Jun 22, 2021 | Entrevistas
Victoria Zaccari tiene 32 años y es una militante política, pero su área de lucha está lejos de las reuniones partidarias: ella da la batalla en un universo de telas y máquinas de coser y se sumerge en la competitiva, cruel y desintegrada industria de la moda.
Estudió artes visuales y es diseñadora de indumentaria. Desde 2018 al 2020, formó parte de Fashion Revolution Argentina, una organización sin fines de lucro que se dedica a informar cómo se produce en el país. Además, fundó el Movimiento Textil Argentino, un proyecto que pretende unir al sector en busca de crear una industria más sostenible. Escribe y publica semanalmente una columna en El País Digital, y actualmente cursa un posgrado en Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad Nacional de Córdoba y la diplomatura en Comunicación Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
¿Cuál es la relación entre la moda y la política?
La moda y la política tienen un fin estético, un fin armónico, pero también son herramientas para vincularnos con las personas. La moda y todo su sistema se basan en el sentido de pertenencia, la identificación con algunos estilos o la manera de expresarnos en el vestir son prueba de ello. Todo lo que gira en torno a la moda tiene que ver con el afán de aprobación, de querer lucirnos o de querer que nos miren. La política tiene algo de eso, de querer conquistar, de querer convencer, pero también tiene esa cuestión de organizar. Hacer política es, en parte, poner sobre la mesa los temas que nos afectan a las personas, es un lugar donde compartimos y negociamos. Y esa capacidad de negociación es lo que creo que comparten ambos mundos. Pero, sobre todo, creo que la política es una herramienta fundamental para mejorar el sistema de moda actual. No sé quién lo empezó, pero creo que fue un error gravísimo de las instituciones educativas del diseño, y de todo el ámbito de la moda en general, el de despolitizar la moda. Porque en el momento en que no habla de política hay un montón de derechos que se vulneran. Y no sólo cuando hablás de trabajadores textiles, sino cuando hablas de modelos, cuando leés una revista, cuando ves la desinformación que hay para los consumidores, para usuarios de la moda, cuando no hay talles para todas las personas, cuando hay pocas marcas que confeccionan para personas con discapacidad. La despolitización de la moda tiene esas consecuencias. Entonces, cuando empezamos a hablar de todos esos temas, estamos de alguna manera politizando la moda, pero al mismo tiempo, además de hablar y ser activista, también es necesario que haya políticas públicas. Y eso también hay que discutirlo y visibilizarlo.
¿Puede la moda ser una herramienta para movilizar o mover algunas estructuras sociales?
La moda, como la entendemos hoy, nació y fue construida (como sistema y como industria) en Francia, durante el reinado de Luis XIV, que a mí me parece un personaje fabuloso, que supo ver algo que no existía y crearlo. Por eso, la moda nació con este espíritu elitista, excluyente y con el afán de diferenciarse. El error fue, como con tantas otras cosas, querer sostener eso a través del tiempo. En ese momento, tenía sentido que la moda fuera y naciera con ese espíritu. ¿Porqué? Porque había toda una concepción y una construcción que podríamos expresarla como un reflejo de la sociedad. Si así fuera, la moda tendría un montón de sentidos distintos en cada lugar y se expresaría de muchas de formas diferentes. En la práctica lo hace. Lo que sucede es que hay una disociación entre la realidad y lo que se enseña y lo que se aprende en diseño de indumentaria (y en moda en general). En este sentido, en relación a cómo la moda refleja las realidades, los contextos o las coyunturas, si lográramos entenderla con esa pluralidad de significados según el territorio, puede perderse esa primera y primitiva concepción de que el acceso (a las prendas) es algo de elite y se convierta en una herramienta más sensible. Pero para eso hay que ser diseñadores un poco más disruptives y esto implicaría también otras formas de vincularse con el capital, que al fin y al cabo es lo que sostiene todo. Por ejemplo, la BAFWeek (la Semana de la Moda en Buenos Aires) tiene cada vez más logos de tarjetas de crédito y de bancos. Me parece que está bien que te banquen las corporaciones, pero ¿a cambió de qué? ¿Cuál es el intercambio que queremos para el futuro? Sobre todo, en esta época en la que nos estamos replanteando cuestiones importantes como el acceso a la tierra o la soberanía alimentaria.
¿Es posible que la sostenibilidad pueda ayudar a eso?
