Abr 22, 2020 | Novedades, Trabajo
“La segunda quincena de marzo cobré $4.300 pesos. Es la mitad de lo que suelo cobrar”, explica Nicolás.
#BoicotALosMiserables es el hashtag que usaron las y los trabajadores de las cadenas de comida rápida en las redes para visibilizar su lucha ante suspensiones y rebajas salariales. Para el miércoles 22 organizan un boicot para sus empleadores: Wendy’s, McDonald’s, Burger King, Mostaza, entre otros, y proponen que no se les compre en todo el día, a lo que se le suma un paro de repartidores de apps de delivery.
El decreto 329/2020, del 31 de marzo, prohibió los despidos por 60 días. El contexto de una pandemia, en el que reina una incertidumbre general, no parece ser el mejor momento para quedarse sin trabajo. Ninguna de las dos cosas impidió que hubiesen desvinculaciones en numerosos rubros. Uno de los afectados es el de la gastronomía, que entró en la lista de los exceptuados a la cuarentena a partir del 20 de marzo, únicamente para entregas por delivery. A raíz de esta situación, gran parte de los trabajadores del sector atraviesa dificultades en cuanto al cobro de sus salarios.
Nicolás no se llama Nicolás. Como todos los entrevistados de esta nota, sus identidad fue cambiada por temor a sanciones laborales. Trabaja en la cadena Green Eat de Belgrano, contó a ANCCOM que estas empresas se respaldan en una cláusula que dice que ante una catástrofe o situación extraordinaria, pueden pagar a sus empleados un mínimo de 48 horas mensuales. En promedio, él suele trabajar 70 horas al mes en su puesto de atención al público. “La segunda quincena de marzo cobré $4.300 pesos. Es la mitad de lo que suelo cobrar”, explicó. Tampoco le pagaron el presentismo, que representa casi un 10% de su sueldo. Estas empresas aprovechan las lagunas que deja el decreto del Poder Ejecutivo acerca de las rebajas salariales y de las sanciones para quienes incumplan las medidas. En este caso, los obligaron a tomar una licencia sin goce de sueldo, prometiéndoles que eventualmente podrían trabajar si así lo desearan, ya que el local continúa abierto para el delivery. Pero, cuando lo hicieron, los empleadores les dijeron que preferían no exponerlos. “En realidad, ninguno se quiere arriesgar a contagiarse, pero es una necesidad”, señaló Nicolás.
Ante esta situación, la respuesta que encontraron muchos trabajadores fue organizarse. Una de las acciones que tomaron fue enviar telegramas de forma masiva, aunque no resultó fácil convencer a todos de hacerlo. “Es difícil porque muches tienen miedo a perder su trabajo o a quedar marcados”, afirmó Nicolás y explicó que en Green Eat no son tantos empleados y que mandar telegramas de a uno sería más riesgoso. En otras cadenas, como McDonald’s, esta iniciativa funcionó mejor porque son un colectivo más numeroso. Otra de las estrategias fue crear redes sociales propias para poder mantenerse anónimos y confluir todas las luchas en un solo lugar. En Instagram figuran como @trabajadoresrapidosenlucha y en Twitter como @LuchaRapidosEn.
“A medida que pasan los días la bronca crece, la indignación también, y eso hace que se avance con la organización. Hay gente que nos dice que tenemos que agradecer que no nos están echando. Es una locura”, afirmó Nicolás.
«Es difñicil organizarse, muches tienen miedo a perder su trabajo o a quedar marcados”, afirmó Nicolás
Una situación similar se vive en la pizzería La Continental. “En marzo nos pagaron la mitad del sueldo con la excusa de que no hay plata”, afirmó Javier, empleado de la cadena para realizar el delivery. Estuvo sin trabajar 10 días desde que se decretó la cuarentena obligatoria, hasta que se habilitó su sector. “A la empresa le reclamamos las medidas de higiene y ni siquiera quisieron cumplir con eso. Entonces no fuimos. Tuvieron que comprarnos todas las cosas, barbijo alcohol en gel, guantes”, dijo y aseguró que tuvieron que organizarse entre ellos para que le dieran la licencia a sus compañeros que son parte del grupo de riesgo.
