Sep 8, 2020 | Comunidad, Novedades
El conflicto entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se prolongó por más de 60 años y causó unos 8 millones de víctimas (entre muertos, secuestrados, desplazados y desaparecidos), llegó a su fin el 24 de noviembre de 2016, tras la firma de un acuerdo que llevó cuatro años de negociaciones, siempre con la férrea oposición de un sector de la derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A poco de cumplirse el cuarto aniversario del acuerdo, los avances para su implementación no son los esperados debido a la poca visibilidad e importancia que le otorga a lo pactado en La Habana el gobierno del actual mandatario Iván Duque, quien alcanzó al poder mediante la fuerza electoral de Uribe, hoy en arresto domiciliario imputado por sobornos y fraude procesal.
En diálogo con ANCCOM, Víctor Barrera, politólogo y coordinador del área de Estado, Conflicto y Paz en el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), con sede en Bogotá, afirma que la ejecución del Acuerdo Final “no está involucrando activamente aquellos componentes genuinamente transformadores que están en el fondo del conflicto armado” y se ha convertido “en una segunda negociación de facto”.
El diálogo por la paz comenzó oficialmente en 2012 cuando el equipo negociador del entonces presidente Juan Manuel Santos se reunió en Oslo, Noruega, con representantes de las FARC. Más tarde, se trasladaron a Cuba, lugar donde se desarrollaron las negociaciones hasta 2016. Sin embargo, el acuerdo rubricado en septiembre de ese año, en el marco de una celebración festiva en la ciudad de Cartagena, fue rechazado al siguiente mes por los colombianos en un referéndum popular muy ajustado. Los promotores del no –sectores religiosos y políticos liderados por el expresidente Uribe– obtuvieron la victoria y lograron dejar en el limbo el Acuerdo Final.
Según Barrera, la dificultad para conseguir un consenso se debió a un dilema de legitimidad que consiste en que “la mayoría de los colombianos quieren la paz y están de acuerdo con que se implementen las reformas más estructurales en el campo y la política, pero la gente odia a las FARC. Y lo que ha hecho la derecha radical expresada en el Centro Democrático (la agrupación de Uribe) es capitalizar el sesgo anti-FARC de la población para atacar directamente los elementos más transformadores del acuerdo de paz”.
«La derecha capitaliza el sesgo anti-FARC de la población para atacar los elementos transformadores del acuerdo de paz».
Luego del rechazo popular, Santos convocó a la oposición para incorporar cambios a lo convenido y en noviembre de 2016 se volvió a firmar el Acuerdo Final en Bogotá. Aun así, la oposición mantuvo su resistencia y dos años después se convirtió en oficialismo cuando Iván Duque ganó las elecciones con un discurso de campaña que apuntaba a realizar cambios al acuerdo y con el eslogan “paz sí, pero no así”.
El acuerdo está organizado alrededor de seis puntos: desarrollo rural; oposición política y participación ciudadana; fin del conflicto armado; narcotráfico y cultivos ilícitos; reparación a las víctimas; y, por último, implementación.
En cuanto a la Reforma Rural Integral, se estableció solucionar la exclusión histórica del campesinado y los problemas surgidos a partir del despojo de tierras que sufrieron los desplazados por la violencia y cuyos títulos de propiedad pasaron a manos de terratenientes y narcotraficantes. Asimismo, se dispuso una transformación del campo para estimular la formalización, la restitución y la distribución equitativa del suelo acompañado de un desarrollo rural con recursos del Estado destinados a proveer servicios públicos, educación, salud, recreación, infraestructura, alimentación y bienestar a la población.
Barrera señala que el partido de gobierno se opone rotundamente a una reforma, aun cuando lo que está incorporado en el acuerdo “no es una reforma revolucionaria, sino una reforma parcial que lo que quiere es garantizar algunos derechos de propiedad para un segmento de la población campesina”.
En 2016, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el histórico acuerdo de paz que pone fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
Con respecto al punto de la participación política, se decidió trabajar en una apertura democrática para que nuevas fuerzas fortalezcan el pluralismo y que la guerrilla deponga las armas. El objetivo es evitar el uso de la violencia como método de acción política y proteger el ejercicio de la oposición de los hostigamientos de grupos paramilitares.