En mi caso, prefiero pensar en una soberanía de la moda como paso anterior para pensar una moda sostenible, que tiene un montón de aristas. Sobre todo en Latinoamérica: está ligada a una concepción europea, nórdica y en esa región hay otra idiosincrasia y otros valores. Estamos hablando de países que con otra concepción de la vida, otro nivel de ver racismo y xenofobia, pero que también tienen jornadas laborales de seis o cuatro horas. A nivel nacional y regional, contamos con otras problemáticas, otra historia, otro contexto. Latinoamérica, por suerte y por desgracia, es un pueblo despierto. El nivel de abuso y de vulneración de derechos que tenemos acá por parte de las instituciones es totalmente diferente, y eso no es ajeno a la moda y a la sostenibilidad. Fijate que el proyecto de ley que se quería implementar en Colombia para aumentar el IVA tenía la palabra «sostenible», qué curioso y perverso es que se use esa palabra tan bien vista para algo tan abusivo y nefasto, que impactaba en sectores populares. Y eso pasa todo el tiempo, se abusa de este concepto que, en lo concreto, tiene que ver con cuestiones muy básicas de salud y de convivencia. Por eso, pefiero pensar en soberanía, que tiene que ver con reflexionar en cómo reorganizarnos desde adentro y cómo pararnos en ese sistema, en este contexto.
¿Una moda soberana empezaría con reeducarnos con respecto al vestir?
Sí, totalmente, lo pienso así. Pero acá también me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Por un lado, para mí este proceso de reeducación o transmisión de saberes necesariamente tiene que darse desde adentro, desde los profesionales y trabajadores del sector para con les usuaries, como está pasando en la industria alimenticia. Todo lo empezaron los trabajadores de la economía popular, la UTT. Se organizaron, empezaron a aplicar otras formas de producción, a informar a las personas por qué hacían lo que hacían, a educar en compostaje y formas de alimentarse. Entonces, en definitiva, el objetivo educativo tiene que surgir por parte de los profesionales del sector, la responsabilidad es de todos los trabajadores, no sólo de diseñadores y académicos. Por otro lado, quiero resaltar que este proceso es algo comunitario, no depende solamente de que vos o yo nos hagamos soberanas y tengamos el poder de decisión, porque ese es uno de los errores en los que se incurre muchas veces con las distintas corrientes alimentarias o con las distintas militancias, que terminan cayendo inevitablemente en decirle a la otra persona lo que está bien y lo que está mal, y eso no es más que seguir reproduciendo violencias. Hay que confiar en lo comunitario, pensar que, si vamos a tener el poder de decisión, que lo tengamos muchas personas, que sea algo realmente sororo en el sentido de colaborativo. Hacia allí hay que ir. 
Jun 22, 2021 | Comunidad, Novedades

Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy.
El nuevo milenio se tiñe de blanco. Ya sea por un sincero deseo de orientarse hacia una economía ambientalmente sustentable o por las ventajas comparativas que subyacen en la explotación de un recurso abundante para países como Argentina, Chile o Bolivia: estados y empresas transnacionales se han lanzado a la conquista del litio.
En el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, a principios de marzo, Alberto Fernández anunció la presentación de proyectos de ley para promover la transición hacia una economía verde. Una consigna que acompaña al actual presidente desde la campaña y que tiene en la extracción de litio el primer eslabón en una cadena de valor que contempla la producción de baterías para la fabricación de autos eléctricos.
El triángulo andino
Argentina integra, junto a Bolivia y Chile, el denominado “triángulo del litio”: una región que concentra más de la mitad de las reservas del mundo. Según estudios de la Secretaria de Minería, nuestro país ocupa el tercer lugar, por detrás de Chile y Australia. Esto ha convertido a las provincias del noroeste argentino en un atractivo destino para las empresas mineras. En la actualidad, existen dos proyectos en operación: uno en el Salar de Olaroz en Palpalá, Jujuy, bajo explotación de Orocobre y Toyota Tsusho (con un 8,5% de participación de la empresa público-privada jujeña JEMSE), y otro en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, un desarrollo de la firma estadounidense Livent Corp. Además, hay otros dieciocho emprendimientos avanzados y cuarenta en etapas preliminares.
El litio es uno de los recursos de mayor crecimiento en los últimos años, insumo esencial para la fabricación de las baterías que usan celulares y computadoras portátiles, pero también utilizado en la industria metalúrgica, farmacéutica y del vidrio. Es clave en la transición energética que buscan promover los países comprometidos con el Acuerdo de París de la ONU, en el que la movilidad eléctrica aparece como el objetivo a alcanzar, ya que reduciría la emisión de gases de efecto invernadero y resolvería los problemas asociados al empleo de combustibles fósiles, cuya escasez solo aumentará.
Por eso, el Ministerio de Desarrollo Productivo ha impulsado estudios para evaluar las condiciones de inserción del país en el nuevo paradigma mundial de electromovilidad. Fernando Porta, Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), lideró el equipo de investigación para determinar las posibilidades de producción de baterías y automóviles eléctricos: “Es necesario un cambio en la matriz productiva. Nosotros tenemos una oferta energética insuficiente y al mismo tiempo basada en una matriz de producción que es bastante costosa”. Una vez instaladas estas fábricas, podrían aplicarse incentivos a la demanda, como beneficios fiscales específicos para quien acceda a un vehículo eléctrico.