“Hacer el escrache por redes funcionó, porque el sindicato tuvo que actuar y hablar con la patronal, aunque tardaron en hacerlo”, reconoció Javier en relación a la organización a través de Twitter en Trabajadorxs de La Continental. El viernes pasado el Sindicato de Pasteleros pudo llegar a un acuerdo con las empresas de comida rápida. El dictamen prevé que se realice “la reliquidación de las remuneraciones correspondientes a la segunda quincena de marzo, computando como base de cálculo el promedio de horas trabajadas en el semestre previo”. Además, a quienes trabajen durante la cuarentena se les asegura el 100% del sueldo, mientras que a los que no lo hagan, solo el 70%. Al respecto, Nicolás expresó: “Entendemos que esto es un avance que logramos al presionar al sindicato para que actúe. Pero igualmente, exigimos que se nos pague el presentismo y el 100% de nuestro sueldo para abril y mayo. La lucha continúa, nosotros vamos a seguir organizándonos”. Afirmó también que el paro del 22 sigue en pie y que lo acompañarán en las redes e invitan a la población a sumarse a la medida.
Otro caso es el de Diana, camarera fulltime en una cafetería de San Isidro. Su sueldo es proporcional a las horas trabajadas. El jueves 19 de marzo fue la última vez que se presentó en el local, justo antes de que empezara el aislamiento obligatorio. A fin de ese mes, se enteró que no iba a cobrar lo trabajado en marzo y tampoco el tiempo que dure la cuarentena. “Me avisó una compañera, mis jefas no se contactaron conmigo. No hay un mensaje claro ni directo”, contó. El lunes pasado le pidieron que tramitara el permiso de circulación, por si se abre la cafetería para delivery, pero tampoco de eso tuvo mayores certezas. “En algún momento tuve expectativas de que tuvieran otro manejo, pero ahora no espero nada”, reconoció. Por el momento no están pensando en tomar una medida de fuerza porque quieren ver cómo sigue la situación en los próximos días. “Nos da miedo cómo puede quedar la relación laboral y a la vez queremos cobrar. Es un momento de incertidumbre total”, afirmó.
Abr 2, 2020 | Novedades, Trabajo
“Al principio de la pandemia tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas policiales, les pedían dinero para seguir trabajando. Pero eso, con el pasar de los días, y debido a las múltiples denuncias y videos, se fue corrigiendo. Específicamente lo pasaron muy mal los extranjeros, porque por más que tengan todo en regla, los asustaron bastante”. El que cuenta esto es Cristian Loccisano, un repartidor que trabaja para diversas empresas con aplicaciones digitales, y conductor del programa radial Cadetes organizadxs, que enfoca en la problemáticas de los trabajadores de empresas digitales de delivery, en suspenso durante estos días de aislamiento social.
Cristian: “Tuvimos un montón de quejas de compañeros que fueron atosigados por las fuerzas”.
Desde el primer minuto del viernes 20 de marzo todo el país quedó bajo cuarentena obligatoria y como consecuencia la mayoría de los comercios dejaron de atender al público y las actividades debieron posponerse o cancelarse. El gobierno se mostró estricto e inflexible y la población, en gran medida, apoyó la medida, demostrándolo en las redes sociales con hashtags como #yomequedoencasa.
A pesar de todo esto, los repartidores debieron continuar trabajando, exponiéndose a sí mismos y a sus familias, principalmente porque no se pueden dar el lujo de quedarse en casa haciendo la cuarentena mientras ven pasivamente cómo su economía se desvanece como espejismo en el desierto.
Cada cadete, para operar, tiene dos permisos. Uno es un mail de autorización provisto por las empresas, y el otro es un código QR directo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos deben estar a mano en caso de ser controlado por circular, situación muy frecuente, y más aún en el territorio porteño. Las empresas digitales de delivery han establecido protocolos de entrega e informado mediante gráficos explicativos: en caso de un pago con tarjeta de crédito, se le exige al operador que deje el pedido en la puerta de entrada del domicilio y que luego se aleje como mínimo dos metros, hasta que el cliente reciba lo que ordenó. En el caso de que haya efectivo de por medio, se procede de la misma forma, sólo que, el cliente deja primero el dinero en el suelo, también respetando los dos metros de distancia recomendados. Por otro lado, algunas de las compañías entregaron guantes, barbijos y alcohol en gel, aunque las fuentes afirman que el stock no fue suficiente y los puntos de entrega, limitados.
