La privatización de Nucleoeléctrica y la llegada de OpenAI a la Patagonia parecen piezas de un mismo rompecabezas. Las contradicciones y las bombas de humo que traen los anuncios. La estrategia de la oposición.
Samuel Altman, director ejecutivo de Open AI, junto a Javier Milei.
Energía nuclear, uranio, tierras raras e inteligencia artificial son algunos de los términos que dominan hoy la agenda política. Aunque parezcan novedades, forman parte del entramado geopolítico global en el que Argentina se posiciona como un territorio en disputa. En ese marco se inscribe tanto el anuncio de Sam Altman de que su empresa construiría un datacenter en Patagonia, sin dar demasiados detalles, y la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), empresa que controla las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, a partir del decreto 695/2025.
El Tío Sam
El pasado 10 de octubre, el presidente Javier Milei recibió a ejecutivos de la empresa OpenAI, la compañía tecnológica detrás de ChatGPT, reunión en la cual participó el presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Demian Reidel. A las pocas horas se viralizó un video de su CEO, Sam Altman (quien también es impulsor del proyecto Stargate) en el cual anunció la instalación de un centro de datos en la Patagonia de 500MW. Sin embargo, Altman no explica en qué lugar preciso se va a instalar, cuándo o cómo se va a desarrollar y tampoco cómo van a desembolsar la suma de dinero de la que habla: 25.000 millones de dólares. Apenas menciona a la empresa Sur Energy como la encargada de suministrar la energía para el proyecto. Sin embargo, no se conocen proyectos de energía vinculados a la firma y, al momento del anuncio, su página web parece de un amateur y no tiene referencias sobre el trabajo de la empresa.
Por su parte, Reidel compartió su emoción a través de su cuenta de X y respondió ante el posteo de Altman: “Cada vez que veo el video (y ya son varias) me largo a llorar”. ¿Qué es lo que emociona a Reidel? No se entiende. Sobre todo teniendo en cuenta que el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) pisa fuerte: asegura la arquitectura legal que no solo concede beneficios fiscales, financieros y de soberanía inéditos, sino que además desactiva las regulaciones ambientales que podrían limitar el acceso al agua por parte de proyectos extractivos.
Por eso Altman exagera, como mínimo, cuando dice: “Se trata de poner a la IA en manos de la gente de toda Argentina”. En una nota para ANCCOM, Julián Monkes, licenciado en Ciencias Ambientales y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), había dicho al respecto: “Se trata de una faceta mucho más agresiva del extractivismo, porque no sólo promueve inversiones de gran tamaño para profundizar nuestra matriz productiva sino que ni siquiera tiene en consideración el desarrollo de los lugares en los que se produce”, y agrega: “El régimen no fomenta ni obliga a la compra nacional, que podría favorecer a las empresas más pequeñas que podrían proveer algún material necesario para la explotación. Ese es el más crudo de los extractivismos porque es venir, explotar y ni siquiera dejarle algo a la gente que está ahí. Además de profundizar el extractivismo, genera un colonialismo”. Todo esto aplicaría al datacenter ahora prometido.
Más allá del sometimiento que el RIGI impone al país, Milagros Miceli, sociologa y doctora en Ingeniería Informática, además de una de las 100 personalidades de la IA según la revista Time, señala: “La experiencia muestra que para la construcción de estos centros de datos se emplea muchísima mano de obra en la instancia de construcción, pero cuando el centro de datos está instalado esos empleos desaparecen. Son pocos los puestos destinados a operar el funcionamiento”.
Por otro lado, la promesa de alimentarlo con energía verde no parece viable: en países como EE.UU. la demanda de los datacenters monstruosos terminados y en construcción han hecho que se suspenda el cierre de centrales a combustible fósil, más contaminante, pero también más barato y confiable. ¿Argentina tiene capacidad para sumar 500MW en poco tiempo? Esa cantidad de energía es la que consume una ciudad de 350.000 hogares, más la infraestructura y la industria necesaria.
Contradicciones no novedosas
Desde el anuncio del Plan Nuclear Argentino en diciembre de 2024, el sector científico viene advirtiendo sobre la falta de una verdadera planificación energética. En ese sentido, Daniel Sánchez, trabajador de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y delegado del consejo directivo de ATE Capital, señala: ’’Aunque estén instalados en nuestra Patagonia, estos datacenters son un negocio para Estados Unidos y los grandes oligarcas tecnológicos. No son construidos con la intención de resolver nuestros problemas. El gobierno se acopla a la idea de futuro que quiere Estados Unidos para el mundo, pero nosotros nos parece que lo principal es que necesitamos esa energía para industrializar el país y no para hacerle retoques en vivo al presidente mientras hace sus discursos’’.
Para una gestión que dice buscar posicionar a Argentina en la vanguardia tecnológica, resulta contradictorio el desmantelamiento del proyecto CAREM, el primer reactor modular mediano del país, luego de una inversión de 700 millones de dólares. Sin ese proyecto, Argentina deja de ser un potencial competidor en la exportación de energía nuclear y renuncia a la posibilidad de utilizar su uranio para el desarrollo nacional.
