Nov 2, 2017 | inicio, Trabajo
Este jueves absolvieron a los seis delegados gremiales de Editorial Perfil en el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, en el que los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza. La causa penal, que había comenzado en 2013, era para los procesados una represalia de la empresa para disciplinar a los trabajadores y debilitar la organización gremial colectiva.
El juez subrogante Walter Candela dictó la absolución luego de escuchar los alegatos y el testimonio de 19 testigos, de los cuales 16 fueron llevados por el fiscal. En el banquillo de los acusados esperaban Marcelo Iglesias, Raúl Mileo, Carlos Rodríguez, Héctor Velásquez, Jose Luis Quartana y Rubén Schofrin, quien además es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Durante las cuatro jornadas del juicio, este sindicato, que es, según Schofrin, “uno de los sindicatos que Macri dice que sobran”, organizó una radio abierta y actividades de apoyo a los delegados. A ellos se sumaron otras organizaciones gremiales, diputados, legisladores y periodistas para pedir la absolución en las puertas del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 12.
“Perfil dio un golpe de estado a nuestra comisión interna el 30 de octubre de 2013, día de elecciones. Echaron a trece compañeros, entre los cuales había miembros de la junta electoral, que tienen inmunidad gremial”, relata Schofrin. Y agrega: “El despido de un trabajador es legal, pero no el de un integrante de la junta electoral. La ley así lo considera. El paro fue masivo y entonces las publicaciones de la empresa, como el diario Perfil y la revista Caras, demoraron su salida unas horas. Frente a eso nos acusaron de violar la libertad de prensa”.
En el juicio oral llevado a cabo durante esta semana, los trabajadores habían sido acusados de afectar la libertad de prensa en el marco de una medida de fuerza.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas. “Perfil aplicó un revanchismo inédito. Nosotros sufrimos más de 800 despidos y revertimos cerca de 200. La acción punitiva busca quebrar una organización gremial colectiva e imponer un régimen de disciplinamiento a los trabajadores de prensa”, sostiene.
Iglesias, también acusado, cuenta algunos detalles de la noche de la denuncia: “Viene la Policía Federal, entra, mira y se va sin hacer nada. Más tarde vienen de Prefectura y pasa lo mismo. Cuando llega la Policía de la Ciudad, que en ese momento se llamaba Metropolitana, el fiscal de turno le dice al jefe del operativo que se vaya, que no había ningún delito. Eso figura en el expediente”. De hecho, durante el tercer día del juicio declararon algunos de los policías que participaron esa noche, ratificando que no había delito, tal como cuenta el delegado.
Editorial Perfil, que en diciembre de 2013 hizo la denuncia penal contra sus trabajadores, no fue querellante en la causa. “Fontevecchia tiene sus mañas, y prefirió hacerle hacer el trabajo sucio al Poder Judicial, a un fiscal. Y como el Estado defiende los intereses de la empresa, esto a Perfil le sale gratis”, dijo Iglesias. Por su parte, el abogado de la defensa, Fernando Gómez, aclara este punto: “Perfil no fue querellante porque estaban muy flojos de papeles, ya que los hechos que denunciaron no existieron y no hubo ningún ataque a la libertad de prensa. Solo hubo una medida de fuerza para impedir despidos ilegales porque la empresa violó la Ley 23551 de Asociaciones Sindicales”. El abogado, además, advierte: “Tendrán responsabilidades severas cuando se termine de comprobar la verdad que deriva de este juicio, y que es lo que motivó las medidas de fuerza. Esta empresa ha llevado adelante despidos masivos, ha violentado los recursos preventivos de crisis, ha desoído decisiones judiciales de reincorporación de trabajadores y ha desconocido la vigencia del Estatuto del Periodista”. Entre los testigos que declararon, hubo cinco gerentes de distintas áreas de Editorial Perfil.
