lugares históricos del recorrido dejando a esa población sin colectivo”.
Tomar un servicio público como espacio de negocios tiene sus consecuencias. El 9 de septiembre de 2016, se le encargó a David Ramallo la reparación de un colectivo con un desperfecto eléctrico. Para ello, fue obligado a utilizar una rampa nueva sin habilitación que ya había sido denunciada por otros trabajadores. Al subir la unidad, cedió la contención, el micro cayó mientras Ramallo se encontraba debajo y le ocasionó la muerte. Hasta hoy, no hay ningún responsable por el hecho.
“Al ser un grupo tan poderoso, y que aspira a quedarse con todo el transporte en la Argentina, no le interesa respetar ni la Ley de Contratos de Trabajo, ni el Convenio Colectivo ni nada. Ellos vienen a implementar su política patronal y a querer enmarcar nuestro trabajo con sus propias reglas. Lo hacen en todas sus empresas, menos en ésta línea. Por eso están tan abocados a enfrentar esta Comisión Interna y a todos los trabajadores de la 60, para tener el camino allanado y seguir adelante contra las conquistas y los derechos de los trabajadores”, concluye Simonetta.
Sep 24, 2019 | Novedades, Trabajo
Eran las 6 de la mañana. Los empleados que iban llegando de a poco a la puerta de la empresa gráfica R.R.Donnelley, en el km.36,7 de la Panamericana, Garín, leían con estupor el comunicado de la empresa, escrito sobre una hoja pegada con cinta en el portón de entrada:
“Escobar, Agosto 11, 2014
Estimado colaborador:
Lamentamos profundamente tener que comunicarle que, afrontados a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país.
Esperamos pueda usted entender esta situación no deseada por nosotros, pero desgraciadamente inevitable. Deploramos las dificultades que esta decisión le causará.
Para mayor información respecto a esta situación, puede llamar al siguiente teléfono: 0800-345-1442.
Atentamente,
R.R. Donnelley Argentina, S.A.”
Ni siquiera habían dejado firma o sello oficiales para anunciarles a sus 400 trabajadores que quedarían en la calle. Sólo aquel 0800 al que nadie llamó.
Se cumplen cinco años de aquel momento, pero la historia de la Cooperativa Madygraf no comenzó esa mañana ni al día siguiente, cuando los trabajadores decidieron tomar la fábrica y ponerla en producción por ellos mismos. Se remonta muchos años atrás y carga con millares de momentos de resistencia y lucha. Tires y aflojes, idas y venidas.
La imprenta creó una jugoteca para los hijos de los trabajadores.
Historias en el pasillo
María de los Ángeles Plett invita a ANCCOM a hacer una recorrida por la fábrica. Es lo que hacen los y las trabajadoras siempre que alguien visita Madygraf por primera vez. “Éste es un lugar que está abierto a la comunidad. Acá puede venir cualquier vecino o vecina a decir ‘quiero hacer una recorrida’ y alguien va a cubrir eso”, cuenta. No se trata, sin embargo, de dar simplemente una vuelta por las instalaciones. “Nuestra apertura es política. Es para que vean que hay un ejemplo distinto, que se puede pelear y resistir”.
El ingreso es a través de un pasillo cuyo final se pierde en la distancia. A los costados se abren puertas y ventanas que dan acceso a todos los sectores de la imprenta: Pre-prensa, Prensa, Encuadernación, Despacho y un gran número de otros lugares más pequeños. La disposición del espacio no es azarosa, como quizás podría pensarse. “Antes había una división muy importante entre los compañeros. Prensa se enfrentaba con encuadernación, por ejemplo. Eso estaba fomentado desde la patronal, como política para que los trabajadores no se unan. Bueno, es lo que pasa en todas las fábricas: si sos contratado cobrás menos. Lo mismo si sos tercerizado o mujer”, explica María de los Ángeles. Desde el comienzo había pocas mujeres en Donnelley, recluidas en Calidad y Administración. Lentamente fueron desplazadas, quedando sólo unas pocas en éste último sector. Se trataba de una fábrica eminentemente masculina. “Se había generado un clima muy machista, muy de enfrentamiento. Era una cuestión de ego, de puestos de trabajo. ‘Yo soy maquinista y tengo más autoridad que el que pone pliegos’, ponele. O un tema de ‘no me gusta tu cara’ directamente. ¿Vieron que los varones son así?” dice riéndose. “La fábrica es un mundo aparte. Te tenés que ver 8, 12 o 16 horas con todos. Es difícil. Pero todo este clima -enfatiza- también lo generaba la misma patronal”.
Asoma el sector de Encuadernación y María de los Ángeles invita a pasar. Describe con soltura todo el proceso de trabajo y, apuntando con el índice bien alto hacia las máquinas, dibuja en el aire el recorrido que hacen las revistas hasta tomar su forma final. Es frecuente que en Madygraf una trabajadora conozca el funcionamiento entero de la fábrica. “Lo que hacemos es fomentar los puestos rotativos. Queremos que todos roten sus tareas, que los compañeros conozcan el proceso de producción. Es importante que ellos sepan de la A a la Z, lo que no te cuenta la empresa”, comenta. Y agrega: “Aparte, queremos evitar la burocratización. Por ejemplo, la directiva se cambia una vez al año. Y el que sale de la dirección va a la máquina. Volvés a tu puesto de trabajo. Todo esto discutido con los compañeros y votado en asamblea”.
«Queremos que todos roten sus tareas, que todos conozcan el proceso de producción», dice María de los Ángeles.
Cada paso permite conocer alguna situación, algún nombre, alguna historia. María de los Ángeles señala unos ductos. Se trata de un proceso subterráneo que, cuando sale una revista de la máquina, se lleva todo el sobrante de papel a través de un sistema de aire hacia otro lugar, en el exterior del edificio. “Cuando eso se trababa, porque entraba una revista o un alambre de los ganchos por ejemplo, lo que hacía la patronal era atarle una cuerda a un trabajador y meterlo ahí dentro para que lo destape con la mano. Fíjense el nivel de conciencia de todos, que permitían esas cosas. El compañero que lo hacía, que ya no está laburando acá, era `un palito`, lograba ingresar ahí. Entraba, empujaba todo y después lo sacaban. Y eso no es algo que está preparado para que entre la gente. Si se les quedaba el tipo ahí yo no sé cómo carajo iban a defender eso. Tuvo mucha suerte la patronal, haciendo ese tipo de cosas y que no le salieran mal”.
Esa no era una situación aislada, formaba parte de la dinámica que tenía la entonces Donnelley: jornadas de 12 horas y un régimen que implicaba trabajar incluso los sábados y domingos. “Los compañeros se internaban acá y las condiciones de laburo eran terribles. Hay algunos que tienen cinco hernias de disco. Tenían 30 años y estaban literalmente rotos. A eso se le sumaba todo el estrés laboral”, rememora María de los Ángeles.
Las marcas del tiempo quedan en los cuerpos y también en los lugares. Toda la cartelería, que indica sectores, oficinas, tableros de electricidad, tienen todavía estampado el logo de “R.R. Donnelley”. Los sillones y las mesas que llenan las oficinas de lo que fue la Gerencia General son los mismos en los que se sentaban los directivos de la compañía a planificar las medidas a ejecutar. Ahora son los trabajadores y trabajadoras quienes se reúnen allí a discutir el devenir de la cooperativa. En Madygraf, el pasado todavía se siente en el aire pero no con la forma de un trauma, sino como memoria y aprendizaje.
María de los Ángeles advierte: “Yo siempre en las recorridas le digo a la gente miren las paredes, porque las paredes de Madygraf hablan”. Tal cual: en uno de los muros se exponen, enmarcadas, las tapas de algunas revistas que imprimió la cooperativa. Y entre ellas, se encuentra una que se sale de lo común. “Este es nuestro cuaderno. Es una herramienta de trabajo, militancia y hermandad. Cuando vos lo abrís, tenés la historia de Madygraf. Lo llevamos a las escuelas en donde el Estado no llega y así tratamos de generar un lazo de solidaridad y acompañamiento con las docentes de la zona y de otros lugares también”, cuenta con orgullo.
También es una herramienta de lucha. En febrero de este año, los trabajadores de Madygraf protestaron frente al Congreso de la Nación a partir de un “cuadernazo”, o sea, la entrega gratuita en la vía pública de sus cuadernos, en reclamo por irregularidades durante una licitación pública en la que la fábrica recuperada había participado. La cooperativa había sido la mejor oferente y, sin embargo, no les otorgaron la licitación alegando que hubo problemas internos al Ministerio de Educación, que los sobres de Madygraf les habían llegado abiertos a las autoridades, y que, por lo tanto, deberían volver a llamar a licitación, beneficiando a las demás empresas que a partir de entonces sabrían cuál era la oferta preparada por Madygraf y así podrían ajustar las propias. Incluso hubo una represión aquel día, que terminó con un trabajador de Madygraf y un periodista de Página/12 detenidos. “No nos la dieron porque somos un ejemplo de resistencia, de decir que vos no tenés por qué resignarte si te echan de tu laburo. Madygraf es un ejemplo para la situación que se vive ahora, porque ataca profundamente la cuestión de la propiedad privada”, reflexiona María de los Ángeles.