Diego Hurtado, doctor en Física y expresidente de la CNEA, ante la consulta sobre el proyecto presentado, comenta: “Hay un contraste, por un lado, entre la grandilocuencia de lo que se anuncia en la Argentina de 20 mil millones de dólares y lo que se anunció. No se dicen los plazos, si va a ser en dos años, en cinco años, veinte años por y tampoco metas. Se va tejiendo una red de versiones y de anuncios que no tienen el respaldo de un plan por escrito, de algún documento que uno se imagina que un proyecto más o menos elaborado tendría’’.
Entre Washington y Beijing
La inversión no se encuentra aislada del contexto mundial y de noticias recientes como el swap con Estados Unidos. ‘’Hay que entenderlo desde una concepción geopolítica. El mundo una vez más se ve amenazado por una nueva guerra mundial y uno de los aspectos más importantes es quien domina el manejo de la tecnología armamentística nuclear para la cual es necesaria el uranio. No por nada en los conflictos bélicos existentes los puntos más atacados son las centrales nucleares. La búsqueda por apropiarse de nuestros recursos estratégicos se pone en evidencia cuando Estados Unidos le dice cara a cara a una periodista ‘nuestra inversión en Argentina tiene que ver con impedir el avance de China en su territorio’‘’, analiza la diputada Agustina Propato de Unión por la Patria.
La legisladora hace referencia a los recientes dichos de Scott Besset, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien negoció el swap por 20 mil millones de dólares y declaró a Fox News que “Milei está comprometido a sacar a China de Argentina”. El país parece convertirse así en un nuevo tablero de disputa entre Washington y Beijing, donde la pelea se centra en el control de tierras raras, uranio y tecnología estratégica.
A ello se suma que la inversión se enmarcaría en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), cuestionado, como ya se mencionó, por no generar beneficios significativos para el país, otorgar ventajas impositivas desmedidas y no garantizar creación de empleo local. En conjunto, el acuerdo parece formar parte de una estrategia más amplia de apertura de recursos estratégicos al capital extranjero, antes que de una política de desarrollo nacional. En relación con esto, según un informe de la Agencia Internacional de Energía “se prevé que la economía estadounidense consuma más electricidad en 2030 para procesar datos que para fabricar todos los bienes de alto consumo energético en conjunto, como el aluminio, el acero, el cemento y los productos químicos. En las economías avanzadas en general, se proyecta que los centros de datos impulsarán más del 20% del crecimiento de la demanda eléctrica de aquí a 2030, lo que permitirá que el sector energético de dichas economías recupere la senda del crecimiento tras años de estancamiento o disminución de la demanda en muchas de ellas”. ¿Una vez más estamos vendiendo nuestros recursos naturales para financiar el crecimiento de economías del norte global?
Para el diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda, quien ha presentado un proyecto para anular el decreto de privatización de NASA, ‘’lo que están haciendo es desmantelar el sistema nuclear argentino tal como existe y subordinar su investigación, su producción y su trabajo en función de la estrategia estadounidense. No es una especificidad del sector, sino parte de toda la política exterior argentina que está gobernada por Estados Unidos e Israel’’.
La oposición
Más allá de la avanzada con OpenAI, el frente Unión por la Patria presentó diversos proyectos para frenar la privatización de NASA. En particular, el pasado 2 de octubre, el senador y jefe del bloque, Jose Mayans, intentó mediante un medida de emplazamiento, es decir sin que la ley sea tratada por comisiones, declarar el sector nuclear como un bien estratégico pero no alcanzó los dos tercios necesarios para dar lugar a la discusión. De todas formas, en el recinto de diputados sí obtuvo media sanción la Ley de Emergencia de Ciencia, tecnología e Innovación a la cual se le incorporó en su artículo nueve, a partir del proyecto de ley presentado por Propato, la designación de las centrales nucleares como infraestructura crítica y objetivo de valores estratégico para la defensa nacional.
La diputada aporta: “Venimos trabajando en construir un frente para poder garantizar que esto no sea concesionado, que no sea entregado porque entendemos que compromete la soberanía de la Argentina. Claramente hay un interés de parte de estas personas de tercerizar, privatizar, ceder estos ejes estratégicos para el desarrollo nacional’’. Si bien no hay una confirmación, se espera que el jueves 16 de octubre el frente peronista intente otra vez tratar la ley en el Senado como última oportunidad previa a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Por su parte el Frente de Izquierda también ha presentado su propio proyecto, el diputado Castillo comenta que “a diferencia de los otros nuestro proyecto incorpora la recomposición salarial de los trabajadores del sector y la reincorporación de aquellos que hayan sido despedidos’’.
El panorama no es esperanzador, y si bien el gobierno vive un momento tenso entre coimas y candidatos narcos, después del 26 de octubre existe la posibilidad que el oficialismo alcance el tercio de legisladores necesario para garantizarse que tanto los decretos como los vetos presidenciales no sean rechazados por el Congreso. Mientras tanto los trabajadores continúan en un plan de lucha: el miércoles 15 de octubre ATE, las dos CTA, y el sindicato Luz y Fuerza convocan a una jornada de protesta en la rotonda de Zárate a las 16 horas.