El trabajo de los repartidores colabora para que más gente se quede en casa. La demanda de órdenes aumentó y también varió. Ahora, es mayor el porcentaje de pedidos de farmacia y de compras de supermercado. Por otro lado, la cantidad de trabajadores se vio reducida por las circunstancias dadas. En consecuencia, algunos cadetes se vieron beneficiados en términos de ganancias. Hay una menor cantidad de trabajadores en la calle, más pedidos por usuario y un sistema de “bonus” que se alcanza al lograr distintos objetivos, como cantidad de pedidos en una hora o durante el día, que ahora es más fácil de lograr. Paralelamente, las personas que ya estaban acostumbradas a dejar propina, aumentaron los montos al empatizar con la situación.
Cristian recorre las calles vacías de Buenos Aires en su moto todos los días. Su vida cotidiana no cambió drásticamente, aunque sí el paisaje a su alrededor y el tiempo de llegada a cada destino. Según su experiencia, los controles en la ciudad son mucho más frecuentes que en la provincia. “Han aumentado a medida que han pasado los días –dice-. Hoy, por ejemplo, me pararon siete veces en tres horas de laburo; cuando empezó la pandemia, era una vez o dos veces durante todo el día”.
Las irregularidades y los abusos policiales no son nuevos, plantea Cristian, pero en una situación tan especial como la que está atravesando el mundo, indignan y aún más. Tal es el caso de Eylin Sojo, otra trabajadora, que fue maltratada por las fuerzas mientras esperaba retirar su orden en un reconocido local de milanesas. “Hagan la fila con dos metros de distancia, porque si no van a contagiar al personal –le dijo un oficial de turno -. Seguro son unos locos sin libreta sanitaria ni obra social y se van a morir todos en un hospital público”.
Eylin: “Una sola vez nos dieron un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”.
“Nunca había tenido problemas desde que estoy acá en Argentina –cuenta Eylin-. Salvo este inconveniente, el resto está bien, porque tengo todos mis papeles de mi moto en regla, para circular”. Eylin tiene 34 años, es venezolana y desde hace poco más de dos años vive en Buenos Aires, una ciudad que ahora se podría llamar fantasma, ya que la pandemia redujo la circulación de autos y de gente. No es lo que sucedió con los servicios de delivery como Glovo, Rappi, Pedidos Ya y Uber Eats: “La demanda en estos tiempos es mucha, pensé que iba a bajar –dice-. Los pedidos caen uno tras otro, a veces llegan dos o tres por hora. Obviamente, más que nada son de mercados y farmacia”. Suele tomar un primer pedido cerca de su casa, en Caballito, y luego la demanda la lleva hacia Palermo, Recoleta, Microcentro, Puerto Madero: los barrios más ricos.
Aunque las empresas de delivery abogan por entregas sin contacto, depende de la responsabilidad de cada repartidor establecer medidas propias de distanciamiento con el cliente: “No me acerco a la persona en la entrega y siempre les pregunto si desean que les deje el pedido en algún sitio específico -en el piso o en una mesa- pero son pocos los que me piden, o los que aclaran en la aplicación”, cuenta Eylin. Trabaja para Glovo y recibe correos de la empresa con las medidas de protección. “Una sola vez nos dieron un pack con un gel antibacterial pequeño, un barbijo y un par de guantes”, detalla. Medidas, a decir verdad, insuficientes.
Para Matías Zeballos, de 30 años, que lleva trabajando más de uno como repartidor, no hubo modificaciones significativas en las últimas semanas. Respecto a la dinámica laboral, “lo único que hizo la empresa fue un copia y pega de las recomendaciones que dio el Ministerio de Salud”, asegura, refiriéndose a los cuidados básicos para resguardarse del contagio, y agrega que “no brindan ningún tipo de seguridad. En algunos barrios hay un camión que reparte alcohol en gel, barbijos y guantes, pero lo hace en un horario y zonas muy específicas, y entonces no todos tienen acceso a esos elementos”.
La demanda, según Matías, mantiene un nivel alto como el resto del año, pero destaca un cambio notorio: “Hay muchos más envíos de compras de supermercados –dice-. Sigue habiendo pedidos de productos que no son de primera necesidad, aunque no tanto como antes, porque la gente no se puede dar ese lujo”. Las entregas, al igual que el resto de sus compañeros, funcionan con el menor contacto posible, y esta estrategia no fue motivo de desacuerdos con los clientes, porque “la gente está acostumbrándose” a estos tiempos desconcertantes.