Si bien el artículo 161 del Código Penal preveía una pena de uno a seis meses de prisión, detrás de este juicio se escondía un riesgo mucho mayor que la posible condena, y es la utilización de la justicia penal para criminalizar la actividad gremial. “Pegarle a la organización gremial es pegarnos a todos. Si nos llegaba a ir mal a nosotros, Clarín y La Nación iban a salir a hacer denuncias penales en vez de buscar abogados laboralistas. Estuvieron mirando este juicio de cerca”, se preocupa Iglesias. “Es una locura que los que producen los diarios y revistas sean acusados de coartar la libertad de prensa. En realidad, violar la libertad de prensa es echar periodistas y sembrar el terror para que no haya voces disonantes, que es lo que están haciendo algunos medios en este momento”, compara.
Para Schofrin, la denuncia penal efectuada dos meses después de esos hechos fue una venganza de la empresa de Jorge Fontevecchia, ya que en el fuero laboral los trabajadores habían logrado grandes conquistas.
El clima de época es otro factor que los protagonistas de esta causa toman muy en cuenta para entender por qué llegó a juicio oral un reclamo laboral. “Yo tengo 30 años en el gremio y nunca vi un caso así”, dice Fernando “Tato” Dondero, secretario general de Sipreba y testigo de concepto en la causa. “La preocupación central es el momento político en el que aparece esto. El gobierno viene por reformas en contra de los trabajadores, y este hubiera sido un precedente terrible. Cualquier paro puede terminar en denuncia por entorpecer la libertad de prensa”.
Iglesias también entiende que los nuevos vientos políticos han dado aire a este tipo de criminalización del conflicto gremial: “Fontevecchia es un hábil lector de la realidad, y leyó este cambio de época, porque es en este contexto que una causa así puede tener algún asidero. El fallo de Cámara salió en 2015, el día después del balotaje, y a partir de ahí la causa se aceleró y avanzó hasta este juicio”.
“Volvemos a Editorial Perfil a trabajar como todos los días, pero sin la espada de Damocles sobre la cabeza”, dijo Schofrin al salir del juzgado, absuelto al fin, pasada la una de la tarde del jueves.
Los aplausos después de la absolución.
Actualizado 02/11/2017
Oct 25, 2017 | Comunidad, inicio
El gobierno nacional anunció este mes la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta reforma, según indicó desde Mendoza el ministro del área, Jorge Lemus, tiene el objetivo de garantizar el acceso a la salud de los 15 millones de argentinos que no cuentan con obra social o medicina prepaga. Además, se propone una mayor eficiencia en la atención, turnos telefónicos e historias clínicas únicas digitalizadas. Pero ¿qué hay detrás de este cambio de paradigma en la atención sanitaria y cuáles son las ventajas y los riesgos de su implementación?
En principio, hay que diferenciar los dos modelos de salud predominantes a nivel mundial. Uno, de origen británico, se denomina Beveridge y apuesta por la protección sanitaria universal y por un derecho irrestricto a la atención. Este modelo donde el Estado monopoliza la salud se aplica en países como España e Inglaterra. El modelo Bismarck, en cambio, tiene origen alemán y propone el pago de seguros con un grupo básico de prestaciones y servicios. Este régimen, que no ofrece protección universal, se utiliza en Suiza, en Alemania y, con algunas variantes, en Estados Unidos.
“En la Argentina tenemos una mezcla de todos los sistemas que existen en el mundo, pero desde 1946 siempre con el respaldo de un sistema público gratuito”, dice Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud de la Nación. Y agrega: “Desde los noventa, el Banco Mundial y la OMS recomiendan aplicar en toda América un sistema de seguros privatizado, similar al de Estados Unidos, donde se da una canasta básica de prestaciones y se agregan servicios según la capacidad de pago de cada uno”. Con la CUS, cada paciente tendrá asegurada cierta cantidad de estudios, diagnósticos o medicamentos por mes. Si supera ese monto, deberá abonarlos, ya sea en un hospital o en un centro de salud privado.