La construcción de baterías y la consecuente fabricación de automóviles impulsados eléctricamente es el fin de la cadena. En el principio está la extracción de litio, el cual debe ser purificado para su utilización. En la actualidad, Argentina solo produce el mineral en grado técnico, como carbonato y cloruro de litio. A pesar de que, de acuerdo a informes de la Secretaria de Minería, para el año 2019 estas exportaciones representaron 189 millones de dólares, el monto es despreciable en comparación con los valores que se obtienen en instancias posteriores de procesamiento. Las estimaciones realizadas por Livent muestran que la renta obtenida por el carbonato y el cloruro de litio constituye solo el 5,74 % del total, mientras que productos derivados como el hidróxido de litio, cuyo refinamiento se efectúa en las filiales de Estados Unidos, China o Gran Bretaña; reditúan más del 55 %.

La fosa de evaporación marca el inicio del proceso de producción del litio.
¿Están dadas las condiciones para agregar valor a la cadena productiva en Argentina? Para Porta, el obstáculo es institucional antes que técnico: “Argentina tiene un sistema científico tecnológico robusto. Lamentablemente nuestra legislación no ha protegido al litio como a otros minerales en términos de darle su carácter estratégico y, por lo tanto, el Estado nacional y los provinciales no tienen disposición sobre las reservas. Estas han sido concesionadas bajo el imperio de la Ley Minera, que es lo suficientemente laxa como para permitir que quienes han obtenido los derechos de concesión no estén obligados a desarrollar ningún tipo de eslabonamiento hacia adelante”.
En este contexto, el gobierno se reúne con empresas para expandir los actuales emprendimientos mineros, así como elaborar conjuntamente proyectos que apunten a agregar valor a la producción de litio. Recientemente, en un seminario organizado por el Wilson Center, con patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, algunos potenciales inversores se mostraron escépticos respecto a la posibilidad de concretar operaciones similares a futuro y Alberto Carlocchia, presidente de la cámara que agrupa a los empresarios mineros (CAEM), aseguró que no hay condiciones para expandir la inversión, ya que “los costos laborales aún son altos”.
Según Porta, “las mineras no son empresas que tengan un alto nivel de ocupación, por lo que este no es un factor importante en su estructura de costos. La Ley de Minería vigente les asegura ganancias extraordinarias bajo distintos mecanismos: una muy baja imposición, estabilidad fiscal por 30 años y escaso control sobre sus números, puesto que sabemos de sus operaciones lo que ellas mismas declaran”. Para el economista, este es un problema general del capitalismo argentino, caracterizado por “baja productividad, baja inversión por años y por una estructura que maximiza las rentas del corto plazo y las oportunidades financieras”.
Por otro lado, algunos especialistas desconfían de los anuncios del gobierno. El investigador de CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, Bruno Fornillo, afirma que no hay una estrategia integral que apunte en una dirección distinta a la que desarrollaron gestiones anteriores: “Por un lado, la política litífera la está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin un contacto fuerte con áreas como Ciencia. A su vez, el instituto creado por la Ley de Movilidad Eléctrica no se relaciona ni se financia con las rentas litíferas. Lo más patente respecto al impulso actual es la expansión de la frontera extractiva”.

El Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es explotado por la firma estadounidense Livent Corp.
El mes pasado, un memorándum de entendimiento celebrado con la firma china Ganfeng Lithium incluyó la voluntad de que esta empresa fabrique baterías en el país, aunque no establece plazos ni montos concretos. “Hace años que los gobiernos provinciales dicen que hay compañías con intenciones de fabricar baterías en Argentina -recuerda Fornillo-, pero incluso si eso llegara a suceder, esas empresas no nos compartirían la tecnología de punta, y perderíamos la oportunidad de utilizar el mercado local para un crecimiento y un desarrollo endógeno. Una empresa como INVAP o YTEC debería tener la tecnología; no una extranjera que venga a llevarse el litio casi regalado y nos venda productos manufacturados acá, en lugar de importarlos”; afirma quien también es Doctor en Geopolítica por la Universidad de Paris VIII. La observación es aún más pertinente si se considera que esta semana el gobierno de Salta anunció una inversión de 580 millones de dólares por parte de la empresa china para la ampliación de las operaciones de extracción.
