El gobierno de Javier Milei decretó la privatización del 44 por ciento de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal responsable de las tres centrales nucleares del país. La oposición, a su vez, intentará el jueves, en el Senado, aprobar una ley para prohibir el traspaso de la compañía a manos privadas. En diálogo con ANCCOM, Diego Hurtado y Rodolfo Kempf advierten sobre la situación actual de los trabajadores y las incertidumbres que genera un plan de energía nuclear que califican de inexistente.
¿Por qué privatizar una empresa superavitaria y estratégica para el país? Esa es la pregunta que surgió tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre el decreto que habilitaría la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) el pasado 16 de septiembre. Con tres centrales en funcionamiento y un rol clave en el desarrollo tecnológico nacional, la decisión, aunque nada sorpresiva, generó fuertes críticas en el ámbito científico. Para Diego Hurtado, exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la medida responde directamente a las exigencias del FMI.
NASA se encarga de abastecer el 7% de energía eléctrica al sistema nacional y tiene bajo su dominio las centrales de energía nuclear Embalse, en Córdoba, y Atucha I y Atucha II en Zárate, Provincia de Buenos Aires. Junto con Brasil, Argentina es el único país de la región con un desarrollo nuclear avanzado y sostenido. “El sector nuclear en Argentina siempre fue gestionado por el Estado nacional y constituye un caso exitoso. ¿Quién puede decir que la Argentina fracasó en este campo? Hoy exportamos reactores multipropósito a través de INVAP, una empresa pública que se nutrió de la CNEA. Estamos hablando de un proyecto que arrancó en la década del cincuenta y atravesó todos los gobiernos. El sector nuclear es lo que es porque el Estado nacional hizo crecer esas capacidades”, afirma Hurtado
Un plan de cuentos de hadas
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei se evidencia una falta de rumbo en el desarrollo científico y tecnológico. El sector energético no es la excepción, en un contexto de denuncias de desfinanciamiento generalizado de sectores vinculados al desarrollo de la ciencia y la técnica. Hurtado advirtió tempranamente la falta de un proyecto estratégico de energía nuclear: ‘’Cuando Demián Reidel, actual presidente de NASA, junto con Milei presentaron el Plan Nuclear Argentino en diciembre del 2024, dijeron una gran cantidad de disparates. Hablaron de inversiones de empresas estadounidenses en data centers en la Patagonia, de la creación de nuevas ciudades y de que todo eso sería alimentado por pequeños reactores modulares argentinos. Es un disparate cuando Argentina todavía no pudo terminar el reactor CAREM, que incluso ni fue mencionado. Ahí yo advertí que su omisión anunciaba la paralización del proyecto. La realidad se resiste a los relatos fantásticos: paralizan el CAREM, que es el único proyecto viable que tiene la Argentina de pequeño reactor modular, que estaba un 64% avanzado por lo menos cuando terminó el gobierno Alberto Fernández y después te dicen que van a llenar la Patagonia de pequeños reactores modulares. Es medio extraño, ¿no?’’.
La privatización de NASA se había aprobado con la sanción de la Ley de Bases en el 2024. Sin embargo, en un principio se buscaba vender el 100% accionario pero la oposición pudo reducir ese porcentaje a un 44%, quedando el 51% en manos del estado y el 5% restante en propiedad compartida por los trabajadores. Para Hurtado, ‘’está claro que ese 44% se lo quieren entregar a algún grupo empresarial al estilo de los negocios que vienen haciendo Sturzenegger y Toto Caputo. No hay plan nuclear, hay medidas desarticuladas. Lo único concreto es que quieren vender un bien público porque no quieren invertir fondos en su desarrollo. En un artículo que publiqué en El Cohete a la Luna, analicé que el informe del FMI de agosto le exigía al gobierno argentino acelerar la privatización de empresas públicas para achicar el déficit, entonces, la privatización de Nucleoeléctrica no es parte de un plan nuclear, son las exigencias del FMI para su política de achicamiento del déficit’’.