Martín trabaja en atención al cliente en “El Surtidor”, una pizzería en el centro de Ranelagh, una localidad del conurbano bonaerense, a unos 35 kilómetros de CABA. El local se mantiene funcionando con cuatro empleados, y sólo se realizan repartos a domicilio sin cargo mediante un repartidor contratado, cuenta. “Se entrega el pedido con guantes descartables, y en el auto hay alcohol en gel, alcohol rebajado con agua; además, el repartidor usa barbijo y se lo cambia dos o tres veces por jornada. Aun así, algunas personas se acercan al local respetuosamente, pero no los dejamos entrar porque no está permitido. Entonces hacen el pedido desde afuera, tienen que esperar en el auto y el repartidor entrega el paquete sin contacto alguno”, detalla. Asegura que las medidas de higienes son estrictas: la prevención va desde pasar lavandina en los pisos, usar alcohol en gel, limpiar con alcohol líquido rebajado con agua los picaportes, los mismos procedimientos en las mesadas, hasta el uso guantes y barbijos en el personal.
Martín: “El repartidor cambia el barbijo dos o tres veces por jornada. Las medidas de seguridad son estrictas”.
A pesar del rápido impacto de los casos de coronavirus y las consecuentes medidas que afectaron a la economía, la crisis (que impacta en el salario de cada uno de los empleados) no es novedad para ellos. Martin dice, con evidente preocupación en su voz: “Estamos vendiendo un 10 o un 15% de lo que vendíamos antes, y redujimos el horario de trabajo a cinco horas por día (de 18 a 23). Esto nos agarró de sorpresa, pero la situación no venía estable en cuanto a las ventas desde hacía tiempo. Estos últimos cuatro años fueron totalmente negativos, sólo subsistimos, no hubo capacidad de ahorro y sí de deuda, íbamos sobre la marcha. Esta situación nos sobrepasó”.
Néstor Eduardo Riveiro, de 39 años, insiste con que los repartidores asuman los mismos cuidados que los clientes. “El problema es que los cadetes se juntan entre compañeros y, si hay un infectado que no quiere admitir que se siente mal, expone al resto”, dice. Pero los elementos de seguridad (barbijos, guantes, alcohol en gel) deben ser cubiertos por los propios trabajadores, ya que las empresas se los suministraron por única vez al principio del aislamiento social obligatorio, y no dieron pie a la renovación de estos recursos para los días subsiguientes.
El colectivo Ni un Repartidor Menos, que generalmente se centra en casos de violencia laboral y de género, robos, accidentes y enfermedades dentro del rubro, actualmente está concientizando sobre la inconveniencia de permanecer en grupos, la limpieza diaria de la mochila y la ropa de trabajo, y la higiene del trabajador. Además, ideó un nuevo proyecto frente a la pandemia: un seguimiento mundial sobre la cantidad de repartidores contagiados de Covid-19 a causa de la exposición laboral. “Recién se habilitó ayer a través de un documento en Google Drive: los afectados, compañeros o familiares, dependiendo de la gravedad del caso, pueden ingresar y registrar su denuncia ahí”, explica Néstor, que también cumple el rol de representante general de la organización hace más de un año.
Sofía Puente es shopper para Pedidos Ya en Córdoba Capital. Su trabajo consiste en armar y comprar los pedidos con una tarjeta que le da la empresa. A veces le llegan de a seis pedidos en simultáneo y tiene que tenerlos todos listos antes de los quince minutos: en muchas ocasiones eso no es posible. Ella busca los productos, hace la fila como cualquier cliente, los paga, y se los entrega a los cadetes, que esperan afuera hasta que están listos. Sofía destaca que es afortunada en comparación de los repartidores: “Yo trabajo ocho horas y tengo un contrato, cobro un sueldo fijo sin importar la cantidad de pedidos. Los cadetes no, son monotributistas y cobran por pedido que hacen”, explica. De todas formas, Sofía es consciente de la precariedad de su trabajo: pidió que le cambiemos el nombre porque teme ser echada si sus superiores se toparan con esta nota.
“Hay mucha demanda, pero es porque Pedidos Ya regala vouchers. No vendemos harina, o productos de necesidad, sino papas fritas, cerveza, gaseosas. Todo porque les dan cupones gratis”. Cuenta que, si hay faltantes de alguno de esos productos -como pasa mucho estos días-, la gente cancela el pedido. Y todo el tiempo que se perdió en armarlo, es plata que el cadete pierde. “Nosotros entramos en la categoría de los exceptuados de hacer la cuarentena, pero la gente no lo toma en serio”, asevera.