Minería del agua
No obstante, y como es habitual en las discusiones sobre explotación minera, el factor económico es solo uno entre los principales a considerar. Como señala Fornillo, la del litio es, en particular, una minería del agua: “Las técnicas actuales extraen una cantidad de agua potable que, en un par de décadas, convierte a esa zona en inhabitable. Una zona que de por sí es árida y endorreica, con cuencas cerradas”. El procedimiento consiste en extraer la salmuera que se encuentra bajo tierra y depositarla en enormes piletones a cielo abierto para que, una vez que se evapore el agua, las sales resultantes sean sometidas a un proceso de purificación para lograr el grado técnico necesario. Esta última instancia, a su vez, demanda grandes cantidades de agua dulce. Según estimaciones de las mismas empresas, para obtener una tonelada de carbonato de litio se necesitan alrededor de 30.000 litros de agua dulce, que se adicionan a los 600.000 evaporados de la salmuera inicial. Las 40.000 toneladas que se extraen anualmente (entre los dos proyectos en operación, según Secretaria de Minería) requieren así de más de 25.000.000.000 de litros de agua.
Si bien existen grupos de investigación que han desarrollado métodos alternativos para la extracción, estos no han podido implementarse en gran escala, y su utilización implica un costo mayor, que las empresas no están obligadas a asumir. El método de separación electroquímica que han desarrollado científicos del CONICET a través de YTEC, la empresa de base tecnológica de YPF, por ejemplo, permitiría obtener litio sin necesidad de evaporar el agua de la salmuera, obteniendo, adicionalmente, agua salubre del proceso. Para Fornillo, la ausencia de presiones legales a las empresas se combina con la falta de visión estratégica del Estado: “No existe vínculo entre el área extractiva y el área de crecimiento tecnológico. Nosotros hemos conformado el Foro de Especialistas de Litio en la Argentina, donde nos reunimos alrededor de 200 investigadores que trabajamos en esto hace por lo menos 10 años. Tratamos de ver de qué manera podríamos aportar en la creación de valor tecnológico y demás, a partir de investigaciones que hoy están atomizadas, descoordinadas. Y hay iniciativas individuales de sectores productivos interesados: Fabricaciones Militares; INVAP; IEASA; YTEC está interesada en hacer celdas; Astillero Río Santiago podría producir barcos movidos eléctricamente. Pero no hay una política estratégica conjunta, orientada y con un financiamiento acorde”.
El impacto ambiental y la falta de acuerdos con los pobladores locales conducen a distintas medidas de resistencia. “Se los considera como un sujeto a ser removido o a quien se le ofrece una serie de dádivas menores. Además, las comunidades originarias, los pueblos atacameños de la Puna habitan los salares hace miles de años y en verdad son los dueños naturales de esa zona”, dice Fornillo. Se trata de un fenómeno que atraviesa a la mayoría de las explotaciones de recursos minerales en el país, como sucede con el cobre en Andalgalá.
¿De quién es?
En 2015, Chile conformó una Comisión Nacional del Litio para establecer una normativa en la que los distintos actores tuvieran participación. No solo se acordaron mayores ganancias para las comunidades locales (alrededor de 25 millones de dólares anuales), sino que las empresas son obligadas a tributar el 40 % de sus ganancias, y parte de ese monto es utilizado para financiar investigaciones tendientes a desarrollar la cadena de valor.
El litio es central en el mapa geopolítico actual y futuro, y otros países ya lo han entendido así. En Bolivia el control de todos los yacimientos es estatal, en Chile es un recurso estratégico, también en Brasil, en México se han revocado las concesiones privadas y se piensa en armar una empresa estatal. Existen voluntades de coordinar esfuerzos a nivel regional, pero la discrepancia entre los distintos modelos dificulta los planes de articulación.
En este sentido, una parte de la coalición de gobierno se ha manifestado a favor de avanzar en una ley que asegure la participación del Estado argentino en la industria litífera. El proyecto elaborado por los diputados Marcelo Koenig y Carlos Heller propone declarar al litio como recurso estratégico y conformar una Comisión Nacional que integre al sistema científico en el desarrollo de la cadena de valor. Una iniciativa resistida por los gobiernos provinciales nucleados en la Mesa del Litio, que buscan mantener las rentas locales aseguradas por la minería.
También lo han entendido los principales actores de la economía mundial. Elon Musk, dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla (cuyas ganancias aumentaron 700 % durante la pandemia), llegó a bromear con el golpe de estado en Bolivia y “atribuírselo” en función de una liberalización de la explotación de los yacimientos nacionalizados por aquel gobierno. Un gesto risueño de los que el empresario acostumbra hacer en Twitter (como aquel que le costó millones en pérdidas a la criptomoneda Bitcoin), pero que señala con claridad en qué medida los grandes capitales miran hacia las reservas minerales del sur mundial.