En efecto, el informe “Invertir en salud” del Banco Mundial, firmado en 1993, propone: “Si los gobiernos financiaran un conjunto de medidas de salud pública y servicios clínicos esenciales, el resto de los servicios de esta índole se podría cubrir mediante financiamiento privado, por lo general por la vía de los seguros”.
El proyecto de la CUS, del que solo hay escrito un Decreto de Necesidad y Urgencia, (908/2016) parece ir por este camino, aunque no se han explicitado las pautas ni las metas. “El decreto se hizo para capturar los ocho mil millones de los trabajadores, del resto no dice nada”, describe Kreplak. Se refiere a la financiación inicial de la CUS que percibirá ese monto proveniente de los ahorros de las obras sociales sindicales.
Marcelo Peretta, secretario de Previsión y Salud de las 62 Organizaciones Peronistas, es más optimista: “Pienso que es muy positivo que aquellos que no tienen una cobertura empiecen a recibir la misma atención que se da en un privado: servicios de 0800, Internet, médico de cabecera, receta electrónica, no hacer más colas, y otras cosas que permitan prestigiar al paciente. Eso es un avance grandísimo”, se entusiasma. Sin embargo, Claudio Capuano, titular de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos dice que la CUS parte de una falacia, que es la universalidad como novedad: “En nuestro país ya hay atención universal de la salud. Esto que quieren implementar es un seguro que va a limitar en prácticas, en acceso a medicamentos, es un recorte de derechos”.
En el mismo sentido se pronuncia Fernando Corsiglia, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP): “La CUS es un intento de estratificación de acuerdo a la capacidad de pago. Socava el concepto de salud como derecho, como igualdad. Hoy, mal que mal, la respuesta está dada por la necesidad y no por la capacidad de acceso. En muchos territorios el sistema público es el único efector y resuelve la inmensa mayoría de los problemas de salud de la población. La CGT la apoya porque hay un acuerdo político, un intercambio”.
Guillermo Pacagnini, médico y secretario general de CICOP, dice que el anuncio fue solo “pirotecnia electoral”, pero que aún no hay nada concreto. “Solamente repartieron 120 mil carnets de pobreza, que desde ya es indigno. Es una obra social para pobres donde en vez de presupuestar la oferta y mejorar los hospitales, van a subsidiar la demanda y el centro de salud va a facturar de acuerdo a lo que atiende. Esto ya se aplicó en Colombia y México y terminaron con una reducción del 60 por ciento del sistema de salud público y aumentando casi al doble el gasto de bolsillo de los pacientes”. Por otro lado, acuerda con Corsiglia en que la disminución presupuestaria que se viene observando en los últimos años es la antesala de la privatización, tal como se hizo con los servicios públicos en los años noventa.
Kreplak subraya que lo que busca el gobierno de Macri, detrás de la CUS, es la creación por ley de la Agencia Nacional de Evaluación en Tecnologías de Salud (AgNET), cuyo proyecto ya está en el Congreso. Esta agencia se ocupara de definir qué y cuántas prestaciones, servicios y medicamentos formarán parte de la canasta básica universal, y cuáles quedarán afuera, forzando al paciente a pagar y provocando una competencia entre centros públicos y privados. “La AgNET va a basarse en una lógica de costo-beneficio, y en el artículo tercero dice que lo que no resulte efectivo no se incluirá en el plan. Ahí tenemos escrito, por primera vez en la Argentina, que habrá un paquete mínimo de prestaciones de salud”. La AgNET, además, va a definir los alcances del Plan Médico Obligatorio (PMO) de las obras sociales y prepagas, por lo cual éstas tienen especial interés en su creación para afrontar sus costos, ya que la inflación en salud que ha trepado a cerca del 100 por ciento mientras los salarios, y por ende el aporte, han sufrido un aumento sustancialmente menor.