“Le pedimos a la empresa que nos den elementos de seguridad para afrontar la pandemia -cuenta-. Ellos alegaron no haber podido conseguir y nos dieron mil pesos para que lo compremos nosotros. Los amenazamos con que no íbamos a ir a trabajar y ahí consiguieron todo, incluso el permiso”. Sofía remarca que fueron ellos quienes averiguaron por los proveedores de alcohol en gel y barbijos, y la empresa se encargó de comprarles. Esas medidas de precaución fueron solo para los shoppers: los cadetes debieron arreglarse por su cuenta. “Algunos pocos tienen guantes, otros tienen barbijos –dice-. Alcohol en gel casi ninguno usa, y al estar en la calle tampoco tienen dónde lavarse las manos. Yo los veo preocupados, no tienen ganas de seguir laburando así, pero lo necesitan”. Todos ellos trabajan ocho horas como mínimo, aunque la mayoría está más. Si los repartidores eran ya un emblema del empleo precarizado, la pandemia agudizó al extremo esa caracterización.
Nov 20, 2019 | Géneros, Novedades
El CJM se ocupa de recibir denuncias por violencia física, psicológica y económica.
El Centro de Justicia de la Mujer (CJM) abrió sus puertas el 1º de noviembre de 2018 con el desafío de evitar la revictimización en el proceso de denuncia por violencia de género. Este fenómeno ocurre cada vez que una persona debe volver a contar la experiencia que vivió, yendo de un edificio a otro sin que se resuelva su caso. Además de prolongar el sufrimiento y detener el avance de la causa, estas situaciones suelen provocar el abandono de la denuncia. “Lo que nosotros sabíamos es que eso es lo que se le reclama al Estado: la poca o mala intervención o la intervención tardía”, cuenta Vanesa Ferrazzuolo, consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El CJM se presenta como el único recinto en todo el país con: atención integral a casos de violencia de género. El lugar cuenta con un equipo de más de 40 personas especializadas en distintas áreas, que ofrecen una atención interdisciplinaria a las denunciantes. En un año de funcionamiento ha recibido más de 260 casos. El espacio atiende no solamente casos de violencia física si no también psicológica, económica y simbólica.
“El proceso de denuncia se inicia mucho antes: la mujer tiene que armarse de valor para acercarse a denunciar y vos no sabés cuánto tiempo le llevo dar ese primer paso”, afirma Ferrazzuolo, y continúa: “Pero una vez que una persona se acerca a denunciar, tiene que poder resolverlo de manera rápida y eficaz”. El organismo prevé una serie de pasos que efectivizan la denuncia al cabo de unas pocas horas. En un primer momento, se toma el testimonio de la víctima. Luego, se realiza un informe de riesgo que profundiza en las características de la experiencia vivida. El equipo que realiza este informe está compuesto por trabajadores sociales, abogados y psicólogos. Pablo Ibarra, coordinador de las distintas áreas que se desempeñan en el organismo, confirma la importancia de la pluralidad de miradas: “Para investigar un hecho penal, desde el derecho, se investiga el qué, el cómo, el dónde. Son preguntas muy concretas, y no se analiza la historia detrás del hecho. Por eso es esencial la interdisciplinariedad en materia de género, no se puede actuar exclusivamente con perspectiva jurídica, hay que analizar vínculos y múltiples aspectos de la situación”.
Una de las preocupaciones del CJM es no revictimizar a quienes sufren situaciones de violencia.
A partir del informe, se determina el nivel de riesgo al que está expuesta la persona denunciante y se evalúa cómo seguir, siempre con su consentimiento. Si la mujer presenta lesiones, se hace una revisión médica y se registran los resultados. Si precisa un botón de pánico o subsidio habitacional, se gestionan esos recursos. Una vez que se efectuó la denuncia, la persona no tiene necesidad de volver al CJM, ya que el caso se eleva a Fiscalía y se comienza el proceso judicial. Durante ese período, se hace un seguimiento de las denunciantes para ver si las medidas cautelares siguen vigentes, para asesorarlas en patrocinio jurídico si fuera pertinente, para confirmar si es necesaria la atención psicológica.
La presencia del lactario y de la sala de juegos para niñas y niños también revela la importancia de la atención integral. “Hay varios obstáculos que frenan a las mujeres a la hora de denunciar: no pueden faltar al trabajo, tienen que ir y volver varias veces y quizá no tienen plata en la SUBE, o no saben con quién dejar a les hijes. Por eso nos pareció importante ofrecer la juegoteca”, explica Ferrazzuolo. Otra de las barreras ante situaciones de violencia, es el miedo de las mujeres a quedar en la calle. Para estos casos, el CJM ofrece subsidio habitacional. Un atributo importante a su favor resulta en que allí no hay ningún servicio ofrecido a los denunciados, y así se evita que puedan cruzarse ambas partes en el mismo recinto.