Jun 18, 2021 | DDHH, Novedades

“No podemos decir cuántos nietos habrán pasado por esas butacas, escuchando y teniendo en fuero íntimo esa duda, que ahí se daban cuenta que tenían que resolver. Cuántos han pensado: ¿No seré yo algunas de esas personas que están diciendo “yo me llamo… porque sé quién soy”? ¿Yo seré quien soy o seré otra persona?” Estas fueron las palabras de Estela Barnes de Carlotto en el acto inaugural del I Congreso Internacional de Teatroxlaidentidad.
Celebrando 20 años desde su conformación, el brazo teatral de Abuelas de Plaza de Mayo organiza el congreso en el que participan desde ayer y hasta el sábado Liliana Felipe, Jesusa Rodríguez, Daniel Santoro, Adriana Barraza, Bruno Stagnaro, Claudia Piñeiro, Patricia Zangaro, Daniel Fanego, Ricardo Foster, Eduardo Aliverti, el “Bicho” Gómez, Estela Díaz, entre otros artistas, políticos y pensadores.
Se puede acceder de manera totalmente gratuita y virtual a las múltiples conferencias, actividades, obras de teatro, podcast, ponencias, paneles y presentaciones a través de congreso.teatroxlaidentidad.net. “El objetivo es poder ampliar. Poder llegar con las palabras de las Abuelas, la palabra de la búsqueda, a todas partes del mundo desde el teatro. El teatro como herramienta de búsqueda, de sensibilización, concientización y transformación”, dice Andrea Villamayor, integrante de TxI y coordinadora general del evento.
Este año se cumplen 21 años del estreno de A propósito de la duda, la semilla que dio origen un año después al primer ciclo de Teatro por la Identidad y que los conformaría como organización. El movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores actualmente está constituido como una ONG, comprometida con la búsqueda de la identidad de los niños y niñas apropiadas por la última dictadura cívico militar, junto a Abuelas de Plaza de Mayo.
“Cuando empezamos con TxI nos interpeló como teatristas, como lo que somos. Entonces empezamos a replantearnos nosotros, también, cuál era nuestra identidad como artistas y como equipo de trabajo”, relata Cristina Fridman una de las fundadoras y parte de la comisión directiva. El vocablo identidad ha sido el hilo conector de todas sus producciones artísticas. Pero durante estas dos décadas el término ha evolucionado dentro de la asociación, consiguiendo que se hable de identidad en un sentido mucho más amplio, asegura Villamayor. Actualmente sus espectáculos tocan una temática directa sobre la apropiación de nietos y nietas, o también temáticas indirectas en donde se tratan otras dimensiones, como la identidad sexual, cultural, animal, social y muchas otras, pensándolas como una práctica de construcción permanente.
Con el cierre de los teatros debido a la pandemia, toda la actividad artística se vio afectada. Sin embargo, durante el último año, Teatro por la Identidad desarrolló 8 formas de identidad. Una experiencia por las redes sociales donde cada semana se seleccionaba una temática relacionada a la identidad. Se convocaba a quien quisiera a presentar un texto, audio o video que expresara una historia, sensación o anécdota. Un jurado seleccionaba los materiales y estos eran representados por actores y coordinados por un director o una directora. El producto final se subía a las redes y era acompañado con una charla en vivo con algún referente de la temática seleccionada. “Fue un trabajo tremendo, pero la verdad que fue hermoso, hermoso. Porque participó gente de todo el país. Esto es lo que permitió también la virtualidad, son experiencias que vienen para quedarse”, comentó Fridman.
Aunque los festejos por los 20 años de la asociación se vieron retrasados por las restricciones, todavía siguen en pie. Con la esperanza de realizarlo de forma presencial, planean en septiembre un festival en el Teatro Nacional Cervantes. En ese marco, se estrenará Idénticos que surge de la convocatoria abierta de micromonólogos. Cada trabajo es una apuesta en sí misma y la totalidad conforma la obra. Para la selección, se llevó a cabo un concurso donde se eligieron trece textos y se convocaron a trece actores y directores que conforman el espectáculo, con la coordinación autoral de Mauricio Kartun y con la dirección general de Daniel Veronese.
Siguiendo con los festejos, para fines de noviembre tienen planeado producir un programa en la Televisión Pública por los 20 años de Teatro por la Identidad. Pero por el momento, consideran al Congreso Internacional como la primera celebración de su trayectoria.

Andrea Villamayor y Luis Rivera López, dos de los impulsores de Teatro por la Identidad.
El evento planeado para los días 17, 18, y 19 de junio tiene como ejes: arte, pensamiento y teatro. Porque si bien comienza desde una perspectiva artística, es organizado junto a la Universidad Nacional de las Artes que completa la experiencia con una mirada académica. Villamayor comenta: “Durante el proceso creativo del Congreso, la idea era mezclar la política, la filosofía, la música y el teatro. Pensamos en todo y creo que eso es lo interesante. Mezclar los distintos pensamientos, los distintos lenguajes artísticos, distintas manifestaciones. Pensamos que los moderadores sean personas con formación académica por el hecho de que el moderador no sea un mero presentador sino alguien que ponga algo en debate, en discusión, que establezca un tipo de orden de oratoria”.