Actualización 25/10/2017
Oct 23, 2017 | inicio, Vidas políticas
Más de la mitad del electorado porteño eligió a Cambiemos y a su candidata principal, Elisa Carrió, confirmando el gran resultado obtenido en las PASO. En segundo lugar quedó Daniel Filmus, de Unidad Porteña, con el 21, 74 % y el partido Evolución, de Martín Lousteau, si bien perdió votos, se ubicó como tercera fuerza, con el 12, 33%. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) fue quien mejor resultado obtuvo respecto de las primarias, ya que logró casi el 6 por ciento de los votos y superó a los candidatos de Avancemos hacia Un País Mejor, el partido de Sergio Massa en la Ciudad, que llevaba como principal figura a Matías Tombolini. Autodeterminación y Libertad, de Luis Zamora, quedó sexto.
Si bien muchos estimaban que los irresponsables comentarios de Carrió sobre Santiago Maldonado le restaran votos, Vamos Juntos sumó mayor cantidad de sufragios al número obtenido en las PASO, obteniendo ocho bancas nacionales. “Carrió es una referente indiscutida por su altura moral, y creo que ha hecho una campaña tremendamente respetuosa. Ha tenido la altura humana que la caracteriza para pedir disculpas a la familia, aclarando que no hubo intención de ofender de ninguna forma”, dijo al respecto el Jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, que fue el primer dirigente en salir a hablar desde el búnker ubicado en Costa Salguero. Luego, Horacio Rodríguez Larreta comentó: “Esta elección es un reconocimiento, un acto de justicia, una valoración enorme a la trayectoria y al coraje de una mujer”.
Pasadas las nueve de la noche, en Costa Salguero, todo empezó a teñirse de fiesta, aunque no estaban los clásicos globos coloridos. Después de las palabras de Rodríguez Larreta apareció en escena Carrió, mientras sonaba el tema “La flor más bella”, de Memphis La Blusera.
Tras repetidos agradecimientos, la diputada electa dio un breve discurso: “Estamos festejando algo que es muy profundo y que es histórico, que es la victoria de un pueblo.” Y agregó en tono festivo: “Es el triunfo de todos nosotros, de un nosotros que es una Argentina posible, una Argentina de verdad, una Argentina con derecho, una Argentina sin violencia, una Argentina con paz.” Para coronar su noche, concluyó: “Ya no me faltaba nada, porque este triunfo del pueblo es el triunfo que yo alguna vez soñé”.
En tanto, una hora y media después del cierre de los comicios, el clima dentro del búnker elegido por Unidad Porteña en Almagro parecía poco alentador. En una de las pantallas podía verse la placa de Crónica TV “El país, amarillo”. De fondo, el jazz suave de la música funcional trataba de calmar los ánimos y la ansiedad.
Pasadas las siete de la tarde, el reducto estaba casi desolado. Uno de los primeros candidatos en llegar fue Mariano Recalde. Aunque sonriente, evitó hablar con la prensa. Como era de esperar, la tendencia marcaba los mismos números que en las PASO.
A las 20:30, Gabriela Cerruti, segunda candidata a diputada nacional, habló ante la prensa y afirmó que Unidad Porteña “es la principal fuerza opositora y la segunda fuerza en Ciudad de Buenos Aires”. En diálogo con esta agencia dijo que “la alegría de las elecciones se vio empapada por la tristeza y la melancolía por Santiago”.
Filmus también se pronunció al respecto: “Fueron unas elecciones con mayor angustia y dolor porque no nos olvidamos lo que le pasó a Santiago Maldonado”. Para el final, enfatizó el compromiso para frenar al avance de la agenda legislativa del oficialismo: «La flexibilización laboral, el aumento de la edad jubilatoria, la ampliación de quienes pagan el impuesto a las ganancias y principalmente, el endeudamiento para las próximas generaciones”, enumeró, y subrayó que Unidad Ciudadana es la fuerza responsable de “construir una oposición más amplia y una alternativa para el 2019”. Además, resaltó que la mitad de ciudadanos porteños no están de acuerdo con Cambiemos. “Estamos muy contentos de que en condiciones muy difíciles pudimos incorporar tres diputados Nacionales y seis legisladores”, concluyó.