Para ello, se acordaron garantías a organizaciones y líderes sociales, y además se resolvió que cada una de las zonas afectadas por el conflicto tuviera una banca en la Cámara de Representantes (equivalentes a nuestros diputados) como medida de integración, reparación y construcción de paz. Pero estas 16 curules todavía no han sido asignadas debido a la impugnación de la derecha que ha criminalizado esos territorios.
El enfoque de seguridad humana prometido en el acuerdo ha sido incumplido por Duque. El principio básico de garantizar la vida de líderes sociales, excombatientes y de comunidades a través de una intervención activa de estos sectores en la toma de decisiones de las políticas de seguridad, no ha sido tal, sostiene Barrera. “Lo que ha hecho este gobierno es limitar cada vez más la participación de organizaciones y comunidades y lo que hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, agrega.
«Hemos visto es un incremento en el asesinato de ex combatientes y de líderes sociales”, dice Barrera.
La violencia política en Colombia se remonta a los enfrentamientos que en la década del 40 protagonizaban seguidores de los dos partidos que se disputaban el poder, el Liberal y el Conservador. En 1948, el asesinato del líder liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliecer Gaitán, provocó el levantamiento popular conocido como El Bogotazo, que se extendió por todo el territorio del país. El Estado reprimió duramente a los grupos insurgentes. Este fue el inicio de la escalada bélica en Colombia. La fundación de las FARC data de 1964, luego de una ofensiva militar contra una comunidad autónoma creada por grupos armados y ubicada en la selva denominada como República de Marquetalia. Uno de los campesinos que lideró la defensa fue Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, quien se convertiría en uno de los comandantes de las FARC.
A más de 50 años de estos hechos, uno de los propósitos cruciales del acuerdo de paz era el cese de la acción armada entre la guerrilla y las fuerzas del Estado, para lo cual se impulsó un proceso de entrega de armas, verificada por una comisión de la ONU. Además, se adaptaron zonas transitorias para agrupar de manera segura a los guerrilleros, previo paso a su incorporación como civiles. En función de esto, las FARC se transformaron en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, con cinco bancas en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes.
Pese a la intención del gobierno de Duque de imponer un discurso en contra de los resultados positivos del acuerdo, Barrera opina que en ningún proceso anterior con las FARC hubo una desactivación total del aparato de guerra, estructura y componentes básicos del grupo guerrillero. Destaca la verificación hecha por Naciones Unidas que certificó la entrega de una proporción de armas que no se había dado en ningún proceso de desmovilización en Colombia. De los más de 13 mil excombatientes que están acreditados por el Gobierno, apenas a 600 les ha perdido el rastro, sin que eso signifique que hayan vuelto a las armas. En este punto, subraya Barrera, es donde más se ha avanzado, aunque aclara que “más que un cumplimiento adecuado por parte del Gobierno, es un cumplimiento de las FARC”.
A raíz de que el narcotráfico ha financiado el conflicto interno en Colombia, se acordó en el punto cuatro una solución al problema de las drogas. Se constituyó un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los territorios afectados y, además, otro para la prevención del consumo. A su vez, el grupo guerrillero se comprometió a no continuar con el negocio y a dar información sobre las rutas del tráfico.
Sobre este punto, Barrera considera que se está anteponiendo una agenda contraria al acuerdo debido a que el Gobierno insiste en las aspersiones con glifosato y las erradicaciones forzadas, a pesar de que los niveles de resiembra de cultivos ilícitos en los municipios donde se han firmado estos acuerdos voluntarios de sustitución, son ostensiblemente menores.
Con relación a las víctimas del conflicto, el acuerdo dispuso la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como espacio a donde el Estado y las FARC acudirían para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como marco jurídico para investigar y juzgar a los responsables. Esto se haría a través de penas alternativas de acuerdo al reconocimiento de verdad y responsabilidad de los involucrados.
Este punto ha sido el más atacado por el partido de gobierno “porque les resulta inconveniente que se conozcan muchas de las verdades del conflicto armado”, afirma Barrera. “Lo que quieren introducir es que haya unos magistrados que juzguen por separado a los militares y no haya una sola sala que juzgue a todos. Eso es básicamente abrir la puerta para nuevos niveles de impunidad y para ocultar la responsabilidad que han tenido, no solamente las Fuerzas Armadas, sino los que en su momento fueron sus jefes”, asegura.
