En los Tribunales Federales de Rosario se lleva el proceso oral y público en la que se juzga la participación del empresariado de Acindar y civiles en la represión desplegada antes y durante el golpe militar y La Triple A contra los obreros metalúrgicos
El Villazo de 1974 resurge estos días con el inicio del juicio que tratará la represión vivida por los obreros metalúrgicos de la ciudad de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe. El 13 de noviembre comenzó en los Tribunales Federales de Rosario, el proceso oral y público de esta importante causa en la que se juzga la participación del empresariado de Acindar y civiles en aquella represión desplegada antes y durante el golpe militar. La Triple A, las fuerzas represivas y la empresa Acindar serán juzgados en la ciudad donde ocurrieron los hechos y deberán escuchar los testimonios de las víctimas y sus familiares, luego de diez años de investigación por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
En la última audiencia se escuchó la detallada declaración de Oscar “Pacho” Juárez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) en los años setenta y hoy del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), quien vivió en carne propia lo que es capaz de hacer la clase obrera y el pueblo para defenderse frente a la represión. En diálogo con ANCCOM contó cómo fueron esos días y adelantó que el juicio continuará en febrero de 2024.
Un poco de historia
El Cordobazo de 1969 abrió un importante movimiento de luchas obreras y populares que se extendieron por distintos puntos del país. Un “azo” poco conocido es el llamado Villazo que se dio en Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe en 1974, que se enfrentó y sufrió la represión de un gobierno constitucional: el tercer mandato peronista.
Todo comenzó con un proceso de defensa de las comisiones internas y de los delegados combativos de dicha ciudad, particularmente en la poderosa empresa Acindar que tenía como uno de sus gerentes a José Alfredo Martínez de Hoz, quien poco después se convertiría en el conocido ministro de economía de la dictadura.
Cuando la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) convocó a elecciones en enero de 1974 en todas las seccionales, menos en Villa Constitución ―donde la burocracia sindical tenía posibilidades de perderla―, las asambleas no se hicieron esperar y más de seis mil obreros se organizaron contra ella. “Queríamos evitar el robo de los descuentos para la obra social que todos los meses nos hacían, cuando en Villa no había ni siquiera una ambulancia. Recuperar los aportes y lograr una asistencia social como se merecía la gente era una de las razones por las cuales la Lista Marrón obtuvo gran apoyo en la población de Villa Constitución”, recuerda Oscar “Pacho” Juarez.
Estalló una gran huelga metalúrgica en defensa de los delegados, con el fin de que se realizaran elecciones libres. Se logró establecer un comité con el compromiso de normalizar el sindicato en un lapso de ciento veinte días, con dos delegados de cada una de las fábricas que habían participado en el conflicto y con el compromiso de llamar a elecciones. Mil doscientas personas, es decir la mitad de la ciudad, celebraron este triunfo de los obreros y trabajadores: este fue el primer Villazo, el 16 de marzo de 1974. Sin embargo, “ese triunfo demoró en concretarse porque el sindicalismo perdedor de Lorenzo Miguel no cumplió lo que había firmado en el acta y recién otorgó las elecciones a fines de noviembre del 74’ y entregó el sindicato los primeros días de diciembre”, cuenta “Pacho”.
Operativo “Serpiente Roja del Paraná”
Frente al triunfo de la Lista Marrón con el 67% de los votos, las patronales decidieron militarizar la fábrica de Acindar con la Policía Federal convirtiéndose en la antesala de lo que luego sería un centro de detención clandestina.
La respuesta al movimiento de los obreros y al Villazo llegó en la madrugada del 20 de marzo de 1975. La ciudad fue invadida por un operativo enviado por el gobierno de Estela Martínez de Perón, con la complicidad de Martínez de Hoz, acusándolos de una conspiración subversiva.
Más de cuatro mil agentes de las fuerzas represivas legales e ilegales como la Triple A y la Juventud Sindical Peronista, efectivos policiales y una caravana de Falcón llegaban desde las ciudades de Rosario y Buenos Aires. Coparon la ciudad, allanaron las casas y el sindicato, y encarcelaron a casi toda la conducción de la seccional.