Con el objetivo de incluir diferentes voces internacionales, expondrán miembros de todas partes de Latinoamérica e incluso de Europa. El jueves se realizó la conferencia El Théâtre du Soleil y la identidad: diálogos entre el pasado y el presente con la participación de Jean-François La Bouverie, integrante del Théâtre du Soleil y AIDA (Asociación Internacional de Defensa de Artistas Víctimas de la Represión en el Mundo) y de Liliana Andreone, directora de comunicación del Théâtre du Soleil, presentado y moderado por Moira Cristiá, magister y Doctora en Historia. “Lo que se puede hacer en el teatro ayuda a abrir ventanas en la mente”, expuso Andreone.
La idea de este panel se basó en los esfuerzos individuales y conjuntos para preservar la memoria de experiencias vinculadas al Teatro Soleil, además de la recuperación de elementos de esa trayectoria colectiva y de diferentes iniciativas artísticas de solidaridad internacional, y la conversación sobre la identidad tanto del teatro como del AIDA. “El archivo como memoria de una sociedad, de un grupo, hay que protegerlo, valorizarlo y amarlo. Es una riqueza historiadora, una prueba de vida”, expresó Liliana Andreone y amplió: “lo importante de los archivos en estos cambios de generación, en estos mundos extraños que estamos viviendo, es guardar la historia, ver el camino que se hizo, explicar cosas que en aquella época no se entendían y que ahora, con un paso al costado, se entienden, y pasar la idea a las generaciones del futuro”.
¿Qué lugar ocupa hoy Teatro por la Identidad en la cultura argentina?
Para Andrea Villamayor es “un movimiento de teatro político apartidario, muy sólido, muy conformado y que es referente en la cultura porque nunca perdimos el horizonte, nunca perdimos de vista el objetivo que es la búsqueda de los nietos y nietas, que es la búsqueda de las Abuelas. Podemos decir que somos un organismo de derechos humanos y claramente somos referentes, inclusive cuando hemos tenido la oportunidad de estar en otros países. Es inédito, no existe en el mundo un movimiento como el nuestro que haya durado 20 años”.
Según Cristina Fridman TxI ocupa en la cultura y en la sociedad argentina un lugar muy grande. “El tema de la identidad nos interpela y nos atraviesa a todos y a todas. Es realmente impresionante cómo pega, sobre todo cuando vos lo haces desde el arte. Cómo entra de otra manera la identidad, es algo que lo percibimos y se te mete a través de una representación. El teatro es algo que te llega al sentimiento y a la razón, te moviliza. En la medida que se llenen las salas de teatro como se siguen llenando y ojalá se sigan llenando, quiere decir que a la sociedad le importa y la moviliza”, reflexiona Fridman sobre la potencia teatral. “Esperemos que se siga movilizando y que se encuentren muchos más nietos y nietas. Faltan muchos por encontrar, así que lamentablemente hay TxI durante un tiempo, por lo menos que tenga que ver con la apropiación. Hasta que aparezca el último”, concluye.
Jun 17, 2021 | Novedades, Trabajo
«Tenemos una doble desigualdad por nuestra condición de género”, señaló la operadora de radio Natalia Bravo. Esta frase se enmarca en los resultados obtenidos de la encuesta anual de la organización “Operadorxs autoconvocados”, en donde se demuestra la disparidad de género en los cargos de operación y coordinación de aire en las radios de Argentina. El censo tuvo como objetivo visibilizar esa falta de paridad en ese sector de medios, la aplicación de la Ley 27.499 o más conocida como Ley Micaela y la (falta de) inclusión del cupo trans y no binarie.
El relevamiento realizado a 783 operadores que se desempeñan en 83 radios del país mostró que el 79% de quienes ejecutaban esa función eran hombres. “Creo que las mujeres, trans, travestis y no binaries no están siendo invitades a tomar el control en las radios. No están siendo estimuladas ni incentivadas”, consideró Bravo.