Actualmente, el CJM recibe una gran cantidad de denuncias, pero la mayoría son derivadas de otros canales institucionales, como la Línea 144 de Atención a Mujeres en Situación de Violencia o la Oficina de Violencia Doméstica. El objetivo principal actual es que el Centro de Justicia de la Mujer pueda ser conocido en el barrio en el que está, La Boca. En los últimos registros de la Oficina de Violencia Doméstica, la Comuna 4 se posicionó como aquella con los índices más altos de violencia de género, y la mayor cantidad de femicidios de la Ciudad. Toda la zona sur de la Capital presenta una tendencia mayor en comparación con otras zonas de ciudad. “Fue importante ubicarnos en La Boca, aunque lo hubiéramos hecho en cualquier barrio. La violencia es transversal, no distingue de zonas”, afirma la consejera, y agrega: “Es claro que los sectores sociales más desfavorecidos tienen una vulnerabilidad más grande, que también hay que atender”. La idea a futuro es que se replique en otras zonas de la ciudad.
Ferrazzuolo recuerda que cuando a fines del año pasado surgió la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés, hubo un gran caudal de concurrencia. “Algunas solamente venían a ser escuchadas, era la primera vez que hablaban de sus experiencias. Hay momentos en el año más movidos, como el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) o el 25 de noviembre (Día de Acción contra toda Violencia contra las Mujeres)”. El CJM trabaja con otros organismos que asesoran mujeres, como los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), a los que se hacen derivaciones si el caso lo amerita. “Igualmente, tratamos de reducir el paradigma de la derivación constante”, afirma Pablo Ibarra.
Si bien el nombre del organismo refiere a la violencia contra la mujer, atiende todo tipo de abuso de género.
El CJM originalmente tenía el objetivo de ser un centro comunitario de acceso a la justicia, para vincularse con el barrio pero sin acotar su especificidad a este tipo de casos. “La demanda social hizo que la institución se replanteara y virara hacia el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género”, recuerda Ibarra. Respecto al nombre, aclara: “Si bien se llama ‘de la mujer’, atendemos a todas las personas que estén en situación de violencia de género. Entendemos a la violencia como parte de relaciones de poder. Es un hecho estructural. Es muy importante trabajar con las diversidades, incluyendo a mujeres y varones trans”.
El recinto se encuentra en Pedro de Mendoza 2689, en el barrio de La Boca y atiende de Lunes a Viernes de 8 a 20hs. Todas las consultas se pueden hacer vía mail (mujer@jusbaires.gob.ar), por teléfono las 24hs (080033347225) o en forma personal.
Oct 16, 2019 | DDHH, Géneros, Novedades
Yrene Chicoma, integrante de la Coope Esquina Libertad.
“No estamos todas, faltan las presas”, declara firmemente Sofía Campos, “liberada”, que estuvo detenida en la Unidad Penitenciaria N°8 en Los Hornos, La Plata. Es la primera vez que participa de un Encuentro Nacional de Mujeres. “Yo quería venir al taller que habla de cárcel, porque la viví desde adentro”, comenta refiriéndose al taller “Mujeres, disidencias, cárcel y sistema penitenciario”, uno de los más de 80 espacios que formaron parte de la agenda del evento. Sofía comenta que en un principio se dedicó a escuchar los testimonios, hasta que alguien hizo foco en la falta de historias en primera persona: “Una mujer preguntó: ¿dónde están las liberadas, dónde están sus voces?”. Recién en ese momento se animó a contar su historia. “Hoy sentí que soy una representante de esas voces del encierro”, afirma.
Sofía viene acompañada por su hija menor, aún adolescente, de quien estuvo separada los tres años y seis meses que estuvo presa. “Sentí que la abandoné. Ese sufrimiento está presente en cada momento. Es una tristeza que una tiene como madre porque dejás a tus hijas y sentís que les estas haciendo un daño”. Contó que en la cárcel las condiciones de vida son pésimas, y que eso incluye a todo el sistema: desde la falta de políticas de higiene y salud, hasta el recorte de los momentos y espacios de recreación, el hacinamiento en las habitaciones, las requisas sorpresivas y la violencia policial. Al respecto, denunció: “Ellos quieren sembrar la discordia entre nosotras y hacernos pelear para que nos desunamos”. En contraste, describió varias situaciones en las que se manifestaron los lazos de solidaridad entre las presas, lo que destaca como un valor de gran importancia. “Cuando llegué a la cárcel una compañera me contuvo, me ofreció un té: yo tenía un ataque de pánico, ella me dio una mano. Una vez que me calmé, me dijo: ‘A la próxima que entre, la recibís vos’”, narra entre mate y mate. Si bien no extraña la cárcel, admite que se sigue refiriendo a las que quedaron dentro como sus compañeras: “No me lo puedo sacar”.