En el búnker de Evolución, por su parte, ubicado en el Palacio Alsina, se esperaban los resultados sin la presencia de los candidatos. Los militantes basaban sus expectativas en que las desafortunadas declaraciones de Carrió causaran un cambio de humor en el electorado que les permitiera a esta robarle algunos votos. Alrededor de las 20 llegaron Martín Lousteau, primer candidato a diputado y Débora Pérez Volpin, cabeza de la lista a legisladores porteños. Los militantes los esperaban con poco clima festivo pero con sus paraguas de cotillón, con los colores tradicionales del radicalismo, en alto.
Lousteau comenzó su discurso agradeciendo la confianza de los ciudadanos en esta elección. «El resultado de las PASO no se ha modificado”, puntualizó.
Además, destacó que la Argentina “tiene un enorme futuro para saber debatir las ideas». Pérez Volpin, por su parte, en diálogo con ANCCOM declaró: “Estamos muy conformes de haber sostenido los votos y la confianza de la gente que nos eligió en las PASO”. Para el final, hubo barra libre y baile en la pista para festejar las dos bancas de diputados nacionales y las dos de legisladores porteños que obtuvo el espacio.
En el Hotel Bauen de la Capital Federal, búnker del FIT, todo era expectativa desde el cierre de los comicios. Los primeros candidatos en llegar fueron Marcelo Ramal y Gabriel Solano del Partido Obrero, a la par de Laura Marrone y Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista. Los candidatos del PTS, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman se hicieron esperar hasta casi las 20. Ramal, que no obtuvo los votos necesarios para ingresar al Parlamento, afirmó: “Larreta dijo al inicio de la jornada que todo comenzó con normalidad, pero la situación del país no es de normalidad», comentó el candidato Marcelo Ramal. Y agregó: «El país está conmocionado porque un joven desapareció y luego fue encontrado muerto en el marco de una represión de una fuerza del Estado”.
ANCCOM dialogó con Laura Marrone, candidata a diputada por la Ciudad, quien afirmó: “Habrá que batallar contra las cinco erres que va a querer aplicar el gobierno: las reforma tributaria, la reforma sanitaria, la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma educativa”. Más temprano, el FIT había denunciado el allanamiento y detención de militantes y un candidato en su local de Mar del Plata. «Había un cartel en la puerta y unas boletas que estaban entrando y sacando los fiscales y se aprovechó eso para decir que se estaba violando la veda y llevaron a seis candidatos detenidos. Allanaron nuestro local. Hombres agarraron a nuestras compañeras, las tiraron al piso y las esposaron”, dijo Bregman, que agregó: “En todo el país, nuestros dirigentes van a priorizar la lucha contra la impunidad y la represión”.
Actualizado 22/10/2017
Oct 4, 2017 | inicio, Trabajo
Los trabajadores de Agencia DyN viven una situación de incertidumbre debido a los rumores de reducción de personal e, incluso, de la posibilidad del cierre definitivo. El medio periodístico, que ya cumplió más de 35 años de vida, tiene entre sus principales accionistas a grandes empresas de prensa como Clarín, La Nación, el diario Río Negro y La Gaceta de Tucumán. Si bien aún no se produjeron despidos ni cesación de pagos, el consejo directivo de la empresa le comentó a un grupo de trabajadores que se estarán ofreciendo acuerdos de desvinculación y que los accionistas están decidiendo cómo seguir en un contexto de crisis económica. La situación se enmarca en una realidad durísima del mercado laboral periodístico, en donde durante 2016 se destruyeron más de 2.600 puestos, según los números que maneja el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Santiago Magrone, periodista y delegado de la comisión interna de trabajadores, desconfía de los motivos esgrimidos: “No pueden hablar de crisis cuando las empresas dueñas de DyN, como por ejemplo Clarín y La Nación, están diversificando y ampliando sus inversiones”, denuncia. Y argumenta: “Nos dicen que el diario de papel no tiene futuro, pero uno sabe que invierten grandes sumas en la web y en otros proyectos”.
