De acuerdo a la ley original, la Ciudad de Buenos Aires debería haber reducido a cero la basura enviada a los rellenos sanitarios para el 2020. Como no pudo cumplir, cambió la norma.
El 24 de noviembre de 2005 se sancionó la Ley N° 1854 De Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más conocida como Ley de Basura Cero. Esta normativa tenía el propósito de “proteger el ambiente, los seres vivos y los bienes” pero según distintas fuentes poco y nada se hizo para cumplirla.
El armado del proyecto fue un proceso democrático en el que participó el sector académico, el político y diversas organizaciones, para finalmente ser aprobado casi por unanimidad en la Legislatura. “La ley era un ejemplo mundial pero tristemente solo quedó en papel”, afirma Leonel Mingo, responsable de campañas de Greenpeace, una de las organizaciones ambientalistas más involucradas.
Participaron también las agrupaciones cartoneras, un sector que había crecido enormemente en la ciudad por la crisis de 2001 y se estaba consolidando. Pocos años atrás habían conseguido la Ley 992, que derogó la prohibición de revisar los residuos. Luego, con la de Basura Cero, se impulsaron los sistemas de reciclado y se contrataron 13 cooperativas. Sin embargo, no faltaron los debates con algunos sectores ambientalistas. “Querían poner contenedores y mandar a los cartoneros a las plantas de reciclado, mientras que los cartoneros decían ‘nosotros trabajamos en la calle y somos miles, no entramos en los galpones'», afirma Alejandro Valiente, de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR).
Finalmente, la Ley se aprobó y contó con dos pilares centrales: la prohibición de la incineración y las metas de reducción de residuos enviados a relleno sanitario. La disminución debía ser de 30% para 2010, 50% para 2012, 75% para 2017 y se prohibía la disposición final de materiales reciclables y aprovechables para 2020. “¿Cuál es la realidad después de 16 años? Ni siquiera se llegó a cumplir el primero de los objetivos”, dice Mingo, de Greenpeace.
Uno de los principales problemas ambientales, económicos y de salud del planeta son los residuos. La basura contamina el aire, el suelo y el agua, agota los recursos naturales, propaga plagas y enfermedades, y genera altos costos de traslado y disposición. Además, según el GCBA, este sector emite 14% de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático
Se cambiaron las metas, estableciendo una disminución del 50% para el 2021, 65% para el 2025 y 80% para el 2030. Y se tomó como base el año 2012, el que registra mayor cantidad de residuos en la Ciudad.
Según un informe del Banco Mundial, en 2018 cada persona en Argentina producía 1,14 kg de residuos por día, 14 gramos por encima del promedio de América Latina y el Caribe. Sin embargo, ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad obtuvo una mayoría holgada en la Legislatura y modificó los dos pilares centrales de la Ley de Basura Cero.
Por un lado, se cambiaron las metas estableciendo una disminución de 50% para 2021, 65% para 2025 y 80% para 2030, pero poniendo como año base el 2012, según el cual se establece el porcentaje de reducción. ¿Por qué se eligió esa fecha? Porque es el segundo año donde más residuos se enviaron a relleno sanitario y, por lo tanto, es más fácil alcanzar los objetivos.
En pocas palabras, “el Gobierno de la Ciudad está actualmente en condiciones de anunciar que llegó a la primera meta de Basura Cero, no por haber hecho gestión, sino por haber modificado el texto de la ley”, dice Mingo, de Greenpeace.
Por el otro lado, esta modificación removió una cláusula que impedía la incineración, convirtiéndonos en el primer país de Latinoamérica con este permiso. Esta consiste en quemar residuos y generar energía, pero trae consigo muchísimos perjuicios como contaminar el ambiente con sustancias altamente nocivas para la salud humana, generar residuos peligrosos como las cenizas y eliminar el trabajo de los cartoneros y las cartoneras, ya que precisan los mismos materiales: plástico, papel y cartón. Además, requieren obras de infraestructura muy costosas de entre 500 y 800 millones de dólares, por lo que implicarían desinversión en otras áreas como el reciclado.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) dice que “hay una idea de que hemos descubierto la pólvora. Los residuos los metemos dentro de un incinerador, los hacemos desaparecer, producimos energía y todos felices. Y eso no tiene nada que ver con la realidad”.
¿Cómo se aprobó esta modificación? Sin dar lugar al debate. “Fue un tratamiento express casi relámpago que se dio en la Legislatura”, afirma Nápoli. Hubo una audiencia pública en la que la mayoría se opuso, pero como era vinculante se avanzó igual. Las organizaciones apelaron, se declaró inconstitucional en primera instancia por no cumplir con el procedimiento de doble lectura que deben tener las normas del Código Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y por la falta de participación ciudadana. Finalmente, en segunda instancia, la Cámara le dio la razón al Gobierno de la Ciudad.
Aún no hay proyectos para construir los incineradores, pero las organizaciones están alertas. Una vez que arranquen es difícil que den marcha atrás por las grandes inversiones que requieren, y porque, al fin y al cabo, como afirma Leonel Mingo, es un “es un negocio muy lucrativo para muy pocas personas”.