Campos relata que lo más duro fue la reinserción en la sociedad. “Es contradictorio, lo que más deseas cuando estás encerrada es estar libre, y cuando llegó ese momento no podía salir de mi casa porque me agarraba taquicardia, mareos, ansiedad”. Pudo reponerse con la ayuda del Patronato de Liberadas, una institución que le brinda una ayuda económica a aquellas mujeres que acaban de salir de la cárcel. Luego de algunas idas y vueltas, pudo recuperar su trabajo como enfermera. Confesó que tuvo miedo de que no la aceptaran tras su experiencia: “Hoy está dura la mano para conseguir trabajo, pero más para los que somos liberados, que tenemos el estigma de haber estado presos”.
En la misma línea, Yrene Chicoma también contó su historia en uno de los talleres. Es peruana, tiene 58 años y estuvo presa cuatro años en el penal de Ezeiza. “Estuve muy deprimida porque perdí dos trabajos por tener antecedentes”, explica al referirse a la doble pena que sufren las personas que habitaron las cárceles: la judicial por el delito por el que se las juzga, y la moral, una vez afuera, por la sociedad. Al respecto, sostuvo: “El Estado dice que está en contra del aborto, pero nos aborta a nosotras cuando salimos de esa suciedad carcelaria, de ese punitivismo, cuando estamos afuera. Yo me sentí así, tirada”.
En la cárcel comenzó las carreras de Sociología y Letras gracias a la extensión universitaria de la UBA, formación que aún hoy continúa. Igualmente, la falta de trabajo le dificulta seguir con la cursada y al respecto comenta: “Yo quiero ganarme la vida, y poder sentarme a leer y estudiar para los parciales”. Confiesa que muchas veces debe conformarse con condiciones de precariedad laboral porque su situación es delicada. No denuncia la discriminación que ha sufrido porque le llevaría mucho tiempo y siente que “no puede darse ese lujo”. También juega un papel importante el temor: “La verdad se tapa porque tenemos miedo de que nos sigan castigando”. Del mismo modo, comenta: “Voy aceptando un montón de latigazos sociales que en mi cuerpo se articulan como cordones, pero eso no me deja caer porque tengo mucha esperanza y mucha fe que al hacer conocida mi situación me ayude para seguir estudiando”.
Yrene forma parte de la Coope Esquina Libertad, un espacio dedicado a facilitar la reinserción en sociedad mediante diferentes capacitaciones, en donde aprendió a encuadernar y adquirió herramientas que le permiten ganarse la vida. Estando presa, comenta, participó de talleres de escritura: “Empecé a escribir cuando estaba adentro, en el papel del paquete de harina”. Este mes se lanzó “Expresa mostra”, un fanzine que recopila diferentes escritos de mujeres que se nuclean en la cooperativa, donde pudo publicar una de sus poesías. En cuanto al Encuentro, comenta que el taller le dio fe y que espera que a partir de él se dé a conocer la problemática. “Necesitamos que se sepa todo lo que pasa adentro (de las cárceles) y también lo que pasa afuera cuando salimos”, agregó.
En el aula 7 de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP resonó el testimonio de Viviana Aguirre, mujer de 44 años que estuvo cinco meses detenida en una cárcel de Rosario. Relató un episodio de abuso y violencia policial que vivió estando dentro del penal. “Pero lo más duro lo estoy viviendo ahora, por la discriminación. Estoy luchando para que me den un trabajo para poder alimentarme. Salí sin trabajo, y sin la lucha que tenía la gente ahí adentro”. Además, denunció la desigualdad de condiciones entre varones y mujeres dentro de la institución carcelaria: “El Estado solo le da trabajo a los hombres. A nosotras nos discriminan, para ellos van los oficios y los salarios” y reclamó que “las mujeres necesitan más ayuda ahí adentro, que se les de un laburo y un sueldo digno”. También estaba Gloria, la hermana de Viviana, que fue quien la convenció de que asistiera al Encuentro. “Yo quise que viniera para que dé a conocer su historia”, admitió, “se debe remarcar también el maltrato que recibe la familia. Es horrible, como si nosotros también tuviéramos la culpa de que ella estuviera ahí”. La mujer denuncia que nunca recibió ayuda estatal. “Tenía que mandarle plata a mi sobrina y que ella viajara a Rosario para que Viviana pudiera comprar comida ahí adentro. Yo sabía que la estaban alimentando muy mal y sufrí mucho. Fueron cinco meses así”, explicó entre lágrimas.