Magrone sospecha, además, que hay alguna relación entre esta situación y los abonados estatales y gubernamentales de la agencia, ya que se produjo una sensible reducción en la cantidad de medios oficiales que se valen de sus servicios para sus publicaciones.
Incertidumbre por los rumores de reducción de personal y cierre definitivo.
“Estamos muy preocupados por la cantidad terrible de rumores”, comenta Fernando ‘Tato’ Dondero, Secretario General del SiPreBA. Aclara, además, que al elegirse un nuevo directorio hace algunos meses, los empleados de la empresa pidieron certezas: “Los trabajadores hablaron con autoridades de la agencia, incluso con el nuevo presidente del directorio, y les dicen que están analizando todo pero no definen nada”. Y detalla: “Tuvieron varias reuniones: tanto con el gerente de Relaciones Laborales como con el director periodístico. Ellos reconocen que están discutiendo qué van a hacer, por eso los compañeros están en estado de alerta permanente”.
Por otra parte, si bien no hubo despidos, sí se habló de acuerdos laborales: “La empresa arrancó hablando de abrir retiros voluntarios muy a la baja”, relata Dondero. Y agrega: “Hay rumores de cierre que involucran al gobierno, ya que se cuestiona la utilidad de la Agencia DyN frente a una agencia estatal como Télam. Se preguntan si está de más, olvidando que tiene casi cien trabajadores que necesitan su fuente de trabajo”, sentencia.
Magrone, además, confirma las señales de achicamiento: “En estos últimos dos años, las personas que se fueron jubilando no fueron reemplazadas, eso es todo un signo” dice. Tanto él como Dondero coinciden en que los rumores que se lanzaron parecen ser interesados, ya que consideran altamente probable que los dueños de DyN estén pensando en qué hacer, cuánto achicar o de qué modo cerrar el medio.
Del otro lado del escritorio, ningún representante de la empresa atendió a ANCCOM, mientras que Ernesto Behrensen, director periodístico, reconoció la existencia de estos rumores pero prefirió no hacer declaraciones.
Actualizado 4/10/2017
Ago 30, 2017 | Vidas políticas
Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y realizar actividades, marchas y encuentros en pos de visibilizar una situación que califican como muy grave. Una vez más, como en épocas de la recordada Norma Plá, los adultos mayores necesitan hacerse ver y escuchar. Reclaman, principalmente, por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI, además de por los aumentos generales de precios y de tarifas de servicios públicos.
“Yo podía ahorrar”, dice Hebe, mientras camina junto a un grupo de 80 o 100 compañeras y compañeros jubilados frente a la Pirámide de Mayo. “Pese a cobrar 6.030 pesos igual que ahora, yo antes podía guardar algo”, cuenta. Y agrega: “Tengo un hijo desocupado y mi marido, que es masajista, tiene muy pocos pacientes, así que ya veo que voy a tener que sostener la casa, como en la época de Menem que sostenía con 150 pesos a toda la familia desocupada”.
Patricia la observa desde unos ojos clarísimos y la apoya: “Encima vas a sacarte sangre al lugar de siempre y te encontrás con que no tenés más la prestación. Por eso nos manifestamos acá, porque nunca estuvimos bien pero ahora estamos peor, no solo económicamente sino por el maltrato”. Hebe vuelve a tomar la palabra para agregar que muchos suponen que el jubilado tiene tiempo libre: “Pero nos jubilamos para disfrutar de la jubilación, no para padecerla”. El Frente de Personas Mayores, Jubilados En Lucha y varios autoconvocados de centros de jubilados barriales se han articulado para llevar adelante distintas protestas ante la situación económica que padecen.
Jubilados y pensionados empiezan a organizarse y reclamar por la quita de descuentos en medicamentos y la reducción de prestaciones por parte del PAMI.