“Las víctimas –añade Barrera– viven en entornos donde están siendo revictimizadas y por ello están enfrentando grandes dificultades para que sus derechos a la verdad, a la justicia y a la no repetición sean efectivos. Recientemente, la JEP había expresado una preocupación alrededor del tema, de la dificultad que tienen muchas víctimas en los territorios para participar en estos procesos, pero también la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, precisamente porque no existen condiciones de seguridad”.
El futuro del acuerdo no parece prometedor. Igualmente, el blindaje institucional y el control político con el que está dotado, han impedido la avanzada que el gobierno de Duque y su espacio pretenderían. “La paz que intenta implementar Duque es minimalista”, ironiza Barrera.
“El escenario no es el más alentador y puede tornarse mucho más crítico, teniendo en cuenta que este Gobierno va a contar con mayorías que no tuvo en los dos años anteriores, porque se ha podido recomponer a través de prebendas clientelistas con otros partidos que no se habían sumado a la coalición, y esto le permite ampliar el margen de maniobra en el Legislativo para adelantar aquellas reformas que puedan ir en contravía de la implementación, o simplemente bloquear aquellas que estén en línea con el espíritu reformista del acuerdo de paz”, concluye.
Jun 26, 2020 | Comunidad, Novedades
Colonia Agroecológica de la UTT en Jáuregui.
Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención a Vicentin, quedó instalado el debate sobre la “soberanía alimentaria”, un tema hasta entonces empujado por organizaciones sociales y campesinas y del que poco y nada se hablaba en los medios. Enfrente, está el modelo agroindustrial hegemónico, para el cual los alimentos y los recursos naturales deben ser manejados por el mercado, sin la injerencia del Estado como garante de la producción, la distribución, la calidad y los derechos de agricultores y consumidores.
El concepto de “soberanía alimentaria” fue acuñado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma en 1996, por impulso del movimiento internacional Vía Campesina, que agrupa a organizaciones de todo el mundo, incluida la Argentina, y uno de cuyos principios fundacionales es la lucha por “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
Marcos Filardi, abogado e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición de la UBA y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (RedASA), afirma que la soberanía alimentaria “no es una construcción que ha nacido de los gobiernos o de los organismos internacionales sino del campesinado organizado del mundo que en 1996 dijo: ‘Nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria sino de soberanía alimentaria entendida como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, sus prácticas y sus estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos”.
Se trata de una lógica contrapuesta al modelo dominante que entiende a la tierra, las semillas, el agua y los alimentos como meras mercancías y no como derechos fundamentales. Hablar de soberanía alimentaria también es hablar de la agroecología como modo de producción, en armonía con la naturaleza, y de la creación local de alimentos y su distribución sin intermediarios. Mientras el capitalismo agroindustrial busca exportar más y más para hacer crecer el negocio, para ella el objetivo es satisfacer las necesidades alimenticias de la población.
Uno de los principales cuestionamientos de los defensores de la soberanía alimentaria, es que la mayor parte del suelo cultivado en el país esté monopolizado por la soja, el maíz y el algodón, es decir que la disponibilidad de tierras para otro tipo de alimentos saludables no es prioritaria. A esto hay que agregar que el grueso de la soja de exportación se destina para biocombustibles y agromateriales industriales.
No sólo los alimentos están a merced de la oferta y la demanda, sino además los recursos necesarios para su producción, entre ellos el agua, la tierra y las semillas que desde el punto de vista de la soberanía alimentaria deberían ser bienes naturales comunes. “La tierra tiene que estar al servicio de quien la trabaja y la cuida. Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad que, en consecuencia, no pueden ser objeto de derechos de autor o de patentes que impidan el acceso a ellas, en tanto son la base de la reproducción de la vida misma. El agua es un bien humano fundamental, no solamente como alimento en estado líquido esencial para el sostenimiento de todas de todas las formas de vida, sino también como insumo fundamental para la producción alimentaria, la higiene y el saneamiento”, explica Filardi.
Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y Brasil, subraya Filardi, “prácticamente el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz lo es y el 100% del algodón también. Entre 1996 y hoy se ha incrementado el uso de los agrotóxicos en un 1400% porque esa soja, ese algodón y ese maíz han sido diseñados para tolerar su aplicación y ocupan el 80% de la superficie cultivada”.
O sea que el maíz, la soja y el algodón en Argentina son modificados a través de la introducción de uno o varios genes de otras especies para mejorar la tolerancia a herbicidas y para que los cultivos puedan resistir las plagas. La soberanía alimentaria plantea como necesaria la eliminación de estos agroquímicos por sus efectos negativos en la salud y en el medio ambiente.