“Me fueron a buscar, yo vivía en una pensión, pero me salvó que era delegado y estaba trabajando en el turno noche. Se veía desde la fábrica una caravana inmensa de autos y camiones con las luces encendidas. Se desplegaron por todos los barrios, llevaban las direcciones de las credenciales que, se cree, las patronales le habían pasado”. El resultado fue una cacería de delegados, militantes y activistas obreros, en su mayoría de la UOM, que dejó un saldo de sesenta y nueve víctimas y la detención de unos doscientos trabajadores.
A la espera de la justicia
A casi 50 años de los hechos, a mediados de noviembre comenzó el juicio por la causa Villazo donde 22 imputados –entre ellos dos civiles empleados de Acindar– serán juzgados por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército y la Triple A, que incluyen la privación ilegítima, torturas, asociación ilícita y homicidios, en perjuicio de 69 víctimas. Es importante señalar que gracias al reclamo de los familiares, las víctimas y los organismos de derechos humanos, se tiene en cuenta que la represión inició antes del golpe militar, para probar que el terrorismo de Estado comenzó con anterioridad al 24 de marzo de 1976. Por otra parte, fue gracias a la insistencia de la querella que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario permitió que las víctimas y sus familiares declaren en Villa Constitución.
Tras diez años de investigación por parte de la APDH, el juicio –que conducen los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vázquez y Otmar Paulucci, con la acusación fiscal de Adolfo Villate, de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario–, será retomado en febrero de 2024 luego de la feria judicial. “Existió un gran encubrimiento de los gobiernos, de los partidos políticos que se jugaban en las campañas electorales y se negaban rotundamente a sacar un tema como el que hoy estamos juzgando. En esta provincia el peronismo tuvo la mayoría de los gobernadores. Lo mismo sucedió por dos o tres mandatos por parte de los radicales y los socialistas. Sostenían que los crímenes habían empezado en el 76’ ”, explica “Pacho” en relación al tiempo transcurrido.
Entre los veintidós imputados están los exjefes de personal de la empresa Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo, que colaboraron con los represores al señalar a trabajadores y líderes sindicales. Es la primera vez que en la provincia se juzga también a los empresarios y responsables civiles de la dictadura. “Están muy comprometidos, tenemos los sobres sueltos que Acindar le pagaba para reprimir. Ellos fueron parte, Acindar fue parte del plan”, reflexiona Juárez.
En la audiencia del 4 de diciembre, con la presencia de los diputados del MST en el FIT-Unidad Alejandro Bodart y Cele Fierro, “Pacho” declaró que estuvo detenido por más de un mes junto a otros compañeros, y contó lo que sucedió con el local sindical de Villa Constitución: “Esa patota lo convirtió en un lugar de tortura donde luego entregaban a los compañeros a la Federal o a la Triple A. Lo mismo sucedió en Acindar”. En su testimonio también describió cómo se organizaron desde el Comité de Huelga y contó que ese movimiento no solo incluía a los metalúrgicos, “sino a toda la población de Villa y de localidades vecinas”. También destacó el rol de la Comisión de Mujeres que se organizaron en los barrios para atender a los heridos y sostener la huelga.
Hasta ahora hubo 16 declaraciones de las 110 que aún esperan declarar y que el juez ha aceptado. “Teníamos como 500 testigos, pero tuvimos que bajarlos a 200 y luego a 110 porque de lo contrario se hacía muy largo”, aclaró Juárez. Los acusados han seguido la lectura de las pruebas fundamentales de cada una de sus víctimas y la explicación de los intereses que compartían el estado constitucional, el poder económico representado por Acindar y la burocracia que desembocaron en el operativo contra el movimiento obrero.
Con una ciudad en vilo y expectante por el resultado de este esperado juicio, el Tribunal Oral retomará las declaraciones luego de la feria judicial en febrero de 2024.