Rodolfo Kempf, científico e investigador de la CNEA, y dirigente de ATE, advierte que la privatización de Nucleoeléctrica generaría una contradicción legal y económica. Por un lado, la Ley 24.804 exige que las tres centrales nucleares del país sean operadas de manera conjunta por una sola empresa, lo que garantizaría al sector privado ganancias millonarias si avanzara la venta. Por otra parte, la Ley 25.018 establece que la CNEA, es decir el Estado, debe hacerse cargo de la gestión de los residuos radiactivos. “El absurdo es que un privado se quedaría con las ganancias, mientras que el Estado seguiría asumiendo los costos y riesgos de los desechos nucleares”, explicó. Este hecho contradice a la justificación del gobierno de querer privatizar la empresa para ponerle ‘’fin al Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos’’, según lo dicho por Adorni.
Nueva fuga de cerebros
Desde el anuncio, los principales gremios como ATE y APCNEAN se han movilizado y conformando un plan de lucha contra la privatización. En sus redes sociales han convocado a un banderazo frente al Centro Atómico de Constituyentes el jueves 25 de septiembre y un cabildo abierto por la soberanía energética el viernes 26, en Zárate, donde se ubican las centrales Atucha I y II.
La falta de un proyecto y financiamiento también se traduce en las condiciones de los trabajadores. Kempf denunció que ‘’los salarios tanto de los trabajadores de las centrales como de todos los que forman parte del CNEA están muy por debajo de lo que se puede pagar en el ámbito general privado y mucho más en un área nuclear que está en renacimiento. Hay empresas canadienses, estadounidenses, que ponen oficinas de co-working en Capital Federal o en zonas cercanas que se están llevando cuadros de jóvenes profesionales calificados. Hay una oferta salarial muy dispar. Nosotros nunca pudimos recuperar la devaluación del 120% y los incrementos salariales no superan el 1% ni le ganan a la inflación’’.
Además, Kermpf da testimonio de que actualmente ‘’en CNEA y NASA la situación que predomina son de los trabajadores que piden licencia sin goce de sueldo como etapa previa a la renuncia. En CNEA tenemos alrededor de trescientos pedidos de licencias. Luego hay áreas de trabajo asociados a la generación nucleoeléctrica, por ejemplo el área de ingeniería de combustible donde la mayoría de los trabajadores se han retirado y se han incorporado a empresas canadienses’’.
Por su parte, Hurtado aporta: ‘’Hablamos de un plan nuclear nacional pero la gente la tenés con salario por debajo de la línea de pobreza, es una contradicción. Si vos tenés un plan nuclear nacional, tenés que premiar la expertise, las competencias profesionales. Se supone que debería generar buenos ingresos, buscar que la gente quiera trabajar en estos lugares. Todo lo contrario: están devastándolos. Entonces tenés renuncias, tenés ofrecimientos del sector privado. También se refleja en las condiciones de trabajo, no hay inversión en la infraestructura, las instituciones hoy se caen a pedazos. El mundo de la ciencia y la tecnología va muy rápido, la necesidad de la modernización, actualización de equipamiento, todo eso está parado desde hace diecinueve meses de gobierno’’.
La privatización de Nucleoeléctrica no solo representa un retroceso en términos de soberanía energética, sino que también expone una contradicción en el propio discurso del gobierno: la venta de una empresa que, lejos de producir déficit fiscal, siempre generó ganancias para el Estado
“¿Cómo se inserta Nucleoeléctrica en la política energética? Y ahí viene el punto: ¿qué política energética? ¿Cuál es la política para las renovables? Ninguna. ¿Qué política tenemos para los hidrocarburos, para Vaca Muerta y su exportación? Ninguna. ¿Qué política de inversión en infraestructura energética? No hay nada”, reflexiona Hurtado.