Por la crisis y los cambios de hábitos a partir de las nuevas tecnologías, Madygraf bajó a un tercio su producción.
Casi al lado del cuaderno de Madygraf, está otra de las grandes conquistas de la cooperativa: la Juegoteca. No es ni más ni menos que la guardería en donde las trabajadoras pueden dejar a sus hijos e hijas durante el horario de trabajo. Allí están con docentes, trabajadoras sociales y practicantes de distintas universidades, divirtiéndose con juegos indescifrables, dando vueltas alrededor de las mesitas donde toman la merienda, corriendo de repente para desaparecer en algunos de los cuartos del fondo. Cuartos que pertenecieron -en las épocas de Donnelley- al sector de Recursos Humanos, donde se decidía la suerte de los 400 empleados que trabajaban en la empresa. “Nuestros hijos tienen juegos, cursos de Educación Sexual Integral…todo lo que no les da el Estado y la escuela, acá lo podemos aplicar. Y hay también una lucha propia por la Juegoteca. Esto lo conquistó la Comisión de Mujeres de Madygraf, que se la peleó en una asamblea a los compañeros. Y cuando salimos a reclamar, lo hacemos tanto por los subsidios para la fábrica, para las máquinas, para todo eso, pero también para la Juegoteca”, explica María de los Ángeles mientras saluda a las niñas que se cruzan.
Imágenes del pasado y realidades vivas del presente, todo se mezcla en el largo pasillo de Madygraf. María de los Ángeles no da dos pasos sin saludar a algún compañero que se dirige a una reunión, que tiene algún trabajo pendiente o que, simplemente, está llegando. “Todo esto se empezó a organizar desde el saludo. Se trataba de unificar desde ese lugar. Después se fue convirtiendo en un proceso mucho más profundo”, dice e invita a pasar a una de las oficinas del primer piso.
A ambos lados del portón
María de los Ángeles Plett trabajó desde muy joven en distintas fábricas de la Zona Norte del Conurbano bonaerense. Las rebeliones populares del 19 y 20 de diciembre de 2001 la encontraron con 23 años y como único sostén económico de su familia. “Yo estaba muy mal porque no entendía qué pasaba. Literalmente, no lo entendía. Mi mamá lloraba en el sillón diciendo ‘¿qué pasa?¿qué pasa?’. Hubo saqueos en el barrio y en todos lados. Hubo muertos y los mostraba la televisión”, recuerda. Por entonces, trabajaba en Pepsico. Allí conoció a Leonardo Norniella, miembro de la Comisión Interna de la fábrica y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). “Él me preguntó ‘¿Y?¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a tu casa o vas a luchar?’ y yo le respondí que sí, que iba a luchar”. Así empezó a militar en el PTS. Su situación económica y personal -por diversos problemas familiares- la habían llevado a tomar conciencia sobre cómo funcionaba el mundo a su alrededor. Para colmo, al año siguiente la despidieron de Pepsico.“Ese fue un momento bisagra en mi vida. Me dije que este mundo no es el que yo quiero. Ni para mí ni para nadie. Empecé a entender que estaba en una sociedad de clases, donde unos pocos tienen todo y la mayoría no tiene nada”. Con el correr de los años transitó por diferentes trabajos precarios dentro de la industria alimenticia y autopartista. “Toda la generación del 2001 ha pasado por esto. Laburé siempre de forma contratada: cinco o seis meses. Donde pegaba un laburo, me metía. Mi único trabajo efectivo fue en Tyco Electronics, donde trabajé durante cinco años”, rememora. Hoy es una de las referentes en la lucha de Madygraf.
María de los Ángeles Plett.
El camino hasta aquí fue largo y se enlaza con decenas de otros nombres e historias. Comienza, según el relato de María de los Ángeles, con Eduardo Ayala. Por el año 2003, era delegado de La Verde, o sea, de la Federación Gráfica Bonaerense, sindicato del sector. Eduardo había entrado también a trabajar en la Universidad Nacional de Luján y allí conoció a un grupo de estudiantes militantes del PTS. Hablaban de política en general y, con el paso del tiempo, sobre su trabajo en Donnelley. Discutieron, finalmente, sobre la necesidad de organizar a los empleados de la fábrica frente a las duras condiciones de trabajo que les imponía la patronal. “Lo primero que hicieron fue recuperar la Comisión Interna. Eduardo había hablado con algunos de sus compañeros con quienes tenía cierta afinidad. Se presentaron bajo una lista, que al final resultó la más votada. Ese fue el primer ladrillo, la base de la organización”, relata. A partir de entonces, la Comisión Interna comenzó a reclamar por el pase a planta permanente de los contratados y tercerizados, se manifestó en contra de los despidos y exigió mejoras en las condiciones de trabajo.
Mientras se desarrollaba esta experiencia, del portón de entrada para afuera también sucedían cosas. “Yo soy la fundadora de la Comisión de Mujeres de Madygraf”, declara María de los Ángeles. “Esta es una experiencia que arrancamos con otra compañera que actualmente no está acá. Empezó en Kraft, en 2009, cuando fue lo de la gripe porcina. Los compañeros tomaron la empresa porque había casos en la guardería y en planta, y a la patronal no le importaba. Eso llevó a que se organizaran y plantearan la situación. Igual, no era solamente la gripe, eso fue lo que terminó de desbordar el vaso. También estaba el reclamo por las condiciones laborales, el pase a planta de los contratados y tercerizados y la cuestión de las mujeres, o sea, la igualdad salarial. Allí se logró armar una Comisión de Mujeres que duró lo que duró el conflicto y después se disolvió. No se logró armar un núcleo duro, digamos”.
Este puntapié impulsó a María de los Ángeles para conformar una Comisión de Mujeres en Donnelley. Sin embargo, allí prácticamente no había empleadas mujeres. La misma María de los Ángeles no trabajaba en la empresa. ¿Quiénes la conformarían, entonces? “Las esposas de los trabajadores”, responde. Al lunes siguiente hubo 19 despidos. La Comisión Interna intervino y organizó un festival en la puerta, convocando a las familias. “Empezamos a invitar a todas las mujeres. ‘Compañera, venite, sumate, nos vamos a organizar desde afuera, vamos a luchar junto a nuestros compañeros, defendamos nuestra familia’. Hoy nos reímos cuando lo contamos, pero en aquel momento íbamos por ahí con el cartelito y las mujeres te decían ‘después veo’ o ‘estoy con la nena’… Pero tres nos dijeron que sí y a la primera reunión vinieron cinco. Nos encontrábamos en la casa de alguna porque no teníamos un lugar físico. Entonces terminamos siendo las mujeres con todos nuestros pibes dando vueltas alrededor, discutiendo cómo organizarnos. Así arrancó la Comisión de Mujeres, allá por 2011”, resume.
La primera tarea de la naciente comisión fue armar un comunicado sobre la situación que en ese momento vivían los empleados de Donnelley y llevarlo al Congreso de la Nación. Lo esencial era mostrarle a la patronal que, mientras los trabajadores luchaban dentro de la fábrica, puertas afuera también tenían una organización de peso que los respaldaba: nada más ni nada menos que sus familias. Finalmente, dieron marcha atrás con los despidos, pero la tensión seguiría creciendo.
En 2013, la organización de los trabajadores y las mujeres en Donnelley ya era considerable. Es entonces cuando la directiva empezó a plantear que la empresa se encontraba en crisis, en una “situación complicada”. Desde el Ministerio de Trabajo le concedieron el Repro (Programa de Recuperación Productiva), un subsidio mediante el cual el Estado cubre una parte del pago de los salarios. “¿Cómo puede ser? Imprimían Paparazzi, Gente, Billiken… ¡tantos títulos! Si las revistas salen igual, ¿cómo puede ser?”, remarca María de los Ángeles retratando el desconcierto que tenían. Los trabajadores descubrieron, con el correr de los días, que en realidad la patronal desviaba la producción. En otras palabras: hacía que las revistas se imprimiesen en otros talleres. “Lo que hicimos fue ir a esas fábricas y hablar con la Comisión Interna para decirles ‘mirá, la patronal nos está cagando. Ustedes laburen, pero nosotros no vamos a dejar salir las revistas, vamos a bloquear los portones’. Convocamos a toda la solidaridad que habíamos ido juntando en este tiempo: empleados de otras fábricas, estudiantes y nosotras, las mujeres. Estuvo bueno porque no fue algo hostil con los trabajadores, es más, les pedíamos que nos acompañen de alguna manera. Hubo muchas comisiones internas que incluso decidieron dejar de imprimir esas revistas”.