“Laboratorio a cielo abierto”
Diego Domínguez, profesor de la UBA, investigador del Instituto Gino Germani y especialista en sociología del campesinado y desarrollo rural, sostiene que el modelo de agricultura industrial en el país “terminó copiando los estándares norteamericanos basado en el modelo biotecnológico, el uso intensivo de agroquímicos y de maquinaria pesada”. Domínguez critica los modos de producción agrícola dominantes por ir contra la vida y la sostenibilidad medioambiental. “Se ha denunciado que Argentina es un laboratorio a cielo abierto porque la fumigación sobre las poblaciones locales está generando realmente un drama a nivel de salud pública y también que la demanda de nuevas tierras requiere de desmontes, lo que provoca una destrucción del bosque nativo y la erosión de los suelos, es decir, empobrecimiento y destrucción de ecosistemas”.
El modelo agroindustrial incita la producción sistemática de ciertos alimentos exclusivamente en determinadas regiones, lo que a su vez genera el desplazamiento de los alimentos de un lugar a otro para su distribución a través de camiones, que impactan en la contaminación del medio ambiente y significan un sobrecosto para el consumidor final. Filardi sostiene que “la soberanía alimentaria, en cambio, aboga por la localización de los sistemas alimentarios: todo lo que pueda ser producido localmente, hay que hacer el esfuerzo de que se produzca localmente, para tener menores costos, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr el acceso a alimentos cosechados de manera fresca. Ante la intermediación altamente concentrada en la que ganan los súper e hipermercados, hay que acercar al productor directamente con el comensal”.
Según Domínguez, otro aspecto problemático es la conflictividad provocada por la presión del agronegocio en las zonas donde hay presencia de campesinos rurales indígenas y pequeños productores: “Este agro marcado por el neoliberalismo y por los flujos del capital financiero a nivel global, tiene una voracidad en la incorporación de recursos y tierras que colisiona con las estrategias locales de producción y vida, lo que trae como consecuencia una disputa territorial”.
La soberanía alimentaria se presenta como una propuesta democratizadora sobre los alimentos, para que la sociedad pueda tomar decisiones acerca de la producción, distribución y consumo sin la intervención del mercado. “Este paradigma alternativo plantea el derecho de los pueblos a definir su sistema alimentario –destaca Domínguez–. El derecho de los pueblos a discutir, conversar consensuar y resolver cómo se producen los alimentos, con qué tecnologías, para qué y a dónde van a ir”.
El Estado debería actuar como garante para el logro de estas transformaciones. Domínguez opina que el Estado argentino, en particular, ha hecho caso omiso a la discusión estructural: “El gran problema es que ha estado ausente, salvo por algunos programas que, por la militancia de sus técnicos y las convicciones de sus funcionarios, a veces consigue apoyar y, de alguna manera, colaborar con las exigencias de los movimientos sociales. Pero como política pública de mediano y largo plazo, no se registran estas experiencias”.
¿Y Vicentin?
La intervención del holding Vicentin y su posible expropiación pusieron en agenda la idea de soberanía alimentaria. Para Filardi, el anuncio del Presidente es esperanzador porque el Estado podría jugar un rol como actor estratégico en un sector concentrado en tan solo 10 empresas que abarcan el 93% de las exportaciones de commodities, aunque advierte: “Si el Estado, a partir de esta empresa, sigue comprando soja transgénica, resistente a agrotóxicos para molerla y fabricar aceite de soja, agrocombustibles, que es una energía del hambre porque se están destinando tierras o cultivos que bien podrían estar abocados a alimentar seres humanos, eso no tiene mucho que ver con la soberanía alimentaria. Si además se obtienen los subproductos de la soja como lecitina y glicerina, y eventualmente aceite de soja y todo eso va a la exportación, tampoco tiene que ver con la soberanía alimentaria”.
Y añade: “Ahora, si a partir del control de Vicentin como empresa pública se pretende dinamizar a la agricultura familiar campesina indígena y a las cooperativas, abastecer el mercado interno, de alimentos sanos, seguros y soberanos, a precios accesibles y populares, si se vale de toda esa infraestructura logística de puertos y de puntos de venta que tiene la empresa, podría estar al servicio de la soberanía alimentaria”.