En el informe, también se observó una gran desigualdad ante las operadoras que tienen hijas e hijos, algo que funciona como un condicionante para el acceso a los puestos de trabajo. En muchos casos han señalado que deben omitir su maternidad para poder ser tenidas en cuenta en la selección de personal. “Existen jefes de operadores que aclaran que no toman mujeres para hacer suplencias, que es la manera de entrar a una emisora. La disponibilidad horaria para cubrir la oferta de suplencias está marcada por la condición de no ser madre”, señaló Alejandra Nieto, delegada sindical de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (ATRACC). “No existen contemplaciones para las madres que amamantamos o tenemos niñes pequeñes –agregó-. A la hora de aceptar una suplencia hemos llegado a llevar a nuestros hijes a pasar la trasnoche con nosotrws en los controles de transmisión”

En el marco de la pandemia, desde esta organización señalan que se profundizó aún más el destrato en los medios para las operadoras y los operadores y de radio, quienes en muchos casos eran obligados a asistir a esos espacios mientras los conductores trabajan desde sus casas, sino que también, en muchos casos, debían asistir a lugares que carecían de protocolos para evitar los contagios.
Desde la organización, enfatizan las cuestiones de los maltratos y la vulnerabilidad en los derechos laborales de los y las encargadas de la operación, quienes por un sueldo que no llega a cubrir la canasta básica, deben realizar otras labores como productores, técnicos o inclusive personal de limpieza. «Los operadores estamos ganando muy poco, pero no tener matrícula para operar puede llevarte a radios que se manejan arbitrariamente por la cantidad como por la calidad de trabajo. En algunos lugares, te pagan cuando y como quieren y ni hablemos de los montos irrisorios., que en gran parte se cobra en negro”, declaró Bravo. “Los operadores con carnet –añadió- pueden pasearse por un montón de radios, en donde no solo no se le respeta el título, sino tampoco la experiencia y sus derechos”.
En un ámbito laboral que mayoritariamente es realizado por hombres, consideran desde la organización que en la actualidad las personas siguen siendo juzgadas y maltratadas por su género. “El maltrato tiene sus técnicas: el ninguneo, el descrédito, el mansplaining, el ‘yo sé más que vos, vos no sabés nada’», consideró Bravo. A lo que siguió: “La mujer que opera es doblemente evaluada. Tenés que saber un montón de cosas, que no importa que los hombres no sepan: vos lo tenés que saber». A pesar de los cambios sociales que han suscitado en las últimas décadas, desde la organización, poco ha cambiado en las condiciones de acceso a los puestos jerárquicos de los controles. “En más de 20 años de trabajo en el sector he conocido una sola mujer jefa de Operadores y no he conocido compañeras que hayan ido a hacer la técnica de transmisiones de fútbol a las canchas en radios de las que llamamos grandes”, manifestó Nieto.
Durante los últimos años, producto del cierre y del cambio de dueños de muchas radios, muchas y muchos operadores quedaron sin trabajo y han tenido dificultades para poder reinsertarse laboralmente en un medio. En paralelo, el crecimiento de las radios por internet, lejos de mejorar las condiciones laborales, profundizó aún más la precariedad laboral. “Las radios online quieren a los operadores de radio pero pagándoles miserias y ante tanta necesidad y precariedad, tomamos esos puestos completamente vulnerables, desprotegidos, entregados y hasta regalados”, enfatizó Bravo. En tanto, Nieto, en la misma sintonía, señaló que en los lugares donde más se profundizó la precariedad laboral, mayoritariamente se encuentran las operadoras y trabajadores sin licencia.
El énfasis sobre la cuestión de género, también es considerado un límite para poder desarrollar su actividad con normalidad. “Siempre está la discriminación por nuestro género, por encima de nuestra capacidad, individualidad, subjetividad”, afirmó Bravo. Siguiendo este planteo agregó: «Cuando dicen: ‘Que bueno, una operador mujer o trans’, están enfatizando nuestro género, celebrando nuestro género y a los hombres no se les dice nada. Nosotres estamos haciendo nuestra labor, nada más.”
En Operadorxs autoconvocadxs, personas de distintas partes del país, comparten e intercambian sus experiencias y oportunidades laborales a través de las redes sociales. “Hay que visibilizar este tipo de cosas, nos dimos cuenta de que hay violencia que no se pueden dar y si se dan, no podemos ser cómplices», cerró Bravo.
Jun 17, 2021 | Entrevistas
Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.
Actualmente se encuentra inhabilitado para votar y participar en elecciones por el Servel (Servicio Electoral Chileno). Este sábado que pasó, presentó un recurso de protección en contra del Servicio Electoral Chileno para recuperar sus derechos ciudadanos y políticos que le fueron sustraídos en el marco de un proceso judicial abierto en su contra por fraude de subvenciones durante su campaña en 2014.
En las elecciones presidenciales de 2009 obtuvo el tercer lugar con un 20% de los votos. En esa elección, apoyaron su candidatura el Partido Humanista, el Partido Ecologista, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Movimiento SurDa, el Movimiento Red Progresista, el Movimiento Regionalista y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).