Paralelamente, la Comisión Interna de Donnelley se movilizó al Ministerio de Trabajo para reclamar que se levante el Repro. “Llevamos las pruebas que habíamos conseguido, demostrando que la crisis no era verdad, y les pedimos que se lo saquen. Era raro, porque los tipos del Ministerio nos preguntaban ¿pero ustedes qué quieren entonces? O sea, la gente va a pedir que les otorguen el Repro, no que lo saquen”. Desde el Ministerio levantaron el Repro, pero la empresa siguió insistiendo con el supuesto estado de crisis y con la necesidad de despedir personal. “’Averiguamos dónde vivía el gerente”, cuenta riéndose y sigue: “Vivía en un country… a todo trapo. Agarramos a nuestros hijos, los subimos al micro y fuimos. Hay un video de aquel día, en el que los chicos le cantaban “Vergara, Vergara, poné la cara” [n.de r. :Claudio Vergara era el nombre del entonces gerente]”.
Las rispideces iban empeorando entre unos trabajadores cada vez más organizados y una patronal que no encontraba forma de disciplinar la fábrica. Para mediados de 2014, Donnelley presentó un recurso preventivo de crisis: 123 despidos y una reducción del 40% en el salario. “Las últimas asambleas ya eran en el portón de entrada, con las mujeres afuera y ellos adentro. Nos dividía el portón cerrado”, recuerda. “Nos odiaban. La patronal prefería discutir con cualquiera, menos con las mujeres”. Todos sabían que el lunes se aplicaría el recorte. Durante el fin de semana, los trabajadores y las mujeres se organizaron para recorrer la zona, ya sea en auto, en bicicleta o caminando, haciendo guardia, y así poder evitar que la empresa vaciara la fábrica. Pero nadie se imaginó aquel cartel pegado en la puerta de entrada en la mañana del 11 de agosto.
Estrategias de autogestión
“Cerró la empresa, se fue. ¿Y qué pasó con los clientes? Porque había producción pendiente. La Editorial Atlántida tenía su papel para imprimir en uno de los depósitos. Cuando se enteraron, vinieron para llevárselo. Nosotros les dijimos que no. ‘¿Vos querés sacar las revistas? Bueno, dejá el papel. Las terminamos nosotros’. Claro, si le dábamos el papel a Atlántida nos quedábamos sin clientes”, recuerda María de los Ángeles.
Pedirles las llaves a los guardias y abrir el portón aquel 12 de agosto fue el primer paso. Pero después hay que seguir caminando. Ése es el verdadero desafío: continuar, sabiendo que nada termina. Hay una serie de videos bautizados por la Comisión de Prensa y Difusión como “Notigraf”, en uno de los cuales se puede ver a la enfermera de la fábrica, Alcira Landeira, hablando de cómo bajó el estrés laboral y lo beneficioso que era para evitar el ausentismo y accidentes. De todas formas, se presentaba el desafío de producir y organizar la fábrica por sus propios medios.
De los 400 empleados que tenía Donnelley, 200 se fueron tras el cierre. En un momento se presentó la tarea de imprimir la revista Billiken, que además de las hojas impresas llevaba un producto embolsado: vasitos, platitos de plástico o algún juguete circunstancial. Esta publicación implicaba un trabajo que no podían cubrir los empleados presentes, menos aún después de la merma post-toma. ¿Quiénes se encargaron de realizarlo? Las esposas de los trabajadores junto a la Comisión de Mujeres. Más adelante se presentó otra publicación similar y se empezó a discutir si las mujeres deberían también formar parte de la cooperativa. Aunque hubo un sector que se opuso, la asamblea fue favorable al ingreso, pero con una condición: “Votaron que por tres meses no podamos hablar en las asambleas. Con todo el proceso de lucha que habíamos tenido, con todo lo que habíamos hecho… Mirá lo que es el machismo, ¿no? Nosotras participábamos con un nudo en la garganta, pero lo tuvimos que bancar. Después discutimos mucho tiempo sobre eso”, cuenta.
Entre las dificultades que afronta la cooperativa, el contexto socio-económico es insoslayable. Las publicaciones en papel están siendo desplazadas por los medios electrónicos, achicando considerablemente el mercado. Madygraf pasó a imprimer un tercio de lo que hacía. Además, el naufragio del proyecto neoliberal impacta a la industria por todos los frentes: “Actualmente las gráficas están paradas. El papel está dolarizado, así que no hay precios estables. Aparte, nos están matando con los tarifazos. Todo eso complica la situación de la fábrica y el pago de los salarios”, lamenta María de los Ángeles.
Por otra parte, también se suma el problema constante del desgaste de las máquinas. “La patronal no invertía en la fábrica y nosotros aún pagamos ese costo. Lo pagamos y lo resolvemos, porque esto nos ayuda a profundizar lazos políticos, de solidaridad y de hermandad con los estudiantes universitarios. Vienen estudiantes de la UTN a darnos una mano e incluso laburan en equipo con los compañeros de mantenimiento. Ellos mismos crearon piezas para las máquinas que, de otra forma, tendríamos que pedirlas a Alemania”, explica.
Las soluciones que encuentran los trabajadores de Madygraf son proyectos que se balancean entre lo económico, la subsistencia de la cooperativa, y lo político. En los terrenos de la empresa, hasta hace cinco años prácticamente abandonados, Madygraf levantó el Club Obrero: una serie de instalaciones de recreación abiertas para el uso de la comunidad. La cuota es de 300 pesos, un valor simbólico pero que aporta al sostén de la fábrica. “Si hay un montón de gente que labura en las empresas y no puede acceder a los recreos, entonces ¿por qué no levantar uno nosotros? Los tercerizados, por ejemplo, no tienen ese derecho. Además vienen de facultades, vienen vecinos… hay un clima de hermandad. Aprovechamos eso también para charlar y discutir con todos”, explica María de los Ángeles.
La otra gran propuesta de Madygraf son sus festivales. Si bien se busca un rédito a través de la entrada y el bufet, su objetivo es el de convertirlos en espacios de participación política. Por eso, además de las bandas que se solidarizan con la cooperativa, siempre son invitados los distintos grupos y organizaciones que se encuentran en lucha.
Este 7 de septiembre pasado, por ejemplo, Madygraf organizó un gran festival para celebrar sus cinco años de gestión obrera. Más de dos mil personas escucharon a The Primentes, Las Manos de Filippi, Cadena Perpetua y El viejo Márquez. Fueron invitados a participar y tomar el micrófono numerosas organizaciones sociales, ecologistas, estudiantiles, de lucha contra el gatillo fácil -como los familiares de los chicos asesinados por la policía en San Miguel del Monte-, cooperativas y referentes de varias luchas en curso, como el reclamo docente en Chubut.
“Cuando tomamos la fábrica, no lo hicimos para nosotros. La tomamos como un lugar para aportarle a la sociedad. Y, desde ese punto de vista, ganar la conciencia del barrio, de otros trabajadores, de los docentes”, sostiene.
Ese es quizás uno de los mensajes que se impone a la vista cuando se ingresa a Madygraf. Ésta no es una imprenta como las demás. “Nunca vas a encontrar una fábrica que se pare durante ocho horas para realizar una jornada de discusión”, comenta María de los Ángeles.
Ultima pregunta obligada. ¿Por qué “Madygraf”? “Cuando se toma la fábrica nos preguntamos sobre qué nombre ponerle. Había distintas ideas… ”Cooperativa Panamericana”, por ejemplo. Pero Julio, un compañero, planteó que debía llamarse Madygraf. ¿Por qué? Por Madeleine. Ella es la hija de uno de nuestros compañeros, que tuvo un accidente cuando tenía tres años y quedó muy grave. Le dieron una expectativa de vida de 10 años. Y hoy tiene 20. Nosotros consideramos que Mady es una luchadora. Y que nosotros también lo somos”, concluye emocionada hasta las lágrimas.
Ago 1, 2019 | Comunidad, Novedades
“Se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar la deuda del Paseo del Bajo», denuncia Barry.
“La Villa 31 no se vende”. La pancarta, que estuvo presente en la sesión de la Legislatura porteña el 4 de julio pasado -cuando por 41 votos los bloques de Cambiemos, Evolución, Partido Socialista y Mejor Ciudad aprobaron la ley de venta de dos hectáreas de la villa- sigue presente en el espíritu del barrio: los vecinos rechazan la “entrega”.