Domínguez cree que la posibilidad de expropiación se está desdibujando debido al “núcleo de poder que subsiste en torno a los sistemas alimentarios y los recursos naturales” y que, si bien no representaba un cambio paradigmático, sí parecía “un paso que podría llegar a abrir otros debates”.
“Esto sirve de indicador y síntoma de lo poco dispuestas que están las élites a permitir cambios paradigmáticos en torno a las cuestiones nodales, a las grandes definiciones de hacia dónde va la humanidad. Si no se democratiza el sistema alimentario, posiblemente los colapsos anunciados sobrevendrán y las poblaciones, sobre todo las urbanas y de menores recursos, quedarán a merced del hambre y la desigualdad. Si el Estado no interviene y no puede disciplinar al capitalismo, difícilmente se pueda llegar a enfrentar escenarios como los que se vienen”, concluye Domínguez.
Marcha contra expropiación de Vicentin en Bahía Blanca.
May 15, 2019 | Culturas, Novedades
La directora investigó cuatro años, antes de montar la obra.
Una carta real de 40 páginas que José envía a su primo Fermín en Igualada, Cataluña, es el motor de la obra. Su directora y nieta del protagonista, Agustina Soler, describe la riqueza del material: “Cortamos un montón, la carta era de dos horas de lectura. Tuvimos que sacrificar partes hermosas”.
El dramaturgo Iñaki Aragón, quien se encontró con esta historia, fue el encargado de darle coherencia narrativa. Le llevó cuatro años de investigación y elaboración hasta su estreno en noviembre del año pasado.
“Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un trabajo con abueles –relata Aragón-, porque yo me crié con mi abuela y fue lo mejor que me pasó en la vida. Al viejo José lo tenía cerca, lo empecé a entrevistar y ahí surgió la carta. Y cuando Agustina la leyó, fue el punto de partida que nos permitió crear la obra”.
Este espectáculo unipersonal, en cartel en el espacio “El Brío”, en el barrio porteño de Villa Ortúzar, muestra a José en la intimidad de su taller mecánico, de dos por dos, que además representa sus miedos, sus infortunios, sus éxitos y alegrías.
Interpretado por el actor Martín Elías Costa, José trabaja en medio de planos inclinados, sistemas de contrapeso, poleas, luces y lentes, y así va rememorando las motivaciones que lo llevaron a dejar Cataluña durante el franquismo, los detalles del momento en el que su barco dejó el puerto y el paso de los años en Tucumán, su familia, su oficio y el crecimiento de sus hijos.
“Tratamos de conservar algo de lo analógico que tiene que ver un poco con el imaginario que tenemos de esa época”, señala Agustina sobre la puesta en escena. En el armado del taller, clave en la escenografía, participó tanto José, el protagonista real, como su intérprete, ambos además dueños de conocimientos en física. Así lo cuenta Costa: “Es una locura la posibilidad que uno como actor pocas veces tiene, de conocerlo a él, conocer el taller, habernos entrevistado antes varias veces y hacer el estreno en Tucumán cuando él cumplió 90 años”.
En el armado del taller, clave en la escenografía de la obra, participaron tanto el protagonista como el abuelo cuya historia inspiró la obra.
Foráneo se plantea el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva humana en donde las contradicciones políticas se hacen evidentes. “Nos agarraba la duda de por qué lo hacemos, ¿porque es mi abuelo? ¿Eso es suficiente para contar una historia? Un poco sí, porque muchos abuelos están en la misma situación, es difícil no sentirse interpelado por el material. Pero también nos pasó que con esta circunstancia estatal de odio a los inmigrantes nos pareció doblemente bueno. Traer esto y decir: la mayoría de los que están en el poder, ninguno tiene apellido mapuche. Son hijos de inmigrantes que han venido en las mismas circunstancias. Esa situación para nosotros redobla la apuesta de hacer este material ahora”, explica Agustina.
A la par de los movimientos mecánicos desplegados por el mismo actor con las herramientas, se va tejiendo la narración, como si la vida misma se ensamblara pieza por pieza con sus pesos, inclinaciones, idas y vueltas. Y más allá del orden cronológico de los sucesos que relata en escena, el personaje va dejando al descubierto sus emociones sin explicitarlas, y junto con él el público, que durante 60 minutos se sumerge en un estado de evocación, quizá hasta de sus propios recuerdos.
Foráneo se exhibe los sábados a las 21 en “El Brío. Espacio de investigación teatral”, Av. Álvarez Thomas 1582.