Consultada sobre la situación de quienes viven de los haberes jubilatorios, la diputada por el Frente Renovador, Mirta Tundis, atenta a temas previsionales desde siempre, sostiene que el sector nunca estuvo tan mal como ahora. “Veo jubilados angustiados en todo el país, pero últimamente están enojados, irritados”, comenta. “Una señora en Laferrere me contó que le quitaron los medicamentos gratuitos porque el marido tiene un autito que usa para trabajar como remís. Y con estos precios no llegan a mitad de mes”, relata. Para Tundis, el problema reside en las políticas de ajuste que implementa el gobierno. Y sostiene: “Macri y sus ministros son gente que viene de manejar empresas y solamente ven números. Recibieron un país con muchos problemas, pero después de dos años no pueden hablar de la herencia recibida. Achicar gastos en adultos mayores es realmente un genocidio”.
Si bien el bloque del Frente Renovador que integra votó a favor de la Ley de Reparación Histórica impulsada por Cambiemos, Tundis dice haber aclarado que no era ninguna reparación, sino un ajuste administrativo. Y añade: “Llega a dos millones de jubilados, pero hay casi siete millones, y además algunos reciben diez pesos de aumento, nada más”.
Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, comenta que la canasta básica del jubilado, que se calcula desde hace diez años, arroja, con precios de abril último, una necesidad mensual de 16.137 pesos, mientras el haber mínimo es de 6.400 pesos. “El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisa. Y denuncia que “hoy hay explotación laboral de adultos mayores. Gente de edad muy avanzada está haciendo tareas penosas, riesgosas, nocturnas para completar un salario digno”. Con respecto a la reparación histórica, sostiene que no es una ley de seguridad social, sino una medida macroeconómica, porque “estaban deseosos de votar el blanqueo”. “El sector recibe plata para reactivar un poco el consumo, pero no resuelve nada del sistema previsional. A algunos ese aumento les alcanza para comprar un kilo de azúcar, no mucho más”, dice. En ese sentido, el presidente Mauricio Macri anunció un aumento del 13 % en las jubilaciones, a todas luces muy magro en función de las necesidades del sector. Cabe recordar que dicho incremento se basa en la Ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada en 2008.
“El desfasaje es enorme, el haber no llega a cubrir el 40% de la canasta”, precisó Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
En Plaza de Mayo, María Cristina, abogada jubilada, se queja de que los remedios han aumentado 200% mientras el haber lo hizo en forma imperceptible. “La situación de PAMI es muy dolorosa. Tengo una amiga que tiene un tumor en la mama y todavía no le han dado el turno para la biopsia”, reclama. Y agrega: “Hemos decidido organizarnos en comunas, no solamente acá sino en La Plata. Exigimos la restitución de nuestros derechos y que no nos quiten ninguno más. Vamos a morir el día que Dios quiera, no el día que el actual gobierno lo decida por quitarnos los medicamentos”, concluye.
Delia se acerca y, efusiva, cuenta que no solo está preocupada por el presente sino por el futuro. “Están vaciando ANSES, y los perjudicados no son solo los jubilados actuales sino mis compañeras de trabajo que dejé hace dos años cuando me jubilé. Ellas, cuando se retiren, van a recibir monedas, es patética la situación”, evalúa. Y calcula: “Yo en un año perdí alrededor de un 18% de mi ingreso. ¿Sabés qué? El 18% de poco es mucho”.
Respecto de su agrupación denominada Frente de Personas Mayores, Patricia relata que muchas personas se acercan cuando los ve reunidos: “Impacta gente mayor, toda junta. Mirá nuestra compañera, viene con el bastón y todo”. Elsa, la compañera a la que se refiere, bromea: “Cuando llegué a la plaza lo escondí, a ver si piensan que vengo con un palo y encima me detienen”. Todas se ríen y demuestran que, si bien han perdido mucho, no han perdido el humor y, mucho menos, la dignidad.
Actualizado 29/08/2017.