La ley habilita la enajenación de 12 predios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seis de ellos ubicados dentro del Barrio Padre Carlos Mugica. “El jueves 4 de julio se votó vender dos hectáreas de la Villa 31 con el argumento de pagar deuda, en especial la deuda del Paseo del Bajo. Como fue denunciado por las propias vecinas y por nosotros en el recinto, desde el bloque del Frente de Izquierda, esto tiene que ver con un gran negociado donde el principal beneficiario es el primo del presidente Mauricio Macri, el empresario Ángelo Calcaterra”, explica Alejandrina Barry, directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura. “Es una política expulsiva de los sectores más humildes de la Ciudad. El día de la votación fue muy fuerte, porque se dio en un marco en el que todos estábamos muy sensibilizados por la muerte de gente en situación de calle, como Sergio Zacaríaz. Hubo siete muertos en todo el país y en la Ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, la única medida que tomó el gobierno es vender sus tierras y sus casas a los sectores más humildes”, continúa Barry.
Las idas y vueltas con respecto al Barrio Padre Carlos Mugica se remontan hasta más de diez años. La infinidad de reclamos por parte de los vecinos se había terminadode materializar en la Ley 3334 del año 2009, donde se dispone “la urbanización del polígono correspondiente a las Villas 31 y 31 bis” para destinarlo a “viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario”. Desde entonces los gobiernos de Mauricio Macri y su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta, se vanaglorian de ser los primeros en comenzar la urbanización de un asentamiento con más de 80 años de historia. No obstante, el devenir de los hechos iría resquebrajando las promesas del oficialismo.
Las habitantes de la villa señalan que las casas en las que el Gobierno quiere relocalizarlas son de chapa.
Pasaron nueve años hasta la promulgación de una nueva normativa. El 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ley 6129, donde se establecen los diferentes mecanismos para llevar a cabo la “solución habitacional” de los vecinos del barrio. Pero los vecinos se opusieron rotundamente a la norma. El artículo 47 establece el cargo de que “el destino y/o uso de la unidad sea siempre de vivienda única y definitiva”, pero es en los artículos subsiguientes donde se develan las verdaderas intenciones del Ejecutivo. Según el artículo 53, aquel posible comprador del inmueble (que puede ser tanto una persona física como una persona jurídica) que no acredite residencia en el barrio por más de dos años deberá abonar, para acceder al mismo, “tres veces el valor de la hipoteca establecido al momento de la primera escrituración y valuada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA)”. En cambio, un residente puede adquirir las propiedades sin pagar impuesto alguno. No se establece, en ambos casos, un límite de viviendas que puedan ser compradas . En otras palabras: se habilita de esta forma la compra de los terrenos por parte de terceros, quienes podrán disponer de su uso para otro tipo de actividades y así arrojar estas tierras al libre flujo del mercado inmobiliario. Ahora, el reciente proyecto de Ley 671 viene a reforzar este panorama con la posibilidad de la venta por parte del Gobierno de la Ciudad de aquellas tierras que ya se encuentren deshabitadas y otras tantas que no lo están pero cuyo destino es más que incierto.
“Tiene que ver con hacer un corredor que siga a Puerto Madero -explica Berry-. Son tierras muy caras. Myriam Bregman había comentado sobre una entrevista que le hizo Mirtha Legrand a Gabriela Michetti donde, así como charlando entre amigas, le preguntó: ‘¿Por qué tanto con los terrenos de la Villa 31?’. Y Michetti le contestó: ‘Porque son tierras realmente muy costosas y queremos que se transforme en un barrio de clase media’. En verdad, es un lugar muy bueno para los sectores financieros. Tiene que ver con una política de expulsión de los sectores más humildes de la Ciudad. Es una política clara del macrismo”.
Por detrás de la cartelería amarilla y los ríos de discursos optimistas empieza lentamente a oírse el sonido de las topadoras. Los vecinos se agrupan para resistir.
En el plan de pago que propone el Gobierno, si un vecino se atrasa en tres cuotas puede perder su casa.
Las guardianas del Bajo Autopista
Lesli Rojas tiene 28 años y hace 16 que reside en la villa. De chica vivió en un departamento alquilado en Villa Crespo, pero la muerte de quien les salía de garante los obligó a irse. Sin garantía ni dinero para la cuota inicial, alquilar en otro lugar era imposible. “Teníamos un familiar en el barrio al que veníamos a visitar ocasionalmente”, cuenta Lesli. “Veíamos que la villa era linda, dentro de todo. Antes no había tantas construcciones, era más espacioso y no había tantos pasillos. Tampoco había tanto peligro. Nosotros veníamos a la mañana, nos íbamos muy de noche y salíamos tranquilamente por acá”. La conclusión fue evidente: “Estaba dentro de lo que mis papás podían pagar”. Y así es como llegaron a la Villa 31. Luego Lesli se pondrá en pareja y decidirá irse a Formosa. Como allá no había muchas posibilidades de progreso laboral ni profesional, se volvieron a la 31. Ahora estudia enfermería y su pareja, electricidad. “Y, de pronto, viene todo este proceso de que nos tenemos que ir. Hicimos mucho esfuerzo en construir nuestra casa, invertimos un montón. Irnos sin que nos lo reconozcan no nos cabe en la cabeza. Por eso que llevamos a cabo esta lucha”, afirma Lesli, quien es una de las referentes entre los vecinos organizados del sector que reside debajo de la Autopista Dr. Arturo Umberto Illia, a la vez uno de los terrenos próximos a relocalizarse para cumplir con el proyecto de ley de enajenación.
En noviembre del año pasado Lesli y una vecina suya, Mirta, comenzaron a asistir a las reuniones de la Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa, un espacio de discusión abierto entre los vecinos del barrio. Allí se enteraron de que el desalojo del sector Bajo Autopista era inminente. “Le dije a Mirta ‘¿qué hacemos? Hagamos algo. Tenemos que decirle a los vecinos que nos van a sacar de acá, que a donde nos van a llevar no nos conviene’. Así empezamos a tocar puerta por puerta y se fueron sumando de a poco dos, tres, cuatro vecinos, hasta llegar a ser bastantes” recuerda Lesli. Sin embargo, muchos desconfiaban de ellas. “Nos decían que nosotras estábamos mintiendo, que esas casas eran todas de material, que eran re grandes”. El Gobierno de la Ciudad, en efecto, invierte mucho dinero en propaganda hacia adentro del barrio a través de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana (SECISyU), conducida por el ex CEO de Sushi Bar Restó, Diego Fernández. “Todo eso es lo que les venían diciendo los de la Secretaría. El día en que los vecinos fueron a visitar las viviendas se llevaron una gran decepción. Se encontraron con que era tal cual como nosotras decíamos. Y ahí es donde nos empiezan a acompañar”.
Según un estimativo hecho por los propios vecinos, en el sector residen aproximadamente 1.300 familias. Su relocalización está prevista en el “sector YPF”, que se encuentra detrás de la sede del Ministerio de Educación que se está construyendo dentro del barrio. Es un edificio imponente, con una vereda idéntica a aquellas que suelen encontrarse en el resto de los barrios porteños: baldosas brillantes con pequeños canteros de cemento donde sentarse y el cordón de la vereda delimitado por unas pequeñas “balas” de acero que demarcan la circulación de los vehículos.
Pero las viviendas que les ofrece el Gobierno son completamente distintas. “La parte externa de las paredes es de chapa. Después hay madera y fibra de vidrio, unos metales cada un metro y luego el durlock. El piso es cemento liso” describe Lesli. “Les ponen un zócalo de madera que tiene una diferencia con el piso de 0,6 milímetros, por que lo que tampoco podés baldear porque el agua entraría por ahí y se pudre toda la madera y el durlock”. Por otra parte, la canalización de los cables de luz son externos (a diferencia de las actuales viviendas de los vecinos, que instalaron los cables por dentro de la pared) con el riesgo que conlleva respecto a roturas. Las habitaciones son de 2,6 por 2,8 metros. Por el tipo de construcción, no podrán contar con instalación de gas natural ni podrán utilizar garrafas ya que, sencillamente, se podría incendiar todo el complejo. Y, como remate, no se garantiza que las familias con chicos puedan tener una habitación por hijo. “Volvemos al tema del hacinamiento pero en condiciones peores, porque estas casas no van a durar”, se lamenta.
Se están construyendo 500 viviendas menos que la cantidad de familias relocalizadas. Nadie sabe qué pasará con ellas.
El artículo 36 de la Ley 6129 es claro al respecto: se garantiza la entrega de “unidades de iguales o superiores características respecto de la original”. Evidentemente se trata de un asunto pasado por alto de una forma no muy elegante.