Rocio «Roli» Lisa detalló el derrotero que significa ir a visitar a un ser querido a la prisión.
También estuvo presente Roli, una estudiante de Trabajo Social cuyo novio está detenido en Varela. Ella vive en carne propia estas negligencias: “Son un montón las violencias que nosotras sufrimos por parte del sistema penitenciario y también por parte de la justicia. Nos maltratan cuando vamos a preguntar en qué estado está la causa, cuando vamos a pedir que se respete algún derecho. Somos muy maltratadas por ser familiares de presos”. Rocío detalló el derrotero que significa ir al penal a visitar a un ser querido que está en prisión: las requisas, los viajes, las horas de espera, la plata que se gasta. “Son al menos 3.000 pesos por fin de semana”. Sus palabras resonaron con las de las otras compañeras detenidas : “Lo que espero de este Encuentro es que podamos visibilizar esta problemática porque somos muchas. Hay un montón de mujeres que hoy acá no están porque es muy probable que estén viajando a ver a sus familiares presos” y agregó: “Necesitamos que pidan justicia por nosotras”. La joven no olvidó a las mujeres que están privadas de su libertad: “El feminismo tiene que escucharlas, llevar su voz”.
Roli no era la única mujer allí con un familiar detenido. Ailén, otra integrante de Esquina Libertad, afirmó: “Somos las organizaciones las que proponemos lugares de trabajo. Ni el Estado sabe que hacer. Muchas veces nos preguntan a nosotros porque no tienen la menor idea”. Según ella, es necesario pensar estrategias desde la horizontalidad para combatir “la avanzada del punitivismo”, remarcando que “la cárcel no sirve para nada”. En esa misma línea, enunció: “Un paso más que le avancemos al punitivismo, es un paso más para crear una situación un poco más amena para las personas en situación de encierro”. Respecto al Encuentro, destacó que espera que pueda ponerse la problemática en la agenda y manifestó: “El feminismo está lejos de las cárceles y las cárceles lejos del feminismo”.
En las cuatro aulas en las que se realizó el taller de “Mujeres, disidencias, cárcel y sistema penitenciario” se debatieron distintos ejes, que incluyeron la situación habitacional de las mujeres y disidencias presas, la violencias que sufren allí dentro, las condiciones desiguales que hay para mujeres y varones privados de su libertad. También manifestó la situación de las personas trans en la cárcel: muchas veces deben elegir el pabellón de un género que no es el autopercibido porque corre peligro su integridad física.
La gran mayoría de las participantes eran mujeres profesionales de distintos ámbitos: abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales que aportaron desde sus disciplinas su perspectiva sobre la temática. Muchas aprovecharon el espacio para denunciar las condiciones “paupérrimas” en las que viven las personas privadas de su libertad. Se comentó que la principal causa por la que están allí dentro las mujeres pobres es por narcomenudeo, delito que refiere a la venta de drogas. También, se hizo presente otra realidad: muchas están ahí por defenderse de un posible femicidio en manos de sus maridos violentos.
Otra de las problemáticas que más surgió fue la discriminatoria división de los talleres y espacios educativos dentro de las cárceles: los hombres suelen tener la posibilidad de aprender oficios con mayor salida laboral (como carpintería, electricidad o mecánica), mientras en el pabellón de mujeres solo se ofrecen manualidades, como hacer bijouterie.
Además de Cooperativa Esquina Libertad, también participaron otras organizaciones, como Atrapamuros, que milita hace diez años en distintas cárceles de la región de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires y que busca tener una intervención educativa desde la perspectiva política de la educación popular. Ellas estaban de acuerdo con que la condena no siempre termina cuando salen en libertad: destacan que afuera también hay muchas dificultades. Además, estuvo presente Yo No Fui una asociación civil sin fines de lucro que busca dar contención y herramientas tanto a las mujeres que están en situación penitenciaria como a las que recuperan su libertad.