“Desde el 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno decidió ponerse de pie y participar en el debate económico activamente”, interpretó. Enríquez Ominami en una entrevista. Desde su perspectiva, la sociedad se cansó de vivir endeudada y señala que su tarea política actual es la unidad. Advierte que, si hiciese falta, está dispuesto a ponerse el overol y ser comandante de la misma.
Como rémora de la Constitución de Pinochet, los representantes políticos de las distintas regiones de Chile, son designados por el Poder Ejecutivo. Los chilenos nunca han elegido en las urnas a sus gobernadores. Por eso, la elección que tuvo lugar el 16 de mayo fue histórica: por primera vez la ciudadanía estuvo habilitada para escoger democráticamente a los gobernadores de las 16 regiones del país.
El pasado 13 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones a gobernador en trece de las dieciséis regiones del país, entre ellas la Metropolitana correspondiente a la Ciudad de Santiago, donde ganó la Concertación.
A propósito del momento político actual que vive la sociedad chilena, ANCCOM dialogó con Marco Enríquez-Ominami.
¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?
Hemos sostenido como progresistas que el milagro chileno se explica, en buena parte, por la bancarización de las y los chilenos. En los años noventa, y también en dictadura, las y los chilenos tuvieron que bancarizarse para pagar su educación, su salud, su previsión, el transporte, etc. Y, por lo tanto, ese endeudamiento privado que explica cómo un país pudo haber tolerado tanta desigualdad durante tantos años, despierta una gran rabia. En particular, el partido Progresista lo que ha dicho es que el presidente de Chile no puede pretender seguir endeudando a una sociedad sobreendeudada, donde el 40% de los chilenos ya no tiene capacidad de endeudamiento adicional. No puede proponer créditos en medio de una pandemia en la que, justamente, hay que disminuir la movilidad, por lo tanto, disminuir la oferta y la demanda, disminuir el consumo, disminuir la actividad económica y, en consecuencia, aumenta el desempleo. Ofrecer créditos en un contexto así es, simplemente, un error.
¿Por qué creé que fue esa la iniciativa del gobierno en este contexto?
Creo que por la falta de empatía. La idea de la derecha para conducir la economía: desde una responsabilidad y austeridad fiscal está basadas en datos que no son ciertos. Chile tenía ahorro fiscal, una deuda pública baja, una buena calificación internacional permitiendo, en un momento excepcional, actuar con un Estado que protegiera, que fuera también excepcional en su comportamiento. Lo que ellos hicieron fue, con ideas conservadoras, enfrentar una crisis que requería mucha audacia.
¿Cuáles son los elementos más conservadores en la Constitución promulgada por la dictadura pinochetista?
La Constitución actual es la que establece que Chile sea la Corea del Norte del capitalismo. Por ejemplo, en que el Estado es esclavo del mercado, en que no exista descentralización efectiva de las regiones, en que tengamos una monarquía napoleónica y borbónica, en que no tengamos una democracia participativa y directa junto con la democracia representativa y liberal, junto al no reconocimiento del derecho al trabajo.
¿Qué relevancia política tiene la Convencional Constituyente recientemente electa?
Creo que el proceso Constituyente es esencial. Aunque las cifras también indican que no tocamos el corazón de los chilenos. Recordemos que del 100% del padrón habilitado votó apenas el 43% e incluso los chilenos votaron más por sus alcaldes, por sus consejeros municipales, que por sus constituyentes. Por tanto, eso no le quita la legitimidad necesaria a esa fantástica Constituyente. Aunque es cierto que tampoco se tocó el alma profunda de Chile. Este es el desafío que a mi juicio la Constituyente tendrá. Hacer reformas, nuevas reglas, un nuevo texto constitucional, convocando a la gran mayoría de chilenos. Pero de todas maneras, esto no le quita ni un ápice de legitimidad a la Constituyente.
¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?
La Constituyente tiene un poder legitimado. La legitimidad es importantisima, no solamente por su origen democrático sino por su composición popular, feminista, progresista e indigena.
¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores en los nuevos tiempos políticos que vive Chile?
Ganó el cambio, la renovación de la política, pero creo que también ganó la ruptura. Eso es indiscutible. Fue derrotado el gobierno y las ideas de la derecha.
¿Piensa postularse a presidente?
Me lo preguntan todos los días, a toda hora. Me parece que hoy un error de los candidatos y candidatas es presidencializar el debate. Yo creo que lo importante era la elección de gobernadores, la primera en la historia, de este fin de semana. Después tenemos, por supuesto, la pandemia y la economía, además la Constituyente. Creo que, muy a último minuto, se tiene que hablar de la elección presidencial. Para ese momento, nadie puede restarse. En lo personal, no tengo ningún plan para eso pero tampoco voy a decir que no estaré disponible si sirvo de algo en alguno de los cargos que sirva