“Yo estoy acá desde el 2008. Y esto lo hemos construido trabajando mi marido y yo. He sido la primera mujer en esta calle en ayudar a trabajar a su marido. Yo le ayudaba a subir arena, los ladrillos…yo trabajé a la par de él” cuenta Sonia, de 55 años, otra de las vecinas organizadas en defensa del Bajo Autopista y quien brindó un espacio de su propia casa para organizar las reuniones semanales donde discuten los objetivos a seguir. Su caso se repite por miles a lo largo y ancho del Barrio Padre Carlos Mugica. Otro vecino, Nicolás, recuerda: “Tres años estuve para hacer mi casa, sin poder dormir casi. Y ahora que está toda linda, que la estaba disfrutando, me dicen que me tengo que ir. Haber gastado tanta guita y tanto tiempo de mi vida, y que lo hubiese podido disfrutar yéndome de vacaciones o algo así no es justo. Encima es una mierda la casa que nos dan. Yo hice la mía a mi gusto, como debe ser. Con albañiles amigos que me recomendaron los mejores materiales para que los caños y las instalaciones eléctricas sean las mejores”. Recorriendo las calles y los pasillos del barrio se encuentran miles de rostros y de historias de las más variadas, pero todas coinciden en un punto: son personas que llegaron hasta la Villa 31 buscando un hogar donde vivir de forma digna, construyéndolo lentamente con sus propias manos,
También son numerosos aquellos que acechan esos terrenos y muchísimos los artilugios que van apareciendo para lograr quearse con ellos. Quizás el más grotesco sea el modelo de escritura que empezó a circular por el barrio, y que fue acercado a este medio por mano de los vecinos. Incluso ellos mismos crearon un pequeño documento comentando este contrato, con el fin de concientizar sobre las cláusulas leoninas de las que está plagado. “No sabemos ni cuánto vamos a pagar. Nos tiran precios, pero no está en la escritura” se lamenta Sonia. Lesli agrega: “Nos cobrarían $8.400 aproximadamente de suelo y $11.300 de construcción por metro cuadrado. O sea, pagaríamos once mil pesos por la chapa y el durlock. Te da un total de casi veinte mil pesos por metro cuadrado”. Esas son algunas de las cifras arrojadas desde “la secretaría” y que no dejan de ser rumores que deambulan por el barrio. El reclamo de las vecinas y vecinos de Bajo Autopista es claro: que el valor del metro cuadrado no supere los $3.037, precio tasado en 2018 por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para esos terrenos.
Las aberraciones se amontonan en esas casi diez hojas que ocupa la escritura. Se puede leer que, al firmar, se establece un “pacto de preferencia” que le da prioridad a “la Secretaría” durante 5 años para comprar las viviendas entregadas en caso de que su nuevo propietario quiera (o se vea en la necesidad al no poder afrontar los gastos) venderla, sin la obligación de que su uso posterior sea para vivienda social. El plan de pagos es a 360 meses, pero en la segunda cláusula de la sección “Hipoteca por saldo de precio” figura que “la parte deudora” (o sea, el vecino o vecina) puede perder esa facilidad de pago al adeudar tan sólo tres cuotas. La cláusula tercera, por su parte, autoriza la ejecución de la vivienda por falta de pago, mientras que la décima establece la posibilidad de remate de la propiedad. Todo esto en detrimento del punto 6 del artículo 2° de la ya mencionada Ley 6129, que claramente dice: “Se brindará a la totalidad de las/os habitantes del barrio seguridad en la tenencia de las viviendas que ocupen. En ningún caso la incapacidad de pago será un obstáculo para garantizar este derecho”.
¿Es realmente necesario relocalizar a las familias de Bajo Autopista? Según Lesli, “una de las condiciones por las cuales nos quieren reubicar es porque dicen que no está garantizada la entrada de aireación e iluminación en las viviendas. Quizás hay muchas casas en las que es verdad. Pero, por ejemplo, las casas frentistas sí tienen garantías de luz y de aire. ¿Por qué relocalizarlas entonces? Si arriba va a desaparecer la autopista y van a poner un corredor verde”. Puede vislumbrarse el camino trazado desde el Gobierno de la Ciudad para los vecinos del barrio: del desplazamiento al endeudamiento; del endeudamiento a la expulsión.
El corolario de las irregularidades, finalmente, se encuentra en el número de viviendas construidas en el “sector YPF” para recibir a las 1.300 familias. Nadie sabe qué sucederá con las 500 familias restantes.
Quizás el último reclamo de las vecinas y vecinos no sea tanto con respecto al Gobierno sino más bien a quienes habitan en el resto de la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos sensibilizar un poco a la gente también”, reflexiona Rojas. “Porque dicen ‘encima que les dan una casa nueva y no van a pagar nada, no se quieren ir’. Queremos transmitir que no nos están dando nada gratis. Al contrario, se trata de pagar por algo por lo que nadie pagaría. Nadie pagaría por una casa de chapa o con una escritura como la que nos ofrecen”.
Ciudadanas y ciudadanos
“La 31 tiene una característica única. Nuestros hijos pueden caminar tranquilamente por el barrio. No sé si allá por Palermo o Recoleta pueden hacer lo mismo. Por otro lado, yo a la vecina la conozco pero no nos hablamos, e igual nos respetamos. Acá conviven diversas nacionalidades y respetamos eso también. O hay gente que viene de las provincias: tucumanos, jujeños, entrerrianos…convivimos acá todas las nacionalidades y todas las provincias. No es que todo el tiempo suceden hechos de violencia. En el barrio hay códigos de convivencia y cada uno respeta eso”.
De esta manera presenta a la Villa 31 Marta Mamani, una de las mujeres que lleva adelante lo que ella misma describe como “la resistencia”. “Llegué hace 20 años al barrio. Vine más que nada a cuidar a las sobrinas de mis hermanas mayores. Y después me quedé acá”. Luego se pondrá en pareja y tendrá cuatro hijos. Como casi todos en el barrio, construyó su vivienda junto a su familia: “Somos nosotras las que hemos edificado nuestra casa. Así, literalmente cargando ladrillos. Yo y mi hijo de 17 años preparábamos el material para poder levantar las paredes”, recuerda Marta.
Silvana Olivera, por su parte, nació en la Villa 31. Su madre llegó cuando tenía tan sólo 17 años y el barrio era prácticamente campo. Vivieron con su abuelo hasta que juntaron el dinero suficiente para comprarse otra casa en la zona de Güemes. “Yo nací acá y me crié acá”, cuenta Silvana. “Tengo a mis hijos acá, hice mi familia. Y ahora veo que todas estas modificaciones que se están haciendo nos están cambiando la forma de vida. Este es un barrio muy tranquilo. Nuestros hijos juegan en la calle, cosa que no pasa en la Ciudad. Allá si no van a la plaza no pueden jugar. Bueno, esas cosas son las que estamos perdiendo de a poco. Se están metiendo en el barrio y están modificando nuestra vida” se lamenta.
La batería de cambios que se van imponiendo a partir de la “reurbanización” (como gusta decir al actual Jefe de Gobierno) no traerían aparejados aquellos beneficios que tanto suelen publicitar los spots oficiales. “Nosotros sabemos, porque hemos ido varias veces a la Legislatura, que la idea de aca a unos años es construir la continuación de Puerto Madero” explica Marta. De a poco, el barrio empieza a ser rodeado por imágenes vivas de lo que el Gobierno pretende para todos estos terrenos. “Ya terminaron el Paseo del Bajo y la nueva Autopista Illia. Nos metieron un banco (el Santander) y nos van a meter un Mc Donald’s. Y cuando esté la estación nueva del San Martín, cuando remodelen la terminal, que hasta va a tener un hotel de pasajeros, cuando hagan el relleno costero y sigan así con todas las modificaciones, van a cambiar nuestra forma de vivir” enumera Silvana.
No son los únicos proyectos que la inteligentzia inmobiliaria tiene planificados. El más sugestivo es la bestia modernista bautizada “Distrito Quartier”. “Emplazado en una ubicación excepcional, sobre el nuevo Paseo del Bajo y conformando la proa de Puerto Madero, se conecta directamente con la Autopista Illia, la Costanera Norte, la Estación Retiro y la Plaza San Martín” anuncia con pompa su sitio web. Será un complejo de tres edificios (uno de ellos sobre la estructura del antiguo Hospital Ferroviario) para viviendas y oficinas, sumado a un gran paseo comercial. Si se presta atención, en algunas de las maquetas del proyecto se puede ver, al fondo y algo fuera de foco, las viviendas del Barrio Padre Carlos Mugica.
“Además está el Polo Gastronómico. Ahí solamente van a vender empresarios y cinco familias del barrio” agrega Silvana. “Primero nos dijeron que iba a ser para las familias, para la gente de la feria. Y resulta que no va a ser así, que eligieron sólo a cinco familias por sorteo”. Lo perverso aparece cuando se recuerda que uno de los principales sustentos de quienes habitan el barrio es justamente la venta de comida. Continúa Silvana: “Ese Polo Gastronómico y el Mc Donald’s le van a quitar el ingreso a la gente que vive de preparar comida acá. ¿Cómo van a hacer para subsistir? Si viene un empresario y te lo vende más barato, todos van a ir a comprar ahí. Aparte, yo no le puedo decir a mi hijo ‘no te vayas al Mc Donald’s’, porque ellos quieren ir. Así están jugando con nosotros”.
La estrategia del Gobierno (como rostro visible de los intereses privados) se asemeja a un movimiento de pinza donde los vecinos del barrio se ven atacados por todos los frentes. “Esto no fue una decisión de un año, sino de mucho tiempo atrás” reflexiona Marta. “Todo está armado para que, de una manera u otra, no podamos sostener el pago por nuestra vivienda. La ley de urbanización, por ejemplo, no dice qué tarifa vamos a pagar. Acá las tarifas de luz y agua son altas. Y las familias tienen un ingreso de 10 mil, 20 mil pesos, ponele. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que pagar la tierra y no sabemos cuánto va a costar. No sabemos si vamos a tener una tarifa social. Vamos a pagar ABL e impuestos. Yo misma no voy a poder conservar mi casa y voy a ser expulsada económicamente de acá. Está todo armado de una manera monstruosa para garantizar que estas tierras sean de la clase alta, y no nuestras”.
Sin embargo, la aparente omnipotencia del gobierno y sus aliados económicos no acobarda a quienes habitan el barrio. “Cuando empezamos a ver todas estas modificaciones, comenzamos a juntarnos. De a poquito nos fuimos enterando. Nos metimos en el tema. Somos personas comunes. Vecinos, la mayoría mujeres. Muchas no tenemos estudios terminados y aún así empezamos a investigar lo que son las leyes y a darnos cuenta lo que estaban haciendo. Hablamos con abogados para que nos asesoren y nos expliquen, porque hay cosas muy técnicas que por ahí no entendemos”, rememora Silvana.
En las marchas, en las conferencias de prensa, las asambleas, las entrevistas con distintos medios, en Bajo Autopista y en cualquier sector; en la Mesa Rotativa y Participativa, salta a la vista aquello señalado por Silvana: quienes se movilizan constantemente en defensa del barrio son en su mayoría mujeres. Es Marta quien explica las razones con sencillez: “Como los hombres se van a trabajar temprano y vuelven a eso de las 19 o 20 horas, somos nosotras las que nos hacemos cargo en los tiempos que nos quedan libres”.
Más de 80 años de historia carga este barrio que supo recibir innumerables nombres: “Barrio de los Inmigrantes”, “Villa 31”, “Barrio 31” (el predilecto del Jefe de Gobierno) o, como le pusieron sus propios habitantes, “Barrio Padre Carlos Mugica”. “La 31 resistió a [Osvaldo] Cacciatore (intentente de facto de la Capital Federal durante la última dictadura cívico-militar). Vinieron con topadoras acá. Incluso tenemos una vecina que estuvo ahí. Se llama Eulogia y tiene 78 años. Cuando ella lo cuenta se pone a llorar y dice ‘a mí me llevaron en un tren y me tiraron en la provincia’. Se la llevaron con sus hijos y todas sus cosas. Acá se quedaron alrededor de 50 familias. Presentaron documentos, la pelearon legalmente y lograron quedarse. Al enterarse de esto, Eulogia volvió al barrio. Ella resistió. Y sigue resistiendo. Es más, va a la Legislatura con nosotros. Y dice: ‘Yo he resistido tanto y ahora tengo que seguir resistiendo. Pensé que me iba a morir en paz y tranquila. Yo pensé que les iba a dejar la casa a mis hijos, pero ahora siento que no va a ser así’” cuenta emocionada Marta.
Ignoradas por los medios de comunicación, despreciadas por la política y miradas de reojo por una parte de la sociedad, ellas no conciben otro camino que el de la lucha. Contra los estereotipos, contra la miseria, contra las picardías de los inversionistas, contra la injusticia. “Esta es una villa donde murió un Padre, Carlos Mugica dio su vida por esta villa. Él lloraría al ver que aprobaron una ley que no garantiza la radicación definitiva, porque él peleaba por eso. Peleaba por los derechos de los que menos tienen y nosotros somos los que menos tienen. Pero no renegamos de lo que somos”, enfatiza Marta y subraya: “Yo no quiero ir por la calle con mi letrerito de ‘yo vivo en una villa pero trabajo’. Queremos que dejen de mirarnos de esa manera tan horrible. Somos parte de la Ciudad. Somos ciudadanos de la Capital Federal”.
Jun 4, 2019 | Entrevistas
Sandra Raggio es categórica en sus definiciones. Y no se puede ser de otra forma. Directora general en la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en las áreas Organización Pública Autónoma y Autárquica, cuyos objetivos apuntan hacia la defensa de los Derechos Humanos, actualmente pasa sus días entre La Plata (sede de la Comisión) y San Miguel del Monte, aquel pueblo de alrededor de 21.000 habitantes que se vio convulsionado por la persecución policial del 20 de mayo último que terminó con la muerte de cuatro jóvenes y la internación con graves heridas de una niña de 13 años.
“No fue un accidente, no fue una tragedia, no fue un hecho fortuito, sino todo lo contrario. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que ya venían sucediendo”, explica en relación a lo que ella califica como la “masacre” de San Miguel del Monte. Masacre que se llevó las vidas de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años) y Aníbal Suárez (22 años), quienes viajaban en el Fiat 147 que terminó colisionando contra el acoplado de un camión estacionado luego de haber sido perseguido (balacera mediante) durante varios kilómetros por la Policía Bonaerense. Rocío Guagliarello (13 años) es la única sobreviviente, todavía internada en el hospital El Cruce de Florencio Varela.
El relato de Raggio vierte una lluvia de nombres que se amontonan junto al polvo de “20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura” en la provincia de Buenos Aires y en todo el país: Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, Alejandro Granados y Patricia Bullrich son algunos de los avatares que fueron apareciendo sobre este fondo que mezcla a la exclusión social junto a la represión sin eufemismos que realiza el Estado. “¡Lo que pasa es que ahora el presidente los recibe!” se indigna Sandra al hablar de la “doctrina Chocobar” y el incremento desmedido de la violencia estatal llevada adelante por el actual gobierno de Mauricio Macri.
Impulsora desde el año 2002 del programa “Jóvenes y Memoria” (destinado a alumnos de colegios secundarios, donde se les ofrece la posibilidad de contar sus experiencias personales o las de su comunidad en relación a la violencia simbólica e institucional), Raggio hará hincapié en la responsabilidad ineludible del Estado en todos los casos de violación a los Derechos Humanos: “Siempre las comete el Estado, porque es el garante de todos nuestros derechos”.
¿Ya había sucedido algún hecho similar en San Miguel del Monte?
Hemos relevado múltiples hechos anteriores que ahora saltan a la luz. Por eso se entiende por qué la comunidad de Monte salió rápidamente a desmontar la versión policial. Esa policía no contaba con la buena opinión de la comunidad. Nosotros estuvimos relevando distintos casos de abuso policial: desde causas armadas, torturas en las comisarías, detenciones ilegales, amenazas. De todo. Involucran a buena parte de los oficiales que hoy están detenidos. Lo de Monte no fue un accidente. No fue una tragedia ni un hecho fortuito. Lo que sucedió fue una masacre. Es la consecuencia de un conjunto de prácticas, de hechos que venían sucediendo y terminan en este episodio, y que si la policía y las instituciones actuaran como tienen que actuar, no debería haber ocurrido nunca. Hay episodios que narraron los chicos que están en la plaza, que son los amigos de Gonzalo y Danilo, donde cuentan cómo eran hostigados permanentemente por la policía. El propio Danilo había estado detenido ilegalmente. ¡Un niño de trece años había estado detenido!
¿Cómo fue eso?
Eso fue claramente un episodio de arbitrariedad policial. Estaban en la plaza, una noche. Ellos rapeaban, andaban con sus skates y hacían parkour. Antes, en las plazas había jueguitos infantiles. Había hamacas y toboganes. Hoy un chico de 13 años no se hamaca, sino que anda en skate o rapea. Es un espacio de recreación de los jóvenes y así lo usan, en su derecho de uso del espacio público. Sin embargo la policía estaba permanentemente hostigándolos, tratando de sacarlos de la plaza. Al parecer las plazas tienen que estar vacías para que haya seguridad. Entonces, hubo un episodio en que uno de los chicos conecta el celular en el enchufe de los tomacorriente de la plaza, hay algún desperfecto y se cortan las luces. Después desenchufa el celular y las luces vuelven. Y a partir de ese momento viene la policía y empieza todo. También había pasado algo con un skate y un cartel que había ahí en la plaza y, bueno, les preguntan quiénes son, cómo se llaman y decidieron llevarse a algunos a la comisaría. Lo que le dicen después a la madre es que a Danilo se lo llevaron “por jetón”. Porque Danilo les dijo “soy fulano de tal” y otras cosas. Ni siquiera fue un enfrentamiento, digamos. No admitió el bardeo, puso un límite. Y por eso se lo llevan y estuvo detenido alrededor de cinco horas en la comisaría. Un niño. Los niños no pueden ser retenidos por la policía. Pero se lo llevaron y eso está en el registro de entrada de la comisaría.
¿Esta forma de actuar de la Policía en San Miguel del Monte es análoga a cómo se comporta en toda la provincia?
Sí, en toda la provincia. Y en muchas otras policías provinciales también. Lo que pasó en Tres de Febrero, un día antes, que con la masacre de Monte no está teniendo repercusión pública. Es un caso donde a un hombre (Diego Cagliero) lo fusilan. Él levanta las manos y lo fusilan. Y esto no sucede sólo en el Conurbano. Hay una idea de que las policías sólo son bravas en el Conurbano porque se lo asocia con el delito. Pero no, también sucede en estos pueblos, que tienen diez o veinte mil habitantes y donde no hay problemas de inseguridad. Cualquiera que vaya a Monte se da cuenta. Están las bicicletas sin atar en la vereda y no las roban. Todos están con la puerta abierta. En Monte no hay nada que justifique la saturación policial que se lleva a cabo. Hasta había llegado el grupo GAD (Grupo de Apoyo Departamental).
¿Y a qué se debe eso?
Las distintas gestiones creen que la mejor promesa que le pueden hacer a la gente es la seguridad, que haya más patrulleros y más policías. Es parte de las campañas políticas. Cuando se fue (Daniel) Scioli (ex gobernador de la provincia de Buenos Aires), dejó casi 100.000 agentes policiales. Cuando entró había 60.000. ¿Qué problemas de inseguridad se resolvieron? Ninguno. Los índices de delito en la provincia de Buenos Aires siguen aumentando. En Monte, creo que el hecho de inseguridad más grave de su historia es el que ocurrió este 20 de mayo. Y lo ejecutó la policía. Cuatro homicidios y lesiones gravísimas a una chica. Entonces, es momento de replantearse de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Esto que sucedió es resultado de 20 años de políticas de seguridad ligadas con la mano dura. Y en eso se inscribe sin ninguna duda la “doctrina Chocobar”, que es la que impulsa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a nivel nacional. Ahora no es necesario dar la voz de alto para disparar. Bueno, eso pasó en Monte.
Más allá de las promesas electorales, ¿cuáles creé que son las causas de la impunidad de la Policía Bonaerense?
En gran medida es también porque la política criminal, la persecusión del delito, está en manos de la policía y no de la justicia. El 90 por ciento de las detenciones que convalida la justicia son aprensiones que realiza la Policía Bonaerense en situaciones de flagrancia. O sea, no son órdenes judiciales. En la Constitución Nacional se dice que nadie te puede detener sin una orden previa de un juez. Bueno, en el 90 por ciento de los casos te detiene la policía. Porque le parece que sos sospechoso, porque vio que estabas haciendo algo, porque llamaron al 911. La mayoría de los fiscales convalidan lo que hace la policía. Y en eso convalidan causas armadas. En Monte, un montón de denuncias que tenemos son por causas armadas que hacían los policías.
¿Por qué funciona de esa forma?
Por muchas cuestiones. Una tiene que ver con la estadística, con el número de resolución de casos. Cuantas más detenciones hacés, mejor controlás el delito. No hay una política de seguridad racional, que apunte a desarmar las redes criminales. Cuando hablan de la persecusión al narcotráfico, ¿qué es lo que termina siendo? Un montón de detenciones y aprensiones por narcomenudeo. O a consumidores. Entonces, quienes organizan el mercado de la droga y el narcotráfico no están presos. Lo están los eslabones más débiles de la cadena delictiva. Otra cosa: la baja de la edad de imputabilidad. Acá tenemos el resultado de lo que implica la persecusión y criminalización de los chicos. Termina en tres niños muertos en Monte. Los policías deberían haber estado cuidando a esos chicos. Eso es lo que queremos, que los cuiden. Que cuando están en la plaza esté el Estado cuidándolos, porque es un espacio público. El Estado tiene la obligación de cuidarnos en el espacio público. La mano dura tiene buena prensa. Acá teníamos a (Alejandro) Granados (ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires), al que le decían “El Sheriff”, que hacía unas escenas donde sacaba un revolver y decía cómo perseguía a los delincuentes. Y ahora tenemos a Bullrich que hace alarde de su dureza y genera dispositivos y programas en el Ministerio de Seguridad de la Nación para proteger a los policías acusados de violación a los Derechos Humanos. ¿Por qué los policías creen que pueden encubrir? Porque se sienten impunes. Porque hay un discurso público que los habilita. En la provincia de Buenos Aires se sancionó una ley que crea las fiscalías especializadas en violencia institucional, para que sea el Ministerio Público Fiscal el que controle a la policía. Está la ley y nunca se crearon. Si existiera esta política, los vecinos y vecinas de Monte hubieran denunciado mucho antes lo que pasaba. Hoy hay un miedo muy grande allí. Los vecinos que tuvieron la valentía de declarar ahora tienen miedo a las represalias. Porque además la policía actúa corporativamente. Si todos estos hechos se hubieran denunciado a tiempo, si hubiera actuado la justicia, si hubiera actuado el Ministerio de Seguridad, si hubieran actuado las autoridades de Seguridad del municipio, esto no hubiera ocurrido. Si las cosas fueran como deben ser, si el Estado funcionara cumpliendo con la ley, esto no hubiera ocurrido.
Hay una política de seguridad ineficiente, como usted relata, y que tiene estas consecuencias. ¿Por qué se sigue haciendo entonces?
Es una gran pregunta. Incluso, y es una opinión personal, creo que ni siquiera les da rédito político. Ni siquiera ganan elecciones con esto. En verdad, tiene que ver con la forma de gobernar a ciertas poblaciones que se consideran “poblaciones excedentes”, digamos, y que son producidas por el mismo sistema. Porque las políticas más duras se acrecientan en nuestro país al calor de las reformas neoliberales. Y la respuesta que tiene un Estado que expulsa por sus propias políticas macroeconómicas a ciertos sectores de la población es controlar. ¿Cómo controla? A partir de la política criminal. Esas poblaciones son posibles criminales. ¿Qué hace en los barrios pobres? No hace unidades sanitarias, no asisten ni nada de eso. Patrullero y control. ¿Qué hace con los pibes que están en la periferia? Que no vengan al centro, que no generen problemas. Construye la idea de que el expulsado del sistema es peligroso. Cuando es al revés: es la víctima de la producción de esa desigualdad. La pregunta que hay que hacerse es por qué, por ejemplo, durante gobiernos que promovieron los Derechos Humanos y la inclusión, se siguieron sosteniendo políticas de seguridad de mano dura. En la provincia de Buenos Aires, Scioli las sostuvo. Las profundizó en los últimos años de su gestión, supongo que porque creía que era una demanda social. Pero no le dió resultado, porque perdieron las elecciones. (Carlos) Ruckauf, que fue el gobernador de la mano dura en la provincia, desapareció de la política. Él hizo campaña y ganó las elecciones en el 99 diciendo lo mismo que Bullrich. Él fue el inventor de la “doctrina Chocobar”. Un adelantado. Él decía “¿Qué le diría a un policía si está persiguiendo a un delincuente? Meta bala, mate al delincuente”. Bueno, acá estamos.
La “doctrina Chocobar” es entonces una continuidad.
Es una continuidad. ¡Lo que pasa es que ahora el presidente lo recibe! La ministra de Seguridad de la Nación lo premia y lo felicita. O sea, han corrido un poco más el límite. Y también se ha corrido el límite de las prácticas policiales: se sienten más impunes. Porque hay que entender el hecho de las cuatro muertes, pero también hay que pensar por qué todos ellos creyeron que lo iban a poder cubrir. Porque muchas veces lo hacen. Los encubrimientos lamentablemente son exitosos y, en muchos casos que nosotros conocemos, es imposible llegar a la condena porque ya encubrieron. Destruyen pruebas, amedrentan a los testigos, plantan armas. Y las fiscalías a veces miran para otro lado.
¿Cómo está el ambiente ahora en San Miguel del Monte entre la gente, la policía y la intendencia?
Es un ambiente complejo. Fue un hecho que rompió con la tranquilidad del pueblo. En sentido metafórico, porque evidentemente no había tranquilidad en el pueblo. Emergió todo lo que estaba pasando. Hay mucho dolor, porque todos conocían a los chicos y a sus familias. De lo único que se habla en Monte es de lo que pasó. También hay mucha movilización, a pesar de ser un pueblo chico. Y en algunos sectores hay un cuestionamiento de las autoridades políticas de la comunidad. Pero bueno, son diferentes interpretaciones que se hacen. Lo cierto es que hoy vas a Monte y ves que la municipalidad está vallada de policías. Eso es no haber entendido que el problema no es la comunidad, sino quiénes la están custodiando. Al poder político le cuesta entender que ese no es el camino, que hay que reconocer que se equivocan. En el mejor de los casos se equivocan, porque uno a veces puede terminar pensando que saben muy bien lo que están haciendo. Pero démosle la posibilidad de que se estén equivocando y se den cuenta. Y sobre todo es importante que la sociedad se dé cuenta y no avale más este tipo de cosas. Que exija políticas de seguridad serias y no demagogia pura.
¿Cuál es la función de los organismos de Derechos Humanos ante estos casos?
Por suerte en nuestro país tenemos una trayectoria de organización en torno a los Derechos Humanos. Desde lo que pasó durante la dictatura militar, la emergencia de estos organismos se erigió como un lugar de denuncia, de resistencia, de disputa con los relatos oficiales. En ese sentido, los organismos de Derechos Humanos tenemos la obligación de acompañar a las víctimas y a sus familiares, y de demandar al Estado. Demandarlo penalmente, pero también demandar al Estado por la responsabilidad política que tiene en lo que ocurre. Siempre los organismos de Derechos Humanos debemos tener una mirada desconfiada del Estado, porque es él quien provoca esas violencias. Nosotros somos un organismo público. Somos parte, de alguna manera, de la estructura del Estado, pero funcionamos de forma autónoma y autárquica. Y reivindicamos ese lugar. Creemos que lo que hacemos es lo que el Estado tiene que hacer. Sin embargo, no respondemos a la línea gubernamental. Nunca. Tenemos independencia. El presidente de la Comisión es Adolfo Pérez Esquivel, está Norita Cortiñas también. Todos los miembros de la Comisión pertenecen a la sociedad civil y al movimiento de Derechos Humanos, y con esa lógica actuamos. Pero, de nuevo, nos reivindicamos como organismo del Estado y hacemos lo que el Estado tiene que hacer. Patrocinamos a las víctimas porque creemos que el Estado tiene que hacerlo.
Lo están haciendo ahora en Monte.
Lo estamos haciendo ahora en Monte, con la familia de Danilo y la de Camila. También estamos patrocinando a los familiares de las masacres en las comisarías de Esteban Echeverría y Pergamino. Es lo mínimo que tiene que hacer el Estado. No hay dispositivos de acompañamiento a las víctimas de violencia institucional. No hay una política seria con respecto a eso. Los papás de los chicos están devastados. Alguien tiene que acompañarlos, asistirlos. ¿Quiénes van a ser? ¿El servicio de salud mental? En el hospital, cuando fueron a retirar los cuerpos les dijeron barbaridades. A Yanina (madre de Camila), el médico le dijo: “Ah, acá está la mamá…si se le puede decir madre”. Al papá de Danilo le dijeron: “¿Para qué tenés diez hijos si no podés cuidar a uno?”. Eso es el Estado también. Creo que esa brutalidad es también responsabilidad del Gobierno. Por los discursos que enuncia. No desresponsabilizo al sujeto que lo hace, de todas formas. Pero, por otro lado, hay un discurso que lo habilita. Los medios de comunicación, muchos periodistas, reproducen esos discursos. Enseguida buscan la responsabilidad en las víctimas y en las familias. Pero en dónde hay que mirar, es al Estado. Un policía tiene un arma reglamentaria, que se la pagamos todos. Balas, que se las pagamos todos. Patrulleros, uniforme, sueldo. Responden al Estado. Son parte de su función pública. Entonces, el Estado está comprometido absolutamente. No es un problema de nombres propios, no son trece (la cantidad de detenidos por la masacre de Monte) los responsables. Penalmente, sí lo son. Pero hay responsabilidades políticas de las que el Estado se tiene que hacer cargo.
¿Qué políticas necesitaría la gente de Monte para comenzar a sentirse tranquila?
Ponerse a discutir la política de seguridad. Que le pregunten a la ciudadanía de Monte qué es lo que precisan. Pero además, que a las policías se las controlen. Que haya un control comunitario de la fuerza. Si las policías van a actuar en las municipalidades, si hay directores de Seguridad, también tiene que haber dispositivos de control y monitoreo. La policía tiene que rendir cuentas a la comunidad todo el tiempo. Nosotros hemos promovido consejos locales de prevención de la violencia institucional para darle atribuciones a ciertos sectores de la sociedad civil, para que puedan auditar a las policías. ¿Quién instruye a los policías? ¿Cuáles son los protocolos? Pidamos protocolos de actuación en la provincia de Buenos Aires. Y hay que discutir el tema del Estado policial. Porque, por ley, los policías tienen obligación de llevar el arma reglamentaria todo el tiempo. Están en estado policial las 24 horas. Muchas veces, las muertes por gatillo fácil son fuera de servicio. Alguien les intenta robar, entonces se defienden y matan. También hay femicidios. Nosotros registramos ocho por parte de policías con el arma reglamentaria.
¿Cuáles son los cambios que precisan la policía y el Estado para poder mejorar esta situación?
Hay que revertir absolutamente todo: profesionalizar las fuerzas, crear la policía judicial, o sea, separar a la policía de calle de la policía que investiga. Hay que crear las fiscalías de violencia institucional. Tiene que haber una dura política de control y transformación de las fuerzas de seguridad. Hay que tener una política de criminalidad que persiga a quienes controlan los mercados ilegales, que investigue el crimen organizado. Si vos vas a detener al que roba las ruedas del auto, pero no al que organiza el mercado de las autopartes, no vamos a resolver nunca el problema. Y muchas veces, en los que organizan ese mercado te encontrás con la policía. ¿La policía no sabe quiénes son los transas de un barrio? Sí, lo saben. Lo saben todos los vecinos. Lo sabe la policía, y los vecinos saben que la policía lo sabe. No van a ir a la comisaría a decir: “Che, a la vuelta de mi casa hay un transa”. ¿Qué podés hacer? ¿A dónde vas a denunciar? Estamos hablando de una democracia que se ha consolidado en Argentina, pero a la que le falta mucho para ser una democracia sustantiva. Hay una deuda pendiente muy grande con las políticas de seguridad, que no se han democratizado ni están al servicio de la construcción de la democracia.
Hace unos días, Patricia Bullrich fue entrevistada en un programa de televisión y, entre otras cosas, declaró que “antes, cuando la policía actuaba, aparecía un aparato ideológico como el CELS o Correpi, que lo condenaban por el simple hecho de ser policía”. ¿Qué opinión le merece?
Bullrich es una funcionaria importante en el gobierno nacional. Incluso se hablaba de cierta proyección de ella como candidata, por la buena política de seguridad que había tenido. La policía más dura, la mujer firme. Ella avaló a la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado. No se admitió ninguna responsabilidad de su parte. En el marco de un operativo represivo, donde el Estado estaba presente, se produce ese hecho. Aún convalidando la versión judicial de los hechos de que el cuerpo estuvo en el río, aún aceptando esa verdad judicial, ¿la responsabilidad del Estado no existe? En su construcción narrativa sobre la Correpi y el CELS, es notable que para ella los Derechos Humanos sean un aparato ideológico. En buena hora, porque siente que estamos, que somos quienes los controlamos. Ahora, no creo que puedan sostener este discurso. Me parece que la gente vota otra cosa cuando vota. Por suerte. Si no te alcanza la plata para comer, si hay desocupación, si hay pobreza, por más que llenes las calles de gendarmes y policías…la gente no tiene para comer. En la provincia de Buenos Aires, las políticas de promoción de la niñez son el 0,37 por ciento del presupuesto. El Ministerio de Seguridad tiene asignado el 8 por ciento. Con esos dos datos ya tenés cómo se ubica el Estado. A ver si revertimos…bueno, no propondría una política tan radicalizada como decir “vamos a tener 100 policías en toda la provincia”, pero si estuviera más equilibrado ese presupuesto, si gran parte del presupuesto en seguridad se destina a políticas sociales, a protección de derechos, quizás tendríamos una sociedad mucho más segura. La violencia social se acrecienta cuando aumenta la desigualdad social. Esa es la madre de todas las violencias. Si el Estado no lo ve y sólo se le ocurre reprimir las violencias que producen las desigualdades con más violencia, estamos en un problema: hay que advertir que la democracia así corre peligro.
¿La democracia corre peligro hoy en día?
Sí. No en los términos de que haya un golpe de Estado, de que no podamos elegir a nuestros gobernantes. Pero la democracia es la plena vigencia del orden normativo también. Acá se viola la Constitución todos los días. Si se violan los Derechos Humanos, se viola la democracia. Porque la democracia no es sólo un régimen, una forma de elegir a quienes nos gobiernan. Es otra cosa, tiene que estar vinculada con el acceso a derechos. No sólo los derechos políticos de votar, sino otro conjunto de derechos. No hay democracia plena sin plena vigencia de los Derechos Humanos.
